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Introducción
Durante siglos el interés por la conservación y desarrollo del ambiente ha ido aumentando. En un informe que resalta la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987), en 50 años los seres humanos han alterado los ecosistemas de manera acelerada en relación con cualquier otro periodo, y esto se justifica debido a la necesidad de complacer las crecientes demandas de insumos, madera, agua y combustible.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2005), los ecosistemas brindan a las personas la satisfacción de sus necesidades esenciales, vitales, como lo son el alimento, el oxígeno y el agua, promoviendo la protección ante fenómenos de la naturaleza y de enfermedades provocadas por cambios bruscos en el clima, por plagas e inclusive, por inundaciones; a su vez, permiten asentar las bases de múltiples culturas, estableciendo una concepción novedosa del mundo.
Para la Comisión Europea (2009), los servicios del ecosistema colaboran de igual manera, en los procesos vitales del planeta tierra, en la producción primaria, por lo que es de gran relevancia el estudio del bienestar de las poblaciones en cualquiera en todos los contextos que le conciernen. Para el año 2010, hubo cambios en la biodiversidad con una aceleración mayor que en otras épocas de la historia, a causa de actividades de producción sobre el ambiente. Las consecuencias en la biodiversidad son constantes a través del tiempo, y no poseen intenciones de disminuir, por lo cual se intensifica paulatinamente.
A pesar de lo comentado anteriormente, los cambios en los ecosistemas han colaborado al desarrollo económico, con ganancias importantes a favor del bienestar de los individuos; sin embargo, como consecuencia de este avance, ha incrementado los costos, los cuales se evidencian en la degradación de servicios que son ofrecidos por el ecosistema. Para el Ministerio de Ambiente de Ecuador (2015), los beneficios de las próximas generaciones serán escasos significativamente, lo que anima a restaurar los niveles de degradación de los ecosistemas a partir de una evaluación sobre las prácticas que son necesarias para preservar los recursos naturales.
La presente investigación se centra en los estudios y actividades de gestión administrativa que se han desarrollado en la Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena, en lo que concierne a sus actividades de producción (pesca, turismo y acuicultura), resaltando el impacto que estas prácticas han tenido en los ecosistemas de la provincia de Santa Elena.
En dicha provincia se dispone un área de protección llamada Puntilla de Santa Elena, la cual cuenta con la categoría de “Reserva de Producción Faunística”, la cual fue declarada a través del Acuerdo Ministerial 1476 el 23 de septiembre de 2008, y publicado en el Registro Oficial No. 452 del 23 de octubre de 2008 (Montesdeoca & Arévalo, 2015). Se ubica geográficamente en una zona geográfica que lleva su nombre, y posee un total de 47.272 has de área marina y 173 has de área terrestre, lo que en total conforman un 47.447 has, incluyendo los ecosistemas como arrecifes, matorrales, playas de arena y roca, aguas costeras, entre otros.
El propósito principal de la presente investigación es analizar las distintas actividades de producción que se han realizado en el área de protección, y precisar los controles que se han establecido para proteger el grupo de ecosistemas. Como lo refieren Montesdeoca & Arévalo (2015), en esta área se llevan a cabo actividades productivas sin el respeto a las políticas y normas para la conservación de los recursos ambientales, generando así impactos negativos, ante actividades como: la sobreexplotación pesquera, la emanación de desechos altamente tóxicos por parte de laboratorios de acuicultura, y la realización del turismo sin que se ejecute un plan de manejo de turistas. Por tanto, el poco el control el que se promueve sobre las actividades de producción, lo que hace necesario abordar sobre las acciones que se establecen para proteger los ecosistemas naturales.
La metodología utilizada en esta investigación fue documental y descriptivo de tipo cualitativo ya que se llevó a cabo una exploración sobre el material bibliográfico disponible sobre las distintas gestiones que se han promovido en la provincia de Santa Elena, específicamente en la zona de la reserva de áreas protegidas, así como la aplicación de una encuesta a grupo de artesanos y vendedores que se encuentran en dicha reserva. De esta manera, el estudio se une a los estudios que han promovido el desarrollo de planes de abordaje para la protección de las áreas protegidas, y pretende reunir información de relevancia para la formulación de nuevas propuestas que ayuden a las comunidades a llevar a cabo actividades de vigilancia y control de las reservas de manera más eficiente.
Para desarrollar el análisis de los contenidos propuestos en esta investigación, y teniendo en consideraron las fases que amerita el estudio, se establece un proceso que se amolde a los objetivos presentados, el cual tuvo lugar en la indagación bibliográfica y descriptiva de aquellas actividades de gestión administrativa que se han presentado en la provincia de Santa Elena, en especial aquellas que refieren un trabajo con la comunidad y con las organizaciones aledañas a las zonas protegidas de la reserva. Finalmente, se refinaron los datos en función a las impresiones más relevantes, y se expusieron tomando en cuenta las distintas impresiones que han tenido la comunidad y los distintos órganos del Estado de Ecuador en relación a las actividades de gestión administrativa en la zona.
A continuación, se presenta la información más relevante del proceso de exploración bibliográfica y de campo que dejó como resultado un conjunto de impresiones favorables y desfavorables de las actividades de producción que se realizan actualmente en las zonas protegidas de la reserva en la provincia de Santa Elena.
Desarrollo
En lo que concierne a las actividades de producción, la provincia de Santa Elena cuenta con una variedad de actividades que sostienen económicamente al sector, y provee la fuente principal de empleos en la zona, como lo son: las industrias pesqueras y organizaciones turísticas. Una de las más importantes actividades de producción es la extracción y comercialización de las especies marinas, debido al aprovechamiento que realizan los habitantes sobre los recursos naturales que obtienen de las costas de la provincia.
Son tres las principales actividades productivas vinculadas con las comunidades de la provincia: la pesca, el turismo y la acuicultura. En cuanto a la primera, se obtuvo información de 8 caletas pesqueras, posicionados como los principales puertos pesqueros a nivel nacional, y a su vez, aquellos que emplean más embarcaciones de fibra de vidrio, por lo que obtienen peces pelágicos grandes (Salgado, 2016). Este sector ha podido registrar al menos unas 86 especies distintas de peces, los cuales se comercializan en mercados aledaños, y sustentan la economía de las comunidades vinculadas al oficio.
Dentro de las artes de pesca más utilizados para el desarrollo de este oficio, se pueden mencionar: la red de orilla, línea con anzuelos, trasmallo, red de cerco, entre otros. Muchos de los pescados emplean artes como el trasmallo electrónico o la pistola submarina, procedimientos que están asociados a un impacto negativo en los recursos pesqueros.
Otra de las actividades principales asociadas a la producción de en la provincia, es el turismo, el cual cuenta con un grupo de atractivos, como la Chocolatera, en donde puede ser observado gran parte del paisaje de la zona, y representa una de las salientes más extensas del Pacífico de Sur América. Del mismo modo, se encuentra la Lobería en donde se observan colonias de lobos marinos durante todo el año, al igual que ballenas jorobadas en temporadas específicas. Según Campos, Peralvo, Cuesta-Camacho & Luna (2007), al menos unas 6.412 personas realizaron viajes hacia las costas ecuatorianas para presenciar y estudiar a los cetáceos durante la temporada del 2009. En cuanto a los lobos marinos suramericanos, operadores de turismo realizan visitas coordinadas para observar a las manadas. El área está establecida con barandas de metal y señaladas sin el mantenimiento de requieren, lo cual afecta el paisaje; a su vez, se encuentra conectada mediante vías internas con otras zonas turísticas, como lo son la Chocolatera y bases militares de la provincia.
Según lo indican los datos del Ministerio de Ambiente de Ecuador (2015), fueron registrados al menos 14.469 turistas durante el mes de febrero, por lo que el turismo representa una de las actividades productivas más importantes de todo el sector, gracias a la fuerte actividad económica y al incremento de alimentos y servicios.
En el mismo orden de ideas, las playas constituyen unos de los atractivos turísticos más importantes debido a la conservación de sus ecosistemas, las comunidades se han visto beneficiadas por la presencia de turistas y competidores de la Federación Ecuatoriana de Surf. Específicamente la playa de la FAE ha contado con la asistencia masiva de personas para disputar campeonatos mundiales de surf entre los años 2004-2009 (Ecuador. Ministerio de Ambiente, 2015). Otras playas que se suman a la anterior mencionada, son la playa de Mar Bravo y la playa de Punta Carnero; sin embargo, evidencian altas corrientes y un oleaje agresivo, por lo cual son atractivos que sirven a la comunidad para tomar el sol, para observar la variedad de especies de aves que se posan en las orillas, y para realizar actividades de pesca.
Uno de los principales problemas que ha tenido el territorio de los alrededores de la Reserva de Santa Elena, han sido la vasta cantidad de desechos sólidos que son, en su mayoría, dirigidos al mar por parte de las personas que integran la comunidad. La recolección de estos desechos tiende a ser esporádica por parte de las organizaciones de la localidad, lo cual denota una deficiencia en el control y manejo de esta situación.
De igual manera, en el uso de técnicas específicas de pesca, como el trasmallo electrónico, la pistola submarina o las redes de arrastre que emplean mallas con ojos muy pequeños, concluye afectando toda la cadena de producción, lo que impacta de manera significativa en la economía de los pescadores que laboran en esta zona. El uso indebido de los recursos pesqueros se ve afectado por diversos motivos: el primero, cabe destacar, los periodos de veda que son establecidos de forma inadecuada, el incumplimiento de las vedas, un control pobre por parte de las autoridades, carencia en la capacitación de pescadores, y por último, falta de concienciación de la comunidad de Santa Elena.
En este sentido, han sido constantes las denuncias que ha ejecutado las autoridades ambientales y de la comunidad pesquera que residen en la zona de influencia de las áreas protegidas, a causa de la ejecución de la pesca de arrastre. Si bien, en el 2012 el Instituto Nacional de Pesca, emitió un informe en relación a los efectos negativos vinculados con la pesca de arrastre, resaltando la presión a la que se somete la pesca del camarón, que impacta sobre otras especies que integran la pesca acompañante, sin embargo, en el año 2014 fue observado la presencia de 4 barcos de arrastre dentro de dicha área (Elbers, 2011; Montesdeoca, Salazar & Lovato, 2017).
Visitas al área han podido confirmar que los atractivos turísticos que el área involucra, se encuentran explotados por operadores de turismo informales que no acatan las normas ni las regulaciones pro-ambientales de esta zona, y que ejercen sus delitos en actividades deportivas, el turismo de playa, la pesca, el buceo, entre otros (Montesdeoca, et al., 2017).
Seguidamente, la extracción no legalizada de arena de playa, continúa erosionando el perfil de la costa, lo cual amenaza la integridad material de las pistas de los alrededores. La falta de asistencia también se denota en el poco monitoreo de las descargas de agua residuales provenientes de los laboratorios y de piscinas, que afectan la calidad del agua, debido a la presencia de hidrocarburos y larvas de camarón que desajustan al ecosistema (Elbers, 2011).
Uno de los aspectos a resaltar es, sin dudas, el conjunto de actividades que se han emprendido para coordinar el esfuerzo de la comunidad con el propósito de alcanzar metas y objetivos que no sólo ayuden a la conservación de los ecosistemas ubicados en la provincia de Santa Elena, sino también en el alcance del bienestar por parte de las comunidades aledañas. Esto último justifica la concepción de la gestión administrativa como una vía que propone mejoras en los aspectos económicos, sociales y ecológicos, que integra tanto al ambiente, como a los individuos que hacen uso de sus recursos para satisfacer sus necesidades (Common & Sigrid, 2005, 2008).
En este sentido, la gestión desde el manejo de áreas protegidas debe tomar en cuenta aspectos vinculados a los cambios que se manifiesten en el medio, y su éxito dependerá en mayor parte, del ajuste que el grupo interventor realice sobre dichos cambios. Tal y como afirman López & Mariño (2010), “la gestión no solamente se centra en el manejo de lo interno, sino también de los elementos determinantes del entorno. Así la gestión cumple una función de articulación entre la organización y los demás sistemas del medio y asume la labor de proyección de la organización, para lo cual debe estar en contacto continuo con las variables externas”.
El grupo que actualmente se encarga de llevar a cabo la gestión administrativa de las áreas protegidas del Ecuador es el Estado, direccionada por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Ambiente, quienes llevan a cabo de manera responsable la planificación y ejecución de actividades que incluyen el proceso administrativo y están sustentadas por las políticas públicas que se han adoptado.
Según las investigaciones que han realizado algunos autores al respecto de la efectividad que ha tenido la gestión administrativa del Estado en las áreas protegidas, los hallazgos han precisado la debilidad en el manejo (Oviedo, 2008; Montesdeoca, et al., 2017), concluyendo que existe una administración medianamente satisfactoria, en especial en la zona de la Reserva Faunística Puntilla de Santa Elena. Las áreas de protección del Estado ecuatoriano, como se ha resaltado, constituyen uno de los atractivos turísticos más importantes tanto para los nacionales como para los extranjeros. Un trabajo concentrado en la preservación de estas reservas de protección, garantizaría el alcance de varios indicadores positivos para la economía de la provincia y el país, como lo son: el fortalecimiento de las comunidades, y el mejoramiento en la imagen del país, de sus costas y sus paisajes.
Dicho trabajo debería estar acompañado de los actores que componen el grupo de interés de la zona, actores que requieren de la preservación de estos ecosistemas para satisfacer sus necesidades (Common & Sigrid, 2005). Estos participantes pueden ser las personas u organizaciones aledañas a las zonas protegidas, que tienen una influencia directa sobre estas áreas, por lo cual es importante identificar la presencia y la participación de cada uno, y precisar el nivel de influencia sobre la gestión que llevan a cabo. De esta manera, se establece una participación conjunta entre entes del Estado y el grupo personas e instituciones interesadas, que trabajan en conjunto para la restauración y preservación de los ecosistemas (Sarmiento, 2013; Severiche-Sierra, Gómez-Bustamante & Jaime-Morales, 2016).
Diversos países han promovido la integración de la sociedad civil en conjunto con las organizaciones de las zonas protegidas para llevar a cabo el manejo de estas. En mucho de los casos, las gestiones son llevadas a cabo por instituciones y por comités de la comunidad organizada para concentrar sus esfuerzos en favor de las reservas naturales, sin contar necesariamente con la participación de entes gubernamentales (Montesdeoca, et al., 2017).
Entre algunos de los varios países se encuentra el Perú, quien aplicó en el año 1990, un modelo de gestión para el control de las reservas nacionales, la cual contó con la participación de la comunidad local en lo que respecta el manejo de recursos, e inclusive, en la toma de decisiones en las actividades de control y vigilancia de la zona, obteniendo de este modo, resultados positivos que conllevó a establecer un proceso de participación conjunta entre actores de la comunidad y entes no gubernamentales para alcanzar los propósitos administrativos del área protegida.
Otro caso que cabe destacar en la experiencia de los autores Cifuentes, Izurieta & de Faria (2000), quienes en su estudio comparativo de las gestiones administrativas de China y África, destacó que, en el primer caso, todas las áreas protegidas pertenecen al Estado, a diferencia de las regiones del sur de África, en donde se disponen áreas protegidas que pertenecen al sector privado; sin embargo, destaca la necesidad de una mayor participación por parte de entes políticos y de la localidad para alcanzar una mayor efectividad.
Las diferentes investigaciones realizadas, han permitido estudiar la importancia que tiene la participación de las comunidades en la gestión de las áreas protegidas y, sobre todo, en el proceso de toma de decisiones que se precisa para garantizar un manejo acorde a lo esperado. La participación de los grupos interesados en entendida como una herramienta que contribuye a la generación de nuevas actividades planificadas y que, a su vez, permiten un mayor beneficio en lo que respecta a la conservación de los recursos, como a la satisfacción de la sociedad sobre el uso de recursos que hace del medio (Villasante & Montañés, 2002).
Ante lo expresado, se observa que varias investigaciones han dado importancia a los procesos de participación, en donde la inclusión de la sociedad civil, favorece su legitimidad, y al mismo tiempo, contribuye en la mejora de las realizaciones entre los actores interesados, reduciendo así los conflictos que pudieran presentarse al respecto de la toma de decisiones y manejo de los recursos. Es por esto que en los foros internacionales continúa discutiéndose la relación entre una participación de los sectores de las comunidades en la gestión promovida sobre las áreas protegidas. Un caso importante en este sentido, sería la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en donde varios estados, incluyendo el Ecuador, tomaron en cuenta este aspecto de la participación ciudadana en la gestión administrativa de los entornos protegidos.
En el caso de Ecuador, cabe destacar algunos esfuerzos que se han tenido para impulsar la gestión administrativa en conjunto con representantes de la sociedad civil, instituciones y organizaciones no gubernamentales. En un primer caso, las gestiones realizadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, que lleva a cabo diversos componentes de la gestión en las áreas protegidas asociadas con el control y la vigilancia, es decir, en el cumplimiento de las normas que rigen las áreas protegidas. Sin embargo, según Montesdeoca & Arévalo (2015), este sistema ha presentado varios problemas en su gestión, ya que involucra formas de planificación que no son apropiados para el manejo efectivo de las zonas.
Parte de los esfuerzos que se han tenido en este sentido, han ido de la mano del Ministerio de Ambiente, quien ejerce un control sobre el manejo de las áreas protegidas, desplegando un conjunto de unidades para garantizar el control. A esto último se suma la Dirección Provincial de Ambiente de Santa Elena, responsable del área protegida de REMACOPSE, quienes cuentan con guarda parques para realizar las funciones de control y vigilancia. Cabe destacar que una limitación de este servicio se hace evidente, ya que no se cuenta con un despliegue importante de responsables que permanezcan en continuo control de las áreas protegidas (Montesdeoca & Arévalo, 2015).
Con base a lo expuesto, y ante la necesidad de fortalecer las capacidades de gestión en los actores locales, se consideró relevante desarrollar talleres participativos con la asistencia de 75 personas, entre actores de la comunidad y representantes del grupo de artesanos y vendedores de la localidad de Santa Elena. El programa de actividades consistió en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades administrativas para el manejo efectivo de las áreas marinas protegidas. El desarrollo de estos talleres fue objeto de satisfacción y mucha motivación por parte de las comunidades, quienes asumieron su compromiso con responsabilidad.
Si bien, la mayoría de los habitantes del sector, están conscientes de las amenazas que surgen en las áreas protegidas, sin embargo, la ausencia de conocimientos sobre su manejo, ha sido una de las barreras para el involucramiento en la administración de dichas áreas, como fue comprobado en los resultados de la encuesta realizada, en donde más del 50% presentó debilidades en los temas referentes a la gestión administrativa.
Es menester precisar que la mayoría de los artesanos y vendedores conocen sobre las actividades prohibidas y permitidas en las áreas protegidas (69.5%), lo que favoreció el desarrollo de los talleres participativos, de tal manera que se logró un mayor compromiso de estos actores para la preservación de los recursos naturales. El tema referente a liderazgo y toma de decisiones, formó parte de las herramientas de fortalecimiento de las capacidades, cuyos resultados fueron satisfactorios tanto para las comunidades como para los capacitadores.
Autores como Apolo (2018), afirma en su estudio, que la inexistencia de una gestión basada en la cooperación entre actores de la comunidad ha tenido su origen en las limitaciones que ha presentado la administración en la planificación de objetivos y metas concretas. A su vez, ninguno de los representantes que promueven la gestión administrativa tiene un beneficio económico, por lo que, dedican su tiempo a oficios en fincas para obtener recursos que los ayuden a satisfacer sus necesidades, razón que repercute en la eficiencia y eficacia del manejo integrador. El mismo autor expone la presencia de una comunicación escasa entre los actores que participan en la gestión administrativa, debido al poco interés que se ha tenido al respecto y por falta de liderazgo por parte de los responsables, de ahí que los procesos de comunicación fueron considerados relevantes en los talleres de capacitación.
Por otra parte, los beneficios económicos que se obtienen de las actividades productivas que se realizan en los espacios protegidos, contribuye a los ingresos de las familias en estas localidades, no obstante estos ingresos estarían amenazados ante los impactos que de desprenden por el uso inadecuado de los recursos, de ahí que estos talleres de fortalecimiento contribuirían al involucramiento de las comunidades en la administración de dichas áreas, ya que procesos importantes como el control administrativo debería ser llevados a cabo por los actores locales.
Conclusiones
La situación de gestión administrativa que se emplea en la zona de la Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena demuestra que es necesario replantearse los modelos que se han tenido para garantizar la protección de las áreas protegidas y promover el desarrollo socio-económico de la comunidad. Un primer paso para avanzar en este sentido, implicaría la evolución conjunta entre la participación de las organizaciones que conforman los grupos de apoyo, y la sociedad civil organizada en pro de converger la teoría y la práctica de los principios de sostenibilidad ambiental, en las políticas que resguardan las zonas protegidas y el respeto por la conservación ambiental y por la vida.
Por tanto, los ciudadanos y todos los representantes de la comunidad se vuelven sujetos activos del cambio, y sea el Estado, como mayor representante, un facilitador de los requerimientos que los órganos competentes necesitan para dar cumplimiento a los objetivos establecidos que garanticen un mayor esfuerzo en la conservación, control y vigilancia de las reservas naturales. De esta manera, sería la participación ciudadana uno de los mayores retos a largo plazo, en aras de establecer un hábito por parte de la sociedad, en lo que respecta a la apropiación de los entornos naturales como parte de su ecosistema. Entendida de esta manera, la participación no sólo ayudaría al cambio de modelo en la gestión administrativa de recursos y de toma de decisiones vinculadas al trato que se les da a las áreas protegidas, sino que también, permite el empoderamiento de las comunidades, haciendo posible que sean los individuos mismos quienes tomen las riendas de sus propias decisiones y del lugar de vida que deseen ocupar.
Los impactos negativos que denotan de las actividades productivas que se realizan en las áreas protegidas son altos, y son necesarios los esfuerzos conjuntos de todos los representantes civiles y gubernamentales. Por otra parte, se evidenciaron tres cadenas productivas, como lo son: el alojamiento, la alimentación y el transporte, los cuales presentan debilidades, por lo que es necesario contar con el apoyo de las universidades y organizaciones no gubernamentales en la planificación y ejecución de un plan estratégico que permita la obtención de beneficios para todos los sectores de la población, y en especial, para los ecosistemas que se encuentran dentro de las áreas protegidas.
Del mismo modo, es necesario el fortalecimiento del sistema de control y la participación de las comunidades locales en el proceso de regulación y de control en las actividades dentro del área marina, como es el caso del turismo, en lo que respecta al avistamiento de ballenas y lobos marinos sudamericanos. Son las comunidades aledañas al sector quienes se benefician en mayor parte de las actividades productivas como la pesca, el turismo, la acuicultura y la venta de artesanías; y la mayoría estaría dispuesto en participar en los procesos de gestión administrativa que hiciera falta en la aplicación de un nuevo modelo para llevar a cabo un empleo sensato de los recursos.
