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Introducción
En las investigaciones que estudian el desarrollo social resulta cada vez más frecuente encontrar diferencias entre sociedades, justificadas por la capacidad de organización de sus recursos y por los niveles de articulación y confianza entre las instituciones y los ciudadanos para emprender proyectos futuros.
El tema del capital social (CS) se ha analizado en la literatura desde diversas perspectivas: como el valor derivado de las relaciones sociales y la capacidad de los individuos para relacionarse, y como el valor que representa los aspectos de la estructura social de la que forman parte los individuos y sus posibilidades de acceso a los recursos disponibles en la red.
Generalmente, las conceptualizaciones del CS dirigen a entender la función importante de las redes sociales1 como facilitadoras del intercambio y el acceso a los recursos y como vía para que los individuos puedan hacer posibles las acciones de otros, a partir de las normas de confianza y los lazos de cooperación (Vite-León, 2016; Medina-González, 2017).
Según Haz-Gómez (2015), la primera teorización acerca del capital social se le otorga a Bourdieu (1986). Coleman (1990) y Bourdieu (1986) lo entiende como la suma de recursos reales o potenciales que se vinculan a la posesión de una red duradera de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo, más o menos institucionalizada, que le brinda a cada uno de los miembros el respaldo del capital socialmente adquirido. Según Coleman (1990), el CS es el valor que tienen para los actores aquellos aspectos de la estructura social, como los recursos que pueden utilizar para perseguir sus intereses.
Para Coleman (1990), está más relacionado con la capacidad que poseen las personas para trabajar en grupo sobre la base de normas y valores compartidos. Para este autor, a diferencia de Bourdieu (1986), el capital social no radica en las relaciones sociales, sino en la estructura de la red en la cual los individuos se insertan.
A su vez, Putnam (2003) lo define como aquellos aspectos de la organización social, como son la confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada. Para este autor, la confianza, la reciprocidad, las redes sociales y el compromiso cívico, comprenden las dimensiones del fenómeno que logra explicar por qué ciertas comunidades alcanzan mayores niveles de desarrollo económico y democrático que otras.
El capital social, se reconoce como un recurso intangible relevante en los procesos de construcción de sociedades, desarrollo económico y democrático que, desde el reconocimiento de la diferencia, basado en valores sociales, posibilita aunar esfuerzos y capacidades ante realidades que propicien mejores escenarios en los que prevalezca el bien colectivo sobre la gestión de los bienes comunes (Cabrera-Jiménez, 2017).
Al considerar la relevancia de lo antes expuesto, con el propósito de mejorar las capacidades humanas y la transformación de los contextos de desarrollo en los que se tiene incidencia, se desarrolló la presente investigación, que tuvo como objetivo evaluar la influencia del capital social en los procesos de desarrollo local de dos municipios matanceros.
Materiales y Métodos
La investigación se realizó en los municipios Perico y Martí, de la provincia de Matanzas. Perico se encuentra en el centro de una importante red vial nacional (carretera y línea de ferrocarril central). Su superficie total es de 278,3 km2, lo que representa 2,4 % del territorio provincial. Tiene una población total de 31 148 habitantes, distribuida en 32 asentamientos, cuatro urbanos (25 696 habitantes) y 28 rurales (5 452 habitantes). Perico es la cabecera municipal y, según datos de la ONEI (2019), concentra 39 % del total de la población municipal. Su actividad económica fundamental es la agricultura, dedicada 70 % a los cultivos permanentes, y solo 13 % a los temporales.
El municipio Martí se ubica al noreste de Matanzas. Cubre 921,47 km2 de tierra firme y 105 km2 de cayos, lo que representa 8 % del área total de la provincia matancera. Se ubica en el tercer lugar en extensión entre los municipios de esta provincia, con una población de 22 617 habitantes, distribuida en 25 asentamientos, cuatro urbanos y 21 rurales. Sus principales actividades económicas se basan en el desarrollo agropecuario y forestal.
Antes de la realización del ejercicio de exploración, se desarrolló un proceso de sensibilización y organización del trabajo mediante talleres participativos con los actores involucrados en el proceso de diagnóstico. En estos encuentros se compartió y aprobó la propuesta metodológica que se emplearía con las instituciones del territorio y con el equipo de indagadores, encargados de desarrollar las actividades de diagnóstico.
Para la selección y conformación de este grupo, se consideró que fueran personas del territorio con gran compromiso social, alta profesionalidad y formación en los temas a indagar. En lo básico, lo integraron actores procedentes del gobierno local, la filial universitaria municipal, la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey (EEPFIH) y el equipo asesor. En todos los casos, el grupo se conformó con un enfoque de interdisciplinariedad, de modo que fuera fácil el acceso a la información y su interpretación posterior.
Para el trabajo, se siguieron procedimientos de la indagación apreciativa, con el ánimo de centrar la búsqueda y el uso del nuevo conocimiento en lo positivo; en aquellos elementos y factores de las comunidades (sistemas productivos, organizaciones e instituciones) que han constituido su soporte fundamental, cuando mejor funcionaron (Whitney, 2010).
El capital social constituyó uno de los ámbitos de indagación, al considerar que representa un elemento de gran importancia en el que se debe incidir desde la administración pública, pues su promoción y uso adecuado representan una oportunidad de desarrollo para el municipio. Se evaluó a partir de componentes específicos que elevan el control social y la cohesión de la ciudadanía en torno al gobierno y su cuerpo de instituciones. En este tópico, se indagó mediante una encuesta que comprendió cinco aspectos: asociatividad, confianza, participación, acceso a información e independencia económica. Las variables seleccionadas para el estudio se incluyeron en un cuestionario estructurado, con una batería de posibles respuestas que, para su evaluación, se calificaron mediante una escala del 1 al 5 (tabla 1).
Se conformaron grupos focales con 10 pobladores, de 10 de los asentamientos de mayor concentración poblacional en ambos municipios, para 100 encuestados en total. Los consejos populares escogidos se identificaron con las claves A y B y con números del 1 al 10, de modo consecutivo. Los valores obtenidos, que atendieron a la escala otorgada a cada respuesta, se promediaron para conformar una media por variables evaluadas para cada uno de los asentamientos en los que se trabajó.
Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva con el uso de histogramas de frecuencia. Las variables de estudio se correlacionaron teniendo en cuenta el coeficiente de Pearson (ρ) y un nivel de significación de 0,05. Todos los análisis antes mencionados se realizaron por medio del paquete estadístico InfoStat®, versión 1.1.
Resultados y Discusión
Este estudio indagó acerca de la necesidad de los pobladores de integrar grupos de apoyo en su zona de residencia para ejecutar sus metas personales. Los resultados demostraron que lo más frecuente entre los pobladores es que solo cuenten con sus familias para estos fines. En siete consejos populares se encontró este patrón de respuestas, mientras que en dos recurren a la familia, solo si son metas muy difíciles. Solo en uno reconocieron buscar apoyo en personas conocidas, vinculadas al tema por el que surge la demanda de integración (figura 1).
Se pudo conocer que en 80 % de los consejos populares encuestados la población solo confía en sus familiares y amigos. Solo 10 % se refirió a los compañeros de trabajo para encontrar la confianza y el apoyo cotidiano. Resultó significativo que en ningún caso los pobladores refirieron confianza en sus líderes, como un elemento de importancia para garantizar su desarrollo y el de su familia (figura 2).
En correspondencia con lo expresado por Huerta-Wong (2017), las redes encontradas corresponden en mayor cuantía a redes de lazos fuertes, en tanto se vinculan con metas expresivas, a diferencia de las redes de lazos débiles, que se relacionan con metas instrumentales, solo presentes en uno de los consejos populares estudiados.
De acuerdo con Caldarelli y Catanzaro (2014), las redes de lazos débiles se vinculan a funciones instrumentales, que son aquellas relacionadas con el alcance de fines objetivos y materiales, por ejemplo, conseguir dinero o trabajo. Las funciones expresivas, correspondientes a redes de lazos fuertes, se destinan al alcance de metas subjetivas y de cuidado del entorno (cuidar niños y enfermos).
El modelo teórico, defendido por Huerta-Wong (2017), establece que el capital social en forma de confianza y tipos de lazos, tiene efectos directos e indirectos en la acción colectiva en forma de membresía o asociacionismo, sentido de eficacia y participación. Una mayor confianza interpersonal, interinstitucional y reciprocidad lleva a los individuos a formar parte de asociaciones, con lo cual aumenta el compromiso cívico y la participación en política.
La idea básica del capital social es que las familias, los amigos y los compañeros de una persona constituyen un valor importante al que recurrir en una crisis, del que disfrutar por sí mismo y del que servirse para conseguir ventajas materiales. Además, esto, que es cierto para los individuos, vale también para los grupos. Las comunidades con recursos variados de redes sociales y asociaciones cívicas se encuentran en posición más sólida para enfrentar la pobreza y la vulnerabilidad, resolver disputas y sacar partido a oportunidades nuevas (Putman, 2003).
Al explorar en la percepción de los pobladores con respecto al nivel de participación en las decisiones que impactan en su vida en la comunidad, se conoció que en 50 % de los consejos populares en los que se trabajó, las personas piensan que, aunque son informadas y consultadas, raramente participan en la elaboración de las decisiones. En el resto de los consejos populares, el equipo de indagadores encontró que 30 % considera que son informados, pero no consultados. Mientras que el 20 % restante siente que participan en la elaboración de las decisiones que posteriormente gestiona el gobierno (figura 3).
Con respecto a la opinión sobre la función que desempeña el gobierno en relación con el acceso a la información útil para el desarrollo de la ciudadanía, se pudo conocer que en seis de los consejos populares estudiados, las personas consideran que el gobierno establece las vías para que la ciudadanía acceda de forma permanente a la información actualizada, suficiente y pertinente para la labor que realiza, mientras que un consejo popular percibe que, además, se trabaja con esquemas que permiten atender, también, los intereses y proyectos personales de los ciudadanos (figura 4).
Al indagar con respecto a los ingresos familiares, se pudo constatar que las entradas que perciben los núcleos familiares en ningún caso les permiten ahorrar. El 40 % platea que solo les alcanza para atender las necesidades básicas y realizar mejoras familiares de forma esporádica. A su vez, 30 % de los encuestados respondió que sus fuentes de ingreso alcanzan para satisfacer las necesidades básicas y, además, acometer acciones de mejoras familiares de forma sistemática (figura 5).
Al respecto, Rojas-Morán (2006) plantea que es importante dotar de nuevas capacidades y una nueva cultura organizacional a los gobiernos locales para ejercer la función de promotor que les corresponde. A su juicio, los gobiernos deberían facilitar la creación de un entorno favorable para el desarrollo de actividades económicas y la generación de empleo, con la consecuente mejora de la calidad de vida. Asimismo, deben ser generadores de actividades económicas y de trabajo decente (calidad del trabajo).
Los análisis realizados mostraron también que en los consejos populares donde existe mayor acceso a la información, los niveles de independencia económica son más altos, por lo que, presumiblemente, nivel y calidad de vida son impulsados por el acceso oportuno a la información, que facilita el establecimiento de colaboraciones más ventajosas para todas las partes, desarrolladas a nivel familiar y personal.
Al correlacionar las variables en estudio, se comprobó que entre las variables acceso a la información e independencia económica existe fuerte correlación (ρ=0,80), por lo que se asume que son fenómenos asociados. La mejora económica de las familias está vinculada, en cierto modo, al acceso a información útil para el desarrollo (tabla 2). Al respecto, autores como Aragón-Sánchez y Rubio-Baños (2005); Pardo-Enciso y Díaz-Villamizar (2014) plantean que, como regla, aquellas personas o instituciones que tengan mayor información, serán quienes tendrán mayor éxito. Por eso, se considera como un factor de cambio y transformación.
Dassen y Cruz-Vieyra (2012) definen el acceso a la información como un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias, que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas para mejorar sus condiciones de vida.
Estos autores expresan que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, así como la política y gestión públicas. Está orientado a mejorar la legitimidad de los gobiernos en el ejercicio del poder, concepto que va más allá de los procesos electorales, al procurar una mejor toma de decisiones por parte de los actores públicos y, sobre todo, una mejor vinculación con los ciudadanos y la consolidación de la confianza en las instituciones gubernamentales. Ejercer este derecho permite a los ciudadanos ser contrapartes efectivas de los administradores públicos para el mejoramiento de su gestión.
En todos los casos, los elementos estudiados se evaluaron en las clases dos, tres y cuatro, que atendiendo a la escala de evaluación establecida, califican como deficientes, aceptables y apropiados, respectivamente. En el futuro será imprescindible atender a este aspecto, si se quiere aprovechar el capital social, como recurso del desarrollo en los municipios donde se realizó el estudio.
Si se considera una perspectiva desde la que el territorio se define por procesos de desarrollo, para Cabrera-Jiménez (2017) lo importante deja de ser qué aporta cada sector económico, sino qué integración de actores públicos y privados da lugar a procesos de mejora económica y social, procesos que se dan de modo formal e informal en los diferentes niveles de gobernanza, de aprendizaje social y de innovación vinculada al desarrollo.
Desde este enfoque, según plantea Cabrera-Jiménez (2017), se propicia una perspectiva más multidimensional del desarrollo, pues los aspectos culturales y sociales son calificados como relevantes, en tanto se reconoce la utilidad de los recursos materiales, cognitivos y sociales que las personas poseen en la ejecución de acciones que aportan al desarrollo.
La manera en que los individuos perciben su capacidad para tomar decisiones y actuar en consecuencia, así como sus grados de integración y la calidad de sus relaciones con su comunidad, definen los niveles de capital social de una sociedad determinada y lo revelan como un factor decisivo para mejorar las capacidades humanas en la creación de contextos propicios para el logro del desarrollo inclusivo, sostenible y centrado en el ser humano.
Conclusiones
En los escenarios estudiados, el capital social constituye un elemento clave como recurso para el desarrollo. A su vez, sustenta las interacciones interpersonales y organizacionales, y permite comprender que dicho capital social es un producto del sistema de relaciones económicas, políticas, culturales e institucionales del territorio.
La acción colectiva, asociada a la participación, permite la materialización de estrategias de los sectores productivos como vía de gestión de soluciones ante las problemáticas cotidianas presentes en los diversos procesos de los territorios. Su comprensión e interpretación constituye un aspecto sustantivo en el accionar para la transformación de la realidad, a partir de los procesos participativos requeridos.
