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Introducción
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible prevé en su objetivo cuarto: el logro de una educación de calidad. A su vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde sus inicios se ha dedicado a promover los derechos humanos y el Estado de derecho en sus esferas de competencia, con especial hincapié en el derecho a la educación.
El desarrollo de investigaciones que tributen a la optimización de los procesos educativos amerita un espacio significativo en los estudios científicos. En este ámbito, la formación de profesionales universitarios competentes en materia de educación para la paz, derechos humanos y relaciones internacionales en sentido amplio, constituye un reto per se de la comunidad internacional, a la vez que deviene en incentivo para los estudios pedagógicos y didácticos relativos a la enseñanza del Derecho.
A tales fines se ha elaborado el presente trabajo, el cual tiene como objetivo: delimitar los retos de la formación del jurista para las relaciones internacionales, de manera que se logre el perfeccionamiento de dicho proceso de enseñanza-aprendizaje desde las dimensiones curricular y extracurricular en Cuba. Se particulariza especialmente en la universidad como centro educativo, con énfasis en el binomio derecho -relaciones internacionales.
Esta investigación, enmarcada en las Ciencias de la Educación en sentido general y, específicamente, en la Pedagogía, resulta actual y pertinente por las carencias didácticas existentes hoy en día en el proceso de formación del estudiante de Derecho en materia de relaciones jurídicas internacionales. A través de la Didáctica, como ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter sistémico y eficiente en marcos curriculares, se analiza el impacto que tiene la argumentación jurídica en la enseñanza del Derecho Internacional.
Teniendo en cuenta que dicha investigación es de tipo teórica con un enfoque descriptivo y correlacional, para el cumplimiento del objetivo propuesto se empleó un enfoque dialéctico materialista, el cual permitió la determinación de las relaciones dialécticas entre el proceso de formación del jurista y el ejercicio de las relaciones multifacéticas internacionales. Su estudio se basó en comparaciones del otrora Plan de estudios D perfeccionado y el actual Plan E, con las ventajas curriculares que su diseño ofrece.
Se emplearon como métodos teóricos el de análisis- síntesis y la inducción- deducción, los cuales permitieron razonar las particularidades y generalidades del objeto y sus manifestaciones, tanto desde el punto de vista jurídico como didáctico, especialmente enfocados hacia el estudio de las relaciones jurídicas internacionales. Como métodos empíricos se emplearon la observación científica y el análisis de contenido. Este último estuvo orientado a conocer el estado del arte del proceso de formación para las relaciones internacionales en Cuba. A su vez, la observación científica permitió obtener información primaria sobre el desarrollo de juegos de roles en la carrera de Derecho, particularmente los Modelos de Naciones Unidas.
Desarrollo
La formación de profesionales competentes es un anhelo internacional que se convierte en reto fundamental de la Universidad cubana. La enseñanza del Derecho, en consonancia con las exigencias de la Educación Superior y con el reclamo de trasformación que la comunidad internacional demanda, requiere ser perfeccionada (Silva, Pérez & Páez, 2017).
En tal sentido, el proceso de formación de juristas para las relaciones internacionales es un tema que amerita ser estudiado desde las Ciencias de la Educación, sobre todo por la particular incidencia de la abogacía para la litigación internacional, el ejercicio de la diplomacia y el desarrollo de las relaciones multifacéticas internacionales. A ello se suma el hecho de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) es la que ostenta la iniciativa legislativa en materia de Derechos Humanos.
El derecho fundamental a la educación como derecho humano forma parte de los denominados derechos económicos, sociales y culturales. Los principales autores que han realizado un abordaje doctrinal desde la teoría de los derechos fundamentales resultan: Abramovich & Curtis (2004); Valiño (2009); Carbonell & Ferrer (2014).
Para el estudio del derecho a la educación y su vinculación a la formación universitaria de los profesionales del Derecho, se hace necesario visualizar su concepción como proceso intencionado y consciente. En tal sentido, el término proceso en el Diccionario Filosófico “se refiere a los fenómenos, acontecimientos, hechos que se suceden, pasando por diferentes estados. Se define como transformación sistemática, sujeta a la ley, de un fenómeno; como el paso del mismo a otro fenómeno (desarrollo)”. (Rosental & Ludin, 1981, p. 376)
Para Álvarez (1999), un proceso es una sucesión de estados de un objeto determinado. Otros autores lo definen como una transformación sistemática de los fenómenos sometidos a una serie de cambios graduales, cuyas etapas se suceden en orden ascendente; como tal, solo puede entenderse en su desarrollo dinámico, su transformación y constante movimiento (Colectivo de autores, 2007).
Entendemos por proceso la sucesión de etapas de desarrollo de un fenómeno orientado hacia un fin determinado. De esta idea se colige que todo proceso debe tener los siguientes elementos: “actor, actividad, etapas y misión. El actor es el agente, el sujeto que interacciona con otros. La actividad es lo que el actor realiza en espacio-tiempo. Las etapas se refieren a las fases en que sucede la actividad del actor, y la misión es la finalidad teleológica de la actividad”. (Páez, 2014, p. 16)
Según el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado (1974), la formación es la acción de formar o formarse. Aparece como sinónimo de educación e instrucción. Por ello, en materia educativa, a decir de De la Luz y Caballero (1952), es dar carrera para vivir. “Es el proceso y el resultado cuya función es la de preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad” (Álvarez, 1999, p. 7). Y en la Educación Superior Cubana, el término formación se emplea para caracterizar el proceso sustantivo desarrollado en las universidades con el objetivo de preparar integralmente al estudiante en una determinada carrera universitaria y abarca, tanto los estudios de pregrado como los de postgrado (Horruitiner, 2007).
La formación, a partir de las definiciones anteriores, aparece como un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten y reciben conocimientos, habilidades, valores, actitudes, costumbres y formas de actuar. En tal sentido, podemos dilucidar y asumimos que se trata de un proceso orientado a preparar integralmente al ser humano para la vida social (Páez, 2014). Se coincide con Álvarez de Zayas (1999), en que el proceso de formación es aquel proceso en el cual el hombre adquiere su plenitud, tanto desde el punto de vista educativo como instructivo y desarrollador. “Es el proceso totalizador cuyo objetivo es preparar al hombre como ser social”. (p. 9)
Para algunos autores como Álvarez & Fuentes (2003), el proceso de formación del profesional se concibe como un proceso consciente, holístico, dialéctico y complejo, que se configura en un espacio-tiempo flexible a través de la construcción de significados y sentidos entre sujetos; continuo y social, apoyado por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que se desarrolla en las universidades con el propósito de garantizar la formación integral de los profesionales para la adaptabilidad al cambio continuo, mediante la apropiación significativa de la cultura general y profesional.
Por tanto, el proceso de formación de juristas para las relaciones internacionales es entendido como: la sucesión de etapas en las que se prepara integralmente al estudiante de Derecho para argumentar el desarrollo de las relaciones multifacéticas internacionales con sustento en los principios, normas e instituciones del Derecho Internacional en los ámbitos público y privado, desde las dimensiones curricular y extracurricular.
Actualmente el objeto de investigación, la formación para las relaciones internacionales, constituye un tema recurrente que adquiere dimensiones ilimitadas a nivel global y también local, tanto en los marcos intra como extra universitarios. El Estado cubano está abocado a desarrollar una cultura política y jurídica en todos sus ciudadanos, con énfasis en los jóvenes, en particular respecto a los temas vinculados al Derecho y a las relaciones internacionales; lo cual tiene una expresión curricular concreta.
En la carrera de Derecho de la universidad cubana, de acuerdo a los planes de estudio D (perfeccionado) y E, las cuestiones relativas a las relaciones internacionales se estudian desde la Disciplina: Derecho Internacional. La misma se estructura según el plan D en liquidación de la siguiente forma (Tabla 1):
Tabla 1 - Estructura de la asignatura DIP según Plan de estudios D.
| ASIGNATURAS | FONDO DE TIEMPO | AÑOS EN QUE SE CURSA | EXAMEN FINAL |
|---|---|---|---|
| Derecho Internacional Público I | 42 | 4to. | Taller Integrador |
| Derecho Internacional Público II | 42 | 5to | Examen Final |
| Derecho Internacional Privado | 64 | 4to | Examen Final |
| Fondo de tiempo total | 148 horas | - | - |
En tanto, de acuerdo al nuevo Plan E que se implementa en ya a nivel nacional el estudio se concibe con la siguiente distribución (Tabla 2):
Tabla 2 -Estructura de la asignatura DIP según Plan de estudios E.
| ASIGNATURAS | FONDO DE TIEMPO | AÑOS EN QUE SE CURSA | EXAMEN FINAL |
|---|---|---|---|
| Derecho Internacional Público | 72 | 4to. | Examen Final |
| Derecho Internacional Privado | 72 | 4to | Examen Final |
| Fondo de tiempo total | 144 horas | - | - |
Esta Disciplina científica es relativamente nueva, nacida a raíz del proceso de perfeccionamiento del Plan C, aunque las asignaturas que la integran tienen una historia científica no sólo en la enseñanza del Derecho en otras Universidades del orbe, sino también en Cuba. El objeto de estudio disciplinar de estas materias, de acuerdo al Plan de estudios que le regula, es el conjunto de relaciones multifacéticas y de diferente contenido, que se uniforman, en las normativas jurídicas nacionales y otras extranjeras o entre el Estado Cubano como sujeto político-jurídico de la soberanía, con otros Estados.
Es importante recalcar que la Disciplina desempeña un lugar importante en la formación del jurista. Aunque no se pretende con ella la formación de un especialista en Derecho Internacional, no es posible soslayar que el Estado cubano se inserte activamente en el concierto de las Naciones Unidas y actúe en una creciente dinámica de relaciones multifacéticas internacionales.
Entre los objetivos generales de la Disciplina Derecho Internacional se encuentra: aplicar los principios, leyes, categorías y razonamiento lógico-dialéctico materialista en el análisis e interpretación de los principios, instituciones y normas que regulan la relación jurídica con el elemento extranjero y las relaciones internacionales. Para ello estudia el complejo sistema de principios e instituciones jurídicas que imperan en las relaciones interestatales y entre personas naturales y/o jurídicas, caracterizado por la presencia de un elemento extranjero. Además, está dirigida a formar valores profesionales del jurista tales como la responsabilidad, la ética, el compromiso político y social, el internacionalismo socialista, el antiimperialismo, el patriotismo, la solidaridad y la honestidad.
La asignatura: Derecho Internacional Público (DIP)
El conocimiento del Derecho Internacional Público constituye un imperativo en la preparación del jurista, máxime si se tiene en cuenta las características de la actual comunidad internacional, expresión del unipolarismo y la Globalización Neoliberal del actual sistema del Derecho Internacional.
A través del estudio del DIP se dota al estudiante de las herramientas jurídicas necesarias para evaluar correctamente las normas, instituciones y doctrinas del derecho internacional contemporáneo, así como dar una respuesta jurídica satisfactoria, en aquellos casos en que Cuba se encuentre vinculada directa o indirectamente en el tema. El objetivo esencial de esta materia universitaria es que el estudiante sea capaz de explicar las características generales del Derecho Internacional Público como subsistema regulador de todo el sistema de las relaciones internacionales, con especial concreción al caso cubano.
La asignatura: Derecho Internacional Privado (DIPRI)
De acuerdo al actual Plan D, el Derecho Internacional Privado es una asignatura en la que se estudian las relaciones privadas internacionales que pueden incidir en cualquier ámbito jurídico. Esta materia es expresión clara de la internacionalización de las relaciones sociales en todos los órdenes, más aún si se analiza en el marco de la actual tendencia a la globalización e integración.
En esta asignatura se impone la conjugación de los intereses particulares de los diferentes sujetos que entablan las relaciones que se estudian, con los intereses estatales, siendo estos últimos además una expresión de la política exterior de cada país. Mediante su estudio se logra además una integración de los conocimientos de las materias civiles a un nivel elevado durante la academia jurídica.
Como las asignaturas que integran esta Disciplina no cuentan con práctica, es necesario vincular todas las actividades docentes a la realidad del Derecho Internacional para que el estudiante no vea esta Disciplina divorciada de la realidad, lo que requiere por parte de los docentes el dominio de estas situaciones. Por ende, se requieren estrategias didácticas dirigidas a perfeccionar cada día más no solo la formación jurídica del diplomático, sino también la formación del jurista para las relaciones internacionales.
La argumentación jurídica y su impacto en la enseñanza del Derecho Internacional
Las deficiencias del proceso de formación para las relaciones internacionales a escala global, no mantienen ajena la universidad cubana. Esta realidad tiene una incidencia directa en el desarrollo de las habilidades argumentativas del jurista, cuyas carencias didácticas inciden en el desempeño profesional del mismo.
Son múltiples los factores que, a nivel internacional, denotan interés por el debate jurídico y por la argumentación como eje dinamizador de aquel. Entre estos factores se encuentran los de carácter teórico, práctico, constitucional, histórico, político y pedagógico (Vázquez, 2009). Desde el punto de vista teórico es necesaria la argumentación, pues, a pesar de que data desde Aristóteles, se ha soslayado su estudio en el transcurso de la historia.
La razón práctica indica que el ejercicio del derecho es propiamente argumentativo, tanto para el juez, el abogado, el legislador, el doctrinario, el politólogo, el diplomático, etc. Es así que el Estado constitucional de Derecho, fuera de los moldes del positivismo jurídico, enfatiza el Derecho como práctica argumentativa.
El factor político trasciende esencialmente en el empleo de la argumentación jurídica, ya que las sociedades occidentales han perdido legitimación basadas en la autoridad y la tradición. En su lugar surge la democracia, cuyo ascenso supone incremento de los espacios de debate y del empleo de argumentos. A ello se suman razones históricas, pues, aunque la práctica jurídica se había desarrollado inicialmente sin conocimientos sobre la TAJ, esta no deja de ser una herramienta necesaria. De hecho, es uno de los cursos más recurrentes en el ámbito de la judicatura (Vázquez, 2009).
El factor pedagógico es otro de los que denota interés por la argumentación jurídica, pues la vida práctica del estudiante de Derecho una vez egresado es argumentativa. La enseñanza de las Ciencias Jurídicas, por ende, debe estar vinculada a la praxis argumentativa y adversarial del Derecho. De hecho, “se parte de considerar que argumentar constituye una habilidad cognitivo-lingüística inherente al ejercicio de la profesión jurídica”. (Núñez & Páez, 2018, p. 345)
“Un argumento o estructura argumental, no es más que un conjunto de ideas y opiniones personales entrelazadas, que sustentan y establecen la razón de realización de un comportamiento” (Calviño, 2011, p. 29). La argumentación jurídica implica la justificación de la pretensión y la solución jurídica brindada, consiste en fundamentar el por qué y el cómo de la decisión asumida. Su enfoque integral parte de los abordajes teóricos de autores como Moreso (2006); Atienza (2008); Porto Dos Santos (2008); Salas (2010); Ureta (2012).
En este sentido resultan interesantes los análisis de la argumentación jurídica como habilidad inherente al jurista en cualquiera de sus esferas de actuación, la negación del reduccionismo argumentativo solo al campo judicial, las dimensiones descriptivas y prescriptivas de la argumentación jurídica, centrando la práctica del Derecho como su escenario principal y el argumento jurídico como su objeto de estudio (Páez, 2014, p. 48).
No obstante, la concreción de la argumentación jurídica a las ciencias jurídica y didáctica no es un tema sencillo. Así Ureta (2012), al referirse al modo de enseñar a argumentar en la Academia de magistratura peruana, considera que se ha extendido la idea de que argumentar es sumar razones (dar razones) o argumentos en pro de una tesis. Empero, ese tipo de argumentación, consecuente con el modelo inquisitivo, no es más que una sumatoria de justificaciones. Realmente debe enseñarse a argumentar sumando razones, pero siempre desarrollando estas en contextos de competencia, para enseñar a argumentar la tesis propia y también a refutar la del adversario. Así, los Modelos de Naciones Unidas como ejercicios de juegos orales, mediante la defensa de las posturas oficiales de los países que representan los delegados, son espacios idóneos para desarrollar la argumentación en contextos adversariales.
A decir de Atienza (2008), el derecho en el constitucionalismo es argumentación. Y ciertamente en el tránsito de un Estado legislativo a uno constitucional, la diferencia esencial radica en enfatizar el Derecho como práctica argumentativa; lo cual trasciende al ámbito educativo por la necesidad de emplear la argumentación como habilidad esencial que atraviesa los niveles macro, meso y micro-curricular; y en el ámbito internacional por la importancia de someter a debate jurídico aquellos conflictos sociales que tienen asidero en el Derecho supranacional.
Retos de la formación de juristas cubanos para las relaciones internacionales
Los foros-debates, tan necesarios para los profesionales del Derecho y de las Relaciones Internacionales, son medios necesarios para el desarrollo de habilidades argumentativas orales en juristas y diplomáticos. Es inconcebible un aprendiz de estas materias en el que existan limitantes para establecer un diálogo o una exposición con todos los elementos de la retórica que ello implica, ya sea en un estrado litigando o en un foro internacional defendiendo la postura oficial de un Estado.
Una experiencia para la formación en relaciones internacionales en la Universidad de Pinar del Río lo ha constituido su propio Modelo de Naciones Unidas (MNU). Estos últimos, por sus particularidades, son un espacio idóneo en las universidades para el debate de temáticas jurídicas internacionales. Estos modelos implican una representación de las sesiones de trabajo de los órganos y comisiones oficiales de la Organización de Naciones Unidas, donde los estudiantes universitarios fungen como representantes de los países miembros de este importante organismo internacional, sobre la base de su preparación académica y científica en los tópicos que se deciden llevar a las agendas de discusión. Sus objetivos fundamentales son:
Promover los ideales, propósitos y principios de las Naciones Unidas, entre los jóvenes universitarios, acerca del respeto a la independencia e igualdad soberana de todos los miembros de la ONU.
Divulgar la posición de Cuba sobre los distintos temas internacionales.
Construir un espacio que permita conocer y profundizar sobre las realidades políticas, económicas y sociales del mundo contemporáneo.
Propiciar la adhesión irrestricta al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, así como realizar un ejercicio académico para ejemplificar el sistema de la ONU y proveer una representación de las complejas negociaciones internacionales que se desarrollan en la mayor de las organizaciones multilaterales encontrando, para ellas, soluciones justas y factibles.
Reflejar el trabajo de los órganos y comisiones de la ONU.
Propiciar el debate y la reflexión de temas de repercusión internacional.
Estos objetivos se han delineado desde 1996, cuando se realizó el 1er Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de La Habana: HAVMUN. En el año 2007 se realizó en Matanzas la primera edición de PUENTES, el Modelo de la Universidad de esa provincia. Igualmente, en el 2008 se realizó por vez primera el modelo en la Universidad de Pinar del Río: ONUPINAR. Posteriormente en Villa Clara y Santiago de Cuba se les dio apertura a los modelos ORBIS y ONUCARIBE respectivamente, en los años 2010 y 2011. Estos modelos, algunos más recientes y otros más longevos, han constituido un espacio significativo para generar debates de actualidad en las universidades. Todos ellos, por las normas de procedimiento que tienen estipuladas, son escenarios de argumentos racionales, de hecho, de ejemplificación y de autoridad, tanto de argumentación positiva como negativa.
Una experiencia interesante desde lo extracurricular es el empleo de estrategias de enseñanza que fomenten una participación activa de los estudiantes y un trabajo de programación y coordinación de las actividades de aprendizaje por parte de los profesores. Entre estos espacios de debate se encuentran los talleres de jurisprudencia, clínicas, ejercicios integradores y moot courts (debates de juicios simulados).
Esta idea del Moot, asociada al desarrollo de juegos de roles como métodos problémicos del proceso docente, ha sido extendida a varios sistemas educativos. El propio caso cubano es un ejemplo de ello. Desde del año 2013 tuvo lugar el Concurso Nacional de Arbitraje Comercial Internacional, como propuesta académica con carácter competitivo en el que los estudiantes fungieron como abogados para la resolución de litigios comerciales internacionales mediante el Arbitraje (Páez & Carballo, 2020).
La defensa la realizaron de forma escrita (presentando los Memoriales de Demanda y Contestación) y de forma oral (durante la audiencia arbitral). En este ejercicio extracurricular participaron también los profesores de la carrera de Derecho, indistintamente como asesores o miembros del Jurado, junto a árbitros internacionales y abogados en ejercicio. Se potenciaba así, desde opciones no escolarizadas, la formación integral del jurista, orientándose a su profesionalización.
En el caso de la Universidad pinareña también se ha potenciado la formación para las relaciones internacionales desde alternativas extracurriculares. Entre ellas se destaca la Cátedra Honorífica “Henry Dunant”, de Derecho Internacional Humanitario. Su objetivo esencial ha sido fomentar el desarrollo del Derecho Internacional Público y el Derecho internacional Humanitario, con especial referencia al trabajo de la Cruz Roja Internacional.
En sentido general son disímiles las variantes formativas en materia de relaciones internacionales, aunque no existe homogeneidad en Cuba en cuanto a ellas. Por tanto, los principales retos que enfrenta actualmente el proceso de formación para las relaciones internacionales en la Isla, son los siguientes:
Superar la dimensión curricular en la enseñanza del Derecho Internacional, orientándola más allá de DIPRI y el DIP.
Aprovechar las posibilidades que brinda el currículo optativo y electivo de los Planes D y E para la impartición de materias asociadas a las relaciones jurídicas internacionales.
Desarrollar proyectos extensionistas asociados a la promoción de la cultura jurídica y la formación para las relaciones internacionales.
Potenciar el funcionamiento de las cátedras honoríficas universitarias.
Fomentar la participación de estudiantes en los Modelos de Naciones Unidas.
Emplear métodos de enseñanza problémica, destacando los Moot Courts para las simulaciones pre-profesionales del ejercicio jurídico.
Incorporar la argumentación como proceso de razonamiento lógico, retórico y propositivo a la enseñanza del Derecho Internacional.
Las variantes de actualización del diseño curricular y del modelo pedagógico cubano pueden ser múltiples, en dependencia de las particularidades de cada país. Estas abarcan desde el pregrado hasta el posgrado, y persiguen el objetivo de perfeccionar las estructuras académicas anacrónicas en consonancia con los avances más significativos de la teoría y la práctica jurídica. Su repercusión resulta significativa en la enseñanza del Derecho internacional, específicamente para el desarrollo efectivo de las relaciones internacionales.
Conclusiones
La formación de juristas para las relaciones internacionales se ha desarrollado en Cuba esencialmente a través de la enseñanza del Derecho Internacional Público (DIP) y el Derecho Internacional Privado (DIPRI), como expresiones curriculares del binomio derecho-relación internacional en la Educación Superior.
La enseñanza de la argumentación jurídica en la carrera de Derecho reviste especial importancia para la Didáctica, en la medida en que trasciende a las relaciones internacionales por factores de carácter teórico, práctico, constitucional, histórico, político y pedagógico.
Los Modelos de Naciones Unidas representan una experiencia positiva en las universidades cubanas, toda vez que logran integrar al debate el aprendizaje grupal, el empleo de métodos problémicos y participativos, las competencias comunicativas y el desarrollo de habilidades de argumentación jurídica en los estudiantes, a la vez que influyen en su formación integral.
La Universidad cubana se encuentra expuesta a retos pedagógicos y didácticos, tanto en el pregrado como en el posgrado, para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho Internacional y por ende la formación integral de juristas para las relaciones internacionales.
