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Introducción
El Secretario de la Organización de Naciones Unidas Antonio Gutiérrez el 8 de marzo del 2017 en su mensaje expresó que “debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”. (Organización de Naciones Unidas, 2017)
Los Estados de América Latina y el Caribe a lo largo de cuatro décadas han participado como protagonistas en las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ha colocado en el centro de sus debates la superación de las desigualdades de género, el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres.
La primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, fue celebrada en La Habana, en 1977, y la más reciente la XIII Conferencia de Montevideo en 2016, siendo escenarios de importantes logros, como la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing. Los debates y propuestas de políticas públicas se han ido transformando conforme al contexto de la realidad actual, el objetivo central, que en los inicios constituía integrar a las mujeres al desarrollo se convierte hoy en nuevos retos, entre los cuales el desarrollo sostenible con igualdad de género ocupa un lugar privilegiado.
Valga decir que la propuesta de la decimotercera versión de la Conferencia Regional de Montevideo tuvo como paradigma del debate regional, la autonomía de las mujeres y la igualdad en la agenda de desarrollo sostenible. Articular los compromisos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y el diseño de políticas públicas en favor de la igualdad constituyó un propósito de la Conferencia que dio a la luz la Estrategia de Montevideo llamada a implementar la agenda regional de género en el marco del desarrollo sostenible. (Organización de Naciones Unidas, 2017)
La actual situación de América Latina y el Caribe, de la que Ecuador es parte nos muestra un escenario económico, político, social y ambiental incierto y menos favorable que años precedentes lo cual ha de ser avizorado como una oportunidad para transformar la trayectoria de su desarrollo, superando las desigualdades y la brecha existente entre los avances que han significado las legislaciones y la realidad cotidiana de las mujeres.
El propósito de esta investigación, es valorar el marco jurídico e institucional en que está inmersa la sociedad y la necesidad de producción de políticas públicas que permitan alcanzar la igualdad sustantiva y los retos que es necesario afrontar en la transformación del desarrollo, que ineludiblemente debe sustentarse en el enfoque de género en la esfera pública y privada con una mirada de transversalización, que no es otra cosa que desarrollar estrategias para reparar la posición desigual de las mujeres en las áreas críticas de preocupación, que incluye no solo la educación, y la salud, sino también la contribución de la mujer en la economía, los procesos de decisión política y el respeto a los derechos humanos
Proponemos además invitar a la reflexión sobre el freno al desarrollo humano que se genera al establecer políticas y programas ciegos al género y la prioridad institucional que debe otorgar el Estado en avanzar de manera firme y sostenida hacia el pleno ejercicio y la garantía de los derechos de las mujeres, como una condición del desarrollo sostenible.
El método de investigación es eminentemente cualitativo, observacional y con un análisis exegético en tanto se hurga en el marco jurídico regional y local con el fin de que emerja la perspectiva de género desde la legislación hasta la institucionalidad motivando la reflexión sobre su incidencia en el desarrollo humano sostenible.
Desarrollo
Introducir la perspectiva de género en todos los espacios es un imperativo de estos tiempos. Marcela Lagarde señala que el enfoque con perspectiva de género proporciona la capacidad de
. Desde este enfoque“enfocar, analizar y comprender las características que definen a mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias”
. (Lagarde, 1996)“se analizan las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, “también los conflictos institucionales y cotidianos que deben encarar y los múltiples modos en que lo hacen”
Esta categoría permite explorar la situación que experimentan mujeres y hombres en determinados contextos, pues ellos constituyen los actores principales de todo el desarrollo de la humanidad, por ende, es vital conocer sus problemáticas y proyecciones para lograr el avance de las sociedades contemporáneas. Lamentablemente, a lo largo de la historia, uno de esos grupos sociales ha padecido múltiples desventajas en relación al otro, las mujeres.
Si se tiene en cuenta que el 50% de la población planetaria lo representan las mujeres, y que están implicadas en la reproducción y en la creación de bienes materiales, es oportuno considerar el imperativo de la participación de la mujer en el desarrollo económico y social (Machado, Medina, & García, 2016).
Esa es la razón por la cual en América Latina y el Caribe desde hace cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen para debatir y comprometerse políticamente a erradicar la discriminación hacia las mujeres, las niñas y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres y las niñas. En 1928 en la primera conferencia celebrada en la Habana las mujeres por primera vez participan de forma oficial en la Conferencia Internacional Americana solicitando ratificar el Tratado sobre Igualdad de Derechos.
El tratado no fue ratificado, pero se creó la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). Vigente hasta la actualidad, que es el primer órgano intergubernamental del mundo creado expresamente con el propósito de asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres (Bareiro, 2013).
La creación de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en México, D.F. en 1975, son antecedentes fundamentales que contribuyeron a crear las condiciones a nivel regional para la construcción de una agenda de derechos y no discriminación y el establecimiento de organismos intergubernamentales especializados en los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.
Un importante aporte de esta Conferencia fue el estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la participación de las mujeres en el desarrollo y las medidas para eliminar toda discriminación que consagró a esta parte del mundo como pionera en la realización de importantes debates intergubernamentales sobre el mejoramiento de la situación y condición de las mujeres y la igualdad de género en el desarrollo.
A lo largo de las últimas 4 décadas se han celebrado 13 Conferencias y esta es la única región del mundo que tiene un órgano permanente de estas características, con un cúmulo de acuerdos y un lenguaje de enorme riqueza política y técnica, que configuran una hoja de ruta para las sociedades latinoamericanas y caribeñas marcadas por el principio de transversalidad del enfoque de género que compromete a los gobiernos en el empeño de superar la discriminación y el logro de la igualdad de mujeres y hombres.
El actual modelo de desarrollo se encuentra en un estado de agotamiento debido a la pérdida de dinamismo y la inestabilidad del sistema económico asociada a una tasa declinante de crecimiento de la producción y del comercio, y al desacople del sistema financiero, las desigualdades y tensiones causadas por la concentración de la riqueza y de los ingresos entre los países y dentro de ellos, con graves consecuencias sociales, políticas y económicas, y el riesgo de una crisis ambiental de grandes proporciones con efectos desastrosos para el planeta (Comisión Económica para América Latina, 2016).
Tanto las mujeres de los organismos gubernamentales como las pertenecientes al movimiento feminista y al movimiento amplio de mujeres, en el Consenso de Santiago y de Lima habían planteado que el desarrollo sostenible exige la integración explícita de la perspectiva de género y la urgencia de promover acciones que abarquen desde las políticas macroeconómicas hasta la paz, para fomentar el desarrollo sostenible con equidad e igualdad. En el Consenso de México, D.F. (2004) se acuerda que el pleno desarrollo se alcanza mediante medidas políticas, sociales, económicas y culturales que permitan el goce de todos los derechos, y se introduce la importancia de diseñar y ejecutar planes nacionales de desarrollo en todos los ámbitos del Estado, incluidos los recursos para financiarlos, tomando en cuenta la diversidad étnica, racial y generacional.
En este contexto, la incorporación de la perspectiva de género en todos los planes, programas y políticas como exigencia para el logro del desarrollo sostenible es un hecho desde el Consenso de Santiago en adelante, que es plenamente coherente con los nuevos desafíos a nivel mundial. La erradicación de toda forma de discriminación y de las desigualdades en el acceso a recursos y en el trabajo remunerado y no remunerado es una contribución esencial para la autonomía de las mujeres en las esferas pública y privada y una condición del desarrollo sostenible
Sin embargo, queda pendiente un mayor análisis desde la igualdad de género de los desafíos que los patrones de consumo y producción plantean a los países de la región, así como de los retos que la urgencia ambiental impone a la consideración específica de una perspectiva de igualdad de género en temas como el cambio climático, el uso del suelo, la energía, el agua y los fenómenos extremos de la naturaleza (Comisión Económica para América Latina, 2016).
Todas las Conferencias editadas en las últimas 4 décadas presuponen avances en el fortalecimiento de mecanismos nacionales para el desarrollo de la mujer con un fuerte impulso en la adopción de planes para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres, acciones y medidas para erradicar la pobreza e incrementar la participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones y en el poder; y la implementación de políticas públicas que inserten a las mujeres al desarrollo económico y social y a la protección del medio ambiente. Estos compromisos logrados es lo que se ha dado en llamar Agenda Regional de Género.
La Agenda Regional de Género comprende los compromisos de los Gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres, y que se constituye en una agenda abierta hacia el futuro, que incorpora de manera dinámica los nuevos compromisos y obligaciones asumidos por las naciones a tenor de las Conferencias de la mujer en la región a lo largo de 40 años. Este cuerpo de acuerdos se vincula y entrecruza con la agenda de los movimientos de mujeres y feministas de la región, que han tenido un destacado papel de incidencia, retroalimentación y seguimiento de dichos compromisos
En reunión de la Mesa Directiva, celebrada entre el 26 y el 28 de enero de 2016 en Santiago, se acordó diseñar una estrategia para la implementación de los compromisos asumidos por los Gobiernos en la Agenda Regional de Género para América Latina y el Caribe, en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Decimotercera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Montevideo, del 25 a 28 de octubre de 2016 tuvo como centro de discusión la puesta en marcha de los ejes para la implementación de políticas públicas destinadas a eliminar las desigualdades de género y garantizar los derechos humanos y la autonomía de las mujeres en toda su diversidad.
Los ejes de implementación lo constituyen: 1. Marco normativo, 2. Institucionalidad, 3. Participación, 4. Construcción y fortalecimiento de capacidades, 5. Financiamiento, 6. Comunicación, 7. Tecnología, 8. Cooperación, 9. Sistemas de información y 10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas (Comisión Económica para América Latina, 2016)
Estos ejes de implementación acordados constituyen las Estrategias de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030. Su fin ha sido contribuir al establecimiento y la sostenibilidad de las políticas sectoriales y transversales orientadas a eliminar las desigualdades de género y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las mujeres, sin discriminación.
El marco normativo, comprende la base jurídica, legal y de política relativa a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Es el conjunto de leyes, políticas, planes de igualdad, instrumentos de planificación, programas, normas, reglamentos y protocolos de intervención, así como instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes que delimitan el alcance de la política pública.
El modelo de desarrollo impulsado por la agenda regional de género involucra a diversos actores gubernamentales y no gubernamentales y a todos los estamentos de la sociedad buscando a través de los compromisos asumidos un cambio cultural que transforme los estereotipos del significado de ser hombre o mujer. Sin embargo, la desigualdad de género aún está presente en la región de Latinoamérica y es sin lugar a dudas un obstáculo para el desarrollo sostenible de los países.
El secretario de naciones unidas Ban Ki-Mon señaló en el informe sobre la agenda de desarrollo sostenible después de 2015, la exigencia de cambios, tanto en las sociedades como en las economías y su relación con el único planeta con que se cuenta y es obligación de los organismos y de los estados de apoyar el cambio, con trabajo multidisciplinario y de manera transversal.
Es prioritario promover la igualdad, superar la discriminación y transformar el denominado sistema sexo-género, así como la tradicional división sexual del trabajo, a partir del convencimiento de que las relaciones desiguales entre hombres y mujeres son incompatibles con el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible reafirma el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos como condición para crear una sociedad justa y democrática dando fuerza a la interconexión entre derechos humanos y desarrollo sostenible. Se sustenta en los principios de universalidad, igualdad y participación e inclusión.
Su objetivo es que nadie quede atrás, cada persona debe gozar de los derechos que le asisten, es por ello que coloca la igualdad en el centro del desarrollo sostenible ofreciendo un potencial transformador sin precedentes destinado a erradicar la pobreza extrema, las desigualdades y facilitar el tránsito hacia sociedades más equitativas y sostenibles centradas en las personas y en el planeta.
El modelo de desarrollo sostenible apunta a tres cuestiones fundamentales: la igualdad como horizonte, el cambio estructural progresivo como camino, y la formulación de políticas públicas como instrumento o herramienta del desarrollo sostenible. Para lograrlo es necesario armonizar las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y ambiental en una mirada estratégica de desarrollo.
El objetivo número 5 del desarrollo plantea lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Tal objetivo define claramente que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. En ello radica la sinergia entre la agenda de género y la agenda 2030.
Las metas trazadas van desde la eliminación de toda forma de discriminación, violencia y prácticas nocivas hacia la mujer, hasta la búsqueda de fórmulas encaminadas a lograr la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, asegurar su participación en la vida política, económica y pública, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y reformas que otorguen a las mujeres recursos económicos, acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, servicios financieros y recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales (Organización de Naciones Unidas, 2016).
Ecuador es un país de avanzada en la región en cuanto al marco normativo en favor de la igualdad en tanto la visión legislativa de género está presente a partir de su suscripción a las convenciones internacionales de derechos humanos acogidas también en la Constitución del 2008, en la cual sus 444 artículos atraviesan por la perspectiva de género promulgando la igualdad en cada uno de los derechos invocados.
El artículo 70, de la Constitución ordena al Estado formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, así como la incorporación del enfoque de género en planes y programas y la obligatoriedad de brindar asistencia técnica en dichos planes y programas del sector público (República del Ecuador. Asamblea Nacional, 2008).
A partir del 2008 se generaron normativas para garantizar el cumplimiento de esta igualdad en el orden sustantivo como el Código Orgánico de la función Judicial que regula las competencias de los jueces de violencia contra la mujer y la familia, la Ley Orgánica Electoral que dispone la paridad en las listas de elecciones, e impedimento para ser candidato a los que hayan ejercido violencia de género o incumplido la obligación de dar alimento a sus hijos.
El Código del Trabajo que concreta la licencia por maternidad y paternidad, la prohibición del despido intempestivo por maternidad, la obligatoriedad de la afiliación al seguro. Se visibilizó el trabajo doméstico con la Ley Orgánica para la justicia laboral y el reconocimiento del trabajo en el Hogar no remunerado en el 2015 que protege a la mujer por contingencias de vejez, muerte o invalidez que produzca incapacidad permanente y absoluta. La inclusión del salario mínimo a pagar por el trabajo doméstico además del resto de los beneficios salariales lo que protege a las mujeres y constituye un avance teniendo en cuenta que más de la mitad de las mujeres de la región (55%) no tienen ingresos propios o perciben montos inferiores al salario mínimo mensual de su país (Barcena, 2016).
El Código Integral Penal que establece todos los tipos de violencia física, sexual, psicológica y patrimonial, incluyendo la tipificación del femicidio que es la más alta expresión de la violencia garantizando la punibilidad de delitos de tal naturaleza (República del Ecuador. Asamblea Nacional, 2009)
Se promulgó la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria de 2011, que establece como unidades económicas populares las que se dedican a la economía del cuidado, actividades realizadas para la reproducción y sostenibilidad de la vida de las personas, con relación a la preparación de alimentos y cuidado humano.
La situación de la mujer rural es un problema que ha sido objeto de debate desde la década precedente, por las limitaciones en el acceso de las mujeres al crédito y la financiación rural, la participación, la toma de decisiones, el acceso a la tierra y otros recursos productivos. El Ministerio de la Agricultura de Ecuador y otras instituciones del gobierno y de la sociedad civil participaron en la discusión para el avance de políticas públicas para las mujeres rurales en la región que dio a la luz la Declaración Final de Santo Domingo “Políticas para las mujeres rurales: autonomía económica, igualdad de derechos y lucha contra el hambre”, documento que sentó pautas para el trabajo en esta área.
A la par de las leyes sustantivas se implementaron políticas públicas como El Plan Nacional de Erradicación de la violencia de género hacia niñez, adolescencia y mujeres que propone como estrategia la transformación de patrones socio-culturales, la protección Integral, de registro, de acceso a la Justicia. Políticas de Género en las Fuerzas Armadas del Ecuador, con la integración de la mujer en la institución militar. Ordenanzas y reglamentos en los años 2007 al 2010 en diferentes cantones a fin conseguir una acción transversal y de interrelación en las políticas y gestiones municipales.
El Plan nacional del Buen Vivir 2013-2017 que en sus objetivos 2 6 y 7 trataban la equidad, la transformación de la justicia y la garantía de los derechos de la naturaleza (República del Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). La política pública ahora titulada Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 recientemente editada, es una nueva propuesta de desarrollo de situar al ser humano y a la naturaleza en el centro de la gestión pública, priorizando el bienestar de hombres, mujeres, niños y ancianos y sus relaciones armónicas para construir una sociedad en la diversidad. Se presenta como una oportunidad para la realización y convivencia pacífica de los seres humanos a partir de su diversidad y en armonía con la naturaleza (Ramírez, 2008).
Entre sus múltiples propuestas está reducir la pobreza extrema del 8,7% al 3%, incrementar al 95% el número de hogares con vivienda (propia) digna que se encuentran en situación de extrema pobreza, reducir la brecha en el empleo adecuado entre hombres y mujeres del 35,5% al 32,30% y la brecha salarial entre hombres y mujeres del 21,9% al 18,18%, todos indicadores claves para el desarrollo humano sostenible (República del Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).
Recientemente se están implementado políticas públicas como la denominada Minga Agropecuaria en Quevedo que se propone 9 ejes que beneficiarán a 190 000 personas del sector rural, prevé generar 4000 empleos a mujeres y hombres. Los ejes incluyen acceso a mercados nacionales e internacionales, la entrega de kits de insumos agrícolas, la creación de sistemas de riego parcelario, un programa de chatarrización, asistencia técnica, potencializar el derecho a la asociatividad, la legalización de títulos de propiedad, entrega de seguros y el otorgamiento de créditos con BanEcuador. Se ha destinado un presupuesto de USD 1 200 millones y a la par se construirán 1 000 casas del proyecto Toda una vida (El comercio, 2017).
Ambas políticas públicas son incluyentes de las mujeres considerando la entrega de créditos a las emprendedoras en la actividad agrícola y de viviendas dignas a las mujeres jefas de hogar. Ecuador Ello no presupone que todo esté resuelto, pero denota un actuar consecuente con las estrategias propuestas en Montevideo en franca correspondencia con el objetivo número 5 del desarrollo sostenible
Conclusiones
Es evidente que las condiciones actuales del desarrollo matizadas por las desigualdades provocadas por la concentración de la riqueza y de los ingresos enfrenta consecuencias políticas y económicas que ponen en riesgo de una crisis ambiental al planeta, lo que hace innegable la necesidad de transformar el insostenible modelo de desarrollo actual y para ello se requiere de una mirada estratégica con la igualdad en el centro, donde las mujeres que representan la mitad de la población del planeta, a la par de los hombres lideren la transición de una cultura de privilegio y discriminación hacia una cultura de derechos e igualdad.
Las Estrategias de Montevideo en especial sinergia con la Agenda 2030 sobre los objetivos del desarrollo sostenible constituyen el más importante compromiso que deben contraer los países participantes en la XIII Conferencia de la mujer. Su pronunciamiento en 2016 es instrumento invaluable para garantizar definitivamente el impulso del enfoque de género y la garantía de la participación igualitaria de la mujer en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de los países de Latinoamérica en este siglo y en los venideros si queremos perpetuar la vida en el planeta.
Ecuador en las últimas décadas ha creado marcos jurídicos e implementado políticas públicas en consonancia con las propuestas de la agenda regional de género y los objetivos de desarrollo sostenible logrando disminuir índices como la extrema pobreza, la brecha en el empleo y salario entre mujeres y hombres, ha reconocido el trabajo doméstico como remunerado que son procesos claves en la consecución de la igualdad de género y en el logro del desarrollo humano sostenible. Ello no significa que todo está hecho pero presupone un paso de avance en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y de las estrategias de Montevideo.
