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Introducción1
En diciembre del 2019 se identifica la COVID-19, enfermedad provocada por un nuevo coronavirus, el virus SARS-CoV-2, registrado en China. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), transcurridos siete meses, los datos contabilizaban más de 16 249 165 casos confirmados internacionalmente por laboratorios en 185 paises, habían fallecido 649 208 personas, para una letalidad de 3,99%. America Latina y el Caribe asume el 53,8% de los casos en el mundo, más de 346 000 fallecidos y letalidad del 3,88%. La pandemia desborda los impactos sobre los seres humanos, sin hacer distinción de clases y estratos sociales, ni países desarrollados o no, para afectar de manera definitiva las relaciones económicas y políticas internacionales, aumentado las brechas entre pobres y ricos, ya sea dentro de las fronteras nacionales o en el escenario de las relaciones internacionales. La economía mundial ha recibido un fuerte e inesperado impacto negativo, que, aunque toca a casi todos los miembros de la comunidad internacional, las propias desigualdades estructurales, regionales y nacionales vigentes, hacen que estas mismas desigualdades se reproduzcan dramáticamente. La incertidumbre ante la permanencia de la pandemia, marcada por ineficiencia de su control y los rebrotes que se producen en muchos países a partir del retorno a una determinada normalidad, evidencian que se está en un mundo que enfrenta múltiples amenazas. Desde las de salud, que atentan contra la existencia humana, hasta las que se recrudecen en el plano económico, político, social y medio ambiental, que en definitiva también amenazan a lo más preciado del planeta, su población.
Para Cuba el evento sanitario mundial asume la clasificacion de epidemia, donde la mayor de las Antillas, con una población de 11 193 470 (ONEI, 2019) presenta, al momento de redacción de este trabajo, 2 555 casos confirmados, 87 fallecidos y 2 352 pacientes recuperados (MINSAP, 2020), lo que la situa en el lugar 112 a escala internacional y el 21 en el contexto regional. La particularidad insular del país condiciona las formas de enfrentamiento adoptadas por el Gobierno de Cuba, que le han permitido manejar convenientemente la situación epidemiológica hasta el momento. A partir de contar con un sistema de salud de reconocida profesionalidad, excelencia y alta eficiencia, que tiene entre sus principios rectores el carácter estatal y social de la medicina, la accesibilidad y gratuidad de los servicios2, cuba ha ido estableciendo paulatinamente el control e incluso cierre de las fronteras aéreas y marítimas, con la consecuente incidencia en el panorama migratorio externo, en la emigración y la población cubana que protagoniza un intenso flujo de salidas y entradas al país, a partir de la aplicación del Decreto Ley 302, del 16 de Octubre del 2012.
A los elementos de la política y evolución interna de la sociedad cubana, afectada por la crisis economica mundial provocada por la COVID-19 y sus impactos sobre todos los flujos de turismo internacional, de vital importancia para la economia del pais, se unen factores claves de la relación antagónica y la sostenida agresividad de los Estados Unidos contra Cuba. En los meses transcurridos en el 2020 se agravan las tensiones a partir del endurecimiento del bloqueo, en un intento por ahogar aún más la economía, la sociedad y provocar el descontento en la población cubana, la misma que es seriamente afectada por tales medidas.
Este artículo retoma evaluaciones realizadas por el autor, e incorpora los primeros resultados de los debates efectuados por el Grupo de Migraciones Internacionales del CEDEM acerca de algunos elementos clave del proceso migratorio externo de Cuba3.
La migración internacional en el contexto de la COVID-19. Su influencia en el proceso migratorio internacional de Cuba.
El impacto de la COVID-19 ha generado una nueva e inédita situación internacional de crisis sanitaria, económica, social y política que impacta a los movimientos migratorios internacionales y ratifica a la migración como un problema multidimensional, común para sociedades receptoras emisoras y de tránsito. Los vaticinios de los organismos internacionales no son alentadores, no obstante la intención de minimizar la situación con la finalidad de facilitar a las economías desarrolladas capitalistas priorizar la apertura económica en detrimento del control epidemiológico. La crisis sanitaria tiene altos costos en pérdidas humanas, su duración es incierta en el tiempo, con posibles rebrotes debido, entre otros factores, a los enfoques particulares de los gobiernos capitalistas desarrollados de priorizar la economía a costa de la salud. Los sistemas sanitarios están colapsados, se han encarecido y la perspectiva es que los costos de salud se incrementen, afectando los sectores más pobres y vulnerables, ya sea en los principales países receptores de inmigrantes, como en los emisores, lo cual debe tener efectos contradictorios en la atracción y expulsión de los flujos migratorios internacionales.
Al cuadro antes descrito se suma la crisis económica, calificada por organismos internacionales como la peor después de la Gran Depresión de la década del 30 del siglo pasado. Según el FMI, las economías desarrolladas tendrán una contracción de alrededor del 6%, si se controla debidamente la pandemia; en caso contrario, puede ser más profunda y lenta la recuperación. Particularmente crítico es el impacto que tiene y tendrá a largo plazo sobre el empleo, el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza, que serían significativos, al igual que en el comercio y las finanzas internacionales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte de la pérdida de 195 millones de empleos a tiempo completo en 3 meses, en todo el mundo, solo entre abril y junio. Se ven perjudicados 2 700 millones de trabajadores, lo que representa el 81% de la fuerza de trabajo a nivel mundial. En América Latina y el Caribe se estima que se afectan cerca de 14 millones de puestos de trabajo, 3 millones de ellos en Centroamérica. Las cifras se refieren tanto a despidos, como a la reducción de horas laborales. Los sectores que más se ven impactados son: hotelería, alimentación, sector inmobiliario, actividades administrativas, fábricas y servicios de reparación, comercios y tiendas, los negocios y el sector artístico. Estas esferas emplean a 1 250 millones de trabajadores en todo el mundo. El sector informal corre un riesgo especial, ya que más de 2 000 millones de personas trabajan al margen en el mundo. En América Latina y el Caribe esta cifra es de 140 millones, que representan el 54% de los trabajadores. Más del 16% de los jóvenes carece de empleo debido a la pandemia (OIT, 2020).
Lo antes expuesto no deja lugar a dudas acerca de la significación y alcance global de la COVID-19 sobre la migración internacional, las políticas migratorias, sus restricciones y selectividad, donde la discriminación, la xenofobia y el racismo sustentan sus actuaciones y descargan su peso sobre quienes migran.
El 20 de abril de 2020 los migrantes eran al menos el 10% de la población en 10 de los 15 países con más casos de COVID-19. Entre el 11 de marzo, fecha en que se declaró por la OMS la pandemia- y el 20 de abril, el número total de restricciones a los movimientos migratorios implementadas en el mundo llegó a más de 48 000 (OIM, 2020a).
Algunos cambios provocados por las políticas implementadas para enfrentar las consecuencias la pandemia que pudieran desestimular o ralentizar los movimientos migratorios se refieren a:
Nuevas regulaciones de salud en países de destino.
Costo de los boletos aéreos y de transportación en general, así como otras regulaciones de control sanitario.
Alto desempleo en todos los países, lo que genera tanto un “push” como un “pull” migratorio.
Cierre y apertura de las fronteras en cada país, según comportamiento de la pandemia; aumento de los controles migratorios y militarización de las fronteras.
La población femenina es particularmente más vulnerable a la violencia y la discriminación y es la que más se ve afectada por el desempleo durante la pandemia, por ser mayoría en sectores como los servicios y el comercio.
El aumento de la xenofobia y criminalización de los migrantes. Son vistos como “propagadores del virus”, los que “quitan los empleos a los nacionales” y, como consecuencia, son más estigmatizados y discriminados.
Aumento de las políticas restrictivas contra los indocumentados.
Reajuste y selectividad en las proyecciones de inmigración en países receptores, con carácter selectivo y dirigido, por ejemplo, al cuidado de población envejecida.
Se adaptan los flujos migratorios a las necesidades de los mercados laborales, regularización de migrantes jornaleros, trabajadores domésticos y cuidadores.
Los trabajadores migrantes se estimaban en 2019 en 164 millones. En Norteamérica representaban el 20,6% y en Europa, el 17,8%. Son los más afectados por el desempleo ya que trabajan en sectores como los servicios y la producción, severamente impactados por la pandemia. No tienen seguros de salud o son muy precarios.
Sin embargo, los migrantes, para lograr el movimiento migratorio deseado, buscan e implementan formas alternativas que también aumentan su vulnerabilidad, lo cual no se ha detenido ni siquiera durante el pico de la pandemia en el mundo. Ante estas acciones, en algunos países se han tomado medidas bajo la influencia de la COVID-19 y la de grupos de presión tendientes a flexibilizar trámites y regularizar a los inmigrantes que ya están en los países de destino, a la vez que aumentan los criterios de selectividad inmigratoria.
El balance del 2019 indica que el número de migrantes fue aproximadamente de 272 millones, que representan el 3,5% de la población mundial (OIM, 2020b). “La enorme mayoría de las personas que migran a otros países lo hacen por motivos relacionados con el trabajo, la familia o los estudios, en procesos migratorios que, en su mayor parte, no son fuentes de problemas ni para los migrantes, ni para países que los acogen. Sin embargo, otras personas continúan abandonando sus hogares y países por una serie de razones imperiosas y a veces trágicas, por ejemplo, conflictos, persecuciones o desastres naturales. Aunque las personas desplazadas, como los refugiados y los desplazados internos, representan un porcentaje relativamente bajo del total de migrantes, suelen ser los más necesitados de asistencia y apoyo” (OIM, 2020b). Se registró un alza en 14% en la población de migrantes que reside en países desarrollados con respecto al 2018. Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales; Europa, el 30%; las Américas, el 26%; África, el 10% y Oceanía, el 3%, según datos del Portal Global de Datos Migratorios de la OIM. Entre 2000 y 2019, la migración contribuyó con el 42% del crecimiento de la población en América del Norte y el 31% en Oceanía.
En la Unión Europea (UE), dado que mueren más personas que las que nacen, solo la inmigración impide que el bloque comunitario pierda población. La UE ganó 1,5 millones de habitantes en 2019. Todo el crecimiento obedece a llegadas netas desde el exterior. Alemania, Reino Unido y Suecia encabezan la lista de países que más residentes atrajeron. Le sigue España, con algo más de 89 000 inmigrantes nuevos (Abellan, 2019). En 2019, alrededor de tres cuartas partes (74%) de todos los migrantes internacionales estaban en edad de trabajar, o entre 20 y 64 años de edad, en comparación con el 57% de la población mundial. Dentro de la cifra global de migrantes internacionales se incluyen 26 millones de refugiados. Los países de ingresos bajos y medios acogen a casi 22 millones, 84% de todos los refugiados (OIT, 2020). Dos tercios de toda la población migrante internacional vivía en solo veinte países, mientras 10 naciones albergan poco más del 50% de los inmigrantes de todo el planeta, destacándose Estados Unidos, receptor de casi el 20% (49,8 millones) del total del flujo migratorio mundial en los últimos 25 años.
Las mujeres que migran constituyeron el 48% del total de la población migrante. Se estima que existen 36,1 millones de niños migrantes, 4,4 millones de estudiantes internacionales y 150,3 millones de trabajadores migrantes.
El tema de los apátridas, aunque no tiene la connotación para Cuba que asume para otros países, adquiere particular relevancia. Son personas en situación vulnerable, ya que el Estado no los reconoce como nacionales, tropiezan con obstáculos para acceder a los servicios básicos -como educación, empleo o atención de salud- y pueden ser objeto de discriminación, abusos y marginación. Los apátridas no son necesariamente migrantes, su situación de vulnerabilidad y la falta de derechos pueden inducirlos a migrar, internamente o cruzando fronteras, a menudo de forma irregular dadas las grandes dificultades que tienen para obtener documentos de viaje y acceder a las vías de migración regular (OIM, 2020b).
Como parte de su mandato relativo a la apatridia, la ACNUR notificó la existencia de 4,2 millones de apátridas en 76 países al cierre de 2019 (Castro, 2020). Identificar a los apátridas es un primer paso necesario para prevenir y reducir la apatridia en el mundo, pero recopilar esos datos sigue siendo una tarea muy difícil por lo invisible que se vuelven estas personas para los gobiernos en los países donde viven.
El Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, suscrito en 2018 por 164 de los 193 miembros de las Naciones Unidas, con la excepción de los Estados Unidos y un reducido grupo de otras naciones, continua sin tener el efecto esperado, mas aun en el complejo escenario internacional de la COVID-19. Lo mismo ha sucedido con la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el Programa de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras -México.
A la situación migratoria en Centroamérica y hacia los Estados Unidos, transitando por México, se une la complejidad de la migración producto de las situaciones de conflictos políticos en Nicaragua y, un poco más al sur, en Venezuela, procesos donde la migración de una u otra forma es presentada y manejada por intereses políticos.
En este contexto no puede obviarse la persistente actitud anti inmigrante, xenófoba, racista y discriminatoria de la actual administración estadounidense, que continúa provocando serias y constantes violaciones de los derechos humanos de la población que intenta inmigrar por la frontera de México con los Estados Unidos, sin reparar en que sean niños, mujeres y familias, sobre los cuales recaen con mayor fuerza las consecuencias sanitarias y sociales de la COVID-19.
Respecto a las remesas, a pesar de las limitaciones reconocidas para su cálculo y estudio a nivel internacional, los datos existentes indican un aumento global en los últimos decenios, al incrementarse de 126 000 millones en el año 2000 a 689 000 millones de dólares de los Estados Unidos en 2018. En ese mismo año, las remesas aumentaron un 9% con respecto a los 633 000 millones de dólares de los Estados Unidos de 2017. En los dos años previos a 2017 se había registrado un descenso. Entre 2014 y 2015, los flujos mundiales (de entrada) de remesas se habían reducido en una proporción estimada en 1,2%, pasando de 603 000 millones a 595 000 millones de dólares de los Estados Unidos, y entre 2015 y 2016 se constató una nueva contracción, del 1,1% (de 595 000 millones a 589 000 millones de dólares de los Estados Unidos). En consonancia con esta tendencia, las remesas a países de ingreso bajo y mediano (que representan la mayor parte del total mundial) disminuyeron entre el 2014 y 2016, para volver a la tendencia a largo plazo positiva entre 2016 y 2018 (pasando de 444 000 millones en 2016 a 483 000 millones en 2017 y a 529 000 millones de dólares de los Estados Unidos en 2018) (Abellán, 2019) (figura 1).
Fuente: Informe sobre las Migraciónes en el Mundo. 2020. Migración y migrantes. Panorama Mundial. OIM
Figura 1 Comportamiento de las remesas de los migrantes en el mundo (en miles de millones de dólares estadounidenses)
Según estimaciones del Banco Mundial para 2020, en los países de bajos y medianos ingresos las remesas debían ascender a 574 billones, pero los efectos de la pandemia harán que caigan a 445 billones. Europa y Asia Central deben ser las regiones más impactadas por este decrecimiento (Zenner y Wickramage, 2020).
A manera de resumen:
A pesar de las consecuencias negativas de la pandemia, la globalización económica, la contradictoria integración de determinados procesos sociales y las relaciones transnacionales continuarán propiciando, ahora con mayor selectividad, la libre circulación de bienes y capitales, también de servicios y trabajadores. Los cambios tecnológicos y en las comunicaciones vinculados con la globalización no sólo continuarán facilitando los desplazamientos, sino que, además, permitirán a los migrantes mantener contactos regulares con sus comunidades de origen, al tiempo que posibilitan al futuro migrante acceso sin precedentes a la información sobre otros países, y de hecho se convierten en elementos que favorecen la toma de la decisión de migrar, en un escenario menos favorable dada la crisis sanitaria mundial.
Los flujos de migración internacional proseguirán marcados, aún más, por el incremento de la perspectiva de selectividad ante el arribo de los inmigrantes, su vinculación con la seguridad nacional de los estados y la necesidad de protección ante la persistencia de cuatro flagelos: el narcotráfico, el terrorismo internacional, el tráfico ilegal de personas y las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social internacional por la pandemia COVID-19.
La tendencia a la migración de profesionales continuará, evidenciando la creciente selectividad de las políticas y regulaciones migratorias de los diferentes países, y los efectos contradictorios para las sociedades emisoras y receptoras. El retorno temporal y la circularidad pueden marcar los principales procesos en este tipo de migración, en un escenario internacional pos COVID-19.
Debe mantenerse el predominio de migrantes jóvenes y la feminización de la migración, en el complejo contexto del proceso de envejecimiento de las poblaciones de los principales países receptores; la amenaza de la permanencia de la pandemia y el aporte circunstancial de los migrantes al crecimiento demográfico, principalmente de la población económicamente activa de esos países.
Las múltiples causas de los movimientos migratorios continuarán reforzándose: económicas, expectativas de mejores condiciones de vida, reunificación familiar, rol de las redes familiares y sociales, así como las ventajas comparativas de la inserción laboral y socioeconómicas, entre las sociedades de destino y origen, agudizadas por los impactos de la COVID-19 a nivel social e individual.
Los flujos de migrantes internacionales seguirán recibiendo respuestas cada vez más restrictivas por parte de naciones más apegadas al marco jurídico de su soberanía estatal y menos consecuentes con visiones cosmopolitas, humanitarias y solidarias, basadas en los derechos humanos de las personas desplazadas o en movilidad. Los estados tienden a definir sus posturas y reacciones bajo una concepción de la migración como problema y fuente de inestabilidad política, económica y social, a lo que se agrega la amenaza sanitaria por los efectos de la pandemia.
Según lo permitan las políticas inmigratorias de los países receptores ante las posibles consecuencias provocadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, los desplazamientos entre países del Sur seguirán incrementándose, mientras se mantienen los traslados de Sur a Norte e incluso de Norte a Norte.
Para América del Sur, en términos de tendencias generales, puede confirmarse la disminución de los flujos de emigración dirigidos a los tradicionales países extra regionales (Estados Unidos, Canadá y España); la pérdida de importancia relativa y absoluta de la inmigración proveniente de otras regiones, un crecimiento y mayor dinamismo en la migración intra regional y la constatación de que la región continuará siendo, en el balance global, un lugar de emigración más que de inmigración (CEPAL, 2017).
A la par de la creciente presencia de flujos interregionales, no puede descartarse que se mantenga la utilización, en la región de América Latina y el Caribe, de la llamada “Ruta del Sur”, aunque la magnitud de los flujos continúa dependiendo del clima internacional que los propicia, de las diferentes soluciones parciales y/o coyunturales que continúen dando los gobiernos de los diferentes países involucrados en la proceso migratorio en Centroamérica, así como de la actuación y políticas de los gobiernos de los países de tránsito y de destino frente a este fenómeno; también de la viabilidad de iniciativas como la de CEPAL para un grupo de países del área.
La magnitud de esos flujos seguirá determinada por la posición y actuación de los Estados Unidos y el control de su frontera como principal destino de los migrantes de la región y, en general, de la migración internacional, lo que podría tener ciertas variaciones en dependencia de los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Una reforma inmigratoria en ese país no pareciera ser posible a corto plazo, independientemente de si los demócratas ascienden a la presidencia o si la administración Trump asume un nuevo mandato. Las diferencias y similitudes entre ambos partidos en torno al tema inmigratorio se erigen como la principal barrera al respecto.
Se refuerza la tendencia a los desplazamientos temporales, a la incorporación al mercado laboral en los sectores de los servicios, el cuidado, la construcción y el comercio, hacia grandes ciudades y hacia otras con ventajas en comparación con los lugares de origen, donde las mejores condiciones sanitarias permitan la presencia de estas poblaciones.
Las relaciones transnacionales podrían ralentizarse como consecuencia, entre otros factores, de la disminución temporal del protagonismo de las remesas y de los flujos de migrantes internacionales, ante la coyuntura desfavorable provocada por la pandemia.
Para Cuba, estos procesos continuarán marcando áreas de mayor interés político y científico.
Balance del movimiento migratorio de los cubanos entre el 2018 y el 2019
Al cierre del primer trimestre del 2020 se registraron cerca de 2.2 millones de cubanos en el exterior, de ellos 600 000 son descendientes, fundamentalmente asentados en los Estados Unidos, en el sur de La Florida. Se adicionan más de 447 000 cubanos que se encuentran temporalmente en el exterior, de ellos, el 55% exceden 6 meses fuera del país. Una parte de estas personas quedaron varadas en diferentes países como consecuencia del cierre de fronteras ante la crisis de la COVID-194.
Para finales del 2019, las cifras de cubanos residentes por regiones del mundo, ratificaban las tendencias descritas en los escenarios anteriores, donde el mayor número (que supera el millón de personas) se concentra en la región de América del Norte, seguido por Europa y en tercer lugar América Latina, como se ilustra en la figura 2.
Fuente: Estadísticas oficiales de Cuba, 2019. Base de datos del CEDEM.
Figura 2 Estimado de cubanos residentes por regiones geográficas.
Se ratifican como principales países receptores de la emigración cubana a nivel mundial: Estados Unidos, España, Italia, Canadá, México, Venezuela, Alemania, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Brasil, Argentina, Costa Rica y Perú. A partir de la aplicación del Decreto Ley No. 302, se registra una alta movilidad internacional de la población cubana iniciando salidas por asuntos particulares. Entre enero del 2019 y febrero del 2020, los ciudadanos cubanos realizaron 1 518 708 viajes por asuntos particulares, mientras que los residentes en el exterior efectuaron 706 508 visitas al país (figura 3).
Fuente: Estadísticas oficiales de Cuba, 2019 - 2020. Base de datos del CEDEM.
Figura 3 Salida de cubanos por asunto personal
No pareciera que tenga freno definitivo la política que propicia la salida del país de médicos, enfermeros, profesores, ingenieros y otros profesionales universitarios, técnicos de nivel medio y deportistas, que durante décadas ha sido instrumentada por las administraciones estadounidenses y alentada por los sectores anticubanos. Al mismo tiempo, la política anti inmigrante de la actual administración introdujo modificaciones y restricciones que llegan también a los flujos de migrantes cubanos, de hecho, los hace deportables, como ha sucedido en los últimos 24 meses, y los coloca en una situación de migración menos favorecida, proceso que inició la saliente administración Obama al cancelar la aplicación de la política de pie seco-pie mojado para los cubanos.
A partir de esa decisión, se ha incrementado nuevamente la migración irregular de cubanos en los intentos por llegar a territorio estadounidense. Ella está motivada fundamentalmente por la percepción que prevalece en el potencial migratorio cubano de que, una vez que logran llegar a la frontera con los Estados Unidos, pueden entrar y quedarse, no sin dificultades e incluso tener que esperar la decisión fuera del territorio estadounidense, como viene sucediendo desde el segundo semestre del 2019. Solo una pequeña parte de los cubanos que llegan son devueltos ciertamente (aproximadamente 1 de cada 26, según datos correspondientes al año 2019). Adicionalmente, se facilita por las políticas migratorias y de visado que asumen varios países de la región, que fungen como tránsito hacia ese destino final, por ejemplo: Nicaragua (facilidades para viajar), Panamá y Costa Rica (“flujo controlado”), Guyana (libre visado), entre otros. Eso los ha convertido en la principal puerta de entrada para esos migrantes irregulares.
Un fenómeno especialmente preocupante, que debe continuar marcando tendencia en la migración también llamada ilegal o indocumentada -cualquiera que sea la denominación que se adopte-, es el flujo de migrantes en situación irregular, que acentúa su vulnerabilidad frente a la explotación, a partir de la asociación de la migración irregular con las redes de contrabando, tráfico y trata de personas -en su mayoría mujeres y niñas que son obligadas a prostituirse o hacen trabajo doméstico bajo engaños y maltratos- y con el crimen organizado transnacional en general, fenómeno de creciente magnitud en la región y en el que también hay cubanos involucrados, no sólo como víctimas, también como traficantes.
Aunque no se cuenta con cifras exactas, el porcentaje de personas objeto de tráfico ilícito debe continuar, en tanto se estima que anualmente hay alrededor de 3 millones de entradas ilegales en los Estados Unidos que generan ingresos anuales de alrededor de 6 600 millones de dólares para los delincuentes. También vienen observándose incidentes de toma de rehenes y extorsión, circunstancias que apuntan a la diversificación de los elementos delictivos que acompañan a los traficantes de migrantes, fundamentalmente en la ruta del sur con tránsito por Centroamérica, parada en México y destino final los Estados Unidos. Se constata la participación de cubanos en ese fenómeno.
La política inmigratoria y las medidas de la administración Trump contra Cuba. Impactos sobre las relaciones migratorias entre los dos países
En medio de las consecuencias de la crisis sanitaria mundial por la COVID-19, Estados Unidos, a contracorriente del resto del mundo, prorrogó indefinidamente la orden de deportación expedita para los inmigrantes detenidos en sus fronteras y los solicitantes de asilo (aunque declaran que revisaran la medida cada 30 días) y limitaron a los estudiantes internacionales en las matrículas de las principales universidades de la unión. Aproximadamente 700 000 jóvenes, de los cuales el 80% son mexicanos, que se inscribieron en el programa DACA5, se encuentran pendientes de que sean afectados por la cancelación del programa por la administración Trump. En el escenario de todos los retos y problemas que plantea la pandemia de COVID-19, el presidente de Estados Unidos parece haber visto también el momento de impulsar polémicas restricciones migratorias. Así, se plantea la necesidad de "reducir el incentivo para una migración masiva global", al anunciar la suspensión de cruces "no esenciales" en las fronteras con México y Canadá. Las nuevas medidas incluyen restricciones migratorias y prevén la expulsión inmediata del país de quienes lleguen indocumentados, sin siquiera contemplar un período de detención o el debido proceso para solicitantes de asilo. El propio Trump sugirió que estas limitaciones eran un viejo objetivo suyo para detener lo que definió como "miles" de ingresos semanales de extranjeros sin autorización.
Una parte significativa de los inmigrantes entraron de forma legal a ese país. En 2019, el 44% de la población nacida en el extranjero obtuvo la nacionalidad estadounidense. Otro 27% tiene un permiso de residencia permanente (Green Card) y un 4% es residente temporal, con autorización para vivir en el país. Cerca de uno de cada cuatro inmigrantes -11,1 millones de personas- están sin autorización legal. Se estima que cerca del 75% de los migrantes no autorizados han vivido en EE.UU. por más de 10 años.
Contraria a la visión imperante, los migrantes contribuyen directamente al crecimiento económico, incrementando la población y la demanda de bienes y servicios, aunque lo hacen de formas menos directas. Solo representan el 18% de los trabajadores de más de 25 años, pero son responsables del 28% de las patentes de alta calidad, una señal de progreso tecnológico ligado a la productividad y el crecimiento económico. La producción en la economía estadounidense es más alta y crece más rápido con más inmigrantes. A la fuerza laboral inmigrante se le atribuye el 39% del aumento en trabajos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
De acuerdo con el informe del año 2019, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 264 000 inmigrantes obtuvieron su residencia legal durante el primer semestre del año. El número de nuevos inmigrantes fue de 124 000, representando una disminución del 18% respecto al año 2018. Durante el 2018 y 2019 la administración Trump disminuyó el número de admitidos por asilo a 45 000, con restricciones para ciudadanos de varios países, como parte de su enfrentamiento político6.
A fines del 2019 (octubre) se habían recibido, en total, alrededor de 5 668 000 peticiones para adquirir estatus legal y aprobados el 86,5% de los casos (Customs and Border Protection, 2019), a la vez que el número total de visados expedidos a inmigrantes y no inmigrantes disminuyó por segundo año consecutivo. El cambio más controvertido comenzó en junio de 2018, cuando el Gobierno puso en vigor la denominada “política de tolerancia cero”, aplicable a los migrantes, incluidas las familias solicitantes de asilo, que cruzaran la frontera de los Estados Unidos sin documentación. La política pretendió instaurar una forma de disuasión punitiva de la entrada irregular en el país, y su aplicación se tradujo en la separación de más de 2 600 niños de sus padres, con la conocida indignación pública que suscitó, lo que obligó al Gobierno a reconsiderar esta decisión, al menos parcialmente.
Una parte de los ingresos de personas a Estados Unidos, que no corresponden a la inmigración, suceden por turismo, trabajo, deporte, inversión, entretenimiento y estudios. En el caso de las visas de estudiante F-1 y F-3, llama la atención la disminución del número de estudiantes internacionales que se inscriben en universidades de Estados Unidos. Es el segundo año consecutivo en el que esta cifra se reduce, incidiendo negativamente en un mercado que representa unos 42 000 millones anuales de dólares para la economía estadounidense, y podría ser el resultado de una combinación del efecto de los mensajes contra la inmigración, que desestimulan a los potenciales aspirantes a ir a estudiar a ese país, y el endurecimiento del sistema de otorgamiento de visas para estudios, y en general inmigratorio, en los Estados Unidos. Esta práctica se mantuvo en el 2019 y se incrementó con las medidas para el enfrentamiento a la COVID-19, cerrando prácticamente las puertas de ingreso a las universidades estadounidenses a los estudiantes extranjeros, muchos de ellos procedentes de Asia.
Ante el endurecimiento de las políticas de inmigración a nivel nacional, han aparecido en los Estados Unidos las “ciudades santuario”, que ofrecen protección a migrantes indocumentados que, por su situación, correrían el riesgo de ser detenidos o expulsados. Aunque el concepto de las ciudades santuario existe también en otras partes del mundo, es de aplicación más común en los Estados Unidos, donde muchas jurisdicciones locales -como ciudades, condados o estados-, en abierto desacato a las leyes de inmigración nacionales, han aprobado legislación encaminada a proteger a los residentes indocumentados.
Como es conocido, más de 3 000 kilómetros de frontera dividen EE.UU. y México, y en un tercio de la misma existe una valla separadora. La construcción del muro a lo largo de toda la frontera es una de las promesas electorales de Trump, que ha intentado llevar a efecto provocando serias disputas entre el poder legislativo y la administración, incluso dentro de su propio ejecutivo y el Partido Republicano. Por otra parte, ha sido fuertemente contestada por las organizaciones defensoras de migrantes y también por los efectos medioambientales que se estima tendría. No obstante, progresa la idea de su ejecución con diferentes fondos federales e incluso privados.
La reforma inmigratoria en los Estados Unidos es un proceso sujeto a dinámicas propias de la política doméstica y de la agenda del Ejecutivo. Los enfoques sobre sus posibilidades han oscilado entre la seguridad nacional y la diversidad cultural, la regularización de los indocumentados y entre las medidas restrictivas y expansivas, sin lograr un proyecto que las equipare. La falta de consenso ha limitado la aprobación de una reforma migratoria en las administraciones Bush, Obama y en la propia de Donald Trump.
Los temas que se han presentado en las últimas décadas por los sectores con servadores han sido retomados e impulsados por el actual presidente Donald Trump y se han centrado básicamente en: 1) Reforzamiento de la seguridad de la frontera nacional, 2) Criminalización de los inmigrantes indocumentados, 3) Deportación de los migrantes indocumentados (11 millones aproximadamente), 4) Construcción de un muro fronterizo, 5) Negociación o cancelación del Tra tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 6) Aplicar un impuesto a las remesas que envían los migrantes a su país de origen, de manera específica a los mexicanos para financiar el muro, 7) Evitar la aprobación de una reforma migratoria integral que otorgue derecho a los migrantes indocumentados, negándoles la amnis tía para regularizarse y que adquieran la ciudadanía estadunidense.
Lo realmente novedoso en la actual administración de Donald Trump es el carácter extremo de sus propuestas, pues antes nadie se había aventurado a proponer la construcción de un muro de 2 000 millas (3 200 kilómetros aproximadamente). Es una reedición de la ley Sensenbrenner, y de manera especial de la Ley del Muro Seguro o Ley del Cerco Seguro, alejada por completo de una reforma migratoria integral.
Las fronteras con México y Canadá han sido tema prioritario en la política inmigratoria de la actual administración, incluso de lograr la reelección en noviembre próximo. En la práctica, no sin matices, los dos países han tenido que arreciar sus controles fronterizos en aras de impedir en lo posible la entrada de grandes flujos de inmigrantes hacia Estados Unidos. Particularmente, México ha desarrollado una controversial política de control de los grandes flujos de centro americanos por la “ruta del sur” intentando, además, promover los procesos de asentamiento de estos migrantes en territorio mexicano. La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, viene a complicar aún más el escenario migratorio de la región y hacia los Estados Unidos, por lo que es previsible la aparición de nuevas contradicciones y violaciones de los derechos humanos de aquellos que intenten continuar la ruta migratoria hacia el país del norte.
Las medidas contra Cuba
Con el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se recrudece la política de enfrentamiento y hostilidad de ese país contra Cuba, materializada especialmente por el endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, las amenazas y los intentos de chantaje político, que han llevado a un estado casi “cero” las relaciones diplomáticas. Lo más relevante ocurrido en el tema migratorio con Cuba, ha sido la paralización de los puntos esenciales de los acuerdos migratorios firmados entre los dos países, se toman medidas para restringir los viajes a la Isla, así como la degradación del tratamiento excepcional concedido a los inmigrantes cubanos desde 1959.
Como resultado del cese de la mayoría de las gestiones consulares de Washington en La Habana, y la paralización de los programas diseñados para procesar a los solicitantes cubanos, a partir de septiembre de 2017 se ha dejado de cumplir con el otorgamiento de un mínimo de 20 000 visas anuales para migrantes permanentes, tal y como establecen estos acuerdos.
Según datos de las autoridades norteamericanas, en 2018 apenas se concedieron 6 504 de estas visas, lo que ha dejado varadas en Cuba a 22 000 personas que ya habían iniciado sus trámites. Además, los casos aprobados deben viajar a un tercer país a culminar sus gestiones, lo que aumenta los costos, los riesgos y las dificultades del proceso migratorio hacia Estados Unidos.
Esta medida no está motivada por razones estrictamente migratorias, sino que forma parte de las acciones destinadas a dañar las relaciones entre los dos países; responde a la filosofía de la actual administración, no solo enfocada contra la inmigración irregular, sino también interesada en disminuir la migración regular y organizarla a partir de parámetros distintos a los establecidos por la ley migratoria de Estados Unidos, la cual preferencia la reunificación familiar.
El incumplimiento de los acuerdos migratorios ha tenido el efecto, supuestamente indeseado para Estados Unidos, de potenciar la migración irregular procedente de Cuba. Entre enero y septiembre de 2017 las autoridades norteamericanas solo reportaron la entrada irregular de 2 057 cubanos a Estados Unidos. En el año fiscal 2018 (octubre-septiembre), la cifra ascendió a 7 079 y desde esta fecha hasta mayo del 2019 se registraron 10 910, no llegando a más de 15 000 al cierre del 2019 e inicios del 2020, donde la crisis mundial de la COVID-19 interrumpe bruscamente este y otros flujos de migrantes a nivel internacional.
Hasta el momento, en contradicción con la decisión de mantener la cancelación de “pie seco/pie mojado” decretada por la administración Obama, así como con la política de la administración Trump hacia otros inmigrantes irregulares, el gobierno norteamericano ha hecho bastante poco para desestimular estos flujos de migrantes irregulares cubanos. Tal y como reportan las agencias norteamericanas, en 2017 fueron declarados inadmisibles para permanecer en Estados Unidos solo 1 600 inmigrantes irregulares cubanos (7,8%) y en 2018 esta proporción descendió aún más, registrando un 3,7% (463). La situación provocada por la COVID-19 interrumpe y posterga la decisión de Cuba de aceptar el retorno de más de 500 migrantes cubanos, que de forma irregular intentaron llegar a Estados Unidos y este país los declaró inadmisibles, amparados en los acuerdos migratorios de enero del 2017, según fuentes oficiales de Cuba.
El cierre de la actividad consular también ha implicado que no se puedan gestionar las visas para visitas temporales desde Cuba, lo que ha provocado una disminución sensible de las mismas. Según cifras del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) de Estados Unidos, si en 2017 viajaron bajo esta condición 16 335 personas, en 2018 solo lo hicieron 6 959. Fue suspendido a los cubanos el otorgamiento de las visas B2, de entradas múltiples por cinco años, así como se redujo la permanencia autorizada en ese país a menos de tres meses, lo que ha interrumpido un flujo de migración circular muy activo en los últimos años.
La intención de reducir el volumen de las visitas temporales de cubanos a Estados Unidos no es nueva; en 2016 fueron rechazadas el 81,9% de las solicitudes, pero en ese momento la razón era evitar la utilización de estas visas como medio para establecer residencia permanente en ese país. En la actualidad, tal restricción no se justifica, ya que una vez cancelado el programa pie seco/pie mojado, el gobierno norteamericano tiene la opción de devolver a Cuba a aquellos que violen el término de sus visas y no permitir que se acojan a la Ley de Ajuste Cubano.
No se cuenta con información oficial al respecto, pero existe la percepción, basada en el anecdotario popular, de que tal como ocurre con los casos de indocumentados que se presentan en las fronteras, la gran mayoría de los que llegan con visas temporales y deciden quedarse más allá del tiempo límite permitido para acogerse a la LAC, logran hacerlo sin mayor dificultad. Aunque en declaraciones oficiales el gobierno norteamericano ha excluido a los inmigrantes cubanos de las nuevas exigencias para el otorgamiento del estatus de residente en ese país, en la práctica es un proceso que ahora demora mucho más que antes, lo que afecta la plena integración de estas personas a la sociedad norteamericana.
Sin atreverse a proponer su derogación, debido a las consecuencias políticas que ello acarrearía para otros aspectos de la política contra Cuba, en diversos momentos la derecha cubanoamericana ha planteado su revisión, bajo el argumento -no exento de razón- de que al viajar a Cuba no más obtenida la residencia, los nuevos inmigrantes están desacreditando una ley concebida para personas supuestamente perseguidas en el país, lo que afecta la matriz mediática que pretenden imponer sobre la realidad cubana.
A tono con las propuestas de la ultra derecha cubanoamericana, la política de restricciones aplicada por el gobierno norteamericano a los migrantes cubanos también abarcó en el segundo semestre del 2019, y en lo que va del 2020, a las visitas de los cubanoamericanos y población de origen cubano a ese país, a partir de las restricciones a las aerolíneas para viajar a la Isla. Al envío de remesas se le puso tope restrictivo en unión de nuevas trabas y medidas coercitivas contra las vías oficiales internacionales para su envío a Cuba.
Según datos oficiales de Cuba, las visitas de los cubanoamericanos a Cuba en 2017 (407 553) y 2018 (493 169) alcanzaron niveles sin precedentes y ello debe estar relacionado con la imposibilidad de que sus familiares visiten Estados Unidos, dado que el gobierno cubano no desarrolla políticas de promoción de estos viajes e incluso ciertas medidas tienden a desalentarlos, como es el caso del precio de los pasaportes y controles aduanales considerados excesivos en muchos casos.
Durante el 2019, esta cifra fue de más de 340 000, de haberse mantenido este comportamiento en el 2020, detenido por la pandemia de la COVID-19, más de 350 000 podrían haber visitado el país. Una cifra importante de cubanos de visita en Estados Unidos quedó varada a tenor del cierre de las fronteras.
Es de suponer que, sin llegar a ocurrir acontecimientos más extremos, como el rompimiento de las relaciones diplomáticas, eventualmente el gobierno norteamericano no restablecerá la plena actividad de su consulado en La Habana antes de las elecciones del 2020. Por el contrario, se extreman las medidas del bloqueo y se intenta cerrar más el circulo contra el país, en momentos de crisis mundial sanitaria y económica provocada por la COVID-19. Una victoria, aun no previsible, de los demócratas en las elecciones de noviembre podría plantear un escenario diferente, pero nunca lejano a la intencionalidad política agresiva de los Estados Unidos contra Cuba.
Cualquiera que sea el próximo gobierno de ese país, es probable que intenten revisar la cifra de 20 000 visas anuales, toda vez que, desde el punto de vista de los intereses inmigratorios estadounidenses, no se justifica recibir tal volumen de inmigrantes cubanos, considerando las tendencias restrictivas que predominan en el debate migratorio norteamericano. También podrían intentar retomar la solicitud de realizar el sorteo o lotería para la emigración desde Cuba. El desarrollo de la política inmigratoria en los Estados Unidos, independientemente del color de la administración que gobierne, continuará propiciando el escenario para que la inmigración cubana deje de ser una migración favorecida en los Estados Unidos. El accionar de la comunidad cubana en el sur de La Florida, y en el resto de los asentamientos de origen cubano en ese país, pasaría a ocupar un espacio marcado, no por el tratamiento inmigratorio, sino por otras consideraciones en el orden político, económico y social.
La promoción de la emigración desde Cuba ha dejado de cumplir la función contrarrevolucionaria que antes tenía en la política hacia la Isla, fuente principal del trato diferenciado recibido en el pasado. Al contrario, las actuales restricciones no son ajenas al criterio de que, de esta manera, se incrementan las tensiones internas en el país. Al igual que ocurre con los casos de indocumentados de origen cubano que se presentan en las fronteras, la gran mayoría de los que llegan con visas temporales y deciden quedarse más allá del tiempo límite permitido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, podrían lograr hacerlo aunque con mayor dificultad. Estados Unidos puede limitar la migración regular procedente de Cuba, a la vez que aceptar de forma controlada la irregular, principalmente con fines políticos.
Hasta el final del mandato de la actual administración no se vislumbra una modificación del proceso de retroceso en el otorgamiento de visados temporales para los cubanos, tal y como se informó sobre el cambio del otorgamiento de visado por 5 años. El proceso de otorgamiento del status de residente de los cubanos en Estados Unidos podría continuar demorando y, en consecuencia, afectando la plena integración de estas personas a la sociedad estadounidense, lo cual conviene a la derecha cubanoamericana, en tanto retrasa su participación en la vida política de país. Eso explica que la propia Ley de Ajuste Cubano también sea cuestionada por estos grupos, al ya no considerarla funcional a sus intereses. Al estar bajo el fuego cruzado de diversos sectores en Estados Unidos, que por distintas razones se cuestionan su pertinencia, la Ley de Ajuste Cubano pudiera ser abolida, a mediano plazo, no importa cuál sea el estado de las relaciones entre los dos países e incluso el partido que habite la Casa Blanca.
En el caso de los Acuerdos Migratorios entre los dos países, Cuba puede optar por defender la premisa del cumplimiento de los acuerdos migratorios, en busca de mantener una migración ordenada y segura a partir del potencial migratorio que persiste desde el país hacia los Estados Unidos. No obstante, se debe reconocer que también constituye un factor de “atracción” para niveles relativamente altos de emigración, con efectos negativos en ciertos aspectos de la vida cubana, como el balance demográfico y el potencial productivo de la nación.
Las restricciones aplicadas contra el envío de remesas, más que un efecto simbólico dirigido a la derecha cubanoamericana, provoca serios impactos para la familia cubana en ambos lados, e incluso trasciende a otros países donde se asientan los cubanos de forma temporal o definitiva. Responde a la política de agresiones directas de la actual administración contra Cuba y no apunta a tener modificación de producirse la reelección de Donald Trump.
A pesar del escenario adverso, en el orden político, en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, a partir de la política agresiva de este, el tema migratorio continuará siendo un canal de comunicación entre ambas partes, incluyendo los procesos de relaciones transnacionales que protagonizan crecientemente los cubanos residentes en ambas orillas.
La emigración cubana en el escenario de la Estrategia Economico- Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-197
En las tendencias actuales de la migración cubana se continúa expresando la historia migratoria del país. Sus particularidades y valor para la seguridad nacional, y en general para la sociedad, están sujetas a la influencia de múltiples aspectos políticos, económicos, jurídicos y culturales, todos en función de establecer la mejor relación posible entre Cuba y su emigración. El proceso de normalización de las relaciones con la emigración y la flexibilización de la política migratoria alcanzó su máxima expresión con la aprobación, el 16 de octubre de 2012, del Decreto-Ley No.302, que entró en vigor el 14 de enero de 2013, y modificó sustancialmente la Ley de Migración de 1976, eliminando practicamente todas las barreras endógenas a la movilidad, lo cual significó una modificación radical en cuanto al tratamiento a la cuestión migratoria en el país (Peña, Pérez y Santibañez, 2020).
Aunque favorecida por un entorno internacional que le otorga un tratamiento esencialmente político, diferente al resto de los flujos migratorios que proceden de la región -especialmente en el caso hacia Estados Unidos-, la emigración continúa siendo un fenómeno básicamente endógeno y endémico de la sociedad cubana, donde las cadenas y redes migratorias juegan un papel determinante, en combinación con otros factores internos de la sociedad, en un escenario internacional hostil en el caso de los Estados Unidos y de la economía internacional, a partir del impacto de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.
En este orden, ocupa un espacio vital el proceso de actualización del modelo de desarrollo económico y social; la necesaria transformación de la estructura de la economía que haga menos dependiente el crecimiento del PIB del comportamiento de su sector externo; lograr la reducción de importaciones sin afectar el crecimiento y el rol que pueden jugar las remesas de la emigración. Otro factor es la persistencia de la contradicción existente entre el desarrollo de un alto capital humano -objetivo esencial del socialismo- y la falta de condiciones requeridas para absorberlo a plenitud y satisfacer las necesidades y expectativas de esos sectores profesionales, como consecuencia del nivel de desarrollo existente en el país (Aja, 2018). La ganancia que representa ese sector comienza a disminuir, entre otros elementos, por la compleja situación demográfica de Cuba, con un alto nivel de envejecimiento, el decrecimiento del total de su población y, específicamente de la población activa en función de la economía y la reproducción humana, impactadas por el bajo comportamiento reproductivo y los sistemáticos saldos migratorios negativos externos.
Diversas dinámicas continuarán conformando el escenario migratorio, donde se articulan migraciones internas, intrarregionales e internacionales. La emigración definitiva cede lugar a las migraciones temporales y, como movimiento, debe ser contemplado entre las estrategias familiares históricas, actuales y futuras. La estructura familiar, en particular, se impacta y se transforma en el cumplimiento de las funciones familiares.
El retorno, ya sea definitivo o temporal, es una práctica a la que se acogerá un número creciente de migrantes, pero no de gran magnitud, con predominio de la temporalidad y posteriores salidas, en no pocos casos. Esto enfatiza la tendencia a la circularidad del proceso migratorio y se corresponde con la letra y el espíritu del Decreto Ley No. 302. La mayoría de los retornos continuarán siendo coyunturales, temporales, pues una buena parte de esas personas regresan para recuperar la ciudadanía cubana y acogerse a las oportunidades de conservación, entre otros, de derechos de propiedad en Cuba, al amparo de las oportunidades que ofrece la nueva legislación migratoria -algunos incluso establecen negocios-, y protagonizan una migración circular, a tono con la realidad internacional.
La población que retorna representa un potencial de difícil estimación, que debe ser estudiado; también deben evaluarse sus múltiples implicaciones económicas, demográficas y sociales en general, para Cuba y sus territorios, tomando en consideración puntualmente el año de salida, lugar de origen y de salida del país, grupos de edades, así como lugares de asentamiento en el exterior.
Persistirá la tendencia creciente a la adopción de otras ciudadanías, ya sea para viajar a otros países o establecerse en los mismos, planteando el problema de la “doble ciudadanía”, un asunto presente en gran parte del mundo, que resulta un reto para las legislaciones de muchos países, incluyendo la cubana, lo cual abre un espacio de necesaria actuación a partir de la aplicación de la nueva Constitución de la República.
La emigración irregular desde Cuba con destino final en los Estados Unidos, fenómeno vinculado al tráfico de personas, podría continuar modificándose sin que desaparezca, pues persistirán los factores que la propician. Su intensidad varía según las rutas que utilicen y la evolución o no del proceso hacia la normalización de las relaciones entre los dos países, donde la eliminación de la Ley de Ajuste continúa siendo factor principal, en un contexto de reanimada agresividad de Estados Unidos, que no pareciera modificarse a corto plazo.
En dependencia de los impactos de la COVID-19 en los flujos migratorios, continuará la presencia de significativas cifras de cubanos de tránsito por Costa Rica, Panamá, Perú, México, Canadá, España y otros destinos en Europa, Asia e incluso África. Este fenómeno, con antecedentes en la historia de los últimos 60 años, responde a varios procesos en el tema migratorio desde Cuba, ya sea la intención final de arribar a los Estados Unidos mediante la frontera con México y Canadá, el asentamiento temporal y alternativo ante la imposibilidad de emigrar en un breve lapso de tiempo a Estados Unidos, e incluso la utilización de los cambios en la legislación migratoria de Cuba, que propicia la circularidad, el retorno migratorio y una amplia movilidad internacional, sin que ello llegue a conceptualizarse como migración.
A la par de esos nuevos componentes del proceso migratorio, se intensificará también el accionar transnacional de la emigración cubana8. Se trata de una tendencia mundial que aparece en el caso de Cuba por el incremento de los viajes de cubanos desde la Isla, las crecientes visitas al país, el envío de remesas, y los procesos directos e indirectos de inversión en la economía cubana, con disímiles implicaciones para la sociedad cubana, no solo económicas, sino también sociales, culturales, políticas, entre otras.
En la migración cubana continuarán influyendo necesidades culturales y filiales, debido a la estrecha relación de los nuevos migrantes con la sociedad nacional, sus cadenas migratorias y redes sociales, por lo que se convierte en un factor a tener en cuenta en el diseño de cualquier política relativa al fenómeno migratorio, toda vez que aumenta el potencial de influencia sobre estas personas, responde a la percepción de la sociedad cubana respecto al tema de la emigración y a sus vínculos con los emigrados.
La feminización de la migración se mantendrá, caracterizada por la creciente presencia de mujeres como protagonistas del acto migratorio; en tanto, continúa el incremento de la migración de jóvenes y profesionales, favorecida por políticas de diferentes países que otorgan becas y opciones preferenciales para personas de estas categorías y, en general, condiciones que propician este tipo de inmigrantes. El incremento de la participación de mujeres en las migraciones, la vulnerabilidad de la infancia y los efectos sobre los adultos mayores, son temas comunes de los cuales las familias cubanas cada vez más tienen vivencias, tal y como sucede en las tendencias regionales y mundiales de la migración internacional.
El contexto actual migratorio, impactado por la pandemia de la COVID-19, en el caso de la familia, afecta sus procesos vitales y, en consecuencia, pulsa o ralentiza el desarrollo de la sociedad. Es necesaria una atención particular a los cambios en las políticas económicas y sociales del país que impactan las dinámicas familiares y la incidencia de las nuevas demandas migratorias para las familias.
La migración calificada y de profesionales continuará en incremento a partir de factores no solo externos -políticas de atracción a ciertas categorías de profesionales diseñadas desde países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y también algunos del Sur-, sino también de carácter endógeno, relacionados con la ausencia de adecuadas políticas, o la imposibilidad económica de su aplicación, para la atención a determinados sectores en el país, con sus consiguientes efectos sobre las condiciones de vida y de trabajo de buena parte de ellos, que propician su éxodo. En este orden, preocupación especial reviste la contradicción no resuelta entre la formación de un capital humano en Cuba, altamente desarrollado, y las consecuencias negativas que se derivan de la migración de buena parte de esos profesionales, para el desarrollo socioeconómico nacional. Y no solo de los profesionales, sino también de jóvenes cubanos que residen por períodos prolongados -o definitivamente- en el exterior, restando efectivos a la población económicamente activa, al tratarse de personas en edad laboral que constituyen la fuerza necesaria fundamental para acometer los planes de desarrollo económico y social. Se impone repensar cómo utilizar de la manera más efectiva posible el capital cultural (talento) de los emigrados en función del desarrollo socioeconómico de Cuba.
Actores claves en el proceso migratorio externo cubano serán las redes, las cuales desempeñan un rol significativo en el estímulo y apoyo a la emigración y su posterior inserción, algo evidenciado poderosamente en las crecientes visitas al país, el envío de remesas y los procesos directos, y sobre todo indirectos, de inversión en la economía cubana, a la vez que aparecen nuevas y cada vez más diversas expresiones de transnacionalismo entre los migrantes. Es necesario instituir mecanismos para propiciar “remesas productivas” que aporten capital de inversión y retorno a los que las colocan y a sus familiares. También, diseñar una política para captar inversiones de cubanos residentes en el exterior, sean permanentes o temporales, estableciendo las normativas para ello; hacer énfasis en la transferencia de conocimiento tecnológico y en la apertura de nuevos mercados.
La migración de cerebros, talentos y jóvenes profesionales formados en Cuba se mantendrá, con diversas plataformas de política implementada por Estados Unidos, de forma particular, aunque no exclusivas de ese país. El tema continuará exigiendo atención especial, con mayor enfasis en determinadas profesiones, como es el caso de los profesionales de la salud.
En el corto y mediano plazo se requiere continuar el proceso de flexibilización de las regulaciones migratorias y de la política hacia la migración, a tono con la actualización del modelo económico y social del país, las características y proyecciones del fenómeno migratorio de Cuba, sus diferenciaciones, las exigencias dictadas por la nueva Constitución de la República y las tendencias actuales de las legislaciones y políticas migratorias internacionales. Aún se presentan urgencias en el ámbito del derecho, que abarcan espacios de la economía, la familia, grupos sociales y profesionales específicos, el tema de la ley de ciudadanía, la participación política e, incluso, regulaciones migratorias tales como el tiempo de duración del pasaporte y la exigencia de su renovación cada dos años; así como la revisión y actualización de las políticas para el retorno, la reinserción de quienes regresan en las diferentes esferas de la sociedad cubana, o el concepto de residencia en el país.
Los desafíos del tema migratorio para Cuba indican, a la vez, la oportunidad de diseñar y aplicar una política que lo aborde integralmente desde la economía, el derecho, la cultura, la demografía, la política, las relaciones sociales; con perspectiva territorial y local, que hagan del fenómeno migratorio un elemento funcional al proyecto de país que se construye.
