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Introducción
Partiendo de la convicción personal de que la alternativa más viable para garantizar la supervivencia de la especie humana es adoptar los criterios del desarrollo sostenible, es necesario hacer referencia en primer lugar al Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocido como Informe Brundtland, que en su Recapitulación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el numeral 4 establece: “Pero la esperanza de la Comisión en el futuro está condicionada a una decisiva acción política que debe comenzar ahora a administrar los recursos del medio ambiente de modo que se asegure un progreso humano y una supervivencia humana duraderos. No estamos pronosticando un futuro; estamos presentando una advertencia - una advertencia urgente basada en los últimos y mejores argumentos científicos - de que ha llegado la hora de tomar las decisiones necesarias para asegurar los recursos que permitan sostener a la presente y a las futuras generaciones”. (Organización de las Naciones Unidas, 1987)
Aunque el término desarrollo sostenible fue acuñado por primera vez en el Informe Brundtland, desde esa fecha hasta la actualidad han existido otros importantes hitos en su ampliación e implementación por la comunidad internacional, a través de las acciones propiciadas por la ONU, en lo fundamental pueden mencionarse: la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible llevada a cabo en Johannesburgo en 2002, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático adoptado el 12 de diciembre de 2015, la Cumbre Río + 20. En todos estos encuentros e instrumentos internacionales se ha ratificado la voluntad de la mayoría de los gobiernos y países de adoptar el concepto de desarrollo sostenible.
Sin embargo, los avances en la aplicación de las estrategias que permitan detener y revertir el deterioro del medio ambiente sin renunciar al desarrollo económico social y a los avances científicos y tecnológicos, no han sido los esperados, ni han tenido el efecto deseado. Por esa razón, en el año 2000 en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se plantearon como fecha de cumplimiento el año 2015. Al realizar el balance de los mismos, en el Informe de Cumplimiento se plantea: “Los datos y análisis presentados en este informe prueban que, con intervenciones específicas, estrategias acertadas, recursos adecuados y voluntad política, incluso los países más pobres pueden alcanzar un progreso drástico y sin precedentes. El informe también reconoce los logros desiguales y las deficiencias en muchas áreas. El trabajo no se ha completado y debe continuar en la nueva era del desarrollo”. (Organización de las Naciones Unidas, 2015)
Esta reflexión dio lugar a la adopción por un amplio consenso internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que forman parte de la Agenda 2030. En ese sentido, en el Prólogo del Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, el Secretario General de la ONU, expresó: “Es evidente que se necesita una respuesta mucho más profunda, rápida y ambiciosa para generar la transformación social y económica necesaria para alcanzar nuestros objetivos para el año 2030. Por los logros alcanzados, sabemos lo que funciona. Por eso, este informe destaca las áreas que pueden impulsar el progreso en todos los 17 ODS: la financiación; la resiliencia; las economías sostenibles e inclusivas; instituciones más eficaces; las medidas locales; un mejor uso de los datos; y un aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación con mayor enfoque en la transformación digital”. (Guterres, 2019)
Para cumplir con estos propósitos, Costa Rica ha suscrito una serie de compromisos internacionales a nivel ambiental y social. Esto, junto a la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sigue marcando el camino hacia el modelo de sostenibilidad, y lo ha convertido en líder en la implementación de políticas ambientales y de desarrollo sostenible.
Este trabajo tiene como objetivo analizar las políticas y estrategias implementadas en Costa Rica para el desarrollo sostenible, a través de los sectores monetario, de producción y consumo. En su elaboración se utilizaron como métodos teóricos: el exegético, el histórico lógico, el analítico sintético, y del nivel empírico: el análisis de documentos.
Desarrollo
Para realizar el análisis del impacto del sector monetario en la sostenibilidad global es necesario partir de las diferentes fuentes de los organismos internacionales que ofrecen criterios autorizados sobre la situación actual de la economía mundial. En ese sentido, es muy ilustrativo el Resumen ejecutivo: Situación y perspectivas de la economía mundial en 2019, presentado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), de la Organización de las Naciones Unidas, publicado el 21 de enero de 2019, en el que se señala: “Los principales indicadores señalan un cierto debilitamiento del impulso económico en muchos países en 2019, en medio de una escalada de las disputas comerciales, riesgos de tensiones financieras y de volatilidad y un trasfondo de tensiones geopolíticas. Al mismo tiempo, varias economías desarrolladas están enfrentando limitaciones de capacidad, que pueden ser un lastre para el crecimiento a corto plazo. Más allá de los grandes titulares, el crecimiento económico es desigual y a menudo no llega a las regiones que más lo necesitan. Las cifras que se publican ocultan las fragilidades y los reveses de muchas economías en desarrollo y el ritmo desigual del progreso económico en todo el mundo”. (Organización de las Naciones Unidas, 2019)
También se encuentran datos muy importantes en el Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, presentado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en Ciudad de México del 26 al 28 de abril de 2017. En dicho informe, la CEPAL realiza un análisis detallado sobre la economía mundial y la economía de la región latinoamericana. Entre todos los aspectos señalados destaca lo siguiente: “La economía mundial no se ha recuperado plenamente de la crisis financiera de 2008. Tanto la tasa de crecimiento del comercio como la del PIB se han mantenido en valores muy inferiores a los registrados en décadas pasadas, en particular en los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La persistencia del endeudamiento en muchas empresas y gobiernos después de la crisis de 2008 es una barrera para la recuperación de la inversión y el crecimiento. Pero hay factores estructurales que ponen en peligro la expansión de la demanda efectiva y, muy particularmente, la de la inversión”. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017)
En este Informe de la CEPAL se presenta un análisis específico sobre la situación del sector financiero a nivel global y su repercusión en América Latina y el Caribe, sobre lo que refiere lo siguiente: “El comportamiento de variables que se consideraban determinadas por factores reales se explica también por factores financieros, al punto que, en determinadas circunstancias, la esfera de lo financiero tiende a primar sobre la esfera de lo real. Esto forma parte de un proceso de financiarización, definido como la creciente importancia de los mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras en el funcionamiento de las economías y sus instituciones de gobernanza, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este proceso queda plasmado en la creciente diferencia entre el PIB mundial y los activos y derivados financieros, que ha aumentado de forma persistente en los últimos años”. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017)
Ante este panorama, los organismos internacionales proponen acciones que pueden ser viables para impulsar la economía global siguiendo criterios de sostenibilidad. Al respecto, el DAES, de la ONU, planteó en enero de 2018, los cuatro pasos que pueden llevar hacia una economía global más sostenible. En dicha publicación (Organización de las Naciones Unidas, 2018), se sugiere lo siguiente:
Diversificar las economías.
Atajar el crecimiento de las desigualdades.
Hacer más sostenibles las finanzas.
Mejorar las instituciones.
Específicamente en cuanto a la situación actual del sector financiero, en el Informe de la CEPAL mencionado ut supra, se reconoce lo siguiente: “La cooperación multilateral debe recuperar la capacidad de los gobiernos de actuar coordinadamente para estabilizar las finanzas globales y para regular y controlar sus efectos sobre las economías nacionales, evitando burbujas de precios de distintos tipos de activos, en especial de los alimentos y los activos inmobiliarios. Esta es una condición necesaria para avanzar en la Agenda 2030 y el logro de los ODS. No es posible sostener políticas a favor del pleno empleo y del trabajo decente (con sus implicaciones para el bienestar y la distribución del ingreso) sin políticas activas que fomenten la inclusión social y laboral y una arquitectura financiera internacional que dé estabilidad a los flujos de capital, los tipos de cambio o los precios de los productos básicos”. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017)
Además, en cuanto a las sugerencias de los organismos internacionales para alcanzar una economía mundial sostenible, cabe destacar que, en el Informe Perspectivas de desarrollo macroeconómico mundial, mencionado con anterioridad, el DAES plantea lo siguiente: “Hace falta adoptar urgentemente medidas políticas concretas para reducir los riesgos para la economía mundial y sentar las bases de un crecimiento económico estable y sostenible. Para poder alcanzar los ambiciosos objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la economía mundial debe ser dinámica e inclusiva. Los responsables de la formulación de políticas deben hacer lo posible por contener los riesgos a corto plazo derivados de las vulnerabilidades financieras y la escalada de las controversias comerciales, y al mismo tiempo promover una estrategia de desarrollo a más largo plazo para alcanzar los objetivos económicos, sociales y ambientales”. (Organización de las Naciones Unidas, 2019)
Los ODS han tenido en cuenta la importancia del sector monetario para la sostenibilidad. Para lograr las metas propuestas es necesario que los países implementen políticas integrales que les permitan contar con los recursos necesarios para desarrollar las acciones en el ámbito social y ambiental que permitan alcanzar la sostenibilidad a nivel mundial.
Para ello, es necesario considerar las oportunidades y riesgos a nivel macroeconómico, que permitan el fortalecimiento de los tres componentes del sector monetario. A continuación, se exponen algunas de las oportunidades y riesgos relacionados con estos componentes.
En países como Costa Rica, donde existe una riqueza en productos naturales, esto puede constituir una oportunidad y también un riesgo. Visto como una posibilidad para el desarrollo sostenible, es innegable que la comercialización de materias primas y productos básicos constituye una importante fuente de ingresos. En ese sentido, el DAES afirma: “Los beneficios del sector de los productos básicos pueden proporcionar ingresos vitales para apoyar un acceso más amplio a la educación y la atención de la salud, la inversión en infraestructura crítica, la prestación de servicios cruciales de protección social y la promoción de la diversificación económica. La diversificación reforzará la resiliencia y, en muchos casos, es también una necesidad ambiental”. (Organización de las Naciones Unidas, 2019)
También resulta de gran relevancia crear incentivos financieros para la inversión en tecnologías limpias y energía renovable, así como el otorgamiento de microcrédito y microfinanciación que permitan el desarrollo de las PYMES.
En cuanto a las exigencias de modernización de las instituciones financieras, es acertado el criterio de Ernest, Gutiérrez & Schneider (2019), cuando afirman que “la revolución FinTech representa la oportunidad de contar con una oferta de productos y servicios financieros más rápidos, eficientes y sobre todo accesibles para promover la inclusión financiera que aún constituye un desafío a nivel global. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030, la inclusión financiera es considerada crítica para el progreso de las naciones. Es así que 5 de los 17 ODS mencionan específicamente la necesidad de contar con un acceso más amplio, o universal, a los servicios financieros”.
Sobre este mismo tema de los cambios tecnológicos en el sistema financiero, expresa Namey (2017), que “las compañías de tecnología financiera se expanden durante la década presente siguiendo una senda independiente, pero paralela, a la que recorre el crecimiento de las peticiones de crédito, información financiera y servicios de inclusión financiera por parte de las startups con dificultades a las vías de crédito bancarias tradicionales. En este contexto, puede resultar decisivo en los próximos años el papel de las redes multilaterales como figura aglutinadora y conectora de la oferta y la demanda de servicios de microcrédito y otros relacionados con el desarrollo de las pymes, así como su protagonismo en la creación de nuevas comunidades de microempresas, precisamente merced a la capacidad relacional de las redes”.
Otro de los aspectos que puede analizarse como una oportunidad para la sostenibilidad en este ámbito del sector monetario es la ampliación del uso del dinero electrónico, pues como afirma Gómez Duarte (2012), “del mismo modo, se obtiene a través del dinero electrónico una mejora social, pues antes solo los sectores de la población de ingresos medios y altos podían acceder a los servicios financieros, pero el dinero electrónico permitió, en sus diferentes modalidades, el acceso hasta de los estratos sociales de ingresos bajos, por ejemplo, el dinero utilizado vía celular. Esto le permite, asimismo, al banco la captación de pequeños ahorrantes, beneficiando tanto sus pasivos como los posibles acreedores de préstamos y democratizando el sistema financiero, como consecuencia genera un efecto multiplicador, nunca antes visto, que beneficia a la economía costarricense en general”.
También existen una serie de aspectos que deben considerarse como riesgos macroeconómicos a tener en cuenta al analizar la relación entre la sostenibilidad y el sector monetario, pues en la economía globalizada cualquier evento externo puede producir una crisis a nivel internacional y propagarse a varios países, siendo más vulnerables aquellos con desequilibrios macroeconómicos y alta deuda externa. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (2019), “dado lo incierto de la actual coyuntura, cualquier acontecimiento inesperado o cambio repentino de percepción podría desencadenar fuertes correcciones en los mercados financieros y una reasignación desordenada del capital. Una rápida subida de los tipos de interés y un fortalecimiento significativo del dólar podrían exacerbar las fragilidades internas y las dificultades financieras en algunos países, lo que aumentaría el riesgo de problemas de endeudamiento”.
Como ya se ha señalado con anterioridad, la riqueza natural y de productos básicos es una gran oportunidad para los países, pero si no es explotada adecuadamente también representa un riesgo para sus economías. Sobre esta cuestión, en el Informe Situación y perspectivas de la economía mundial en 2019: Resumen ejecutivo, se señala: “Los países con muchos recursos naturales a menudo tienen dificultades para aprovechar su potencial de desarrollo. Muchas de las economías en desarrollo que están quedando rezagadas dependen en gran medida de los productos básicos, tanto en los ingresos de exportaciones como en la financiación para los gastos fiscales”. (Organización de las Naciones Unidas, 2019)
Otro riesgo se identifica en los problemas de gobernanza, inestabilidad política, la existencia de guerrillas y el narcotráfico, pues los países que enfrentan estas dificultades obtienen malas calificaciones de los organismos internacionales encargados de otorgar créditos, y los inversores se muestran más cautelosos
Otro aspecto a tener en cuenta como riesgo son los altos niveles de endeudamiento y que esto no siempre ha ido acompañado de una inversión adecuada en el sector productivo, lo que hace que, pasado el período de gracia, las obligaciones de servicio de la deuda sean una carga que las finanzas públicas no pueden asumir.
En el Resumen Ejecutivo Estudios Económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: Costa Rica 2018, se expresa: “Mediante la protección de su abundante biodiversidad y el desarrollo fuentes de energía renovables, en Costa Rica se ha establecido una industria de turismo ecológico y una marca verde de renombre mundial. La apertura comercial y la inversión extranjera directa son parte integral del exitoso modelo de crecimiento de Costa Rica. Esto ha sustentado la transformación estructural del país de una economía basada en la agricultura hacia una economía con una estructura más diversificada e integrada en las cadenas globales de valor”. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2018)
Sin embargo, en este Informe la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018), plantea también una serie de hallazgos y propone acciones a realizar. Dicho análisis, muestra claramente la necesaria relación que debe existir entre la sostenibilidad y los tres componentes del sector monetario, entiéndase: mercado de dinero (personas), sistema financiero (instituciones) y sistema monetario (dinero). A continuación, algunas de las consideraciones de la OCDE sobre lo que debe implementarse en Costa Rica, a saber: aumentar su especialización en los sectores que usan intensivamente las tecnologías sofisticadas, que la inversión pública aumente, reducir la alta segmentación del mercado laboral para lograr que el crecimiento sea más inclusivo, restablecer la sostenibilidad fiscal, reducir la dolarización y fortalecer el sector financiero, mejorar la manera de seleccionar a quienes nombra en las juntas directivas de los bancos estatales y otras empresas estatales, abrir el ingreso a nuevas empresas de tecnología en los servicios financieros (FinTech), lograr que el crecimiento sea más robusto y más inclusivo, establecer una meta clara y verificable basada en el desempeño para medir el éxito de sus políticas educativas, e incentivar el emprendedurismo.
El enfoque de producción y consumo sostenibles es fundamental para el logro de los objetivos contenidos en la Agenda 2030. Desde hace varios años se comenzó a hablar al respecto, así, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1992, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, quedó establecido como Principio 8 de la Declaración de Río; cuestión que se retomó en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 y en el Plan de Implementación de Johannesburgo (PIJ).
Como consecuencia del Plan de Implementación de Johannesburgo surge en el 2003 el Proceso de Marrakech. (10YFP, por sus siglas en inglés). El 10YFP, como marco global de acción, busca acelerar el cambio hacia patrones de consumo y producción sostenibles tanto en países desarrollados como en los países en desarrollo. Los programas contemplados dentro del 10YFP son:
Turismo sostenible.
Edificios y construcciones ecosostenibles.
Sistemas agroalimentarios sostenibles.
Estilos de vida y educación.
Información al consumidor.
Compras públicas sustentables.
En el 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) reafirmó que promover patrones de consumo y producción sostenibles es uno de los tres objetivos generales y requisitos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible.
En el ámbito latinoamericano, el 10YFP ha logrado que la producción y consumo sostenibles sean vistos como una prioridad, muestra de ello son las discusiones de este tema en los Foros de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, la "Estrategia Regional de Consumo y Producción Sostenibles (CPS) para la implementación del Marco Decenal de CPS (10YFP) en América Latina y el Caribe (2015 - 2022)", y los planes, programas y políticas nacionales en producción y consumo sostenibles que desarrollan los países latinoamericanos.
En ese mismo sentido, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, se estableció en su Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (2015), define que “el consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además, ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza”.
Con todos estos argumentos, existe consenso a nivel internacional sobre la necesidad de cambiar los patrones de producción y consumo que hasta ahora ha desarrollado la humanidad, pues si seguimos al ritmo que hemos llevado en la historia conocida hasta el momento y con los altos niveles de crecimiento acelerado, los recursos naturales se agotarán y el daño al medio ambiente será irreversible.
En el mismo sentido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Argentina. Presidencia de la Nación, 2017), señala que “por producción sustentable (PS) entendemos el modelo de producción de bienes y servicios que minimiza el uso de recursos naturales, la generación de materiales tóxicos, residuos y emisiones contaminantes sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras”.
Según lo expresado por la Fundación Vida Silvestre de Argentina (2019), “una definición de producción sostenible es la que busca "mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan". Poner en práctica esta definición requiere de cambios en los procesos de extracción y explotación de los recursos, así como su uso y consumo durante el proceso de producción, y en la reducción de las emisiones asociadas con esos procesos productivos, de la que se derivan las "huellas ambientales", que definen una responsabilidad más allá del consumo, tanto para el productor y comercializador, como para el consumidor”.
En el manifiesto por la vida Por una Ética para la Sustentabilidad (Organización de las Naciones Unidas, 2012), se plantea: “La pobreza y la injusticia social son los signos más elocuentes del malestar de nuestra cultura, y están asociadas directa o indirectamente con el deterioro ecológico a escala planetaria y son el resultado de procesos históricos de exclusión económica, política, social y cultural”.
En ese sentido, muchas veces se critica a los países denominados “pobres” por basar su economía en la explotación de sus recursos naturales, la extracción de minerales y combustibles fósiles, el uso intensivo del suelo, la utilización desmedida de los recursos hídricos, aduciendo con razón, que esto ocasiona daños al medio ambiente. Sin embargo, el desarrollo sostenible de la actividad productiva no se trata de renunciar a explotar los recursos naturales de los países, ni siquiera tiene que estar reñido con las industrias extractivistas. Se trata de hacerlo de manera eficiente, regulada y responsable, con una tendencia a que sea cada vez menor e implementando estrategias que permitan el desarrollo de otras formas de producción basadas en el conocimiento, las nuevas tecnologías, y el empleo de energías renovables y limpias. Si bien es cierto que existe consenso internacional en cuanto a que el modelo productivo para ser sostenible y generar desarrollo para los países debe tener en cuenta todo lo anterior, no se puede perder de vista que esto se convierte en un círculo, pues muchas veces esto se ve limitado por el alto costo de dichas tecnologías, que en ocasiones las hace inalcanzables para países en vías de desarrollo. Por esa razón, es necesario incentivar los programas y proyectos de inversión extranjera directa y de inversión de empresas privadas nacionales en los países en desarrollo, que a través del control del Estado en los principales sectores estratégicos, permitan aumentar su PIB para así contar con los recursos para programas sociales que favorezca las acciones para la erradicación de la pobreza y la exclusión social, y que a su vez puedan ser asignados al desarrollo de procesos regenerativos del medio ambiente, a la formación del capital humano, y a la diversificación de la matriz productiva.
Un estudio interesante sobre la producción y consumo sostenible en Costa Rica, es el que desarrolló el consultor independiente y que sirvió de diagnóstico para la posterior concertación de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles. En dicho estudio se aprecia un panorama general de la situación actual y las necesidades de perfeccionamiento de los diferentes programas considerados en el 10YFP, a saber: sistemas agroalimentarios sostenibles, turismo sostenible, estilos de vida sostenibles, construcción sostenible, y compra pública sostenible.
Con base en este estudio, el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) promulgaron en marzo de 2018, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles. En la elaboración de este instrumento participaron instituciones, empresas, cámaras, organizaciones y municipalidades.
En el documento que establece la referida Política se presenta el diagnóstico general sobre la situación de la producción y el consumo sostenibles en Costa Rica, en donde se señalan brechas importantes, pero también se resaltan logros. Además, se detallan los compromisos de los ODS y OCDE que se estarán cumpliendo con la implementación de esta Política.
Como se señala en la fundamentación de esta Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles, la situación que precedió a su aprobación reflejaba una situación poco favorable para alcanzar las metas propuestas: “Tanto en el tema de las políticas como en el caso de los proyectos e iniciativas se identificó como común denominador: la desarticulación, dispersión de esfuerzos y traslape de recursos para un mismo fin. También se señaló un vacío en cuanto a la investigación e innovación con lo que se pone un obstáculo a los posibles avances en el tema”. (Costa Rica. Presidencia de la República, 2018)
El 22 de junio de 2017, se aprobó la Política Nacional de Responsabilidad Social en Costa Rica, como se ha expresado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2017), “esta iniciativa busca generar sinergias entre los diferentes actores del desarrollo, así como involucrar y sensibilizar a la población sobre su importancia. De esta manera el Estado asume un papel en la promoción y fomento de la Responsabilidad Social”.
Dicha Política, está compuesta por siete ejes que cubren cada uno de los aspectos que contempla la Responsabilidad Social, que va desde su promoción para conseguir organizaciones más sostenibles, la transparencia y el buen gobierno, la gestión responsable de las personas, la educación, el respeto por el medio ambiente hasta el consumo responsable, la relación con los proveedores, la inversión socialmente responsable o la Responsabilidad Social en las relaciones exteriores de Costa Rica, los cuales, están estrechamente vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La formulación de esta Política se caracterizó por un amplio proceso de consulta, en el cual participaron la Comisión Interinstitucional, entidades del sector público y empresas públicas; pequeñas y medianas empresas, la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), así como el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS). Adicionalmente, se realizaron dos consultas en línea, en las cuales se recibieron importantes aportes de la ciudadanía.
Según datos presentados por Hernández González & Villalobo (2016), “a reconversión productiva de Costa Rica se evidencia al examinar con detenimiento la evolución de la actividad agrícola, a pesar del crecimiento en sus niveles de producción, la proporción de la agricultura como porcentaje del PIB nominal decreció un 31,18% entre 1995 y 2015. En contraposición, áreas relacionadas con el sector servicios han ganado mucha participación. Por ejemplo, aumentaron de manera significativa entre 1995 y 2015 las categorías: otros servicios prestados a empresas (5,58 veces); y servicios financieros y seguros (4,45 veces)”.
En lo referido a los encadenamientos productivos según la matriz insumo-producto, como señala Chaverri Morales (2016), “se ha logrado identificar que los productos con mayores encadenamientos hacia atrás son aquellos que están relacionados con actividades manufactureras como es el caso de los “productos cárnicos y productos lácteos”, la “madera”, los “otros productos alimenticios”, “granos y harina molida”, entre otros. Un elemento característico es que por lo general los productos asociados con servicios suelen tener bajos encadenamientos hacia atrás. Esto es el caso de los “otros servicios y el “comercio al por mayor y al detalle”. En el caso de los encadenamientos hacia adelante y a diferencia de lo expresado en el párrafo anterior, los “otros servicios”, el “comercio al por mayor y al detalle” y las “finanzas y seguros” son los productos más importantes según los encadenamientos”.
La combinación de la disminución en la participación de las actividades agrícolas y el ascenso de las áreas de servicios como porcentaje del Producto Interno B, indican la transición hacia una economía de servicios.
Conclusiones
Costa Rica fue el primer país del mundo en suscribir un pacto nacional por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, esto demuestra el compromiso del Estado y toda la sociedad para alcanzar lo establecido en la Agenda 2030.
Aunque existen logros importantes en la implementación de políticas y estrategias para el desarrollo sostenible, específicamente en el sector monetario es necesario realizar acciones que permitan un crecimiento económico más inclusivo y el fortalecimiento del sistema financiero costarricense.
Como se señala en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles: Para lograr cambios en la estructura productiva y de consumo del país se requieren acciones contundentes de parte del Estado, entendiéndolo en su concepción más amplia. Sin embargo, se debe tener presente que el desarrollo sostenible parte de una responsabilidad compartida; es decir, resulta fundamental la participación activa y coordinada de todos los actores para apuntar hacia formas sostenibles de producir y consumir en la sociedad costarricense (Costa Rica. Presidencia de la República, 2018)
El cambio sufrido por la economía costarricense se encuentra correlacionado con el impulso de las políticas públicas que fortalecieron la inserción del país en el mercado internacional.
Como señalan los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018), el aumento continuo de los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, la incapacidad de generar suficientes empleos, el estancamiento en la reducción de la pobreza, y la presión sobre los recursos naturales, son signos que muestran un rumbo inadecuado del modelo productivo del país.
La Política Nacional de Responsabilidad Social, promueve un enfoque de gestión responsable y sostenible entre las empresas públicas y privadas y organizaciones de la administración pública, así como entidades de la sociedad civil.
