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INTRODUCCIÓN
El sistema bancario cubano, aunque responde a la demanda de muchos y diversos sectores de la economía con índices favorables, presenta actualmente un grupo de debilidades en su relación con la exigencia cada vez más creciente de los trabajadores por cuenta propia (TCP). Las nuevas oportunidades que le ofrecen los bancos al sector cuentapropista no se han concebido a partir de estudios profundos acerca del tema, sino que cada una de ellas se ha pensado sobre la premisa de que los clientes sientan en primer lugar confianza y seguridad ante cualquier operación que realicen en una institución financiera bancaria.
Sin embargo, uno de los problemas fundamentales que hoy presentan las relaciones financieras entre el sistema bancario y el sector privado son los bajos niveles de seguridad y confianza de los TCP ante cualquier cambio repentino en las normativas y la incertidumbre por los modos de actuación del sistema ante las modificaciones en las normas que regulan la economía cubana. Tal es el caso de las recién instituidas cuentas bancarias fiscales, regulación que carece de estudios profundos acerca de cómo pueden implementarse. Basado en lo anterior, la investigación se plantea como problema la interrogante siguiente: ¿sobre qué base deben fundamentarse las relaciones entre el sistema bancario cubano y el sector por cuenta propia de forma tal que se garantice su funcionamiento eficaz con la aplicación y desarrollo de las cuentas bancarias fiscales?
Las pequeñas y medianas empresas en Cuba no son un tema totalmente nuevo, solo que era más común el término «trabajo por cuenta propia». Desde el año 1979 se introdujeron como parte del sistema de dirección y planificación de la economía, reanimado nuevamente en los años noventa a causa de la crisis, pero no es hasta 2010 que realmente se muestra una intencionalidad en el sostenimiento de este tipo de actividad no estatal (Díaz y Echevarría, 2016).
Se puede definir el trabajo por cuenta propia como aquel que no se encuentra subordinado a la administración de una entidad laboral, sino que asume los riesgos de la actividad que autopractica en la forma que estime conveniente y apropiada con los elementos y materia prima necesarios para su desempeño (Alonso et al.,2017). Según Cohen y Baralla (2012), la importancia del sector privado en las economías modernas ha sido objeto de numerosos estudios de investigación en los últimos años. Sin embargo, es innegable que es el segmento empresarial que más obstáculos afronta para su desarrollo debido al menor grado de formalización que normalmente presenta en su gestión (Manzanal et al., 2015).
Las regulaciones empresariales sólidas exigen procedimientos eficientes e instituciones robustas que establezcan normas transparentes y fáciles de aplicar (Díaz y Echevarría, 2016). Borrás (2013) destaca como elementos básicos del sistema financiero al conjunto de activos, instituciones y mercados que tienen como propósitos fundamentales conectar los excedentes de liquidez de los ahorradores con las personas jurídicas o naturales necesitadas de financiación. Justamente, las finanzas conductuales estudian las diferentes interpretaciones ante las mismas circunstancias y cómo los usuarios económicos pueden reaccionar a tales diferencias (Alcalá, 2012).
El Decreto Ley No. 289 «De los créditos a las personas naturales y otros servicios bancarios» (Consejo de Estado, 2011), del 16 de noviembre de 2011, tal y como quedó modificado mediante el Decreto Ley No. 355 (Consejo de Estado, 2018), establece en su artículo 18 la obligación de las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia a operar una cuenta corriente en una institución bancaria, según los términos, límites, alcance y condiciones que disponga el ministro de Finanzas y Precios.
Las cuentas bancarias fiscales son uno de los nuevos aportes normativos solo porque la recién emitida Resolución No. 904 del Ministerio de Finanzas y Precios (2018a) establece la obligatoriedad de que las abran y operen con ellas los TCP que ejercen las actividades de servicios gastronómicos en restaurantes, cafeterías, bares y recreación, los arrendadores de vivienda, habitaciones y espacios, así como los que practican servicios de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles y de transporte de pasajeros en medio automotor con capacidad desde 4 hasta 14 pasajeros en la provincia de La Habana, experiencia que comenzó desde el 8 de octubre de 2018 (Bustamante, 2018a). Además, la Resolución No. 197 (Ministerio de Finanzas y Precios, 2018b), del 30 de junio de 2018, dictada por la ministra del sector, establece la obligatoriedad de abrir y operar cuentas bancarias fiscales a determinadas actividades del trabajo por cuenta propia.
Es bueno conocer que, como parte del perfeccionamiento de la política tributaria y el mejoramiento de la gestión y control de los aportes al presupuesto del Estado por las personas naturales, y particularmente por los TCP, se aprobó disponer la operatoria de dicha cuenta con un efecto fiscal por su vínculo con las administraciones financieras y tributaria del país de lo que deriva su denominación (Rodríguez, 2018). Se trata de una cuenta corriente bancaria de una persona natural autorizada a ejercer el trabajo por cuenta propia que, a los efectos del control de las operaciones tributarias, tiene términos, límites, alcance y condiciones dispuestos en la mencionada resolución.
El director general de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios aclara que las cuentas fiscales tienen un antecedente como mecanismo de ordenamiento y facilitación de operaciones en el trabajo por cuenta propia que data del año 2011, según lo planteado en el Decreto-Ley No. 289 (Consejo de Estado, 2011), que establece la obligación de los acogidos a esa forma de gestión no estatal con ingresos brutos anuales iguales o superiores a 50 000 pesos cubanos a operar una cuenta corriente en las instituciones bancarias.
Actualmente, con la experiencia de siete años y la consolidación de la actividad, se decide empezar a utilizar la cuenta bancaria fiscal, un mecanismo de control vinculado a la contabilización de las actividades tanto de los ingresos como de los gastos. A través de ellas se facilitan las operaciones y relaciones financieras entre los distintos agentes económicos, como ocurre en cualquier parte del mundo, al ser una práctica reconocida internacionalmente. En Cuba tiene un uso difundido y obligatorio para todas las personas jurídicas y en el sector cooperativo en general. Su uso se aplica gradualmente en el resto de las actividades aprobadas para ejercer el trabajo por cuenta propia, solo que se decide que no sean todos los contribuyentes de una vez, sino los de aquellas actividades con el denominador común de realizar operaciones complejas por el dinamismo de sus ingresos y gastos.
La cuenta bancaria fiscal aporta mayor seguridad en las operaciones, en tanto los cuentapropistas siguen ganando espacios en sus relaciones con las entidades estatales y prestan servicios importantes al sector presupuestado, lo que debe estar respaldado con procedimientos cada vez más transparentes y confiables, porque la práctica ha puesto de manifiesto violaciones en temas de precios y en calidad de los servicios prestados, ya sean constructivos o de servicios gastronómicos (García, 2018).
A partir de la Resolución No. 904 (Ministerio de Finanzas y Precios, 2018a) se incrementa de un 20 hasta un 35 % el fondo de efectivo para pagos menores o imprevistos, en tanto se reduce la cuantía del saldo mínimo de tres a dos cuotas mensuales tributarias como requisito en la operatoria de esta cuenta. Esas cifras no son inamovibles, sino que pueden ser alteradas ante una situación repentina. Son conceptos que han sido validados desde la ampliación del trabajo por cuenta propia en 2010. Este saldo mínimo no solo es garantía para la administración tributaria, sino también para las personas que se relacionan con ese contribuyente. Una de las cuestiones revisadas con vistas al perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia fue el incumplimiento en el pago del impuesto sobre los servicios y de las cuotas a pagar sistemáticamente; por lo tanto, ese fondo constituye una protección ante este tipo de indisciplinas con el fisco.
Aunque existe la posibilidad de que también se reconozcan como bancarias fiscales las cuentas corrientes en pesos convertibles (CUC), no se exige el requisito del saldo mínimo de operación. Este debe ser cubierto por el contribuyente en un término de 90 días naturales, contados desde que fue requerido por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Deben realizarse todos los depósitos, con salvedad del fondo, que puede retener el 35 % de lo entregado en el mes anterior destinado a pagos menores o imprevistos, por ejemplo, el reaprovisionamiento para la actividad que realiza o el disfrute personal y de su familia (Cubadebate, 2019).
Se debe recordar que la Resolución No. 24 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2018) reconoce que el TCP puede ser autorizado a ejercer más de una actividad, siempre que cumpla lo regulado para tales efectos. La cuenta bancaria fiscal la abre el trabajador que ejerce la actividad autorizada. Para iniciarla o declararla dispone de un término de 30 días naturales después de concurrir a la ONAT del municipio donde está inscripto como contribuyente. Ese órgano exige el cumplimiento de esta obligación mediante documento oficial (Banco Metropolitano, 2018). Puede operar con chequera o tarjeta magnética, servicios que el titular debe solicitar en las sucursales bancarias correspondientes en su provincia.
METODOLOGÍA
La investigación se caracteriza por la interacción investigador-realidad para una mayor obtención de conocimiento y para llegar más allá de las manifestaciones observables o medibles de los fenómenos, pues se profundiza en las percepciones de los propios sujetos que a diario desarrollan la actividad por cuenta propia y los funcionarios de los organismos e instituciones implicadas, sus preocupaciones, inquietudes y posición ante diferentes tópicos vinculados con el desempeño de la actividad. También se implementan algunos métodos teóricos como el dialéctico-materialista, el histórico-lógico, el análisis-síntesis y el análisis de documentos. Además, intervienen métodos empíricos que facilitan el desarrollo del trabajo mediante la observación, las entrevistas y los cuestionarios. Asimismo, se realizan estudios estadísticos para tabular los resultados.
El criterio de selección de la muestra es intencional. Se toma La Habana por ser la provincia con mayor número de TCP en el país. En este caso, la elección de la población objeto de estudio son los municipios Plaza de la Revolución, Playa, Centro Habana y La Habana Vieja.
Se prepararon dos encuestas, dos entrevistas y un cuestionario. Específicamente, se ejecutaron una de las encuestas y una de las entrevistas a una muestra de 100 cuentapropistas para conocer sus opiniones e inquietudes respecto a la nueva regulación referente a las cuentas fiscales. En paralelo se aplicaron a una muestra de 30 trabajadores especialistas y 10 expertos que laboran en dichas instituciones bancarias la entrevista y la encuesta restante para conocer acerca de su operatividad ante dicha regulación y el trato hacia los clientes (en este caso el sector por cuenta propia). El grado de conocimiento y dedicación para poder evaluar si poseen un funcionamiento eficiente y eficaz se midió a través del cuestionario. En total se trabajó con una muestra de 140 individuos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los elementos que se exponen a continuación son resultado de las informaciones adquiridas en las principales instituciones bancarias analizadas y trabajadas en el estudio mediante el cuestionario, las entrevistas y las encuestas aplicadas tanto a TCP como a los especialistas y expertos que laboran en ellas. Además, se analizaron de forma conjunta sin delimitación o separación de los elementos obtenidos a través de los instrumentos de colectas de datos de la muestra examinada, pues todas las preguntas realizadas se encuentran interrelacionadas para obtener un resultado general a partir de los particulares.
El sistema financiero cubano lo conforma el sistema bancario como intermediario, compuesto por 10 instituciones bancarias y 20 no bancarias (González, 2019). De ellas, solamente 3 ofrecen productos y servicios a los TCP: Banco Popular de Ahorro (BPA), Banco Metropolitano y Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).
Las principales tendencias y opiniones de los trabajadores de las instituciones bancarias examinadas acerca de las cuentas fiscales son:
Las capacidades de prestación de servicios y de recursos materiales y humanos son la limitación fundamental. Se evidencia el descontento pues, una vez implementada la resolución, plantean que nadie verifica ni consulta con anterioridad la capacidad de los bancos para cumplirla. Explican que existen las mismas condiciones bancarias desde el inicio de la Revolución, es decir, consideran que no existe la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda existente. Entre las solicitudes están la capacidad de archivo y de almacenamiento de la información digital, la cantidad de trabajadores que procesen y, sobre todo, que garanticen la operatividad de las cuentas.
La existencia de diversos servicios e instrumentos bancarios diseñados para los pagos o egresos de las cuentas en el sector de TCP, pero para las entradas o ingresos todos son en efectivo o dinero líquido. Esto limita el desarrollo de la gestión financiera, de ahí la necesidad de buscar opciones de comercialización por vías no efectivas entre los propios actores económicos y el sector comercial (empleo de cheques prefijados, tarjetas magnéticas, entre otros).
Las cuentas fiscales no poseen un uso práctico debido a todas las limitaciones que tiene aún el sector privado, por ejemplo, la evasión fiscal, porque no desean que le fiscalicen lo que perciben. No hay una limitación objetiva, todo es subjetivo.
La inexistencia de un límite para las operaciones de los TCP. Ellos poseen cuentas corrientes y estas no tienen ningún límite, lo que sí tiene límite es la tarjeta magnética, como una forma de protección que coloca el propio dueño de la tarjeta. El límite no es obligatorio, sino a petición del cliente, lo que el banco lo ofrece como forma de seguridad por si roban la tarjeta, la jaquean, la duplican, la clonan u ocurre algún imprevisto. El efectivo depositado se puede extraer cada vez que se estime conveniente, no tiene limitante.
El modelo de origen y destino es una práctica internacional de protección a los sistemas financieros; no está asociado a una actividad específica, se aplica a todas. Se resalta que es bueno desarrollarlo porque existe mucho dinero de procedencia dudosa que pudiera estar asociado a corrupción y negocios ilícitos que se insertan en los bancos y se convierte en dinero bueno. Los límites de este modelo oscilan sobre los 10 000 CUC o 30 000 CUP.
Los TCP son obligados a tener un saldo mínimo de dos cuotas sobre el valor de los ingresos personales.
Cualquier persona puede depositar en la cuenta bancaria fiscal, pero el mecanismo para extraer el efectivo es totalmente diferente. Para esto existen dos tipos de autorizaciones:
Una opción es que se debe realizar una declaración de las personas encargadas de llevar los estados de cuentas para que tengan acceso a la cuenta fiscal y a todos los documentos necesarios, por ejemplo, tenedores de libros, gestor de cuentas, etc.
Otra es designar a una persona para realizar las operaciones. Debe ser legalmente, a través de un poder notarial con la firma autorizada del dueño de la cuenta para que le permitan tener acceso a la extracción de efectivo.
Las principales tendencias y opiniones desde la perspectiva de los TCP fueron las siguientes:
El 86 % del total de la muestra de cuentapropistas coincide que en la Resolución 904 (Ministerio de Finanzas y Precios, 2018a), referente a las cuentas fiscales, existe una concepción errónea de dicha ley que genera una serie de mecanismos y regulaciones que en sí mismas, por las contradicciones que presentan o la falta de claridad en lo que regulan, conllevan a un comportamiento irregular tanto de los decisores del sistema bancario y de los funcionarios de la ONAT al no exigir y controlar el cumplimiento de la ley como de los gestores no estatales al evadir las disposiciones establecidas.
El 14 % restante está de acuerdo con lo estipulado en la ley y con su implementación como mecanismo de control vinculado a la contabilización de las actividades tanto de los ingresos como de los gastos y, además, por viabilizar la información en cierta medida.
Una de las deficiencias más imperantes que resaltan es la falta de infraestructura en los bancos para la demanda existente y de condiciones en la sociedad para utilizar todos los instrumentos bancarios existentes, tanto por parte de los cuentapropistas como del sector comercial. Es por ello que debe consensuarse su aplicación y desarrollo.
Como resultados generales se obtiene que la operatividad del Banco Metropolitano, de BANDEC y de BPA es similar. No se encuentran lo suficientemente organizados e informados con relación a las cuentas fiscales, pero sí en disposición de actualizarse continuamente para poder ofrecer un servicio más eficiente y completo.
En el país, principalmente en la provincia de La Habana, se evidencia la generalización del desempeño de la actividad privada, que es favorable, pero con ciertas limitaciones y variaciones continuas, dados los cambios en las regulaciones por parte del Estado.
Dado el contexto actual de Cuba, en la relación entre el sistema bancario y los TCP existe un gran margen de posibilidad para un comportamiento irregular por parte de ambos entes económicos debido a que:
Los TCP están obligados a depositar los ingresos generados en el ejercicio de la actividad, con excepción de un fondo para pagos de menor cuantía o de imprevistos, por importes hasta del 35 %. De ahí se derivan las siguientes interrogantes: ¿es suficiente un 35 % de fondo de efectivo para pagos de menor cuantía o imprevistos para cualquier tipo de negocio? y ¿con qué frecuencia se debe depositar? No hay certeza alguna de la información, todo queda a la subjetividad de las personas.
La propuesta de BANDEC de incrementar las fuentes de pago en los mercados, en el comercio y en la prestación de los servicios para los movimientos de las cuentas bancarias puede provocar falsificaciones de documentos e instrumentos bancarios en el proceso, tanto por parte de los bancos como de los TCP.
Las formas de verificar si las declaraciones de los cuentapropistas sobre sus ingresos son reales o no son insuficientes.
Las instituciones financieras bancarias y los cuentapropistas pueden llegar a ser cómplices de actos ilícitos para agilizar el procedimiento. Una vía posible es el soborno.
Los cuentapropistas junto con los trabajadores de la ONAT y hasta los propios tenedores de libros que contratan pueden evadir declaraciones de ingresos y procedimientos en el transcurso de la operación.
Lo antes expuesto demuestra la necesidad de propuestas para perfeccionar las relaciones financieras entre los TCP y el sistema bancario, en aras de minimizar cualquier comportamiento irregular, por ejemplo, el desarrollo de una contabilidad simple, acompañada de un balance general y un estado de rendimiento financiero práctico por parte de los cuentapropistas. Además, debe implementarse un mecanismo de comercialización por vías de la no utilización extensiva del efectivo y expandir el uso de otros instrumentos bancarios en el comercio, desarrollarse habilidades tecnológicas, crearse las condiciones de infraestructura necesarias en los bancos, ofrecer servicios de asesoramiento a los cuentapropistas que complementen la actividad de las instituciones financieras bancarias y aumenten su cartera de servicios, elevar la cultura contable-financiera en los clientes, etc.
De ahí la importancia del análisis y la evaluación de los impactos y efectos de las interrelaciones entre los TCP y el sistema bancario desde la mirada analítica de las finanzas conductuales que hacen énfasis en la manera de comportarse las personas y el cómo y porqué de su toma de decisiones en materia financiera, a partir de los diversos factores que influyen en ellas. Esta rama de las finanzas tiene una relación muy estrecha con otras ciencias como la psicología y la sociología, pues la conducta humana constituye el eje central del análisis y de eso parece saberse muy poco aún, en especial en áreas como la economía y las finanzas, donde el comportamiento de los agentes económicos puede afectar elementos tan importantes como los precios y la competitividad de los mercados. Este enfoque debe considerarse en los procesos de análisis y toma de decisiones relacionadas con las transformaciones internas y externas que evidencian la resistencia al cambio tanto de la sociedad como del propio gobierno. Algunas causas pueden ser la limitación de recursos monetarios y la influencia de personas metódicas (Alcalá, 2011).
Se evidencian comportamientos irregulares, tanto de los cuentapropistas como de las propias instituciones financieras bancarias, así como un ambiente tenso entre ambos actores económicos con el gobierno y otros organismos superiores por el nivel de incertidumbre. La sociedad siempre buscará el punto de inflexión del problema o la solución para facilitarse y aumentar las expectativas y ambiciones a cualquier costo, incluso si depende de su propio riesgo.
En sentido general, el sector cuentapropista tiene un gran impacto en la economía cubana si se tiene en cuenta su capacidad para generar empleo y valor agregado. Según informaciones recopiladas en la ONAT, al cierre del año 2018 hubo un total de 4 474 800 trabajadores ocupados, de ellos 580 828 cuentapropistas para un 12,98 %. Del total de gestores no estatales, el 29 % son jóvenes y el 34 % mujeres, el 15 % labora también en el sector estatal y un 10 % son jubilados (González, 2019). De esta forma se minimiza el excedente de personas desempleadas en la gestión estatal, se asegura un salario y una fuente de entrada monetaria a las familias, muy por encima de la población en general, que obtiene un salario medio de 800 CUP mensuales en la provincia de La Habana (González, 2019). Asimismo, es una opción para los jóvenes, los cuales pueden obtener un trabajo de medio tiempo para lograr mayor independencia y responsabilidad. No obstante, pueden trabajar todo tipo de personas sin restricción de edad. Debe señalarse, además, que el sector privado puede contribuir al progreso local no solo de manera indirecta a través de los impuestos, sino también directamente al satisfacer las necesidades de consumo.
CONCLUSIONES
La investigación muestra el análisis de la relación entre el sistema bancario y el sector privado en Cuba desde la temática de la aplicación de las cuentas fiscales, con énfasis también en la repercusión de las finanzas conductuales según las nuevas regulaciones establecidas. Entre los principales objetivos que han motivado el estudio desde este prisma destacan dos: la medición de su tamaño y la definición de sus causas y efectos con vistas a lograr una reducción del comportamiento irregular.
La aplicación de las nuevas normativas referentes a las cuentas fiscales ha provocado un gran descontento tanto para el sector privado como para el sistema bancario. En el caso del primero, alegan que entre las regulaciones establecidas hay incoherencia y ausencia de un fácil entendimiento. También resaltan una gran preocupación por la falta de infraestructura en los bancos ante la demanda existente y la deficiencia en la sociedad para utilizar los instrumentos bancarios actuales. Por su parte, los trabajadores (especialista y expertos) de las instituciones financieras bancarias reflejan su preocupación por el desarrollo de nuevas resoluciones sin verificar o consultar con antelación la capacidad de los bancos encargados de desarrollar dicha actividad (BPA, Banco Metropolitano, BANDEC, principalmente los dos primeros). Además, expresan que las cuentas fiscales no poseen un uso práctico por todas las limitaciones que tiene aún el sector privado.
El enfoque de las finanzas conductuales ha contribuido a la formalización de las relaciones causales entre la dimensión del comportamiento irregular de los TCP y determinadas variables, como la presión fiscal, la rigidez del mercado laboral, la capacidad inspectora y reguladora de los sistemas fiscales y más recientemente por las actitudes de la sociedad hacia el fraude. El 95 % de los TPC entrevistados y encuestados coinciden en que la base que motiva la realización de prácticas irregulares tiene como objetivo reducir las cargas fiscales y los compromisos derivados del cumplimiento de la normativa a la que están sometidos, decisiones que permiten eliminar o reducir ciertos costos. Por otra parte, el 86 % de los trabajadores bancarios alegan que siempre que se regule algo que vaya en contra de lo natural y lógico del funcionamiento de esa actividad se caerá involuntariamente en un comportamiento irregular.
