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ACIMED

versión impresa ISSN 1024-9435

ACIMED v.11 n.3 Ciudad de La Habana Mayo-jun. 2003

 

Consideraciones teóricas y estado actual de la implementación de las políticas de información en América Latina

Lic. Marlery Sánchez Díaz.1 y Dr. Juan Carlos Vega Valdés2

Resumen

A partir de los estudios realizados por diferentes autores, se revisan diferentes aspectos propios de las políticas de información. Se presentan los conceptos, funciones, tareas, características y fases que comprende el establecimiento de una política de este tipo. Se ofrece una panorámica de la situación que presentan las políticas de información en diversos países iberoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, Uruguay, Venezuela.
Clasificación: Artículo original
Descriptores (DeCS): CIENCIAS DE LA INFORMACION; MANIOBRA POLITICA;AMERICA LATINA
Deescriptores (DeCI): POLITICA DE INFORMACION; AMERICA LATINA

Abstract

Different aspects characteristic of the information policies are reviewed based on studies carried out by diverse authors. The concepts, functions, tasks, features and stages involved in the implementation of this type of policy are presented. An overview is given on the current situation concerning information policy in different Latin American countries: Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Spain, Mexico, Peru, Uruguay, and Venezuela.
Classification: Original article
Subject headings (DeCS): INFORMATION SCIENCE; LOBBYING; LATIN AMERICA
Subject headings (DeCI): INFORMATION POLICY; LATIN AMERICA

La concepción de la sociedad basada en la información y el conocimiento impone progresivamente, en todos los países, el establecimiento de políticas de información, que lleven a sus gobiernos a comprometerse en acciones que van desde los diagnósticos y estudios, hasta la creación de un aparato estatal, más o menos desarrollado, que permita controlar y promover las actividades de información científica y técnica.1 Establecer, articular o simplemente hablar de políticas de información está de moda a escala mundial desde que el gobierno de Clinton-Gore en los Estados Unidos lanzase su propuesta de la National Information Infraestructure en 1993.1

Políticas de información

Son 2 los factores que motivan una nueva aproximación a este concepto:

  1. La convergencia de medios, tecnologías y servicios que, cada vez más, demandan el establecimiento de un orden político que sirva para regular esta convergencia.
  2. El "artículo de fe" ampliamente aceptado que sugiere que una política de información tiene el potencial de contribuir positivamente al bienestar económico y social.1

Política, según el Diccionario de la Real Academia Española, es la orientación o directriz que rige la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado.2 Según Montviloff, es una serie de principios y estrategias que orientan un curso de acción para alcanzar un objetivo determinado,3 considera asimismo, que el concepto de política de información se encuentra aún en una fase inicial de su desarrollo; las teorías no están plenamente aceptadas y las opiniones se prestan, con frecuencia, a controversia.3

Otros autores estiman que está constituida por aquellas directrices que rigen a un país hacia la consecución del derecho a la información por parte de todos sus ciudadanos.1

Es un plan para el desarrollo de los datos, recursos y servicios de información y su uso óptimo,4 o sea, un conjunto de principios que guían el curso regular de la acción y que consiste en:

- Una imagen del estado deseado, como una meta o conjunto de metas que deben alcanzarse.
- Medios específicos a partir de los cuales se encamina la realización de las metas.
- La asignación de las responsabilidades para la implementación de las vías.
- Un conjunto de reglas o lineamientos que regulan la implementación de las vías.5


Hay un conjunto de reglas formales e informales que directamente, mediante la restricción o el impulso o de otra manera, forman flujos de información.6 Son estas las directrices que orientan la gestión en el campo de la información, esto es: la colección, organización y suministro de la información, en su más amplio contexto y en su variedad de relaciones multisectoriales, dentro de la perspectiva de su desarrollo futuro.7 Ellas proporcionan orientaciones para la concepción de una estrategia y de programas destinados al desarrollo y uso de recursos, servicios y sistemas de información.3

Se pudieran plantear otras definiciones -existen múltiples-, porque cada autor enfoca el concepto de una manera diferente, según desee destacar uno u otro aspecto del tema; pero si se analizan, pudiera decirse que:

  • En su encabezamiento, aparecen las palabras: directrices, plan, principios, reglas, orientaciones, relacionadas con la información.
  • Se nota el empleo, de manera indistinta, de los términos en singular y plural.
  • Difieren los temas que conforman el concepto: algunos hacen énfasis sobre el desarrollo de las infraestructuras física y humana, otros dan mayor atención a lo político, otros prefieren subrayar los aspectos económicos4 (desarrollo, derecho, flujos, gestión, etc.).

Es importante subrayar que la existencia de infraestructuras de información, no implica necesariamente la existencia de políticas de información. Asímismo, la existencia de una asociación profesional no garantiza tampoco la adopción de una política nacional de información a nivel de gobierno.

Las políticas

-Se diseñan para encontrar las necesidades y regular las actividades de los individuos, la industria y el comercio, de todos los tipos de instituciones y organizaciones y de gobiernos nacionales, locales o supranacionales. Deben regular la capacidad y la libertad de adquirir, poseer, guardar, usar y transmitir.8 la propia información.
-Deben interactuar estrechamente, no sólo con las dirigidas hacia archivos y bibliotecas, sino también con políticas de campos convergentes como la informática y las telecomunicaciones.1
-Suelen responder a estímulos concretos en un período de tiempo y por consiguiente deben ser flexibles. Tradicionalmente han sido la respuesta gubernamental directa a la emergencia y desarrollo de una tecnología específica, ejemplo la imprenta, el teléfono, la radio y ahora Internet.1
-Su finalidad es el acceso y la utilización óptima de los conocimientos especializados y profesionales, la información científico-técnica, social y económica y las técnicas desarrolladas o disponibles en el país y en otras partes del mundo como recurso destinado a resolver problemas para el desarrollo de todos los sectores de la sociedad.3
-Para trazar una política se hace necesario un análisis detallado de las necesidades individuales y globales en forma tal que se tengan en cuenta los requerimientos y expectativas de aquellos que estarán regidos por tales políticas.9
-Deberán abarcar todos los sectores de la sociedad y la economía, que de una forma u otra estén vinculados a la investigación, innovación, producción, tecnología, docencia, comercialización, etcétera.3

Objetivos de una política nacional de información, según diferentes autores

Montviloff

a) Suministrar datos de información pertinentes, fiables y puntuales a un costo razonable para todos los que contribuyen por conceptos diversos al logro de los objetivos nacionales de desarrollo.
b) Preparar y ejecutar un plan de acción para el establecimiento y funcionamiento de un sistema nacional de información basado en infraestructuras existentes, la coordinación de los diversos sistemas y servicios, la identificación y corrección de deficiencias, los procedimientos para subsanar omisiones y la interacción productiva con sistemas y programas regionales e internacionales de información.
c) Apoyar a los componentes del sistema nacional de información, arbitrando medios públicos y otros tipos de financiación y colaboración.
d) Establecer los procedimientos para garantizar la coherencia y el crecimiento sostenido de los sistemas nacionales de información.
e) Apoyar el estudio de las teorías relacionadas con la información, así como las prácticas, educación y capacitación para la producción, transferencia y uso de la información.3

En el trabajo titulado "Políticas y planes de información a nivel nacional e internacional" el autor considera los siguientes objetivos:

a) Asegurar la utilización óptima de los conocimientos acumulados en la ciencia, la tecnología, la economía y las ciencias sociales a fin de alcanzar los objetivos nacionales de progreso social.
b) Asegurar la disponibilidad de información adecuada para las decisiones, la administración y las opciones de políticas.
c) Atraer la atención de los organismos públicos y privados hacia los problemas relativos con el acceso a la información y su utilización.
d) Asegurar servicios de información que respondan a las necesidades actuales, capaces de desarrollarse para satisfacer las necesidades futuras de quienes generan, procesan, difunden y utilizan la información.
e) Promover la cooperación nacional e internacional para el intercambio de informaciones y conocimientos técnicos.10

Zaldívar

  • Proporcionar una base legal para desarrollar las actividades de información dentro del país, se complementa con un plan de acción.
  • Crear un marco global en el que se asignen responsabilidades a las instituciones nacionales.
  • Establecer una base nacional para el desarrollo de la cooperación regional e internacional.
  • Obtener apoyo financiero del gobierno para desarrollar las actividades de información.11

Bárbara Susana y Elena Graña consideran que uno de los objetivos fundamentales de la política nacional de información es la optimización de los recursos financieros, materiales y humanos para obtener la máxima racionalidad y efectividad económica en su empleo, que sólo es posible materializar mediante la cooperación entre los miembros cubanos del sector de la información.12 Por su parte, Zaldívar considera que "aunque los objetivos precisos de las políticas nacionales de información pueden variar de un lugar a otro, la meta final sigue siendo más o menos igual en todos los países: dotarse de recursos, servicios y sistemas de información que sean confiables, de fácil acceso y uso, y además, que sirvan para el desarrollo nacional.11

A partir de los autores consultados, puede decirse que una política nacional de información se propone identificar las necesidades de este recurso en un país y satisfacerlas en la forma más amplia, rápida y económica posible.

Dentro de las funciones de una política de información se identifican:

  • Análisis de la situación existente.
  • Definición de objetivos.
  • Determinación de los criterios de actuación con respecto a los actores que las implementarán y a la centralización o descentralización de las políticas y la cooperación.
  • Formación de profesionales.
  • Promoción del uso de la información.
  • Seguimiento de las políticas.1

Según Zaldívar, la política nacional de información deberá contemplar entre otras una serie de tareas:

  1. Fomentar un alto nivel de conciencia en cuanto a la utilidad y el valor de la información en los sectores gubernamental, público e industrial.
  2. Fortalecer el papel que desempeñan las organizaciones profesionales como aglutinadoras de los profesionales y técnicos dedicados al sector de la información y como promotoras del desarrollo profesional.
  3. Incrementar la preparación y superación profesional de los recursos humanos, asociados al desarrollo de una infraestructura de información, fundamentalmente, en lo concerniente a la preparación de profesionales capaces de ejecutar la gestión de información en los organismos y organizaciones, para crear recursos informacionales de mayor nivel que lo acostumbrado.
  4. Mejorar la calidad y cantidad de los servicios de información.
  5. Reorientar al sector de la información especializada hacia el apoyo.
  6. Crear o fortalecer redes de información que funcionen sobre bases cooperativas y dispongan de los medios tecnológicos necesarios para lograr una efectiva prestación de servicios.
  7. Fomentar la política de integración de las redes de información que pertenecen al propio ámbito geográfico.
  8. Crear las bases para desarrollar una industria de la información que responda a los intereses del desarrollo.
  9. Aplicar programas de educación de usuarios.11

Las fases fundamentales de la implementación de una política de información son:

  • Emprender un curso de acción. Fase incoactiva (promulgación de un documento que recoja las directrices, objetivos y planteamientos de la política en cuestión).
  • Legitimar o institucionalizar el curso de acción emprendido (proyectos o acciones concretas que pondrán en práctica el planteamiento político en materia de información).1

Metodología y fases,3 propuestas por Montviloff

Fase 1. Formulación de la política nacional de información.
a. Evaluación del entorno nacional de la información.
b. Preparación de documentos preliminares para la consulta nacional.
c. Realización de una consulta nacional para la formulación de la política.

Fase 2. Propuesta de política.
a. Versión final de la propuesta.
b. Presentación de la propuesta.
c. Integración de la política de información en la política nacional de desarrollo.

Fase 3. Ejecución de una política nacional de información.
a. Mecanismo de coordinación.
b. Plan de acción.
c. Aspectos financieros.
d. Funcionamiento y evaluación de la política nacional de información.

Por su parte la política nacional de información:

  • Orienta hacia el logro de un mejor acceso a las fuentes de información y extrae de estas la mayor ganancia de información que posean.
  • Rige el establecimiento y mejora de los propios sistemas de información y el acceso a esta, así como el flujo internacional de datos.
  • Permite un mayor uso de la información en función de tomas de decisiones operativas y estratégicas en empresas y organizaciones donde prima la competitividad de los bienes y servicios elaborados por ella.12

Gray considera que en la formulación de una política nacional se deben incluir aspectos de índole muy diversa, no sólo los que conciernen a los servicios, como son el desarrollo de recursos humanos. (educación, adiestramiento, remuneración adecuada, perspectivas de desarrollo), la educación de usuarios y la introducción de las nuevas tecnologías de información.13

Estela Morales expone que las políticas que establezcamos en información se hallarán en estrecho vínculo con las políticas generales de un país, con las políticas públicas sobre educación y cultura y con las realidades históricas y sociales de la propia nación y de la región latinoamericana. Los ejemplos de políticas de información con que contamos en América Latina no necesariamente son de tipo exhaustivo, ya que es posible ver esfuerzos parciales interrelacionados con las actividades y los productos que permiten a los habitantes de un país usar y leer información. Así, tenemos leyes, acuerdos o iniciativas de estado correspondientes a la política que determinado país va estableciendo en el ámbito público y cultural o en el de la información y la lectura; podemos encontrar regulaciones que permiten inferir políticas sobre las bibliotecas, el libro, el derecho de autor, los recursos y sistemas informáticos. Las políticas de información en América Latina han sido influidas por las guías de organismos internacionales como la UNESCO, la OEA, la IFLA. Varios países de América Latina han intentado crear sus propias políticas de información. A veces las podemos ver organizadas de forma integral y otras como esfuerzos individuales sobre temáticas que en cierto momento se han considerado relevantes.14

Aleida Olivé plantea, como debilidades que hasta el momento han confrontado muchos de los países de América Latina y el Caribe en la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de su política nacional de información las siguientes:

  • Limitaciones de índole conceptual relacionadas con la información.
  • Falta de claridad en cuanto a qué debe entenderse por política y cómo introducir de manera efectiva una decisión de esta índole en la agenda gubernamental.
  • Carencia de un enfoque de esta problemática.
  • Dificultades en el desarrollo de acciones nacionales efectivas relacionadas con la definición e implementación de estas políticas.
  • Insuficiente estructuración y proyección del sector de la información.
  • Débil iniciativa de los gobiernos.
  • Bajo perfil de la fuerza profesional vinculada al sector de la información.15

Esfuerzos desarrollados por los países de Iberoamérica con relación al establecimiento de políticas de información

Argentina

El Centro Argentino de Información Científica y Tecnología ha elaborado recientemente una propuesta para el establecimiento de un sistema nacional de información.16

En 1995, profesionales destacados, sintieron la necesidad de impulsar un nuevo intento para que Argentina contara con un sistema de información de cobertura nacional que aplicara las políticas del ramo, previamente definidas y útiles para el desarrollo del país. Para esto, se trabajó en 3 mesas redondas que concluyeron en un anteproyecto de ley sobre la creación del Sistema Federal de Servicios de Bibliotecas e Información de Argentina. En abril de ese año, se celebró la primera mesa redonda en la que los especialistas en información analizaron el documento titulado Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas e Información. Su versión final dispone de un capítulo primero, dedicado a la política nacional sobre servicios de bibliotecas e información. También por esas fechas, estaba en el congreso, la Ley de Fomento del Libro y la Lectura. Hasta el momento ninguna de esas 2 leyes ha salido del congreso. Los esfuerzos reseñados son de carácter nacional; en el nivel provincial, existen 2 ejemplos de políticas de información y de sistemas locales que funcionan.14

Bolivia

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es un organismo nacional de coordinación. Su sistema de fondos para el desarrollo comprende 3 áreas: bibliotecas, centros de documentación e información; archivos y área numérica.16

Brasil

Su política nacional se encuentra orientada hacia la información tecnológica. Las instituciones creadas y la formulación de proyectos se hizo con el propósito de mejorar la infraestructura informacional desde el punto de vista tecnológico. El Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT) es el encargado de coordinar el sector de la información en el país, aunque no dispone de una posición jerárquica ni un marco legal adecuado. Su "Programa de Apoyo al Desarrollo" se encuentra en una segunda fase para el desarrollo de un sistema nacional de información. La primera fase se basó en el fortalecimiento de los sistemas de información particulares.16

Chile

También se ha preocupado por proteger el derecho de autor y participar en las convenciones sobre el tema. Chile se preocupa por una política del libro y sus similares registros de información, que, con la suma de esfuerzos y acciones, le permita crear una política más amplia. Existen normas legales que protegen los programas de computación. También, a partir de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONYCyT) se promueve y apoya el uso de información.14 Existen normas legales que protegen los programas de computación.13

Colombia

Este país tiene una gran tradición en el trabajo cooperativo relacionado con la información, la lectura y las bibliotecas. Gracias a ello y a una creciente industria editorial, en la actualidad cuenta con eficaces políticas nacionales de información. En la década de los setenta, Colombia había sentado las bases de su sistema nacional de información. Para apoyarlo, la reforma administrativa fundó diferentes establecimientos; todos ellos conformaron la base institucional de cobertura nacional que impulsó diferentes políticas relacionadas con la información. En 1973, mediante ley, se depositó el Proyecto del Sistema Nacional de Información en COLCIENCIAS y en 1974, la UNESCO designó a Colombia como punto focal del UNISIST (Sistema de Información en Ciencia y Tecnología). Se empezó entonces a delinear el objetivo de dicho sistema. En 1988, COLCIENCIAS determinó los lineamientos básicos de la política nacional de información.14

Colombia es un país con fuerte tradición bibliotecaria, un cuerpo profesional bien preparado y donde existe un cuerpo normativo. COLCIENCIAS es el órgano de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Las principales dificultades para su desarrollo están en la carencia de una conciencia sobre el valor de la información, las limitaciones de la infraestructura, la necesidad de recursos, así como la falta de capacitación en el uso y manejo de la información. Sus fortalezas son un sistema educativo capacitado, una buena industria editorial, la existencia de hábitos de lectura y la capacitación en informática.17

La Ley 29 de 1990 incorporó, en su artículo segundo, la responsabilidad del estado en la organización de un sistema nacional de información científica y tecnológica. Durante 1991, se sustituyeron los principales funcionarios de COLCIENCIAS, incluido el responsable del área de la información. Esto produjo como resultado un replanteamiento de todo el sistema político y, por tanto, de los aspectos relacionados con la información a la luz de las nuevas condiciones. En 1991, se promulgó una nueva constitución en la que se incluyó el derecho a la información y se incorporaron elementos relativos a su acceso.18 Además de COLCIENCIAS, existen diversas organizaciones relevantes en el sector de la información, entre ellas: el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y el Archivo General de la Nación.18

La nueva Ley de Política Cultural de 1991 prevé mecanismos para promover el suministro de información.18 El Plan Nacional de Cultura del período 1992-1994 señaló, como acción prioritaria, la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Información en el área.14 Entre los objetivos específicos de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología (1994-1998), incluyó de forma explícita, el componente información, donde se señaló la necesidad de promover y fomentar, tanto el desarrollo como la consolidación del Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica.16

La política nacional de información se encuentra enmarcada dentro de los planes de desarrollo económico, social, cultural, científico y tecnológico.16 La carencia de una política nacional de información generó que diferentes entidades del estado desarrollaran programas nacionales de información, sin coordinación entre ellos.16

Costa Rica

Es el país de América Central que ha trabajado de manera más sistemática en el campo de la información, ha avanzado con pasos seguros hacia la aplicación de políticas de información en apoyo a las acciones públicas vinculadas con la educación y el desarrollo. Desde 1974, se fundó por decreto ley el Sistema Nacional de Información, sin embargo, este se ha consolidado a partir de esfuerzos sectoriales en los que se destacan los del área de ciencia y tecnología. La política nacional en informática se recoge en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Costa Rica también se ha preocupado por la propiedad industrial y se ha sumado a la Convención Universal sobre Derechos de Autor, asimismo, su política nacional, se ha manisfestado para incluir la telemática educativa, además ha tomado medidas en el campo de las bibliotecas.14 De igual forma dedica recursos a la educación y a los recursos de información. El CONICyT lleva adelante la Ley de promoción del Desarrollo Científico-Tecnológico con el objetivo de fomentar, entre otras, las actividades de documentación e información en ciencia y tecnología en actividades estratégicas definidas. En 1992, se habían integrado 7 subsistemas de información con centros coordinadores en cada sector. Sus dificultades esenciales estriban en la formación de los recursos humanos, la normalización de los procedimientos, el poco conocimiento de los usuarios, la escasa industria editorial, el establecimiento de políticas coordinadas de adquisición, el cobro de los servicios, etcétera. Sus oportunidades se concentran en la demanda creciente de información, la infraestructura de comunicaciones, las bases de datos automatizadas y la información existente.17

Desde 1972, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICyT) es el órgano que cumple funciones de coordinación para estos asuntos. Existen otros organismos relevantes relacionados como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional de Rectores, La Empresa Radiográfica Costarricense y la Comisión de Política Informática.18
En el período 1981-82, se crearon varios centros de información mediante decretos específicos.18 La política nacional en informática se recoge en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología.13 Se desarrollan una serie de actividades de apoyo a los servicios de información científica y tecnológica.18

Entre los lineamientos establecidos, cada centro coordinador sectorial, debe disponer de un profesional de la especialidad, un bibliotecario y un analista de sistema.18

Entre otros proyectos relevantes, se encuentra la creación del Centro Nacional de Referencia en Ciencia y Tecnología. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología incorporan lineamientos establecidos en el Seminario de Políticas de Información.18

Cuba

Si bien resulta complejo concertar un conjunto de bases para establecer una política nacional de información en el sentido que obliga el desarrollo, también es muy evidente que se dispone de una rica realidad cambiante que conduce al replanteamiento de nuevas posiciones, tanto alrededor de la acumulación, procesamiento, almacenamiento y difusión de la información como de la producción de conocimientos. La experiencia muestra un trabajo riguroso en relación con la política nacional de información, que data de los primeros años de la década del 60. La creación en febrero de 1962, de la Academia de Ciencias de Cuba, marcó un momento importante para el desarrollo de la actividad de investigación en el país y por ende para todo lo relativo a la generación y difusión de la información por diferentes vías. Actualmente en el Sistema Nacional de Información del IDICT participan especialistas de diferentes subsistemas de información del país, que debaten y presentan propuestas en torno a las posibles áreas a legislar. Hasta ahora se han desarrollado 2 seminarios nacionales en relación con la formulación de la política de información. Sólo las unidades de información han reconocido la necesidad de definir una política nacional de información, aunque como plantea Zaldívar, el análisis del concepto la identifica como conocimientos útiles a cualquier tipo de usuario para propósitos industriales, económicos, científicos, tecnológicos, culturales, jurídicos, pedagógicos u otro, desde el momento en que se comunican a fin de que se utilicen por los posibles receptores. En lo adelante, se deberá atender al desarrollo de política de información en consonancia con la gerencia de los sistemas de información en diferentes organizaciones, lo que según parece implica atender el fenómeno de la información en 2 sentidos: el enfoque empresarial en las organizaciones de información y el enfoque de la información como recurso en cualquier otra organización. Uno de los objetivos fundamentales de la política nacional de información es la optimización de los recursos financieros, materiales y humanos con el fin de obtener una máxima racionalidad y efectividad económica en su empleo, hecho que puede sólo materializarse mediante la cooperación entre los miembros cubanos del sector de la información. La política nacional de información del país deberá abarcar todos los sectores de la sociedad y la economía, que de una forma u otra se vinculen con la investigación, innovación, producción, tecnología, docencia, comercialización, etcétera. Entre los aspectos a considerar están la información como un recurso estratégico en el desarrollo de las organizaciones a nivel nacional, el lugar y la función del profesional de la información, así como el tratamiento de la información en las organizaciones en consonancia con la gerencia de sistemas de información y desarrollo de una infraestructura tecnológica en las organizaciones.12

Las bases para una política nacional de información están sentadas porque ante todo se trabaja por un desarrollo del país y existe la voluntad de usar al máximo la información disponible. Un año después de la creación de la Academia de Ciencias de Cuba; en abril de 1963 se creó mediante la Ley 1107 el Instituto de Documentación e Información Científica y Técnica, con el objetivo de establecer las bases para la organización de un sistema de información científica y técnica, así como para dictar orientaciones metodológicas en relación con la recopilación, elaboración, registro y divulgación de la información, la organización de los centros de información y de los fondos de información en los diferentes organismos, así como para atender los aspectos relativos a la adquisición de información y difusión en el país. A partir de ese momento, en los diferentes sectores del país, se comenzó a fortalecer esta actividad, surgida a partir de las propias bibliotecas de los ministerios, centros de información con el objetivo de atender las necesidades de información de los diferentes usuarios. A principios de la década del 70 se inició la formación de los especialistas de información científico-técnica por parte de la Universidad de La Habana, con el propósito de responder a la demanda de nuevos profesionales del país. En 1976, se dictó la Resolución 2/76 del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, sobre la base de las recomendaciones de la Primera Reunión Nacional de Información Científico-Técnica, celebrada en La Habana en noviembre de 1975, donde se analizó la situación de la actividad científico-informativa en el país y se propusieron un conjunto de recomendaciones para el mejoramiento de dicha actividad. Prácticamente esa reunión constituyó uno de estos seminarios que promueve actualmente la UNESCO para analizar las políticas nacionales de información. Puede decirse que la década entre 1976 y 1985, se caracterizó por un proceso organizativo profundo que condujo a la creación de centros territoriales de información científica y técnica, a la consolidación jurídica y organizativa de los centros ramales o sectoriales existentes, así como sus subsistemas, a la creación de mecanismos de dirección dentro del sistema nacional, al fortalecimiento de la colaboración con sistemas internacionales, a la integración a estos sistemas, y a la creación de fuertes relaciones de cooperación entre los diferentes sectores mediante los comités de coordinación del sistema nacional para las diferentes esferas. En esta etapa, se creó la Sociedad Cubana de Información Científica y Técnica como un apoyo importante al desarrollo profesional. A partir de 1986, se gestaron otras vías para el desarrollo de la actividad en el país, se creó el Centro de Intercambio Automatizado de Información (CENIAI), que regula todo lo relativo a la explotación de bases de datos en línea y, en 1988, se fundó la Biblioteca Nacional de Ciencia y Técnica (BNCT), como institución que soporta el suministro de documentos originales en el país y ofrece una atención diferenciada a determinadas prioridades. Las soluciones no se limitan a la asignación de recursos. El sistema de información es un elemento indisolublemente vinculado al sector que sirve, por lo que el desarrollo de las políticas guardan estrecha relación con la infraestructura nacional.4

Ecuador

El CONACyT es el órgano responsable en materia de ciencia y tecnología,18 pero también existen otras instituciones relevantes como el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) que coordinan la Red de Información Universitaria. Las actividades de información se incorporaron, de forma general, al Plan de Desarrollo del Ecuador. Está en desarrollo el Centro Nacional de Información Referencial (CENARE).18

Es necesario reconocer la importancia del sector de la información, concertar prioridades, preservar y conservar el patrimonio documental histórico, desarrollar el marco legal, normalizar, fortalecer la infraestructura, los recursos humanos, así como los equipos de cómputo y telecomunicaciones.18

España

El desarrollo de una política de información en España sólo puede entenderse desde una perspectiva histórica, mediante el análisis de las diferentes etapas que han conducido a la situación actual; desde los primeros balbuceos teóricos, propensos a la implantación de esta política, pasó a su adscripción de hecho a la política científica española, la adaptación a las políticas de información y de telecomunicaciones de la Unión Europea a partir de 1995, la generación de normas e iniciativas que permitieran responder al tremendo reto planteado por la evolución de las tecnologías de comunicación y por último, el intento de establecer políticas de conjunto para responder al reto de la globalización, también en consonancia con el rumbo seguido por la Unión Europea. En cualquier período, la política española de información es deudora de las políticas establecidas por otras instituciones de su entorno y muy en particular, por la Unión Europea por lo que su evolución se ha visto fielmente marcada por estas políticas externas. La política de información española tiene sus raíces en la preocupante situación que se produjo a comienzos de la década de los 80. El sector de la información en España estaba considerablemente atrasado. En 1982, el gobierno español incluyó en su organigrama la primera Subdirección General de Documentación e Información Científica. Se concibe entonces la política de información como un elemento más de la política científica española. En 1983, se acometió un Plan Nacional sobre Información y Documentación que pretendió establecer una política de información coordinada por la administración española, sin embargo, no surgió del plan una política de información nacional, ni tan siquiera se configuró un plan nacional de información con dotación presupuestaria. A pesar de ello, el Plan IDOC constituye un hito relevante en la política de información española. El primer atisbo de coordinación de la política científica española y, por tanto, también de la política de información de modo global fue la Ley de la Ciencia, que establecía además un Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. De esta ley, surgieron diversos organismos encargados de su aplicación, entre ellos la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICyT). La Ley de la Ciencia y el Plan Nacional de I+D lograron un mayor seguimiento y presencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad española y, de modo indirecto, un desarrollo de aspectos relacionados con la información. Su actividad continuará con intereses y objetivos similares en el II Plan Nacional. La coyuntura social y económica motivó en 1993, la publicación del Libro Blanco de Delors, que inició una auténtica política de información europea. En este marco institucional, España plenamente integrada a la Unión Europea, comenzó desde 1995, a participar en la política europea y, por tanto, a implementar sus directrices en la respectiva política española. Ello no significa que se obvie la necesidad de una política de información propia. En el propio hipersector de la información se vislumbraron cambios con incidencia directa en el planteamiento político de la información en España. Todas las circunstancias confluyeron en una política de información española orientada fundamentalmente hacia las tecnologías de información. En 1998, se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones. En el campo de los contenidos, la difusión de la información generada por la investigación, financiada con fondos públicos, junto con la organización de las bibliotecas, archivos y otros centros de documentación fueron, durante los años 90, los principales ámbitos de las políticas de información en España. La información científica española se deriva de la actividad que generó el III Plan Nacional de I+D (1996-1999); la política de información en este campo se desarrolló fundamentalmente a partir de la implementación del Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Asimismo, la propia administración estatal española tomó conciencia, a partir de 1996, de la necesidad de aprovechar las telecomunicaciones para difundir la información generada por las instituciones a los ciudadanos, así como el fomento en el uso de las telecomunicaciones por parte de empresas e individuos. La Secretaría General de Comunicaciones impulsó en el quinquenio 1996-2000 una serie de proyectos para este fin. Todas estas actividades continuaron sin la coordinación de una política común. Sólo en los últimos años, la administración española ha constatado la necesidad de esa coordinación de esfuerzos entre las diversas instituciones. Inicialmente esta coordinación se centró en los 2 principales ámbitos generadores de contenidos: la información científica y la información administrativa. No obstante el primer hito en la definición de una política global de información es la reciente creación, en julio de 1999, de la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información. Fruto de la actividad de esta comisión surgió el Plan InfoXXI: la Sociedad de la Inform@ción para todos. Sólo muy recientemente puede hablarse de la tendencia en el desarrollo de una política de información propiamente dicha. El sistema español de información es producto de la coexistencia de diversas circunstancias, especialmente, el desarrollo de una política científica y otra de telecomunicaciones. España no se ha adaptado a esta nueva sociedad de la información con la misma velocidad que el resto de los países europeos.1

México

A través de su historia contemporánea, brinda diferentes ejemplos de su afán para suscitar los esfuerzos necesarios con el fin de consolidar una política cultural que ha incluido el libro y las bibliotecas y a estos 2 factores como medio para hacer llegar la cultura universal al pueblo, sin embargo, estas políticas casi siempre han estado sujetas a figuras protagónicas de la vida política y cultural del país y pocas veces se traducen en acciones que sobreviven al personaje, su ámbito de poder y sus posibilidades de decisión, algunas veces ello ocurre por falta de un marco jurídico y otras por la escasa continuidad de las acciones, la planeación integral del proceso educativo y la poca relación de los proyectos culturales con los planes de desarrollo del sector gubernamental. Aspectos relacionados con el derecho a la información, La Ley General de Bibliotecas, La Ley Federal de Derecho de Autor, La Ley del Libro y el Programa de Desarrollo Informático son algunos de sus componentes.14
El CONACyT desde 1990 promueve las actividades de información en el sector de la ciencia y la técnica. El INEGI recolecta y disemina información estadística y geográfica, define también la política informática en el sector público. Tiene un fuerte desarrollo en el área de la automatización y en el acceso a bancos de datos. Ha generado innumerables CD-ROM(s).17
México fue uno de los primeros países en incursionar en la automatización de los servicios de información y en el acceso a bancos de información con servicios como SECOBI, inaugurado en 1976.18En los últimos años, se ha producido una creciente participación del sector privado, aunque las organizaciones gubernamentales exhiben aún su función protagónica en materia de información; ha resultado relevante el quehacer del Archivo General de la Nación.18 También algunos proyectos de carácter sectorial experimentaron un desarrollo considerable como sucede con el sistema de información del sector de salud.18

Perú

Entre los intentos para diseñar una política oficial en el área de la información pueden mencionarse los realizados en 1981 en que la Asociación Peruana de Bibliotecarios y la UNESCO organizaron un congreso nacional de bibliotecología e información cuyo tema medular fue la carencia de políticas nacionales de información, la necesidad de un sistema nacional de información para el desarrollo, y por tanto, la definición de políticas públicas en ese campo. En dicho congreso, se presentó un anteproyecto de ley para la organización y la distribución de funciones en el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo. Después de este proyecto y otros intentos realizados en octubre de 1983, se logró parcialmente un principio nacional de políticas de información, que una vez establecido normó el sistema nacional de bibliotecas.14
El Centro Nacional de Documentación e Información Científica y Tecnológica (CENDICyT) tiene como misión lograr que fluya la información científica y tecnológica.16

Uruguay

En 1986 el MEC manifiestó contar con un sistema nacional de información. Se constituyó una comisión para el estudio del proyecto titulado "Sistema Nacional de Información". En 1988, la comisión publicó pautas de organización según características nacionales, opciones económicas, sociales, culturales junto a las necesidades de desarrollo. Surgió un sistema nacional de información de uso público. En 1989, el MEC aprobó el informe de la comisión. En ese mismo año, el poder ejecutivo decretó la creación del Consejo del Sistema Nacional de Información y creó instrumentos de apoyo para la elaboración de políticas, la planificación y la coordinación a escala nacional.17

Los aspectos de información científica y tecnológica ocupan un lugar destacado, tanto por la existencia del CONICyT como por otros factores.18 En 1989 se desarrolló un seminario en torno a una política nacional de información.16 Se han hecho diferentes esfuerzos para crear un proyecto de ley que defina las funciones y competencias en materia de información.18 Funciona una Comisión Nacional del Mercado Común del Conocimiento.18


Venezuela

El CONICyT, formuló, en 1976, el primer plan nacional para el establecimiento de las políticas científico-tecnológicas. Una serie de decretos gubernamentales y documentos analíticos dan cuerpo a estas políticas. Sus lineamientos básicos se orientaron a crear los organismos de coordinación que dirigirían las estrategias básicas para el desarrollo de un sistema nacional de información como elemento fundamental de la investigación, el desarrollo económico, la transferencia de tecnología, la educación y la toma de decisiones. Entre las prioridades del III Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (1989-1994), se encuentran las referentes a la información. En consonancia con los lineamientos generales de información, el CONICyT promovió una serie de acciones específicas dirigidas a las bibliotecas, hemerotecas, centros de información y documentación. El valor político y económico de la información o la importancia del papel de la información en el proceso del desarrollo científico, tecnológico, económico y social de un país, son frases que se repiten cada vez más con mayor frecuencia en la literatura especializada en bibliotecología y ciencias de la información, en actividades ligadas a estas áreas o en los discursos oficiales sobre políticas científicas y de información. Los países desarrollados desde hace algún tiempo, concientizaron, como uno de los objetivos centrales de sus preocupaciones, el tratamiento de la información, institucionalizaron sus políticas y organizaron sus sistemas. En relación con Venezuela se nota, en la última década, una mayor preocupación sobre el asunto, pero en términos concretos muchas cosas se han quedado inconclusas en la fase de planes y proyectos.19

Este organismo fue el primero en seguir los lineamientos de la UNESCO para el desarrollo de sistemas de información.16 En 1974, con la creación de una Comisión Nacional de Información se logró concretar las bases jurídicas para la implementación del Sistema Nacional de Servicios de información. Esta comisión inició de inmediato estudios situacionales, un diagnóstico y realizó una propuesta de un Sistema Nacional de Información.16

En 1987 el gobierno de Venezuela, con el apoyo de la UNESCO, realizó en Caracas el Seminario sobre Política Nacional de Información, donde se trató de definir políticas que vincularan la información con el desarrollo nacional.14 Venezuela es uno de los países que cuenta con mayor cantidad de legislación publicada en materia de información.18

Otra de las organizaciones destacadas en el país, en el campo de la información, es el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional (IABN). La Oficina Central de Informática (OCEI) es la responsable de la política de informática. Está por discutirse una nueva ley para el depósito legal. Existe un programa para promover el acceso a la información.18

Con todo lo tratado hasta el momento, puede decirse que el concepto de política nacional de información se entiende de modo distinto en los diferentes países. Para algunos es una sola política nacional; para otros, un grupo de políticas relacionadas directamente con las actividades de información y también con las de telecomunicación, informática, bibliotecas y archivos; y otros la consideran una política sectorial.11

Como puede observarse cada país tiene un órgano que cumple funciones de coordinación, pero ellos tienen limitaciones para intervenir de manera efectiva en la formulación de las políticas de información porque, en muchos casos, no se ha logrado la implantación formal de las políticas de información. Existe un órgano responsable de la política informática, que responde a las exigencias actuales.

Muchos de ellos disponen de estructuras, sistemas, redes, servicios y productos; no en todos, aparece el tema del derecho de autor, patentes y normas.

En muchos de los países está presente la falta de continuidad, la interrupción de los proyectos, la inacción como consecuencia del cambio de funcionarios, etcétera. La mayoría de los países carece de políticas nacionales que capten el desarrollo del espacio tecnológico e informacional con los objetivos macrosociales de desarrollo.

En muchos de estos países existen leyes, políticas y variados instrumentos jurídicos relativos a la entrega de la información; pero la interrelación que existe entre la comunicación de información, la tecnología, la economía, la administración, la privacidad, la confidencialidad y el derecho a su acceso, indican la necesidad de un enfoque comprensivo general del problema.7

Páez Urdaneta plantea que la falta de éxito en la definición e implementación de políticas nacionales de información en los países del tercer mundo se debe al desinterés gubernamental por este tipo de política, por la falta de una comunicación productiva entre los gobiernos y los profesionales de la información, la concepción estándar sobre la teoría y la praxis de una política nacional de información y la debilidad política de los profesionales del sector para provocar una acción pública o gubernamental en ese rubro.20

Si estos países lograsen la formulación y aplicación de una política nacional de información, dispondrían de un instrumento (estrategias y líneas de acción) para desarrollar la infraestructura de la información y poner esta al servicio del desarrollo nacional.15

Cuba puede verse como una excepción en este entorno, porque posee ventajas que permiten incorporar, adaptar y aprovechar los cambios que implica el desarrollo de la sociedad de la información a favor del desarrollo nacional, a pesar de las difíciles condiciones en que se desarrolla su economía.

Antes de concluir la presentación de este trabajo, es oportuno señalar algunos aspectos de interés general.

Con relación al lugar del profesional de la información en las políticas nacionales de información, Bearman considera que los profesionales de la información se convocarán a tomar las riendas en estas áreas para desarrollar sus políticas. Sin duda, esto los obliga a estar al día en estos aspectos, familiarizarse con ellos y analizarlos desde diferentes puntos de vista. Asimismo, deberán transmitir sus posiciones a aquellos encargados de elaborar las políticas, debido a que su participación es determinante para que las políticas que se elaboren sean realistas.9

Asimismo, Páez Urdaneta expone que sólo en la medida en que la educación de los profesionales de la información logre formar agentes sociales para el cambio, podrá generarse la base gremial necesaria para constituir y direccionar la presión política que se requiere en función de una política nacional de información ejecutiva.20

Con relación a los países subdesarrollados, Modesto Zaldívar expone que realmente constituye un reto para los países en vías de desarrollo, formular políticas nacionales de información donde prevalezca el enfoque de integración nacional, regional o internacional. Las realidades impuestas a los países menos desarrollados por los países ricos siempre deben estar presentes para tomar una decisión sobre la formulación de una política nacional de información.11

Mercedes Caridad plantea que las sociedades desarrolladas y ricas en información tienen acceso a una tecnología avanzada, mientras que las sociedades en vías de desarrollo dependen de aquellas para su desarrollo industrial y/o cultural. Por ello imitan sus estructuras y recogen sus planteamientos en materia de políticas de información. Este problema tendrá solución si por un lado los gobiernos establecen políticas definitivas para el desarrollo de sistemas nacionales de información que asistan a la investigación científica y técnica y por otro, si los distintos países coordinan sus actividades en programas de cooperación a fin de ahorrar recursos y elevar su potencial en materia de información, y el establecimiento de políticas internacionales de información.1

Con relación a la función de la UNESCO, Ponjuán, con relación a esto, plantea que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha estimulado y apoyado la celebración en diferentes países de seminarios sobre políticas nacionales de Información4 y Zaldívar expone que la UNESCO ha trabajado sobre la base de lineamientos formulados como resultado de un simposio internacional sobre el tema que se realizó en 1985.11 El UNISIST facilita la labor de los países ayudándolos a formular sus políticas de información.10

En conclusión es obvio que una política nacional de información es imprescindible para lograr la armonía entre los recursos, servicios y sistemas de información; para el trabajo eficaz de todo sistema tanto económico, social como político; y para el desarrollo socio-económico de un país.

En ocasiones puede ocurrir que exista una política nacional de información, pero que no se conozca ni se actúe en función de ella. La explicación puede hallarse en su falta de condiciones previas, porque como señala Montviloff la formulación, aplicación y funcionamiento de una política nacional de información, depende de diversos requisitos a escala nacional; entre las que se identifican:

  • La necesidad de desarrollar sistemas educativos orientados a la información.
  • La necesidad de asignar recursos financieros y de crear infraestructuras suficientes para el desarrollo de los servicios de información.
  • La necesidad de identificar una administración suficientemente sólida.
  • La necesidad de convencer a los propios profesionales de información de la necesidad de disponer de una política nacional en la materia.3

Es evidente entonces la importancia de asegurar que la política nacional de información forme parte integral de la política nacional de desarrollo y que el planeamiento de los recursos forme parte de los planes de desarrollo nacional. Se precisa también la función del estado para su formulación, implementación, seguimiento, coordinación y evaluación y la necesidad de cooperación nacional, porque en ocasiones, los especialistas de información del país, los que adoptan las decisiones y los grupos de usuarios, no conceden la prioridad necesaria a las actividades relacionadas con la política. Ha de atenderse a la conveniencia de introducir los temas relacionados con políticas en la formación de pregrado de los profesionales de la información.

La formulación de una política nacional de información requiere de la participación de todas las instituciones y profesionales. El hecho de que un país tenga su política nacional de información es una gran señal, pero no se debe quedar todo ahí; es necesario que no se formalice ni esquematice. Es preciso que se difunda, concientice y que se actúe con iniciativa y creatividad. En ocasiones, es importante también el establecimiento de prioridades, de un enfoque flexible y continuo.

El planteamiento de políticas nacionales de información debe satisfacer la condición de concatenar los nuevos desarrollos, en el contexto político concreto y las condiciones específicas de cada país en función de lograr e impulsar el progreso e insertarse lo más ventajosamente posible en la sociedad global de la información.

Referencias bibliográficas

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    Recibido: 16 de enero del 2003
    Aprobado: 1 de febrero del 2003

Lic. Marlery Sánchez Díaz
Departamento de Docencia e Información Científico-Técnica.
Centro Nacional de Biopreparados. Carr. Beltrán Km 1 1/2 Bejucal, La Habana, Cuba. Correo electrónico: infctf@biocen.colombus.cu

1 Licenciada en Información Científico-Técnica y Bibliotecología. Especialista en Información Científico-Técnica. Departamento de Docencia e Información Científico-Técnica.
2 Doctor en Medicina. Especialista de I Grado en Organización y Administración de la Salud. Jefe del Departamento de Docencia e Información Científico-Técnica.