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Introducción
En la bibliografía sobre ciencia política no se encuentran referencias explícitas dirigidas a la participación política del micro-, pequeño y mediano propietario privado en el proceso de construcción del socialismo en Cuba. Solo en los documentos rectores del Partido Comunista de Cuba y en la Constitución de la República se ofrecen aproximaciones conceptuales, por lo cual constituye el objetivo de este trabajo indagar en los fundamentos teóricos y metodológicos necesarios para proponer una definición operacional sobre ese sujeto socioeconómico y de su participación política.
El artículo toma distancia de las concepciones asumidas por la Ciencia Política occidental que circunscriben la participación política, fundamentalmente, a la participación ciudadana en las elecciones, a la vez que se identifica con el Enfoque Sur,1 al abogar por proyectos civilizatorios que emancipen a las masas populares históricamente expoliadas, entre las que se incluyen a los pequeños propietarios privados, a la vez de hacerlos protagonistas, mediante estrategias concretas, para interactuar con sus semejantes y con la naturaleza, no como algo espontáneo, sino a partir de la interacción sistémica y sistemática de un conjunto de dimensiones, entre las que destacan las cognitivas, informativas valorativas y conductuales-participativas, vinculadas con la política (Cabrera Rodríguez, 2001, p. 2)
Participación política asociada al pequeño y mediano propietario privado
La participación2 se define como la acción y efecto de tomar parte en algo, de recibir una parte de algo, compartir opiniones e ideas con otra persona, respecto a cualquier proceso y actividad de la naturaleza o la sociedad. Adquiere la denominación de participación política cuando está vinculada con la naturaleza del poder político, con procesos como la socialización política y la cultura política, en virtud de los cuales los miembros de una sociedad hacen propios principios, normas, valores y asumen modelos de comportamiento directa o indirectamente relevantes.
Entendida como el involucramiento de los individuos en las relaciones de poder, la participación política se remonta a los albores de la división de la sociedad en clases y, en particular, a la primera gran revolución política de la humanidad: el surgimiento del Estado (Fung 2015, p. 112). Sin embargo, el concepto y la definición de la participación política desde la ciencia política, apenas acumula medio siglo de existencia, periodo en el cual las élites políticas y económicas opresoras reforzaron el direccionamiento de la participación política hacia la preservación de su estatus dominador para sojuzgar a las clases y grupos sociales que les sirven de sostén, acrecentar fortunas y propiedades e intentar reconciliar las contradicciones que emanan de la naturaleza misma de las sociedades antagónicas.
Mediante el análisis y la crítica a las diversas fuentes bibliográficas que definen la participación política como categoría general, se pudo constatar que los conceptos de participación política formulados por Milbrath (1965, p. 18), Verba y Nie (1972, p. 47), Barnes y Kaase (1979, p. 42), Pasquino (1988, p. 182), Booth y Seligson (1978, p. 167), Sani (1982, p. 1137), Dowse y Hughes (1986, p. 360), Giner (1988, p. 559), Conge (1988, p. 242) y Sabucedo (1996), si bien ofrecen pistas metodológicas y epistémicas importantes para el estudio de la participación política de los pequeños y medianos propietarios privados, los desconocen como parte del sujeto del poder político revolucionario.
Condicionados por el enfoque primermundista de la ciencia política occidental, algunas definiciones la han sido restringido a su forma de expresión más habitual: el voto, puesto que consideran que la participación política es un derecho humano incorporado al diseño institucional como estructura básica de la sociedad capitalista, lo que en la praxis política resulta inviable para una sociedad dividida en clases antagónicas donde los sujetos oprimidos son privados del acceso a la verdadera democracia participativa, sufren injusticia social y desigualdad de oportunidades para acceder a la toma de decisiones en interés de sus legítimos derechos ciudadanos (Rawls, 1999, p. 194).
Ello obedece al partidismo burgués y a la cosmovisión procapitalista de quienes están interesados en perpetuar la explotación y la exclusión de las clases oprimidas. De ello da fe el siguiente testimonio de Sidney Verba y Norman Nie: «La participación política es predominantemente actividad de los ricos, de los ciudadanos mejor educados, con un status alto de ocupación, son los que menos necesitan los resultados beneficiosos de la participación, quienes ya están favorecidos en el plano económico y social» (Migranian, 1989, p. 59).
Aun cuando la participación política y la participación popular están estrechamente relacionadas con la naturaleza del poder político, ambas no deben ser entendidas como lo mismo. La participación política «es popular cuando la inmensa mayoría de la población, independientemente de su posición económico-social y política, raza, sexo y religión, tiene todas las oportunidades para participar en la política en una sociedad determinada, y no se restringe a la minoría o élite, como ocurre en las sociedades divididas en clases antagónicas» (Valdés y Toledo, 2002, p. 104).
En lo publicado en la ciencia política Enfoque Sur, se aproximan al objeto de estudio, artículos que aparecen en el libro Intromisión en la participación política, uno de ellos: «El estado del arte del concepto de la participación política», Cabrera Rodríguez (2015), considera la participación política como el
conjunto de acciones individuales o colectivas que permiten a los ciudadanos el «tomar parte», involucrarse o contribuir directa o indirectamente en la producción y desarrollo de lo político, intervenir en los procesos de formación y toma de decisiones políticas, subjetivando con ello su posición política ante determinados objetos, procesos y fenómenos políticos que intervienen en la reproducción de su vida cotidiana (p. 14).
Aunque tal definición se refiere a la participación del ciudadano en general, aporta sustantivos elementos para formular una definición de participación política del pequeño y mediano propietario privado a partir de las dimensiones cognoscitiva-informativa, volitiva y conductual-participativa de la participación política de este actor en la transición al socialismo en Cuba.
En su dimensión cognitiva-informativa, resulta significativa para la participación política de este actor, los conocimientos políticos, los sentimientos que en ellos despierta la política, el aprendizaje de la política económica y lo que esta plantea a la función social de la propiedad privada durante la transición al socialismo, sus vínculos con lo local y territorial, y las vías comunicación entre propietarios privados y funcionarios estatales.
Respecto a la dimensión volitiva, deben ser resaltados la incidencia de los móviles motivacionales para su participación política, el grado en que se toman en cuenta los criterios y la autovaloración de su participación política desde los métodos de dirección prevalecientes, la intencionalidad política con el que se enfoque el cumplimiento de la función social de la propiedad privada, el papel movilizativo, la autopercepción sobre su posición política, su fidelidad al ideal socialista.
En la conductual-participativa, resalta las características socio-demográficas, disposición para involucrarse en la elaboración de normas superiores reguladoras del sector, su labor por desarrollar un sentido de pertenencia y comportamiento en la participación política de sus empleados coherente con los preceptos constitucionales.
Con el propósito de enriquecer los fundamentos teóricos y metodológicos analizados hasta aquí se propone como definición de participación política de los pequeños y medianos propietarios privados en Cuba: conjunto de acciones institucionales y no institucionales mediante las cuales los micros-, pequeños y medianos propietarios privados, como actores socioeconómicos y políticos, en su doble condición de propietarios (copropietarios de los medios fundamentales de producción y propietarios privados de sus medios de trabajo) se involucran e intervienen de forma complementaria en el proceso de construcción del socialismo para el cumplimiento de la función social asignada por el Estado y la sociedad civil cubana en interés del aprovechamiento de las potencialidades productivas y el desarrollo socioeconómico.
Este tema ha sido objeto de estudio desde distintas disciplinas entre los que destacan González Gutiérrez (1995), Espina Prieto, Posada y Núñez Moreno (2003), Borrego Díaz (2006), Machado Rodríguez (2012), Figueroa Albelo (2009) y García Valdés (2015), cuyas consultas permiten caracterizar el comportamiento de la participación política de los pequeños propietarios privados en las relaciones de propiedad, atendiendo a una evolución enmarcada en diferentes momentos desde el propio triunfo de la Revolución. A saber, se pueden resumir seis etapas, caracterizadas por:
1959-1963: Activa participación de los medianos y pequeños propietarios privados en las relaciones de propiedad de conjunto con la propiedad de todo el pueblo bajo control del Estado, que se desarrolla entre, en el que se produce el desmantelamiento de la participación del gran capital en las relaciones de propiedad en Cuba, a la vez que el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, exhorta a los pequeños negociantes, industriales y agricultores a unir esfuerzos para que contribuyan con los programas de desarrollo económico, político y social del país y refiere que esa política era la más conveniente para la nación (Castro, 1983, p. 368-9).
1964-1975: Disminución considerable de la participación de los pequeños y medianos propietarios privados en las relaciones de propiedad y su conversión en propiedad de todo el pueblo bajo control del Estado. Sobresale en marzo de 1968, la Ofensiva Revolucionaria, realizada con el objetivo estratégico de liquidar el último reducto de propiedad privada y dar un golpe definitivo a la raíz económica del sistema mercantil y a una capa de capitalistas urbanos contrarios al proceso revolucionario. No obstante, en 1970, al amparo del Decreto Ley No. 14, se vuelve a regular la actividad privada registrándose unas 30 000 personas, fundamentalmente transportistas y médicos graduados antes de 1963 (Rodríguez, 2009 p. 44).
1976-1986: Reanimación de la participación de los propietarios privados en las relaciones de propiedad junto a la propiedad de todo el pueblo bajo control del Estado. Se inicia en 1976 cuando el Banco Nacional de Cuba dicta la Resolución No. 119, mediante la cual se autoriza un número limitado de actividades, fundamentalmente en la esfera de los servicios, producciones industriales y mantenimiento de viviendas, que luego se incrementaron con la aplicación del Decreto Ley 14/78, dirigido a médicos, estomatólogos, veterinarios, mecánicos dentales, optometristas y quiropodistas, para dar respuesta a los profesionales y técnicos titulados, graduados con anterioridad al año 1964, que ejercían y continuaron el ejercicio privado de la profesión de manera ininterrumpida y cumpliendo con las normas exigidas. El censo de población y viviendas de 1981 registró la existencia de 70 052 cuentapropistas en 63 actividades (Rodríguez, 2009, p. 3).
1987-1991: Momento de disminución. Se desarrolla condicionado por el empuje del proceso de rectificación de errores y tendencias negativas iniciado y por el cuestionamiento del pueblo a los problemas de crecimiento deformado del sector privado dada la apropiación de ganancias excesivas en actividades económicas ilegales que, a partir de 1990 con el inicio del periodo especial, adopta otra dinámica como respuesta a la aguda crisis económica y social provocada en lo fundamental por factores externos, sin minimizar el peso específico de los errores propios.
1992-2010: Ampliación de la participación de los propietarios privados en las relaciones de propiedad, dada la ratificación y ampliación del trabajo por cuenta propia, a través de la promulgación del Decreto Ley 141/93, regido por un reglamento complementario con regulaciones generales para regir su ejercicio (Ministerio de Justicia, 1993). De particular significación fue la aprobación el 7 de octubre de 2010 de la Resolución No. 32 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en su artículo quinto plantea: «Los trabajadores por cuenta propia […], en lo adelante titulares, pueden contratar trabajadores» (Ministerio de Justicia, 2010), en virtud de lo cual, en 84 actividades se autorizaba el empleo fuerza de trabajo ajena. Se produce entonces la transformación del hasta entonces cuentapropistas en el propietario privado que contrata a otros trabajadores por cuenta propia.
2011-2018: Consolidación de la participación de los propietarios privados en las relaciones de propiedad como complemento de la de todo el pueblo bajo control del Estado. Se amplía y flexibiliza el trabajo privado como forma de empleo para algo más de 200 000 cubanos amparados en la legislación vigente, con el apoyo, respaldo y protección de las autoridades a todos los niveles (Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 2016, p. 45).
Es reconocida la posibilidad del Estado para concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción propiedad de todo el pueblo, desprendiéndose de la administración de actividades no estratégicas para el país. Además de la autorización de la contratación de trabajadores en todas las actividades y en más de 30 lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución se da participación a esta forma de gestión (CC-PCC, 2011, p. 5). A finales de la etapa, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, explicita que: «El reto es integrar a todos los actores, formas de propiedad y de gestión presentes en nuestro entorno económico social, a la batalla por la economía que, reitero, es hoy la batalla fundamental» (Díaz-Canel Bermúdez, 2018, p. 3).
2019-actualidad: Institucionalización como política pública de la participación de los pequeños y medianos propietarios privados en las relaciones de propiedad, lo cual fue refrendado en la Constitución de la República de Cuba, proclamada en Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 10 de abril de 2019 y que en su artículo 22 define que «todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en similares condiciones; el Estado regula y controla el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social» (Constitución de la República de Cuba, 2019, p. 22).
En el análisis de lo ocurrido en las seis décadas de gobierno revolucionario se pone de manifiesto el movimiento de los pequeños y medianos propietarios privados, a micro-, pequeños y medianos empresarios privados que emplean fuerza de trabajo ajena, resultando elocuente la reflexión del General de Ejército Raúl Castro Ruz cuando afirmó que:
un fenómeno sociopolítico que a todas luces requiere ser examinado: desde el punto de vista técnico-jurídico, una parte significativa de los originarios trabajadores cuentapropistas, entonces reducido a ser simple vía de autoempleo, ha transitado hacia el empresariado mercantil y se han convertido en micro-, pequeños y medianos propietarios privados que establecen relaciones contractuales con una o varias personas para que trabajen para ellos como asalariados a lo largo de un periodo continuo (CC-PCC, 2016, p. 7).
Para entonces los pequeños y medianos propietarios privados sobrepasaban la cifra de 620 000 personas, a lo que se agrega una cifra no determinada que actúan fuera de la ley, valorándose por el VII Congreso del Partido de positivo su comportamiento político: «las cooperativas, el trabajo por cuenta propia y la mediana, pequeña y microempresa privada no son por su esencia antisocialistas ni contrarrevolucionarias y la enorme mayoría de quienes allí laboran son revolucionarios y patriotas que defienden los principios y se benefician de las conquistas de esta Revolución» (CC-PCC, 2016, p. 6).
Sin embargo, la práctica cotidiana evidencia el reto ideológico que significa lograr que las relaciones monetario-mercantiles no exacerben las conductas individualistas, mercantilistas y el afán desmedido por el dinero. Es lo que al decir por Machado Rodríguez:
a la mano invisible de las relaciones mercantiles hay que acompañarla con la mano invisible de la conciencia, de la ética, de la cultura, de la legitimidad de una juridicidad que pone límites al potencial crecimiento del afán de lucro, de la ideología que es la que pone límites e impide que la lógica mercantil crezca como la mala hierba y se adueñe de la sociedad, invadiendo todos los espacios públicos y no públicos y en el caso de la sociedad cubana subordinándola nuevamente a los designios del Norte (Machado, 2012, p. 12).
Más que con palabras, se requiere del vínculo directo de las autoridades políticas y gubernamentales con los micro-, pequeños y medianos propietarios privados para contribuir a que estos cumplan su función social en interés del desarrollo socioeconómico y para el despliegue de las potencialidades de los territorios; en la misma medida en que no se debiliten los valores morales y políticos consustanciales al proceso de construcción socialista.
Conclusiones
El estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos de la participación política de los pequeños y medianos propietarios privados y de las relaciones de propiedad en su determinación política posibilitan formular la definición de participación política del micro-, pequeño y mediano propietario privado, el cual constituye una herramienta operacional para su estudio en la experiencia de la transición al socialismo en Cuba.
Como resultado de la búsqueda de los fundamentos teóricos de la participación política de los pequeños y medianos propietarios privados en la transición al socialismo en Cuba, se identificó que el comportamiento de la participación de los micro-, pequeños y medianos propietarios privados en las relaciones de propiedad como factor facilitador de la de todo el pueblo bajo control del Estado, para el cumplimiento de su función social en la experiencia de transición al socialismo, en Cuba, se caracteriza desde el propio triunfo de la Revolución por responder a una evolución coyuntural enmarcada en momentos que transitan de la activa participación a su disminución considerable, a la reanimación, la disminución, ampliación y consolidación, hasta llegar en 2019 a su institucionalización como política pública.
