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Introducción
La universidad constituida como un agente de cambio para los pueblos para el desarrollo y crecimiento de la sociedad a través de la ciencia y los saberes tiene la responsabilidad y obligatoriedad social de proporcionar conocimientos al alcance de todos para poder abordar los problemas globales, a pesar de que su función principal está en el campo de la enseñanza y la investigación también tiene la generación de pensamiento crítico y objetivo con la finalidad de no ser tan mecánicos ayudando a la contribución del desarrollo sostenible de la sociedad para que así se cumplan los derechos de igualdad que ha declarado la ONU. El vínculo que la institución de Educación Superior tiene con la inclusión de los grupos de atención prioritaria en los proyectos de vinculación, es para que también tenga un impacto en la formación de los estudiantes, siendo conscientes del entorno en el cual se van a involucrar para así convertirlos en agentes de transformación social (Pérez & Vera, 2019).
Según La Dirección de Atención de Grupos Prioritarios, tienen el fin de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas que según la Constitución de la República del Ecuador 2008 son amparadas y protegidas de manera especial, dejando establecido que el estado prestara especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Aunque ya existen entes que velen por la seguridad de estos grupos, no significa que las instituciones educativas deban carecer de este sistema, al contrario, deben estar más inmersas en la ayuda para la integración de estos grupos a la sociedad y sus desarrollos (Novillo Díaz, 2019).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención a cuatro grupos: niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Desde la perspectiva jurídica se expone que son aquellos grupos a los que se les violan sus derechos y de alguna manera se les pone en una situación en la que la discriminación adquiere su nombre y origen. Y en este sentido es deber del Estado evitar tanto las causas como sus manifestaciones y sus consecuencias, lo que representa proveer de todo aquello que sea necesario para garantizar a estos el goce y ejercicio de todos sus derechos en condiciones de igualdad y dignidad, es decir, protegerlos (Pyle & Wexler, 2012; Barreno & Yánez, 2018).
El grupo de atención prioritaria es el conglomerado social, que, por presentar características específicas, particulares e inherentes a su persona, son merecedores de inmediato cuidado por el Estado y sus entes públicos. De tal suerte que sus demandas deben ser inmediata y oportunamente satisfechas. Siendo obligación del Estado establecer políticas públicas y programas de atención a estas personas, que tengan en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género y etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; así mismo, para fomentar el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas públicas que satisfagan las puntuales demandas del grupo de atención prioritaria.
Evolución de los derechos prioritarios
El reconocimiento formal de los derechos civiles fueron producto de la lucha por la libertad de la incipiente clase burguesa de Francia, descontenta por el trato absolutista de la Monarquía Europea que desconocía los derechos fundamentales a la vida y la libertad.
Las clases desprotegidas o vulnerables se han impuesto y han logrado que el Estado deje de ser el sujeto de derechos que ostentaba en la época Absolutista y Medieval para convertirse en el sujeto pasivo de los derechos, es decir sobre quien recae la obligación de hacer efectivo los mismos, logrando que el centro de la atención y el fin mismo de los derechos sean los seres humanos.
La clase obrera supera esta visión de los derechos y crea las condiciones para que formalmente se reconozcan los derechos complementarios conocidos como económicos, sociales y culturales, fundamentados en el pensamiento de Hegel y Marx.
Algunos sectores de la sociedad se han visto marcados por concepciones de carácter moralista, legalista y hasta fundamentalista.
La presión organizativa de los colectivos para que se reconozcan dichos avances en derechos ha marcado también un freno a su progresividad y han creado temor por sus alcances.
En la evolución de los derechos humanos, los Estados han adoptado diversas formas de composición y ejercicio de su función pública, acorde a las circunstancias históricas de regulación.
Después de que el absolutismo fuera abolido con los acontecimientos de la Revolución Francesa, aparece el Estado de Derecho con sus diferentes manifestaciones que se mantiene firme en los países anglosajones y de la Unión Europea particularmente, después el Estado Social de Derechos propio estilo del llamado Capitalismo con rostro social.
Posteriormente, el Estado Socialista asociado al comunismo e inspiración de Lenin y Marx.
Finalmente, la versión contemporánea del Estado Constitucionalista que establece la idea de constitución y supremacía.
La soberanía del pueblo, el republicanismo y la democracia representativa como régimen político; la distribución vertical del poder público, el federalismo, el regionalismo político y el parlamentario de gobierno; el rol del Poder Judicial como garante del Estado y del principio de legalidad, y el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes.
La evolución estatal ha incidido enormemente en la cosmovisión constitucional de los grupos sociales, sobre todo de aquellos cuyas demandas siempre han sido rezagadas por intereses clasistas. De acuerdo con lo establecido en la Constitución de 2008, los derechos constitucionales tienen como finalidad romper las barreras económicas, sociales, culturales, generacionales, de género, geográficas y de todo tipo que hacen imposible el acceso a una justicia, efectiva, imparcial y expedita para la defensa de los derechos de toda persona o colectividad.
Las normas constitucionales mencionadas, a su vez, incorporan los estándares internacionales siguientes:
Derechos Humanos y Administración de Justicia, determinados especialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Declaración Americana sobre los Derechos del Hombre.
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José".
Protocolo adicional a la convención americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o "Protocolo de San Salvador".
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención de Belem Do Para".
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Declaraciones, resoluciones, sentencias, observaciones e informes de los comités, cortes comisiones de los sistemas de protección internacional de derechos humanos; y las legislaciones comparadas, forman parte de los reglamentos y políticas a los que se rigen la Función Judicial.
“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
“El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas”. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
Teniendo en cuenta la consideración de grupos de atención prioritaria se han dictado leyes como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley de Maternidad Gratuita, la Ley Orgánica de Discapacidades, la Reforma a la Ley Orgánica de la Salud, la Reforma a la Ley del Seguro Social, la Ley de deporte, educación física y recreación y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Fig. 1).
Según la Constitución ecuatoriana (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008): Son adultos mayores, quienes hayan cumplido o superen los 65 años. A ellos se les brinda atención especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. En el artículo 37 se les aseguran los derechos a la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. La jubilación universal. Rebaja en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Exenciones en el régimen tributario. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respecto a su opinión y consentimiento.
En el artículo 39 se recogen los derechos de los jóvenes a su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El estado los reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.
El artículo 43 señala que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral, la gratuidad en los servicios de salud materna, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto, disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el período de lactancia.
En el Artículo 44 el estado garantiza con relación a niñas, niños y adolescentes, la atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.
El Estado adoptará según el Artículo 48, a favor de las personas con discapacidad, la inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. La obtención de créditos y rebajas tributarias que les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. La participación política, que asegurará su representación, de conformidad con la ley. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Según el Artículo 50 el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.
Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos en el Artículo 51, no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. La comunicación y visita de sus familiares y los profesionales del Derecho. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.
Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.
En relación con los usuarios y consumidores de bienes y servicios el Artículo 56 establece que las personas consumidoras y usuarias podrán constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas.
El irrespeto hacia las personas que tienen características diferentes a las habituales es el motivo por el cual el estado se ha encargado de planificar y desarrollar programas, proyectos, normativas, reglamentos y leyes que amparen y los protejan. En Ecuador se ha evidenciado casos en los que se vulneran los derechos humanos siendo de mayor relevancia la exclusión por etnia, género, edad, movilidad y necesidades educativas especiales, es muy común enterarse de casos de acoso, lo que ha generado impotencia y desconfianza de la población en los sistemas judiciales, de seguridad y hasta en los entornos del sistema educativo frente al fallido cumplimiento de los derechos humanos (Carrión, et al., 2019).
Tener una carrera profesional es de gran importancia para los ciudadanos como una alternativa para mejorar la calidad de vida, pero se ve afectado cuando una mujer se encuentra en período de embarazo, lactancia en otros casos al enfrentar una enfermedad catastrófica o se encuentran simplemente en vulnerabilidad física o económica. Durante este período las personas con dificultades estudiantiles por muchas razones presentan cambios anímicos y de estabilidad en los estudios universitarios, llegando hasta el peor de los casos que es la deserción del sistema educativo, de ahí surge la necesidad de analizar esta problemática para comprender de manera más profunda la vida de los estudiantes, buscando la estrategia más idónea para realizar este acercamiento a la población (Calderón & Valencia, 2019).
La Educación es un derecho universal y debe reconocerse para todas las personas. Dicha universalidad debe ser capaz de acoger las individualidades que todo ser humano posee, y las actuaciones que atiendan las especificidades deben ser personalizadas, ya que las necesidades serán distintas. Se han producido avances en la integración de las personas pertenecientes a grupos prioritarios. El acceso de todas las personas a la educación inclusiva es parte de la calidad que debe caracterizar a cualquier política educacional, puesto que actualmente la inclusión representa una filosofía sobre el derecho de todos, lo que implica un esfuerzo por cubrir las necesidades especiales o específicas de los actores educativos.
Las universidades deben abogar por la transversalidad de competencias, valores, habilidades, conocimientos y aprendizajes, a fin de promover el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye una tarea prioritaria de la política pública y de la in versión estatal, garantiza la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo (Borja, et al., 2018).
Los Estados crean las políticas públicas necesarias tendientes a que se efectivice el ejercicio de este derecho; sin embargo, a nivel de Latinoamérica, el acceso a las instituciones de educación superior es muy limitado por diferentes razones, entre ellas, la escasez de universidades o instituciones de educación superior que puedan acoger a todas las personas que desean ingresar a estas casas de estudios, vulnerando de esta manera, especialmente en las universidades públicas, en donde se inscriben el mayor número de estudiantes por la situación económica, pero cuyos cupos no abastecen la demanda estudiantil. En lo que respecta a las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria, se agudiza más su problema por cuanto las escasas instituciones de educación superior no han considerado las condiciones especiales que requieren estos grupos, ocasionando la doble vulneración de sus derechos (Villamar & Thomson, 2018).
Estos problemas son similares en los diversos países de América Latina. Varios de los estudiantes que han logrado ingresar a las instituciones de educación superior, lo han hecho en carreras diferentes a las de su preferencia, en vista de que en la carrera que desean ingresar ya no hay cupos. Muchas veces estos factores han influido para que los estudiantes deserten de las universidades o continúen sus estudios sin motivación, obteniendo un título profesional que no era de su interés, y que por lo tanto, no lo ejercerán en la mayoría de los casos con la responsabilidad y entrega que lo debe hacer un verdadero profesional (Borja, et al., 2018).
Materiales y métodos
La metodología utilizada fue de tipo exploratoria, cualitativa y descriptiva. El carácter exploratorio, manifiesto en el análisis y síntesis del estudio de los diferentes enfoques y metodologías para mejorar procesos o buscar oportunidades de mejora. El cualitativo en la inducción, deducción y análisis histórico lógico para la comprensión, en sus perspectivas respecto a las técnicas para mejorar procesos, en función de extraer aquellas que la convierten en exitosas.
El descriptivo, en la intencionalidad de analizar con un enfoque sistémico las posibles repercusiones de las soluciones en los diferentes sistemas de gestión implantados o por implantar, según requerimientos de las distintas partes interesadas. De manera amplia, el método general de solución de problemas, para su implementación, se auxilia de herramientas de trabajo en grupo (métodos de expertos, tormentas de ideas, reducción de listado); técnicas de adiestramiento para equipo de mejoras, herramientas de diagnóstico (revisión de documentos, análisis causa-efecto) y la implantación a partir de propuestas de planes de mejora. Para su aplicación se observan las etapas a seguir para realizar estudios necesarios referentes a la organización realizando lo siguiente (Fig.2):
IADOV: La técnica de V.A. Iadov en su versión original fue creada por su autor para el estudio de la satisfacción por la profesión en carreras pedagógicas. Esta técnica fue utilizada para evaluar la satisfacción por la profesión en la formación profesional pedagógica.
Está conformada por cinco preguntas: tres cerradas y 2 abiertas. Constituye una vía indirecta para el estudio de la satisfacción, ya que los criterios que se utilizan se fundamentan en las relaciones que se establecen entre tres preguntas cerradas que se intercalan dentro de un cuestionario cuya relación el sujeto desconoce. Estas se relacionan a través de lo que se denomina el "Cuadro Lógico de Iadov".
Las preguntas no relacionadas o complementarias sirven de introducción y sustento de objetividad al encuestado que las utiliza para ubicarse y contrastar las respuestas. El número resultante de la interrelación de las tres preguntas indica la posición de cada sujeto en la escala de satisfacción (Tabla 1) (Cacpata, et al., 2019).
Tabla 1 - Sistema de evaluación para los expertos.
| Categoría | Puntuación | ||
|---|---|---|---|
| A | Claramente satisfecho(a) | 3 | (+1) |
| B | Más satisfecho(a) que insatisfecho(a) | 2,3 | (+0,5) |
| C | No definido | 1.5 | (0) |
| D | Más insatisfecho(a) que satisfecho(a) | 1 | (-0,5) |
| E | Claramente insatisfecho(a) | 0 | (-1) |
| C | Contradictorio(a) | 2 | (0) |
Fuente: Hernández Calzada (2013).
El índice de satisfacción grupal (ISG) se obtiene utilizando la fórmula siguiente:
Donde: N es la cantidad total de encuestados y las letras corresponden a la cantidad de encuestados en las categorías que se indican en la tabla 1 y 2.
El índice de satisfacción grupal puede oscilar entre [-1;1], dividido en las categorías siguientes (Fig.3):
DEMATEL
Los pasos para aplicar DEMATEL, se pueden encontrar con más detalle en Li & Tzeng (2009), se enumeran a continuación:
Paso 1. Elaboración de la matriz de interdependencia directa inicial. Se construye una matriz A de nxn, donde n son los criterios de decisión o las variables/atributos del sistema a analizar. Cuando hay varios expertos, los componentes de esa matriz a ij se obtienen calculando la media aritmética de las opiniones de cada experto que, mediante comparación pareada, califican el nivel de interdependencia directa que el criterio o variable/atributo i (fila) ejerce sobre el j (columna) en cuatro niveles: 0 ‘‘sin interdependencia’’, 1 ‘baja interdependencia”, 2 “alta interdependencia”, y 3 “muy alta interdependencia". Todos los valores de la diagonal principal de A son cero.
Paso 2: Normalización de la matriz de interdependencia directa. La matriz de interdependencia directa normalizada X se calcula dividiendo cada elemento de la matriz A por el valor máximo de los valores obtenidos entre la suma de los valores en cada fila o la suma de los valores en cada columna de A. Con los elementos de X se puede obtener un grafo de interdependencia (relación/influencia) directa entre los elementos del sistema.
Paso 3: Cálculo de la matriz de relación total T. La matriz T se calcula según la ecuación (2), donde I es la matriz identidad:
(2)
T = Los valores tij de la matriz T reflejan la interdependencia directa e indirecta ejercida por el elemento fila i sobre el elemento columna j. La interdependencia indirecta es la que un elemento i puede ejercer sobre otro j a través de terceros elementos del sistema. Estas interdependencias indirectas afloran al elevar la matriz X a sucesivas potencias.
Paso 4: Diagrama causal Prominencia-Relación. En este paso primero se calculan los vectores R (suma de filas de T) y C (suma de columnas de T). A continuación, en el eje horizontal del diagrama causal se define la “Prominencia” como el vector R+C. Este vector indica la importancia o relevancia de cada elemento del sistema. Cuanto mayor es el valor de R+C mayor es la prominencia del elemento. Un valor alto de R+C indica que un elemento:
influye mucho sobre otros elementos,
recibe mucha influencia de otros elementos,
influye y es influenciado de forma equilibrada por lo que la suma de ambos conceptos es alta.
Si R+C es baja, el elemento es poco “prominente” porque ambos tipos de influencia son bajos. En el eje vertical se define la “Relación” como el vector R-C. Este vector establece la influencia neta de cada elemento. Si R -C>0 indica que el elemento influye más de lo que es influido. Este elemento sería “causa” (influenciador/impulsor) de influencia. Si R-C<0 indica que el elemento recibe más influencia de la que emite, por lo que se considera “efecto” (influenciado/recibidor). Tomando estos valores, se puede elaborar un mapa de relaciones (R+C, R -C). Se utiliza para analizar las relaciones internas entre los criterios de decisión. Tiene una variante que utiliza lógica difusa, cuando los expertos o decisores no pueden asignar valores precisos a las relaciones de interdependencia entre factores o criterios.
Método VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromiso Resenje): El método VIKOR fue propuesto por Opricovic en 1990. Determina el ranking de las alternativas utilizando la función de agregación Q, que representa la “cercanía al ideal, calculada a partir de la agregación de la función de utilidad máxima de grupo S y la función de arrepentimiento individual R ( & Tzeng, 2007). Su aplicación implica:
Una solución compromiso es aceptable para la resolución de conflictos.
El responsable de la toma de decisiones está dispuesto a aprobar la solución más cercana al ideal.
Existe una relación lineal entre cada función de criterio y la utilidad de un decisor.
Los criterios son conflictivos y no conmensurables (unidades diferentes).
Las alternativas se evalúan según todos los criterios establecidos (matriz de rendimiento).
La preferencia del tomador de decisiones se expresa mediante pesos, dados o simulados.
El método se puede iniciar sin participación interactiva de tomador de decisiones, pero este es el encargado de aprobar la solución final y se debe incluir su preferencia.
La solución de compromiso propuesta (uno o más) tiene una tasa de ventaja.
Un análisis de estabilidad determina los intervalos de estabilidad de peso.
Se propone como una solución compromiso, a la alternativa mejor clasificada por la medida Qj, si se cumplen la condición de ventaja aceptable y la condición de estabilidad aceptable en la toma de decisiones. Si alguna de estas condiciones no se satisface debe proponerse un conjunto de soluciones compromiso (Opricovic & Tzeng, 2007).
Pasos:
(3)
Determinación de los mejores ( 𝑓 ∗ ) y los peores ( 𝑓 − ) valores en las evaluaciones de cada criterio (i=1, 2,,n) y alternativas (j=1,2…,j) definidos del siguiente modo:
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Cada uno de los vectores obtenidos genera un ranking al organizar sus valores de menor a mayor y con ellos se calcula los valores de Q:
(10)
(5)
Verificación de la condición de ventaja aceptable y la condición de estabilidad aceptable en la toma de decisiones
Definición de la(s) solución(es) compromiso.
(6)
Resultados y discusión
Etapa 1: Identificación de los problemas
Una vez estudiado el marco legal entorno a los derechos de las personas pertenecientes a los grupos prioritarios y conocer que estas personas se insertan en el ámbito universitario, es de interés conocer si estas personas conocen sus derechos y si se sienten correctamente tratados en la universidad, para ello se realiza la preparación y aplicación de cuestionario Test IADOV para los estudiantes del sexto ciclo de la facultad de derecho de la universidad Regional Autónoma De Los Andes, Ecuador y la Universidad de Guayaquil: en este caso no se determina muestra, ya que son una población muy específica y numéricamente pequeña (Tabla 3).
Tabla 3 - Distribución por grupos de la población encuestada.
| Grupo prioritario | UNIANDES | Universidad Guayaquil |
|---|---|---|
| Personas con enfermedades catastróficas (EC) | 2 | 3 |
| Personas con discapacidad (DISC) | 11 | 9 |
| Mujeres embarazadas o lactando (MEL) | 5 | 3 |
| Total | 18 | 15 |
Estimado Estudiante:
El presente instrumento tiene el propósito de recoger información sobre el conocimiento de sus derechos y como se respetan o no en el marco universitario, le informamos que esta encuesta es totalmente anónima, los datos obtenidos de la misma serán procesados para fines investigativos. Agradecemos su contribución al desarrollo del presente estudio.
¿Conoce Ud. la legislación referente a los derechos de las personas pertenecientes a los grupos prioritarios?
¿Cree que es suficiente lo que se encuentra legislado en materia de teletrabajo?
¿Percibe que se respetan sus derechos?
¿Considera usted que las personas que pertenecen a grupos prioritarios en su mayoría conocen sus derechos?
5¿Le satisface la manera en que se difunden los derechos de las personas pertenecientes a los grupos prioritarios?
Las respuestas resultantes se procesaron mediante la técnica IADOV (Fig. 4):
Interpretación: de modo general se aprecia un nivel de desconocimiento e insatisfacción respecto a los derechos de las personas pertenecientes a grupos prioritarios en el ámbito universitario, el grupo más insatisfecho es el de las mujeres embarazadas o que se encuentran lactando, seguido de las personas con alguna discapacidad y por último los que padecen enfermedades catastróficas. El nivel de insatisfacción en ambas universidades es similar solo se aprecia un ligero incremento de esta en la universidad de Guayaquil que puede estar asociada a un, menos número de personas encuestadas. Ya que se aprecia la existencia de desconocimiento e insatisfacción en los grupos prioritarios representados, se hace necesario analizar las causas que pueden estar provocando esta situación.
Etapa 2: Análisis de las problemáticas
Causas que puedan estar provocando esta situación:
Insuficiente divulgación de los derechos de las personas pertenecientes a grupos prioritarios.
Costos elevados de eliminación de barreras arquitectónicas.
Necesidad de incrementar las acciones de concientización social y universitaria sobre la inclusión de las personas pertenecientes a grupos prioritarios.
Inexistencia de mecanismos para la adecuación de los planes de estudio para las personas que pertenecen a grupos prioritarios.
Desconocimiento de sus derechos por parte de las personas que pertenecen a grupos prioritarios.
Con la finalidad de analizar las relaciones internas entre las causas se aplicó el método DEMATEL con los resultados siguientes:
Paso 1: generar la matriz de relación directa
La tabla 4, 5 y 6 muestra la matriz de relación directa, que es igual a la matriz de comparación por pares de los grupos de expertos.
Tabla 4 - Matriz de relación directa.
| Insuficiente divulgación | Costos de eliminar barreras | Concientización universitaria | Mecanismos de adecuación | Desconocimiento de derechos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insuficiente divulgación | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 3 |
| Costos de eliminar barreras | 0.8 | 0 | 2.6 | 0.8 | 2.2 |
| Concientización universitaria | 1.6 | 0.4 | 0 | 3 | 2.4 |
| Mecanismos de adecuación | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.6 |
| Desconocimiento de derechos | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 |
Paso 2: Cálculo la matriz de relación directa normalizada
Tabla 5 - Matriz de relaciones directas normalizada.
| Insuficiente divulgación | Costos de eliminar barreras | Concientización universitaria | Mecanismos de adecuación | Desconocimiento de derechos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insuficiente divulgación | 0 | 0.02 | 0.286 | 0.245 | 0.306 |
| Costos de eliminar barreras | 0.082 | 0 | 0.265 | 0.082 | 0.224 |
| Concientización universitaria | 0.163 | 0.041 | 0 | 0.306 | 0.245 |
| Mecanismos de adecuación | 0.082 | 0.041 | 0.224 | 0 | 0.265 |
| Desconocimiento de derechos | 0.184 | 0.265 | 0.265 | 0.286 | 0 |
Paso 3: Calcular la matriz de relación total
Tabla 6 - Matriz de relación total.
| Insuficiente divulgación | Costos de eliminar barreras | Concientización universitaria | Mecanismos de adecuación | Desconocimiento de derechos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insuficiente divulgación | 0.482 | 0.398 | 1.041 | 1.019 | 1.068 |
| Costos de eliminar barreras | 0.455 | 0.293 | 0.854 | 0.715 | 0.828 |
| Concientización universitaria | 0.56 | 0.367 | 0.719 | 0.959 | 0.929 |
| Mecanismos de adecuación | 0.442 | 0.329 | 0.798 | 0.618 | 0.834 |
| Desconocimiento de derechos | 0.668 | 0.608 | 1.102 | 1.093 | 0.901 |
Paso 4: establecer el valor umbral
El valor umbral debe obtenerse para calcular la matriz de relaciones internas. En consecuencia, se desprecian las relaciones parciales y se traza el mapa de relaciones de red (NRM). Solo las relaciones cuyos valores en la matriz T son mayores que el valor umbral se representan en el NRM. Para calcular el valor umbral de las relaciones, basta con calcular los valores medios de la matriz T. Después de determinar la intensidad umbral, todos los valores de la matriz T que son menores que el valor umbral se fijan en cero, es decir, la relación causal relación mencionada anteriormente no se considera.
En este estudio, el valor umbral es igual a 0,723
Todos los valores de la matriz T que sean menores a 0.723 se ponen a cero, es decir, no se considera la relación causal mencionada anteriormente. El modelo de relaciones significativas se presenta en la tabla 7.
Tabla 7 - Matriz de relaciones totales considerando el valor umbral.
| Insuficiente divulgación | Costos de eliminar barreras | Concientización universitaria | Mecanismos de adecuación | Desconocimiento de derechos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insuficiente divulgación | 0 | 0 | 1.041 | 1.019 | 1.068 |
| Costos de eliminar barreras | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0.828 |
| Concientización universitaria | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0.929 |
| Mecanismos de adecuación | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0.834 |
| Desconocimiento de derechos | 0 | 0 | 1.102 | 1.093 | 0.901 |
Paso 5: Salida final y creación de un diagrama causal
Los valores de D+R y D-R pueden ser calculados por D y R, donde D+R representan el grado de importancia del factor i en todo el sistema y D-R representan los efectos netos que el factor i aporta al sistema (Tabla 8).
Tabla 8 - Resultado final.
| R | D | D+R | D-R | |
| Insuficiente divulgación | 2.607 | 4.009 | 6.616 | 1.402 |
| Costos de eliminar barreras | 1.994 | 3.146 | 5.14 | 1.151 |
| Concientización universitaria | 4.513 | 3.533 | 8.047 | -0.98 |
| Mecanismos de adecuación | 4.404 | 3.021 | 7.425 | -1.384 |
| Desconocimiento de derechos | 4.56 | 4.371 | 8.932 | -0.189 |
La figura 5 muestra el modelo de relaciones significativas. Este modelo se puede representar como un diagrama en el que los valores de (D+R) se colocan en el eje horizontal y los valores de (D-R) en el eje vertical. La posición e interacción de cada factor con un punto en las coordenadas (D + R, D-R) están determinadas por el sistema de coordenadas.
Paso 6: Interpretar los resultados
De acuerdo con el diagrama y las tablas anteriores, cada factor puede evaluarse en función de los siguientes aspectos:
El vector horizontal (D+R) representa el grado de importancia que juega cada factor en todo el sistema. En otras palabras, (D + R) indica tanto el impacto del factor i en todo el sistema como el impacto de otros factores del sistema en el factor. En cuanto al grado de importancia, Desconocimiento de derechos ocupa el primer lugar y Concientización universitaria, Mecanismos de adecuación, Insuficiente divulgación y Costos de eliminar barreras, se ubican en los siguientes lugares.
El vector vertical (D-R) representa el grado de influencia de un factor en el sistema. En general, el valor positivo de D-R representa una variable causal y el valor negativo de D-R representa un efecto. En este estudio, Insuficiente divulgación, Costos de eliminar barreras se consideran como una variable causal, Concientización universitaria, Mecanismos de adecuación, Desconocimiento de derechos como un efecto.
Para la jerarquización de las causas se propone la aplicación del Método VIKOR
En este estudio hay 3 criterios y 5 alternativas que se clasifican según el método VIKOR. Las tablas 9, 10, 11 y 12 muestran el tipo de criterio y el peso asignado a cada criterio.
Tabla 9 - Características de los criterios.
| Nombre | Tipo | Peso | |
|---|---|---|---|
| 1 | Se incrementa el conocimiento de los derechos | + | 0.333 |
| 2 | Se aumenta la inclusión | + | 0.333 |
| 3 | Se respetan los derechos de los grupos prioritarios | + | 0.333 |
Tabla 10 - Matriz de decisión.
| Se incrementa el conocimiento de los derechos | Se aumenta la inclusión | Se respetan los derechos de los grupos prioritarios | |
| Insuficiente divulgación | 1.33 | 2.33 | 2.67 |
| Costos de eliminar barreras | 0.67 | 2.67 | 3 |
| Concientización universitaria | 2.67 | 3 | 3 |
| Mecanismos de adecuación | 1.67 | 2.33 | 2 |
| Desconocimiento de derechos | 2.67 | 2 | 2.33 |
Tabla 11 - Matriz de decisión normalizada.
| Se incrementa el conocimiento de los derechos | Se aumenta la inclusión | Se respetan los derechos de los grupos prioritarios | |
| Insuficiente divulgación | 0.304 | 0.419 | 0.454 |
| Costos de eliminar barreras | 0.152 | 0.479 | 0.51 |
| Concientización universitaria | 0.608 | 0.539 | 0.51 |
| Mecanismos de adecuación | 0.38 | 0.419 | 0.34 |
| Desconocimiento de derechos | 0.608 | 0.359 | 0.397 |
Tabla 12 - Jerarquización de alternativas.
| R value | Rank in R | S value | Rank in S | Q value | Rank in Q | |
| Insuficiente divulgación | 0.222 | 2 | 0.555 | 3 | 0.718 | 2 |
| Costos de eliminar barreras | 0.333 | 4 | 0.444 | 2 | 0.808 | 3 |
| Concientización universitaria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mecanismos de adecuación | 0.333 | 3 | 0.722 | 5 | 1 | 5 |
| Desconocimiento de derechos | 0.333 | 3 | 0.555 | 4 | 0.885 | 4 |
Elección de la mejor alternativa:
La alternativa ( A (1) ), es la de mayor jerarquía de acuerdo con Q (minimum) si las condiciones siguientes son satisfechas:
Condición 1. Ventaja aceptable: Q(A (2) )− Q(A 1 )≥1/(m−1) donde A (1) es la alternativa con la primera posición y A (2) es la alternativa con la segunda posición de la lista Q. m es el número de alternativas.
Condición 2. Estabilidad aceptable en la toma de decisiones: la alternativa A (1) también debe ser la de mayor jerarquía por S o R
Si una de las condiciones no se cumple, se propone un conjunto de soluciones de compromiso, que consiste en:
Solución 1. Alternativas 𝐴 1 , 𝐴 2 , …. , 𝐴 𝑀 si la condición 1 no es satisfecha; Alternativa 𝐴 𝑀 se determina por: 𝑄 𝐴 𝑀 − 𝑄 𝐴 1 <1/(𝑚−1) para M máximo (las posiciones de estas alternativas están “en cercanía”).
Solución 2. Alternativas A 1 y A 2 sí solo la condición 2 no es satisfecha.
Solución 3. Alternativa con el mínimo valor de Q sera seleccionada como la major alternativa si ambas condiciones tan satisfechas (Tabla 13).
Tabla 13 - Resultado del análisis
| Aceptada | Condición 1 |
| Aceptada | Condición 2 |
| Solución 3 | Solución seleccionada |
Por lo tanto, se selecciona Concientización universitaria como la mejor alternativa.
Según los resultados obtenidos se debe trabajar en base a atenuar los efectos de las causas identificadas y por los resultados del procesamiento según el método vikor, se debe comenzar por la concientización universitaria, pero al interpretar los resultados del método dematel se aprecia que esta la califica como un efecto así que las variables causales son la falta de divulgación y los elevados costos de la eliminación de las barreras arquitectónicas.
Por tanto, se considera que, aunque se debe trabajar todas las causas, lo más provechoso es comenzar por divulgar los derechos de las personas pertenecientes a grupos prioritarios, trabajar en la disminución de los costos de la eliminación de barreras arquitectónicas y comenzar a eliminar las mismas, lo cual traerá una concientización universitaria en aras de mejorar el conocimiento y la inclusión de las personas pertenecientes a estos grupos.
Conclusiones
La Constitución de la República del Ecuador 2008 ampara y protege de manera especial a las personas en condición de vulnerabilidad incluyéndolas en la clasificación de grupo prioritario. La universidad como agente de cambio para los pueblos para el desarrollo y crecimiento de la sociedad a través de la ciencia tiene la responsabilidad y obligatoriedad social de proporcionar conocimientos al alcance de todos.
Como resultado de la aplicación del método IADOV, se aprecia un nivel de desconocimiento e insatisfacción respecto a los derechos de las personas pertenecientes a grupos prioritarios en el ámbito universitario.
Luego de la aplicación del método DEMATEL en cuanto al grado de importancia, Desconocimiento de derechos ocupa el primer lugar y Concientización universitaria, Mecanismos de adecuación, Insuficiente divulgación y Costos de eliminar barreras, se ubican en los siguientes lugares.
