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INTRODUCCIÓN
¿Cómo mostrar al estudiante universitario de hoy el paradigma emergente de la administración pública? Esta interrogante bien pudo haber sido el título del presente trabajo. Este, lejos de apuntar a una administración pública nacional, interfronteras, capitalizadora de identidades nacionales, protectora de singularidades y particularidades, refleja, por el contrario, lo que considera su desarrollo futuro inmediato y dirige todos sus esfuerzos a la internacionalización de sus procederes para lograr su transnacionalización en medio de una recontextualización de sus objetivos que se adaptan a una perspectiva global.
¿Cuáles son sus características, sus tendencias y de qué modo intenta presionar a los estados nacionales para su adecuación e inclusión en este camino? Estas interrogantes encuentran bases preliminares de sus respuestas en este artículo, al que podríamos considerar como un primer paso en el acercamiento al tema.
Las respuestas van en torno a los dos elementos clave que cualifican al desarrollo de la administración pública como emergente. Por un lado, la introducción de novedosos mecanismos de competencia que generen alternativas de elección para los usuarios clientes y, por el otro, e íntimamente relacionado, la ejecución de servicios públicos de mayor calidad y con mayor incidencia en la satisfacción de los intereses y necesidades de sus destinatarios esenciales.
Dos ideas particularmente pertinentes emergen al comenzar a narrar la realidad de hoy y las perspectivas de cambio de la administración pública, la cual viene desarrollando un proceso de metamorfosis cada día más evidente, y está dirigida a alcanzar el nuevo paradigma de la gestión pública: la administración pública de la aldea global. La primera de ellas es «el león contra el mono amarrado» y la segunda «la administración pública global versus la defensa del desarrollo multifacético del homo sapiens».
La expresión «el león contra el mono amarrado» surgió buscando una metáfora conocida que reflejara exactamente la idea que se quería exponer para acabar de una vez y por todas con el mito de que el derecho administrativo era el derecho del poderoso en contra del desposeído, el derecho afianzador de las prerrogativas del Estado, el derecho de quien manda sobre quien obedece, el derecho de quien decide sobre el que cumple, el derecho de quien domina sobre el dominado.
Esa no fue la idea original por la que nació el derecho administrativo, ya un poco más sistematizado, sino la de establecer las prerrogativas legítimas del Estado para limitar el poder público desmedido del monarca y para prevenir los excesos de este y garantizar los derechos civiles. Funcionaba como un derecho estabilizador entre el gran poder público y las prerrogativas del ciudadano, cuando el primero desconoce o no reconoce un derecho legítimo que le asiste al segundo. Esa es la primera idea que nutre sustancialmente lo que sigue.
La segunda, es decir, «la administración pública global versus la defensa del desarrollo multifacético del homo sapiens», aduce a la enorme distancia que separa el siglo xxi de la administración pública originaria, aquella que apuntaba su actuación en pos del servicio público con el objetivo básico de la satisfacción de las necesidades de los llamados administrados.
Estas dos ideas se pueden identificar como la esencia lógica del desarrollo de la presente propuesta. La última se nutre de la visión que arrojan los acontecimientos sobre la administración pública que vienen cerrando el primer ciclo de cambio del paradigma administrativo iniciado en la década de los noventa del siglo pasado con el fin de globalizar la gestión púbica desde la incidencia de la transnacionalización empresarial y desde los ideales de dominio mundial de poderosas superestructuras administrativas de la contemporaneidad.
Definitivamente, lo novedoso surge de esa precisa simbiosis entre el mundo empresarial transnacional en pleno auge con base en la tecnología productiva y el poder de sectores que maniobran apostando por el dominio de las fuerzas del mercado a nivel internacional.
LA GLOBALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ¿REALIDAD O NECESIDAD CAUSAL CREADA?
Al intentar desentrañar las raíces acerca de la consideración del proceso de globalización como una realidad, es decir, como un designio o como un próximo y natural paso más en el desarrollo económico y social del mundo y hacemos pasar este análisis por el tamiz de la sabia afirmación de que «todo pasa por alguna razón» y miramos al fenómeno desde la perspectiva filosófica de la causalidad como progenitora de los trascendentales acontecimientos de la humanidad, nos encontramos con la disyuntiva de desentrañar si el alumbramiento se produce por causas naturales o por causas motivadas por resortes ubicados en el momento oportuno, en el lugar conveniente y en los circunstancias adecuadas.
La liberalización de los intercambios, la desarticulación de las fronteras aduanales y la integración cada vez más fuerte de las economías en ciertas regiones del mundo colocan a los Estados en un espacio económico abierto. Estos entran en competencia entre sí, igualmente con otros actores como las grandes empresas industriales, financieras o de comunicación, a veces más ricas y a veces más poderosas que la mayor parte de ellos.
Por otro lado, los logros económicos no dependen ya, como en las economías administradas, del poderío de los instrumentos de intervención pública (administración, gestionarios de numerosas actividades, crédito de intervención, subvenciones a la exportación o a la inversión). El Estado administrador se convierte en amortiguador. Con la privatización generalizada, la competencia y la concurrencia se convierten en regla, incluyendo las misiones tradicionales del servicio público como la salud o la educación (García Ruiz, 2006).
El mencionado poderío de los instrumentos de intervención pública ha cambiado de manos también. En efecto, ha pasado a las empresas privadas más poderosas, las que más mercado abarcan y que más proveedores eficaces logran involucrar en su gestión económica eficiente y efectiva y también a las corporaciones internacionales que han logrado crear una necesidad en un mayor conjunto de clientes o en los consumidores de sus productos y de sus servicios.
En cuanto a las causas y condiciones propiciadoras de un camino hacia la transnacionalización de la administración pública, no queda nítidamente definido si estas causas y condiciones crean el efecto o si el efecto devela las que resultan ser las reales causas. En el refranero popular esto equivaldría a las famosas interrogantes ¿qué surgió primero, la gallina o el huevo?, o, ¿por dónde le entra el agua al coco?
Hay que subrayar, como señala Omar Guerrero (2003), que el nuevo ideario alrededor de esta temática tan trascendental, en lo que a administración pública se refiere, provino del InformeBerg, realizado por Elliot Berg (1980) para el Banco Mundial, cuyo diagnóstico exaltaba la ineficiencia de las empresas públicas, la impericia del funcionariado y la operación de instituciones sin criterios de rentabilidad. Las medidas a aplicar en aquel entonces serían la reorganización, la reducción y la descentralización -en primera instancia- para obtener utilidades que posteriormente serían destinadas al beneficio social. Esta cultura, basada en el utilitarismo y la racionalización, conllevó a la orientación final del mercado como guía de lo que debía ser la administración pública moderna. De ello nace a nivel mundial la corriente reformista de la administración pública que ha puesto sus ojos en una administración global como premisa de un nuevo orden mundial.
La emergencia de la globalización y la reforma administrativa basada en el nuevo manejo público postularon la promoción de los mercados, la competencia, el patrocinio empresarial y la orientación hacia el cliente, alterando de manera sustantiva la misión, fines, organización y funcionamiento del Estado.
El pensamiento económico neoclásico, sustento teórico del modelo globalizador, estableció que este debía desvincularse de la administración pública, la cual sería sustituida por la «nueva gerencia pública» que considera a la población ya no como ciudadanos, sino como clientes o consumidores. Establece que el gobierno debe adecuarse a la empresa privada, es decir, erradicar la omnipresencia de la administración pública en la vida y actividades de los particulares (
Según Guerrero (2003) los autores en los que se han basado estas propuestas han sido Thomas Peters y Robert Waterman (1982) y, recientemente, David Osborne y Ted Gaebler (1992), aunque debe destacarse que las fuentes primarias de la aplicación de la ideología de mercado en el sector público son más antiguas. La escuela austriaca de economía, representada por Ludwig Von Mises y Friedrich Hayek, quienes establecieron que para convertir al Estado en una organización eficiente es necesario que introduzca prácticas propias del sector empresarial, por ejemplo, el cálculo de pérdidas y ganancias, así como la competencia y la descentralización.
Por otro lado, una de las causas visibles de los cambios y las modificaciones más trascendentales en la administración pública en este segmento de la centuria xxi nos conduce a focalizar en las crisis económicas las recesiones, los procesos inflacionarios, los desbalances comerciales, los bajos estándares de productividad y el desconocimiento de los más elementales derechos ciudadanos. Además, la liberalización de las fronteras nacionales para permitir la productividad a través del encadenamiento de empresas desde la perspectiva de lo global comienza a actuar como un boomerang ante las grandes reivindicaciones logradas a través del tiempo por las grandes masas de trabajadores.
Al estandarizarse las normativas jurídicas para dar cabida al amplio flujo de fuerza de trabajo, se van diluyendo las especificidades garantizadoras de los derechos laborales y se ubican en un lugar prioritario la competencia, capacidad y productividad en detrimento de la experiencia y ni hablar de la responsabilidad del mayor prestador público, el Estado, para garantizar un trabajo seguro y digno a sus ciudadanos.
¿Cuántos trabajadores en un contexto como el que se perfila no preferirán ver erosionar sus conquistas relacionadas con jornada laboral, condiciones de trabajo, garantía de salud, pensiones, seguridad social, que perder el puesto de trabajo con el que alimentan a su familia? ¡Qué dilema más inhumano!
Además, hay que pensar hacia dónde trasladarán sus centros las grandes multinacionales para ubicar sus propias cadenas de producción que engendran una desenfrenada carrera, no a quien cuenta con las mayores capacidades y conocimientos, sino a quien se ubica lo más cerca posible de la mano de obra más barata del mercado, cada día más mercantil y menos humana.
Otros de los factores a tomar en consideración ha resultado ser la propia resistencia al cambio de las burocráticas y procedimentalistas administraciones públicas, cuyas cualidades respondieron a los contextos y circunstancias de su nacimiento y desarrollo ulterior, pero no al que se requiere hoy en medio de la era de la tecnología y la innovación.
La afirmación de que la administración pública moderna o se globaliza o fenece entre el entramado económico mercantil aún dista de ser demostrada y alejada de toda duda. Lo que sucede es que al perfeccionamiento de la original administración pública, por esas mismas ataduras que tiene, le queda inmenso muchas veces el ritmo al cual debe adaptarse para no ser absorbida por el gran capital y la empresa transnacional.
O la administración pública, como la hemos conocido hasta hoy, se despoja de la fuerza en su contra que le hacen sus propias autolimitaciones y se convierte en maquinaria ágil, creativa, eficiente y eficaz en su inclusión socioeconómica con personalidad propia o, por el contrario, será una especia más en el platillo llamado administración pública global.
Los grandes fenómenos que modifican de algún modo el desarrollo histórico de la humanidad tienen como acicate facilitador de su aparición el contexto histórico en el cual imponen su presencia. En el caso que nos ocupa, la globalización ha surgido en un contexto en el cual las sociedades comenzaron a pedir más, en términos de eficiencia y eficacia, de lo que las formas antiguas y los marcos estructurales arcaicos podían ofrecer.
Por otro lado, estos mismos fenómenos inciden directamente en el cambio de las épocas y de las condiciones históricas que sirvieron de base a su creación; en el caso de la globalización, como plantea García Ruiz (2006), «incide y transforma a las sociedades, porque modifica las formas históricas de relación social, las históricas y jerárquicas de pensar el poder y su ejercicio, las históricas de pensar la autoridad y las negociaciones sociales» (p. 37).
Por lo tanto, las condiciones históricas y sociales que marcaron la posibilidad del surgimiento del movimiento globalizador ahora se ven modificadas en el desarrollo de este proceso y, mientras más ocurre esto, más se acomodan las nuevas relaciones atrofiando las características de las que le dieron origen como un vaticinio de que no reaparecerán con facilidad.
Demos una mirada a los tres factores emergentes que menciona García Ruiz (2006) a raíz de los cuales se generan las condiciones propicias, no solo para el surgimiento de la globalización, sino para su ulterior desarrollo:
La apertura de las fronteras provoca el advenimiento de una economía y de una sociedad abierta en la que el individuo es cada vez más libre de trabajar y de invertir, de consumir y ahorrar como quiera (los derechos de aduana eran en los años sesenta del 25 %, mientras que a finales del siglo xx se situaban en torno al 3 %). Este movimiento de integración no es para nada homogéneo, pero se concentran en torno a los grandes centros financieros que estructuran las tres regiones dominantes: América del Norte, Asia y Europa, las que han condicionado la apertura de las fronteras de los demás países.
La salida de la economía administrada, lo que conlleva una doble dimensión: por una parte, una teórica con la salida del paradigma keynesiano organizado en torno a las intervenciones públicas coyunturales y del desarrollo de los Estados providencia, en beneficio de las políticas estructurales inspirada por la escuela monetarista y las anticipaciones racionales; por otra parte, una práctica con el giro de la política presupuestaria hacia la monetaria. Paralelamente, los instrumentos tradicionales que estaban a disposición del Estado, la fiscalidad y las diferentes formas de reglamentación son eclipsadas por los mecanismos del mercado y el contrato. Pero, aunque han perdido ciertas lógicas de interacción y de presencia en el escenario internacional, los Estados siguen siendo los núcleos del sentimiento de pertenencia y de identificación.
Un capitalismo empresarial y patrimonial constituye la segunda fase de la revancha de Schumpeter sobre Keynes. La empresa del siglo xxi no está ya animada por los mánager, sino por los empresarios. No está dominada por los Estados, sino por los mercados. No está orientada hacia los asalariados, sino a los accionistas a través de la norma de una vuelta sobre los fondos propios del 15 %. No está determinada por la redistribución de los ingresos, sino por la gestión de los activos. El modelo fordista que hacía de los asalariados los primeros consumidores de la producción de masas se ha extendido progresivamente al capital con la transformación de los asalariados en accionistas de las empresas mundializadas (García Ruiz, 2006).
Estos tres mismos factores inciden de modo determinante en las causas y condiciones para la estructuración y el desarrollo de la administración pública global. El hecho de que el mercado se esté imponiendo a la administrativización de las sociedades nos sugiere que lo común que une determina sobre lo singular que separa.
¿LO PÚBLICO MÁS ALLÁ DEL ESTADO COMO BASE DE OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O REPENSAR AL ESTADO?
Refiriéndonos a una visión de desarrollo, comentar acerca del objeto de regulación del derecho administrativo actual y de la administración pública de hoy, desde una perspectiva de lo nacional, no iría más allá del reduccionismo analítico con vetas inconsistentes de un análisis parcial, fuera de contexto, desactualizado e inmaduro.
Los resortes de la administración pública del nuevo siglo retan fronteras y obligan a dirigir la mirada a la aldea global a partir de un punto de inflexión, de una redefinición y a una incidencia directa en la formación de un nuevo homo sapiens: el economicus ciberneticus, que se desenvuelve bajo el nuevo y cuarto poder enunciado por Locke: el poder prerrogativo de la administración pública (Chomsky y Dieterich,1997).
No cabe duda de que ya no se trata de administrar lo público desde la definición estadual decimonónica, sino que se trata de administrar lo público más allá del Estado, y, sobre todo, desde el debate entre lo neoliberal y lo keynesiano del desarrollo económico en medio de la prehistoria de la humanidad en la cual vivimos y en la cual el hombre no se limita a ir más allá de ser el lobo de su especie en medio de una competencia de dentelladas y arañazos a vida o muerte.
El fenómeno de la globalización no es nuevo. Las posibilidades de que el proyecto de un «orden cosmopolita» tenga éxito no son menos hoy de lo que eran en 1945 o 1989-1990. Esto no significa, sin embargo, que sean más; ahora bien, no deberíamos perder de vista la magnitud de las cosas. El proyecto kantiano saltó a la palestra por primera vez con la Sociedad de Naciones, es decir, más de doscientos años después de que se hubiera planteado; además, la idea de un orden cosmopolita no se plasmaría de forma duradera hasta la creación de las Naciones Unidas (ONU).
Desde comienzos de los años noventa, la ONU ha ido aumentando su relevancia política y se ha erigido como un elemento muy a tener en cuenta en los conflictos políticos mundiales. Incluso la gran superpotencia se vio obligada a enfrentarse a la organización mundial cuando esta última se negó a dar legitimidad a una intervención unilateral. La ONU sobrevivió al intento posterior de marginarla, y ahora parece estar decidida a llevar a cabo las reformas necesarias y urgentes de sus principales órganos y agencias (Habermas, 2005).
El proceso de globalización de este comienzo de siglo xxi es algo fundamentalmente diferente. Lo que es nuevo es, sobre todo, la velocidad, el ritmo y también el enfoque casi universal de los aspectos económicos, sociales y culturales que lo caracterizan. Por otro lado, presenta un carácter novedoso esta voluntad misma de globalizar una vez que se entendió que el proceso es irreversible y que resulta imposible oponerse a él. De hecho, este no es directa y exclusivamente humano como lo fue en el caso de la Iglesia: es el resultado de una combinación interesante de fuerzas del mercado con los efectos de un progreso tecnológico extraordinario y acelerado que caracteriza nuestra época. Son, probablemente, estos progresos tecnológicos los que dan al proceso actual de la globalización su carácter único.
Por la amplitud e intensidad del proceso de la globalización, no son apenas los negocios los que quedan fundamentalmente afectados, sino también los individuos, las empresas, los gobiernos en todos sus niveles y sus administraciones públicas (Tobelem, 2002). La tecnologización de la vida del ser humano le está restando posibilidades de decisión acerca del curso de los acontecimientos y lo está poniendo a merced de estos. Peligra, incluso, hasta la idea del contrato social de Rosseau por la cual los seres humanos cedemos poder ante la organización que nos representa.
David Osborne y Ted Gaebler (1994, citado por Guerrero, 2003) hablan de una verdadera revolución global: el ascenso del gobierno de corte empresarial. Este será un gobierno de nuevo tipo, sobre todo porque cuando las relaciones empresariales transnacionalizadas tejan su madeja de influencia a nivel de cada persona que reside en nuestro planeta tierra, ya no habrá más que acceder al nuevo contrato social y aceptar el gobierno que regule mejor a la nueva realidad. Debido a ello, cada día se hace más notable la necesidad de repensar las formas existentes de gestionar lo público y, como algo que se desprende de esto, se convierte en imprescindible la tarea de ser creativos e incorporar un nuevo pensamiento de lo público desde la perspectiva del contexto global.
Con base en la idea anterior, pocos temas han ocupado un lugar tan preponderante como el de la reforma del Estado; aunque un poco tardíamente, las sociedades y los responsables políticos y económicos se dan cuenta de que el mundo ha cambiado, de que lo sigue haciendo a marchas forzadas y que es necesario pensar en lo social, político, económico y en las nuevas reglas de juego del ejercicio del poder en las sociedades (Welsch, Carrasqueño, 2003).
Al mismo tiempo, la naturaleza de las instituciones cambia. Eso significa que es necesario incorporar nuevas formas de gestión de lo público y pensar lo público en el contexto de lo global (Petit y Soete citados por Romero, 2001). El Estado siempre ha sido la base natural de desarrollo de la administración pública. Los cambios en su estructura o funcionamiento han producido las transformaciones en las funciones ejecutivas y administrativas que determinan y actualizan la administración pública. Hoy tal parece que se invierte el proceso, pues la administración pública nacional no puede responder a los retos que impone la globalización en el contexto de la transnacionalización de la economía. Los ajustes necesarios están haciendo repensar la estructura y funcionamiento estatales y están diluyendo algunos espacios de su poder esencial.
Las administraciones públicas modernas están volviendo a sus quehaceres originarios, cuando la prestación del servicio público estaba en el centro de su atención y procederes, solo que hoy lo combinan con las diferentes relaciones sociales y económicas más allá de sus fronteras. Estas se tejen en su entorno temporal más cercano, o, al menos, previsible.
Es preciso reafirmar que en el proceso de globalización, a pesar de lo que ha sido concluido en numerosos análisis, no se deshace del Estado. En efecto, aunque en numerosas ocasiones se le instrumentaliza, en la globalización el Estado se afirma como un factor decisivo de competitividad, ya que es a él a quien corresponde desplegar sus competencias y funciones para crear las condiciones de crecimiento fuerte, equilibrado y estable, y poder administrar los riesgos concomitantes y asociados a la economía abierta y comandada por intereses empresariales.
Desde la perspectiva de capacitación de los humanos con recursos -y no de los recursos humanos- en esta economía abierta, al constituirse como una economía de servicios con alto valor agregado, el desarrollo se produce gracias a las opciones que concentran los recursos intelectuales, universidades y centros de formación y de investigación en los capitales, las infraestructuras y las empresas (García-Ruiz, 2006).
La nueva perspectiva del Estado en el contexto apuntado debe ser la de prever los ajustes necesarios para garantizar sus políticas públicas en aras de la mejor satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los llamados administrados y no permitir, de ningún modo, que las políticas globales desnaturalicen las identidades nacionales y las raíces sobre las cuales se han desarrollado las naciones desde siempre.
Esta transformación del Estado tiene que estar articulada en torno a tres ejes de referencia: relegitimar la autoridad necesaria del Estado, someter sus servicios al principio de eficacia e instituir una función pública, una administración pública consciente de sus nuevos papeles y funciones en el marco de la globalización (García-Ruiz, 2006).
Poco a poco se va imponiendo la idea del necesario perfeccionamiento de las llamadas escuelas, institutos o academias de capacitación de funcionarios públicos y el trabajo consciente y efectivo desde la óptica de la ética de la función pública. El punto de equilibrio sigue estando, por suerte, en las manos del homo sapiens, quien determina el rumbo de los acontecimientos. Por muy avanzada y eficiente que sea la tecnología, incluso la determinante en muchos procesos productivos y relacionales en materia de desarrollo de la humanidad; por mucho que ese homo opere como economicus y desde una perspectiva tecnológica, estará presente en su acción el componente humano que siempre hay que cuidar cuando se trata de cuestiones de alta incidencia en la vida de los demás habitantes del orbe.
Es necesario insistir y tener claro, por lo tanto, que en el nuevo mundo de la economía y de las sociedades abiertas, el Estado sigue cumpliendo funciones y misiones que no pueden ser asumidos por otros actores, es decir, funciones y misiones irreductibles porque le son propias (Serbin, 1999). Entre estas funciones intransferibles, se quiere insistir en dos específicamente: en primer lugar, tiene que asumirse y afirmarse como soporte de los sentimientos de pertenencia y, en consecuencia, como motor de los procesos de diálogo en la sociedad, lo que significa que es a él a quien corresponde la implementación y el estímulo de los procedimientos democráticos; en segundo lugar, es al Estado quien tiene el deber de hacer frente a la gestión de los nuevos riesgos y garantizar el Estado de derecho, ya que el mercado no los puede asumir ni es su objetivo último el hacerlo. Este contexto tiene que hacernos tomar conciencia de que la reforma del Estado es indisociable de un nuevo contrato social entre ciudadanos, al tiempo que es el medio necesario para que la nación se proyecte en la globalización (García-Ruiz, 2006).
Resulta conveniente recordar que en la redefinición de las funciones del Estado los cambios están condicionados para no violentar sus intereses primordiales, ya que estaríamos en contra de la raçon d’Etat, entendida esta como los intereses supremos y primordiales del propio Estado como organismo político y fuente de poder que alimenta sus movimientos, subordinando incluso los del gobernante, ya que es el único que ejerce el papel de la dominación sobre los demás, mantiene los valores políticos -paz, orden y seguridad-, y proclama que sus decisiones son producto de la frialdad que acompaña a los procesos políticos en los cuales está inmerso. No debemos olvidar que son los funcionarios del gobierno los responsables de salvaguardar los intereses del Estado (Uvalle, 1992).
En este marco se redefinirán las funciones del Estado, el ámbito del gobierno contemporáneo y las obligaciones de la administración pública moderna. Valdés Ugalde (citado por Cruz Fernández, 2009) enfatiza en que una reforma del Estado debe estar encaminada a restablecer la fuerza, la autoridad, la eficiencia y la capacidad de planeación institucionales del aparato estatal en los diversos sectores económicos y sociales, sin olvidar la correspondencia con la expresión democrática de una nueva voluntad de cambio, ya que sin democracia no hay reforma del Estado capaz de sostenerse con viabilidad. Así se mantendrá una nueva relación entre este y la sociedad civil (Cruz Fernández, 2009).
Asumir la necesaria reingeniería estructural de la administración pública en el Estado del siglo xxi y los siguientes es trabajar en pos de la defensa de los intereses y necesidades raigales del conjunto de ciudadanos que operan bajo sus designios nacionales, defender la identidad nacional y los valores que han hecho de esa determinada cultura una singularidad en el caleidoscopio mundial.
En este marco conceptual y práctico, a la vez, el consenso va encaminado a la perspectiva de repensar al Estado en su papel de timonel y poner a un lado de los remos elementos de competencia que garanticen diversidad y elección de los usuarios y del otro lado ubicar a la calidad de los servicios públicos para la satisfacción de los intereses públicos o sociales.
CONSIDERACIONES FINALES
Se hace cada vez más imperiosa la reestructuración y la reingeniería en el sector de la administración pública y su acomodo a la nueva era de la tecnología y el conocimiento. Con esto se persigue salvar identidades y proteger el modo de satisfacción de necesidades e intereses sociales de las distintas comunidades e idiosincrasias, de modo que lo que se internacionalice de lo público a administrar sea complementario y no directivo o impositivo en cuanto a cambios de moldes culturales en beneficio solo de las grandes transnacionales dueñas de la sintonía que produce la música del llamado escenario global.
Asistimos a una puja de la globalización por englobar también a las administraciones públicas nacionales, lo que está unido al peligro de la pérdida hasta de identidades nacionales. Esto, de conjunto con una superestructura administrativa que responda a sus líneas principales de acción y a los resortes y leyes del mercado sin un componente humanista, podría provocar complejas consecuencias para el ser social y su digna realización.
Los ajustes de las administraciones públicas nacionales en defensa de sus correspondientes identidades desempeñan un papel histórico de extraordinaria importancia para el desarrollo multifacético del hombre frente a la imposición irracional de la dinámica del mercado.
