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Introducción
De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el territorio ecuatoriano, diariamente, nace un promedio de 771 niños y niñas. Tomando como referencia que la población nacional se acerca a los diecisiete millones y medio de personas, esta es una cifra bastante considerable, puesto que niños y niñas aproximan un veinticinco por ciento de la población total (Ecuador. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2021)
Antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, el Estado ya enfrentaba algunas dificultades en su sistema educativo afectando de forma directa e indirecta a la niñez ecuatoriana. Proteger en conjunto todos los derechos fundamentales se ha convertido en un verdadero reto, puesto que, al intentar salvaguardar la salud, la educación ha pasado a un segundo plano ocasionando una colisión estructural de derechos.
La crisis sanitaria que enfrentan todos los países del mundo articula una coyuntura atípica que ha desestabilizado los diferentes avances en el ámbito social, cultural y económico. Esto lleva a cuestionar ¿porque los niños y niñas se han ido transformando en víctimas ocultas del Covid-19? no precisamente por el alto riesgo de contagio que enfrentan, sino más bien por el masivo cierre físico de escuelas durante estos casi dos años.
La educación en casa, en conjunto con la reducción del presupuesto estatal, interrumpe significativamente el aprendizaje aumentando la deserción escolar. “En Ecuador, solo el 37% de los hogares tiene acceso a internet lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de plataformas digitales”. (Vohlonen, 2020)
La primera infancia implica un escenario de oportunidades que marcarán el desarrollo de la personalidad de jóvenes y adultos, a mediano y largo plazo. “Los derechos de niños reconocidos como universales tienen la característica adicional de ser derechos de cumplimiento obligatorio sin distinción alguna” (Rea Granados, 2017, p. 165). Por esta razón, es obligación estatal proporcionar los mecanismos adecuados para potenciar su desarrollo, garantizando y asegurando el pleno ejercicio de sus derechos.
El desarrollo integral de niños y niñas se posiciona como un derecho constitucional entendido como “proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad”(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Parte fundamental de este proceso es responsabilidad de la familia, seguido de la sociedad con el apoyo del Estado.
Educación y salud integran el denominado corpus iure de los derechos por lo que es preciso que el sistema estatal garantice su dotación en favor de niños y niñas, en condiciones de igualdad y respeto a la dignidad humana. Evitando privilegiar uno en beneficio de otro, puesto que la actual crisis sanitaria ha ido creando enormes brechas respecto de la educación lo que directamente afecta el fortalecimiento del desarrollo social y económico a futuro. No se puede dejar de lado el vínculo existente entre la educación y la erradicación de la pobreza.
En el contenido de esta investigación se analiza la dimensión jurídica de los derechos de niñas y niñas entorno a su educación, así como la injerencia estatal para dotar este servicio, haciendo efectivo su desarrollo integral durante la crisis sanitaria y en la post pandemia.
Metodología
El diseño investigativo está enmarcado dentro del ámbito dogmático jurídico, su enfoque cualitativo permitió establecer la relación causa efecto entre las variables planteadas. El alcance fue descriptivo facilitando de esta manera la elaboración del análisis jurídico y crítico para establecer la funcionalidad de los derechos que se presuponen de igual jerarquía.
Salud y educación contribuyen al desarrollo integral de la personalidad y no pueden verse limitados en contextos de pandemia por esta razón se recurrió al método exegético, así como al de ponderación que ayudaron a interpretar de forma adecuada los preceptos jurídicos.
El análisis bibliográfico y documental como técnica investigativa permitió realizar una revisión sistemática de diversos artículos de investigación indexados en revistas científicas, así como los preceptos jurídicos que fortalecen el tema expuesto.
Desarrollo
El sistema educativo en el Ecuador es el pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, adoptar medidas para preservar la dotación de este derecho resulta indiscutible al momento de analizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esto con el propósito de alcanzar el buen vivir como uno de los principales fines del Estado, pese a enfrentar la actual crisis sanitaria que se presenta a escala universal.
Al exteriorizar la responsabilidad estatal aparece el compromiso social de combatir la desigualdad mediante mecanismos adecuados que faciliten una vida plena para los niños y niñas sin discriminación alguna. No obstante, a efectos de mitigar la crisis sanitaria se visibiliza un creciente trance educativo que afecta a la niñez en un contexto aún mayor. Al ser la educación un derecho universal, no puede verse menoscabado bajo ninguna circunstancia, porque de hacerlo se estaría afectado al desarrollo integral de la personalidad.
La tutela de derechos en favor de la infancia ha tenido una trascendente evolución puesto que a lo largo de la historia los mismos no fueron visibilizados. Es así que las leyes francesas apenas a finales del siglo XIX garantizaron a los infantes el acceso a la educación. “La Ley de 28 de marzo de 1882 señalaba que la educación debía ser gratuita, laica y obligatoria, situación que provocó una nueva era para la instrucción de los infantes”. (Rea Granados, 2017, p. 155)
El desarrollo de la sociedad actual depende en gran medida del éxito de su sistema educativo, sin embargo, alcanzar estos logros resulta una tarea bastante compleja desde la esfera jurídica. Es así que empezaron a materializarse instrumentos jurídicos internacionales que otorgaban derechos a la niñez, como sucede en la primera declaración de Ginebra de 1924 (Miranda Valdebenito & González Burboa, 2016).
Un avance claramente importante desde el contexto internacional fue en 1989 la Convención sobre derechos del niño en Nueva York. Esta norma “concibe a niños, niñas y adolescentes no solo como sujetos de protección y asistencia, sino como titulares de derechos propios y actores de su propia vida, con la capacidad y el deber de participar en asuntos que les afectan”. (Rea Granados, 2017, p. 150)
Niños, niñas y adolescentes en el territorio ecuatoriano tienen derecho a su pleno desarrollo integral. Por esta razón surge la responsabilidad tripartita entre Estado, sociedad y familia para promover su ejercicio de manera prioritaria, atendiendo “al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008)
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades”.(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008)
El Código ecuatoriano de la niñez y adolescencia acentúa esta protección integral tripartita en el marco de la garantía de su dignidad, libertad y equidad (Ecuador. Congreso Nacional, 2003). Para el efecto se define como niño o niña “a la persona que aún no ha cumplido doce años de edad.
Ante la ley todos los niños y niñas son iguales por lo que está prohibido cualquier tipo de discriminación. Siendo obligación del Estado, la sociedad y la familia, en sus respectivos ámbitos, “adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos”. (Ecuador. Congreso Nacional, 2003).
En efecto, el desarrollo integral de la infancia se manifiesta como un proceso de cambios en la base del perfeccionamiento humano que cimienta el progreso de la sociedad. Durante esta etapa “se inician y consolidan los elementos más importantes de la personalidad: la capacidad para aprender y las estrategias para pensar; la seguridad en sí mismo y la confianza en las propias posibilidades; las formas de relacionarse con los otros”. (Urbina-Medina, 2015, p. 159)
En efecto, parte del desarrollo integral es el acceso a la educación como uno de los deberes primordiales del Estado. En el texto constitucional se plasma la obligación de “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008)
“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008)
Centrados en el desarrollo holístico el propio texto constitucional refiere que la educación será “participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz” (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Estos preceptos resaltan la importancia de la construcción del conocimiento como eje estratégico para el desarrollo y construcción de la soberanía nacional.
En la observación general 13 se analiza que la educación como derecho es el principal medio que permite salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. De este modo se acepta la idea de que una de las mejores inversiones estatales es la educación. Para el efecto se debe considerar la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021).
Estos componentes se adecuan a la responsabilidad estatal y familiar de forma compartida, no obstante, la crisis sanitaria ha disminuido el nivel de ingresos de las familias reduciendo también el acceso a servicios de salud preventiva, así como a la educación como parte del desarrollo infantil. Este no es el único problema que los niños/as enfrentan puesto que la extensa y forzada cohabitación desencadena factores de riesgo psicosocial provenientes de abuso y violencia intrafamiliar (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021).
Durante la primera infancia se consolidan los cimientos de la personalidad, por esta razón el rol de la familia constituye el primer agente de socialización. “La personalidad en la primera infancia se encuentra conformada por conductas, comportamientos, emociones, pensamientos y rasgos de carácter que se irán consolidando a lo largo del ciclo vital” (Valarezo Encalada, et al., 2020, p. 479). Esto implica que cada niño y niña presente características individuales vinculadas a su desarrollo socio afectivo.
La necesidad de adaptación a nuevas rutinas, producto de la crisis sanitaria por Covid-19, trajo consigo el uso generalizado del internet y la permanencia de novedosas tendencias como el teletrabajo y la tele-educación. En consecuencia, parece ser que el sector más afectado es el educativo en sus diferentes niveles. Indudablemente, los niños y niñas han debido adaptarse a esta nueva modalidad que implícitamente perjudica sus derechos anclados al interés superior.
Las diversas estrategias adoptadas por los gobiernos durante la emergencia sanitaria se reducen a la creación de portales digitales, así como la difusión de campañas sobre higiene, autocuidado y vacunación. Estas medidas llevan a cuestionar su efectividad en post pandemia, puesto que las brechas generadas son cada vez mayores en detrimento al cuidado de la primera infancia (Carbonell García, et al., 2021).
En este contexto, priorizando la situación de niños y niñas como primera unidad de análisis, se establece que la construcción de la personalidad se genera durante diferentes etapas. De cero a doce meses el factor determinante es el apego, cuyo factor determinante es la búsqueda de estímulos para fomentar el aprendizaje por medio de vínculos afectivos. En esta etapa el desarrollo cognitivo del niño inicia con un despertar sensorial y de descubrimiento (Valarezo Encalada, et al., 2020).
De uno a tres años los niños y niñas desarrollan un amplio sentido de autocontrol, por lo que su desarrollo social y cognitivo coadyuva al manejo adecuado de sus emociones. Entre los cuatro y seis años se fortalece la comunicación permitiendo la adaptación a un mundo altamente complejo e inminentemente social (Valarezo Encalada, et al., 2020).
Visto desde el enfoque de la vulnerabilidad y protección, los niños/as son tratados como objeto de cuidado más allá del reconocimiento de sujetos con capacidad y voz en la toma de decisiones conflictivas (Ceballos-Higuita & Otálvaro-Castro, 2021).
Una de las mayores preocupaciones del sistema educativo constituye la exclusión y deserción escolar de niños y niñas procedentes de sectores vulnerables de la sociedad. Actualmente, a nivel mundial un promedio de 123 millones de niños no se educa. En América Latina la cifra asciende a seis millones y medio de niños en edad escolar, con un riesgo de abandono de otros quince millones debido a la situación sanitaria (Garrido-Miranda & Polanco Madariaga, 2020).
Las razones de abandono entremezclan situaciones personales ligadas a la responsabilidad de la familia, carencia de recursos económicos, así como “la falta de accesibilidad al nuevo sistema educacional. Para el efecto, en la Observación general número 25 de la Convención sobre derechos del niño se establece que en el entorno digital los derechos de los niños deben respetarse, protegerse y hacerse efectivos”. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021)
“La posibilidad de acceder a las tecnologías digitales de forma provechosa puede ayudar a los niños a ejercer efectivamente toda la gama de sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. Sin embargo, si no se logra la inclusión digital, es probable que aumenten las desigualdades existentes y que surjan otras nuevas”. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021)
Bajo este criterio es preciso resaltar la importancia de aplicación de los preceptos normativos diseñados en favor de este grupo vulnerable. Puesto que los Estados están llamados a asegurar la efectiva inclusión educativa aún en la era digital. Al ser excluidos del sistema se estaría enfrentando un problema de discriminación, trato injusto y retroceso en la dotación de derechos.
La realidad social y económica del país es diversa, y esto genera también diversidad en los criterios en relación al equilibrio que se debe mantener entre los derechos fundamentales, principalmente al hablar de educación.
Efectivamente, la crisis sanitaria ha evidenciado ciertas carencias; sin embargo, desde el aparataje institucional y gubernamental, se ha tratado de subsanar las necesidades existentes y las nacientes en relación a la adaptación abrupta que nuevos sistemas de educación que se han visto obligadas a enfrentar con la finalidad de no privar a los niños, niñas de estos derechos.
Es evidente que esto se viene intentando por todos los medios al alcance del Estado, generando opiniones controvertidas desde las distintas realidades que se divisan en el país, generalmente dado por la división de clases, en relación al acceso a medios tecnológicos para recibir educación.
Los niños y niñas en etapa escolar constituyen un grupo de atención prioritaria razón por la cual la regulación jurídica de los diferentes derechos como la educación constituye una responsabilidad tripartita entre el Estado, la sociedad y la familia, para afianzar el bienestar de este grupo social, como un derecho vital para cualquier niño/a.
El cumplimiento de este objetivo, se refleja en la garantía institucional y gubernamental que el Estado prevé, mediante la regulación de normativa que se constituye en un mecanismo de protección cuya génesis es la búsqueda de un adecuado equilibrio en la protección de todos los derechos al ser estos de igual jerarquía.
Organizaciones de la sociedad civil han implementado procesos de alfabetización virtual desde hace varios años atrás. Así, por ejemplo, radio IRFEYAL ‘Fe y alegría’ promueve la educación para jóvenes y adultos mediante campañas informativas y culturales en su programación regular. Esta herramienta pedagógica de comunicación y aprendizaje integrada por clases radiofónicas imparte módulos formativos para reforzar la educación básica, media y bachillerato.
Esta alternativa podría ser replicada por otros medios de comunicación como son radio y televisión cuyo acceso es más frecuente en zonas rurales que no cuentan con servicios de internet. Para fortalecer este objetivo se puede recurrir a la suscripción de convenios interinstitucionales a través de CORAPE (Coordinación de medios populares y educativos del Ecuador) para un mejor resultado.
Ciertamente, intentando proteger la salud, se ha descuidado en parte la educación provocando una colisión estructural, privando de la garantía constitucional de forma efectiva a ambos derechos. Frente a esta dicotomía se hace inevitable buscar medidas idóneas que responsan a un fin válido que garantice un adecuado equilibrio entre la protección y la restricción constitucional.
Visto desde otra óptica se hace urgente la ejecución de acciones materiales y concretas que contribuyan a garantizar el acceso universal a la educación. Así por ejemplo, ampliando la cobertura de internet a un menor costo y con mayor nivel de accesibilidad o facilitando la adquisición de equipos y dispositivos a un bajo costo con el apoyo y financiamiento de entidades públicas y privadas, como parte de la corresponsabilidad social.
La educación y la salud tienen un origen común en el ordenamiento jurídico puesto que se catalogan como derechos de igual jerarquía. No obstante, de sus similitudes, sus diferencias son mucho más significativas.
La suspensión de las clases presenciales en escuelas en razón de la actual crisis de salud relacionada con la Covid-19 ha impulsado un proceso de migración de las actividades académicas a entornos virtuales. Esto ha evidenciado al famoso “desconocimiento generalizado tanto en el ámbito familiar como académico sobre la relación entre educación, generando tensiones entre familias e instituciones educativas, que de alguna u otra forma va relacionado con la salud”. (Chiappe & Wills, 2021).
El intento fallido de equilibrar la educación de los chicos, el encierro trae consigo estrés, que al futuro se agudiza y se ve evidenciado en descomposición física. Sumado a las complicaciones de salud por pandemia misma, el área psicológica se ha visto afectada respecto de la salud mental de los estudiantes.
Las acciones que el Estado implementa acerca de la salud y de la educación, ha sido una gran expectativa. Se requiere una acción coordinada entre el gobierno ecuatoriano, el Ministerio de Salud Pública, social y económico de forma intersectorial, teniendo la educación en salud como herramienta principal (Da Costa Pinheiro, et al., 2021).
Estas acciones deben obligatoriamente ser coordinadas de tal manera, que permita la articulación de una buena salud, no solo mental sino física, para llegar al objetivo de motivar a los estudiantes entorno a la educación. Es posible su conjunción, mostrando un conjunto de valores como la equidad, la solidaridad, la calidad de vida, que de alguna u otra vida afecta el área académica.
Enfatizando un conjunto de estrategias designadas como “áreas de acción” que deben articularse entre el Estado a través de “políticas públicas saludables: con la comunidad, como el fortalecimiento de la acción comunitaria; con las personas, a través del desarrollo de habilidades personales; y con el sistema de salud, a través de la reorientación de estrategias y alianzas intersectoriales”. (Da Costa Pinheiro, et al., 2021).
La educación presencial debido a la pandemia, se convirtió en virtual, llevando casi dos años en esta modalidad, muchas instituciones de educación se vieron obligadas a adaptarse al mundo cibernético. En el 2021 se realizó un estudio global colaborativo que expresa de forma general sobre este sistema educativo, este estudio se realizó en 31 países que representan el 63 % de la población mundial, la síntesis de esta investigación sugiere que “las prácticas que se desarrollaron en la educación, se pueden definir como educación remota de emergencia, que difiere de las caracterizadas como educación a distancia. Señala cómo la injusticia social, la inequidad y la brecha digital se han exacerbado durante la pandemia, por lo que se requieren medidas únicas y específicas para abordarlas en el marco de instituciones y familias sobrecargadas de tareas cotidianas, profesionales y roles educativos emergentes, a los que se les suman el trauma, la presión psicológica y ansiedad”. (Rodés, et al., 2021).
El estudio destaca la relevancia que en este contexto adquiere una pedagogía de cuidado, afecto y empatía. En este contexto, se destaca la importancia de las perspectivas de educación abierta, el uso de métodos alternativos de evaluación y el extremar las preocupaciones sobre la ética, las prácticas de vigilancia y la privacidad de los datos que resultan de la dependencia de algunas soluciones en línea que se han observado.
Al tratarse de derechos que ponderan igual jerarquía parece evidente el sesgo en favor de la salud, no obstante, desde la perspectiva del interés superior como concepto dinámico el Estado busca garantizar un adecuado equilibrio que no menoscabe ninguno de estos derechos. Sin embargo, el sistema digital no estaba preparado para enfrentar un rol tan importante y peor aún sustituir la interacción social al formar parte del desarrollo cognitivo.
Los procesos de ajuste y transformación de la educación se han estructurado a través de políticas públicas de expansión y acceso dictadas por el Estado. Dado que estas políticas fomentan la admisión de personas de entornos sociales desfavorecidos, las instituciones enfrentan grandes desafíos para atender a estos estudiantes.
Por lo tanto, es necesario analizar las condiciones de permanencia de los estudiantes, en el contexto en que se insertan, de acuerdo con los factores motivadores. “La motivación es siempre el resultado de una interacción entre la persona y el medio ambiente y puede ser generada por necesidades e intereses, o por procesos externos”. (Guilbauth, 2020).
Por otro lado, es meritoria una revisión sistemática sobre el uso de estrategias pedagógicas por parte de las instituciones educativas, que, en medio de una pandemia, las herramientas tecnológicas se han convertido en el brazo derecho de los docentes. El trabajo colaborativo, el aprendizaje auto dirigido y basado en habilidades son importantes para que muchas investigaciones orientadas a la pedagogía puedan utilizar, en el momento adecuado, las técnicas que presenta la nueva era.
Por esta razón “las estrategias cognitivas y metacognitivas son explicadas por los docentes para abordar el proceso de escritura” se transforman en modelos utilizados ampliamente en la actualidad y, a veces, se combinan con otros enfoques pedagógicos, como la eficacia, la motivación y el proceso (Jara Conohuillca & Jara Conohuillca, 2021).
Dentro de esta investigación, resulta trascendente debatir sobre la permanencia y deserción de los niños en las instituciones de educación. De la situación derivan algunas cuestiones que la pandemia misma ha dejado en cada hogar, así, por ejemplo: familias sin empleo fijo, despidos, estrés por la cotidianidad del encierro, entre otras.
Estos aspectos no solo han afectado en la convivencia de los miembros de familia, sino en la calidad de educación de los niños, en donde las políticas públicas que el Estado ha impuesto no contribuyen del todo con el interés superior de los niños en cuanto a su educación. Este derecho enfrenta algunas dificultades y falencias considerando que se ha puesto más énfasis en el área de salud.
El desinterés del Estado por los estudios pedagógicos en el campo de la niñez, en medio de una pandemia, es preocupante, pues no es atribuible a variables ligadas al recorrido individual o contextual previo al ingreso a las instituciones educativas, sino que se explica fundamentalmente por factores relacionado con las vivencias de los alumnos durante su formación, que ha sido puramente virtual durante casi dos años.
Éstas pueden estar relacionadas con un “contexto académico poco desafiante, la brecha entre las expectativas iniciales y la realidad, o con la percepción de la pedagogía como una actividad excesivamente técnica, en la cual las perspectivas teóricas y la curiosidad intelectual se ven minimizadas”. (González Sanzana & Arce Secul, 2021).
Los primeros meses de la experiencia de enseñanza virtual para niños, en el primer semestre de 2020, mostraron una contradicción: si por un lado no parecía coherente ignorar los aspectos sociales y políticos vinculados a la situación de pandemia, por otro lado, estaban exhaustos, ante la posibilidad constante de pérdida, miedo, además de estar profundamente afectados por la impotencia política y emocional que les impedía tener una educación de calidad.
Es necesario “repensar algunas propuestas que el Estado ecuatoriano ha impuesto en medio de una crisis sanitaria, como prácticas de disciplina, continuando el trabajo con criticidad y reflexividad” (Kawachi, 2021). Las consecuencias de la crisis sanitaria en la educación ecuatoriana y la ausencia de estrategias estatales para el derecho constitucional a la educación semejan un efecto mariposa.
Covid-19 proporciona los contextos para que ocurran los efectos de pánico y mitigación, y obliga al sector educativo a tomar medidas drásticas y sin precedentes en amplias áreas pedagógicas. La docencia en modalidad presencial se está trasladando a la educación a distancia que podría ser para algunos estudiantes de manera tradicional y para otros en educación a distancia virtual.
Depende incluso del “acceso a medios e información que tenga el estudiante, sobre todo la zona donde viva (urbana o rural), con o sin internet, situación que abre brechas en cuanto a la calidad de la educación”. (Guilbauth, 2020)
Todas estas herramientas innovadoras basadas en el funcionamiento de las tecnologías de la información y comunicación exigen del docente una nueva preparación para responder a las necesidades de los estudiantes, los cuales en la mayoría son nativos digitales. Igualmente, no debe perderse de vista que “el medio laboral cada vez será más exigente en cuanto al dominio de competencias tanto humanas como digitales, esto se debe gracias a las ventajas de la formación virtual y de las aulas virtuales”. (Guilbauth, 2020)
Existe ventajas importantes de que los niños accedan ala educación por medios virtuales, no todo es malo, sin embargo, el Estado, como responsable directo de la educación de los niños en el Ecuador, debe adaptarse con facilidad a las características y necesidades de los estudiantes, debiendo así conectarse a estudiantes ubicados en lugares geográficos diferentes del país, el ritmo del aprendizaje es marcado por los estudiantes, que muchos de ellos no tienen acceso a la educación.
Es necesario que para la formación pedagógica de los niños, los docentes fomenten la interactividad con sus alumnos, con objetivos de aprendizaje estimulantes, ante el desarrollo pedagógico y físico, de acuerdo a la imposibilidad de interactuar físicamente como ocurría antes de la crisis sanitaria, pudiendo utilizar recursos en diferentes formatos: “texto, clip de vídeos, podcast de audio, simuladores y diferentes tipos de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para facilitar la interacción entre los diferentes participantes en la acción formativo”. (Guilbauth, 2020)
Durante la primera quincena de marzo de 2020, cuando comenzaron a detectarse los primeros casos de COVID-19 en América Latina, el Estado ecuatoriano tomó una decisión que ya se estaba tomando en otras partes del mundo para enfrentar la ola de contagios por parte de la pandemia: llamado a confinamiento y suspensión de cursos presenciales en entidades privadas y públicas.
La dinámica escolar ha cambiado debido al brote del coronavirus, se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancelación de las clases presenciales” (Castellano Gil, et al., 2020), la cifra da cuenta en este contexto que “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudiantes y docentes”. (Castellano Gil, et al., 2020)
“Según UNICEF sólo el 37% de los hogares en Ecuador tiene conexión a internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de estas modalidades. La situación es más grave para los niños de zonas rurales, donde solo 16% de los hogares tiene conectividad o acceso a recursos tecnológicos” (Da Costa Pinheiro et al., 2021).
Como se puede evidenciar la educación como derecho universal presenta un alto desequilibrio en la realidad nacional. “La experiencia del confinamiento de los niños y cómo esto se relaciona con su estrato económico” (González Sanzana & Arce Secul, 2021), es una de las formas de análisis que da la desigualdad de acceso a la educación en primaria, que se ha recrudecido tras la crisis del COVID-19 y el confinamiento.
Los estudiantes de instituciones privados, en su mayoría de clase media a alta, generalmente tienen fácil acceso a Internet y disponen de dispositivos para poder trabajar desde casa, en el caso de los padres, o acceder a la educación en el caso de los niños, aunque también destaca que para todos los sectores esto implica desafíos, que van desde nuevas dinámicas familiares hasta nuevas interrelaciones con compañeros y docentes.
Garrido & Polanco (2020), señalan que la ausencia de una ley que detalle las competencias de los municipios y del COE nacional está en el origen de estas desventajas de poder, que terminan por confundir a los ciudadanos.
Según la Corte Constitucional, no se pueden desconocer las facultades descentralizadas que tienen los municipios y las prefecturas, por lo que se ha pedido al ejecutivo y a la Asamblea trabajar en una ley de manejo de la pandemia, para regular las facultades y medidas.
Por tanto, está claro que a pesar de haber transcurrido casi dos años desde el inicio de la pandemia, el Estado ecuatoriano, aún no logra establecer medidas y decisiones que definan los procedimientos, ante la falta de un nivel de educación de excelencia para los niños, lo que implica que ha dejado pisoteado el interés superior de los pequeños, ante su derecho a la educación.
Conclusiones
El sistema educativo debe fortalecer su preparación para afrontar y optar por enfrentar los retos que plantea el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, en particular en lo que se refiere a la existencia de normativas y procedimientos para la creación, uso y gestión de la modalidad virtual en cada caso formativo como alternativa mixta o híbrida en un futuro próximo.
El uso de las TIC en la pedagogía podría estimular el aprendizaje profundo y permitir que los docentes respondan a las necesidades de los diferentes estudiantes. En otras palabras, las TIC integradas en los planes de estudios de educación superior pueden brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran habilidades actualizadas.
Debido a la falta de interés por parte del Estado ecuatoriano, se puede concluir que existe una opinión generalizada que considera que, en tiempos de crisis, la enseñanza a un alto nivel pedagógico promueve varios procesos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje a distancia a distancia, en particular los procesos de interacción y comunicación muy valorados por los docentes, quizás porque sintieron que adolecieron de una correspondencia entre la pedagogía docente y los aspectos que valora el estado ecuatoriano en tiempos de crisis.
Gracias a este estudio, principalmente fue posible identificar las características que aparecían en los estudiantes que, por todas las circunstancias descritas anteriormente, tenían dificultades para acceder a la educación y por otro lado, por la falta de aplicación o interés de políticas públicas que permitan dar prioridad a los niños y niñas en términos de su derecho constitucional a la educación.
Debido a la distancia geográfica con otros grandes centros urbanos del país, la movilidad geográfica de los estudiantes que buscan acceder a la educación virtual es baja. De hecho, un alto índice de estudiantes en etapa escolar no tiene acceso a la educación o ha desertad de la misma por falta de recursos, esto implica una ardua tarea para el Estado a fin de cumplir su rol de garante y subsanar estas brechas que se van generando para la post pandemia.
Docentes y estudiantes deben exigir a los reguladores y autoridades que le den una importancia perdurable al aprendizaje pedagógico, el cual debe ser una prioridad en situaciones de crisis como la actual pandemia, teniendo en cuenta, como veremos en unos años, las consecuencias que la falta de educación en los niños provocará crisis peores.
Finalmente, como se ha establecido tanto salud como educación constituyen derechos fundamentales en favor de niños y niñas mismos que aportan a su desarrollo integral. En este sentido no puede haber menoscabo de ninguno de ellos para fortalecer la protección del interés superior, por esta razón no basta la sola intervención del Estado, sino que es preciso la coordinación estratégica con sociedad y familia como coparticipes de este proceso integral.
