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INTRODUCCIÓN
Los cambios acelerados que vive la humanidad, en todos los órdenes de la vida humana, se han convertido en exigencias permanentes para el campo social, cultural y educativo del siglo xxi. La educación en general, y la superior en particular, no escapan a estos requerimientos, los que generan amplias expectativas en la sociedad y reclaman el derecho consagrado a tener una educación de calidad en correlación a las tendencias actuales. Estos requerimientos ponen en tensión permanente a los directivos del sistema de todas las regiones del mundo.
Entre los países de América Latina se mantienen las diferencias históricas en educación superior; y, en algunos casos, estas se incrementan. Para acortar tales asimetrías, las instituciones que la integran asumen los procesos de evaluación y acreditación institucional al considerarlos un pilar importante para satisfacer las demandas que le plantea la sociedad a la Universidad. En cada uno de los países de la región latinoamericana, dichos procesos tienen recorridos históricos diferentes, concordantes con sus disposiciones constitucionales y reglamentarias, lo cual se traduce y expresa, de manera concreta, en cada una de sus universidades.
En este ámbito, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC), institución creada en el año 2006, ubicada en la zona norte del Ecuador, en la frontera con Colombia, se ha visto implicada hasta el momento en el desarrollo de tres procesos de evaluación y acreditación. Su comunidad universitaria reconoce la relevancia de los mismos como una vía que contribuye a la mejora gradual de la calidad, a partir de los cuales se pueden fomentar aprendizajes significativos entre los actores institucionales que tributan al fomento de una cultura institucional en torno a la calidad. Por ello, la presente contribución tiene como propósito resaltar la importancia de las experiencias y perspectivas de la UPEC en relación con dichos procesos.
ACERCAMIENTO A LOS FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LAS IES
En el complejo escenario internacional en el que se desarrollan actualmente las organizaciones de América Latina, el conocimiento se convierte en la base del crecimiento económico y el mejoramiento social de los países de la región y, por tanto, se requiere de una urgente actuación de las Instituciones de Educación Superior (IES), para que puedan reaccionar de forma más directa e inmediata a los retos que marcan su desarrollo. Estas circunstancias hacen que las IES aparezcan en las agendas de discusión de los gobiernos en dichos países, ya que deben desempeñar un nuevo rol en medio de las presiones y desafíos políticos, económicos y sociales, que originan un incremento de la demanda en muchos ámbitos, así como de una mayor calidad, cuyos resultados deben ser cuantificables y generadores de beneficios a la sociedad.
Asimismo, en las últimas décadas, el hecho más llamativo sobre la educación superior es el cambio de la percepción sobre las IES, por ser uno de los componentes críticos que pueden contribuir en la solución a las grandes contradicciones y desigualdades existentes en los diferentes países.
Un conjunto de retos emana de las exigencias del entorno actual para la supervivencia y desarrollo de dichas instituciones y que determinan su misión, visión y los objetivos hacia los cuales deberán destinar prioritariamente sus esfuerzos. Por ejemplo, las acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 deben constituirse en una prioridad fundamental al ser parámetros de referencia contextuales para la educación superior, la cual debe asumir el liderazgo social para la generación del conocimiento que resuelva además de los objetivos planteados sobre este ámbito, otros de relevancia y concordantes, como son la seguridad alimentaria, la disponibilidad del agua y su gestión sostenible, el cambio climático, la búsqueda de nuevas energías renovables, la salud pública y el diálogo intercultural, entre otros.
En la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, celebrada en Colombia (CRES) en el 2008, se señalan otros retos, tales como:
formar personas, ciudadanos y profesionales integralmente, competentes y en función de las demandas de la sociedad;
diversificar la oferta académica en el posgrado y fortalecer su nexo con la investigación;
desarrollar una investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a atender;
fortalecer las relaciones extensionistas con el entorno a través del diseño de un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos, la producción y transferencia del valor social de los conocimientos y el trabajo conjunto con las comunidades (CRES, 2008).
Además, se le concede un lugar especial a la necesidad de formular políticas, de forma creativa y sustentable, que refuercen el cumplimiento de la misión de las IES con calidad como uno de los aspectos claves de cara a los retos que enfrentan en la región. Al respecto se expresa en dicha Declaración:
Esas políticas deben apuntar al horizonte de una educación superior para todos y todas, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes, así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo, organizaciones de la sociedad civil e Instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CRES, 2008, pp. 1-2).
Como se aprecia en las referencias anteriores, la inquietud por la mejora de la calidad y la relevancia institucional se manifiesta en una gran cantidad de ámbitos de la educación superior. Para la UNESCO, la calidad de la enseñanza superior se reconoce como «un concepto pluridimensional que debería comprender las funciones y actividades a las cuales se dedican las IES: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario» (UNESCO, 1998, p. 11); y, específicamente, para garantizar la calidad de los aprendizajes, afirma este propio organismo que «es importante atraer y retener a un personal docente y de investigación calificado, talentoso y comprometido con su labor con lo cual se lograría cultivar en los alumnos el pensamiento crítico e independiente y la capacidad de aprender durante toda la vida» (UNESCO, 2009, pp. 3-4).
En correlación con los dos criterios mencionados anteriormente, se expresa que la calidad hace mención al cumplimiento de las funciones sustantivas de las IES, con la finalidad de responder a los requerimientos formativos de los estudiantes, para que sean capaces de atender las crecientes demandas sociales y económicas del contexto global. Sin embargo, como plantea la UNESCO (1995, p. 323):
No basta que la educación sea más pertinente y de mayor calidad. Ambos conceptos deben marchar a la par, ya que la preocupación por la calidad debe constituir una visión de la nueva universidad, o sea que la universidad será evaluada por la calidad con que egresen sus estudiantes y la forma en que hayan sido preparados para desenvolverse de manera eficiente y efectiva, en las más diversas y actuales especializaciones, donde el aprendizaje de los graduados lleve implícito, la búsqueda de nuevos conocimientos y un gran sentido de responsabilidad para poner la formación recibida al servicio del desarrollo social.
Por su parte, Almuiñas y Galarza (2014, pp. 61-62), la define como:
La relación que existe entre los objetivos formulados por un sistema educativo y los resultados alcanzados; término referencial que permite establecer comparaciones respecto a patrones o estándares previamente establecidos en contextos similares; determina que algo pueda ser mejor que otro; dentro de un conjunto de elementos homologables […]. Es un concepto relativo, plural y complejo e históricamente determinado, dado su carácter multidimensional. Cuando aumenta, significa progreso, transformación, contribución positiva en la satisfacción de las demandas individuales, colectivas, institucionales y en general, de la sociedad.
Fernández Lamarra (2014, p. 62) afirma que «la calidad debería ser asumida mediante una concepción institucional, basada en una construcción social, de carácter gradual y colectivo, pertinente, sustentada en un proceso de reflexión y debate intra y extrauniversitario».
En el libro Dirección estratégica y calidad en la educación superior, Gómez Castanedo (2014, p. 71), la define como «el grado en que el bien o servicio cumple con las especificaciones necesarias para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios». En tanto Almuiñas y Galarza (2014, p. 119) expresan que «si se logran definir con rigor y transparencia la misión, la visión, los valores, las alternativas estratégicas y distribuir adecuadamente los recursos, se estarían dando pasos certeros en la concepción de los conceptos de calidad».
Días Sobrino (2008, p. 61) la concibe como una «construcción social, que varía según los intereses de los grupos de dentro y fuera de la institución educativa, que refleja las características de la sociedad que se desea para hoy y que se proyecta para el futuro. No es un concepto unívoco y fijo, sino que debe ser construido a través de consensos y negociaciones entre los actores.»
Por otra parte, la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES) define en su «Glosario internacional de Evaluación y Acreditación» el término calidad, específicamente para la educación superior, de la siguiente manera:
Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior cumple con una necesidad o expectativa establecida. En una definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una Institución de Educación Superior. Propiedad de una institución o programa que cumple los estándares previamente establecidos por una agencia u organismo de acreditación. Para medirse adecuadamente suele implicar la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión, y los resultados obtenidos. (RIACES, 2004, p. 26).
En la actualidad se ha intensificado el discurso sobre la calidad de la educación superior, y constituye el referente primordial para desencadenar los más disímiles sistemas para su gestión en las IES. La gestión de la calidad debe significar un conjunto de acciones dirigidas a garantizar la excelencia académica. Más que como simple proceso de rendición de cuentas, debe cumplir también con los principios básicos referidos a las funciones sustantivas de la universidad, tomando como base la mejora continua y su mantenimiento permanente sustentado con criterios y estándares conocidos y aceptados, y teniendo en cuenta la misión y los objetivos institucionales. En este caso, la evaluación y la acreditación son, por tanto, algunos de los componentes del sistema de gestión de la calidad en las IES.
Específicamente, la acreditación es una de las estrategias ligadas al aseguramiento de la calidad en las IES; se concibe como un claro ejemplo de evaluación de control que implica una vía de autorización pública suplementaria a las tradicionales homologaciones de las instituciones dedicadas a la educación superior. Por tanto, es uno de los tantos procesos de aseguramiento de la calidad que se llevan adelante en los sistemas universitarios de una gran cantidad de países.
Los procesos de acreditación se caracterizan por ser obligatorios o no; pueden tener consecuencias financieras o no; pueden implicar una serie de categorizaciones asociadas a sus juicios de valor, pero hay algo en que coinciden: las mediciones, descripciones y/o juicios de valor que toda actividad de evaluación de instituciones implica.
En general, la acreditación se lleva a efecto por organismos mayoritariamente estatales, los cuales sirven para asegurar estándares básicos de calidad en la educación superior. En este sentido, Villavicencio (2012, p. 11) afirma que:
La creación de las agencias de evaluación y acreditación significó el comienzo de la construcción de una nueva fisonomía universitaria. Estas institucio nes, con las características propias de cada país, constituyeron un paso en el proceso de construcción de sistemas complejos de educación superior y de mejoramiento de la calidad y significaron el establecimiento de una cuña regulatoria entre la autonomía de las universidades públicas y la libertad de mercado de las universidades privadas.
Las ideas anteriormente expuestas permiten reconocer estos procesos como una validación, cuya vigencia depende de cada país, y que la realiza el organismo responsable para certificar la calidad de las IES, sobre la base de la autoevaluación. Es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional, obligatorio e independiente en la mayoría de casos que definirá el organismo pertinente. El procedimiento incluye tres momentos claramente definidos:
La autoevaluación : Proceso de análisis crítico, reflexivo, que realizan las IES para identificar sus fortalezas y debilidades, emprender acciones de mejoramiento continuo y de aseguramiento de la educación superior a nivel institucional. Se regirá por algunos principios tales como integralidad, pertenencia, calidad, cogobierno, igualdad de oportunidades y autodeterminación para la generación y producción del pensamiento o conocimiento. Asimismo, es regida por la participación, transparencia, eficiencia y eficacia para que los directivos puedan disponer de información descriptiva, formativa y objetiva y, a partir de ello, tomar decisiones de política educativa. Este momento inicial requiere impulsar procesos rigurosos de exámenes internos orientados a la mejora continua de la calidad. Respecto a este tema, Villavicencio (2012, p. 11) afirma que: «la autoevaluación es una de las formas más adecuadas para asegurar el compromiso de la propia institución con la identificación de los ajustes necesarios y, por tanto, con la promoción y avance constantes hacia una mejor calidad».
Los resultados de su ejecución se convierten en la base de un programa o plan de mejoramiento conducente a consolidar fortalezas y corregir debilidades mediante acciones y procesos coherentes a fin de llevar a las IES a situaciones cualitativamente superiores. Este propósito será posible de lograr si, primeramente, los directivos asumen como parte de su gestión su responsabilidad en esta tarea. Además, la autoevaluación debe convertirse en un proceso formativo y participativo que potencie las capacidades y compromisos de los involucrados, y obligue a la institución a ser creativa e innovadora para cumplir con su misión.
La evaluación por pares externo: Proceso de evaluación liderado por académicos de probada experticia en torno a la vida universitaria, quienes dan fe en su trabajo del compromiso ético y fidedigno de los resultados de las indagaciones realizadas.
La certificación: Se refiere al paso final del proceso de acreditación de una IES que el Organismo Evaluador y Acreditador Nacional emite sobre la base de la resolución adoptada como resultado de la evaluación externa. Esta se realiza con base al mérito de haber cumplido estándares e indicadores de calidad establecidos por dicha entidad responsable del proceso.
Entre las formalidades de dicha certificación consta el tiempo de vigencia que las IES tendrán el estatus de acreditadas, después de este período iniciarán nuevamente el mismo proceso. Vista así, la acreditación, además del aseguramiento de la calidad que brinda, tiene dos propósitos:
PANORÁMICA DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LAS IES ECUATORIANAS. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI
En la historia de la República del Ecuador, se reconoce que durante el periodo comprendido entre los años 1900 al 2000, las constituciones vigentes configuraron una educación superior que minimizaban el rol del Estado en su desarrollo, primando la lógica del mercado en la concepción de sus principales actividades. Por ello, las IES se veían imposibilitadas de trabajar en función de garantizar su calidad y, por ende, se encontraban al margen de poder contribuir a satisfacer las demandas socioeconómicas del país.
Para tratar de remediar esta incapacidad, en 1989 se realiza el primer ensayo para evaluar las veintiuna IES existentes hasta el momento. Este proceso no originó ninguna decisión política para realizar cambios estructurales en el sistema de educación superior. Fue necesario esperar hasta la promulgación de la Constitución del año 1998, en la cual se ordenaba asegurar los objetivos de la calidad, estableciendo un sistema autónomo de evaluación y acreditación que se materializaría en el 2002, con la emisión del nuevo Reglamento General que creaba el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), el cual dictaminó que en un plazo de cinco años las universidades y escuelas politécnicas deberían completar sus procesos de acreditación. Sin embargo, a finales de 2008, solo se habían acreditado cinco de las setenta y una instituciones que registraba el sistema, es decir, solo el 7 %.
Posteriormente, la Constitución de 2008 le otorga a la educación superior el carácter de bien público social, principal deber del Estado, y sin fines de lucro, que, entre otros aspectos importantes, debe velar por constatar su pertinencia. En esta Carta Magna se dispuso también que todas las universidades y escuelas politécnicas deberían ser evaluadas y acreditadas y en caso de no superar estos procesos, quedarían fuera del sistema de educación superior.
Bajo estos preceptos se realizó el primer intento serio y de impacto para el sistema de educación superior, que fue el llevado a efecto en atención del Mandato Constituyente No 14 (M14), el que señalaba que, en el período de un año, el CONEA debía entregar al Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de dichas instituciones, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento.
Para cumplir con este Mandato, se realizó la evaluación del sistema de educación superior durante el año 2009, proceso que puso de relieve los problemas más acuciantes que padecía el mismo y sobre todo las IES que se ubicaron en la categoría «E»1. Entre las dificultades más importantes se detectaron: precariedad en equipamiento e infraestructura, ausencia de actividad investigativa, escaso compromiso y capacidad para responder a las demandas sociales.
En particular, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi es una institución de carácter público que se crea en el año 2006. Fue objeto de un primer proceso de evaluación a solo tres años de su surgimiento. En esta oportunidad, el CONEA utilizó la lógica multicriterial y la UPEC cumplió un poco menos del 30 % de los indicadores. La metodología incluyó 55 indicadores, y los de mayor ponderación corresponden a participación docente en temas de investigación, su nivel académico, admisión y nivelación de estudiantes, entre otros.
Como resultado de dicho proceso, el CONEA recomendó: a) orientar su misión en cooperación con otras universidades públicas, en el sentido de planificar la oferta académica y las actividades de investigación hacia los problemas de desarrollo local; b) presentar, en un plazo de seis meses, un Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para los próximos cuatro años, el cual sería objeto de seguimiento y evaluación por parte de las instancias evaluadoras.
Para cumplir con estas recomendaciones, la UPEC solicitó el asesoramiento de universidades fraternas que habían alcanzado la categoría «A», y a partir del trabajo conjunto, se logró elaborar el primer Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para el periodo 2010-2014.
Asimismo, los resultados de la evaluación desarrollada a nivel de país sirvieron de base a la generación de nuevas políticas públicas para este sector que quedaron plasmadas en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), emitida en el 2010, donde se definen, entre otros aspectos, los principios inherentes a la calidad de la educación superior y su evaluación en los diferentes niveles de concreción (carreras, programas e instituciones). (Ver Presidencia de la República del Ecuador, 2010, pp. 3-32).
Dicha Ley promulgó la utilización de cerca de 56 indicadores, que fueron aplicados en la evaluación y categorización institucional que se llevó a efecto a inicios de 2012. Como resultado de su aplicación, la UPEC quedó ubicada de manera transitoria en la categoría «D» amparada en un dictamen de «Aceptable» con relación al cumplimiento de los parámetros para tales efectos. Se aplicaron en esta ocasión diferentes métodos para el diagnóstico como: el análisis de utilidades,2 la lógica difusa3 y el análisis de conglomerados,4 con 43 indicadores (CEAACES, 2012). Los indicadores de mayor peso correspondieron al patrimonio institucional, cobertura de carreras y remuneración de los docentes. Como resultado de este proceso quedaron suspendidas definitivamente catorce universidades, por no cumplir los requisitos mínimos de calidad.
Sin embargo, al año y tres meses la UPEC se somete nuevamente a un proceso de evaluación, a partir de lo cual se ubica dentro de la categoría B, lo cual le brinda posibilidades, no solo de impartir docencia de pregrado, sino también se le autoriza a ofertar maestrías y programas de doctorados en colaboración con instituciones que se encuentran en la categoría A. En esta evaluación, se aplicó el método de «análisis estadístico directo»5 utilizado para IES, que solo ofertan carreras de grado, en la cual se alcanzó un promedio global mayor del 60 % en el cumplimiento de los 44 indicadores cuantitativos y cualitativos definidos.
Como parte de un proceso lógico de perfeccionamiento del sistema de evaluación y acreditación, en la tercera ronda de implementación de estos procesos a las IES ya se formuló un «modelo» de evaluación institucional con fines de acreditación, con 44 indicadores que fueron socializados previamente. Dicho modelo contenía cinco criterios generales: academia, eficiencia académica, investigación, organización e infraestructura. Asociados a estos criterios estaban definidos los indicadores. Entre los más significativos se encuentran: admisión a estudios de pregrado, calidad de las aulas, disponibilidad de puestos de trabajo para docentes y espacios de bienestar, conectividad, docentes a tiempo completo, cobertura bibliográfica, publicaciones en bases de datos indexadas, remuneración a la planta docente, transparencia financiera, rendición anual de cuentas, escalafón, entre otros.
A partir de los resultados alcanzados por la UPEC en el desarrollo de estos procesos de evaluación y acreditación, el reto fundamental que enfrenta es alcanzar la categoría A, que la valora como una institución de docencia e investigación6, además de convertirse en una Universidad Binacional de Frontera, por su cercanía a Colombia.
Otro de los aspectos a desarrollar se enmarcan en el área de posgrado, para lo cual se ha priorizado el diseño de programas de maestrías en las ramas de Agronomía y Finanzas. Además, se analizan estrategias para la implementación del modelo de gestión por resultados. Por otra parte, se busca que el porcentaje de docentes a tiempo completo sea superior al 60 % y que el promedio de la masa salarial se acerque a los 3 000 dólares americanos.
Asimismo, se valora la necesidad de incrementar la tasa de retención inicial en el pregrado por encima del 75 %, y la de titulación de los estudiantes, superior al 45 %. Se trabaja también por lograr la equidad de género en los puestos directivos y que los artículos científicos que se elaboren logren publicarse en revistas que figuran en bases de datos prestigiosas como Scopus, ISI Web of Knowledge.
CONCLUSIONES
Las inestabilidades, contradicciones y cambios acelerados en todos los órdenes de la vida humana plantean a las IES un conjunto de retos, que las conducen a formular nuevas políticas que refuercen el cumplimiento de su misión en la sociedad.
En general, el cumplimiento de su razón de ser está relacionado con el concepto de la calidad, destacándose la importancia de la «gestión de la calidad» y, en particular, la evaluación como uno de los procesos destinados al estudio y análisis y mejoramiento continuo de las funciones sustantivas de la universidad.
Ecuador, en los últimos años, ha sido protagonista de un conjunto de profundas transformaciones en el ámbito de la educación superior, las cuales han tenido como objetivo principal corroborar la calidad de sus IES, en el afán de que las mismas puedan dar respuesta a los serios problemas existentes en las diferentes esferas de la sociedad.
En este ámbito, los diferentes procesos de evaluación y acreditación institucional desarrollados han puesto en evidencia la aplicación de procedimientos que se han ido perfeccionando progresivamente, amparados en los diferentes mecanismos regulatorios que orientan el mejoramiento integral de la calidad universitaria.
La UPEC, a pesar de constituir una IES de pocos años de creación, luego de haber atravesado por tres procesos de evaluación y acreditación, ya se ubica en la categoría B y trabaja arduamente por transitar hacia el escaño superior (la categoría A). Para ello, se ha propuesto intensificar esfuerzos en la implementación de acciones conducentes a elevar continuamente la calidad de los procesos que desarrolla. Brinda además atención especial a la superación y desarrollo del talento humano.
