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Introducción
El desarrollo actual implica, ante todo, el acceso a la educación, a los servicios de salud, a la vivienda, al empleo, a la alimentación y un grupo de elementos más que engloban el desarrollo humano. En la comprensión del proceso de desarrollo, por tanto, hay que ponderar en primer lugar la cooperación y la difusión de las libertades y las capacidades. Si bien el desarrollo económico es fundamental, resulta insuficiente para garantizar la reducción de las carencias, lo que trae consigo un análisis más profundo de las oportunidades y las opciones básicas para el desarrollo humano, así como, la ausencia de determinadas capacidades elementales para realizarse, como por ejemplo el acceso a la educación.
Cuando se hacer referencia a las capacidades humanas, estas tienen que ver con la autonomía de hombres y mujeres como una necesidad básica que les permite desarrollar la confianza suficiente en sí mismos para actuar y participar en la cultura y sociedad de la que forman parte. En este sentido, las capacidades se refieren a la libertad de elegir, como una cuestión relevante en el bienestar humano; además son las oportunidades para optar por un tipo de vida personal y social, que incluyen las habilidades para alcanzar esas condiciones elegidas de vida.
Que una persona logre el bienestar depende de los funcionamientos que alcance, desde los básicos, como tener alimentos y una buena salud, hasta los más complejos, como la autoestima, la autonomía, la identidad y la intervención en la vida comunitaria, aspectos estos últimos que son desarrollados en el proceso educacional. Lo anterior no se logra sin educación, entendida como un conjunto de acciones e influencias cuyo fin es cultivar y desarrollar en el individuo aptitudes intelectuales, conocimientos, competencias, así como actitudes y comportamientos en el marco de una moral determinada. Por tanto, y a tenor de lo anterior, el profesorado del siglo XXI debe ser competente para responder a los retos del nuevo milenio, un profesional bien formado y comprometido con los postulados de la educación a tono con las demandas sociales de la actualidad.
Desarrollo
En las dos últimas décadas del siglo XXI se han aplicado políticas públicas que evidencian cambios sustantivos en la manera de interpretar la educación como estrategia en el desarrollo económico, humano y social. Desde el discurso político se crean argumentos para desarrollar la educación entre la población como una estrategia de crecimiento, desarrollo económico y progreso social de un país.
Con relación a lo anterior, un cuestionamiento sobre la educación y la relación que guarda con el acceso a la misma de los grupos vulnerableses que se trata de una construcción más del lenguaje, desde donde se establece, a partir de una idea muy arraigada, que la educación precisamente se constituye en una manera privilegiada de trascender. Dicha relación se expresa de alguna manera en el enunciado por Pérez (2020), cuando mencionaba que la educación es una vía hacia una mejor manera de vivir. Sin duda, al valorar esta frase, se puede destacar el aporte que el saber hace en cada individuo respecto a la manera de interpretar y actuar en la vida personal y social. En ello está implícita la posibilidad de ascenso en la estructura social.
Si bien en esta relación entre la educación y grupos vulnerablesse estima el supuesto hecho de que 'estar educado' es una condición inherente a la disminución de la pobreza, desde otra perspectiva se asocia que las personas que viven en condiciones de carencia están más expuestas a recibir, con regularidad, una educación deficiente y de poca calidad.
Lo cierto es que, en la actualidad, la educación se configura como un elemento imprescindible en los procesos de desarrollo económico y humano de las naciones; no obstante, hay visiones parciales que insisten en que "las estrategias para combatir la pobreza debieran dedicar suma atención a la generación de ingresos como la principal solución del problema". Importa el ingreso, pero no lo es todo para una vida 'buena' y de calidad. (Bazdresch, 2007).
El autor anterior considera además que, ello es comprensible a partir de la nueva dinámica donde la educación ha dado un giro en lo que se ha dado en llamar “cambio de paradigma a nivel mundial”, en primer lugar, por el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicacionesque sientan las bases en la formación del perfil profesional apto para integrarse posteriormente a los diferentes eslabones de la cadena producción-investigación-educación. En segundo lugar, se incorpora al debate la renovación de contenidos de la educación vinculados en muchos casos al sector productivo y la evaluación; se sugiere, por tanto, de cara a la ciencia y a la tecnología, que dichos contenidos respondan a una perspectiva multidisciplinaria que posibilite una formación apropiada y acorde a las exigencias del desarrollo actual.
En la actualidad, la pandemia por el coronavirusCOVID-19ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos de la sociedad. La educación no se ha quedad fuera de esta emergencia, lo que ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe, aunque hay que destacar que incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020).
En este contexto, la crisis ha tenido efectos negativos importantes en los distintos sectores de la sociedad, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo. Por su parte, Messina & García (2020), han identificado grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una desigual distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en detrimento de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a población indígena y migrante respectivamente.
En el ámbito educativo, la mayoría de las medidas que se han adoptado por los países de la región se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción a desarrollar:
El despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas.
El apoyo tecnológico para la movilización del personal y las comunidades educativas.
La atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes en contextos diferentes.
Además, interrumpir las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afecta la alimentación y la nutrición de la población estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables que eran priorizados en este sentido. La modalidad más utilizada entonces pasó a ser la entrega de kits de alimentos para preparar en el hogar, seguida de la provisión de almuerzos y, en menor medida, las transferencias monetarias y la entrega de vales para alimentos. Aunque es justo mencionar que no abarcó a toda la comunidad educativa que antes de la pandemia estaba protegida por la presencialidad.
Adicionalmente, muchos estudiantes accedían a través de las escuelas a otros servicios que también se interrumpieron como, la entrega de anticonceptivos, servicios de salud mental o actividades recreativas.
En el marco de la suspensión de las clases presenciales, la necesidad de mantener la continuidad de los aprendizajes ha impuesto, por tanto, desafíos que se han abordado mediante diferentes alternativas pedagógicas y soluciones tecnológicas en relación con los calendarios escolares y las formas de implementación del currículo, por medios no presenciales y con diversas formas de adaptación, priorización y ajuste.
Para realizar estos ajustes se requiere tomar en cuenta las características de los currículos nacionales o subnacionales, los recursos y capacidades del país para generar procesos de educación a distancia, los niveles desigualdad educativa de cada país y el tiempo transcurrido del año escolar, pues en todos los países no son iguales las condiciones.
La mayoría de los países cuentan con recursos y plataformas digitales para la conexión remota, que han sido reforzados a una velocidad sin precedentes por los Ministerios de Educación con recursos en línea y la implementación de programación en televisión abierta o radio. No obstante, pocos países de la región cuentan con estrategias nacionales de educación por medios digitales con un modelo que aproveche las TIC (Álvarez Marinelli, et al., 2020). Así como, es de destacar que no todos los a estudiantes tiene iguales condiciones de acceso a la tecnología, , sin mencionar los costos generados por la implementación de estas plataformas virtuales, que necesitan por obligatoriedad acceso a internet, servicio que no es gratuito, lo que se traduce en una distribución desigual de los recursos y las estrategias, lo que afecta principalmente a sectores de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, lo que ha provocado desfases en la formación de cientos de ellos, fundamentalmente de las zonas rurales y de difícil acceso (Rieble & Viteri, 2020).
Esta situación exige, por un lado, priorizar y dirigir los esfuerzos a mantener el contacto y la continuidad educativa de aquellas poblaciones que tienen mayores dificultades de conexión y se encuentran en condiciones sociales y económicas más desfavorables para mantener procesos educativos en el hogar y, por otro lado, proyectar procesos de recuperación y continuidad educativa para el momento de reapertura de las escuelas, que consideren las diferencias y las desigualdades que se han profundizado en este período pandémico.
Otro elemento para considerar es que la pandemia ha transformado los contextos de implementación del currículo, no solo por la necesidad de considerar condiciones diferentes a aquellas para las cuales el currículo fue diseñado, sino también porque existen aprendizajes y competencias que cobran mayor relevancia en el actual contexto por las demandas que genera el desarrollo tecnológico mundial. Es preciso, entonces, tomar una serie de decisiones y contar con recursos que desafían a los sistemas escolares, los centros educativos y los docentes.
Es importante desde esta perspectiva, que en estos ajustes se prioricen las competencias y los valores prioritarios en la actual coyuntura: la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y de otros, las competencias socioemocionales, la salud y la resiliencia, entre otros.
Em este sentido, y para enfrentar la crisis, algunos países han diseñado propuestas de priorización curricular que incluyen un conjunto de contenidos esenciales en las diferentes asignaturas, que van desde la priorización curricular al currículo vigente y modularizando los contenidos por niveles, asociados a objetivos integradores que puedan articularse entre asignaturas, para de esa forma contribuir desde la interdisciplinariedad.
Para la adaptación, la flexibilización y la contextualización curricular, por tanto, se deben considerar elementos como la priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos que permitan lograr una mejor comprensión de ellos y responder de mejor forma, concentrando aspectos relativos al pensamiento crítico en torno a informaciones y noticias acaecidas, la comprensión de dinámicas sociales y económicas, y el fortalecimiento de valores como empatía, tolerancia y no discriminación, entre otros.
Por otro lado, se debe buscar un equilibrio entre la identificación de competencias generales, que son necesarias para continuar aprendiendo, y la profundización del carácter humanista de la educación, sin perder la perspectiva de los aprendizajes instrumentales.
Dado que la mayoría de los países optan por utilizar recursos en línea para lograr la continuidad del proceso educativo, el uso de Internet brinda una oportunidad única: la cantidad de recursos didácticos y de conocimiento disponibles, y diferentes herramientas de comunicación para acercar la escuela y el proceso educativo.
En las últimas décadas, la inversión en la infraestructura digital de los sistemas escolares ha sido importante en la mayoría de los países de América Latina. Las políticas educativas en el campo digital comenzaron a aplicarse en algunos países de la región a fines de la década de los ochenta. Hasta mediados de la década de 1990, el propósito general de estas estrategias era mejorar el aprendizaje escolar y los resultados de la enseñanza.
Posteriormente, el objetivo de lograr que los estudiantes obtengan equipos comenzó a convertirse en una prioridad, con especial atención a los sectores con niveles socioeconómicos más bajos como estrategia para equilibrar y buscar la equidad. En los últimos años, con la popularidad de las conexiones móviles basadas en Internet y el aumento de dispositivos digitales más accesibles, la política se ha orientado hacia la formación de las habilidades digitales de los estudiantes (Trucco & Palma, 2020).
Los autores anteriores, sin embargo, consideran que, a pesar de estos esfuerzos, como ha sido el caso en muchos procesos de transformación, los países de América Latina y el Caribe se han preparado de manera desigual para responder a esta crisis mediante el uso de la tecnología. Si bien la región ha logrado avances significativos en la reducción de la brecha de acceso en el mundo digital en los últimos años, especialmente debido a la popularización de las conexiones móviles, aún existe una brecha considerable en el acceso efectivo al mundo digital, que tiene grandes oportunidades y participación.
En los países de las regiones la región, el uso de este tipo de dispositivos en el hogar es muy desigual. Además de usar teléfonos móviles, el dispositivo más común en el hogar es una computadora portátil.
Es necesario considerar el significado de estos niveles de acceso en la situación actual, ya que es muy probable que varios miembros de la familia necesiten acceder al mismo dispositivo para continuar su educación o actividades laborales.
La desigualdad en el acceso a la educación a través de medios digitales ha exacerbado las brechas preexistentes en el acceso a la información y el conocimiento, que van más allá del proceso de aprendizaje facilitado por la educación a distancia, lo que dificulta la socialización y la inclusión universal. Es necesario entender estas brechas desde una perspectiva multidimensional, porque esto no sólo es una diferencia en el acceso a los equipos, sino también un conjunto de habilidades necesarias para aprovechar esta oportunidad. Esto es desigual entre estudiantes, docentes y familiares.
Por esta razón, las políticas que promuevan un acceso más equitativo a la tecnología deben primero reconocer estos diferentes aspectos de la desigualdad social en la región y hacer un esfuerzo consciente para revertirlos.
En este sentido, los docentes y el personal educativo en su conjunto han desempeñado un papel importante en la respuesta a la pandemia de COVID-19 y han tenido que hacer frente a varias necesidades que surgieron durante la crisis social y sanitaria. La mayoría de los docentes no solo han replanteado el proceso educativo, incluidas las metodologías, la reorganización curricular, el diseño de materiales y la diversificación de medios, formatos y plataformas de trabajo, sino que también han cooperado para garantizar la seguridad material de los estudiantes y sus familias.
El profesorado y el personal educativo deben enfrentar las necesidades de los estudiantes y sus familias de apoyo social y emocional y salud mental, que se ha vuelto cada vez más importante durante la pandemia. Las acciones docentes y las nuevas demandas han encontrado que el personal docente capacitado y los recursos disponibles a menudo son insuficientes para enfrentar el desafío de adecuar los cursos y los formatos de enseñanza para los estudiantes desfavorecidos. Incluso antes de la pandemia, los profesores y el personal de la zona recibieron pocas oportunidades de capacitación para ser inclusivos o trabajar con los estudiantes en un entorno menos popular y más diverso (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020).
En este sentido, uno de los principales desafíos para los docentes y otros profesionales en formación es preparar a los estudiantes para enfrentar los contextos cambiantes, inciertos, complejos y extremadamente desiguales de incertidumbre (Navarro, et al., 2021). Pero en este sentido nos asaltan varias preguntas: ¿por qué no se promueve una verdadera educación inclusiva?, ¿qué metodologías son más eficaces para su desarrollo?.
Para conseguir una educación de calidad e inclusiva, hay que contar, por tanto, con profesionales comprometidos y preparados. Para ello, hay que mejorar la formación inicial y continua de los docentes, para así, mejorar las prácticas de enseñanza y las políticas educativas, además de, investigar e innovar para una pedagogía más eficaz.
Por tanto, una de las razones es que cualquier acción de formación docente debe resolver fundamentalmente la problemática que encuentran estos profesionales en su práctica diaria, porque "existe un desajuste entre la formación de los profesores y las necesidades reales del contexto” (González & Castro, 2012, p. 246). Pero también ha de estar muy contextualizada esa respuesta, porque no existen recetas de aplicación formativa válidas para cualquier contexto. Los docentes quieren formación que les proporcione correctas herramientas de trabajo, conocimientos modernos, técnicas novedosas, estrategias y metodologías innovadoras, sin olvidar en su formación otros aspectos no menores como actitudes, sentimientos, intereses, motivaciones (Santos, et al., 2014).El número de profesores que participan en las actividades formativas es aún reducido, además, cuando necesitan formación, primero requieren de estrategias de actuación impartidas en el propio centro y en un entorno colaborativo como factores de aprendizaje que favorezcan la mejora (Krichesky& Murillo, 2018).
En el proceso de enseñanza, se deben utilizar las herramientas tecnológicas como un medio para comunicarnos eficazmente en el aula. Dado que estas herramientas, no todas, se crean con fines didácticos, las escuelas deben adaptarlas desde una perspectiva innovadora a las necesidades y características del proceso educativo desarrollado en ellas, siempre enfocándose en la implementación de metas puramente educativas.
La implementación de nuevas tecnologías se desarrolla simultáneamente con cambios en los métodos de enseñanza e incluso en los métodos de aprendizaje y formación. Los estudiantes son quienes más a menudo controlan este proceso, los materiales y recursos que se adaptan a sus necesidades. Durante mucho tiempo, la incorporación de nuevos recursos a la formación tiene como objetivo ayudar a los docentes en el cumplimiento de sus tareas, esto gradualmente tiene más medios didácticos para implementar.
La disponibilidad de las TIC en los hogares de las y los estudiantes parece determinante del tipo de oportunidades y recursos educativos a los que se puede recurrir, así como también, de aquellos que se podrán aprovechar fuera de los mismos.
Como se mencionaba antes, la brecha digital y la desigualdad en cuanto a las condiciones materiales de los hogares y las escuelas representan un reto mayúsculo que debe ser atendido en la actualidad por gobiernos e instituciones educativas. Igualmente, en aquellos entornos que lo permiten, el acompañamiento a las y los docentes y la formación docente resultan clave para la utilización por parte de los estudiantes de las nuevas tecnologías en educación.
En este sentido, las nuevas tecnologías han dado lugar a un nuevo modelo de formación que se caracteriza por:
El autoaprendizaje según las necesidades, intereses y circunstancias de cada individuo, el cual podrá planificar su propia trayectoria formativa en tiempos adecuados a sí mismo.
El paso a un modelo más abierto, donde es posible la interacción de los individuos a través de los medios tecnológicos y en tiempo real o ajustado a las necesidades individuales.
La variedad y diversificación de los recursos de información e interacción, quedando así, liberado el formador para desempeñar tareas de tutoría y apoyo.
Hoy en día, Internet es un modelo de tecnologías de la información y la comunicación, y se integra a la sociedad de una manera impensable donde no se concibe la vida sin ellas. La globalización tecnológica ha enriquecido y empoderado a algunas personas, pero ha marginado a otras, lo que ha provocado una “polarización social y geopolítica”.
Para que las tecnologías de la información y la comunicación trabajen en pro de la igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento, es necesario considerar las políticas y planes de acción para la adquisición de tecnología, lo que llamamos comúnmente, conectividad, pero también deben tener en cuenta muchas oportunidades que se ofrecen hoy desde las tecnologías: económicas, sociales, educativas, culturales e intergeneracionales que posibilitan que los usuarios accedan y contribuyan a los contenidos de la red y su uso adecuado.
En educación, las tecnologías de la información y la comunicación han producido una tendencia a la desjerarquía, que viene dada por la posibilidad de que los docentes y los estudiantes desempeñen alternativamente los roles de emisor y receptor de una manera más eficaz que la relación docente tradicional. Si nos centramos en la reforma del sistema educativo actuales, podemos decir de manera general que muchos de ellos han llevado a cabo nuevas reformas, aunque no son suficientes ni abarcan todos los grupos sociales.
Estas nuevas formas requieren de docentes capacitados y autorizados para que tomen decisiones docentes con base en los lineamientos curriculares definidos en cada país y las condiciones y circunstancias de los estudiantes. Aunque durante la pandemia, muchos participantes se ven obligados a proporcionar materiales y recursos en diferentes plataformas, las instituciones de enseñanza necesitan tiempo y orientación para explorarlos, comprenderlos y establecer estándares para las decisiones de uso.
Desde el punto de vista docente, la virtualidad significa el riesgo de perder el contacto cara a cara, y puede provocar tensiones por excesivo contacto entre profesores y alumnos, o dificultad para mantener la relación docente y la mediación. Esto es especialmente cierto en la etapa de educación primaria, donde es necesario coordinar el trabajo con los padres o cuidadores para acompañar y mediar en el proceso de aprendizaje de los niños.
Desde una perspectiva social, el aumento del desempleo y la pobreza (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020), sumado a mayores niveles de violencia intrafamiliar y problemas de salud física y mental, ha provocado que todo el personal escolar enfrente las dificultades y tensiones vividas por sus familias. En muchos casos, no existe un cálculo de los recursos materiales o profesionales necesarios para resolver estos problemas. Esta situación puede llevar a un agotamiento emocional, abrumador y estrés para el profesorado y el personal.
Para diseñar e implementar contramedidas educativas a la crisis socio-sanitaria que se vive en la actualidad, se requiere la participación de todos los participantes de la educación, ya sea durante el encierro o durante la reapertura de las escuelas. Es necesario, por tanto, fortalecer el equipo directivo para buscar una respuesta a la organización, docencia y apoyo de las instituciones de enseñanza; estas respuestas son creativas y contextuales y pueden resolver la continuidad del aprendizaje, el apoyo socioemocional y fortalecer el rol social de la escuela. Asimismo, se debe empoderar a los docentes y educadores para que puedan tomar decisiones docentes flexibles en función del contexto, manteniendo un adecuado equilibrio entre autonomía y apoyo.
Sobre la base del escenario descrito, puede afirmarse que las y los docentes requieren apoyo prioritario, durante el período de confinamiento y en los procesos de reapertura de las escuelas, en al menos las siguientes áreas:
Formación, asesoría y recursos para trabajar en diferentes formatos de educación a distancia, incluida formación en competencias y metodologías para uso educativo de las TIC y otras plataformas de enseñanza y aprendizaje a distancia, y en criterios para la toma de decisiones curriculares contextualizadas y flexibles, evaluación y retroalimentación para el aprendizaje.
Apoyo para mantener y profundizar los avances en la innovación metodológica y la implementación de formas alternativas de enseñanza, incorporando una apertura del currículo hacia lo lúdico y contextualizando la situación vivida, y en estrategias educativas para el aceleramiento y la recuperación de aprendizajes de las y los estudiantes que han sido más perjudicados durante la pandemia.
Resguardo prioritario de la salud y apoyo socioemocional, junto con el desarrollo de competencias para la enseñanza en materia de habilidades socioemocionales a las y los estudiantes y sus familias.
Garantía de continuidad laboral y de condiciones laborales y contractuales decentes.
Fortalecimiento de las redes locales de profesorado mediante espacios de apoyo, aprendizaje y elaboración de propuestas colaborativas de abordaje del trabajo curricular, pedagógico y de apoyo socioemocional.
En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se concibe a la educación como un factor clave para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para alcanzar mayores niveles de bienestar, prosperidad y sostenibilidad ambiental. En su ODS 4 se expresa el compromiso de la comunidad internacional de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas.
Por lo mismo, en la Declaración de Incheon: Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, los Estados Miembros se comprometieron a “hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020) para lo cual los esfuerzos en las políticas de educación deben centrarse en los grupos más desfavorecidos.
De acuerdo con lo anterior, la inclusión debe ser un eje central de las políticas educativas y una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto. Hoy en día, vale la pena señalar que la mayoría de las instituciones educativas se están preocupando cada vez más por la atención prestada a los estudiantes desfavorecidos y por si la educación inclusiva para estos estudiantes es efectiva.
En este sentido, para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020), la inclusión “trata de hacer efectivo el derecho a la educación mediante la integración de todos los estudiantes, el respeto a sus diversas necesidades, capacidades y características, y la supresión de todas las formas de discriminación en el contexto del aprendizaje. La inclusión debe orientar las políticas y las prácticas educativas, a partir del hecho de que la educación es un derecho humano fundamental y constituye la base de una sociedad más justa y equitativa”.
La vulnerabilidad es un concepto multidimensional, y solo podemos entenderlo en el ámbito en el que podamos delimitar el ámbito al que se refiere. En términos generales, se refiere a los problemas internos y externos de los individuos o grupos, que determinan su capacidad para enfrentar y superar el impacto de eventos catastróficos (Wisner, et al., 2003).
En la configuración de la vulnerabilidad intervienen uno o varios de los siguientes elementos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2002):
Las características específicas de las personas o colectivos que los ubican en una situación de desventaja frente a los demás.
El conjunto de prácticas que los hace más susceptibles a determinados riesgos.
Los medios y condiciones que limitan su desarrollo o que disminuyen sus posibilidades de inclusión social.
En el primer rubro, se encuentran los individuos que son vulnerados por rasgos como la edad, el género, la raza o etnia, la discapacidad y otros indicadores evaluativos de esta. El segundo comprende a las personas pertenecientes a minorías religiosas, lingüísticas, políticas o de género. En el último rubro, están las personas que son vulnerados por su clase social o por sus ingresos económicos, los que habitan en zonas urbano-marginales o rurales, los que carecen de seguridad social y los que trabajan en el mercado informal.
La vulnerabilidad puede reducir las oportunidades de desarrollo individual y colectivo. La educación es un derecho que no ha sido plenamente garantizado para todas las personas y una de las variables de riesgo más importantes es la pobreza. De acuerdo con el Banco Mundial (World Bank, 2018), en los países de bajos ingresos, sólo el 25% de los niños de familias pobres logran completar la escuela primaria, en comparación con el 75% de los que provienen de hogares de ingresos altos. Además, las clases más pobres socialmente son los que resienten con mayor fuerza los recortes en el gasto público a la educación. Paradójicamente, “los países de bajos ingresos están expandiendo rápidamente la educación secundaria, en un momento en que gran parte de su población todavía no logra concluir la escuela primaria”. (World Bank, 2018)
Las desventajas económicas hacen que estos infantes abandonen prematuramente el sistema educativo e ingresen al mercado laboral, generalmente en actividades informales, o en el mejor de los casos, solo pueden completar la educación obligatoria. En cualquier caso, la falta de conocimientos y habilidades académicas reducirá sus posibilidades de conseguir un trabajo digno, tener una fuente estable de ingresos, salud, seguridad social y otros derechos básicos.
Pero, la vulnerabilidad no es una condición adquirida de una vez y para siempre, ni tampoco atributo inherente a determinados individuos o grupos, sino que alude a situaciones intermedias entre la inclusión y la exclusión (Kummer, et al., 2009; y Arnaiz, et al., 2021); de este modo, al igual que existen variables que incrementan el riesgo de exclusión, como la carencia en los servicios básicos o el rezago educativo, existen otros pueden ayudar a disminuirlo, como el acceso a alguna transferencia económica gubernamental o a una beca de estudios. En este último, el rol de los agentes educativos es crucial porque son las personas que administran los recursos y despliegan las estrategias; más importante, el estatus del Estado en el diseño e implementación de políticas públicas, y su capacidad para distribuir bienes y servicios.
En este sentido, y debido a que la pandemia ha puesto de relieve y exacerbado la desigualdad, las opciones políticas diseñadas para la educación en las circunstancias actuales deben reconocer las deudas históricas de estos grupos a fin de garantizar su educación en términos de oportunidades de aprendizaje y oportunidades de aprendizaje; derechos y oportunidades; y proporcionar una educación de calidad que sea relevante a sus condiciones, necesidades y deseos y adecuada para ellos. (Sánchez, et al., 2021). Desde la perspectiva de la continuidad educativa, es relevante considerar, por tanto, las diferentes necesidades y respuestas de los diferentes grupos, incluyendo la sensibilidad y las respuestas docentes relacionadas a las diferencias de cultura, lengua, género y accesibilidad.
Una situación particular que ha de abordarse es el riesgo de que estos grupos más vulnerables abandonen la educación y la abandonen debido a la pandemia y las crisis de salud, sociales y económicas que siguen. Para evitar la interrupción definitiva de la vida escolar, se deben tomar medidas a corto y medio plazo. En el corto plazo, es necesario promover la continuidad de los vínculos entre niños, niñas y adolescentes, que tienen más probabilidades de estar separados de la educación, y apoyar la continuidad del aprendizaje con todos los medios posibles.
Desde la perspectiva de mediano plazo, es necesario establecer un mecanismo que asegure que los estudiantes que no logren la continuidad del aprendizaje durante este período no se vean perjudicados en la docencia o promoción. Esto significa medidas claras, como eliminar la duplicación, establecer mecanismos de continuidad curricular flexibles y estrategias para apoyar la recuperación y acelerar el aprendizaje.
Estas medidas didácticas deben complementarse con apoyo social y emocional para los estudiantes y sus familias, así como, respaldos sociales y económicos, la coordinación con otras políticas para proteger y garantizar los derechos de los niños y las políticas para brindar protección social a las familias con niños dependientes es fundamental para ayudar mejor a las familias de familias desfavorecidas.
Las respuestas nacionales que se han dado en materia de educación permiten identificar desafíos emergentes a la hora de implementar medidas para proyectar la continuidad, la equidad y la inclusión educativa mientras continúe la pandemia y con ella la suspensión de clases presenciales y en los procesos de reapertura de los centros educativos (De Garay & Planas, 2021):
Equidad e inclusión: centrarse en los grupos de población más vulnerables y marginados, así como en la diversidad sexual y de género.
Calidad y pertinencia: centrarse en la mejora de los contenidos de los programas de estudios y en el apoyo especializado al personal docente, asegurando condiciones contractuales y laborales adecuadas, la formación docente para la educación a distancia y el retorno a clases, y el apoyo socioemocional para trabajar con las y los estudiantes y sus familias.
Sistema educativo: preparación del sistema educativo para responder ante las crisis, es decir, resiliencia a todos los niveles.
Interdisciplinariedad e intersectorialidad: planificación y ejecución centradas no solo en la educación, sino también en la salud, la nutrición y la protección social.
Alianzas: cooperación y colaboración entre diferentes sectores y actores para alcanzar un sistema integrado, centrado en el alumnado y el personal educativo.
Al diseñar o evaluar estrategias para permitir que el sistema educativo haga frente al caos causado por el cambio social acelerado y para prevenir o reducir el impacto negativo de los problemas enumerados, es necesario distinguir cinco enfoques diferentes:
Hacer un planteamiento preventivo. Ha cambiado el rol del profesor y se han constatado profundas modificaciones en el contexto social y en las relaciones interpersonales que se establecen en la enseñanza, debemos replantear el período de formación inicial, buscando una mayor adecuación a los problemas prácticos presentes hoy en la realidad de la enseñanza.
Aumentar las dotaciones, la mejora de material o de instalaciones son accesorias. Una enseñanza de calidad sólo la hará un profesor de calidad, aunque sea en un sótano con humedades. Un individuo desmotivado y perdido, con los máximos títulos universitarios, vagará sin alma por centros escolares dotados de polideportivos fastuosos y de ordenadores personales, sin conseguir con ello dar mayor calidad a su trabajo.
Articular estructuras de ayuda para el profesorado en ejercicio, para este profesorado que aún no ha logrado una vía de actuación práctica lo suficientemente coherente como para evitar fluctuaciones y contradicciones en su estilo docente; para esos profesores que, reconociendo su falta de recursos para dominar las situaciones de enseñanza, están utilizando la inhibición y la rutina como medios para atenuar su implicación personal ante problemas que se les escapan; para esos profesores, por último, que viven su trabajo cotidiano dominados por la ansiedad.
Establecer una línea política muy clara, para mejorar la imagen social de los profesores y de la enseñanza; destacando los importantes logros y los éxitos incontestables conseguidos en los últimos años, evitando que predomine en la consideración social una imagen negativa que sólo contempla las deficiencias y los problemas pendientes de nuestro sistema educativo.
Actuar de la administración de manera que pueda mejorar una serie de elementos referidos a las condiciones de trabajo de los profesores elevando la calidad de su actuación profesional, su rendimiento y su satisfacción en el trabajo.
Conclusiones
La política educativa puede apoyarse en un modelo más justo y equitativo de compartir una cultura democrática. El fundamento principal es escuchar más las inquietudes de los docentes y estudiantes por mejorar la educación, es decir, mostrar una serie de alternativas pedagógicas para enfrentar las diferentes demandas sociales, manteniendo una actitud abierta a múltiples críticas y valoraciones que a menudo se expresan en evaluaciones nacionales e internacionales.
La actual pandemia de COVID-19 plantea un importante desafío para los sistemas educativos y sociales de los países de la región, que debe ser abordado de manera clara y precisa. Estos desafíos y lecciones nos permiten hoy repensar el propósito de la educación y su papel en el mantenimiento de la vida y la dignidad humana. A medida que los países estudian cómo resolver mejor la incertidumbre y reabrir de manera segura las instituciones educativas, esta crisis brinda una oportunidad sin precedentes para aumentar la resiliencia del sistema educativo nacional.
Por otro lado, las escuelas necesitan mejorar las condiciones para impartir la enseñanza. En muchas escuelas mantienen prácticas tradicionales de enseñanza, son exigentes y frustrantes porque se enfocan en la enseñanza en aulas que en muchos casos no están equipadas. Sin embargo, como se ha demostrado, muchas escuelas en condiciones locales de pobreza, como en muchas comunidades indígenas, marginadas y rurales, hacen de la práctica educativa un centro importante para atraer a muchos estudiantes para lograr un buen rendimiento académico.
