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Introducción
La violencia contra la mujer por razones de género se entenderá como toda violencia contra una mujer por su condición femenina o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada y deberá entenderse como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación que implica daños física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
Si bien en los últimos tiempos existen avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, observamos que continúan siendo constantes las violaciones a sus derechos humanos.
Los movimientos feministas y la voluntad política de los Estados ha permitido la implementación de transformaciones legislativas y desarrollo de políticas públicas dirigidas a la mitigación y erradicación de la violencia por razones de género, pero aún en la realidad ecuatoriana y mundial persisten diferencias estructurales de poder y oportunidades en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, subsiste el menoscabo individual y colectivo que suponen la tipificación y reproducción de roles tradicionales de género basado en la biología de los sexos que consagra prácticas de discriminación a nivel familiar, social, laboral, educativo y económico.
Este trabajo tiene como objetivo mostrar el papel de la academia, propiciado por la investigación y la vinculación con la sociedad y su incidencia en las transformaciones sociales y cambios de actitud frente a la violencia de género contra la mujer. La investigación tiene un carácter cualitativo no experimental, dialéctico e histórico lógico, con un enfoque exploratorio y descriptivo en tanto se utilizaron instrumentos de diagnóstico de un grupo seleccionado como punto de partida.
Desarrollo
Es muy usual que se considere la violencia de género como un tema manido, considerando que, con el desarrollo experimentado por la sociedad, éste no constituya un fenómeno preocupante y en franco ascenso y descontrol. Pero a contrario sensu, de tal reflexión, el tema de la violencia se empina como roble en medio del asfalto que guía a la sociedad hacia nuevas metas, inmersas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
La violencia hacia el ser humano ha sido y es sin lugar a dudas un fenómeno de ocurrencia mundial, en el que la mujer es el grupo más vulnerable, afectando su bienestar, seguridad, posibilidades de educación y de desarrollo personal. Actualmente, existe consenso en asumir al ‘género’ como una construcción histórica y social que entraña un conjunto de creencias, normas y atribuciones basadas en la diferencia sexual, las mismas que reglamentan la convivencia humana. Esta construcción cultural Y simbólica, evoluciona en el tiempo. Lo simbólico es la institución (desde las estructuras de poder) de códigos culturales que moldean las percepciones y el comportamiento individual y social, dando significado a la diferencia sexual.
El género expresa pautas de prácticas sociales ‘aceptables’ en un determinado grupo social que, hoy por hoy, son portadoras de desigualdad y discriminación hacia las mujeres y las personas de diversas identidades sexo-genéricas. Al ser construido socialmente, es también susceptible de ser transformado. De construirlo es un proceso que entraña implicaciones políticas (poder, institucionalidad), estructurales (relaciones económicas) e ideológico- culturales (representaciones). Solo mediante su deconstrucción en cuanto fundamento de discriminación, opresión y violencia en función del género es posible acercarse a la igualdad y al respeto a las personas. En ello, el factor decisivo es la actuación desde la sociedad civil, la academia y el Estado (Herdoiza, 2015).
La sociedad ecuatoriana ha impulsado políticas transformadoras para la erradicación de la discriminación por el sólo hecho de la diferencia de sexo. Se ha propuesto contribuir a la protección de la mujer contra la violencia de género a la que se expone, desarrollando acciones de carácter investigativo, de capacitación, que a partir de los procesos de vinculación con la sociedad impacten positivamente en el conocimiento, de las políticas públicas, creando una cultura de prevención. La propuesta va dirigida a establecer pautas de comportamiento de relaciones familiares basadas en la equidad de género y a lograr la concientización e integración de las políticas públicas, en la prevención de la violencia contra la mujer.
Avanzar hacia la igualdad y reducir las situaciones de violencia y discriminación social exigen cambios legislativos, cambios en la mentalidad de los operadores jurídicos que deben aplicar la ley, y sobre todo cambios institucionales que permitan el control democrático de la socialización del modelo individuo-ciudadano-sujeto de derecho, de manera que todos sin distinción tengan garantizados y reconocidos sus derechos y libertades fundamentales y no exista discriminación alguna por razón de edad, sexo, religión, origen étnico, etc. (Rubio, 2003). Valle (2015), se afilia a la teoría de Fraser, respecto a la igualdad en la existencia de injusticias socioeconómicas y culturales que se entrelazan, y están arraigadas en procesos y prácticas que sistemáticamente ponen a unos grupos de personas en desventaja frente a otros. Tales injusticias deben ser remediadas para lo cual es preciso la transformación de estructuras económicas básicas que impliquen la redistribución del ingreso y la reorganización de la división del trabajo. Para la injusticia social se requiere la transformación total de los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación, creando cambios en la autoconsciencia de todos.
Aseveró Cobo Bedia en su acertado prólogo al Cuaderno solidario No 5 sobre estudios de género que en esta tarea de las transformaciones en pos de la igualdad tiene un papel crucial la universidad en general y las académicas en estudios de género y estudios feministas en particular. Las expertas en género y feminismo han trabajado durante décadas en develar las relaciones de dominación entre hombres y mujeres en sus múltiples manifestaciones. Se ha investigado sobre la falta de representación política de las mujeres, sobre la construcción de los Estados sin la participación de la mitad de la sociedad, sobre la violencia de género, en todas sus formas; de autonomía personal de las mujeres y cómo este hecho dificulta su capacidad de negociación en la vida familiar con los varones, entre otros temas. Desde la universidad se ha ido construyendo lentamente, como han hecho siempre las feministas, una línea de investigación sobre género y desarrollo que ha partido del supuesto de que las buenas políticas se sustentan en buenos análisis teóricos. De modo que desde esta disciplina se identifican los problemas y se proponen líneas de acción (Abad, 2009).
Esa es precisamente la óptica de nuestras líneas de investigación y de nuestros propósitos de participación en los procesos de vinculación con la sociedad, en la primera proporcionando los estudios teóricos necesarios para abrir paso a nuevos estándares de vida con prevalencia de igualdad de oportunidades y de destierro de la violencia contra la mujer en todos los sentidos y en la segunda brindando asesoría a los sectores que por razones económicas no avanzan a acceder a la justicia, logrando llevar el conocimiento y la solución de los conflictos legales en sus relaciones familiares a los sectores prioritarios carentes de recursos para ello.
2. Sustento legal de investigación y vinculación con la sociedad, en la academia
La legislación ecuatoriana respalda a través de sus preceptos la perspectiva de género en cada uno de los aspectos que conforman la sociedad y sus acciones, sustentando este catálogo de derecho con políticas públicas dirigidas a su eficaz ejecución. La Constitución de la República del Ecuador prevé la educación como una garantía de desarrollo integral del ser humano enmarcada en el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Le imprime carácter de obligatoriedad, participativo, democrático, incluyente y diversa, en consonancia con el impulso a la equidad de género, la justicia y la solidaridad de manera que estos valores y principios presidan todo acto de formación y desarrollo académico de los profesionales que se preparan para enfrentar los retos de la sociedad (República del Ecuador. Asamblea Nacional, 2008)
La Ley orgánica de educación superior (LOES) tiene entre sus funciones garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. Plantea que el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades (República del Ecuador. Consejo de Educación Superior, 2011).
No es posible lograr la igualdad de oportunidades si no existe la igualdad de género. Al decir de Astelarra la igualdad de oportunidades implica que todos los individuos deben tener la misma oportunidad y que las desigualdades se producen por los diferentes méritos de las personas. Estas desigualdades se tornan injustas cuando no se ha tenido el mismo punto de partida. Es por ello que manifiesta que constituye una limitación a las políticas el que las mujeres no sean iguales en el punto de partida, algo que debe ser corregido (Astelarra, 2015)
En la realidad ecuatoriana y mundial aún persisten diferencias de oportunidades en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, así como un irrespeto a las diversidades e identidades sexo-genéricas. Actualmente subsiste el menoscabo individual y colectivo que suponen la tipificación y reproducción de roles tradicionales de género.
El derecho a la educación lleva implícito el derecho a la igualdad, es por ello que los procesos de vinculación e investigación de la academia son concebidos y orientados desde la perspectiva de género. Los procesos de vinculación con la sociedad están diseñados para la comunidad universitaria a través de políticas que respondan a las expectativas y necesidades de la sociedad, según el contexto de sus sedes y están alineadas con estrategias e indicadores señalados en el plan estratégico de cada institución, atendiendo a los objetivos propuestos en el reglamento de régimen académico para la educación superior (República del Ecuador. Consejo de Educación Superior, 2013).
Las instituciones de educación superior a partir del Régimen Académico se pronuncian emitiendo el reglamento de vinculación con la sociedad, ajustándolo a su entorno social local. La Universidad Metropolitana (UMET) no es ajena a este importante principio y enfoca sus objetivos en una organización de la vinculación e investigación destinada a beneficiar a sectores marginados de la población, en correspondencia con la naturaleza de cada escuela/carrera, o a prestar servicios en centros de atención gratuita.
Según este enfoque, la universidad a través de sus escenarios elabora proyectos integradores a partir de un marco lógico y bajo el principio fundamental de lograr impactos sociales que respondan a indicadores objetivamente verificables según la planificación efectuada. Estos proyectos están dotados de acciones que coadyuven a viabilizar las demandas sociales del contexto territorial en que se enmarca cada sede, y a lograr que éstas se conviertan en el sentido de actuación de profesores y estudiantes en el diseño, ejecución y evaluación de los procesos y sus actividades. Esta propuesta persigue, además, fomentar una cultura universitaria de vinculación con la sociedad en función de brindar respuestas más efectivas a las necesidades sociales existentes, fortaleciendo a su vez la formación profesional de estudiantes y docentes.
3. Procesos de investigación y vinculación con la sociedad en la Universidad Metropolitana. Experiencia de la Escuela de Derecho
La UMET Machala se encuentra inmersa en el desarrollo de varios proyectos de vinculación con la sociedad en especial la Escuela de Derecho lidera 2 proyectos de vinculación uno de participación ciudadana y otro de asesoría y patrocinio jurídico gratuito a los sectores de escasos recursos económicos ambos en el cantón Machala. Estos procesos de vinculación sirven de soporte al proyecto de investigación referido al Programa para la prevención y protección de la mujer víctima de violencia de género en el Estado constitucional de derecho de la República de Ecuador, que responde a la línea de investigación número 2 de la Universidad Metropolitana sobre reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas.
El Proyecto de vinculación Asesoría y patrocinio jurídico gratuito a los sectores de escasos recursos económicos del Cantón Machala se articula a través del Consultorio Jurídico Gratuito de la UMET que funciona por mandato constitucional (República del Ecuador. Asamblea Nacional, 2008).
Su objetivo es provocar un cambio en la sociedad, proporcionando medios para que la ciudadanía y en especial la comunidad machaleña de escasos recursos económicos cuente con un espacio para recibir asesoramiento y solución a sus conflictos familiares de forma gratuita además de formar competencias y valores humanos en los futuros profesionales. Propósito que se corresponde con el objetivo número 6 del Plan Nacional del Buen Vivir, “consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. (República del Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013); (2014)
El proyecto de investigación dedicado al tema de prevención y protección de la mujer víctima de violencia de género surge a partir de su comportamiento actual en la provincia El Oro. La prevalencia de la violencia dirigida a la mujer, en la sociedad ecuatoriana es un problema perturbador, el censo efectuado en el 2010 muestra alarmantes resultados (República del Ecuador. Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, 2014).
A la luz de esta investigación que se ha propuesto la Universidad Metropolitana y apoyados en el proyecto de vinculación de asesoría y patrocinio gratuito a los sectores vulnerables del cantón Machala, se desarrollaron acciones a través de la extensión del servicio con la apertura de un consultorio itinerante en la parroquia de Puerto Bolívar, en acuerdo conjunto con el GAD municipal de Machala y en alianza con el proyecto Adolescentes Urbanos construyendo su futuro. Esta alianza ha logrado potenciar una estrategia que imprime fortaleza al desarrollo tanto de los proyectos de vinculación con la sociedad, como los de investigación en especial sobre el tema de la violencia dentro de la familia.
Puerto Bolívar constituye una parroquia que por su densidad poblacional representa un 10% de la población del cantón, su mayoritaria composición de mujeres (de 27,001 habitantes 13,495 son mujeres), y las condiciones socio culturales de esta comunidad que tiene como actividad fundamental la pesca y la recolección de crustáceos, por lo que es obvio que en ella se concentra una población de escasos recursos. El consultorio itinerante funciona en la parroquia los sábados y a partir del acercamiento de los usuarios en busca de asesoría en temas de familia y de violencia, se realizó una exploración a través de encuestas sobre la violencia hacia la mujer. Estudiantes de la carrera de derecho y promotores del proyecto del GAD aplicaron las encuestas a través de un cuestionario de preguntas de selección múltiple en una muestra de 300 mujeres de la parroquia de Puerto Bolívar entre 15 y 60 años de edad. Su fin el abordaje del tema de la violencia intrafamiliar en el área y manejo de los derechos de los ciudadanos desde el punto de vista cognoscitivo, que permitiera establecer prioridades para acciones de capacitación y de investigación en estos sectores. El 50% de las mujeres encuestadas posen nivel universitario, el 36% son amas de casa por lo que no poseen autonomía financiera, el 55% conoce a mujeres cercanas que ha sido violentadas y el 53% han sido propiamente víctimas de violencia.
Parece manifiesto que las causales del fenómeno de la violencia transitan por un proceso sociocultural y a pesar de la existencia de unidades especializadas, que tienen la función de amparar a las mujeres violentadas y ayudarlas a salir de ese estado de indefensión aprendida, subsisten en nuestra sociedad hechos de violencia de todo tipo contra la mujer.
Teniendo en cuenta estos resultados se desarrolló un taller con la participación de miembros de la comunidad porteña. Las capacitaciones fueron impartidas por abogados, jueces, trabajadoras sociales y psicólogas de la Defensoría Pública, la Unidad especializada de violencia contra la mujer y otros miembros del grupo familiar y el movimiento de mujeres de El Oro. Los debates despejaron muchas interrogantes de los participantes sobre el derecho a denunciar actos de violencia hacia su persona y de personas cercanas de su comunidad, los mecanismos legales a utilizar, el reclamo de alimentos, comunicación y tenencia de hijos menores. Estos talleres produjeron un impacto positivo, en tanto familias de la comunidad asistieron con su núcleo en pleno y lograron con sus interrogantes satisfacer sus inquietudes y conocer dónde acudir para recibir asesoramiento personalizado.
Las acciones de capacitación no presuponen la solución de los problemas de la violencia, pero forman parte de la labor de concientización a la población para el cambio de pensamiento y de conducta que es necesario acompañar a la ejecución de las políticas públicas generadas institucionalmente por el Estado. Afirmó acertadamente Jalkh Roben (2016), ”las políticas públicas son el resultado del empuje de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de mujeres que son la conciencia política y colectiva del Estado. Es obligación de todos los integrantes de las sociedades del planeta erradicar la violencia contra la mujer, nadie es mejor que otros, todos juntos somos mejores por lo tanto cada uno debe cumplir su rol”.
Se ha planteado por la SENESCYT la necesidad de transversalizar el eje de igualdad de género en la educación superior, asumiendo las IES este liderazgo (educativo y social) que debe producir un doble impacto. Por una parte, el rol de la academia como actor social que interactúa con otros actores con capacidad de influenciarlos, académicos y estudiantes pueden inspirar y motivar al conjunto social, asumiendo un rol decidido de liderazgo en la promoción de la igualdad de género. Por otra parte, la academia posee la capacidad de usar y desarrollar el pensamiento teórico teniendo en sus manos la posibilidad de generar el avance de las teorías de género y su incidencia en la formación e investigación en diversas áreas del conocimiento (Herdoiza, 2015).
Es por ello que consideramos un importante reto la participación de la academia en las transformaciones sociales con su inmersión en los procesos de investigación y de vinculación con la sociedad que forman un binomio y punto de partida para potenciar los cambios.
Conclusiones
La violencia contra la mujer constituye una expresión de desigualdad que sufre la sociedad y es entendida como una violación de los derechos humanos, para erradicarla es preciso involucrar a todos los actores sociales, en acciones que modifiquen la conciencia y la conducta humana de los ciudadanos.
La academia tiene la capacidad de usar y desarrollar el pensamiento teórico y a su vez influenciar a otros actores sociales, por lo que su reto es asumir el liderazgo educativo y social de las transformaciones, cambiar el escenario de las desigualdades de género, a través de los procesos de investigación y de vinculación con la sociedad, brindando respuestas efectivas a las necesidades sociales existentes y fortaleciendo a su vez la formación profesional de estudiantes y docentes.
