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Introducción
Los problemas del sistema penitenciario en todo el mundo se han analizado desde diferentes enfoques como el social, antropológico, filosófico, económico y jurídico. Estos análisis suelen complementar la grave crisis institucional que ha puesto en tela de duda a los procesos y procedimientos aplicados en la rehabilitación de las personas privadas de libertad. (Giler & López, 2020)
La normativa penal ecuatoriana establece una clasificación de las sanciones según su naturaleza, distinguiendo entre aquellas que privan de la libertad y las que no lo hacen, así como aquellas que restringen los derechos de propiedad. El artículo 58 del Código Penal detalla esta clasificación, estableciendo que las penas impuestas en virtud de una sentencia firme pueden ser privativas, no privativas de libertad o restrictivas de derechos de propiedad, de acuerdo con lo establecido en dicho código.(Haro-Lara et al., 2020)
Las penas privativas de libertad incluyen condenas a reclusión, penitenciarias y rehabilitadoras, y se refieren directamente a la restricción de un bien jurídico fundamental como la libertad física de la persona. Desde una perspectiva ontológica, esta limitación es estrictamente física, pero no total ya que, aunque el individuo privado de su libertad no podrá desenvolverse normalmente en la sociedad o en su entorno familiar, conserva cierto grado de libertad física dentro del centro donde se encuentre recluido. (Soria & Oviedo, 2022)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución, las sanciones penales deben guardar proporcionalidad con las infracciones cometidas y deben existir opciones de sanciones no privativas de la libertad, las cuales deben ser impuestas mediante procedimientos justos, transparentes y adversariales que respeten los derechos de las personas (Ramírez-Torrado, 2010). La Constitución de la República del Ecuador establece en su primer artículo la definición de un Estado constitucional de derechos y justicia, que se basa en una serie de principios, incluyendo la seguridad jurídica, la cual es esencial para mantener la paz social y la estabilidad política. Estas condiciones, a su vez, favorecen el desarrollo del Estado, convirtiéndose en un principio fundamental del Estado de Derecho, que garantiza el respeto de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes a todas las personas. (Oliver, 2009)
Asimismo, la normativa jurídica en Ecuador reconoce la importancia de los métodos alternativos de resolución de conflictos, los cuales se encuentran contemplados en el Código Orgánico Integral Penal. Estos procedimientos, tales como la conciliación, la suspensión condicional de la pena, el procedimiento abreviado y el procedimiento directo, son considerados como recursos ordinarios para la solución de conflictos.
Entre los mencionados, la suspensión condicional de la ejecución de la pena es considerada como uno de los más eficaces reemplazos a las penas privativas de libertad, ya que tiene como finalidad la rehabilitación social del condenado (Rojas Cárdenas et al., 2021). En este sentido, es fundamental que se establezca un control efectivo sobre el condenado durante el periodo de prueba, cumpliendo con las reglas establecidas para tal fin.
La Suspensión Condicional de la Pena (SCP) apareció por primera vez en la legislación española. Inicialmente, se la conoció con el nombre de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, en el artículo 11 de la ley de 1908 de condena condicional y se incorporó al código penal de 1932 y 1944. En la legislación ecuatoriana, apareció en el Código Penal anterior en los artículos 82 al 86, y en la actualidad se incorporó al Código orgánico Integral Penal (COIP) desde su vigencia en 2014, en el artículo 630. (Cifuentes, 2020; Ecuador Asamblea Nacional, 2014)
La SCP es un beneficio penitenciario que consiste en la paralización de la ejecución de la pena privativa de libertad, condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias solicitadas por el juez (Mazuela, 2016). Estos requisitos están estipulados en el artículo 630 del COIP, y permiten que se cumpla la pena fuera de centros penitenciarios (Escobar, 2011). Sin embargo, para que la suspensión condicional de la pena sea efectiva, es necesario que se implementen planes de intervención educativa que brinde herramientas para superar los obstáculos que llevaron a los jóvenes infractores a cometer los delitos y les ayude a desarrollar habilidades y actitudes positivas necesarias para su reinserción social.
El Ecuador enfrenta hoy un aumento de la delincuencia que la sociedad ecuatoriana no había experimentado antes. El incremento de crímenes asociados al secuestro y el sicariato, robos, atracos, asaltos, ajustes de cuentas y otros, son trasgresiones que se cometen a diario por jóvenes y adolescentes. La ciudad de Guayaquil es una de las ciudades catalogadas entre las más violentas del país y que cuenta, además, con una mayor cantidad de jóvenes implicados en diversos tipos de delitos.
En tal sentido, el presente estudio tiene como objetivo proponer el diseño y desarrollo de un programa de intervención educativa para delincuentes jóvenes adultos que están sujetos a la suspensión condicional de la pena en la ciudad de Guayaquil.
Antecedentes a la suspensión condicional de la pena
La SCP apareció por primera vez en Europa, con lo que se beneficiaban muchas personas privadas de libertad, a las cuales se les suspendía la pena aplicándole medidas alternativas, pero sin perjudicar a la víctima (Núñez, 2001; Wasik, 1994). En la legislación ecuatoriana apareció en el Código Penal anterior en los artículos 82 al 86, se incorporó al COIP desde su vigencia en 2014 en el artículo 630. (Cifuentes, 2020)
El acceso a la SCP mediante sentencia motivada, producida después de un juicio y ante una autoridad competente es primordial en todas las instancias para proteger los derechos fundamentales de personas sentenciadas. La Suspensión Condicional de la Pena, es un beneficio penitenciario que consiste en la paralización de la ejecución de la pena privativa de libertad, condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias solicitadas por el juez. (Irwin-Rogers & Roberts, 2019)
En tal sentido, la SCP tiene como finalidad evitar que las personas sentenciadas sufran estigmas sociales, es decir evitar que sufran el rechazo social por ser sentenciados por un delito. Esta figura tiene relación con la aplicación del derecho penal mínimo que opera durante la fase judicial de manera que el juez puede optar por la libertad, cuando no se identifica indicios relevantes que hagan indispensable el cumplimiento de la pena. (Chulde & Escobar-Almeida, 2020)
Otro autor señala que la SCP se la solicita al juez para que, en vez de continuar el proceso se lo suspenda y ordene medidas sustitutivas. Estas medidas están determinadas en el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) (Durán-Chávez & Fuentes-Aguila, 2021) En este sentido este beneficio es aplicable siempre que concurran los siguientes requisitos determinados en el mencionado artículo:
Que la pena prevista para la conducta no exceda de cinco años; que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa; que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así́ como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena; no procede en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar (Ecuador Asamblea Nacional, 2014)
En la actualidad la oportunidad de acceso a la SCP que tienen las personas sentenciadas es constitucional y se encuentra estipulado como garantías de personas privadas de libertad. Esta oportunidad de acceso a la SCP protege la libertad de las personas sentenciadas, ya que tienen la oportunidad cumplir las penas fuera de centros penitenciarios.
Justicia retributiva vs justicia restaurativa.
De acuerdo con Weir (2014), la justicia retributiva está basada en el castigo a quien ha infringido la ley. Se centra más en el delito cometido que en las personas involucradas, respondiendo principalmente a los intereses de la víctima, y muy poco a los del infractor y de la sociedad en general (Daly, 2002). A diferencia de la justicia restaurativa que implica otra forma de dimensionar y tratar el delito. (Ramírez et al., 2018)
La justicia restaurativa involucra un proceso de prevención para evitar que los jóvenes y adolescentes entren en conflicto con la ley (Witvliet et al., 2008). Por un lado, intenta restablecer las relaciones dañadas entre la víctima, el infractor y su entorno, en la medida de lo posible, promoviendo soluciones para reparar los daños, reconciliar a las partes involucradas, y restaurar la armonía en la comunidad. (Gutiérrez-Romero et al., 2020)
De acuerdo con Katiuska & Guillermo (2017), la aplicación de las medidas en el proceso de retribución tiene beneficios que vinculan al joven infractor con su entorno familiar y comunitario:
Beneficios para el joven infractor. Incide en la reducción de la tasa de infracciones.
Evita reforzar la reincidencia del joven infractor (mujer u hombre) en situaciones de conflicto con la ley penal. Amplía las opciones de acceso a servicios para asegurar el cumplimiento de sus derechos.
Evita que el joven infractor abandone el sistema educativo regular o si es el caso, lo incorpora al sistema educativo. Corta el círculo del estigma social, la violencia, la humillación y el quiebre de las relaciones sociales.
Beneficios para la familia o personas del vínculo afectivo.
Involucra directamente a la familia o personas del vínculo afectivo en el proceso de responsabilizarían de la situación de conflicto con la ley penal.
Reduce el ingreso de niñas, niños y adolescentes del vínculo afectivo o grupo familiar en situaciones de conflicto con la ley penal y privación de la libertad.
Se logra restituir la unidad y los vínculos de la familia nuclear o ampliada.
Se supera la situación del joven infractor en conflicto con la ley penal involucrando a la familia, representantes legales o responsables del cuidado.
Beneficios para la comunidad:
Evita que quienes han cometido faltas, sufran estigmatización, y se les dé la oportunidad de hacer las debidas reparaciones con sus familias y comunidades, mediante la integración, antes que apartarlos de los círculos sociales.
Aporta para promover la participación comunitaria en procesos de formación en derechos humanos y de prevención del delito.
Logra una inclusión del joven infractor en la sociedad desde un enfoque constructivo.
Materiales y métodos
El presente estudio estuvo enfocado en la formulación de un instrumento efectivo para determinar, evaluar y potenciar las necesidades educativas de delincuentes juveniles sujetos a la suspensión condicional de la pena. Para ello se realizó una revisión a la literatura especializada sobre las necesidades educativas de los delincuentes juveniles y las intervenciones educativas efectivas para su reinserción social. Asimismo, se examinaron los estudios más recientes en esta área, así como las mejores prácticas y las recomendaciones de expertos.
A partir de los resultados obtenidos de esta búsqueda, se propusieron diseños de instrumentos de investigación para recopilar información sobre las necesidades educativas de los delincuentes juveniles, incluyendo encuestas, entrevistas, cuestionarios y evaluaciones psicológicas. En todos los casos se verificó la validez y confiabilidad de los instrumentos para garantizar la calidad de los datos.
Se propuso un plan de intervención educativa que busca un ajuste efectivo a las necesidades y características de los delincuentes juveniles sujetos a la suspensión condicional de la pena en dos centros especializados de la ciudad de Guayaquil. Este plan se propuso con el apoyo del equipo de trabajo y las autoridades penitenciarias y gubernamentales que participaron en el estudio. En todos los casos se partió de la premisa de la prevención ante la reincidencia y la mejora de las habilidades y competencias necesarias para la reintegración social.
Finalmente, se realizó la evaluación del plan de intervención educativa propuesto. En tal sentido, es necesario aclarar que, aunque lo más recomendable es evaluar la efectividad del plan de intervención educativa propuesto mediante la recopilación de datos sobre el progreso de los delincuentes juveniles en su proceso de reintegración social y el seguimiento de su participación en programas educativos y de capacitación, en este caso, se realizó una evaluación cualitativa, a partir del criterio de los expertos en el tema.
Resultados
La revisión documental realizada, permitió obtener una base teórica sobre la que fundamentar la propuesta realizada. En tal sentido, la propuesta elaborada cuenta con los pasos o etapas que buscan ajustarse a las necesidades y características individuales de los delincuentes juveniles sujetos a la suspensión condicional de la pena en los centros de estudio.
Una primera etapa, se centra en la evaluación inicial de cada uno de los delincuentes juveniles a analizar. Esta evaluación debe incluir una valoración de las habilidades y competencias educativas actuales, nivel de lectura, escritura y matemáticas, así como una evaluación de sus habilidades sociales, comunicativas, de resolución de problemas y de toma de decisiones. La etapa de la evaluación inicial es de suma importancia y no debe tomarse a la ligera. Una correcta evaluación inicial del joven infractor permitirá la correcta identificación de fortalezas y debilidades individuales, y sentará las bases para el diseño de un plan educativo personalizado.
Con base en los resultados de la evaluación inicial, se deben diseñar actividades educativas y de capacitación específicas que aborden las áreas de fortaleza y debilidad de cada delincuente juvenil. En tal sentido, el reforzamiento y desarrollo de las fortalezas, así como el trabajo continuo y mejora de las debilidades detectadas son pasos clave para la formación de actitudes y aptitudes en los jóvenes participantes del plan propuesto.
De manera paralela, es importante establecer y cumplir de manera efectiva, un programa de tutorías para los delincuentes juveniles que necesitan ayuda adicional durante el proceso de aprendizaje. Las tutorías pueden ser realizadas por mentores o tutores capacitados que trabajen directamente con los delincuentes juveniles para ayudarles a alcanzar sus objetivos educativos y de capacitación. En tal sentido, los tutores o mentores pueden ser herramientas de alto impacto para disminuir los porcientos de reincidencia.
Asimismo, se considera necesaria la inclusión de sesiones de terapia individual y grupal como parte del plan de intervención educativa para los delincuentes juveniles. La terapia es una herramienta que puede ayudar a los delincuentes juveniles a identificar y afrontar las causas subyacentes de su comportamiento delictivo. Por otro lado, es un mecanismo que puede ser muy útil a la hora de desarrollar habilidades de resolución de problemas, toma de decisiones, inteligencia emocional y autocontrol, etc. La terapia grupal también puede ayudar a los delincuentes juveniles a desarrollar habilidades sociales y emocionales positivas y a fomentar el trabajo en equipo.
Para determinar la efectividad de las actividades realizadas, se debe llevar a cabo una evaluación y seguimiento continuos del progreso de cada delincuente juvenil en su proceso de aprendizaje y reintegración social. Esto permitirá ajustar el plan de intervención educativa según sea necesario y asegurar que los delincuentes juveniles reciban el apoyo y la asistencia que necesitan para evitar la reincidencia.
La tabla 1 muestra de manera sintetizada los principales aspectos de la propuesta elaborada.
Tabla 1 - Programa de intervención educativa propuesto para delincuentes jóvenes adultos que están sujetos a la suspensión condicional de la pena en la ciudad de Guayaquil.
| Elemento | Objetivo | Instrumentos/Tareas específicas |
|---|---|---|
| Evaluación inicial: | Identificar las áreas de fortaleza y debilidades individuales como base para etapas posteriores. |
Pruebas estandarizadas: Utilización de pruebas estandarizadas diseñadas específicamente para evaluar las habilidades y competencias educativas de interés para los expertos. Estas pruebas serán administradas por un profesional capacitado para la obtención de una evaluación objetiva y precisa del nivel de habilidad de cada delincuente juvenil analizado Entrevistas y cuestionarios: Utilización de entrevistas y cuestionarios para evaluar las habilidades sociales, de resolución de problemas, de toma de decisiones y otras de interés de los delincuentes juveniles. Estas herramientas permiten obtener información sobre las percepciones y actitudes de los jóvenes y pueden ayudar a identificar áreas de necesidad para la intervención educativa, según los objetivos propuestos. Portafolios educativos: empleo de portafolios educativos para la recopilación y seguimiento del trabajo de los delincuentes juveniles. Observación: La observación directa de los delincuentes juveniles en situaciones educativas y sociales proporciona información valiosa sobre sus habilidades y competencias. Los observadores capacitados deben evaluar el comportamiento y la interacción social de los jóvenes y proporcionar retroalimentación útil para su desarrollo. Se evaluará el desempeño de los jóvenes trasgresores ante la realización de tareas específicas. Estas evaluaciones pueden proporcionar información sobre las habilidades y competencias de los jóvenes y ayudar a identificar las áreas en las que necesitan mejorar. |
| Diseño y aplicación de actividades educativas y de capacitación | Desarrollar en los jóvenes beneficiados, habilidades y competencias útiles que les permitan hacer frente a situaciones cotidianas y a desafíos de la vida de una manera más efectiva y saludable. |
Cursos de alfabetización y educación básica en los casos que sea necesario: El logro de niveles educativos básicos en los jóvenes supone un incremento de las posibilidades de obtener trabajo, cultura, valores, etc., lo que puede ayudarles a integrarse mejor en la sociedad y reducir su riesgo de volver a delinquir. Talleres de habilidades sociales y emocionales: La formación de habilidades sociales y emocionales pueden ayudar a los jóvenes infractores a mejorar su autoestima y confianza. Pueden aprender a identificar y expresar sus emociones de manera efectiva, lo que les permite desarrollar una mayor autoconciencia y autoaceptación. Entrenamiento en habilidades laborales y vocacionales, así como cursos de educación continua para el desarrollo personal y profesional: Al ayudarles a desarrollar habilidades y experiencia laboral, se les da la oportunidad de convertirse en miembros valiosos y productivos de la sociedad. |
| Programa de tutorías | Personalizar la experiencia de cada infractor y ayudarles a alcanzar sus objetivos educativos y de capacitación. |
Planificación de objetivos: Ayudar al joven infractor a identificar objetivos específicos y alcanzables en su formación académica y vocacional, y a crear un plan de acción para alcanzarlos. Reforzamiento positivo: Celebrar y reconocer los logros alcanzados durante el proceso de formación y capacitación. Resolución de problemas: Constituir un apoyo para identificar y resolver problemas que puedan surgir durante la formación académica y vocacional, y a encontrar soluciones creativas y efectivas. Estrategias de estudio: Proporcionar técnicas y herramientas de estudio para mejorar el rendimiento académico, la gestión del tiempo, la toma de apuntes, la organización de tareas, entre otros. Tutorías personalizadas: Realizar tutorías personalizadas que se ajusten a las necesidades específicas e individuales de cada sujeto, con el fin de brindar un apoyo particularizado y un seguimiento continuo del proceso de formación. Actividades de refuerzo: Desarrollar actividades que refuercen los conocimientos adquiridos y estimulen el camino de la rehabilitación social Orientación vocacional: Proporcionar orientación y asesoramiento vocacional para que pueda explorar diferentes opciones laborales y encontrar una profesión que se ajuste a sus intereses y habilidades. |
| Terapia individual y grupal | Desarrollar habilidades sociales y emocionales positivas y a fomentar el trabajo en equipo |
Entrenamiento en habilidades sociales: Se trata de enseñar habilidades básicas de comunicación, escucha activa, empatía y respeto para ayudar a los jóvenes infractores a relacionarse de manera positiva con su entorno. Gestión de emociones: Ayudar a reconocer y gestionar las emociones, promoviendo la regulación emocional y el autocontrol. Técnicas de resolución de conflictos: Enseñar a los sujetos de estudio técnicas para resolver conflictos de manera efectiva, promoviendo la resolución pacífica de los mismos. Trabajo en equipo: Realizar actividades en grupo para fomentar el trabajo en equipo y la cooperación, lo que ayuda a desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y colaboración. Reflexión sobre valores y creencias: Ayudar a los jóvenes infractores a reflexionar sobre sus valores y creencias, promueve la adopción de valores positivos y la eliminación de actitudes y comportamientos negativos. Orientación vocacional: Proporciona orientación y asesoramiento vocacional para que se puedan explorar diferentes opciones laborales y encontrar una profesión que se ajuste a los intereses y habilidades de cada individuo. Desarrollo de habilidades prácticas: Desarrollar actividades que permitan a los jóvenes adquirir habilidades prácticas en diferentes ámbitos, como la lectura, la escritura, la jardinería, la informática o la cocina, entre otros. |
| Reforzamiento positivo | Motivar a la participación en el programa de intervención educativa y fomentar comportamientos positivos | Reconocimiento público, recompensas materiales y el acceso a oportunidades de aprendizaje adicionales, etc. |
| Evaluación y seguimiento | Ajustar el plan de intervención educativa según sea necesario y asegurar el apoyo y la asistencia necesarios para evitar la reincidencia |
Pruebas de evaluación periódicas: Realizar pruebas periódicas para evaluar el progreso en las habilidades aprendidas. Encuestas y entrevistas: Realizar encuestas y entrevistas periódicas para evaluar la percepción del joven infractor sobre su progreso, sus metas y su motivación. Observación directa: Observar directamente las habilidades sociales y de comportamiento del sujeto en situaciones de la vida real, como en el aula, durante las actividades recreativas o en interacciones con otros jóvenes y adultos. Reuniones individuales: Realizar reuniones individuales periódicas para discutir el progreso, las metas que se han establecido y los pasos a seguir para alcanzarlas. |
Fuente: Elaboración propia
La propuesta realizada fue evaluada por tres expertos en el tema quienes consideraron valida y oportuna la propuesta realizada. En tal sentido, se considera que, con la aplicación efectiva de estas medidas, al menos la mitad de los jóvenes infractores alcanzará superar sus niveles de conocimientos hasta un nivel básico o superior. Asimismo, la posibilidad del trabajo en equipo creara una mayor oportunidad de reinserción social en el futuro. La aplicación efectiva de programas de orientación vocacional y habilidades técnicas prácticas, garantizaría que más del 90% de los sujetos implicados sean capaces de incorporase a un puesto de trabajo remunerado y ser sujetos activos de la sociedad.
Discusión
La delincuencia juvenil es un tema socialmente relevante que preocupa a los países debido a que el comportamiento de los adolescentes a menudo se percibe negativamente durante esta etapa de transición en la vida del ser humano, donde se producen cambios biológicos, cognitivos, emocionales y sociales a un ritmo acelerado. Sin embargo, existen diversas causas que influyen en que un adolescente se involucre en actividades delictivas, incluyendo la falta de valores morales, familias desestructuradas, consumo de drogas, maltrato infantil, falta de afecto, fracaso escolar y problemas de comunicación entre padres e hijos en el hogar.
En tal sentido, es esencial que los sistemas de justicia que tratan con adolescentes infractores respeten las normas internacionales y locales que garantizan sus derechos humanos y protección, promoviendo su desarrollo y formación integral para lograr su restauración como personas y su integración efectiva en la sociedad. de acuerdo con la investigación realizada por Pavón & Gaona (2021), las estrategias y programas implementados en los Centros de Rehabilitación Social no logran generar un nivel de conciencia adecuado que motive a los adolescentes infractores a cambiar.
De acuerdo con ello, es necesario crear un ambiente propicio para el entrenamiento de habilidades cognitivas e interpersonales, y la consolidación de nuevos estilos de vida que involucren a su entorno social, familiar y comunitario. Además, una limitación adicional son los espacios compartidos en los que se realizan actividades de talleres, ya que suelen ser reducidos y utilizados también para otros fines educativos, religiosos u otros, es decir, son de uso múltiple.
Conclusiones
La suspensión condicional de la pena constituye el mecanismo efectivo para ejercer el derecho a la libertad. En el Ecuador, la suspensión condicional de la pena se puede aplicar a menores de edad que han sido condenados por la comisión de delitos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos legales y se ajusten a las particularidades del sistema de justicia juvenil. El estado ecuatoriano se encuentra altamente comprometido con salvaguardar el futuro y la integridad de los jóvenes, por lo que invierte muchos recursos en la rehabilitación de aquellos que cometen infracciones punibles.
La realización del presente estudio permitió realizar un análisis bibliográfico a la base documental para fundamentar la realización de un programa de intervención educativa para delincuentes jóvenes adultos que están sujetos a la suspensión condicional de la pena en la ciudad de Guayaquil. Se elaboró una propuesta de plan de intervención educativo conformado por diversos elementos útiles para la rehabilitación y reinserción social de los sujetos.
El plan de intervención educativa propuesto incluye una evaluación inicial, el diseño de actividades educativas y de capacitación personalizadas, un programa de tutorías, terapia individual y grupal, el uso del refuerzo positivo y una evaluación y seguimiento continuos. Este plan se ajusta a las necesidades y características de los delincuentes juveniles sujetos a la suspensión condicional. Se recomienda la aplicación y evaluación práctica de la propuesta realizada para garantizar la realización de la mejora continua.
