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versión On-line ISSN 1817-4078

Rev Nov Pob vol.16 no.31 La Habana ene.-jun. 2020  Epub 30-Sep-2020

 

ARTÍCULO ORIGINAL

La migración en Cuba desde una perspectiva transnacional

Migration in Cuba from a transnational perspective

Silvia Odriozola Guitart1  * 
http://orcid.org/0000-0003-2820-1202

Dacheri E. López Valdivia2 
http://orcid.org/0000-0003-1888-6455

Yiselis Cano Velez3 
http://orcid.org/0000-0002-5674-5832

1 Doctora en Ciencias. Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba.

2 Doctor en Ciencias. FLACSO-Cuba. Universidad de La Habana. Cuba.

3 Licenciada. Empresa de Construcción y Montaje del Mariel. Cuba.

Resumen

El presente trabajo parte de una valoración del fenómeno migratorio desde la perspectiva transnacional, asociada a las prácticas que en diversos ámbitos desarrollan simultáneamente los migrantes entre sus países de origen y los de destino. Tiene como propósito evaluar, en el actual contexto de la política migratoria cubana, hacia dónde debe dirigirse el diseño de políticas públicas que internalice las prácticas económicas transnacionales más recientes de la migración cubana. Para ello, se ha estructurado en tres momentos. En el primero se sintetizan los aspectos conceptuales más relevantes vinculados al transnacionalismo y sus diversas formas de manifestación en el campo económico. En el segundo se realiza una caracterización de la migración cubana desde 1959 hasta la fecha, de sus flujos y patrones, en particular en el actual contexto de transformaciones de la política migratoria. En el tercero y último se ejemplifican las principales prácticas económicas transnacionales que realizan los migrantes cubanos, con el objetivo de avanzar hacia una mejor gestión de la política migratoria.

Palabras clave: Cuba; migración; transnacionalismo económico

Abstract

The present work starts from an assessment of the migratory phenomenon from the transnational perspective, associated with the practices that migrants simultaneously develop in various areas between their countries of origin and those of destination. Its purpose is to evaluate, in the current context of Cuban migration policy, where the design of public policies that internalize the most recent transnational economic practices of Cuban migration should be directed. For this, it has been structured in three moments. In the first, the most relevant conceptual aspects related to transnationalism and its various forms of manifestation in the economic field are synthesized. In the second, a characterization of Cuban migration from 1959 to date, of its flows and patterns, is carried out, particularly in the current context of changes in migration policy. In the third and last, the main transnational economic practices carried out by Cuban migrants are exemplified, with the aim of moving towards better management of migration policy.

Key words: Cuba; migration; economic transnationalism

Introducción

Desde las últimas décadas del siglo XX el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de los medios de transporte ha determinado que los fenómenos sociales de la contemporaneidad se caractericen por una marcada transnacionalidad. Uno de estos fenómenos transnacionales más notables ha sido la migración internacional, que ha devenido en desplazamientos recurrentes y circulares que entrelazan diferentes sociedades por diversas vías, más allá del simple cambio de lugar de residencia de un país a otro.

Este enfoque teórico que permite comprender las manifestaciones que se generan a partir de la creciente interconectividad de individuos y sociedades a nivel mundial es el transnacionalismo, empleado en el presente trabajo, dada su utilidad para el análisis sobre la migración internacional. De acuerdo con el experto Jorge Duany, el transnacionalismo se define como “el desarrollo y mantenimiento de lazos sociales, económicos, políticos y culturales a través de fronteras nacionales; y es una de las principales consecuencias de la migración, a través de la cual circulan las personas, las ideas, el dinero, los bienes y la información” (Rodríguez y Cumbrado, 2018, p. 184).

Así, la migración transnacional constituye un complejo sistema de redes de intercambio, no solo de personas, sino también de capitales, bienes e información que rebasan las fronteras territoriales y crean campos económicos, políticos, culturales y sociales que transcienden los límites del Estado. No obstante esto último, tal emergencia de la migración transnacional no ha reducido el rol predominante del Estado como actor en las relaciones internacionales y regulador de la vida pública de los ciudadanos. De ahí que, en la medida en que se hace más evidente el impacto de las migraciones internacionales en la sociedad en su conjunto, abarcando desde cuestiones políticas y económicas, hasta de soberanía e identidad, tanto los Estados emisores como los receptores, se vean obligados a responder con el desarrollo de políticas que contribuyan a manejar dicha situación.

A su vez, el incremento de la migración internacional ha estado condicionado por las crecientes diferencias socioeconómicas entre los países que limitan las posibilidades reales de inserción social de una parte importante de la población, obligando a las personas y familias a buscar mejores oportunidades de empleo en otros países, o bien intentando escapar de zonas de conflicto armado o por razones políticas, entre otras causas. Sean cuales sean estas diversas motivaciones, los migrantes van generando vínculos entre su país de origen y el de destino, a través de múltiples actividades, que contribuyen a ir conformando un proceso social de mayor complejidad.

En el caso de Cuba, el fenómeno migratorio va dejando su huella cada vez más en la vida social del país, especialmente en el actual proceso de transformaciones en el marco de la actualización del modelo económico y social cubano. A partir de los cambios en la legislación migratoria, se ha generado un entorno más flexible para la migración y la movilidad de los cubanos, lo cual ha conducido a la aparición, de manera creciente, de comportamientos que tienden a la circularidad, asociados a las fuertes conexiones familiares, sociales y económicas que estos establecen con Cuba y su país de destino mediante diversas prácticas.

Ello refuerza la pertinencia de estudiar el fenómeno migratorio cubano desde la perspectiva del transnacionalismo, por lo que el presente trabajo tiene como propósito evaluar, en el actual contexto de la política migratoria cubana, hacia dónde debe dirigirse el diseño de políticas públicas que internalice las prácticas económicas transnacionales más recientes de la migración cubana. El mismo se ha estructurado en tres momentos. En el primero, se abordan los principales elementos conceptuales acerca del transnacionalismo, con énfasis en su manifestación económica y sus diversas prácticas asociadas, como la migración de retorno y el turismo, las remesas y los negocios étnicos. El segundo analiza el desarrollo de la política migratoria cubana y realiza una caracterización de sus flujos migratorios y sus patrones actuales. Finalmente, en el tercer apartado se incluyen algunas reflexiones sobre las prácticas económicas transnacionales que actualmente desarrolla la migración cubana, con el propósito de internalizarlas en una mejor gestión de la política migratoria.

El transnacionalismo económico: aspectos conceptuales

A partir de la globalización de la economía mundial, y sobre la base del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y de los medios de transporte, los fenómenos sociales contemporáneos han adquirido un marcado carácter transnacional, entendiéndose como tal, la extensión a través de las fronteras nacionales de disímiles actividades humanas e institucionales. De este modo, lo transnacional se pone de manifiesto en los diversos procesos, relaciones y actividades económicas, políticas y sociales que se configuran a través de la interconexión entre más de un Estado (López, 2018). De ahí que el transnacionalismo pueda ocurrir en la esfera económica, política y sociocultural, así como en distintos niveles de institucionalización. Este nuevo escenario posibilita que se produzca un frecuente cruce de fronteras y la creación de campos transnacionales que sobrepasan los espacios territoriales de los Estados.

Así, el transnacionalismo tiene múltiples significados que demarcan diversas perspectivas y señalan campos de investigación muy distintos: relaciones sociales que cruzan fronteras, redes y flujos de personas, ideas e información, diásporas, reproducción de procesos culturales a escala global, reconfiguración y expansión del capital a nivel mundial y movimientos sociales que articulan lo local y lo global en lo que se ha denominado el espacio social transnacional (Bohórquez-Montoya, 2009).

La definición y demarcación del campo transnacional remite por lo general al trabajo clásico de Schiller, Basch y Szanton Blanc (1995), donde el transnacionalismo es definido como el proceso por el cual los inmigrantes construyen campos sociales que vinculan su país de origen con el de asentamiento y se denomina transmigrantes a aquellos emigrantes que construyen dichos campos sociales al mantener múltiples relaciones -familiares, económicas, políticas, culturales, entre otras- que contribuyen, indistintamente, a ensanchar y unir las fronteras.

Para Andrade-Eekhoff (2003), el transnacionalismo no es más que los agrupamientos de inmigrantes que participan de rutina en un campo de relaciones, prácticas y normas que comprenden tanto lugares de origen, como de destino. La tendencia de los vínculos se extiende en todas partes, norte-sur, así como sur-sur, con significativas pautas regionales de migración. En Portes, Guarnizo y Landolt (2003), el concepto de transnacionalismo se refiere a ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución. Esto indica que el transnacionalismo trata de actividades individuales que los migrantes realizan permanentemente a través del desplazamiento continuo entre las fronteras de los países. De ahí que la identificación de las tres categorías de transnacionalismo ―el económico, el político y el sociocultural― responda al tipo de actividad que estos realizan. En este trabajo, se aborda el primero de estos fenómenos.

Así, aunque en la literatura pueden encontrarse diversas definiciones de transnacionalismo económico, estas generalmente coinciden en que dicho fenómeno gira en torno a intercambios, conexiones y prácticas transfronterizas que transcienden el espacio nacional como punto de referencia básico para actividades e identidades de carácter económico, tales como las remesas monetarias, las empresas o negocios transnacionales o los negocios étnicos, procesos todos que en la actualidad conforman parte importante de la estructura económica de los países, tanto desarrollados (generalmente receptores de migrantes), como subdesarrollados (generalmente emisores de migrantes). Asimismo, aparece con fuerza la actividad turística que realizan los emigrados en sus países de origen (retorno temporal), así como los retornos definitivos.

En este sentido, la migración de retorno para King (2000), significa simplemente el proceso de vuelta de una persona a su país de origen o residencia habitual. De igual modo ya la había definido Gmelch (1980), al asociarla a la intención de asentarse y establecerse nuevamente en el lugar de donde se partió. Este es, precisamente, el único criterio que justifica la distinción entre la migración de retorno y otros movimientos de regreso. En consecuencia, esta definición, asociada al movimiento de los emigrantes que regresan a sus países para reasentarse, se diferencia de aquellos movimientos de los que regresan de vacaciones o para una visita extendida sin intención de quedarse en casa. Estos últimos, por lo general, no son clasificados como migrantes de retorno, a pesar de que en algunos escenarios es difícil distinguir analíticamente a los migrantes que regresan a casa para una visita corta o estacionalmente, de aquellos que han retornado de manera permanente.

Varios son los motivos que de una forma u otra inciden en la decisión de los migrantes de retornar o no, por lo que podría decirse que existe una estrategia del retorno, o sea, una manera de fijar límites y establecer determinados objetivos. Tal y como se señala en Durand (2004, p. 111) , además del objetivo obvio de lograr su manutención y la de su familia, el trabajador migrante suele tener ciertas metas precisas, asociadas a bienes muebles o inmuebles que son difíciles de adquirir con los salarios del lugar de origen, tales como construir o comprar una casa, comprar un lote o terreno, comprar un automóvil, montar un negocio. En otros casos, puede ser pagar una deuda, ahorrar dinero para la boda, costear una enfermedad, pagar la educación de los hijos. También la meta puede ser la documentación, o sea, conseguir la residencia o nacionalidad, pues ello les permite ir y venir en el momento en que quieran y, consecuentemente, poder entrar y salir sin dificultad para visitar a la familia, hacer negocios, supervisar asuntos diversos en ambos países.

Ahora bien, el fenómeno de la migración de retorno no es el único proceso de desplazamiento de migrantes hacia sus países de origen, sino que existen otras formas como la visita ocasional, el retorno temporal y las prácticas turísticas. Aunque ciertamente los límites entre estas formas en las que se manifiesta el retorno pueden ser difusos, algunos de los elementos que las diferencian son la duración de la estadía del migrante en su tierra natal y las causas del regreso, lo cual no excluye la interrelación que existe entre esas diversas opciones. Una de las más practicadas ha sido la de hacer turismo, constituyéndose este sector en una fuente de oportunidades económicas para los países de origen de los migrantes.

El turismo es una de las primeras actividades económicas del mundo. Los ingresos producidos por las actividades turísticas aumentaron sin cesar desde mediados del siglo pasado. La Organización Mundial del Trabajo (OMT) estima que las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo (visitantes que pernoctan) aumentaron un 6% hasta 1 400 millones en 2018, claramente por encima del crecimiento del 3,7% de la economía mundial (OMT, 2019).

Migración y turismo tienen en común que uno y otro se generan cuando los involucrados comienzan a percibir algún tipo de carencia en su entorno, en tanto en ambos casos se busca satisfacer necesidades específicas que no pueden ser satisfechas dentro de sus propios ambientes. Los vínculos entre los movimientos migratorios y el turismo no son nuevos, pero en la actualidad se han acentuado, en el contexto de la globalización, a través del constante movimiento del capital para su reproducción. Si bien los traslados con mayores réditos se logran por medio del juego financiero, que no es el que da lugar a las más numerosas fuentes de trabajo, el capital volcado a la industria, los servicios e incluso a los circuitos informales, originan permanentes mudanzas de mano de obra (López Gallero, 2006).

Muchos movimientos migratorios se originan en una visita turística, principalmente cuando se trata de un país cercano, posibilitándose el contacto y/o ensayo inicial. A veces el camino es el inverso y se da la situación en la que individuos cuyo primer viaje es motivado por la búsqueda de trabajo y de mejores ingresos, se convierten en turistas una vez que adquieren una mayor capacidad económica. Dicho fenómeno puede darse en dos sentidos: por un lado, está el emigrante que retorna definitivamente a su país de origen y, con posterioridad, realiza viajes como turista a otros países; o bien el emigrante que mantiene su condición y viaja temporalmente a su país como turista.

Sea cual sea la alternativa, la migración se constituye en un claro impulsor de la demanda turística, al promover un creciente flujo de doble dirección de emigrantes que visitan su país de origen, así como de familiares y amigos que visitan a sus coterráneos en los nuevos países en los que estos residen. Ello genera y acentúa una estrecha relación con los familiares y amigos de los emigrantes que da origen a diversas conexiones en forma de ayuda económica, tales como las remesas, que hoy en día constituyen una de las mayores vías para recaudar dinero del exterior.

En este sentido existe un consenso acerca de que las remesas son transferencias de recursos económicos desde lugares donde residen los migrantes hacia sus familias y/o comunidades en el país de origen (Canales, 2008). Este mismo autor plantea la necesidad de entender la naturaleza de las remesas, su origen, las distintas funciones que cumplen, para de este modo comprender o fundamentar conceptualmente el rol que les competería en el desarrollo económico.

El interés en las remesas es relativamente reciente y las razones que lo explican se vinculan, al menos, con cuatro factores. El primero explica la relación con el aumento en el número de emigrantes que salen desde países subdesarrollados hacia países desarrollados, los que generan una mayor cantidad de remesas a las familias, economías locales, regionales y nacionales de los países de origen.

Un segundo factor que explica el reciente interés en las remesas es la visibilidad que se logran a partir de la cuantificación del monto que reciben los distintos países receptores y la constatación de su incremento en las últimas décadas. El Banco Mundial estima que los flujos anuales de remesas a países de ingreso bajo y de ingreso mediano registrados oficialmente alcanzaron los USD 529 000 millones en 2018, lo que representa un aumento del 9,6% con respecto al récord anterior, de USD 483 000 millones en 2017. Las remesas mundiales, que incluyen los flujos hacia países de ingreso alto, alcanzaron los USD 689 000 millones en 2018, en comparación con USD 633 000 millones en 2017 (Banco Mundial, 2019). El uso de las tecnologías modernas ha contribuido significativamente a mejorar la forma de registro, lo que permite una contabilidad a nivel mundial más cercana a la realidad. Asimismo, este incremento en la cantidad de remesas guarda relación con otros fenómenos de distinta naturaleza, principalmente con el incremento del número de inmigrantes en los últimos años, pero también con la disminución en los costos de transacción y con los vaivenes que experimentan los tipos de cambio en relación con el dólar o el euro (González, 2017).

El tercer factor es el hecho de que parte importante de los países receptores de remesas son aquellos que tienen mayores índices de pobreza, desigualdad y subdesarrollo. Los principales receptores de remesas registradas oficialmente en los últimos años son: India, con USD 79 000 millones, seguida de China (USD 67 000 millones), México (USD 36 000 millones), Filipinas (USD 34 000 millones) y Egipto (USD 29 000 millones). Los estimados de remesas hacia países de ingreso bajo y de ingreso mediano alcanzan los USD 550 000 millones y se estima que puedan convertirse en su principal fuente de financiamiento externo (Banco Mundial, 2019).

Un cuarto factor a mencionar está relacionado con la orientación que toma la política económica de los países emisores de emigrantes, en un contexto de globalización de un modelo liberal de economía, donde se promueven procesos de descentralización que tienden a reducir la presencia del Estado en las localidades. En este caso, el discurso respecto a que los migrantes pueden y deben jugar un rol fundamental en el desarrollo de sus comunidades se visualiza como un discurso político que tiende a reafirmar un modelo de desarrollo donde el Estado termina ocupando una función de coordinación y apoyo, más que de gestor e impulsor del desarrollo (Stefoni, 2011).

Las remesas familiares son recursos que llegan directamente a la familia y son utilizadas principalmente en la reproducción material, social y cultural de sus integrantes. Si bien el principal uso es complementar los ingresos que como parte del salario estas reciben, existen también otros usos, como por ejemplo, gastos especiales destinados a solventar costos asociados a problemas de salud específicos (tratamientos, urgencias médicas, operaciones), costear estudios, celebraciones festivas, llamadas telefónicas u otras formas de comunicación con la familia, con el objetivo de mantener los vínculos entre sus miembros. También son empleadas para ahorro familiar, aunque estos montos dependerán de los ingresos totales que tenga la familia.

Tales usos pueden agruparse en dos funciones principales. La primera se refiere a la reproducción material de la familia, es decir, las remesas son utilizadas en alimentación, vestimenta, abrigo, educación, salud. La segunda se relaciona con la reproducción social de la familia. Aquí cobra importancia mantener los vínculos, pese a la distancia espacial, realizar celebraciones que marcan encuentros y reencuentros familiares (cumpleaños, Navidades, Día de las Madres, entre otros). Para Canales (2008) estas funciones corresponden al rol tradicional del salario. En estricto rigor, se trata de un dinero obtenido por un trabajo realizado por uno de sus miembros (proveedores principales y/o secundarios) y que permite la reproducción material y simbólica de la familia y de cada uno de sus integrantes. La diferencia es que, en este caso, el trabajador realiza su trabajo fuera de los límites territoriales de su hogar, incorporando un elemento de transnacionalidad en el análisis. Ello implica poner atención a las formas en que ese dinero debe o puede ser enviado (y los costos usualmente altos que piden las oficinas remesadoras); la importancia que adquiere la reproducción de los vínculos afectivos y familiares que permiten asegurar el envío de estos dineros; y la consideración al contexto de globalización económica que determina los procesos y formas que adquiere la integración de los migrantes en el mercado laboral internacional (Canales, 2008).

La recepción de este salario está sujeta al vínculo familiar que sostiene el migrante con la familia y que permite la transferencia constante de ese dinero. El vínculo entre el trabajador en el extranjero y la familia resulta central para que se produzca el flujo de remesas. En este sentido, Moctezuma (2006, p. 92) señala que las remesas: a) reafirman permanentemente las relaciones familiares; b) aseguran expresividad afectiva, al tiempo que atienden diversas situaciones de emergencia; y c) promueven la movilidad social de las comunidades. Es importante considerar que las remesas involucran relaciones sociales, de ahí que no se puedan considerar estos flujos económicos sin considerar el contexto social que los origina.

Un segundo tipo de remesas son las llamadas remesas colectivas. En Moctezuma y Pérez (2006, p. 95) estas se definen como la constitución de un fondo de ahorro y uso colectivo que da cuenta de las prácticas extraterritoriales que lleva a cabo la comunidad migrante, sirviendo como medio para mantener permanentemente orientado el interés y el vínculo de los migrantes hacia su comunidad de origen, además de favorecer y fortalecer la recuperación de las identidades. Estos autores plantean la relevancia de distinguir distintos tipos de remesas colectivas en función del uso que se les da y de quienes las envían.

De igual modo, existen las llamadas remesas sociales, definidas por Levitt (2001, p. 198) como “(...) las ideas, comportamientos, identidades y capital social que se transfieren de una comunidad destino hacia una de origen”. Esta concepción parte del supuesto de que el migrante, en su proceso de adaptación, va incorporando nuevos criterios, hábitos, ideas, conocimientos o habilidades, los cuales va transfiriendo por diversas vías a su comunidad de origen.

En sentido general, las opiniones con respecto a la importancia que tienen las remesas son contradictorias. A menudo se afirma que, dado el flujo más o menos estable de grandes volúmenes de dinero enviado por los migrantes, las remesas representan una contribución positiva obvia al desarrollo (Stark y Blomm, 1985; Taylor, 1999). Otros rechazan los argumentos sobre los efectos positivos, minimizando las contribuciones al desarrollo que surgen de estos flujos financieros. En contra de esta opinión, se argumenta que los estudios que cuestionan el valor productivo de las remesas “han ignorado los efectos indirectos que el gasto del consumidor tiene en la producción económica y los ingresos en México” (Durand, Parrado y Massey, 1996, p. 425). Estos autores coinciden en señalar los efectos multiplicadores positivos de las remesas, tanto directamente como inversiones productivas (es decir, crear nuevas empresas), como indirectamente en la expansión del consumo, incluso en el caso de gastos innecesarios en festividades y celebraciones.

En este contexto, en varios países de América Latina y el Caribe se han desarrollado múltiples iniciativas en pos de aumentar su captación y desplegar vías para su canalización hacia inversiones de interés nacional y local. En Torres (2001) pueden encontrarse valiosos ejemplos de lo anterior.

Finalmente, otra de las expresiones más comunes del fenómeno del transnacionalismo económico, aun insuficientemente desarrollada, son los llamados negocios étnicos. Estos se definen como las “actividades económicas dirigidas por emprendedores pertenecientes a grupos étnicos, sobre todo de grupos de inmigrantes, pero también de otras minorías, en ciudades tanto de sociedades avanzadas, como de sociedades en desarrollo” (Serra del Pozo, 2008, p. 3) y están dirigidas preferentemente a clientes miembros del mismo grupo de referencia.

En ese sentido, se aprecia que la economía étnica centra su actividad en la misma comunidad étnica o migrante, pues tanto capital, como trabajo y mercancías, provienen del mismo origen étnico, así como la potencial clientela. De ahí que este tipo de economía se distinga por estar asociada a determinada identidad cultural. La especialización de esta clase de negocios está dada, a su vez, por la pertenencia del empresariado a un grupo étnico o migrante, así como por la dependencia o utilización de un conjunto específico de recursos, denominados recursos étnicos, entendidos como una especie de acervo cultural propio del grupo migrante (Parrella, 2005).

Aunque muchas de estas características se ponen de manifiesto en este tipo de actividad económica, no pueden definirse mediante un concepto rígido, dada la diversidad de manifestaciones que existen asociadas a la economía étnica. En Light y Gold (2000) se realiza una distinción entre economía de propiedad étnica y otra étnicamente controlada, señalando que la titularidad del negocio no es imprescindible o determinante mientras los empleados extranjeros, co-étnicos o inmigrantes en general, mantengan un poder de mercado sobre los lugares de trabajo, ya sea por su cantidad, concentración y/o organización. Desde este enfoque, se aprecia el negocio étnico como un espacio de relación colectiva, donde participan diversos actores, no solo los propietarios, sino también empleados y muchas veces familiares. Asimismo, se puede clasificar como economía étnica aquellos negocios que, perteneciendo a pequeños empresarios nativos, están integrados a espacios económicos ocupados por migrantes.

Los negocios étnicos constituyen una expresión de cómo el migrante reproduce lo étnico o lo nacional en su proceso de inserción. Como norma, son espacios donde se recrean ámbitos de sociabilidad e identidad propios de un colectivo (Jones y McEvoy, 1992). Se caracterizan por ser empresas de corte familiar, cuyas estrategias económicas a menudo están vinculadas con el país de origen y las tradiciones étnicas o familiares; la tendencia es al autoempleo o los empleados son co-étnicos; y los préstamos provienen de familiares y amigos.

Los negocios étnicos suelen ser intensivos en fuerza de trabajo. La facilidad de acceso a una fuerza de trabajo barata es la principal razón que explica su creación y mantenimiento. La falta de financiación y de capital humano permite que estas iniciativas solo puedan ubicarse en el nivel más bajo de la estructura ocupacional, principalmente en negocios poco rentables, con bajos requisitos tecnológicos, con pocas barreras de entrada en términos de capital y de requisitos educativos (venta al por mayor, sector de la confección, hostelería) (Kloosterman, J. Van der Leun y Rath, 1999). Consecuentemente, los negocios étnicos, a tenor de sus características, están muy expuestos a desarrollarse dentro de la economía informal, si bien en términos globales, las economías étnicas acostumbran a tomar la forma de actividades formales (Light y Gold, 2000).

En lo referente a la financiación, durante las primeras etapas los empresarios recurren a sus propios ahorros, o bien a créditos gratuitos o con reducidas tasas de interés procedentes de familiares y amigos, que se establecen a través de mecanismos de confianza y que constituyen las principales fuentes de capital financiero. A medida que el negocio se va expandiendo, es cada vez más probable que se opere a través de instituciones formales de financiación (Watson, Keasey y Baker, 2000).

A pesar de que muchos de estos negocios étnicos se especializan en actividades poco rentables, con un bajo requerimiento tecnológico y con escasas barreras de entrada en términos de capital y de formación, sus estrategias confirman que lejos de tratarse de negocios condenados a la extinción, estos logran su sobrevivencia e, incluso, amplían su mercado y se encaminan hacia una orientación cada vez más generalista y flexible.

Como ha podido apreciarse en este apartado, existe un reconocimiento creciente de los fuertes lazos que los migrantes mantienen con sus países de origen y de las importantes consecuencias que estos tienen, tanto para las comunidades emisoras, como para las receptoras. Si bien es cierto que la movilidad de recursos y personas de un país y/o región a otro ha sido un proceso social desde los propios orígenes de la humanidad, este fenómeno se ha expandido en la contemporaneidad, a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de los medios de transporte.

En este contexto, han crecido y se han fortalecido las relaciones que simultáneamente sostienen los migrantes en diversos ámbitos y que unen a las unidades de origen y de asentamiento. Por esta razón, la simultaneidad constituye un elemento significativo para analizar el fenómeno migratorio desde un enfoque transnacional. En el ámbito económico, estas prácticas transnacionales de los migrantes se manifiestan en diversas actividades humanas e institucionales, que requieren una adecuada interpretación y análisis, en pos de su mejor aprovechamiento.

Política migratoria y caracterización de los flujos migratorios en Cuba

Dentro de la multiplicidad de procesos que emergieron con la llegada del triunfo de la Revolución cubana, la emigración ha sido uno de los más significativos. A lo largo de estas seis décadas, se ha constatado la presencia de importantes oleadas migratorias, con magnitudes y patrones diferentes (Aja, 2002; de Urrutia, 1997; Sorolla, 2013). Más allá de las causas específicas que las han originado, existe consenso en señalar la importancia de las regulaciones gubernamentales que intervinieron en su modelación, así como el marco de relaciones de confrontación de los Estados Unidos con nuestro país.

La primera oleada migratoria después del triunfo revolucionario, según Aja (2002), estuvo integrada por los cubanos vinculados directamente con la dictadura de Fulgencio Batista, tanto en el plano político y militar, como en el ámbito económico; continuando con otras motivaciones que se van presentando con matices diferenciales según etapas y flujos migratorios. Entre estos emigrantes, figuraban miembros de la alta burguesía nacional, afectados por las primeras leyes nacionalizadoras; personas que, aunque no estaban directamente vinculadas a la política del anterior régimen, no simpatizaron con el proceso revolucionario y optaron por abandonar el país; y personas relacionadas con las empresas de capital norteamericano radicadas en Cuba y que, como parte del proceso de nacionalización, comenzaron a ser administradas estatalmente (Rodríguez, 2004).

A partir de este momento, Estados Unidos modifica sustancialmente su actitud con relación a la emigración en Cuba y comienza a manejar dicho fenómeno como parte de su política de hostilidad hacia la Revolución. En este escenario, se inscriben el Programa de Refugiados Cubanos a inicios de los 60 y la Ley de Ajuste Cubano de 1966, la cual se fundamenta en el tratamiento de refugiado político que se da al inmigrante cubano en ese país (Aja, 2002).

Lo anterior fue configurando un panorama que determinó la necesidad de establecer un control de la emigración y de las salidas al exterior, iniciado a partir del año 1961. Así, el 5 de diciembre de ese año se aprueba la Ley No. 989, en la que, entre otras cuestiones, se definían el destino de las posesiones de los que emigraban del país y se especificaba que las entradas y salidas serían controladas. Más adelante, en el marco del proceso de institucionalización de la Revolución, se promulga la Ley No. 1312 “Ley de Migración”, del 20 de septiembre de 1976, en la cual se establece el carácter restringido de las entradas y salidas de Cuba de sus ciudadanos, las condiciones de acceso al país de los emigrantes cubanos y las formas de emigración subsiguientes.

A lo largo de todos estos años ―y asociadas a importantes oleadas migratorias― pueden identificarse diversas etapas dentro de las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos, en las que se han logrado establecer momentos de acuerdos entre ambos países. El primero de ellos fue en diciembre de 1965, cuando se inician negociaciones para analizar el problema migratorio surgido en ese año, y se logra la firma de un Memorándum de Acuerdo que permitió la implementación de un puente aéreo entre Cuba y Estados Unidos, motivado por el proceso de reunificación familiar de los cubanos con sus familias que ya estaban en Estados Unidos. La solución del Gobierno cubano fue autorizar la recogida de los familiares en embarcaciones seguras por el Puerto de Camarioca, en la costa norte de la provincia de Matanzas (Rodríguez, 2004).

El segundo momento de intercambio sobre temas migratorios entre ambos países se produce a finales de diciembre de 1980, para discutir lo ocurrido durante las salidas masivas por el puerto del Mariel. Como parte de estos acuerdos, los norteamericanos se comprometían a otorgar una cuota de hasta 20 mil visas anuales para emigrantes cubanos y a aceptar una cuota adicional entre 6 mil a 7 mil visas para expresos y sus familiares, bajo la condición de que Cuba aceptara el regreso de aquellos que se consideraban excluibles (los no admitidos en Estados Unidos). Este proceso de conversaciones duró entre 1980 y 1984, debido a las contradicciones asociadas a la manera de elegir a las personas excluibles que debían ser devueltas a Cuba. El mismo concluyó, finalmente, con la firma de un acuerdo de Normalización de Relaciones Migratorias entre Estados Unidos y Cuba. Entre 1985 y 1987, estos acuerdos se vieron truncados, ante la denuncia de Cuba de las trasmisiones ilegales que realizaba Estados Unidos a través de Radio Martí; se restauraron en 1987, con la firma de un nuevo acuerdo migratorio que reanudaba el de 1984 (Rodríguez, 2004).

El tercer momento se produce durante la llamada Crisis de los Balseros, con una primera ronda de conversaciones entre ambos países en septiembre de 1994 y una posterior en mayo de 1995, en las que se firman nuevos acuerdos migratorios con el objetivo de normalizar y regular la migración cubana hacia Estados Unidos. Ello permitió la definición de un marco regulatorio que, de acuerdo con Rodríguez Martínez (2004), prescribió: a) el compromiso de Estados Unidos de otorgar un mínimo de 20 mil visas anuales y el establecimiento de una categoría de sorteo especial para Cuba, como vía para presentar nuevos casos de personas con intenciones de emigrar hacia el país norteño; b) la atención a los casos pendientes de años anteriores (entre 4000 y 6000 personas); c) el compromiso de devolver a todo cubano que fuera capturado en alta mar y a los que llegaran a su territorio a partir del secuestro de naves aéreas o marítimas; y d) la admisión paulatina de un grupo de cubanos que estaban en la Base de Guantánamo y que habían sido interceptados en alta mar durante los hechos de agosto de 1994 (no más de 5 mil dentro de las 20 mil visas acordadas). Por su parte, Cuba acordaba no tomar medida alguna contra los emigrantes devueltos como consecuencia de su intento de emigración ilegal y apoyarlos en su traslado a sus lugares de origen lo antes posible.

Pese a estos avances, el tema migratorio ha continuado empleándose por el Gobierno de Estados Unidos para subvertir el proceso revolucionario cubano, estimulando la salida ilegal a partir de las normativas establecidas con exclusividad para el caso de los cubanos, como la ya mencionada Ley de Ajuste Cubano. Esta ley les confiere a los cubanos un tratamiento diferenciado y único en todo el mundo, una vez que los admite en territorio estadounidense de forma inmediata y automática, sin importar las vías y medios que se hayan utilizado para llegar.

En este contexto de hostilidad, y con el objetivo de perfeccionar las regulaciones migratorias vigentes en el país para continuar avanzando hacia una migración legal, ordenada y segura, se promulga con fecha 11 de octubre del 2012 el Decreto Ley No. 302, (publicado en la Gaceta Oficial el 16 de octubre), junto con los Decretos 305 y 306 del Consejo de Ministros y un grupo de resoluciones complementarias, que comenzaron a regir a partir del 14 de enero del 2013 (MINJUS, 2012). Entre los cambios más significativos en esta nueva etapa pueden identificarse: i) la extensión a 24 meses del tiempo de permanencia de los cubanos en el extranjero sin perder su condición de residente en el país, que era de 11 meses con anterioridad; ii) la eliminación de la solicitud a las autoridades cubanas del permiso de salida y la carta de invitación para poder viajar al exterior;1 iii) el incremento de las causales de solicitud de residencia permanente en Cuba a las personas que salieron con menos de 16 años y que no hayan mantenido una posición contraria a Cuba, incluyéndose también casos por razones humanitarias; iv) la extensión de 60 a 90 días del tiempo de permanencia temporal de los emigrados cubanos que visiten el país; y v) la sujeción a regulaciones especiales para la salida del país solo a un grupo minoritario de personas, lo cual no implica una prohibición, sino la necesidad de recibir la autorización correspondiente.

Dos años después, en abril del 2016, Cuba decidió adoptar otras disposiciones, relacionadas con la autorización de la entrada y salida de ciudadanos cubanos en calidad de pasajeros y tripulantes en buques mercantes y en cruceros, con independencia de su condición migratoria. A partir del 1ro. de enero de 2018, este permiso se extendió a embarcaciones de recreo (yates), a través de las Marinas Turísticas Internacionales Hemingway y Gaviota-Varadero, creándose paulatinamente condiciones para la ampliación a otras marinas en el futuro. En esa misma fecha, se anunciaron otras nuevas modificaciones: i) la eliminación del requisito de avecindamiento para que los hijos de cubanos residentes en el exterior, que hayan nacido en el extranjero, puedan obtener la ciudadanía cubana y su documento de identidad; ii) la eliminación de la habilitación del pasaporte para los viajes a Cuba de los emigrados cubanos; y iii) la autorización de permiso de entrada a Cuba de los ciudadanos cubanos que salieron ilegalmente del país, excepto aquellos que lo hicieron a través de la ilegal Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo.

Paralelamente a estas transformaciones, también fueron ocurriendo, durante el segundo mandato del presidente Obama, algunas acciones de flexibilización de la política norteamericana hacia Cuba. A lo largo de estos años, se producen diversos intercambios y firmas de acuerdos, en el contexto del proceso de normalización de las relaciones entre ambos países. En el verano del 2015 se reabren las respectivas embajadas. También desde enero de ese año se había iniciado una ronda de conversaciones migratorias en la que, además de dialogar sobre la aplicación bilateral de los Acuerdos Migratorios, se intercambió sobre aspectos como el regreso de los llamados excluibles, el Programa Parole para Profesionales Médicos Cubanos, la Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos-pies mojados”. Una nueva ronda de conversaciones migratorias se produjo en noviembre del propio año, reiterándose por la delegación cubana su preocupación por la persistencia de un manejo politizado del tema migratorio. Ya en los últimos meses de mandato del presidente Obama, los dos Gobiernos firman un acuerdo migratorio el 12 de enero del 2017, el cual, entre otros aspectos, puso fin a la política de “pies secos-pies mojados” y el Programa Parole para Profesionales Médicos Cubanos.

Sin embargo, con la llegada a la Casa Blanca de la nueva administración estadounidense, liderada por Donald Trump, se retornó a la política de hostilidad abierta hacia Cuba, anunciándose medidas para recrudecer el bloqueo impuesto por más de cinco décadas y detener el proceso de normalización comenzado por su antecesor. Bajo la excusa de supuestos ataques sónicos contra sus funcionarios, el Departamento de Estado retiró parte importante de su personal diplomático de la Embajada de La Habana, paralizando los servicios consulares a los cubanos, con la correspondiente afectación directa al derecho de los cubanos a viajar, e incluso, a emigrar. A la vez, tomó la decisión de expulsar de su territorio a 17 funcionarios cubanos de la misión en Washington (una parte importante de estos, personal del consulado), lo cual impactó negativamente en los servicios consulares y dificultó los viajes a nuestro país de los cubanos residentes en Estados Unidos. Tal decisión generó la implementación de un traslado obligatorio a terceros países de quienes deseen obtener visas de inmigrantes y de reunificación familiar, así como para aquellos interesados en obtener los permisos para viajes temporales. Estos nuevos procedimientos han elevado aún más los costos para los cubanos y sus familiares, sin ofrecerse ningún tipo de garantía de que el trámite resulte efectivo.

En este escenario es importante comprender la configuración del patrón migratorio cubano. De acuerdo con Aja, Rodríguez, Orosa y Albizu-Campos (2017, pp. 43-44), la emigración constituye un fenómeno básicamente endógeno y endémico de la sociedad cubana, con profundas raíces históricas en el orden político, económico y presencia de redes sociales, que se profundizan y amplían a partir del proceso revolucionario de 1959. Otro de los rasgos distintivos de la migración en el periodo más actual está asociado al incremento de su carácter temporal. Ello depende de dos factores fundamentalmente: por un lado, del mayor o menor apoyo que encuentren los migrantes en su inserción en los países de destino; y, por otro, de la consolidación de un estatus migratorio en los países ―tanto emisor como receptores― que les permita la movilidad y, en consecuencia, la circularidad de la migración.

Se aprecia también una tendencia creciente a la adopción de otras ciudadanías, ya sea para viajar a otros países o establecerse en ellos, pasándose, por ende, de una migración a una movilidad con temporalidad y tendencia a la circularidad (Sorolla, 2015). Esta se caracteriza “por desplazamientos temporales que obedecen fundamentalmente a las perspectivas de satisfacer necesidades económicas, realizar proyectos de tipo académico, profesional y cultural, la atracción de redes familiares y consolidar un estatus migratorio favorable” (Martín y Bárcenas, 2015, p. 28).

Así, el comportamiento del número de salidas al extranjero de los residentes cubanos es cada vez más parecido al resto de los países de la región. Según datos ofrecidos por Gómez y Peraza Forte (2018), en los primeros cinco años transcurridos de la actualización de la Ley Migratoria (enero del 2014 y enero del 2018), 819 749 cubanos residentes en Cuba viajaron al exterior; se realizaron 2 656 111 viajes al extranjero, algunos de ellos por las mismas personas que viajaron más de una vez. Solamente el 11% del total de cubanos que viajaron al exterior establecieron su residencia permanente en otros países; lo cual refuerza el carácter temporal de la migración, ya comentado.

A su vez, los cubanos residentes en el exterior realizaron 2 672 093 viajes a Cuba y 1 578 430 los cubanos residentes en Estados Unidos. En el año 2017, estos ascendieron a 432 786, cifra superior a los 329 448 del año 2016. Asimismo, es de significar que 11 176 emigrados cubanos se reasentaron en territorio nacional, reiterándose Estados Unidos como el principal país emisor.

Adicionalmente, estos mismos autores señalan que los cubanos residen de manera temporal o permanente en más de 120 países del mundo, encontrándose el mayor grupo en Estados Unidos, donde se estima que viven cerca de dos millones. El 57% de ellos nacidos en Cuba y el resto es declarado de esa nacionalidad por sus lazos familiares y culturales. Estos cubanos constituyen menos del 4% de los hispanos que viven en Estados Unidos, correspondiendo la mayor cifra a los de origen mexicano con un 64% del total. Existen en la actualidad, además, 157 asociaciones de Cubanos Residentes en el Exterior (CRE) constituidas en 72 países que realizan periódicamente encuentros nacionales y regionales de cubanos residentes en el exterior y trabajan por fortalecer los vínculos entre Cuba y sus nacionales en el extranjero (Gómez y Peraza Forte, 2018).

Prácticamente toda la emigración posterior a enero de 2013 asume este carácter temporal, en la medida en que no pierde la residencia permanente en el país de origen y puede regresar cuando así lo desee, siempre que cumpla con las normas establecidas al efecto, lo cual se ajusta a la práctica internacional respecto a los derechos de los migrantes. No obstante, es importante tener en cuenta que, en el caso de Cuba, existe una diferencia con relación al tiempo de permanencia en el exterior para ser declarado migrante. Para los estándares internacionales, se considera como migrante a todo aquel que permanece más de un año fuera de su país de origen; mientras en el caso cubano, las nuevas normativas, como ya se apuntó, extendieron dicho periodo hasta los 24 meses.

Por consiguiente, el retorno, ya sea definitivo o temporal, es una práctica a la que crecientemente se van acogiendo los migrantes cubanos, lo que enfatiza la tendencia a la circularidad del proceso migratorio. Según Ferreiro (2018), desde la actualización de la política migratoria en 2013, la cifra de nacionales residentes en el exterior que han solicitado residencia permanente en el territorio nacional asciende a 40 603; proceso que les permite acogerse a las oportunidades de conservación de sus derechos, entre otros, los de propiedad de bienes inmuebles.

Dicha circularidad intensifica el accionar transnacional de la migración cubana, el cual se manifiesta en las crecientes visitas al país, el envío de remesas y los procesos directos e indirectos de inversión en la economía cubana, entre otras prácticas transnacionales que se van diversificando cada vez más. Actores clave en este proceso son las redes, las cuales desempeñan un rol significativo en el estímulo y apoyo a la emigración de cubanos y su posterior inserción. También influyen necesidades culturales y filiales, debido a la estrecha relación de los nuevos migrantes con la sociedad cubana, sus cadenas migratorias y redes sociales (Aja, Rodríguez, Orosa y Albizu-Campos, 2017).

En resumen, puede afirmarse que las dinámicas migratorias cubanas han variado en los últimos años, no solo en cantidad de personas migrantes y su desplazamiento hacia los Estados Unidos, sino en la aparición de nuevos canales de migración y de prácticas transnacionales que han modificado la vinculación de la migración con su país de origen. Todo ello es necesario tenerlo en cuenta en el diseño de las políticas públicas que se interrelacionan con el fenómeno migratorio. En esta dirección, los primeros pasos fueron dados: el marco jurídico de flexibilización que ha favorecido este tipo de comportamiento. El resto del camino hay que continuar trazándolo, a partir de una gestión de la nueva política migratoria que se adecue cada vez más a las condiciones actuales.

Reflexiones para una mejor gestión de la política migratoria cubana

Como ha sido analizado con anterioridad, bajo las nuevas condiciones de la legislación migratoria, un cubano que viaja al exterior no se considera emigrado mientras no transcurran 24 meses sin que retorne a Cuba. En la práctica, ocurre un proceso migratorio de tipo circular con ciclos de ida y regreso que les permite a los migrantes obtener beneficios y conservar derechos en los lugares en los que residen ―aun temporalmente―, incluyendo tanto el origen (Cuba) como los países de destino.

Lo anterior significa que una persona que encuentra un empleo en el extranjero y se instala en ese país, con tan solo regresar temporalmente al territorio nacional en el transcurso de dicho periodo, mantiene su condición de residente y todos los beneficios a los que tiene derecho. A saber, los activos que posea (vivienda, automóvil, etcétera), así como las prestaciones sociales que se derivan de nuestro modelo socialista, tales como salud y educación gratuitas; y las cuotas correspondientes a los productos racionados que se venden por la libreta de abastecimiento a precios subsidiados, entre otros. De este modo, personas que no tienen vinculación laboral en Cuba, ni participan directamente en el proceso productivo ―que es de donde provienen los recursos para financiar los beneficios sociales― continúan disfrutando de tales beneficios, sin ninguna forma de contribución a cambio.

Esta tendencia reciente a la solicitud de los emigrados cubanos de recuperar su condición de residente es una situación que genera un importante desafío para la sociedad ―no exenta de visiones contradictorias al respecto― que requerirá definiciones acerca de los derechos de los residentes no efectivos que hoy se benefician del actual esquema de redistribución social, basado en subsidios universales. En tal sentido, el país tendrá que ofrecer programas de reintegración socioeconómica que garanticen su integración en el mercado laboral y/o en los sistemas de protección social que se encuentran en permanente tensión, en condiciones de fuertes restricciones económicas. Para ello, será necesario dar respaldo técnico y financiero a dichos programas de reinserción; financiar programas de retorno digno, ordenado, ágil y seguro; así como apoyar los programas y proyectos enfocados en emprendimientos y reintegración laboral de la población migrante retornada. En paralelo, se deberá avanzar gradualmente en la introducción de un sistema de subsidios más focalizado, a partir de políticas diferenciadas dentro de los derechos universales, destinadas a aquellos que aportan más a la sociedad, sin que ello signifique renunciar a pilares fundamentales de la política social cubana, como el acceso universal y gratuito a importantes servicios sociales.

El panorama se torna mucho más complejo cuando el patrón de movilidad se da fundamentalmente en la población joven, en edad laboral, y se agrava si posee un alto nivel de calificación. Como es conocido, Cuba cuenta con uno de los contingentes de profesionales más altos de América Latina y se ha estimado que 1 de cada 160 habitantes ha salido para formarse profesionalmente en el exterior por medio de diferentes programas de cooperación. Este proceso ha facilitado la obtención de ingresos y ayudas para el desarrollo del país, siendo quizás los ejemplos más claros los procesos de cooperación desplegados en el marco del ALBA y el intercambio de profesionales (Cortez, 2016).

Todo ello ha sido resultado de la activa política educacional que se ha llevado a cabo en Cuba en estas seis décadas. Sin embargo, la migración internacional de este personal calificado puede constituirse en una limitante importante, especialmente cuando se ha apostado al papel del potencial humano, la ciencia, la tecnología y la innovación como uno de los ejes estratégicos del proceso de desarrollo nacional. Más aún cuando se trata de los jóvenes que residen por períodos prolongados (o definitivamente) en el exterior, lo cual le resta efectivos a la población económicamente activa, al tratarse de personas en edad laboral que no están formando parte de la fuerza fundamental para acometer tales planes de desarrollo económico y social. De ahí la necesidad de repensar cómo utilizar el potencial profesional de los emigrados, su talento, en función del desarrollo socioeconómico de Cuba; a la vez que implementar diversas acciones que le permitan a las instituciones protegerse de tales pérdidas.

Por esta razón, otra de las reflexiones va encaminada a fomentar políticas de retorno orientadas a recuperar población emigrada (Mármora, 2004), ya sea de manera temporal o definitiva, mediante el retorno físico o de su posible aporte a la sociedad, fundamentalmente a través de los diversos tipos de remesas analizados a lo largo de este trabajo. Para ello, es necesario entender las particularidades del caso cubano, en el cual la solicitud de residencia permanente en territorio nacional no se ajusta estrictamente a la determinación del migrante de reasentarse en su país de origen, sino que intervienen otras motivaciones en esta decisión.

Tal y como se plantea en López (2018), este proceso no solo devuelve a los migrantes plenos derechos civiles y políticos, así como acceso a todo el sistema de protección social del país, como ya se comentó, sino que les ofrece nuevas oportunidades para emprender negocios y adquirir inmuebles, en el contexto de las transformaciones económicas actuales. Así, la solicitud de residencia permanente no significa necesariamente el retorno del migrante, sino el cambio a un estatus más favorable con respecto a su país de origen, mientras mantiene en la práctica su residencia fuera del territorio nacional, lo que responde más a una movilidad con carácter de circularidad que de retorno.

Bajo tales condiciones, existen al menos dos tipos de estrategia en las que habría que focalizar las acciones respectivas. La primera está relacionada con el turismo y la promoción de alternativas que sean atractivas para los cubanos residentes en el exterior, sean emigrados o no. Según datos de ONEI (2019), en los últimos cinco años los cubanos en el exterior han estado entre las tres primeras fuentes de procedencia de los visitantes al país, con un monto de 600 306 personas en el 2018, lo que representó para ese año el 12% del total de visitantes y un crecimiento con respecto al año anterior del 16%. En el 2019, el crecimiento fue más modesto (623 972 visitantes), pero fue un año donde solamente cinco de los mercados emisores mostró cifras superiores al año precedente.

Desde la perspectiva transnacional, este comportamiento refleja fuertes interconexiones con el país de origen, en tanto muchos cubanos eligen el destino Cuba no solamente por las opciones turísticas que se ofrecen en sus diversas modalidades, sino y muy especialmente, por los lazos afectivos que los unen a sus familiares y amigos, con los cuales mantienen estrechos vínculos. En Perelló y Llanes (2015) se señala que en una encuesta aplicada a cubanos residentes en el exterior, la modalidad que ocupó el primer lugar en sus viajes fue la de visita a familiares y amigos (68%), lo cual combinado con necesidades culturales y de reafirmación de su identidad, constituyen factores que mantienen en ellos una fidelidad al destino.

Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta la alta proporción de migrantes que se ha asentado en países desarrollados ―a la vez los principales emisores de turismo a Cuba―, y que potencialmente están en condiciones de integrar un segmento de viajeros repitentes, capaces de realizar los mayores gastos de viaje y funcionar, al mismo tiempo, como promotores turísticos (Perelló y Llanes, 2015). Por consiguiente, este panorama constituye una gran oportunidad para que el sector diseñe productos más atractivos y económicos que llamen la atención del turismo nacional de residentes fuera de Cuba; entre los que valdría la pena destacar la oferta de paquetes familiares cuyos precios per cápita sean más bajos, especialmente en poblaciones específicas (por ejemplo, menores y ancianos).

Asimismo, se ha considerado que el país podría estar dejando de ingresar divisas de sus propios nacionales que viven en el exterior y que desean viajar a Cuba, por los altos precios que tiene el pasaporte cubano, especialmente en cuanto al trámite asociado a la prórroga y renovación. Si bien es cierto que ello constituye una fuente de ingresos en divisas que tiene el país a través de su sistema consular, también lo es su entrada a Cuba, una vez que en territorio nacional realizan gastos en bienes de consumo personales que son fondos que se recaudan.

La segunda estrategia está relacionada con el envío de remesas2 y su canalización hacia objetivos de interés del país. Como ya se ha explicado, las remesas económicas constituyen un buen ejemplo para demostrar las conexiones que se establecen entre el migrante y su sociedad de origen.

En el caso de Cuba, si bien no existen cifras oficiales al respecto, algunas estimaciones sitúan su valor entre 3 000 y 3 500 millones de dólares norteamericanos anuales (Triana Cordoví, 2017), cifra que ha ido en aumento en los últimos años, especialmente desde que en enero del 2015 el gobierno de Estados Unidos eliminó el límite de montos de remesas que se envían al país. De igual modo, según Delgado (2016), han actuado como factores de impacto en este incremento el contexto de transformaciones socioeconómicas, la revitalización del sector por cuenta propia, la modificación de la legislación migratoria, la liberalización de la compra y venta de casas y autos y el permiso de hospedaje a cubanos en hoteles. No obstante, si bien las remesas continúan teniendo un peso importante en la satisfacción de necesidades básicas de la familia, sus usos se han ido diversificando, emergiendo de manera notoria su empleo como capital de trabajo (Delgado, 2016).

No existen cifras oficiales que permitan corroborar la afirmación anterior. No obstante, una revisión de algunos trabajos realizados por autores cubanos, así como de otros datos de fuentes oficiales, contribuyen a brindar determinados elementos a favor de la misma. Lo primero es el crecimiento que ha experimentado la actividad por cuenta propia, desde que en el 2011 se ampliara el otorgamiento de licencias, con la proclamación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Durante estos años, esta cifra se ha elevado considerablemente, hasta alcanzar un valor por encima de los 630 000 en el presente. Una de las fuentes para financiar este rápido crecimiento de la actividad privada podría encontrarse en los créditos que ofrece el sistema bancario. Sin embargo, no pocos estudios han concluido que todavía existen importantes limitaciones en esta vía.

Uno de estos estudios sobre el financiamiento a los cuentapropistas es el desarrollado por Triana Barros (2013), dirigido a valorar el nivel de información y aceptación del financiamiento crediticio por estos actores. La investigación abarcó una muestra de 137 trabajadores por cuenta propia de ocho actividades económicas diferentes. Entre los resultados más significativos de este estudio pueden mencionarse que el 65% de la muestra desconocía las entidades financieras que podían concederle financiamiento crediticio; que el 95% no sabía las exigencias básicas de los bancos cubanos para acceder a los créditos; y que el 70% concordó con que la principal barrera para la utilización del crédito bancario es la escasa información que tienen los trabajadores por cuenta propia sobre los productos y servicios bancarios, sus condiciones y ventajas. De ahí que pueda inferirse que esta fuente de financiamiento no está jugando un papel fundamental.

Consecuentemente con lo anterior, también en León y Pajón (2015) se afirma que el crecimiento del trabajo por cuenta propia ha estado ajeno al crecimiento del otorgamiento de créditos. Entre las causas por las cuales esta política no ha sido atractiva para los trabajadores por cuenta propia, los autores señalan: I) el hecho de que el beneficiario del crédito debe estar operando para acceder al mismo, por lo que el grupo elegible está conformado por aquellos que ya han accedido a alguna otra fuente de financiamiento (interna, ahorros privados, préstamos familiares, préstamos de individuos que lucran sin autorización por esta vía, remesas, etcétera); II) las garantías exigidas y la actitud en cuanto al riesgo de muchos de los bancos implicados en la puesta en marcha del proceso de otorgamiento de créditos; III) la existencia de normas homogéneas, que no consideran el grado de heterogeneidad dentro del sector del trabajo por cuenta propia; y IV) el escrutinio al que son sometidos los agentes ante el inicio de un proceso de otorgamiento de crédito, que conlleva a una revisión exhaustiva de la actividad del emprendimiento, sus cuentas, balances, etcétera, por lo que ante procesos de evasión fiscal (no poco frecuentes en este segmento), aparecen desincentivos claros a esta opción de financiamiento.

Por su parte, Borrás (2017) coincide con el planteamiento de que el financiamiento crediticio a estos actores económicos no se corresponde con las necesidades crecientes de este sector, representando aún una proporción baja de las carteras de los bancos comerciales y del universo de los cuentapropistas que operan en el país; aun cuando reconoce los avances en esta dirección, a partir de la puesta en marcha de una nueva política crediticia que ha llevado a los bancos comerciales a generar ofertas a este segmento del mercado e incrementar la cantidad de créditos.

Del análisis anterior puede concluirse que la participación del crédito bancario en el crecimiento del sector no estatal ha sido bien limitada, por lo que estos negocios han sido financiados en gran medida por recursos propios,3 los cuales pueden tener diversas procedencias, como el ahorro personal, la venta de activos y las remesas.

Con relación al tema de las remesas y su papel como fuente de financiación de los trabajadores por cuenta propia, en Díaz, Pastori y Ferré (2017) se realizó una encuesta a 37 expertos de diversas instituciones académicas sobre los negocios privados en Cuba, incluyéndose una pregunta asociada al tema de las condiciones para el apoyo financiero. De entre todas las opciones, la totalidad de los encuestados otorgó mayor puntuación a la variante que planteaba que “los cubanos residentes en el exterior son una fuente importante de apoyo financiero, tanto para los nuevos negocios como para aquellos en crecimiento”, alcanzando una media de 7,1 y una mediana de 7, en una escala del 1 al 8.

Los hallazgos de Rodríguez y Cumbrado (2018) también corroboran lo anterior. A partir de un estudio de casos que abarcó a ocho negocios por cuenta propia ubicados en el Centro Histórico de La Habana, se confirma la participación de los emigrados cubanos en la concepción, creación y desarrollo de emprendimientos privados, a partir del envío de remesas monetarias y de bienes materiales y culturales; tanto en los casos en que el dueño es el emigrado ―porque presenta estatus migratorio en otras naciones y es este el principal emisor de remesas―, como en los casos en que el dueño recibió remesas a partir de redes de familiares y amigos.

De este modo, podría decirse que las remesas económicas constituyen, si no la más importante, una de las primeras dos fuentes decisivas que alimentan la demanda de consumo e inversión privada del país, montos que serían equiparables a toda la inversión anual recibida por proyectos de inversión extranjera directa en el sector estatal (Triana Cordoví, 2017). De ahí la necesidad de generar diversas iniciativas desde los marcos institucionales y regulatorios que canalicen estos crecientes flujos de entrada de divisas hacia prioridades nacionales, especialmente para favorecer objetivos de desarrollo local y comunitario. Máxime cuando muchos de estos nuevos negocios han surgido al margen de programas de desarrollo local, constituyéndose en una limitante para su óptimo aprovechamiento en función de este.

Si analizamos la dimensión social del concepto de remesas, se aprecia que en el actual contexto de la sociedad cubana, caracterizado por el crecimiento de las visitas de los migrantes, el aumento de los viajes temporales de cubanos al exterior, la mayor presencia de la migración en el sector privado y la dinamización de las comunicaciones entre migrantes y la sociedad de origen con el uso de las TIC, es mayor la incidencia de los migrantes en su sociedad de origen a través de la difusión de sus ideas, comportamientos, experiencias, hábitos, habilidades y conocimientos adquiridos en la sociedad donde residen (López, 2018).

Esto último está relacionado con las llamadas remesas sociales, asociadas, como se explicó en el primer apartado, a ideas, comportamientos, criterios, hábitos, conocimientos, habilidades que el migrante va transfiriendo por diversas vías a su comunidad de origen. Ello constituye una variable clave en el proceso de toma de decisiones en el ámbito familiar para emprender o gestionar un negocio privado, dada las experiencias y conocimientos afines adquiridos por el migrante en la sociedad receptora. El estudio realizado por Rodríguez y Cumbrado (2018) confirma lo anterior para el caso cubano. Asimismo, los migrantes transmiten nuevos valores y estilos de vida incorporados, que pueden corresponderse o no con los promovidos por la sociedad cubana. Todo ello va generando un entramado social cada vez más heterogéneo y complejo que requiere de acciones intencionadas que lo internalicen.

Finalmente, tendrán también que direccionarse acciones hacia aquellos migrantes que han creado negocios exitosos en el exterior basados en tradiciones autóctonas de Cuba (negocios étnicos) y buscar la manera de que estos puedan contribuir económicamente con su país de origen, con formas específicas asociadas a este tipo de práctica transnacional. Una alternativa sería establecer alianzas con sectores estatales proveedores de insumos y materias primas necesarias para tales negocios, lo cual simplificaría lo complejo que puede llegar a ser su acceso desde fuera de Cuba y constituiría otra vía de ingresos al país.

En resumen, sea cual sea la forma que adquieran estas prácticas económicas transnacionales, lo cierto es que son una clara evidencia del vínculo sostenido de los migrantes cubanos con su país de origen. De ahí que estas deban ser tomadas en cuenta en la elaboración de políticas públicas que mitiguen los efectos no deseados de estos procesos y potencien aquellos que resulten de interés para el Estado y la sociedad cubana. Pese a los avances en el marco jurídico, queda aún un largo camino por andar en materia de una mejor gestión de la política migratoria más reciente. En este propósito habrá que continuar avanzando en la formulación de políticas que sobrepasan el alcance de la ley migratoria, las cuales deben abordar la cuestión migratoria cubana desde una visión integral, a partir de la incidencia de sus manifestaciones transnacionales, especialmente, en el ámbito económico.

Conclusiones

El fenómeno de la migración desempeña en la actualidad un rol protagónico en la toma de decisiones de Gobiernos, familias e individuos, ya sean económicas, políticas o sociales. Cada vez con mayor fuerza, se aprecian prácticas transnacionales que sustentan los fuertes vínculos que en diversos ámbitos establecen los migrantes entre sus países de origen y destino. En el aspecto económico, las prácticas transnacionales más comunes se realizan mediante las visitas turísticas de los migrantes a su país de origen, el envío de remesas (monetarias o no), las inversiones o negocios de migrantes en sus sociedades de origen y los negocios étnicos.

En este escenario, las políticas migratorias desempeñan un papel fundamental y deben ser analizadas de manera sistémica y global, teniendo en cuenta su creciente carácter transnacional, lo cual supone un reto a los gobiernos, al tener que conciliar los intereses de los principales sujetos de este proceso: Estados emisores y receptores, migrantes y población nativa.

En el caso de Cuba, la migración, fenómeno de larga data en el país, ha respondido a las peculiaridades del contexto histórico-concreto, al igual que la política migratoria de cada momento. Si bien esta última se ha desplegado en un complejo contexto, dada la gran influencia de la posición hostil asumida por el gobierno de los Estados Unidos, al mismo tiempo se ha caracterizado por su intencionalidad de avanzar hacia niveles de flexibilización cada vez mayores y su voluntad de acercamiento a la comunidad residente en el exterior.

Durante todos estos años y especialmente en el periodo más reciente la migración cubana ha ido mostrando una tendencia creciente hacia prácticas transnacionales, que han influido en la estructura social, económica y política del país. Por consiguiente, analizar el fenómeno migratorio cubano desde la perspectiva transnacional permite contribuir a minimizar su impacto negativo y canalizar con mayor eficiencia y eficacia los recursos económicos, materiales y financieros que fluyen como resultado de este proceso.

Así, el aprovechamiento de estos fuertes lazos constituye una oportunidad para acercar al país con su emigración, lo cual ha sido un principio de la política migratoria cubana; y para que este acercamiento se produzca bajo condiciones en las que se beneficie no solo dicha comunidad, sino también la población residente en Cuba. Sería esta otra de las vías para que la sociedad cubana, en su conjunto (los que residen en la Isla y los que radican en el extranjero), continúe avanzando en el camino de alcanzar un futuro mejor para todos.

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Ya en el marco de la Tercera Conferencia “La Nación y la Emigración”, celebrada en mayo de 2004, se había eliminado el permiso de entrada para los emigrados cubanos, estableciéndose en su lugar la habilitación de los pasaportes.

2 En el caso cubano, las remesas económicas incluyen, además, el envío de medicinas, alimentos y productos de difícil acceso en el mercado nacional, así como las recargas de servicio de telefonía celular.

3 Ver trabajos de Pañellas y Torralbas (2016) y Martínez (2016), citados en Borrás (2017).

Recibido: 27 de Enero de 2020; Aprobado: 13 de Mayo de 2020; : 29 de Junio de 2020

* Autor para la correspondencia: silviao@fec.uh.cu

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