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Universidad de La Habana

versão On-line ISSN 0253-9276

UH  no.292 La Habana jul.-dez. 2021  Epub 06-Maio-2021

 

Artículo original

El trabajo por cuenta propia en el turismo: las lecciones por aprender

Self-Employment in Tourism: Lessons to Be Learned

Mercedes del Carmen Franco Rodríguez1  * 
http://orcid.org/0000-0001-5029-165X

Lourdes Cisneros Mustelier1 
http://orcid.org/0000-0002-8077-3980

Maité Echarri Chávez1 
http://orcid.org/0000-0002-1200-3562

1 Facultad de Turismo, Universidad de La Habana, Cuba.

RESUMEN

Las características particulares de la economía cubana y el tratamiento al sector no estatal hacen que estas pequeñas y medianas empresas se distingan de sus similares en América Latina. Tal brecha es abordada en este estudio, donde se analizan tanto las analogías como los elementos discordantes entre las mipymes latinoamericanas y los trabajadores por cuenta propia relacionados con el turismo en Cuba. Se abordan, desde la experiencia latinoamericana, aquellos elementos consensuados por los organismos regionales con vasta experiencia en el apoyo a los emprendedores que pueden ser transferidos al caso cubano como lecciones aprendidas. La realización de investigaciones en este segmento contribuye a la caracterización del ecosistema emprendedor cubano y permite determinar en qué medida pueden ser apoyados en los procesos de cocreación, acompañamiento, apoyo específico y financiamiento. La investigación arroja recomendaciones de políticas que pueden mitigar los impactos negativos al trabajo por cuenta propia provocados por la COVID-19.

Palabras clave: emprendedor; experiencia; mipymes

ABSTRACT

The particular characteristics of the Cuban economy and the treatment of the non-state sector distinguish these small and medium-sized enterprises from their Latin American counterparts. This gap is addressed in this study, which analyzes both analogies and discordant elements between Latin American MSMEs and self-employed workers related to tourism in Cuba. From the Latin American experience, those elements agreed upon by regional organizations with vast experience in supporting entrepreneurs that can be transferred to the Cuban case as lessons learned are addressed. Research in this segment contributes to the characterization of the Cuban entrepreneurial ecosystem and makes it possible to determine to what extent they can be supported in the processes of co-creation, accompaniment, specific support and financing. The research yields policy recommendations that can mitigate the negative impacts on self-employment caused by COVID-19.

Keywords: entrepreneur; experience; MSMES

INTRODUCCIÓN

La extensión del trabajo por cuenta propia es una de las principales medidas de ajuste estructural contenidas en los Lineamientos de la Política económica y social del Partido y la Revolución (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2017). Desde sus comienzos en 1993, con la entrada en vigor del Decreto-Ley 141 (Consejo de Estado, 1993), el trabajo por cuenta propia ha estado caracterizado por muchas dificultades y por la existencia de un débil marco regulatorio. Estos elementos han propiciado no pocas trabas a estos emprendimientos que generan empleo, ingresos y contribuyen con el pago de impuestos al presupuesto de la nación.

El proceso de transformación del modelo económico cubano contempla el sector del turismo como una de sus prioridades. En esta coyuntura, el sector no estatal (SNE) cubano cobra un mayor protagonismo, no solo en actividades de alojamiento, sino en gastronomía y otros servicios como oferta turística complementaria a la estatal. En Cuba, según palabras del ministro de Turismo en la Feria Internacional de este sector, hay un solo turismo donde confluyen tanto las entidades estatales como el sector privado (Delgado, 2016).

El número de visitantes a Cuba creció en el periodo 2012-2018 y alcanzó al cierre de esta etapa la cifra récord de 4 711 910 (Oficina Nacional de Estadística e Información [ONEI], 2020a). Se ascendió rápidamente en plataformas de intermediación y búsqueda, como Airbnb, con incrementos en los ingresos de la actividad turística y un impulso en el SNE. Esto generó como promedio el 16 % de los ingresos en el periodo analizado y superó los 706 millones de CUC en el 2017, lo que representó el 21,4 %.

Sin embargo, a partir del 2018 el gobierno norteamericano recrudeció los requisitos para que los estadounidenses pudieran viajar a Cuba. Sus medidas han limitado las posibilidades de inversión, de comercio y de transporte hacia y desde Cuba. La empresa de tecnología transnacional alemana con matriz estadounidense Trivago eliminó a Cuba de sus sistemas de búsqueda y reservación a causa de las restricciones impuestas por Estados Unidos. Los efectos inmediatos de la puesta en vigor del Título III de la Ley Helms Burton provocaron una desaceleración del crecimiento del número de visitantes y, en consecuencia, de los ingresos totales, que disminuyeron en 333, 6 millones de CUC al contraerse un 10 % en el 2018. En específico, el SNE sufrió un declive de 32,93 %, y se estima que en el 2019 la reducción fue del 9,16 % (ONEI, 2020a). Este escenario, signado por la incertidumbre, pone de manifiesto la vulnerabilidad de este segmento y precisa estudios vinculados a la actividad turística y la definición de estrategias que lo fortalezcan.

Cabe señalar que los efectos negativos que genera la política hostil de Estados Unidos de América y la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 no involucran solo a la actividad de alojamiento y restauración, sino que se extiende a otros servicios y prestaciones. Quizás, aquellas actividades consideradas sin vinculación tradicional al turismo sufrirán menos contracción. Licencias de operación para trabajos de chapistería o mantenimiento automotriz, reparaciones de inmuebles (carpinteros, albañiles, plomeros), el mantenimiento de equipos de refrigeración y clima, tapicería o jardinería pueden resultar beneficiadas en un escenario donde se prioriza la atención a una planta hotelera y establecimientos envejecidos.

En el 2020, debido al efecto de la COVID-19, las disminuciones en el número de visitantes generaron reducciones importantes en los ingresos del turismo. La suspensión de viajes a Cuba a finales del mes de marzo se produjo en la temporada alta, lo que creó afectaciones en los meses de abril a octubre, periodo donde se mantuvieron suspendidas las entradas y salidas de vuelos regulares. Esto supone una especial atención de las autoridades y el diseño de políticas específicas de apoyo, ya que su decrecimiento impacta negativamente en los niveles de consumo y puede generar efectos negativos adicionales a la economía cubana, especialmente cuando los trabajadores del SNE representan el 31,8 % de los ocupados (ONEI, 2020b).

Cuba proyectó para el 2020 un presupuesto de 66 291 millones de pesos, de ellos 49 148,1 millones de pesos por ingresos tributarios, donde el SNE aportaría el 13 %; el trabajo por cuenta propia el 50 %; las cooperativas no agropecuarias el 17 %, y el 33 % otras formas de gestión no estatal (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2020). Sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria global y las afectaciones que ha provocado en el orden económico, el presupuesto nacional ha sido reevaluado y se han redimensionado sus prioridades.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha aplicado medidas para la protección laboral y salarial de los más vulnerables, que incluyen a trabajadores estatales y no estatales. Siguiendo el principio de que nadie quede desamparado, se ha postergado el pago de impuestos y se han librado financiamientos para los trabajadores por cuenta propia, sobre todo a los trabajadores contratados. No obstante, la cifra de 130 núcleos familiares protegidos en el SNE informada en espacios televisivos es baja en comparación con la cantidad de suspensiones. Declaraciones del propio MTSS en el espacio televisivo de la Mesa Redonda indican que a 13 000 trabajadores por cuenta propia se les disminuyó la carga tributaria, lo que significa una disminución de más de 2 millones de pesos. El cierre temporal de actividades provocó una afectación de más de 99 millones de pesos por concepto de no pago de impuestos.

Los trabajadores por cuenta propia que se mantienen trabajando deben garantizar un pago de salario mínimo a sus trabajadores contratados, pero los que han suspendido sus licencias temporalmente se han quedado sin ingresos. Esto ha suscitado un amplio debate en los medios digitales sobre lo legislado en el Reglamento del Código de Trabajo (Consejo de Ministros, 2014), que solo contempla un mínimo de normas, lo que implica que la protección de estos trabajadores queda a la buena voluntad del empleador. Los derechos a vacaciones, la compensación por enfermedad cuando se trate de periodos menores de un año y los derechos de maternidad han sido de los temas más debatidos en las redes. Estos elementos ponen en evidencia la necesidad de identificar acciones que a corto plazo sirvan para mitigar el decrecimiento económico que va a provocar el SARS-Cov-2 y los efectos negativos que puede crear en el segmento de trabajadores por cuenta propia y en específico los vinculados al turismo.

Según Echarri Chávez et al. (2019), «de manera general, pueden evaluarse los impactos de la actividad por cuenta propia vinculada al turismo como positivos para el desarrollo de los destinos -territorios cubanos-, al generar beneficios directos para sus pobladores y mejorar consecuentemente su nivel de vida, además de influir en la llegada de visitantes, en la creación de nuevos empleos y servicios y en que se produzca un incentivo a la promoción a partir del uso de las TIC». Para Franco, Vázquez y Velasteguí (2018), «la apertura de estas formas empresariales es una forma de reducir el déficit fiscal y constituyen importantes fuentes de empleo. Generalmente requieren de inversiones menores y pueden lograr una gran flexibilidad para ofertar productos o servicios que cumplan con las expectativas de los consumidores, constituyendo importantes espacios para el desarrollo de habilidades creativas e innovadoras» (p. 218).

El presente estudio es propositivo y está dirigido a la identificación de las lecciones aprendidas y buenas prácticas del contexto latinoamericano que puedan ser adecuadas a la realidad cubana y que contribuyan a minimizar los efectos negativos.

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y SU IMPORTANCIA COMO AGENTES ECONÓMICOS

Las pequeñas y medianas empresas son importantes agentes económicos para promover el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Una parte significativa de la población y de la economía depende de la actividad y el desempeño de estas empresas debido a su reconocida capacidad para generar empleo y su participación en la producción (Ferreira, 2011). Representan más del 90 % del total de empresas en Latinoamérica y desempeñan un papel de carácter social como amortiguadoras del desempleo (Saavedra y Hernández, 2008).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha publicado en la última década estudios sobre políticas e instituciones de apoyo a las mipymes en Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Argentina y otros países de la región, en los que se analizan las dinámicas y tendencias de las políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Entre las características más importantes de las mipymes latinoamericanas, expertos reconocen la baja intensidad de capital, altas tasas de natalidad y mortalidad, alta participación de propietarios, socios y miembros de la familia en los negocios, inexistencia de una distinción en términos financieros y contables de la persona física de la jurídica, registros contables poco adecuados, contratación directa de mano de obra, utilización de mano de obra poca o no calificada, baja inversión en innovación tecnológica, poco acceso a los mercados internacionales, bajo dominio del inglés y difícil acceso al financiamiento de capital (CEPAL, 1988).

Tales características presentan similitudes con las mipymes de la Unión Europea (Martínez y Lombana, 2013) y también diferencias sustanciales relacionadas con la presencia de la informalidad en América Latina, la tecnología, la capacidad de innovación y el acceso al capital. Estas diferencias hacen que las condiciones de competitividad sean diferentes. Como rasgos distintivos se recogen que «dispone de una parte reducida del mercado y su actividad no influye en el país en la demanda total, es dirigida personalmente por sus propietarios, no contratando normalmente directivos profesionales y es independiente en cuanto a la adopción de decisiones en relación a otras empresas, es decir, está libre de control externo» (Bueno Campos, Cruz Roche y Durán Herrera, 1989).

Para las clasificaciones de las mipymes existen diversos criterios. La Unión Europea desde el 2003 utiliza una definición estandarizada a partir de cantidad de trabajadores, el balance general anual y las ventas. Lo más usual es que los países definan sus tramos de tamaño de empresas según dos criterios: cantidad de empleados y valor de las ventas. Un estudio publicado por el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) recomienda que Cuba se acoja a la metodología propuesta por la CEPAL, al usar los tramos de tamaño de empresas en base al número de empleados: micro (1-10), pequeña (11-35), mediana (36-100) y grande (más de 100) y no utilizar las ventas hasta que se produzca la unificación monetaria y cambiaria (Mañalich y Marcelo, 2017). El ordenamiento jurídico de las mipymes permitiría el diseño de políticas públicas adecuadas a los distintos tramos, registros estadísticos precisos que reflejen su contribución al empleo, al presupuesto y a otros indicadores de carácter macroeconómico, para posibilitar la comparación internacional y la inclusión en las estadísticas regionales.

Considerando que en Cuba se ha postergado, en el calendario legislativo, la ley de empresas, y en aras de poder establecer comparaciones con la praxis universal, se ha considerado en este estudio a los trabajadores por cuenta propia como un equivalente de las futuras mipymes. Díaz Fernández y Echevarría León (2016) opinan que «en ocasiones en la literatura científica el trabajo por cuenta propia también es abordado como una forma de emprendimiento, al referirse a negocios con cierto grado de complejidad que generan un valor añadido al producto o servicio que prestan».

Investigaciones desarrolladas por el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) y la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana han permitido ahondar en los factores que obstaculizan e impulsan el emprendimiento en Cuba. Se identifican como principales obstáculos la ausencia de un mercado mayorista, la forma de regulación de la actividad, la falta de apoyo y educación específica, la burocracia y el limitado acceso financiero. Como principales motores, los investigadores recogen las necesidades económicas, las políticas públicas, las condiciones del mercado, los factores culturales y el espíritu emprendedor (Díaz Fernández, Ferre Menza y Pastori Aresti, 2017).

El trabajo por cuenta propia ha generado desde sus comienzos interés en el entorno académico y ha sido objeto de múltiples investigaciones y artículos. Existen redes universitarias de estudio de este segmento desde los ámbitos jurídicos, económicos y sociales. Sin embargo, es un hecho que existe una ausencia de soporte específico al trabajo por cuenta propia, no existen redes formales de apoyo y son limitadas las capacitaciones.

En el contexto latinoamericano han proliferado asociaciones y redes especializadas en las mipymes. Existe un acervo de conocimiento que no debe ser ignorado a la hora de definir políticas y apoyo específico. Las pequeñas y medianas empresas son reconocidas como un motor importante en el desarrollo económico y existen iniciativas promovidas desde organismos regionales para fortalecer las capacidades de los formuladores de políticas públicas y las agencias gubernamentales relacionadas con estas empresas. En varios países existen mecanismos de impulso desde las universidades, centros de desarrollo empresarial o incubadoras de empresas. La revisión y sistematización de las experiencias de la región permite identificar aquellas acciones exitosas que pueden ser adecuadas al contexto cubano, y sobre todo las fallas en las políticas que no deben ser replicadas.

INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA PEQUEÑA Y LA MEDIANA EMPRESA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El estudio tiene el objetivo de proponer acciones que fortalezcan el trabajo por cuenta propia. Para ello se realizó una revisión bibliográfica de artículos, informes y normas relacionadas con las pequeñas empresas en Latinoamérica y se compararon con el caso cubano. Esto permitió identificar rasgos comunes y buenas prácticas.

En la región la mayoría de los países han reconocido en sus constituciones y normas específicas la figura de la pequeña y la mediana empresa y existen organismos de apoyo que, bajo distintos nombres y siglas, fomentan iniciativas. Las prioridades establecidas por estos organismos se relacionan fundamentalmente con el acceso al crédito, la asistencia técnica para introducir mejoras de gestión y de calidad de productos, la ampliación y búsqueda de nuevos mercados, la asistencia sobre comercio exterior y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

En Ecuador, en los marcos de la denominada «Revolución ciudadana», se crearon Centros de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento (CDEAE). Se concibieron dentro de una Red Nacional de Apoyo al Emprendimiento, bajo la dirección del Ministerio de Industrias y Productividad. Tenían como objetivo el fomento de la cultura emprendedora y el desarrollo económico local, y fueron diseñados para asistir la creación y crecimiento de empresas en un territorio determinado. Los CDEAE, creados de manera conjunta con las universidades públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, se extendieron por las siete regiones ecuatorianas. Priorizaron la creación de proyectos que generaran encadenamientos productivos, la mejora de la promoción de productos y servicios, el acompañamiento a mipymes y emprendedores, la ampliación de la información de mercado y la creación de alianzas empresariales e institucionales (Oyarvide Ramírez, Abata de la Cruz et al., 2016). Aunque el impulso inicial dado por el gobierno de Rafael Correa fue disminuyendo, estos centros propiciaron el desarrollo de alianzas y la creación de una plataforma digital que constituía un mecanismo de retroalimentación y generaba información sobre el número de empleos establecidos, las fuentes de financiamiento y formas de gestión.

Por su parte Bolivia, en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), promulgada en febrero de 2009, reconoce y da prioridad al apoyo a la organización de estructuras asociativas de mipymes productoras, urbanas y rurales. Prioriza, además, los servicios financieros a estas entidades. Existe variedad de gremios que agrupan a micro y pequeñas empresas. La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) agrupa a las federaciones departamentales. Existen también las Cámaras Departamentales de la Pequeña Industria y Artesanía (CADEPIA), en Cochabamba y Santa Cruz, afiliadas a la Cámara Nacional de Industrias (CNI). Estas instituciones centran sus quehaceres en el acceso a nuevas tecnologías, mejora de procesos de producción y comercialización, mejoras de calidad, desarrollo de productos, entre otros.

En Brasil se contempló a las mipymes en la plataforma programática en el Plan de Acción, Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Nacional (PACTI 2007-2010) y en la Política de Desarrollo Productivo (PDP). Existe el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entre otras organizaciones.

Procesos similares a los acontecidos en Ecuador, Bolivia y Brasil se han sucedido en casi todos los países de la región, aunque con distinta profundidad o alcance. La presencia de múltiples acciones relacionadas con el fomento de la pequeña y la mediana empresa demuestra el peso y la importancia relativa que se les da. Las acciones de soporte involucran políticas gubernamentales transversales, políticas horizontales sectoriales o territoriales, ONG e instituciones internacionales y tienen rasgos comunes:

  • Están soportadas en leyes, normas y procedimientos que reconocen la actividad de las pequeñas empresas y su importancia económica.

  • Fomentan el trabajo en redes que pueden llegar a tener alcance nacional.

  • Mantienen vínculos sectoriales.

  • Son promovidas por los gobiernos nacionales o locales.

  • Incluyen fondos de fomento nacionales de origen estatal o privado.

  • Promueven acciones de asesoría y capacitación.

Al comparar la situación que caracteriza al trabajo por cuenta propia en Cuba y sus diferencias con la región, se observan rasgos distintivos en cuanto al marco regulatorio que se encuentra aún en construcción. Esto provoca atrasos en medidas y acciones que desde el punto de vista macro pudieran implementarse. Al no ser reconocida la figura de la pequeña y la mediana empresa no puede hablarse de instituciones que las fomenten o apoyen formalmente. No obstante, existen redes relacionadas con los emprendimientos con fuertes vínculos con la academia:

  • La Red de Apoyo al Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana: brinda soporte y acompañamiento a las iniciativas no estatales. Está integrada por especialistas en economía, contabilidad, turismo y otros, desarrolla investigaciones y talleres con la participación activa de emprendedores.

  • La Red de Economía Social y Solidaria / Responsabilidad Social Empresarial (ESORSE), apoyada por la Escuela Andaluza de la Economía Social: ha mantenido vínculos estrechos de trabajo con el Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana y la Universidad Agraria de La Habana.

  • El Proyecto Cubaemprende, iniciativa del Arzobispado de La Habana: da capacitación y asesoría en materia empresarial.

La Universidad de La Habana también ha desarrollado una incubadora de proyectos de innovación, InCuba, con el objetivo de fomentar la innovación y la creación en aras de desarrollar nuevos negocios. Los proyectos se presentan en el demo day, espacio donde se exponen ideas y modelos de negocio que posibiliten concretarlos. No obstante, en los proyectos materializados se aprecia un fuerte lazo con el sector productivo industrial, con una menor presencia de las iniciativas relacionadas con los servicios.

En el caso de Cuba, no existen hasta el momento, a nivel nacional, sectorial ni local, instituciones formales, creadas con el propósito de apoyar, acompañar y fomentar el trabajo por cuenta propia. Los mecanismos de apoyo se limitan a las redes impulsadas fundamentalmente desde las universidades. Estas pueden desempeñar un papel importante en el proceso de acompañamiento al trabajo por cuenta propia y así propiciar la creación de alianzas y redes, detectar problemas relacionados con las cadenas productivas, identificar fuentes de financiamiento, articular el trabajo con el gobierno y los sectores productivos (Oyarvide Ramírez et al., 2017).

Es importante señalar que dentro de la comunidad de emprendedores se han establecido tejidos de apoyo no formales que constituyen espacios de soporte y acompañamiento. Con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la pandemia, ofrecen copias de las medidas higiénicas necesarias en la etapa post-COVID-19, hacen referencias a mecanismos de cocreación, alianzas estratégicas con taxistas responsables, y diseño de servicios complementarios y excursiones a lugares cercanos para cuando se reactive el turismo. Por su parte, varios restaurantes y cafeterías pasaron a funcionar online e implementaron rápidamente servicios a domicilio.

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA

Las limitaciones del marco regulatorio y la falta de organismos de soporte no son las únicas dificultades. En investigaciones desarrolladas por el Centro de Estudio de la Economía Cubana (CEEC) (Maqueira y Triana, 2015; Martínez, 2016; Borrás Atiénzar, 2017; Díaz Fernández et al., 2017), se identifica el acceso al crédito como uno de los elementos que obstaculiza el desarrollo de este segmento. El Decreto Ley n.º 289 (Consejo de Estado, 2011), en vigor desde diciembre de 2011, creó nuevas oportunidades de créditos para los trabajadores por cuenta propia.

La evidencia disponible muestra que en América Latina y el Caribe poco más del 45 % de las empresas pequeñas tienen acceso a créditos por parte de instituciones financieras formales (CEPAL, 2018). Sin embargo, en Cuba la expansión del SNE ha ocurrido prácticamente al margen de la banca. Se presume que se ha sustentado en fuentes informales de financiamiento y en el ahorro. Las propias autoridades bancarias en entrevista al periódico Granma calificaban la relación banca- trabajador por cuenta propia «signada por su cadencia lenta» (Castro Morales, 2018). Encuestas realizadas por el grupo de investigación Desarrollo Sostenible de Destinos Turísticos, de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, confirman estas declaraciones. Los trabajadores por cuenta propia encuestados en centros históricos cubanos y en destinos vinculados a zonas protegidas manifestaron que las inversiones en sus negocios provienen de familiares, por lo general radicados en el extranjero, o de patrimonios familiares que se ponen a disposición de fomentar emprendimientos como garantía de sustento futuro. Mañalich y Marcelo (2017) expresan:

La banca de la pequeña y mediana empresa era un mercado considerado difícil en materia de prestación de servicios, pero en la actualidad se ha convertido en un objetivo estratégico para bancos de todo el mundo. Parece ser que esas entidades por fin han entendido las necesidades y preferencias particulares de las mipymes, y formulan enfoques adaptados especialmente para eliminar las dificultades históricas de un nivel elevado de riesgo crediticio y altos costos. (p. 176)

El acceso al crédito es un problema recurrente para las mipymes; sin embargo, la bancarización del sector privado requiere de un proceso de aprendizaje. La experiencia de la banca cubana ha estado relacionada con la lógica de los créditos a las medianas y grandes empresas estatales, pero los principios que rigen el microcrédito son diferentes y quizás demandaban la apertura de bancos especializados en microfinanzas. El reto es adecuar la banca tradicional a estos nuevos servicios financieros y capacitar a sus gestores. Otros elementos, como el bajo grado de penetración de la oferta financiera en el mercado, los mecanismos para el acceso al crédito, las condiciones de financiamiento y las faltas de fondos de garantías, corroboran la necesidad de desarrollar modelos específicos y la búsqueda de alternativas para este segmento de clientes.

Por otra parte, existe consenso entre los investigadores del tema de las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica en cuanto a que un error importante de esas asociaciones y redes de apoyo ha sido la ausencia de estadísticas sobre el proceso de cocreación, efectividad del acompañamiento y del financiamiento. Algunas organizaciones se encuentran en el proceso de creación de plataformas de gestión de información. Estos medios digitales han comenzado a proliferar en los últimos años para la gestión de información útil sobre el acceso al financiamiento o el marco regulatorio, guías de trámites y autodiagnósticos. La información es generada por las redes de apoyo específico en contacto directo con las microempresas. Aunque pueden existir sesgos debido a errores de registro u omisiones voluntarias para evadir la fiscalización, abundan los centros y organizaciones no gubernamentales que de manera sistemática dan seguimiento a las mipymes.

En Cuba y en la región persisten problemas para acceder a información relacionada con las pequeñas y medianas empresas y en el uso y actualización de bases de datos que permitan conocer el impacto económico, la contribución a ingresos y a la creación de empleos de estas organizaciones. La falta de información dificulta la evaluación de instrumentos y políticas públicas implementadas. La generación de datos sobre los arrendadores es imprescindible para impulsar el emprendimiento en el turismo y genera importantes salidas para los decisores de las políticas públicas y los investigadores del tema. No obstante, muchas veces existe resistencia por parte de los trabajadores por cuenta propia para dar datos que consideran sensibles para el desarrollo de sus negocios. Hay poca información sobre cómo realizan su gestión estas entidades del SNE, sus niveles de actividad, empleados, ingresos, posibilidades de crecimiento y diversificación, los encadenamientos productivos que generan y su capacidad de innovación (Franco, Vázquez, y Velasteguí, 2018).

Las publicaciones de series estadísticas sobre el trabajo por cuenta propia son limitadas. Muchos datos se generan a partir de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), lo que puede significar grandes sesgos, ya que generalmente existe una tendencia a ocultar información a las instituciones fiscales.

En el 2019 una investigación realizada sobre el sistema documental del trabajo por cuenta propia arrojó que el proceso de regulación y control carece de un enfoque sistémico. Los arrendadores de viviendas, habitaciones, espacios y servicios gastronómicos están sujetos a regulaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Vivienda, la Oficina Nacional de Planificación Física, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública y, en el caso de los arrendadores, el Ministerio del Interior (MININT) (Mena Mugica, 2019).

En ese escenario, el Ministerio de Turismo (MINTUR) puede desempeñar un papel protagónico, no como ente de control, sino con políticas específicas que incluyan a los trabajadores por cuenta propia, al incorporar la experiencia de muchos países latinoamericanos que han fomentado históricamente las asociaciones empresariales con un enfoque clúster o en redes sectoriales o territoriales de tipo horizontal.

La Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, a raíz de la crisis sanitaria provocada por el SARS-Cov-2, creó un grupo temporal de trabajo: Turismo Futuro Inmediato. En él se insertaron docentes y estudiantes que han hecho recomendaciones a directivos y funcionarios del MINTUR. Dentro de los objetivos trazados por el grupo se inserta la «distribución territorial de la actividad del trabajo por cuenta propia vinculado a la actividad turística en Cuba, empleando herramientas de información geográfica». Esta investigación (Delgado Castro, 2020) ubica a los trabajadores por cuenta propia por provincias, identificando las mayores concentraciones en arrendadores, transportistas privados, restaurantes y otras actividades que se relacionan con el turismo.

Dicho estudio, junto a otros esfuerzos que sistemáticamente se han realizado por varios equipos de investigación de la Universidad de La Habana, sustenta la necesidad de fomentar una estrategia sectorial que propicie las investigaciones y genere información útil. El papel de la universidad como promotora de la gestión emprendedora es imprescindible. En el contexto latinoamericano se han desarrollado modelos universidad-empresa-gobierno que muestran resultados positivos en la incorporación de profesores y estudiantes en los procesos de capacitación a pequeñas y medianas empresas. Estos proyectos de vinculación han trabajado en la identificación de los principales obstáculos para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y en la caracterización de sus infraestructuras y empleados (Oyarvide Ramírez, Franco Rodríguez et al., 2016).

La educación específica para las pequeñas y medianas empresas en algunos países latinoamericanos es organizada por sectores o clúster. En ese sentido, la escuela ramal FORMATUR puede desempeñar un papel importante. Actualmente, esta escuela promociona, a través de sus redes sociales, el Programa Nacional de Capacitación y Reactivación de los Servicios Turísticos Post-COVID-19. El cronograma incluye las cadenas hoteleras que indiscutiblemente llevan el peso más importante dentro del sector turístico y pospone la capacitación de los arrendadores para un segundo momento. Estas son acciones que pueden conducir al logro de una complementariedad real entre estos actores del sector estatal y no estatal.

Existe un esfuerzo regional por fomentar el apoyo a las mipymes con instrumentos y políticas específicas. Las transformaciones incluyen cambios en el marco normativo, la creación de instituciones y mecanismos de apoyo relacionados con el financiamiento, la exportación y la capacitación. No obstante el aprendizaje acumulado, los resultados son exiguos y apuntan a la carencia de continuidad de algunos programas, a los limitados vínculos público-privados y a la falta de una visión integradora en el diseño de las políticas dirigidas a estas pequeñas y medianas empresas que las asuma como parte de la política de desarrollo económico.

En Cuba la actividad económica del SNE sigue siendo un desafío en el orden teórico, con una institucionalidad y un orden jurídico en desarrollo. No obstante, esto constituye una oportunidad de incorporar lecciones aprendidas en otros contextos y de perfeccionar las políticas para el éxito de las mipymes. Esto último supone una visión sistémica que alcance los niveles macro, meso y micro. A nivel macro supone la consolidación de un marco regulatorio y jurídico y el desarrollo de políticas específicas de apoyo que propicien la innovación y el uso eficiente de los recursos renovables y no renovables. A nivel meso, implica el desarrollo de políticas sectoriales específicas para el SNE donde se impulsen las redes de apoyo, la capacitación y asesorías y el uso de fondos de fomento sectorial y/o territorial. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia deben implicarse en la búsqueda de una cultura empresarial donde primen la competitividad, la calidad y la especialización laboral.

Como demuestran las estadísticas, el SNE constituye una parte importante de los ingresos del turismo, genera un número significativo de empleos y contribuye, junto al sector estatal, a la estabilidad económica y al proyecto social del país. La crisis sanitaria desatada por la COVID-19 puede convertirse en una oportunidad para distanciarse del antagonismo y encontrar ventajas colectivas en una relación que puede ser beneficiosa para todos.

CONCLUSIONES

En Cuba, al igual que en América Latina, se manifiestan brechas importantes en el tratamiento a las pequeñas y medianas empresas, con demoras e insuficiencias en la formulación de políticas específicas. Estas limitaciones deben ser superadas en el necesario proceso de cambio que supone el modelo económico cubano, con la búsqueda de una mayor complementariedad en el entramado de entidades privadas y públicas que se relacionan con la actividad turística.

Ante la situación generada por la COVID-19, debe evaluarse la creación de fondos de contingencias o seguro ante riesgos, que garanticen un ingreso mínimo a los trabajadores contratados ante situaciones de epidemias, desastres naturales u otros tipos de eventualidades que puedan presentarse a futuro.

La generación de información relacionada con el sector turístico de manera regular y fiable debe ser objeto de estudio. Obtener datos relevantes sobre la actividad turística, los flujos turísticos y los principales mercados es vital para el SNE relacionado con esta área y puede constituir un mecanismo de retroalimentación al generar información útil para académicos, investigadores, decisores e instituciones de soporte.

Para potenciar una mayor contribución del SNE a la actividad turística y hacer del turismo un sector más resiliente, es necesaria una concepción sistémica que implica mejoras en los niveles macro, meso y micro. En específico, la formulación de una estrategia sectorial que involucre a todos los actores puede contribuir a incrementar la competitividad de Cuba en los mercados turísticos, la calidad del servicio, la transformación digital y la innovación en las formas de comercialización y gestión.

En el sector turístico urgen estudios que ubiquen al trabajo por cuenta propia en cada uno de los eslabones de su cadena de valor y exploren cómo este tributa al funcionamiento de la actividad turística en diversidad de escenarios, especialmente cuando las actividades tradicionales se contraen y otros servicios devienen en oportunidad para asegurar la calidad de las prestaciones en el futuro. El apoyo sectorial promovido por el MINTUR como unidad rectora, la escuela ramal FORMATUR y las universidades permitiría fortalecer el trabajo en redes, un mayor alcance en las investigaciones y la capacitación de sus recursos humanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Recibido: 02 de Julio de 2020; Aprobado: 29 de Julio de 2020

* Autor para la correspondencia: mercedes.franco@ftur.uh.cu

Conflictos de intereses

Las autoras declaran que no existen conflictos de intereses

Contribución de las autoras

Mercedes del Carmen Franco: concibió la investigación y la idea inicial. Recolectó los datos y realizó la estimación mediante técnicas de regresión. Redactó el resumen, el manuscrito y sus conclusiones. Llevó a cabo la adecuación a las normas de la revista. Trabajó en el diseño de figuras y gráficos. Lourdes Cisneros: realizó la búsqueda bibliográfica y la caracterización de las iniciativas relacionadas con las mipymes en América Latina. Redactó y aprobó el manuscrito en su versión final. Maité Echarri Chávez: redactó el documento y sus conclusiones. Realizó la búsqueda de datos e identificó los obstáculos que frenan el trabajo por cuenta propia en Cuba. Aprobó el manuscrito en su versión final.

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