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Introducción
La discriminación étnica puede tener un impacto negativo en la educación y el bienestar de los estudiantes. Las personas que experimentan discriminación racial tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, lo que puede afectar su capacidad para aprender y tener éxito en la escuela. Es de destacar el efecto negativo que la discriminación racial y étnica puede tener en la autoestima de los estudiantes, lo que puede afectar su motivación y desempeño en la escuela. Es importante que las escuelas promuevan una cultura positiva y de apoyo, para ayudar a contrarrestar los efectos negativos de la discriminación étnica y fomentar el éxito académico y personal de los estudiantes.
En América Latina y el Caribe parte sustancial de los problemas que atraviesa como región son esencialmente la discriminación y el racismo. Estos componentes han traído a su vez secuelas de pobreza, exclusión y por consiguiente desigualdad e inequidad a las sociedades, pero estos factores repercuten con mayor incidencia entre los indígenas y afrodescendientes (Antezana et al., 2020; Mondaca et al., 2017).
En el derecho internacional existen diversos instrumentos de protección de derechos humanos, ratificados por los Estados para adoptar normativas que aseguren vidas dignas a sus pobladores. De esta manera, la Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial establece en su artículo 2, la obligación de los Estados partes de eliminar la discriminación, adoptando políticas encaminadas a crear condiciones de igualdad y equidad. Sin embargo, a nivel regional continúan existiendo altos índices de discriminación racial.
El Convenio Número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), el cual preestablece que los Estados parte, adopten medidas, que generen que las poblaciones indígenas y tribales gocen de derechos en igual grado que el resto de su población, es decir, buscando la tan anhelada justicia social. Todo esto, debido a que actualmente los pueblos indígenas y tribales en América Latina presentan, los indicadores más altos de discriminación étnica y racial, generando que se agranden las brechas de su inclusión en los ámbitos educativos, laborales y socioeconómicos.
Ahora bien, dada la existente desigualdad de oportunidades en la sociedad es insuficiente que en las constituciones contemporáneas se garanticen la igualdad y equidad, incluso si las mismas aplican de manera irrestricta el principio de convencionalidad. Por ello, el principio de igualdad requiere del Estado la obligación de actuar en la sociedad para conseguir una igualdad real. Atendiendo estas consideraciones los Estados aplican acciones afirmativas que garantizan condiciones mínimas de igualdad en el punto de partida, esto a su vez no asegura igualdad en los puntos de llegada (Nieto, 2015; W. Silva, 2017).
A este respecto, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico (Ecuador Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
De tal manera que no solo garantiza la supremacía de la Constitución sobre el ordenamiento jurídico, sino que busca la igualdad. Sin duda no existe estado constitucional que no sea equitativo. En consecuencia, pese al reconocimiento de un Estado intercultural y multiétnico resultan insuficiente las políticas públicas adoptadas por el Estado para erradicar de manera total la discriminación y alcanzar niveles de justicia social aceptables para una vida digna de las personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades.
De esta manera y según la Constitución de la República del Ecuador, es obligación del Estado promover la creación de medidas de Acción Afirmativas, como políticas de inclusión para propender eliminar los niveles de segregación hacia grupos históricamente discriminados (Ecuador Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Es así como se refiere específicamente a la contraposición con principios y derechos constitucionales, existente en la aplicación de acciones afirmativas por autodefinición étnica. En este sentido, la acción afirmativa es negativa incluso para quienes se benefician de ella, pues genera la idea de que una persona perteneciente a un grupo étnico, no pueden llegar a un objetivo por mérito propio sino con la ayuda estatal (Sánchez, 2013).
Lo establecido en la Norma Técnica del Subsistema de Selección del Personal en cuanto a la acción afirmativa en relación a la autodefinición étnica, no es una política común. Es una política pública adoptada por el Estado, misma que busca la inclusión social desde un enfoque étnico, la cual acude a la Acción Afirmativa con la finalidad de establecer mejoras sustanciales en la calidad de vida de una población que históricamente enfrenta desigualdades e inequidades.
Esta disposición es el resultado de años de lucha social y adopción de las medidas internacionales establecidas y adoptadas en la Constitución. Sin embargo, la norma no garantiza la igualdad y equidad, pues las mismas no aseguran estabilidad, evitar la deserción y prevenir la discriminación en todos sus niveles. En la realidad existen situaciones que sobrepasan el mencionado instrumento legal, las cuales inciden en la poca o ineficiente aplicación y uso de las políticas (Grisales & Monsalve, 2015).
En ese mismo contexto, es necesario hacer referencia a diferentes ámbitos de aplicación de las acciones afirmativas. En tal sentido, resulta oportuno cuestionar las mismas desde diferentes puntos de vista. De este modo su aplicación en el área laboral beneficiaría a las personas pertenecientes a una etnia con mayor nivel educativo y que por tanto no se encuentra en condiciones de pobreza y exclusión crónica. En esa medida, estas acciones no serían realmente efectivas y seguirían promoviendo situaciones de desigualdad entre el mismo afroecuatoriano, montubio e indígena.
Es evidente entonces que la aplicación de acciones afirmativas debe apuntar más a la inclusión de etnias en todos los niveles educativos, durante todas sus etapas. Como puede observarse esta es una manera más lógica de erradicación de la discriminación, garantizando la educación durante todo su proceso. Luego, aquellos beneficiados podrían optar en igualdad y equidad de condiciones por un empleo (Bernal-Camargo & Padilla-Muñoz, 2018; Hinestroza-Ramírez, 2020).
Dentro de esta perspectiva, algunos aspectos de las acciones afirmativas implementadas en las universidades se consideran negativos (Hinestroza-Ramírez, 2020). Ante la situación planteada se analiza que la aplicación de becas para Pueblos y Nacionalidades en la educación superior es criticable, por cuanto no garantizan que las personas beneficiadas permanezcan en el sistema educativo.
Dadas las condiciones que anteceden se puede establecer que estas no contrarrestan fenómenos como la deserción educativa, no corrigen los vacíos previos de la educación básica y no hacen una acomodación a las exigencias del ámbito universitario urbano. Para que sean efectivas se requieren programas de tutorías y un sistema de bienestar universitario específico para las personas que mantienen estos beneficios (Estacio Hurtado & Ramón Merchán, 2021; Quijada Lovatón, 2021; Reiter & Lezama, 2013).
Lo antes descrito, deja a la vista que, la evidente brecha que se crea entre una persona que puede estar académicamente mejor preparada y el acceso a un objetivo. De esta manera se evidencia que al aplicar acciones afirmativas se deja de lado la calificación o la retribución al mérito, por el simple hecho de cumplir una disposición emanada de la Constitución, inobservando que en su aplicación se contrapone con el principio de igualdad y equidad.
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la influencia de las políticas de acciones afirmativas étnicas en el sistema educativo de enseñanza superior. De esta manera, encaminar la mirada del Estado hacia una realidad en cuanto al deber de brindar garantías sobre condiciones de igualdad y equidad para los estudiantes.
Métodos
Para la realización de la presente investigación y desarrollar los objetivos planteados, se desarrolló una investigación cualitativa. A los efectos de esta investigación fue preciso realizar el análisis de información escrito sobre el tema propuesto, con el objeto de determinar el estado actual del conocimiento respecto a la aplicación de las acciones afirmativas. Utilizando además la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Además de la modalidad descrita anteriormente también se utilizó la investigación documental. Se solicitaron documentos que respaldan la investigación, los que sirvieron como pruebas o evidencias al momento de emitir informes, conclusiones y recomendaciones.
Como medios de información, también se utilizaron libros, leyes, códigos, módulos, textos, revistas, periódicos, tesis de grado que tienen información relevante relacionada con el tema de investigación. De igual manera se utilizó el internet como otra fuente actual y necesaria para adquirir información.
La modalidad que se utilizó en el presente trabajo además de las indicadas anteriormente, es la investigación de campo. La de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. Esta información fue recolectada y registrada. La técnica que se utilizó en esta investigación fue la entrevista.
Resultados
Toda vez que la presente investigación tuvo un diseño narrativo de temas, las unidades de análisis se elaboraron con base a los temas principales de la investigación. Por esta razón, las unidades de análisis se enfocaron de la siguiente manera:
Acciones Afirmativas
Políticas Institucionales
Igualdad Material y Formal
Discriminación y Desigualdad Social
Categorías de análisis: Cada categoría fue agrupada en el tema que corresponde, cabe recalcar que, en la codificación cualitativa, las categorías pueden ser conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con trascendental significado (da Silva, 2017; Kashindi, 2015).
Para una mejor comprensión de las unidades y categorías de análisis a continuación se presenta la Tabla 1 que lo determina.
Tabla 1 - Unidades y categorías de análisis
| Unidades de análisis | Categorías de análisis |
|---|---|
| Acciones Afirmativas | Aplicación de acciones afirmativas étnicas. |
| Aplicación de acciones afirmativas referente a la discriminación. | |
| Conocimiento sobre políticas acciones afirmativas | |
| Cumplimiento Estatal de la aplicación de acciones afirmativas. | |
| Igualdad material y formal | Acciones afirmativas como medios efectivos para alcanzar la igualdad. |
| Medida en la que las acciones afirmativas contribuyen para alcanzar la igualdad formal y material. | |
| Incidencia de las acciones afirmativas en la igualdad material y formal. | |
| Acciones afirmativas y el derecho de las mayorías. | |
| Políticas institucionales | Políticas institucionales para la aplicación de acciones afirmativas. |
| Políticas institucionales que garanticen el ingreso y permanencia de personas pertenecientes a una etnia. | |
| Compromisos institucionales en los ámbitos educativo y laboral. | |
| Políticas para ocupar cargos principales en la institución. | |
| Discriminación y desigualdad social. | Casos de discriminación en la institución. |
| Aplicación de acciones afirmativas de manera real, justa y transparente. | |
| Acciones afirmativas como medio para generar desigualdad social. | |
| Acciones afirmativas como evaluación injusta al mérito. | |
| Autodefinición como beneficio para quienes no pertenecen a una etnia, pueblo o comunidad. |
Fuente: Elaboración propia.
Acciones Afirmativas
Las acciones afirmativas son políticas de equidad, pero pueden ser más que eso, pueden ser políticas de inclusión de la diversidad cultural y de generación de cambios cualitativos a nivel de las estructuras simbólicas de la sociedad. Las acciones afirmativas suelen ser asimilacioncitas, pues se limitan a introducir a los excluidos a los esquemas de pensamiento, a las formas de expresión y a los modos de vida hegemónicos.
No obstante, pueden convertirse en lugares de surgimiento de auténticas políticas institucionales de reconocimiento de las diferencias y de inclusión diferenciada de la diversidad cultural (Cotito, 2017). En este sentido la igualdad solo sería posible a través de la aplicación de medidas compensatorias especiales, encaminadas directa y preferencialmente hacia estos grupos, por medio de la supervisión del Estado (Durango Alvarez, 2016).
En el apartado referente a la aplicación de acciones afirmativas étnicas, como una manera de contribuir a conseguir lo predispuesto en la Constitución de la Republica del Ecuador, referente a la garantía de igualdad y equidad, se puede determinar que efectivamente existe en el país una necesidad imperante de garantizar la igualdad en la sociedad. Sin embargo, es de destacar que las mismas pueden afectar precisamente estos derechos y principios constitucionales.
Esto puede suceder cuando son mal utilizadas, o cuando a partir de estas se benefician personas que no pertenecen a pueblos, comunidades y nacionalidades del país. A través de la presente investigación, se ha podido evidenciar que, aunque las acciones afirmativas son políticas que acertadamente buscan garantizar la igualdad y equidad en la sociedad, en la práctica son por lo general mal utilizadas. Esto a su vez genera situaciones de desigualdad más enmarcadas.
De igual manera es claro determinar que la aplicación de acciones afirmativas étnicas puede generar discriminación, incluso hacia la misma persona perteneciente a una etnia, toda vez que la misma se entiende como una manera de demostrar que necesitan de la ayuda estatal, para poder ingresar al sistema educativo o laboral. Es también determinante conocer que todo proceso selectivo, tiene un cierto grado de discriminación en general, pero que trata mas bien de generar juicios de valor referentes a los logros académicos y experiencia que una persona posea en relación al puesto de trabajo que ostenta.
Igualdad material y formal
La igualdad formal conocida como la igualdad ante la Ley es un principio jurídico que se deriva del reconocimiento de todas las personas en igualdad de condiciones, dotadas de cualidades esenciales, pero comunes entre sí. En este mismo sentido se define a la igualdad formal, como la prohibición de discriminar, en las relaciones entre gobernantes y gobernados, así como también en la creación, definición y aplicación de las normas que componen el ordenamiento jurídico (Oviedo, 2022)
Hechas las consideraciones anteriores, se define que el acatamiento del principio de igualdad debe procurar no solo una igualdad formal o de alcance puramente teórico en materia de derechos, deberes y obligaciones. Esta debe proyectarse al terreno de lo real, para hacerla efectiva mediante fórmulas concretas que eleven las posibilidades de quienes, por sus condiciones de manifiesta inferioridad, no alcanzarían de otra manera el nivel correspondiente a su dignidad humana.
Sin duda alguna la igualdad formal es un gran avance en la lucha de reconocimiento de derechos, pero aun así no es suficiente para alcanzar una igualdad real entre los miembros de una sociedad. Más aún si se considera que muchos pertenecen a grupos históricamente excluidos. Por tal razón se requiere del Estado un rol activo estableciendo medidas que suplan las condiciones de desigualdad existentes.
A sabiendas de que en toda sociedad se dan desigualdades sociales y económicas entre sus miembros, darle una interpretación material al principio de igualdad supone que el Estado es el responsable de hacer realidad este principio. Y para este fin no basta con que dicte normas no discriminatorias, sino que ms allá de eso, adopte medidas para conseguir la igualdad efectiva de todos los ciudadanos (Diaz-Basurto et al., 2022).
Resulta acertado deducir entonces que la igualdad es dar un trato igual ante las diferentes condiciones de cada sujeto. En tal virtud, se puede determinar a la igualdad como un principio en el ámbito jurídico, sin embargo, es clara la falta de claridad aun en su perfecta aplicación. Por ejemplo, cuando se reconoció a la igualdad como derecho de las personas en la Declaración de los Derechos Humanos, no se tomaron en cuenta las diferencias que existen, como las de género masculino y femenino. Este hecho ha sido analizado y puesto en evidencia autores, indicando que la igualdad es un principio poco claro por las diversas interpretaciones. Determinándose, además, que el principio de igualdad puede determinar la actividad de los jueces en un sentido, y en otro sentido totalmente diferente la actuación del legislador (Agudelo et al., 2022; Olmedo, 2022; Oviedo, 2022).
Ante el análisis sobre la efectividad de aplicar acciones afirmativas para lograr niveles de igualdad y equidad, y de acuerdo a los resultados obtenidos, es posible determinar que la aplicación de políticas de acciones afirmativas es necesaria en Ecuador. Considerando que constitucionalmente todos deben vivir en un Estado que garantice condiciones de igualdad en todo nivel. Sin embargo, no son los medios más efectivos para lograr este fin, se puede determinar que la igualdad debe partir desde la formación de cada persona. Es decir que toda persona de manera real pueda acceder en igualdad de condiciones y posibilidades a una formación académica de calidad.
Las acciones afirmativas étnicas específicamente contribuyen a conseguir una igualdad material y formal en el país. Por un lado, es claro que todos conocen que el Estado garantiza la igualdad material y formal. Sin embargo, esto solo sucede cuando las acciones afirmativas son bien aplicadas.
Es decir, que las mismas beneficien a quienes realmente han sido destinadas, pues se ha evidenciado que de las mismas se han beneficiado varias personas que sin ser de alguna comunidad, pueblo o nacionalidad, se autodefinen para conseguir una cierta ventaja en concursos de méritos y oposición. Es por esa razón que la medida en que ayudan a alcanzar la igualdad material y formal depende de la aplicación. Que sean aplicadas de manera que den ventaja, pero a quienes realmente pertenecen a grupos históricamente discriminados.
Políticas institucionales
Al realizar el análisis de los datos obtenidos referente a políticas institucionales que ayuden o faciliten la aplicación de acciones afirmativas, resalta la diversidad en las respuestas. Esto indica que, si bien existen políticas institucionales, las mismas no han sido difundidas con claridad. Con respecto al tema institucional, se observa que efectivamente se cumplen las acciones afirmativas en todos los niveles, sea por la aplicación especifica de las políticas institucionales o netamente por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
En este mismo sentido, es también importante determinar de qué manera y en que niveles la institución busca garantizar no solo el ingreso sino también la permanencia de las personas pertenecientes a una etnia. En este sentido es claro que las instituciones manejan varias políticas que buscan generar estabilidad emocional, psicológica y en todo nivel personal, pero en niveles generales, no de manera específica a personas autoidentificadas como parte de una etnia.
Discriminación y desigualdad social
La desigualdad y la exclusión tienen actualmente un significado totalmente distinto del que tuvieron en las sociedades del antiguo régimen. La desigualdad y la exclusión tienen entonces que ser justificadas como excepciones o incidentes de un proceso social que en principio no les reconoce legitimidad alguna. Frente a ellas, la única política social legítima es aquella que define los medios para minimizar a una y otra.
La desigualdad y la exclusión son dos sistemas de pertenencia jerarquizada. En el sistema de desigualdad, la pertenencia se da por la integración subordinada, mientras que en el sistema de exclusión la pertenencia se da por la exclusión. La desigualdad implica un sistema jerárquico de integración social. (Olmedo, 2022).
En América Latina a través de los años ha existido desigualdad en distintos niveles en las sociedades, es de esta manera que hace un referente exclusivo a las mujeres. En este contexto analiza a las mismas en relación con los diferentes cambios sociales políticos y económicos en los países. De este modo hace énfasis en las medidas de reconocimientos de los derechos de las mujeres en especial. Establece que el campo del derecho laboral y de la seguridad social, no siempre consistió en un reconocimiento de derechos propios de las mujeres, si no que viene de una evolución histórica (Diaz-Basurto et al., 2022).
Esto significa que, si bien se incorporaron normas y principios que reconocen la igualdad en el empleo, el sustrato normativo no incluye a la mujer como sujeto de derechos en sí misma. Sus derechos se derivan de su inserción en el mercado formal o por su vínculo con otro titular de derechos, que puede ser su padre o esposo.
En la actualidad es latente el tipo de reivindicación de justicia social, en lo conocido como políticas de reconocimiento (da Silva, 2017). En este sentido, la justicia social en su forma verosímil, busca un mundo que acepte la diferencia, en el que la integración en la mayoría o la asimilación de las normas culturales dominantes no sea ya el precio de un respeto igual. Como ejemplos, se pueden mencionar las reivindicaciones del reconocimiento de las perspectivas, características de las minorías étnicas, raciales y sexuales, así como de la diferencia de género.
De acuerdo a (Durango Alvarez, 2016) manifiesta que con el paso de una igualdad formal a una igualdad material real y efectiva del reconocimiento que el derecho hace de la existencia de desigualdades físicas, sociales y económicas en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los Estados Constitucionales, surgieron una serie de decisiones o políticas públicas encaminadas a proteger grupos de personas que han sido tradicionalmente marginadas por diversas razones. Es así como nacen las denominadas Acciones Afirmativas, en busca de la llamada reivindicación de Justicia Social.
En el mismo sentido, (Olmedo, 2022) plantea que, para crear y entender los principios de la justicia, principalmente se necesita tener una imparcialidad total. Esto significaría desconocer las categorías fundamentales que definen los roles y funciones del ser humano como miembro de la sociedad, traduciendo esto a habilidades o talentos, etnias, sexo, creencias, religión, etc., con la finalidad de llegar a un convenio justo. Es evidente que al mantener estas categorías sería un impedimento hacer consideraciones imparciales, lo cual genera que los miembros de cada grupo social, defiendan sus derechos de manera particular.
Sobre la discriminación, se ha podido recoger varios criterios que ayudan a entender que existen casos de discriminación en Ecuador. Es claro determinar también que las acciones afirmativas no se aplican ni de manera real, ni justa, ni tampoco transparente. Por el contrario, se las ha venido manipulando y aplicando a conveniencia de intereses particulares e incluso de interés políticos. Justamente la corrupción juega un papel importante para que esto suceda, por tanto, su fin ha sido cambiado y no está ayudando a generar igualdad que es el objetivo de las mismas, si no están únicamente buscando beneficiar a determinadas personas, que por lo general no provienen de grupos que históricamente han vivido situaciones de desigualdad.
En el mismo orden de ideas, se observa que la aplicación de acciones afirmativas, está generando cierta desigualdad social, incluso dentro de los mismos grupos étnicos. Existen ciertas situaciones que por no haberse corrigiendo a través de la historia, generan que esto suceda. Dependerá mucho del nivel educativo que haya tenido una persona perteneciente a una etnia para que pueda, al menos, postular por un puesto de trabajo, y beneficiarse de una acción afirmativa.
Discusión
El concepto acciones afirmativas hace referencia a un conjunto de medidas que se explicitan en políticas del estado, en programas gubernamentales, y/o en determinaciones institucionales (públicas o privadas). Estas, aspiran disminuir o eliminar las desigualdades sociales que condicionan el acceso a la participación política ciudadana. Se encuadran, entonces, en las políticas de promoción de la igualdad racial. Siendo así, está relacionado al campo de la política y de las luchas por ciudadanía y derechos iguales que respeten las diferencias o reparen efectos adversos provocados por la exclusión.
Al menos existen tres tipos de políticas o acciones de combate al racismo y las desigualdades raciales:
Acciones represivas: que buscan combatir el acto discriminatorio, la práctica de la discriminación directa, usando la legislación criminal existente.
Acciones que valorizan: cuyo objetivo es combatir los estereotipos negativos, estigmas racistas construidos y consolidados en la forma de preconceptos y racismo. Buscan influir, no solo sobre la población racialmente discriminada - contribuyendo para que ella pueda reconocerse en la historia y en la nación - sino en toda la población, permitiéndole a las poblaciones, identificarse en su diversidad étnica y cultural.
Acciones afirmativas: buscan combatir la discriminación indirecta, ejercida por medio de formas veladas de comportamiento cuyo resultado provoca la exclusión de carácter racial. Combaten el resultado de la discriminación, que provocan el alejamiento de los grupos raciales de los espacios valorizados en la vida social y que se hacen visibles como desigualdad social (pobreza, menos años de escolarización, vivienda precaria, dificultad de acceso al empleo o a la salud). Por eso son medidas temporarias que buscan garantizar la oportunidad de acceso de los grupos discriminados, ampliando su participación en diferentes sectores de la vida económica, política, institucional, cultural y social.
Es pertinente destacar que, en la educación superior, las acciones afirmativas generalmente adoptaron el sistema de cuotas para el ingreso de estudiantes negros e indígenas. Esta es una técnica de implementación de las acciones afirmativas, en que se reserva, en un proceso de competencia por bienes sociales (por ejemplo, el ingreso en la universidad), un porcentaje de las plazas para que uno o más grupos sociales discriminados compitan solamente con los miembros de su mismo grupo de pertenencia. Por lo tanto, en un proceso selectivo, un determinado número de las plazas es garantizado anticipadamente para la disputa entre los miembros de uno o más grupos discriminados, por sus características reales o atribuidas y estigmatizadas, pero que, por eso, fue contemplado por este tipo de acción.
Iniciativas de implementación de acciones afirmativas en el campo educativo y particularmente en el nivel superior, sean gubernamentales, de instituciones internacionales o de organizaciones de la sociedad civil (movimientos sociales, ONG, entre otros) son indicadores de que hay un reconocimiento creciente de las desigualdades raciales. A pesar de eso, es difícil afirmar que la sociedad ecuatoriana está realmente comprometida con la disminución de esas desigualdades.
La implementación de acciones afirmativas en educación superior surge en el último decenio, por lo que constituyen una novedad dentro del panorama nacional. Significa un avance en el reconocimiento de la diversidad que caracteriza a la sociedad. Sus efectos impactan en la opinión pública y en las comunidades académicas pues promueve la discusión sobre la diversidad negada, la desigualdad racial ampliamente enmascaradas por el mito de la democracia racial.
A partir del momento en que las universidades han incluido políticas institucionales de acciones afirmativas, están reconociendo la exclusión y marginalización de estos grupos en la sociedad y particularmente en el ejercicio de derechos como el acceso a la educación superior. Asimismo, están admitiendo que tienen un compromiso con la construcción de una sociedad más justa; que valorice todas las diversidades. Con todo, cabe subrayar el desafío que implica la diversidad en la universidad y definir de una vez y por todas la manera y grado en que las comunidades académicas, inspiradas y articuladas en principios homogeneizadores, conjugarán el diálogo intercultural y la producción de conocimientos.
Conclusiones
El Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural, lo que determina el reconocimiento de varias nacionalidades que coexisten en un mismo Estado. Es claro que en un país que avanza democráticamente hacia un desarrollo sostenible, los marcos legales no son del todo suficientes si no aplican políticas efectivas a la altura del contexto presente. Todas las instituciones tanto públicas como privadas no pueden desprenderse del principio de soberanía, por tanto, al reconocer su valor también reconocen su diversidad. En tal virtud, las políticas de acciones afirmativas, más allá de ser medios de resarcimiento de años de histórica discriminación y segregación, deben ser medios eficientes y reales de generar igualdad formal y material en los ámbitos primero educativos para que se reflejen posteriormente em la inserción laboral.
La política de acciones afirmativas étnicas busca garantizar el acceso igualitario a la educación superior para grupos étnicos que han sido históricamente marginados y discriminados, como la población negra e indígena. Promover la diversidad en las instituciones educativas y fomentar un ambiente inclusivo para todos los estudiantes, es la razón de ser de esas políticas. La calidad de la educación sería superior considerablemente con la aplicación de las políticas afirmativas étnicas en Ecuador, pues permiten el acceso a la educación superior de estudiantes con potencial que, de otra manera, no tuviesen iguales oportunidades educacionales a causa de su origen.
Es necesario aplicar acciones afirmativas como medio de inclusión social y como aporte al desarrollo. Lo que evidentemente no se ha logrado, pues se ha comprobado que la inclusión en diversos ambientes sociales, políticos, educativos o laborales no solo ha sido en un porcentaje preocupantemente bajo, si no que, ese ínfimo porcentaje, ha sido sobre personas que han alcanzado niveles educativos altos. Se infiere de ello que se trata entonces de personas que han tenido acceso a la educación con anterioridad.
La aplicación de acciones afirmativas, violenta derechos y principios constitucionales, desde el instante en que cambia la perspectiva de que todos son iguales ante la sociedad ecuatoriana. Aunque las mismas busquen redimir años de discriminación y segregación histórica, no son suficientes para superar estos paradigmas. Aun se observa discriminación, desigualdad y vulneración de derechos en Ecuador. Por esta razón es necesario replantear con base a los preceptos y derechos constitucionales, la aplicación de acciones afirmativas, de manera que incorpore visiones e intereses que atiendan las necesidades de las personas pertenecientes a una etnia.
Iniciativas de implementación de acciones afirmativas en el campo educativo y particularmente en el nivel superior, sean gubernamentales, de instituciones internacionales o de organizaciones de la sociedad civil (movimientos sociales, ONG, entre otros) son indicadores de que hay un reconocimiento creciente de las desigualdades raciales. A pesar de eso es difícil afirmar que la sociedad ecuatoriana está realmente comprometida con la disminución de esas desigualdades.
