ARTÍCULO ORIGINAL

 

Principios constituyentes del referente o el "deber ser" de las universidades ecuatorianas. Claves para su contrastación con la realidad

 

Constituent Principles of the Reference or "Must Be" of Ecuadorian Universities. Keys for its Contrast with Reality

 

 

 

Félix Roberto Rangel Donoso,1 Amado Batista Mainegra,2 Amauris Laurencio Leyva3

 

^I Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.
^II Universidad de La Habana, Cuba.
^III Universidad de Cienfuegos, Cuba.

 

 

 

 

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RESUMEN

El contenido y estructura del presente texto surge como un intento de respuesta a la siguiente interrogante: ¿cuál es el "deber ser" de la universidad ecuatoriana? Este análisis permite a los interesados comparar y contrastar la configuración, gestión y resultados de la actuación, participación e incidencia de la universidad en el contexto de la sociedad ecuatoriana; pero también posibilita evaluar las intencionalidades de la política pública, con vistas a la cohesión y consolidación de la sociedad y la construcción del buen vivir como bien y servicio para todos. La exposición abre el debate y presenta una serie de cuestionamientos sobre la naturaleza cultural y política de la educación ecuatoriana.

PALABRAS CLAVE: educación superior, derecho, marco jurídico, política pública, desarrollo.

 

 

 

 

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ABSTRACT

The content and structure of this text emerges as an attempt to answer the following question: what is the "must be" of the Ecuadorian university? This analysis allows those interested to compare and contrast the configuration, management and results of the action, participation and incidence of the university in the context of the Ecuadorian society; but it also makes it possible to evaluate the intentions of public policy, with a view towards the cohesion and consolidation of society and the construction of good living as a good and service for all. The exhibition opens the debate and presents a series of questions about the cultural and political nature of Ecuadorian education.

KEYWORDS: higher education, law, legal framework, public policy, development.

 

 

 

 

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Introducción

La presente investigación surge como respuesta a las cuestiones que generan el debate en cuanto a ¿cuál es el "deber ser" de la universidad ecuatoriana? y ¿qué es lo que se espera de las instituciones de educación superior (IES) ecuatorianas? Tales interrogantes emergen de la necesidad de establecer el horizonte de referencia que permita comparar y contrastar la concepción, la implementación del servicio, sus logros, resultados e impactos afirmativos del sistema de educación superior (SES) ecuatoriano, en su aporte a la historia, a la cultura y al desarrollo nacionales.
El proceso de comparación del SES abarca e implica lo científico, lo tecnológico, lo económico, lo productivo, pero también lo social, lo cultural, lo político. Las categorías de la concepción, los mecanismos de legitimación, seguimiento y evaluación de los estilos y componentes de gestión del SES están dictados por la política pública ecuatoriana que interpreta, con independencia, el marco jurídico que los concibe y legitima. De esta manera, la actuación del SES y de la política pública de Ecuador resulta estar interconectada en una relación de reciprocidad dialéctica, referidas al derecho constitucional.
El orden que sugiere este trabajo a lo largo de la exposición de los principios, definiciones, fines, ámbitos y estrategias del SES ecuatoriano fueron tomados de los artículos de la Constitución de la República del Ecuador (ANC, 2008a), la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Asamblea Nacional de la República de Educador, 2011), de la Ley Orgánica de Educación Superior (CES, 2010) y del Plan Nacional para el Buen Vivir (Guía OSC, 2017). Además, se emplearon los documentos habilitantes del Consejo de Educación Superior (CES) bajo la guía y observancia de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT), de la Secretaría Nacional de Planificación del Desarrollo (SENPLADES) y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).
Se procedió a constantes sistematizaciones, revisadas, procesadas y ordenadas; para ello se aprovechó el procedimiento del análisis cualitativo de contenido en sus niveles literal, inferencial y crítico; de ahí que su estructura fuera deductiva. Las inferencias estuvieron complementadas a través de la fundamentación de las categorías descubiertas, que están expresadas en los epígrafes que sostienen la estructura del texto, con el fin de visualizar lo que se espera de las IES ecuatorianas.

Desarrollo
1. El derecho constitucional, la promesa del "Buen Vivir" y la oferta del desarrollo nacional

El derecho es clave esencial, unificadora e inspiradora de la acción política del Estado, lo declara su marco jurídico. Es el principio ético que referencia la verdad (Vernengo, 1992).
Para el concierto heterogéneo, diverso y plural de las universidades ecuatorianas, y con el fin de garantizar los derechos ciudadanos, convertidos en ámbitos estratégicos de la gestión política del Estado, la actual Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referéndum en el año 2008, incorpora la política y régimen del "Buen Vivir", ideal que orienta la construcción del Estado plurinacional e intercultural, el cual requiere de un proyecto unitario, democrático, igualitario y no patriarcal; proyecto inclusivo que recupere lo público y respete la biodiversidad, que sea capaz de depender de sus propias fuerzas (Ramírez, 2010).
La constitución ecuatoriana promueve al "Buen Vivir" como promesa y utopía que fortalece la construcción individual y comunitaria del destino común y la felicidad nacional. Ideal traducido como vida digna para todos: "bien común", "bien de todos" y "bien para todos". Ello compromete los bienes y servicios públicos en aras de satisfacer la demanda social. Representa una noción concebida como un proyecto sociocultural y político, de interés común y concertado entre los actores y agentes en el territorio. El "Buen Vivir" es referente trascendente que refuerza la configuración, la cohesión y consolidación de la cultura nacional.
Este concepto recupera la perspectiva trans-estatal. Al gobierno nacional le devuelve el rol de ser instrumento cohesionador de la sociedad ecuatoriana, a través de las facultades de los órganos estatales encargados de planificar, dirigir, organizar, regular y controlar lo público, función subordinada a los derechos humanos.
Dicha recuperación inicia la transformación institucional del Estado ecuatoriano, consagrándolo como un Estado de Derecho. Al mismo tiempo, los derechos se constituyen en ámbitos que abordan y cumplen con los servicios públicos demandados por la población en el territorio. Se supone y espera que la ciudadanía indique su aceptación y confianza al percibir la satisfacción del servicio demandado.
El documento del Plan Nacional para el Buen Vivir (Guía OSC, 2017) señala que el "Buen Vivir" implica un cambio en las relaciones, en la gestión de poder y en la preservación de la vida en el planeta. Es una nueva visión que incluye la práctica de valores comunitarios, la cohesión y equidad social, el respeto a la diversidad cultural y a los ecosistemas. Aporta una visión distinta acerca de la política y la economía, y supera la visión convencional de desarrollo.
En el Ecuador, el objetivo de acceder al derecho para el "Buen Vivir" genera oportunidades de desarrollo. Este esquema propone acercar el poder y la gestión gubernamental al pueblo, mediante criterios y acciones descentralizadas, desconcentradas y transversales, de manera que implica la política pública, cuya secuencialidad, con independencia, traduce el derecho en esquema de operaciones capaces de reportar resultados afirmativos (Vigo, 2014), en cuanto a la precautela y promoción del "bien público" y el cumplimiento del "servicio público" demandado por la ciudadanía desde y en sus territorios. La política pública queda ordenada por el modelo de desarrollo ecuatoriano concebido como un "nuevo pacto social" que prioriza el pago de la deuda social y construye el poder ciudadano mediante dos mecanismos: organización de la sociedad civil y la participación ciudadana.
El "Buen Vivir" explica, justifica y nutre el Plan Nacional de Desarrollo (Guía OSC, 2017) lo que implica constitucionalizar las garantías sociales, que se cumplen a través de la política pública centralizada en la cobertura de las demandas de la ciudadanía, motivar y gestionar la participación activa de individuos y colectivos, considerados como fuerzas sociales transformadas mediante el incremento de sus posibilidades socioculturales, espirituales y económicas que participan en la deliberación y toma de decisiones relevantes para mejorar su calidad de vida en el territorio, resolver el acceso a bienes, oportunidades y condiciones que garanticen -al individuo, a la colectividad y a las generaciones futuras- una vida digna sin perjudicar a la naturaleza.
La constitución ecuatoriana en su artículo 280 (ANC, 2008a) refiere que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento del que derivan y al que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y asignación de los recursos públicos. Este plan coordina las competencias entre el Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD-Municipios) a través de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT); y coordina metas y estrategias mediante las agendas sectoriales e intersectoriales. Su observancia, para el sector público, es obligatoria e indicativa para los demás sectores (Guía OSC, 2017). La animación y articulación del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir (PNBV) es responsabilidad de la Secretaría Nacional de Planificación del Desarrollo (SENPLADES).
La concepción del desarrollo presupone niveles educacionales idóneos y promover la innovación y la participación ciudadana. En el caso ecuatoriano, la política del desarrollo es transversal en las políticas de ciencia y tecnología de la educación superior. Políticas lideradas por la SENESCYT con estrecha relación con SENPLADES.
Esta ruta marca el acuerdo nacional ratificado en el referéndum del 2008 (López et al., 2009). En este contexto debe interpretarse el histórico "Mandato Constituyente n.o 14" (ANC, 2008) que derivó en el informe técnico del entonces Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Ecuatoriana (CONEA) sobre el nivel de desempeño de las IES a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. La ejecución de este mandato implementó el examen de ingreso general basado en el criterio de "mérito" y el proceso de evaluación y acreditación que cerraron, en el 2012, catorce universidades por "falta de calidad académica" (Cuesta y Milia, 2013). El control se ha ido desarrollando en los siguientes informes del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), organismo que sustituyó al CONEA.
Desde este enfoque, lo político aparece como nudo integrador del sistema educativo universitario ecuatoriano, sistema que se expande integrado a su fuente (ontológica, teleológica, cultural y jurídica) y ordenado hacia el desarrollo nacional. Por ello, su concepción, las acciones e impactos de su servicio caracterizan su autonomía. El sistema de educación superior ecuatoriano es interpelado crítica y propositivamente con el objeto de democratizarlo, "ecuatorianizarlo" y transformarlo en un mecanismo de movilidad social ascendente que iguale el acceso a las oportunidades del derecho y del bien común (Ramírez, 2010).
En orden al desarrollo, actividad política, económica y cultural, este sistema constituye una estrategia transversal y un mecanismo técnico sociocultural y político que favorece al ideal concertado de nación (Jurado, 2006). Su gestión identifica, promueve y consolida los valores sociales a fin de ganar en identidad y pertenencia cultural y en liderazgo social dentro de un esquema de participación ciudadana que apela a un proceso de endogenización, internalización y empoderamiento por parte de las fuerzas sociales organizadas. Fortalece el sentido asociativo y cooperativo, aumenta el nivel de conocimiento, influencia y control de los medios -instrumentos y recursos materiales-. Estos factores se gestionan a través de proyectos y planes operativos concertados.
En este sentido, José Palos Rodríguez (2009) sostiene que la educación ayuda a romper el círculo de la pobreza, razón que la convoca a involucrarse en el "pacto social" que contribuye en la "construcción del poder popular" que emancipa a la sociedad ecuatoriana y manifiesta la vocación sociopolítica de la universidad. Sin embargo, resulta ser una estrategia insuficiente para el desarrollo que demanda estructura, infraestructura y sostenibilidad, además de la integración y participación del tejido social.
Dentro de los doce objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, deliberadamente se seleccionan y resaltan tres objetivos nacionales que se ensartan con la naturaleza y los propósitos del sistema de educación nacional, particularmente con el SES:

1. Objetivo 2: mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
2. Objetivo 3: mejorar la calidad de vida de la población.
3. Objetivo 6: garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.

Estos objetivos se traducen en opciones estratégicas deliberadas que se concretan según ámbitos regionales y locales, y en dependencia de las áreas de acción del servicio público.
La interacción social convierte a la universidad en instrumento catalizador que anima e interactúa críticamente en la gobernanza de lo local y lo público, según los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial (PDOT-GAD-Municipios); lo que le exige calidad y pertinencia a sus contribuciones científico-académicas, provocadas por diagnósticos prospectivos que determinan las demandas sociales y las potencialidades del territorio.
La estrategia permite establecer la factibilidad de iniciativas que reactiven, creativamente, el sistema productivo local, además de cohesionar y consolidar a la sociedad a través de la promoción de la cultura.

2. Principios del marco jurídico ecuatoriano sobre educación y educación superior

Con respecto al derecho de la educación, en la constitución ecuatoriana (ANC, 2008a), se afirma:

La educación es deber ineludible del Estado. Área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición para el buen vivir. El Estado garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa […]; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano. Eje estratégico para el desarrollo nacional (p. 16).

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural ecuatoriana (Asamblea Nacional de la República de Educador, 2011), en su artículo n.o 4 señala que todos los y las habitantes del Ecuador "son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida".
Los artículos 350 y 351 de la constitución (ANC, 2008a) expresan que la ley establecerá los mecanismos para su coordinación con la función ejecutiva, con el Sistema Nacional de Educación y con el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de aportar en la construcción de soluciones para los problemas del país, según los objetivos del régimen de desarrollo. De esta manera, el "Buen Vivir" es principio inspirador de la educación superior ecuatoriana.
En consonancia, la Ley Orgánica de Educación Superior (CES, 2010) define esta instancia educativa como "un derecho a lo largo de la vida y un bien público" (p. 9). Promueve la igualdad de oportunidades y es condición para la construcción del derecho al "Buen Vivir". Responde al interés público y no a intereses individuales, corporativos y lucrativos.
Por sus fines, la educación superior ecuatoriana fortalece el Estado constitucional, intercultural, plurinacional y laico. Desarrolla la participación de las instituciones sociales. Aporta al desarrollo del pensamiento universal, despliega la producción científica y promueve la transferencia e innovación tecnológicas. Contribuye al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional. Fortalece un espíritu reflexivo en un marco de pluralismo ideológico.

3. El ideal de nación en la construcción del currículo de las IES desde la pertinencia para la calidad

La universidad es una organización social. Constituye el ámbito y escenario de interacciones sociales, es una realidad transversal, fenoménica e integral. Dentro de la institución, desde el punto de vista de la sociedad, como sentido y trascendencia cultural y espacio de actuación, se ejecuta el derecho humano a la educación, servicio público y encargo social, concebido y proyectado por la política pública (Rothblatt y Wittrock, 1996), que actúa como factor determinante para legitimar el compromiso universitario, institucionalizar la transmisión de saberes y prácticas, permitir y consolidar el intercambio de valores y significados y fomentar la conciencia crítica en los sectores sociales.
El marco jurídico permite a las universidades ecuatorianas diseñar y gestionar políticas públicas, así como participar en iniciativas de cooperación en la gobernanza y el control social de lo local y lo público. Se proyecta a establecer alianzas estratégicas con los distintos sectores sociales: público, privado y las organizaciones del territorio (asociaciones, clubes, sindicatos); trazar, ejecutar y reportar investigaciones que orienten la toma de decisiones respecto a demandas sociales de los sectores prioritarios y los productivos, colaborar en los procesos de participación ciudadana y control social, capaz de convocar y consolidar el liderazgo y los estilos de animación de las organizaciones sociales en el territorio (veedurías, observatorios). Además, contribuir al empoderamiento ciudadano para ejecutar y administrar la oferta del "Plan Nacional para el Buen Vivir" en el territorio, generar conocimiento social, útil para la transformación y participación productiva dentro del esquema de la "matriz productiva" y las zonas estratégicas del desarrollo nacional.
La participación jurídica en el "pacto social" significa una oportunidad que otorga sentido a la actuación institucional contextualizada y motivada por el ideal de nación y el destino común, confrontados por las condiciones etarias, étnicas, históricas, económicas, culturales y políticas de la sociedad ecuatoriana.
El entramado del marco jurídico nacional representa el factor determinante para diseñar, direccionar, legitimar y acreditar la actuación de cada IES ecuatoriana de sus carreras de pregrado y de sus programas de posgrados. Acreditación lograda por su sintonía y atención a las áreas estratégicas de la producción y la economía, y por su atención a los sectores sociales prioritarios y vulnerables. Esta legitimidad debiera percibirse en la incidencia social de la formación y capacitación del talento del sujeto social desde la perspectiva de ciudadanía.
La universidad promociona la pluriversidad del conocimiento (Echeverría, 2012), mediatiza la difusión de los logros de la ciencia y la tecnología con el objetivo de promover, integrar y participar en un contexto de cultura universal, potencia la capacidad de revelar y construir ciencia y tecnología locales capaces de explicar y resolver las problemáticas socioterritoriales y promociona la innovación y la agregación de valor.
En la institución superior se socializa el sistema cultural de vida del pueblo, el que se expone, reproduce, promueve y fortalece en la realidad de su labor. Por ello, inserta el sistema cultural en su proyecto institucional, en sus esferas constituyentes, en las esferas estructurales (cuadros de mando, gestión del poder) en las áreas de gestión del servicio. Este sistema se integra en el currículo académico institucional, en los proyectos de carreras de pregrado y programas de posgrados, y en los respectivos servicios de su nivel (pregrado y posgrado) según sus modalidades. Se encuentra, además, en los contenidos epistemológicos y en los factores metodológicos que apuntalan el desarrollo de habilidades dentro del ámbito de lo tecnológico. Tal inserción se implementa según la gradualidad de los niveles macro, mezzo y micro curricular, considerando su originalidad y autonomía institucional.
La inclusión social, en el marco universitario, se promueve como un valor del "currículo oculto". Esta exigencia trata de convertir a la propuesta constitucional en naturaleza y propósito de la identidad corporativa de cada IES del sistema nacional. A su vez, el proceso valora y promueve su autonomía administrativa, financiera y orgánica. La autonomía universitaria es reconocida por el Estado ecuatoriano y comprendida de manera solidaria y responsable, de modo que se halla acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios constitucionales. Al patrón jurídico asumido, la IES, a fin de ratificar su singularidad y autonomía, le adiciona sus claves diferenciadoras y valores fundacionales.
Del marco teórico y normativo de las IES ecuatorianas se desprende el principio de calidad. La LOES define a la calidad de la educación superior como la búsqueda sistemática de excelencia, pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. Entre los componentes de la calidad universitaria se indican participación, cogobierno, administración democrática, democratización de los saberes y construcción de capacidades sociales para la convivencia cívica.
La calidad universitaria requiere múltiples discusiones sobre pertinencia, relevancia e incidencia social. La participación de la comunidad universitaria y nacional, a través de factores y eventos multi y transdisciplinarios, expone los intercambios entre el pensamiento crítico, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la difusión y consolidación del conocimiento en diálogo y contraste con las demandas y expectativas de las condiciones socioculturales, políticas y económicas, y con las condiciones del mercado laboral, ante las cuales debe mostrar su capacidad crítica de ajuste y flexibilización, y traducirse en resultados socialmente afirmativos. Los atributos de las IES no se desligan del principio de pertinencia que recupera los vínculos y sentido social de la actividad educativa universitaria y mediante el cual promueve la convivencia cívica, la cohesión social y los bienes públicos.
Para el cumplimiento del "encargo social" a las universidades, el principio de pertinencia solicita la articulación de la oferta universitaria a los sectores estratégicos según las demandas territoriales. La articulación responde a la estructura productiva (ANC, 2008a) que transforma la "matriz productiva" a través del conocimiento y el talento humano, lo que genera un patrón de especialización. Por el principio de pertinencia, las IES ecuatorianas deben responder a:

Las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional y al régimen de desarrollo. Para ello, las IES articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad a las tendencias demográficas, a la demanda académica, a las políticas nacionales de ciencia y tecnología, a las demandas del desarrollo local, del mercado ocupacional y a la estructura productiva (CES, 2010, p. 33).

Desde la óptica de la pertinencia de la educación superior, la política nacional reitera que las demandas sociales son percibidas, diagnosticadas y atendidas en los territorios, de modo que la universidad procure animar la participación de la ciudadanía organizada en su compromiso con el desarrollo de su territorio. Para ello, deberá articular sus funciones sustantivas de docencia, investigación y de vinculación con la sociedad.
Para el CEAACES, la pertinencia universitaria promueve procesos de desarrollo económico y sustentable, fortalece las políticas públicas. Alineada a la planificación nacional, la universidad identifica y resuelve problemas sociales. El compromiso de pertinencia, en función de la oferta de calidad institucional, exige que los mecanismos e instancias de la educación superior deben saber y practicar la propuesta del desarrollo (humano y social, local, endógeno, sustentable).
El mecanismo endógeno, como potencialidad de la IES, expresa su voluntad de participar en el proceso social. Establece y consolida alianzas estratégicas que conforman redes de cooperación entre la ciudadanía organizada, la empresa privada y los organismos e instituciones del Estado.
La internalización significa impregnar de "ecuatorianidad" la academia, su institucionalidad curricular, su sistema de relaciones e interacciones interpersonales legales y legítimas (Cruz, 2013), articular sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación, internalizar el sentido de Patria en la oferta de sus servicios a lo largo del proceso institucional académico de inducción, ingreso, permanencia y titulación; pero, a su vez, insertar su planeación estratégica y su ejercicio docente y de investigación en las realidades inmediatas de los territorios.
Por su función social de vinculación, a la universidad ecuatoriana se le pide la formación de académicos y profesionales para que, con visión intergeneracional, sean capaces de contribuir al cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. Esta inserción e inculturación fomenta y ejecuta programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y de la calidad de vida de la población.
La estrategia identifica y prioriza problemas, cuya solución corresponsabiliza y aprovecha las potencialidades territoriales (conocimiento, habilidades locales, las tecnologías sociales), convertidas en ventajas competitivas que se habilitan para insertarse en el sistema productivo y en la promoción de la cultura para la cohesión y consolidación de la sociedad ecuatoriana en su territorio.

Conclusiones

Las categorías que sostienen el modelo hipotético de la educación superior ecuatoriana, resaltadas y argumentadas en el presente artículo y extraídas de su marco jurídico, han sido el derecho, la promesa del "Buen Vivir", la oferta del desarrollo nacional, la estrategia de la participación ciudadana, los principios de calidad y pertinencia, así como el derecho a la autonomía universitaria enriquecida con los valores fundaciones de cada IES. Esta investigación ha enfatizado la necesidad de endogenizar o internalizar la propuesta en la cultura organizacional de cada IES.
Se ha ratificado la naturaleza sociopolítica de la educación superior ecuatoriana, convocada por el "pacto y acuerdo social" a participar como instrumento técnico sociopolítico en el logro del desarrollo, el que ha recibido como "encargo social". De esta manera, la visión social y política define la naturaleza humanista, cultural y científica de la educación superior ecuatoriana, convirtiéndose la visión en un referente de sentido que orienta y evalúa su concepción, implementación y acción formadora, capacitadora, animadora de la organización y compromiso de las fuerzas sociales en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el territorio.
El tema propuesto no solo conduce hacia el clásico y milenario cuestionamiento sobre la relación dialéctica entre el pensamiento y acción, entre teoría y práctica, sino también ha expuesto la tensión y contradicción que expresan las intencionalidades traducidas a criterios operativos institucionales. De allí que habría que orientar la discusión hacia la coherencia y cohesión del modelo.
La lógica de la intersección entre el derecho como "Buen Vivir", la política pública respecto al desarrollo nacional y de la educación superior como estrategia de tecnología social permitiría evaluar la derivación y sujeción sistémica al marco constitucional por parte de las universidades; pero también, debatir la transparencia, derivación y sujeción de la política pública a las claves constitucionales, desde el impacto social, político, económico, cultural de los resultados y sobre los costos y beneficios de invertir en una calidad -administrativa, infraestructural eficiente y cuantitativa- que prescinde de la incidencia social. Las intencionalidades con sesgo ideológico vulneran la acción local de la universidad, la desconcentran de atender la problemática local, la desnaturalizan.

 

 

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Recibido: 15/12/17

Aceptado: 17/2/18

 

 

 

Félix Roberto Rangel Donoso. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. Correo electrónico: [e-mail]
Amado Batista Mainegra. Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico: [e-mail]
Amauris Laurencio Leyva. Universidad de Cienfuegos, Cuba. Correo electrónico: [e-mail]