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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia el medioambiente ha estado sometido a gran presión para satisfacer las necesidades del hombre en las esferas económica, productiva y de consumo. Cada día ello se hace más evidente con los efectos del cambio climático, lo que conlleva a una nueva forma de satisfacción que no se enfoque únicamente en la dimensión económica, sino que sea igualmente medible por los resultados medioambientales y sociales.
El cambio climático constituye una amenaza para el mundo y para Cuba en particular por su insularidad. Al ser un fenómeno irreversible, es de gran importancia actuar con prontitud para contener algunas de sus consecuencias: el incremento de la temperatura media anual, la elevación del mar, la frecuencia de las sequías, la pérdida de la biodiversidad y la aparición de enfermedades emergentes. En este contexto desempeña un papel importante el sistema bancario, pues a través de él se canaliza el excedente de liquidez de los ahorradores hacia la inversión de los agentes económicos deficitarios. Estas instituciones, como intermediarios financieros, pasan a asumir una función muy importante en dicho contexto, pues son las encargadas de la transformación de los activos emitidos por las unidades inversoras para obtener fondos que les permitan aumentar sus activos reales en activos financieros según las preferencias de los que buscan financiamiento (Aracil, 2015; Ramos, 2017; Ramos y Borrás, 2017).
Bajo esta circunstancia se potencia una nueva forma de desarrollar el negocio bancario que vela por la repercusión de los fondos que invierte en el marco ambiental, social y económico, este último como condición necesaria, pero no suficiente. Estos rasgos pueden dar respuesta a la interrogante de cómo podría el sistema bancario garantizar su crecimiento económico y el de las naciones sin deteriorar el medioambiente y con resultados a favor de las comunidades.
BANCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
La relevancia que tiene la preservación del medioambiente, tanto a nivel nacional como a escala global, es significativa y los bancos ocupan un lugar importante en el ciclo de la realización productiva. La función que realizan con relación a los créditos que ofrecen y el impacto que estos pueden generar en el ecosistema a partir de su utilización provocan que los estudios sobre el reflejo de la ética en los productos de estas organizaciones resulten de vital importancia.
Actualmente las instituciones bancarias buscan un rendimiento social basado en el análisis del impacto medioambiental de prestar sus servicios a los clientes. Este tipo de banco se conoce como banca sostenible, ética o verde, y constituye el producto más amplio y completo de las inversiones socialmente responsables, que a su vez viabilizan la combinación de productos financieros con valores sociales.
La emergente banca sostenible da un giro con respecto al resto de las instituciones con relación a las características e intereses de sus clientes y los proyectos a los que destina sus fondos. Los elementos y principios que fundamentan su existencia garantizan que la utilización de los recursos que ofrece no solo tengan rentabilidad económica, sino que impacten en la sociedad y el medioambiente de forma positiva.
El desarrollo sostenible constituye una de las bases consideradas por este tipo de instituciones. Junto a la sostenibilidad funciona bajo el principio de que no se pueden agotar los recursos disponibles de forma indiscriminada; hay que proteger los recursos naturales y todas las personas deben tener acceso a las mismas oportunidades (Aracil, 2015; Sánchez y Pérez-Sosa, 2016; Alaña, Capa y Sotomayor, 2017). Atendiendo a lo anterior, «desarrollo sostenible» es el término que explica la necesidad del equilibrio en el manejo del planeta en tres aspectos: económico, ambiental y social. Asimismo, ningún recurso natural deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación.
Por tanto, la sostenibilidad considera tres pilares fundamentales: el social, el económico y el ambiental (Figura 1). Una entidad tiene un comportamiento sostenible si garantiza en la realización de sus actividades operacionales, además del reconocimiento del impacto económico que se analiza tradicionalmente, la repercusión que tendrá a nivel social y medioambiental, que debe ser positiva (Aracil, 2015).
Relación banca-empresa desde la sostenibilidad
No basta con insistir en que el sistema bancario asuma e implemente los principios de la sostenibilidad. Es necesario también que los consumidores de los productos y servicios bancarios, en especial el sector empresarial, transiten en un mismo sentido. Por tal motivo, es importante acercarse a las empresas para observar cómo se manifiesta en ellas la sostenibilidad. De ahí parte el concepto responsabilidad social corporativa (RSC).
Según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) (2004), la RSC destaca la relevancia del compromiso voluntario de las entidades empresariales con el desarrollo social y la defensa del medioambiente desde la perspectiva de un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con los que interactúan sus productos y servicios. Por tanto, se puede afirmar que la sostenibilidad y la RSC son complementarias, siendo la sostenibilidad el objetivo a alcanzar y la RSC el medio para hacerlo.
La RSC y la responsabilidad social empresarial (RSE) son utilizadas para expresar el compromiso de las empresas con el medioambiente y la sociedad en la realización de sus actividades. Sin embargo, la RSC es un término que se utiliza para referirse a todas las organizaciones, independientemente del tamaño o tipo de actividad que desempeñen, en las que se incluyen instituciones gubernamentales como los bancos en el caso de Cuba. Según la responsabilidad social, las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y más avanzada y un medioambiente más limpio; pero no solo las empresas, las organizaciones de cualquier índole, incluidas las instituciones financieras, son capaces de colaborar. Estas tienen una gran responsabilidad pues impactan en el desarrollo o rezago de una sociedad, atendiendo a la importancia de la concesión de créditos para inversiones (Ramos, 2017; Ramos y Borrás, 2017).
De esta forma irrumpe en el mundo contemporáneo un nuevo término: «inversión socialmente responsable» (ISR). En esta a los tradicionales criterios financieros se les añaden criterios sociales y medioambientales que permiten a las personas o entidades inversoras combinar objetivos financieros con valores sociales, vinculados a ámbitos de justicia social, derechos humanos, paz y medioambiente (Berganza, 2013). La ISR constituye la forma más concreta de realización de la RSC y según sus propósitos puede:
Orientar el ahorro hacia proyectos sociales o medioambientales: energías renovables, agricultura ecológica, etc.
Orientar la inversión a favor de empresas y organizaciones socialmente responsables: se logra a través del diálogo de los inversores con las empresas o mediante la aplicación en las decisiones de inversión de filtros de selección positivos y/o negativos de criterios sociales, medioambientales o éticos que van más allá de los estrictamente financieros.
Los fondos de inversión y de pensiones éticos, los microcréditos y los depósitos socialmente responsables son algunos de los productos que conforman las ISR. Sin embargo, es la banca sostenible, ética o verde la entidad financiera en la que se concreta la forma más integral de las ISR, ya que todos sus negocios los hace con criterios de rentabilidad económica, sociales y medioambientales bajo una transparencia total.
LA BANCA SOSTENIBLE
Las distinciones entre los términos sostenible, ética o verde son ínfimas y dependen en gran medida de la apreciación personal; cada uno defiende un criterio específico. La banca ética es una organización que ofrece productos bancarios que combinan rentabilidad financiera con aspectos éticos en los que se incluyen factores sociales y medioambientales. Esta definición es controversial, ya que puede malinterpretarse y significar que el banco que no opera en este segmento se considera «no ético», lo que no es cierto, pues la ética está presente en las organizaciones, en los dirigentes y trabajadores y no está sujeta a regulaciones; es una elección moral. No obstante, su principal característica es que todos los productos de este banco son éticos, aunque no están enfocados a desarrollar un sector específico de la economía. Su selección se basa en la clasificación de los productos en positivos y negativos, excluyendo los segundos. Esta banca hace énfasis en la inclusión social, la lucha de género, la participación de los grupos de interés y la transparencia (Aracil, 2015).
La banca ética tiene criterios muy bien definidos a la hora de invertir que no dependen solo de la rentabilidad, sino también del impacto que pueden generar las inversiones a financiar en el mundo. Sostiene el principio de que el dinero de los clientes, mientras ellos no lo utilizan, puede ser útil para invertir en proyectos y empresas que aporten valor a la sociedad (Alejos, 2014).
Por su parte, un banco verde es una herramienta que busca diseñar y ofrecer instrumentos de financiamiento y otros apoyos que impulsen inversiones verdes y contribuyan al cumplimiento de metas políticas específicas. Por ejemplo, algunos tienen como misión fomentar inversiones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras otros se centran en invertir en proyectos verdes que contribuyan a la generación de empleos (Natural Resources Defense Council, 2017). Considera, igualmente, el impacto de sus actividades en la sociedad, pero provee productos financieros verdes, es decir, que hacen énfasis en el apoyo a sectores específicos de la economía que se vinculan directamente con el medioambiente y sus recursos como la agricultura, la industria, la minería, el turismo y la biotecnología, por citar algunos (Natural Resources Defense Council, 2017).
Por último, la banca sostenible es aquella que ofrece productos y servicios llamados sostenibles, por conciencia y decisión propia de sus accionistas, directivos y empleados, y además los provee solamente a aquellos clientes que toman en consideración el impacto de sus actividades en el medioambiente y en la sociedad misma (Aracil, 2015). Por tanto, se puede decir que es un término con mayor alcance que los anteriores, pues considera con igual relevancia los factores económicos, ambientales y sociales. Asimismo, asume el desafío de desarrollar políticas con criterios sustentados sobre la base de estos tres pilares. Por ello, con respecto a la banca tradicional, manifiesta importantes ventajas que se muestran en la Figura 2.
En el caso particular de Cuba, su estructura económica se ha caracterizado por ser eminentemente agrícola, producto de las bondades que le aporta la naturaleza a los países tropicales. Esto ha resultado en la explotación de recursos naturales durante un largo período. Sin embargo, en 1990 el país entró en el llamado «período especial» derivado de tres factores fundamentales: la desaparición de la URSS y la caída del campo socialista, agravado por una estructura económica deformada y los bajos niveles de productividad y exportaciones sobre la base de productos con bajo valor agregado. Fue necesario, entonces, a partir de esa etapa, redireccionar la economía y enfocarla primeramente en la salida de la crisis con la inserción de nuevos patrones de desarrollo. Así comenzó el impulso acelerado del turismo como alternativa estratégica fundamental, considerándose este sector como la «locomotora de la economía» por su importante efecto pivote. También inició la inversión extranjera y la definición de la ciencia como palanca de desarrollo. El turismo sigue constituyendo en la actualidad una de las principales fuentes de ingresos gracias a los productos y servicios que ofrece, en gran medida de carácter natural, pues los principales destinos son las playas, costas y fondos marinos, el turismo de naturaleza, el de salud, entre otros.
Por muchos años Cuba ha dependido en gran medida de sus recursos naturales, cuya explotación se ha convertido en una forma de subsistencia para el país como lo han sido la industria azucarera, tabacalera, ganadera, avícola, pesquera y, más recientemente, el níquel y el turismo. Estos elementos evidencian que la sostenibilidad del país, a lo largo de la historia, ha dependido de la explotación en mayor o menor medida de los recursos que ofrece la naturaleza.
En la actualidad una de las principales preocupaciones en torno al cambio climático es la repercusión que tiene para el desarrollo de los sectores antes mencionados y consecuentemente para la sostenibilidad de la nación y su proyecto económico y social. Por esta razón, en Cuba se maneja el término sostenibilidad a partir de la Ley 81 de Medioambiente (Asamblea Nacional del Poder Popular, 1997), el Decreto Ley 200 de las Contravenciones en Materia de Medioambiente (Consejo de Estado, 1999), la Constitución de la República (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019) y otras regulaciones, de ahí que sea utilizado en el lenguaje común de los documentos rectores del plan de desarrollo del país, lo que propicia su adaptación a las características de sistema bancario nacional.
Las normas jurídicas vigentes sobre el tema reflejan la preocupación del gobierno en este sentido. Sin embargo, no siempre son tenidas en cuenta ni adecuadamente aplicadas por parte de las instituciones involucradas, en particular las empresas, lo que limita la capacidad del banco para exigirlas. En estos momentos, como parte de la institucionalización del país, todas se encuentran en proceso de revisión y completamiento.
Entre las políticas macroeconómicas definidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021, se plantea la necesidad de «consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y diversificado, que asegure la sostenibilidad financiera del proceso de transformación estructural previsto en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social» (Partido Comunista de Cuba, 2017b).
De cara al Plan 2030, el eje estratégico Recursos Naturales y Medioambiente refrenda la trascendencia de desarrollar una banca sostenible y reconoce la necesidad de implementar incentivos económicos para lograr la sostenibilidad financiera en el uso y conservación de los recursos naturales (Partido Comunista de Cuba, 2017a). Por tanto, en las condiciones de Cuba debe asociarse a los principios de la sostenibilidad, que requiere ritmos y estructuras de crecimiento de la economía que aseguren la prosperidad con justicia social y en armonía con el medioambiente, la preservación de los recursos naturales y el patrimonio de la nación. De esta forma quedan responsabilizados tanto el sistema bancario como el sector empresarial (Arias y Ramos, 2019; Organización de Naciones Unidas, 2019).
CONCLUSIONES
La comprensión e inserción de los principios de la banca sostenible en el sistema bancario cubano, en la que ya se dan los primeros pasos, puede contribuir directamente al tan deseado desarrollo sostenible del país. Los servicios bancarios sostenibles tienen entre sus objetivos redireccionar adecuadamente los fondos otorgados a productores agrícolas, principalmente, de forma tal que estos generen bienes más resistentes al cambio climático o se les ofrezcan facilidades de crédito para potenciarlos. Ello reforzaría los mecanismos para enfrentar este fenómeno desde una mirada financiera y, a su vez, contribuiría al mejor manejo de los recursos y reservas internas, así como a la gestión eficiente de los fondos internacionales otorgados al país para estos fines por organismos internacionales.
