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Introducción
La construcción del modelo machista de la sociedad nació en la antigüedad, donde la población femenina fue degradada, inclusive hasta el siglo XIX la mayoría de las sociedades a nivel mundial no habían reconocido los derechos civiles y políticos de las mujeres, hasta la actualidad algunos países del mundo han atropellado sus derechos, violación sistemática en cierta medida, que ha impedido un mayor desarrollo de este género y que ha llevado a que la cultura de superioridad de ciertos sectores de la población masculina, crea que la violencia contra la mujer es algo común que puede culminar con un crimen tan atroz como el femicidio.
El asesinato de una mujer por razón de su sexo, es una forma de violencia machista que generalmente se conoce como femicidio (Legarde, 2013). Desarrolló esta concepción a partir de los postulados de Russel y Radford. La responsabilidad de estos crímenes radica en los gobiernos de turno, porque no pueden ser permisivos ante la violencia sin límite en un estado de derecho, más aún cuando no hay castigo inmediato para los criminales, ni prevención para los mismos, favoreciendo la impunidad.
Para el análisis de esta alteración psico-emocional que aqueja la sociedad latinoamericana, en la que también se encuentra inmerso el Ecuador, se debe recalcar que los patrones culturales traspasados de generación en generación han generado que no se pueda superar con la premura que amerita el femicidio, debido al déficit en el sistema educativo que no inculca los valores de igualdad y respeto entre las personas de distintos sexos, donde la peor parte la recibe la mujer considerada como el ser que debe vivir bajo la sumisión de la población masculina, afectando a la población infantil y generando que algunos hombres adultos pongan en práctica la violencia de género y los crímenes en cuestión. En este sentido interesa analizar la incidencia de femicidio en el Ecuador y en la provincia del Guayas.
Desarrollo
Es necesario revisar la incidencia mundial, regional y nacional sobre el femicidio para concientizar a nuestra sociedad sobre el grave problema que aqueja y que va increcendo en nuestra sociedad y, por consiguiente, enfocar los factores determinantes que lo están ocasionando y, a su vez, visualizar soluciones futuras especialmente en el país, por ello se revisará las estadísticas de los últimos años, rescatados de los archivos del DINASED.
El término Femicidio está relacionado con el de Gendercide o genericidio, que fue utilizado por Mary Anne Warren en 1985 en su obra Gendercide: The Implications of sex selection, y que es un neologismo que se refiere a la matanza sistemática de los miembros de un mismo sexo (Valcárcel, 2009).
Femicidio según diversa literatura, empieza a utilizarse en los años 60 a consecuencia del brutal asesinato, el día 25 de noviembre, de 3 mujeres dominicanas (las hermanas Mirabal, Patricia Minerva y Teresa) por el servicio de inteligencia militar de su país, pero quien lo utilizó públicamente por primera vez, ante una organización feminista que fue denominada Tribunal de Crímenes contra la Mujer y que se celebró en Bruselas, en 1976, fue Diana Russell; en esta conferencia inaugurada por Simone de Beauvoir, alrededor de 2000 mujeres de 40 países diferentes dieron su testimonio y refirieron las múltiples formas en que se manifiesta la violencia sobre la mujer (Rowbotham, 2001).
En su discurso, la propia Russell reconoció que el término femicidio ya existía, pues había sido utilizado en la obra A Satirical View of London de J. Corry en 1981 (Russell, 2001). Rusell, junto a Jane Caputi, definieron el femicidio como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivados por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres, y más tarde, en 1992, junto a Jill Radford definió el femicidio como el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres (Radford & Russell, 2006). Por su parte, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos lo define como la muerte violenta de mujeres, asesinato, homicidio o parricidio, por el hecho de ser mujeres. (Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos & Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008).
En el plano teórico se viene admitiendo como lo menciona (Gamba, 2012), que el femicidio “es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género”, que ocurre tanto en el ámbito privado como público y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus pareja, ex parejas o familiares, las asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida.
La ONU presentó en Panamá la primera edición de un documento que busca apoyar en América Latina a los encargados de la investigación y persecución penal de los responsables de la muerte violenta de mujeres por razones de género (Toledo, 2013).
Un informe, denominado Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género fue elaborado durante dos años por expertos internacionales, que se ha convertido en un fenómeno global de proporciones nunca imaginadas. La representante regional de Naciones Unidas explicó que el modelo de protocolo concierne no solo a los fiscales sino también a los jueces, a la policía Judicial y a los peritos porque lo que se quiere es garantizar los derechos de las víctimas. Según datos estadísticos de las entidades que administran justicia, en el mundo se registran anualmente 65.000 muertes por femicidio, un alto porcentaje de ellos en los países latinoamericanos.
En Argentina, en el primer semestre de 2012, se registraron 119 muertes violentas de mujeres, en el Ecuador se dieron 234 casos ese mismo año, mientras que en El Salvador en los primeros 4 meses de 2013 hubo 64 femicidios y en Panamá se dieron 20 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2014 (Organización de Naciones Unidas, 2014).
Según la OMS más del 38% de las muertes violentas de mujeres ocurridas en el mundo en el 2013, fueron cometidas por su pareja. Algunos estudios también evidenciaron que los gastos sanitarios ocasionados por la violencia en los Estados donde ocurren estos crímenes, representan más del 5% del PIB (Organización Mundial de la Salud, 2012). La preocupación radica sobre todo cuando el estado no responsabiliza a los autores por esos hechos y cuando no se determina quién es el responsable, se crea la percepción de que estas conductas son permitidas y no son sancionadas.
La directora para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, Anna Coates, dijo que el femicidio es una manifestación extrema de la desigualdad de género y de violencia que afecta a la sociedad actualmente y que va en aumento en Latinoamérica. Expresó que al menos 2.200 mujeres y niñas fueron asesinadas en los últimos diez años en Guatemala, México y Perú y que muchos de estos asesinatos fueron precedidos por abuso sexual y tortura (Organización de Naciones Unidas, 2017).
Ante esta realidad se precisa un llamado de atención a quienes deben ejercer justicia enviando un mensaje de no tolerancia y no a la impunidad. Según la ONU Mujeres, desde 2007, varios países latinoamericanos empezaron a tipificar el feminicidio o femicidio como tal y lo incluyeron en las leyes especiales para proteger a las mujeres, mientras que otros hicieron reformas legislativas para incluir ese delito en sus códigos penales. (Organización de Naciones Unidas, 2017).
Una desgarradora estadística la difundió en octubre de 2016, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (2016), cada día mueren en promedio al menos 12 mujeres latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujer. De acuerdo con el Observatorio de la Igualdad de Género de América Latina y el Caribe OIG de las Naciones Unidas, en el 2014, en 25 países de la región, un total de 2089 mujeres fueron víctimas de femicidio. Honduras fue el país de la región con mayor número total de femicidios (531 en 2014) lo cual representa 13.3 femicidios por cada 100.000 mujeres. Las tasas más altas a nivel regional corresponden a El Salvador y República Dominicana. En términos de números absolutos, Argentina y Guatemala se ubican en segundo y tercer lugares con más de 200 femicidios cada uno en 2014 (Organización de Naciones Unidas, 2015).
El Observatorio de la Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas aclara que esas cifras corresponden a la cuantificación anual de homicidios de mujeres de 15 años de edad y más, asesinadas por razones de género y que dependiendo del país, se puede denominar femicidio, feminicidio u homicidio agravado por razones de género (BBC Mundo, 2016) recopiló algunas estadísticas e indicadores más recientes disponibles de cada país, tomando en cuenta diferentes fuentes, para aproximarse a una realidad que trasciende los números para convertirse en uno de los principales problemas de salud pública de la región.
La violencia contra las mujeres es un grave problema que afecta al Ecuador y que va en aumento. Según la encuesta demográfica y de salud materna e infantil ENDEMAIN 2004 (República del Ecuador. Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable, 2005), el 41% de las mujeres alguna vez casadas o unidas entre 15 y 49 años reportó haber recibido maltratos verbales o psicológicos; el 31% violencia física; y, el 12% violencia sexual por parte de alguna pareja o ex pareja.
En la legislación penal se ha incluido un nuevo delito que sanciona la violencia ejercida contra las mujeres por ser mujeres, o por su condición de género, que se conoce con el nombre de femicidio o feminicidio. Esta es indudablemente la respuesta a un problema que ha adquirido grandes dimensiones en el país, pese a la existencia real de delitos cuyas víctimas directas son las mujeres, la legislatura demoró en introducir la figura penal en el catálogo de delitos. En vista de que no existía una norma punitiva específica no se contaba tampoco con mecanismos de investigación y sanción de los ataques, la sistematicidad y la reincidencia, convirtiendo así en ineficaz la protección integral de los bienes jurídicos tutelados: la vida y la integridad personal de las mujeres.
La Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en el informe para segundo debate del proyecto del COIP, de fecha 4 de octubre del 2013, reconoce que la normativa internacional mencionada que se relaciona con el tema de violencia o discriminación contra la mujer, es antecedente para tipificar el femicidio y lo califica como un avance para luchar contra la violencia que sufren las mujeres, para evitar la impunidad y visibilizar un problema oculto, desatendido y extremadamente grave cuya dimensión no se logra comprender todavía. Por consiguiente, para el órgano legislativo este nuevo delito se encontraría íntimamente ligado con la violencia en contra de las mujeres (República del Ecuador. Asamblea Nacional, 2014).
Es importante mencionar que el estudio del femicidio en el Ecuador, publicado por la Comisión de Transición de las Mujeres y la Igualdad de Género, señala que las violencias en contra de las mujeres no son hechos fortuitos y aislados sino prácticas generalizadas y sistemáticas llevadas a cabo por los varones para controlar, intimidar y subordinar a las mujeres. El factor de riesgo es la diferencia sexual, o sea ser mujer. Entonces el femicidio es el producto de un sistema estructural de opresión y las muertes en ese entorno son la forma más extrema de terrorismo sexista motivado, mayoritariamente, por un sentido de posesión y control sobre mujeres. (Comisión de Transición de las Mujeres y la Igualdad de Género, 2016).
Por otra parte, el femicidio presenta rasgos de misoginia y desigualdad severa, por lo que puede estar combinado con formas de tortura, mutilación, saña y se basa en razones asociadas al género de las víctimas (República del Ecuador. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2006).
El art. 141 describe el femicidio en los siguientes términos: la persona que, como resultado de las relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años (República del Ecuador. Asamblea Nacional, 2014).
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) registra también un aumento de femicidios en Ecuador en lo que va de este año. Esta organización contabiliza 80 casos desde el 1 de enero hasta 22 de junio de 2017. En 2016 anotaron 118 femicidios en total. De los 80 femicidios en los primeros seis meses de este año, 42 se han registrado en la costa, 33 en la sierra y 5 en el oriente. Guayas con 19, Pichincha con 15, Manabí con 8, Azuay con 7 y los Ríos con 6, ocupan los primeros lugares indica César Duque, asesor jurídico de la CEDHU. De los 80 casos de lo que va del año, 29 estarían en indagación previa (investigación); 30, en instrucción fiscal (investigación del presunto delito por parte de la Fiscalía); 2 casos con sentencia ejecutoriada; 3 casos con sentencia de apelación; 6 casos ante tribunales y en 10 casos, los acusados se suicidaron, indica la entidad (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2017).
En 2016, en cambio, de los 118 que registró la CEDHU, 65 se dieron en la costa, 46 en la sierra y 7 en el oriente. En este año, la mayoría de casos se registró en la provincia de Pichincha, con 24 femicidios; seguido de Guayas con 22 y Manabí con 15. De los 118 casos del 2016 hay 20 casos en indagación previa, 30 en instrucción fiscal, 14 con sentencia ejecutoriada, 13 con sentencia en apelación, 18 ante tribunales, 1 sentencia en casación, 1 sobreseimiento. También constan 2 casos con llamamiento a juicios, que quedaron suspendidos por la fuga del responsable. De ahí, en los 19 restantes, los autores se suicidaron, según la información estadística de la CEDHU.
Considero que es motivo de profunda preocupación de la sociedad ecuatoriana y en especial de la Facultad de Jurisprudencia la magnitud de este mal que azota día a día a la mujer de nuestro país.
Derecho Comparado
En Bolivia, el femicidio se castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto; en Panamá, las penas son de 25 hasta 30 años de cárcel, según las circunstancias; en Nicaragua y Perú, el delito está tipificado de 15 a 20 años; con 30 a 60 en Guatemala, México y Colombia y con prisión perpetua en Chile y Argentina, según datos de la ONU (BBC Mundo, 2016).
El Ministerio Público indicó a la BBC Mundo, que en Paraguay no existe la tipificación penal del femicidio, por lo cual se busca aplicar la máxima pena para este tipo de casos a través del tipo penal Homicidio Doloso (BBC Mundo, 2016).
En el 2015, la entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff firmó una nueva ley que tipificaba el femicidio y establecía penas más duras para los autores. Según el reporte Mapa de la Violencia 2015, Homicidio de Mujeres en Brasil de la organización intergubernamental Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Brasil posee la quinta tasa de femicidio más alta del mundo (Waiselfisz, 2017).
A continuación se ilustran las estadísticas con gráficos para poder tener una idea más clara de la incidencia de las personas que cometen este crimen de femicidio, crímenes que se resuelven en forma muy lenta por parte de la justicia o quizá por falta de recursos de parte de los familiares de las víctimas o, porque el estado no responde en forma eficaz y eficiente como reza en la Constitución de la República (figura 1).
El femicidio en Latinoamérica presenta cifras alarmantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ONU Mujeres, cuyas cifras arrojaron incrementos en algunos países como Brasil por ejemplo que ha participado con la cuarta parte (23%) del total de estos delitos en esta región incrementando su participación en el 2015 al 29%, mientras que en el 2016 subió al 39%, ocupando además el primer lugar del ranking femicida entre los países latinoamericanos (figura 2).
El Salvador fue el segundo país en el ranking de femicidios en el 2015 con 18% y en el 2016 con 30% a pesar que Honduras (19%) siguió a Brasil en el 2014, en el primer país en mención se observó crecimientos del 16% y 12% en el nivel de participación en los años 2015 y 2016. Esto refleja que la situación jurídica y social con relación al femicidio en Latinoamérica toma cada vez mayor importancia (figura 3).
Fig. 4 Casos de femicidio en el Ecuador según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) por regiones en el año 2016 - 2017.
Referente a los casos de femicidio (figura 4) que se han presentado en el periodo 2016 y 2017 se obtiene una reducción de dos puntos en la región Costa, en la región Sierra se evidenció un incremento de dos puntos, mientras que en el Oriente se presentó igual participación en los dos años en análisis, sin embargo se destaca que las cifras tomadas del 2017 de los Casos de femicidio en el Ecuador según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de enero a julio (80 casos), por lo tanto en el presente año se han incrementado en un porcentaje considerable los índices de femicidio, cifras que preocupan a la población ecuatoriana.
Fig. 5 Casos de femicidio en el Ecuador según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) en el año 2017 por provincias (Cinco primeros lugares de las provincias).
Considerando los casos de femicidio por provincias en el 2017 (figura 5) se obtiene que la provincia del Guayas es la de mayor participación con un total de 19 en los meses de enero a julio de acuerdo a las estadísticas de la CEDHU, en segundo lugar se encuentra Pichincha con 15 casos, en tercer lugar la provincia de Manabí con 8 casos, Azuay con 7 casos y Los Ríos con 6 casos que constan en el sistema penal ecuatoriano, demostrando que en la región costa y sierra se presenta el mayor índice de femicidios,
Fig. 6 Casos de femicidio en el Ecuador según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de cómo quedaron en la justicia ecuatoriana en el año 2016 - 2017 por regiones.
Con relación a los casos de femicidio en el Ecuador según la CEDHU del estado en que se encuentran en la justicia ecuatoriana en el periodo del 2016 con 118 casos se indica que el 25% fue considerado por Instrucción fiscal, el 17% por Indagación previa, en el 16% de los casos se obtuvo Suicidio del autor, en el 15% se encuentra en conocimiento de los tribunales, mientras que en el 4% de casos se presentaron como sentencia de casación, sobreseimiento y Llamamiento a juicio. Mientras que en el periodo del 2017 de enero a julio (80 casos), se obtuvo como resultado 31% de casos de Indagación previa superando en 14 puntos la estadística del año anterior, el 19% presentó suicidio del autor del femicidio, el 19% de los casos se encuentra en los Tribunales y tan solo el 3% han recibido una sentencia ejecutoria, mientras que un 14% se encuentra en Sentencia de apelación (figura 6).
De acuerdo a los casos de femicidio en la Provincia del Guayas se ha obtenido que en el 2016 se presentó 4 casos en los Distritos Durán, Samborondón, Esteros y Florida, mientras que en el 2017 fueron 5 casos en diferentes sectores de la provincia (Durán, Samborondón, Penitenciario, Pascuales y en Nueva) con un caso en cada sector, referente al tipo de arma utilizado por el agresor para cometer el homicidio fue arma blanca en dos casos y arma de fuego en dos casos en el 2016, en el 2017 el arma utilizada fue arma blanca, constructora y otros desconocidos, la principal motivación de los homicidas fue de carácter sentimental (3 casos) y maltrato (1 caso) en el segundo año en análisis la motivación fue sentimental (3 casos), maltrato (1 caso) y emocional (1 caso), demostrando que en la mayoria de los homicidios el responsable fue el conviviente, ex conviviente o el novio, mientras que en un caso el culpable fue un tío de la víctima (figura 7).
Para conocer el criterio de los familiares de las personas involucradas en el delito de femicidio se ha considerado la aplicación de una encuesta, la misma que se consta de siete preguntas estructuradas sobre los delitos cometidos y el nivel de satisfacción de los involucrados con la aplicación de la ley en los delitos cometidos, como dato característico se indica que el 80% de los encuestados fueron mujeres y el 20% de los participantes representan el género masculino (figura 8).
Se consultó a los involucrados su conocimiento sobre los delitos contemplados en la ley contra el femicidio otras formas de violencia contra la mujer obteniendo que el 55% asintió positivamente, mientras el 45% manifestó lo contrario, referente a la necesidad de aplicar penas con mayor severidad en los casos de femicidio el 95% está de acuerdo en esta interrogante, el 65% señala que mediante la tipificación del femicidio en el país y los cambios que se han presentado en el escenario actual no se han presentado los cambios esperados, el 85% indica que la justicia no brinda las suficiente herramientas para proteger a una mujer que sufre maltrato y que no se le proporciona ayuda a los sobrevivientes de la violencia, el 85% considera que los hombres agresores tienen una enfermedad mental, mientras que el 90% manifiesta que no es justificable que una mujer siga viviendo con un hombre que la golpea.
De acuerdo a la información obtenida como hallazgo del estudio se observa la insatisfacción de los familiares de las personas involucradas en el delito de femicidio porque consideran que la tipificación actual no ha sido suficiente para que los homicidas paguen por el delito cometido, además señalan que se debe establecer penas con más severidad y ofrecer el respaldo a las mujeres maltratadas para evitar que puedan ser las próximas víctimas de femicidio, además se considera necesario que las mujeres golpeadas reciban asesoría judicial para enfrentar esta situación de maltrato que puede convertirse en femicidio.
Los resultados obtenidos evidenciaron varios hallazgos importantes, entre los cuales se cita que Brasil fue el país con mayor porcentaje de femicidios en los años 2014, 2015 y 2016, con 23%, 29% y 39%, respectivamente, en la región latinoamericana, seguido de Honduras en el 2014 (195) y de El Salvador en el 2015 (18%) y 2016 (30%), Ecuador que participó con tan solo el 3% en el 2014 y 2% en el 2015, de estos crímenes en Latinoamérica, se incrementó al 8% de representatividad en el 2016, con un incremento de este tipo de crímenes en el orden del 162% en este último periodo en mención, destacando que fue el país de esta región con mayor aumento en el índice de femicidios.
En el Ecuador, en el año 2016, la incidencia del femicidio fue mayor en la costa con 55% de participación, versus 39% de la sierra, manteniendo la región Litoral el primer lugar en el ranking de este tipo de crímenes en el 2017, con el 53% de participación, donde la provincia del Guayas ocupa la primera posición con 35% de representatividad a nivel nacional y las dos terceras partes en la región costera.
El femicidio en nuestro medio está marcando como un fenómeno social de graves consecuencias, que ha llegado a discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, provocando la muerte mediante la violencia psicológica, verbal y por último física, como lo señaló Rowbotham (2001), en su momento.
Solo el 12% de los casos de femicidio que ocurrieron en Ecuador en el año 2016, tuvieron sentencia, la mayor parte de ellos (42%) se encontraban en indagación previa e instrucción fiscal, similares hallazgos fueron encontrados en el 2017 en el periodo comprendido entre enero a agosto, donde el 50% de casos están en las fases de indagación previa e instrucción fiscal y solo el 5% han recibido sentencia, significando ello que la limitada celeridad procesal puede ocasionar que los actores se alejen del proceso judicial y lo abandonen, lo que incrementaría la impunidad en este tipo de crímenes.
El fenómeno de la impunidad, que ha sido denunciado por varios años la organización (Organización de Naciones Unidas, 2017) y que corrobora lo señalada por Radford & Russell (2006); y Valcárcel (2009), en el sentido que “no se está sancionando a los criminales ni se está controlando adecuadamente en las sociedad latinoamericanas en términos generales”, lo que se observa con claridad en la administración de justicia ecuatoriana y de los Magistrados y Jueces que estuvieron a cargo de los casos de femicidio.
Se pudo conocer además que no hubo una arma específica para que el asesino mate a la víctima femenina, identificándose entre las mencionadas, los revólveres o pistolas, cuchillos o puñales, entre los más importantes, siendo la principal causa de este crimen, de tipo sentimental, por lo que el femicida generalmente fue el conviviente en el 75% de los casos o el ex conviviente en el 20% de los femicidios, coincidiendo con la información que señala Toledo (2013), para quien “los criminales que asesinan a las mujeres, son casi siempre sus propios cónyuges o ex - cónyuges”.
De esta manera se pudo cumplir con el objetivo general, identificándose una incidencia en el 2016, del 8% de femicidios en el Ecuador con relación a Latinoamérica, mientras que a nivel nacional, la región Litoral participó con el 53% de estos crímenes, siendo la provincia del Guayas la más representativa porque ocupó el 35% a nivel nacional y el 66% a nivel de la costa, evidenciándose un crecimiento del femicidio en el país, en el orden de más del 100%, del 2015 al 2016.
Este fenómeno social se ha dispersado por todo el mundo y es importante tener en cuenta que donde más ha tomado cuerpo es en América Latina, entre los países que están en vías de desarrollo y, por lo tanto, no poseen suficientes recursos económicos para destinarlos a la erradicación de este delito, además, es en estos países donde la población tiene poca o ninguna instrucción y con un desarrollo cultural de inicios de siglo donde se mantenía el patriarcado y, por lo tanto, ahí inicia la supremacía de género con las consecuencias que las vivimos hoy en día, con los estados de derecho que no aplican las leyes en forma oportuna.
Conclusiones
Ecuador fue el país que mayor crecimiento del femicidio presentó en el año 2016, con 162% de aumento, incrementando su participación en Latinoamérica de 3% en el 2015 a 8% en el 2016, donde Brasil y El Salvador participaron con las dos terceras partes de los casos de femicidio en la región latinoamericana, pero su nivel de incremento fue inferior al de nuestro país.
La región Litoral o Costa fue la de mayor incidencia de femicidio en el Ecuador, con 55% en el 2015 y 53% en el 2016, ocupando la provincia del Guayas el primer lugar en el ranking provincial de este tipo de crímenes, con la tercera parte a nivel nacional y las dos terceras partes en el litoral ecuatoriano, justificando el desarrollo del estudio en esta localidad.
La problemática de la impunidad se encuentra implícita en los casos de femicidio en el Ecuador, debido a que solo 12% de estos casos tuvieron sentencia de primera, segunda o tercera instancia en el 2016, porcentaje a que a pesar de ser muy bajo, fue superior al 5% de casos resueltos en el 2015, evidenciando la limitada celeridad procesal de los órganos que administran justifica en el país.
La mayor incidencia de criminales femicidas, fueron los convivientes que ocuparon las tres cuartas partes de participación directa en el crimen, la quinta parte correspondió a los ex convivientes, quienes actuaron por cuestión sentimental, atacando en la mayoría de casos con armas blancas y de fuego.
La problemática del femicidio está cobrando cada día mayor importancia en la sociedad ecuatoriana y latinoamericana, debido al crecimiento de estos crímenes a nivel nacional, cuyo fenómeno afecta directamente al desarrollo de la población femenina y se opone a los principios constitucionales, por lo que es necesario que el Estado a través del cumplimiento de la legislación en materia penal impida la impunidad de los criminales y controle adecuadamente el orden social para ofrecer calidad de vida digna a las mujeres del Ecuador.
