ARTÍCULO ORIGINAL

 

La crisis migratoria en el Mediterráneo y la Unión Europea: principales políticas y medidas antinmigrantes

 

The migration crisis in the Mediterranean and the European Union: main politics and measures anti-immigrants

 

Rebeca Oroza Busutil*
Yoannis Puente Márquez**

 

Recibido: 20 de noviembre de 2016
Aceptado: 15 de enero de 2017

 

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RESUMEN

La crisis migratoria que desde hace varias décadas afecta a Europa, con la llegada de inmigrantes y refugiados provenientes de África y del Oriente Medio, ha adquirido en los últimos años dimensiones de una verdadera tragedia humanitaria. Este fenómeno, unido a las consecuencias negativas de la crisis económica, ha provocado el reforzamiento de las ideas racistas, xenófobas e intolerantes, enarboladas por los partidos de la extrema derecha europea, que han encontrado asidero en sectores de la población.

Unido a la difusión de un discurso ultraconservador, que responsabiliza a los inmigrantes de los males que padecen los países miembros de la Unión Europea (UE), ha ido ganando fuerza la oposición a cualquier propuesta comunitaria para intentar solucionar la crisis migratoria que les afecta.

Las medidas diseñadas, tanto por los gobiernos europeos como por la entidad supranacional, se han caracterizado por su tratamiento discriminatorio, al pretender gestionar la migración irregular mediante la externalización de las fronteras comunitarias, la lucha contra las organizaciones criminales que promueven el tráfico y la trata de personas, e ignorando su responsabilidad histórica.

Palabras clave: antinmigrantes, crisis migratoria, Mediterráneo, migración irregular, Unión Europea.

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ABSTRACT

The immigration crisis for several decades affecting Europe, with the arrival of immigrants and refugees from Africa and the Middle East, has acquired in recent years dimensions of a true humanitarian tragedy. This phenomenon, coupled with the negative consequences of the economic crisis, has led to the strengthening of racist, xenophobic and intolerant ideas, hoisted by the parties of the European extreme right handgrip found in sectors of the population.

Linked to the spread of an ultraconservative discourse that blames immigrants for the ills suffered by member countries of the European Union (EU), it has been gaining strength opposition to any Community proposal to try to solve the immigration crisis that affects them.

Measures designed both by European governments, as the supranational entity, have been characterized by their discriminatory treatment, pretending to manage irregular migration by externalizing community borders, the fight against criminal organizations promoting the smuggling and trafficking people and ignoring their historical responsibility.

Key Words: anti-immigrant, European Union, irregular migration, Mediterranean, migration crisis.

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INTRODUCCIÓN

La tragedia humana a la que se asiste en el Mediterráneo, calificado como “el cementerio de inmigrantes” (Muscat, 2013), así como la crisis económica que comenzó en 2007 en países de la Unión Europea (UE), constituyen dos fenómenos que han dado un fuerte impulso a las ideas racistas, xenófobas e intolerantes, enarboladas por los partidos de la ultraderecha europea, presentes también en importantes sectores de la población.

Es evidente el resurgir de partidos de extrema derecha en el Viejo Continente. En la lista figuran, entre otros: Amanecer Dorado en Grecia, Alternativa para Alemania (AfD), el Partido por la Libertad (PVV) en Holanda, el Partido por la Independencia de Gran Bretaña (UKIP), el FPÖ en Austria, el Partido Popular en Dinamarca, los populistas de Cinco Estrellas y la Liga del Norte en Italia, el Frente Interés Flamenco (ex Vlaams Blok) en Bélgica y Verdaderos Finlandeses en Finlandia.

A los antes mencionados se suma la presencia en Polonia del partido de derecha populista y conservador Derecho y Justicia, así como la existencia de un frente antinmigración integrado por países como Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y Lituania.

En el contexto político antes señalado, lógicamente ha cobrado fuerza la difusión de un discurso ultraconservador que responsabiliza a los inmigrantes de prácticamente todos los males que padecen las naciones europeas, en tanto desde posiciones antieuropeístas cobra fuerza la oposición a cualquier propuesta comunitaria para intentar solucionar la crisis migratoria que les afecta.

Vale mencionar que las agrupaciones de extrema derecha asumen un discurso que no solo cuestiona y agrede la inmigración, sino también la integración, el euro, la UE, al tiempo que promueven un fuerte sentimiento nacionalista, aceptado por esas sociedades en un contexto de crisis económica.

Por su parte, la UE ha pretendido solucionar la crisis gestionando la migración irregular mediante la externalización de las fronteras comunitarias, así como la lucha contra las organizaciones criminales que promueven el tráfico y la trata de personas, ignorando su responsabilidad histórica e implementando respuestas emergentes en las que predomina su tratamiento discriminatorio.

Lo anterior ha estado acompañado por el establecimiento de medidas que dificultan el acceso legal al territorio europeo de los emigrantes y refugiados, así como el endurecimiento de las condiciones para la admisión a los que consiguen llegar a los países comunitarios, aun en condición de refugiados.

El levantamiento de grandes muros y barreras para impedir la entrada de los que llegan desde Siria, Irak o Afganistán, o el uso de gases lacrimógenos para contener a las personas que han tenido que huir de los campamentos de refugiados de Turquía, Jordania y Líbano, han sido algunas de las medidas tomadas por países miembros de la entidad comunitaria.

En el presente trabajo se aborda el comportamiento de la crisis migratoria en el Mediterráneo, así como la aplicación de medidas y políticas antinmigrantes diseñadas tanto en países de la Unión Europea, como a escala supranacional, con el propósito de enfrentar y tratar de solucionar el drama humanitario.

 

DESARROLLO

 La crisis migratoria y la responsabilidad de Europa

En los últimos tres años los numerosos naufragios de inmigrantes provenientes de los llamados países del Mediterráneo sur en sus intentos por llegar a Europa, han provocado la alarma de organismos internacionales y de la comunidad internacional. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este fenómeno no es de corta data; se calcula que desde el año 2000 más de 20 mil personas han muerto intentando llegar al Viejo Continente, en tanto el 75% de los migrantes muertos en el mundo en 2014 perdieron la vida en esa ruta marítima (Febbro, 2015).

Según datos aportados por Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex, 2015), entre enero y junio de 2013, más de 4 000 inmigrantes irregulares atravesaron la ruta del Mediterráneo occidental desde el Norte de África hacia España; más de 31 000 por el Mediterráneo central hacia las islas italianas de Sicilia y Lampedusa, en tanto aproximadamente 15 000 personas pasaron por el Mediterráneo Oriental, desde Turquía a Grecia y Bulgaria, e igual número por la ruta del oeste de los Balcanes (Charte y Antonio, 2013).

Posteriormente, en octubre de 2014, más de 300 inmigrantes fallecieron en dos incidentes cerca de la isla italiana de Lampedusa y de la costa de Malta. Por su parte, Frontex informó que cerca de 57 300 personas atravesaron de manera irregular las fronteras europeas en el primer trimestre de 2015, frente a los 22 500 inmigrantes irregulares del primer trimestre de 2014, año en el que ya se había superado los récords alcanzados tras la Primavera Árabe (Frontex, 2015).

En los dos primeros meses del año de 2015 (en comparación con el mismo período de 2014), las entradas aumentaron en más del 40% en el Mediterráneo central, en más de un 160% a través de la frontera terrestre entre Turquía y Bulgaria, y en la alarmante cifra de un astronómico 990% en los Balcanes Occidentales (Bertozzi, 2015).

En junio de 2015, la Guardia Costera italiana y la organización Estación de Ayuda a Migrantes en el Mar (MOAS, por sus siglas en inglés), rescataron a 3 480 inmigrantes que se encontraban a unas 45 millas de la costa de Libia. Según datos de Naciones Unidas, en los cinco primeros meses del año fueron rescatados 46 500 inmigrantes, trasladados a costas italianas, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior (El País, 2015).

En los últimos años las rutas utilizadas por los migrantes, a través del Mediterráneo, han cambiado en dependencia de la situación socioeconómica y política del país, en particular los afectados por guerras y conflictos armados. Libia se convirtió en unos de los principales puntos de salida hacia Europa, aprovechando el vacío de poder que existe en esa nación desde la muerte de Muamar Khadafi y debido a la relativa corta distancia a la isla italiana de Lampedusa.

Por su origen se identifican personas de hasta 53 nacionalidades. Entre enero y septiembre de 2015, el 83% de los migrantes que arribaron a Europa provenían de Siria (54%), Afganistán (13%), Eritrea (13%) y de Paquistán y Nigeria (ambos con un 3%) (Borón, 2015).

Entre las causas que provocan la inmigración irregular a través del mar Mediterráneo se deben destacar dos: de una parte, los graves problemas socioeconómicos y demográficos de los países del Sur, principales emisores de las grandes avalanchas de inmigrantes indocumentados como consecuencia de siglos de explotación y saqueo por parte de las grandes potencias y, de la otra, las guerras y conflictos militares en el Medio Oriente alentadas y financiadas por Occidente con la consecuente inestabilidad política y social, cuyo origen coincide con el estallido de las primaveras árabes en 2011 y la guerra en Siria.

Pese a la responsabilidad histórica de Occidente en tragedias humanas de esta naturaleza, la UE enfoca el fenómeno desde la óptica de su seguridad y orden público, dada la posibilidad real de la entrada en su territorio de elementos extremistas, así como de la ocurrencia de hechos delictivos relacionados con el tráfico y la trata de personas.

Refiriéndose a la amenaza a la seguridad que representan los migrantes y refugiados para los países miembros de la UE, el periodista Ian Tuttle señalaba: “Dada la magnitud de la migración, es una certeza virtual que las organizaciones terroristas se están aprovechando de la crisis para insinuarse en Europa” (Goldenziel, 2015, p. 3).

 

La respuesta europea: militarización y cuotas por países

La militarización del Mediterráneo para dar respuesta a las continuas crisis migratorias se remonta al año 2006 con la operación “Poseidón”, dirigida por Frontex, con el objetivo de enfrentar los flujos de inmigración irregular por mar, organizados por redes criminales mediante el empleo de embarcaciones de cualquier tipo.

A través de esa operación se detuvo a 673 inmigrantes indocumentados procedentes de Albania, Afganistán, Iraq, Pakistán, Georgia y Palestina. Posteriormente, en octubre de 2006, se llevaron a cabo operaciones de igual naturaleza tales como “Nautilius” en el Mediterráneo Central y Malta (en la que participaron Malta, Italia, Grecia, Francia y Alemania); “Hera II” en Islas Canarias (operación de vigilancia que empezó el 11 de agosto de 2006 con el objetivo de intensificar el control de la zona comprendida entre la costa occidental africana y las Islas Canarias) y “Niris”, en el Mar Báltico (Arias, 2015).

En octubre de 2013, poco después de la tragedia de Lampedusa, el gobierno italiano desplegó la operación Mare Nostrum, que contaba con naves, helicópteros, drones y aviones de la Marina Militar, con un promedio de 5 naves que patrullaban diariamente. Abarcaba una superficie de hasta 70 000 km² en el canal de Sicilia, cercano a la costa de Libia. En diciembre de ese propio año, la UE estableció un nuevo sistema de vigilancia de las fronteras exteriores: Eurosur, para, en cooperación con Frontex, mejorar la lucha contra la inmigración irregular.

Ante la creciente presión migratoria, la Comisión Europea, con el apoyo de los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior de los países del bloque, celebró el 23 de abril de 2015 en Luxemburgo una cumbre extraordinaria en la que se acordó triplicar el presupuesto de la operación “Tritón”, que contaba con 2,9 millones de euros mensuales, así como poner a su disposición más aviones, buques y expertos con el propósito, según los líderes europeos, de evitar nuevas tragedias.

Vale destacar que la principal misión de esa operación es la de patrullar las fronteras marítimas con el fin de destruir las embarcaciones empleadas por los traficantes de personas, para impedir que salgan de las costas de África y obviando el rescate de embarcaciones en peligro. Como se evidencia en las acciones antes mencionadas, el empleo de la fuerza militar ha estado dirigido básicamente a atenuar los efectos, no las causas, del incremento del flujo ilegal.

Adicionalmente, con el fin de aliviar la presión de la crisis migratoria en países como Grecia e Italia, los países miembros de la UE se comprometieron a reasentar[1] a un total de 22 500 refugiados desde Turquía, Jordania y Líbano, haciéndose efectivas solo 5 657 reubicaciones. Países como Croacia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Letonia, Eslovenia y Hungría, que apenas aceptaron recibir entre 20 y 100 refugiados, entre julio de 2015 y hasta abril de 2016, no habían recibido a ninguna persona (Comisión Europea, 2016b).

Asimismo, el Consejo Europeo solicitó a los países miembros reubicar[2] desde Grecia a un total de 63 000 personas, lográndose únicamente un compromiso de 2 943 para un total de 530 reubicaciones efectivas; en tanto provenientes de Italia el Consejo solicitó la reubicación de 34 953 refugiados, obtuvo el compromiso de 1 573, pero se reubicaron apenas 615 personas (Comisión Europea, 2016a).

En septiembre de 2015 la UE acordó como segundo mecanismo de emergencia el reparto de 120 000 refugiados (en un plazo de dos años), llegados a Italia, Grecia y Hungría. Pese la petición del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a los países miembros de la necesidad de asumir las cuotas, así como de la importancia de dar asilo, cuatro países votaron en contra del acuerdo: Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania, con la abstención de Finlandia.

En la figura 1 se muestra el comportamiento del reparto de refugiados entre los países miembros de la UE, provenientes de Grecia e Italia. Según datos de Eurostat, en 2014 el 72% de las solicitudes de asilo se concentraron en cinco estados miembros (Alemania, Suecia, Italia, Francia y Hungría). Sin embargo, hasta la fecha los países que han aceptado el mayor número de refugiados son Alemania, Francia y España.

La Comisión Europea, en su 4º Informe Anual sobre Inmigración y Asilo (2012), reconocía que las consecuencias migratorias del conflicto de Siria constituían un reto importante para los sistemas de asilo de algunos Estados miembros, y señalaba que la mayoría de los casi 600 000 sirios que huyeron de su país en 2012 se dirigieron a Jordania, Turquía, El Líbano e Iraq, de los cuales unos 23 770 solicitaron asilo en la UE, fundamentalmente en Alemania y Suecia, países que asimilaron el 40% de las solicitudes. (Reuters, 2015).

La ausencia de una política común de asilo se evidencia en la negativa de algunos estados miembros de la entidad comunitaria a aceptar la entrada de migrantes y refugiados en sus territorios, en tanto estas personas sufren carencias en el acceso al asilo y la acogida, así como malas condiciones de detención, incluso para los niños no acompañados.

Ejemplo de lo anterior son las palabras del primer ministro eslovaco, Robert Fico, cuando expresaba “Nos oponemos firmemente a cualquier tipo de cuotas. Si se adopta un mecanismo de redistribución automática de migrantes, nos despertaremos un día con 100 000 personas del mundo árabe. Es un problema que no me gustaría que Eslovaquia tuviera”. En su oposición a las cuotas lo apoyan Polonia, República Checa y Hungría (BBC Mundo, 2015, p. 2).

Por último, se debe mencionar que el 18 de marzo de 2016 la UE firmó un acuerdo por el que Turquía se compromete a aceptar la devolución sistemática de prácticamente todos los migrantes irregulares que lleguen a Grecia desde su costa, incluyendo a los refugiados. A cambio, Turquía logra la promesa de recibir la ayuda de 3000 millones de euros aprobada en noviembre de 2015 y que cuando ese dinero se agote, se aportarán otros 3000 millones más, así como la apertura del capítulo 33 de las negociaciones para su futura adhesión a la UE.

Ese pacto UE-Turquía ha sido duramente criticado por diferentes instituciones internacionales y ONG por las consecuencias que este pueda tener sobre las condiciones de los refugiados. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la Cruz Roja, Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras manifestaron su intención de tomar medidas de presión sobre las instituciones comunitarias.

 

Principales políticas, medidas y sentimientos antinmigrantes 

Desde hace varias décadas, se asiste en el Viejo Continente a un proceso de derechización, no solo por la hegemonía de partidos de derecha, tanto a escala nacional como supranacional, sino por el fortalecimiento del conservadurismo político e ideológico en sectores de la población y un preocupante ascenso de las fuerzas de ultraderecha que han ido ganando espacios políticos, sobre todo en la mayoría de los países de Europa del Este, tal como se observa en el siguiente mapa (figura 2).

El escenario antes descrito explica la aplicación de medidas antinmigrantes diseñadas y aplicadas por gobiernos de países miembros de la UE, así como el rechazo y la criminalización de los migrantes por parte de importantes sectores de la población.

Así, en países como España, Italia y Chipre se endureció la aplicación de la “Directiva relativa a procedimientos y normas comunes de los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”, conocida como “Directiva del Retorno” al incumplir algunas de las supuestas garantías en el proceso de expulsión como el régimen de visitas y la atención sanitaria y a menores. Adicionalmente, los migrantes son privados de su libertad incluso en los casos en que las deportaciones no se pueden llevar a cabo.

En el caso de Reino Unido, se fortaleció la aplicación del sistema de inmigración por puntos, en tanto se adoptó como medida que la Agencia de Aduanas entrevistara a más de 100 000 personas no comunitarias con visado de estudiante, para asegurarse de que realmente estudian, en tanto las personas que llegan al país con un visado temporal deben depositar una fianza para garantizar que no se quedarán más del tiempo autorizado. A ello se suman mayores restricciones para el acceso de los nuevos inmigrantes a la sanidad pública, el empleo y para acceder a viviendas subvencionadas.

En Francia, según datos del Ministerio del Interior, de enero a agosto de 2013 fueron expulsados del país 18 126 inmigrantes sin papeles. Debe tenerse en cuenta que desde mayo de 2011 se aprobó la quinta Ley de Inmigración en el país galo, que supone el endurecimiento de las condiciones de acogida de personas extranjeras. La norma proporciona una cobertura legal para expulsar a los inmigrantes gitanos provenientes de Rumanía o Bulgaria.

Esa ley modifica una norma que obligaba al Estado a acoger a los inmigrantes enfermos que no pudieran hacer frente a su curación en su país de origen, precisando que solo se acogerá a aquellos cuyo medicamento no exista en el país de procedencia.

Se prohíbe, además, lo que denominan “mendicidad agresiva”, entendida como la “ocupación ilegal de un terreno público o privado” o “resultar una carga no razonable para el sistema de seguridad social”.

En 2009 el gobierno italiano decretó, bajo la influencia de la Liga del Norte, un “paquete de seguridad” con medidas que pretendían frenar la inmigración ilegal, calificándola de delito, castigado con penas de prisión de entre uno y cuatro años. Posteriormente, en el año 2011, se instauró la obligatoriedad del examen de italiano para renovar los permisos de residencia.

Asimismo, a tenor con la “Directiva acerca de sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular en la UE”, que prohíbe el empleo de los nacionales de terceros países residentes de manera ilegal en el territorio de la Unión, en Italia se exige que antes de solicitar el ingreso de un trabajador inmigrante, los empleadores deberán demostrar que verificaron en los Centros de Empleo que no existan candidatos entre italianos y extranjeros ya presentes en el territorio, válido tanto para las empresas como para las familias que necesitan personas que colaboren en el ámbito doméstico.

Respecto a la aplicación de la “Directiva del Retorno”, que establece que los inmigrantes indocumentados que sean detectados tendrán que abandonar, “de forma voluntaria”, el Estado miembro en el que se encuentren en un plazo de entre 7 y 30 días, de no hacerlo pueden ser retenidos en “centros de internamiento especializados”, en Italia se amplió de 6 a 18 meses el plazo máximo de retención a ciudadanos extranjeros en los centros de expulsión.

En Dinamarca el parlamento aprobó una ley para reducir el monto de dinero destinado a los solicitantes de asilo. La medida, aprobada por amplia mayoría parlamentaria, tiene como objetivo reducir el número de refugiados que llegan a ese país.

En Grecia son constantes las detenciones de inmigrantes, presuntamente indocumentados, para ser interrogados en base a su mera apariencia. Hungría, por su parte, para frenar el flujo de refugiados que llegan desde Siria y Afganistán, pasando por Grecia y Macedonia, está construyendo una valla metálica de más de 170 kilómetros en la frontera con Serbia. Bulgaria también está sellando sus fronteras con muros y vallas; Estonia, Macedonia y Ucrania tienen planes similares.

El nivel de xenofobia en Hungría ha aumentado desde la llegada al poder del primer ministro Viktor Orbán, quien desde el inicio de la crisis migratoria europea se mostró escéptico con respecto a las medidas adoptadas por las autoridades de la UE para solventarla, hecho que le ha ayudado a obtener más respaldo popular. Expresión del antiislamismo y el sentimiento antinmigrante en Europa son sus palabras cuando señalaba que su país debe “defender nuestras fronteras” de las personas que fueron “criados en otra religión y representan una cultura radicalmente diferente”.

Según una encuesta realizada en 2014, el 63% de los italianos, el 50% de los polacos, el 53% de los griegos, el 33% de los alemanes, el 27% de los franceses y el 26% de los británicos ven desfavorablemente la inmigración musulmana (EFE, 2014).

Por su parte, un estudio publicado en la página web del Centro de Investigaciones Pew, revela que 6,7 de cada 10 húngaros creen que los refugiados aumentan el peligro del terrorismo en la UE, copan los puestos de trabajo y son una carga financiera para el país. La población de Polonia ocupa el segundo lugar en esta encuesta con un índice de 5,7 de cada 10, superando a España, donde el 50% de la población está descontenta con la llegada de refugiados  (Wike, Bruce y Simmons, 2016).

A lo anterior se suma el aumento de la violencia xenófoba en numerosos países de la UE con manifestaciones antinmigrantes. Ataques terroristas como los de París y Copenhague, unido a la avalancha de refugiados que existen actualmente en esos países, ha provocado continuas protestas y actos de violencia contra el migrante. Además, se han documentado hechos delictivos a centros de acogidas de refugiados que han sido más numerosos en los últimos años.

 

CONCLUSIONES

La crisis económica que desde el año 2007 viven los principales países de la UE ha afectado de manera muy negativa a los inmigrantes, en particular por el desempleo y el alto índice de temporalidad de los puestos de trabajo que ocupan. Asimismo, constituyen el grupo social más vulnerable, con altas tasas de pobreza y de exclusión social.

Según la ONU, entre el año 2000 y 2050 la población autóctona de los países que conforman la Unión disminuirá en un 12%, como consecuencia del envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad, de ahí que necesite de la inmigración como sostén de las economías de los países que la integran. Paradójicamente, se asiste a la promulgación/aplicación de leyes y políticas discriminatorias en contra de los inmigrantes por parte de gobiernos de conservadores y ultraconservadores, en tanto la población de estos países los rechazan y criminalizan.

Europa está viviendo la peor crisis de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, con el arribo de cientos de miles de personas que huyen fundamentalmente de la guerra y de la pobreza. Este fenómeno ha generado una fuerte presión en el sistema de asilo de la Unión Europea, generando divisiones entre las 28 naciones del bloque.

Adicionalmente, ha quedado demostrado que la entidad supranacional no está preparada para resolver las situaciones de emergencia que surgen a raíz de los conflictos y guerras en regiones vecinas, provocadas en su mayoría por los propios intereses económicos y geopolíticos de las grandes potencias.

La tragedia humana a la que se asiste en el Mediterráneo evidencia, una vez más, la ausencia de una voluntad política y de capacidad real por parte del Viejo Continente, en particular de la UE para darle solución a esta compleja crisis migratoria.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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* Doctora en Ciencias Políticas. Profesora Asistente. Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana, La Habana, Cuba. E-mail: [e-mail]

** Máster en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Profesora Instructora. Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana, La Habana, Cuba. E-mail: [e-mail] (contacto principal).

[1] Se considera reasentamiento el traslado de personas desplazadas y con necesidad manifiesta de protección internacional que no son nacionales de la UE desde un tercer país a un Estado miembro de la UE.

[2] Por reubicación se entiende el traslado de una persona que ha presentado una solicitud de protección internacional desde el Estado miembro encargado de examinar su solicitud a otro Estado miembro.