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Introducción
La ciencia política contemporánea, a pesar de sus límites imprecisos con otras ciencias y su indeterminación conceptual respecto al objeto de estudio (Fung, 2004), se ocupa de grandes temas como las relaciones de dominio y autoridad, la distribución de valores societarios escasos, los sistemas políticos y cualquier otra línea multicompleja que se relacione con el poder. Su enfoque sur se concentra en buscar planteamientos teóricos a los problemas de los países y comunidades subyugadas de alguna forma por otros, para solucionarlos en la práctica.
Este artículo se inserta en dicha visión politológica y emana de los estímulos que producen las informaciones y reflexiones diarias sobre la violencia en que se desenvuelven las relaciones sociales en América Latina y que impera sobre otras formas de vincularse los humanos en dos países muy cercanos cultural y geográficamente a Cuba: México y Colombia.
Desde un recorrido diacrónico, se brindará esencias y particularidades de cada uno para exponer algunos puntos de similitud y diferencias. Durante la última etapa de la colonización española, Nueva Granada o la Gran Colombia era un Virreinato integrado por territorios que hoy conforman cuatro países. Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Su nombre es un homenaje al navegante Cristóbal Colón.
En 1810, la élite económica e intelectual de los criollos aprovechando la debilidad económica, político y militar de España por la invasión de Francia, se alza en un Grito de Independencia en Bogotá.
Tan temprano como 1812, mientras se organizaba para repeler a las fuerzas españolas, estalla la primera de decenas de guerras civiles (Guerra, 2019), entre clanes aristocráticos para decidir sobre un gobierno centralista o federalista. Vencen estos últimos y con ello se propiciaron condiciones para una inestabilidad política permanente en el futuro mediato y una violencia en espiral germinadora de interminables conflictos y crisis internas.
Esa conflagración no impidió que el 19 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá se alcanzara la definitiva independencia política bajo el mando de Simón Bolívar, pero si la retrasó y aumento su costo en vidas y recursos.
Durante los 11 años posteriores se intentaron múltiples asesinatos del Libertador, que enfermo y amargado por la desmembración patria, al separarse Venezuela y Ecuador y no concretarse la independencia cubana ni puertorriqueña, murió en Santa Marta en 1830 y meses después, se produjo el primer Golpe de Estado, que inspiró para los próximos 70 años un permanente estado de guerra interna.
Sin un gobierno central y desmontado el glorioso ejército de Bolívar, el federalismo facilitó que en cada región los caudillos, los terratenientes y la Iglesia compraran grados de generales y reclutaran forzosamente a campesinos, trabajadores, indígenas, negros y semiesclavos para defender los intereses de cada oligarca y matar a sus iguales sin saber porque durante dos siglos.
Alrededor de 1850, las élites, sin reales diferencias ideológicas, se dividieron formal y definitivamente en dos partidos políticos: Liberales y Conservadores, cuyos jefes hacían la guerra para aumentar el poder bajo el pretexto de ideales y principios, pero listos para unirse ante el peligro a sus intereses que representaban las protestas o rebeliones de los pobres, los de abajo.
Una de sus conflagraciones más crueles y largas comenzó en 1899, la Guerra de los Mil Días, que culminó en un armisticio preparado por EEUU en 1902 y más de 100 mil muertos en una población de 4 millones, una crisis económica que no podía enfrentar ni las fuerzas militares ni las manipulaciones políticas y diplomáticas de ese gobierno que estimuló a los líderes de la región del Istmo a declarar su separación de Colombia el 3 de Noviembre de 1903, para ser militarmente e instalar múltiples bases que garantizaran la terminación y apropiación del canal.
En 1921, Colombia, a instancias de EEUU, reconoce la independencia panameña en un tratado bilateral para recibir una compensación de 25 millones de dólares desde 1922 y la promesa de préstamos por la separación.
Desarrollo
Hasta hoy, la política exterior de Colombia está atada a los EEUU, siguiendo la doctrina del presidente Marco Fidel Suárez (1918-1922) que lo consideraba como la Estrella Polar y por eso era imprescindible mirar al norte, sobre todo al disminuir la influencia Francia e Inglaterra, debilitadas por la guerra mundial.
La política interior continuó protegiendo a la oligarquía con la represión. Toda huelga o protesta se consideraba intromisión y confabulación de la internacional comunista y constituía un asalto al Estado por lo cual se promulgó en Octubre de 1928 la “Ley de Defensa Social” o “Ley Heroica” que concretó un marco teórico altamente represivo al prohibir la formación de organizaciones populares y sindicales de oposición, difundir ideas socialistas bajo condenas sumarias y dividir aún más al campesinado al mantenerlo analfabeto, sin orientación jurídica ni política y apegado a los dictados de la Iglesia Católica, lo cual resultaba clave para el comportamiento sumiso que necesitaba la oligarquía. El éxodo de estos permitió mayores latifundios.
Así Colombia se adelantó décadas al Pentágono y al propio Gobierno de EEUU en la formulación de doctrinas contra lo que se conoce como enemigo interno. Reaparecieron las bandas paramilitares amparadas por políticos y caciques locales, se entrenaron turbas criminales para amenazar, coercionar y matar, al tiempo que se estimuló el ingreso de maleantes, delincuentes y asesinos a la Policía Nacional y a las guardias departamentales.
En la década del ’30 comenzó a aparecer cada día en los periódicos descripciones de crímenes horrendos, sobre familias enteras, ancianos, niños, venganzas crueles con desollamiento y mutilación de los cuerpos. La sociedad se fue familiarizando con ellos hasta el punto que ya no impresionaba la rutina de los atentados criminales en serie.
Esas múltiples represiones con miles de muertos, fortalecían a los movimientos antioligárquicos, de los que descolló individualmente en 1928 un líder natural, Jorge Eliecer Gaitán Ayala, que perteneciendo al tradicional Partido Liberal pretendió desde sus estructuras, cambiar esa situación, pero fue asesinado en Abril de 1948 provocando masivas y espontáneas protestas populares, sin dirección política consciente, conocida como “El Bogotazo” que dejaron más de tres mil muertos y coincidió con la novena Conferencia Panamericana presidida por el General estadounidense George Marshall, donde la Unión Panamericana cambia el nombre por el de Organización de Estados Americanos (OEA), se crearon las bases jurídicas y políticas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con una Junta Interamericana de Defensa y un Colegio Interamericano de Defensa que articularían las orientaciones militares estadounidenses y la asociación estratégica entre ambos países.
El gobierno, tras aplastar sangrientamente los levantamientos en las ciudades y el campo, logró desviar paulatinamente la ira popular al culpar a los comunistas internos y a la Unión Soviética del asesinato y finalmente los dos partidos coincidieron en la necesidad de incitar odios entre las clases bajas. Que se despedazaran los liberales contra los conservadores, pero nunca sus élites. Se exacerbó la venganza desde el Congreso, las estaciones de radio, la prensa escrita y carteles anunciadores en las calles. Las matanzas se volvieron rutinarias que arrasaron pueblos enteros.
El Partido Comunista llamó a la autodefensa de las masas. Resistir o perecer. Ante esa resistencia a la guerra política y religiosa del Estado, este decretó que cualquier oposición a las Fuerzas Armadas implicaba ejecución sumaria, y en 1949 se disolvió el Congreso para que el Ejército volviera al escenario político y ocupara los ministerios de Gobierno, Justicia y Guerra e imponerse a sangre y fuego, lo que apaciguó algunas regiones y se pudo continuar la línea pronorteamericana en política exterior. Fue el único país de Latinoamérica que participó en la Guerra de Corea con el batallón, “Colombia”, bajo el mando estadounidense desde 1951 hasta 1954, lo que avaló la firma en 1952 del primer Pacto de Asistencia Militar de un país del continente con EEUU y recibió armamento destinado al conflicto interno y un subsidio de 60 000 000 de dólares entre 1961 y 1967, solo superado por los ejércitos de Brasil y Chile.
La resistencia popular buscó alternativas y aparecieron los primeros grupos guerrilleros, que enfrentaron a bandas paramiltares, a la policía y al ejército con miles de soldados en bombarderos, lanchas fluviales y otros equipos modernos recibidos desde EEUU, que a su vez crean las “guerrillas de paz”; múltiples bandas parapoliciales o conformadas por militares y guerrilleros arrepentidos que se van extendiendo al resto del territorio nacional y envía oficiales a Fort Bening en EEUU para formarse como rangers en técnicas de combate irregular y formación de jefes de pequeñas unidades que cumplan misiones especiales.
En los años ’50 innovan otra réplica del guerrillero que aún perdura; el “pájaro”, pues es llamado con urgencia para matar selectivamente e inmediatamente volar hacia otro lugar y después a otro y otro, en un plan de asesinar y emigrar continuamente y haciéndose común en todas las zonas del país. A fines de la década se consideraba entre 10 000 y 15 000 las muertes entre la población civil producto de la actividad guerrillera y contraguerrillera (Calvo Ospina, 2016).
También eliminan opositores con un plan siniestro al ofrecer amnistía a todos los guerrilleros, cuya inmensa mayoría un año y medio después va a ser asesinada. Este modelo se ha repetido varias veces en la historia del país y aún perdura.
En julio de 1956, en el balneario catalán de Benidorm, bajo la protección del dictador Francisco Franco, los líderes de los partidos Conservador y Liberal, acuerdan alternarse en el poder cada cuatro años y repartirse a la mitad los puestos públicos, el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales, excluyendo a otros partidos existentes o por crearse. Esa coalición se llamó Frente Nacional y se mantiene efectiva hasta hoy. Así se cabaron las luchas partidistas, pero incrementaron la lucha de clases, la de los muchos sin nada contra los pocos con todo.
Ello fue apreciado como una autoamnistía de la oligarquía por los 300 000 campesinos asesinados y 2 000 000 de desplazados en una verdadera guerra civil no declarada entre 1946 y 1958, pues nadie respondió por ello, se hizo silencio sobre las muertes y los mismos que ensangrentaron al país, se presentaron como autores del retorno a las prácticas democráticas, civilistas, progresistas y amantes de la libertad.
En los años ’60 apareció el “bandolerismo”, término dado a los campesinos defraudados por las promesas no cumplidas, que sin una línea política e ideológica definida, recurrieron a la venganza y la revancha con el apoyo de poderes regionales a condición de que exterminaran a dirigentes agrarios, a guerrilleros amnistiados, consolidaran sus influencias políticas y pacificaran las regiones que económicamente les interesaban. El sadismo empleado los hizo tristemente célebres aunque no era más que la reproducción del accionar que habían sufrido previamente. La prensa describió al detalle sus fechorías incrementando el pánico entre la población, pero ignoró que cuando estos dejaron de servir a los intereses que les pagaban, se les aplicó el exterminio sin piedad, con la misma servicia con que habían actuado. Sus cadáveres se exhibían en las plazas públicas y cuando comenzaban a descomponerse y los animales carroñeros los devoraban, se tiraban en huecos, no en cementerios y sin la bendición de los curas, que muchas veces los empujaron a ese actuar. La literatura, la pintura, la música y el cine crearon obras trascendentales reflejando esos momentos.
Para dar un giro político al problema se creó una Comisión Investigadora de la Violencia (Calvo Ospina, 2016), que concluyó en que “La propiedad de la tierra es la esencia del problema”, pues la Federación Nacional de Cafeteros logró convertirse en un Estado dentro del Estado por su influencia política decisiva con la riqueza obtenida del despojo tradicional de la tierra a los campesinos y del contrabando del café. Todavía es una temida e intocable mafia. El clero participaba del despojo a los campesinos junto a los demás latifundistas pues los curas en la base robaban las cosechas a los campesinos.
En 1965 se expide un Decreto Presidencial para la creación de grupos paramilitares, que tres años después sería convertido en Ley y en 1969 el Comando General de las Fuerzas Militares emite un “Reglamento de Combate contra Guerrillas” que organiza a la población en dos niveles: Defensa Civil y Juntas de Autodefensa (Calvo Ospina, 2016). Así legaliza el paramilitarismo y de paso arrebatan el nombre primario con que se autodenominaron las guerrillas liberales y comunistas campesinas en la década del ‘50.
En la década del “70 cuando los Golpes de Estado militares ocurrían en el resto de Sudamérica, la presencia del ejército se convirtió en ideología del Estado, para que la sociedad se acercara orgánicamente a los militares. Se permitió y estimuló a los profesionales para incorporarse como oficiales activos, aunque no hubiesen estudiado en escuelas militares, a partir de la certeza de que muy pocos, poquísimos pobres, llegarían a la universidad.
En 1974 se estructura al Estado colombiano en función de la Doctrina de Seguridad Nacional, que se originó en los años 50 en Francia durante sus guerras coloniales en Argelia y Viet Nam, al igual que el empleo masivo y sofisticado de la tortura y las desapariciones. Hasta ahora dicha Doctrina estaba sembrada en los cimientos del Estado, tanto en las instituciones como en la sociedad, pero no había sido legalizada. Se organizó en cinco frentes: Interno, externo, económico, militar y científico-técnico, ubicando cada institución oficial, desde los ministerios hasta la base en uno de ellos, que a su vez son unificados y coordinados en su naturaleza y esencia, métodos y procedimientos por el Consejo Superior de la Defensa Nacional.
En 1978 se promulgó el Estatuto de Seguridad Nacional y bajo el mismo, un año más tarde, según el propio Ministerio de Defensa hubo 60 000 prisioneros a partir de la fórmula adaptada por un fiscal militar en un Consejo Verbal de Guerra: “Es mejor condenar a un inocente que dejar libre un guerrillero”.
Psicólogos y médicos fueron puestos en función de asesorar a los torturadores para su estabilidad emocional e indicarle cuando debía parar la provocación del dolor para evitar que la víctima muriera antes de lo necesario. De estos expertos muchos fueron los civiles profesionales que ingresaron en las fuerzas armadas un tiempo atrás y se capacitaron en Argentina y en la Escuela de las Américas, todavía en Panamá. Así un gobierno elegido democráticamente actuaba igual que las dictaduras que lo rodeaban (Calvo Ospina, 2016).
Fue activada una nueva organización; la Alianza Anticomunista Americana (Triple A). Réplica de su predecesora argentina desde 1973 y rostro visible del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI), subordinado a la Brigada de Institutos Militares, por tanto, insertados en las estructuras especiales del servicio de inteligencia militar del ejército, asesorados y dirigidos por la CIA. Grupos de ese corte proliferaron en los ’80 dedicados a secuestrar, torturar y matar o ejecutar actos terroristas con explosivos.
Continuó la amnistía a guerrilleros y comenzaron a disminuir las sanciones judiciales de los presos políticos para sus posteriores desapariciones forzosas. Una trampa siniestra que exonera al Estado de la represión, ya que aparece como obra de sicarios, pistoleros, escuadrones de la muerte y paramilitares, a lo que se agrega un contubernio y subordinación de los medios de prensa a las instancias de poder, probado en que toda esa información fue pública y ningún medio local la reprodujo, solo el periódico mexicano “El Día” en 1980.
En 1987 se contrató a especialistas israelíes e ingleses como mercenarios para asesorar y entrenar a paramilitares. Ello fue conocido y aprobado por las autoridades civiles y militares de Colombia, de EEUU y de Israel, al tiempo que se aprobó por la Comandancia General otro “Reglamento de Combate de Contraguerrillas” que clasifica a la subversión en dos grupos:
-Población civil insurgente: sindicatos, organizaciones estudiantiles, campesinas, intelectuales, económicas y políticas que actúan a través de huelgas, paros, marchas, movilizaciones o cualquier movimiento de protesta, que consideran como “acciones políticas”
- Grupos armados como las guerrillas o comandos revolucionarios
A su vez define a la Guerra de Contrainsurgencia, contrarrevolucionaria o antisubversiva como….”la que lleva a cabo el gobierno apoyado por una gran porción de la población civil de un país, empleando acciones de tipo político, económico, psicológico, sociológico, militar y paramilitar contra las fuerzas insurgentes para prevenir o eliminar el proceso revolucionario y garantizar que no vuelva a presentarse” teniendo como principales apoyos a los Servicios de Inteligencia, los Grupos de Guerra Psicológica y las Juntas de Autodefensa.
También definen en esa guerra como “masacre” al asesinato de cuatro o más personas por motivos políticos, donde introducen en el país el mismo principio de “responsabilidad colectiva” previamente aplicado en Guatemala, Perú y El Salvador, que consiste en que “todo civil que vive en una región donde opera una guerrilla es un objetivo legítimo”. (Fung, 2004)
La práctica paramilitar impuso su elevación al plano teórico en la Escuela de las Américas de Panamá en el Curso de Contraguerrilla que enfatizaba la necesidad de crear estas fuerzas en apoyo a los ejércitos que combaten a los sectores internos subvertidos por la influencia cubana.
De esta forma el Estado colombiano justificó su renuncia a investigar, juzgar y castigar a estos asesinos y sus Fuerzas Armadas a través del poder judicial, para mantener la impunidad. Un instrumento ilegal de represión goza de legalidad mientras que los poderes ejecutivo y legislativo distinguen con ascensos, condecoraciones y otros honores a la jerarquía y oficialidad del ejército y líderes paramilitares.
A fines de los ’80, el 5% de los colombianos tenían la propiedad del 83% de las mejores tierras y las protestas continuadas por años hicieron que en 1990 se convocara a una Asamblea Constituyente que proclamó una nueva Constitución en mayo de 1991, más de 100 años después de la anterior.
No obstante, los índices de pobreza rural aumentaron del 65% en 1991 al 72% en 1995 y en las grandes ciudades el 1% poseía el 70% del suelo urbano; los parámetros más diferenciables en América Latina, pues las reformas neoliberales hicieron a los narcotraficantes mucho más influyentes en la política, al acrecentar su poder económico con más facilidades para lavar y proteger sus fortunas ilícitas en los bancos recién privatizados (Drug Enforcement Administration, 1994), aunque la mayor parte de estas termina en los de EEUU, ayudando a dinamizar la economía de ese país.
Ello incrementó una alianza estratégica entre el narcotráfico y las fuerzas armadas, con servicios y favores interrelacionados. Unos ofrecían el dinero necesario que al presupuesto del Estado le estaba prohibido, mataban gente y cometían masacres para enriquecerse y en apoyo de este y el otro daba apoyo táctico y protección, mientras el gobierno no ve nada.
El narcotráfico fue ejecutando tareas de los paramilitares. Su poder permitió financiar la “contra” en Nicaragua y estrechar lazos con la CIA y otras agencias de seguridad de EEUU, llegando a involucrar incluso al Vicepresidente de ese país, máximo responsable de dar seguimiento a la guerra antisandinista en el Consejo Nacional de Seguridad y futuro presidente George Bush (1988-1992). Ello es mostrado en la investigación del senador John Kerry (Dale Scott & Marschal, 1991) en entrevista al Washington Post, quien consideró a Colombia como una “narcodemocracia” (Cockcroft, 2004).
Ante la presión nacional e internacional, el gobierno comenzó a propagandizar el ataque al narcotráfico hasta descabezar los carteles de Cali y Medellín y logró mediante negociaciones desmovilizar a los grupos guerrilleros M-19, parte del Ejército de Liberación de los Pobres (ELP) que pasaron a llamarse Esperanza, Paz y Libertad, conservando las siglas y el Comando Quintín Lamé, netamente indígena, además de liberalizar y modernizar la economía abriéndola al capital internacional sin condiciones de ninguna índole.
En 1994 se registraron 4378 hechos de violencia y las Fuerzas Armadas y de seguridad fueron responsables de 2336 casos, el 88,9%, los paramilitares de 230 casos, el 8,75% y la insurgencia de 61 casos, el 2,3% (Moreno, 2003). Entre 1990 y 1997 hubo 7 contactos armados entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares o autodefensas, mientras que con la guerrilla hubo más de 5 000 y actuaban más de 500 bandas de sicarios subordinadas al Cartel de Medellín solamente.
Entre julio de 1996 y septiembre de 2001 fueron asesinados 54 defensores de los Derechos Humanos y 14 fueron desaparecidos, tal como lo constató la Representante Especial del Secretario General de la ONU, en octubre de 2001 y reconoció la existencia de medidas que el Estado no aplicaba y como insatisfactorias las explicaciones del Estado y de los mandos militares.
Los grupos paramilitares aprendieron por experiencia que en los ríos, lagos y mares la mejor técnica para echar cuerpos humanos y que no aparezcan después flotando, consiste en cortar la cabeza, las manos, los pies y sacar los intestinos y otros órganos.
La impunidad reiterada de los autores intelectuales y materiales de masacres y otros crímenes de lesa humanidad respaldados por autoridades estatales, llevaron a múltiples organizaciones y personalidades a recurrir a instancias internacionales para encontrar algo de justicia, frenar y denunciar ante el mundo el sostenido régimen de opresión a que las fuerzas armadas de un país pueden someter a su población y no responder de ello.
En Julio de 2004 por vez primera en la Historia un Tribunal Internacional responsabilizó a las autoridades de un país por los crímenes de sus grupos paramilitares cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado colombiano a pagar 6 500 000 dólares a los familiares de 19 ciudadanos secuestrados y ejecutados por una de estas organizaciones y realizar una ceremonia oficial de desagravio a las víctimas y sus familiares.
Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) se arreció como nunca el vínculo con el narcotráfico, el uso de las fuerzas paramilitares como medio de presión política y el bombardeo y ataque frontal a las guerrillas, alcanzando la violencia parámetros desconocidos en las democracias sudamericanas. Se le acusó en múltiples ocasiones de genocidio, siendo infructuosas hasta ahora.
Durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), se comprendió la imposibilidad de vencer militarmente a la guerrilla y fueron mantenidas durante años negociaciones de paz en La Habana, que culminaron con un acuerdo firmado en 2017 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y este se integró como partido político con una asignación de senadores.
El actual gobierno de Iván Duque (2018) no respeta dichos acuerdos y recurre a las viejas tácticas de asesinar guerrilleros y líderes sindicales, incrementando nuevamente la violencia con objetivos políticos y provocando la reactivación de la guerrilla y protestas callejeras en las ciudades y Bogotá.
Desde hace 200 años este país vive múltiples conflictos y crisis internas, pero la violencia política es la que más vidas se lleva y más torturas produce, la que más siembra odios y venganzas interminables al mismo tiempo que uno de los que más dinero mueve y beneficia a sus ejecutantes. Los grupos que a ella se dedican están controlados por instituciones estatales y constituyen métodos de refuerzo a la Gobernabilidad y la estabilidad del sistema político.
Se calculó y fue creando un esquema con democracia formal, un Estado de Derecho con rostro civil presidencial y elecciones regulares planificadas donde siempre ganan los mismos pero latente y omnipresente la violencia sistemática y manipulada en la forma de hacer política.
Colombia se diferenció de la mayoría de los países del continente, cuyas élites recurrieron a Golpes de Estado militares para instaurar crueles dictaduras; al representar la legitimación de la soberanía popular en sus fuerzas armadas.
La política militar constituye el primer generador de violencia en el país, pero ha resultado incapaz de contener a las fuerzas armadas no convencionales, por lo que reestructuran permanentemente estrategias y tácticas, pero no cambian el discurso, tras el triunfo de la Revolución Cubana, la derrota del ejército francés en Dien Bien Phu en 1954 y del norteamericano en Viet Nam.
Las Leyes, los decretos y la reglamentación militar han hecho del paramilitarismo un instrumento imprescindible del Estado colombiano en poder de la oligarquía tradicional agrupada en los partidos Liberal y Conservador.
El paramilitarismo se configura y amolda a las diferentes circunstancias para garantizar la estrategia de romper a cualquier otra organización que pueda amenazar ese control y aparentar democracia y civilidad.
La imagen de Colombia apenas se afecta por las cifras y denuncias, pues no son reproducidas ampliamente ni por la prensa nacional ni la internacional dados las presiones de EEUU para mostrarla como ejemplo de democracia.
Por otra parte, el rol decisivo de México en el mundo es incuestionable. Es la segunda economía de Latinoamérica y una de las 20 primeras del mundo por su PIB. Durante casi todo el siglo XX, su Estado, heredero de las ideas revolucionarias de 1917, se guió por principios como la neutralidad, soberanía, independencia, autodeterminación de los pueblos, la paz y el desarme, sobre todo nuclear. Fue sede de la firma del Tratado de Tlatelolco para impedir la presencia de armamento nuclear en Latinoamérica, de negociaciones y acuerdos para acabar las guerras civiles de Centroamérica como los de Esquipulas, Contadora entre otros eventos internacionales trascendentes. Su población se compone de más de 150 millones de habitantes, herederos de culturas muy originales en todas sus manifestaciones.
Actualmente la agricultura, la ganadería y la alimentación son controladas por unas veinte empresas transnacionales subsidiadas por el gobierno de los EEUU, como Cargill, Monsanto, Dupont-Pioner, Dow... debido al tratado trilateral con EEUU y Canadá.
México tiene trato especial con EEUU entre otras causas por ser la única nación que garantiza a bajo precio la reserva petrolera estratégica de EEUU. Desde los años 20 del siglo pasado, dispuso de un Estado integrado por caudillos regionales que realizaron la Revolución, intelectuales y líderes políticos que se transformaron en funcionarios y burócratas. Ellos se sirvieron de este para favorecer a grandes capitalistas nacionales y extranjeros al tiempo que se apropiaron de parte del dinero público y lograron por eso moverse socialmente a la categoría de burguesía, formando una nueva élite política revestida de un lenguaje revolucionario transformador, nacionalista y populista.
Ese Estado pudo controlar y ahogar rápidamente a los muchos movimientos armados con diversas tendencias y objetivos que brotaron dentro del territorio para luchar contra él, pero algunos de sus gobiernos entraron en contubernios con grupos delincuenciales, mafias locales y organizaciones ilegales para obtener patrimonio u objetivos políticos circunstanciales, a cambio de protección y determinados privilegios. Este actuar dio origen a un ambiente de corrupción que, por su poca influencia en aquel momento, no se priorizó su combate ni mucho menos erradicarlo totalmente, lo que facilitó que dejara de ser contingente para generalizarse y perpetuarse con los años.
El tráfico de drogas, mercado cuyo control constituye hoy la primera causa de asesinatos, ha existido durante décadas. Hubo un período en que legalizó el consumo de marihuana y estimuló la producción de amapola para producir la cocaína utilizada por el ejército de EEUU en la 2da Guerra Mundial y aliviar el dolor de las heridas.
El Gobierno del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) determinó que el mejor camino para insertar a México dentro de las potencias mundiales, estaba en cumplir con los postulados del ideario neoliberal que exigían los gobiernos de dos grandes potencias políticas, militares, comerciales y financieras: EEUU con Ronald Reagan y la Gran Bretaña con Margaret Teacher, a los que paulatinamente se unieron la mayoría de los países latinoamericanos. Esta doctrina pretende todavía reordenar la economía mundial a partir de una búsqueda permanente y absoluta de la eficiencia a costa de los asalariados.
El principio de dirigir la sociedad como a empresas privadas, con la ganancia como principal y muchas veces único objetivo, sustituyó al de bienestar social y solidaridad. El sector económico se reformó al priorizar los valores de iniciativa personal, eficacia, competitividad, racionalización extrema, descentralización del poder estatal y flexibilidad para imponer medidas anticonstitucionales, lo que inevitablemente transformaría la vida social, cultural y política del país.
Comienza a partir de ello, el desmantelamiento del Estado con ajustes organizacionales severos y una disciplina fiscal férrea. Se despidió a miles de trabajadores pero sin ofrecerles alternativas para encontrar otras fuentes de recursos para sí y sus familias, muchos de los cuales terminaron involucrados en las redes ya existentes de negocios ilícitos y criminales, al mismo tiempo, disminuyeron los presupuestos de salud, educación y seguridad social, pues se consideró a cada servicio como una mercancía, independientemente del costo humano que ello implicaba. Como consecuencia, aumentó aceleradamente todo tipo de delitos, desde los comunes y patrimoniales hasta los que implican uso de la Violencia contra otros seres humanos.
Los posteriores sexenios de Carlos Salina de Gortary (1988-1994) y de Ernesto Zedillo (1994-2000) también del PRI tuvieron que enfrentar una coyuntura internacional que permitió la expansión del mercado nacional y de exportación de la droga, fortaleciendo económica, financiera y estructuralmente a varias organizaciones criminales o carteles que experimentaron con el uso de la violencia como instrumento rutinario e incluso como imagen de presentación para lograr el control a toda costa de las rutas, plazas, mercados, el comercio y la generación de demanda de estupefacientes a través de la gran, media y microdistribución, así como cualquier negocio redituable, ya sean lícitos o no. El enfrentamiento entre los diversos grupos del narcotráfico incrementó su frecuencia y expansión territorial a la vez que profundizó el nivel de crueldad. La ferocidad y libertinaje de sus operaciones pasaron de asesinatos individuales a masacres que asombraban y asustaban cada día a la opinión pública. Se fue perdiendo el control tradicional de la regulación gubernamental sobre la Delincuencia, Apareció la impunidad de forma descarnada y con ello una desconfianza creciente de la Sociedad Civil en la capacidad de mantener la estabilidad social y Gobernabilidad.
El Estado podía buscar respuestas a esa fuerza delincuencial en enfoques multifactoriales que integraran a la Seguridad Social, Salud Pública, educación, cultura y otras demandas por insatisfacciones o carencias básicas en grupos cada vez mayores de la sociedad civil.
Minimizando esos puntos de vista, prevaleció el criterio de ver y tratar a la violencia cada vez más desafiante como a un enemigo interno criminal y una potencial amenaza a la Seguridad Nacional, respondió con represión a través de la advertencia, la amenaza y el castigo a las conductas delictivas.
Aparecieron así las primeras intervenciones policiales y militares que no consiguieron sus objetivos de aplacar inmediatamente la Violencia Criminal, por el contrario, la avivaron y en respuesta, se fueron haciendo rutinarios los ataques armados a funcionarios, policías, militares e instituciones estatales.
El presidente Felipe Calderón (2006-2012) desde su comienzo consideraba que el país se dirigía hacia una convulsión, que se le iba de control y podía desembocar en una Crisis Social y Política General y declaró como Política Pública priorizada la Guerra contra el narcotráfico y la violencia, imponiendo una contraofensiva totalizadora, con el empleo de todos los medios y unidades de las fuerzas armadas: Ejército, Aviación y Armada lo cual resultaba ilegal por la falta del sustento que otorga el Artículo 129 de la Constitución y del consentimiento del Senado de la República.
Desde sus comienzos esa guerra tuvo efectos contrarios a lo esperado, pues facilitó rápidamente a los jefes de grupos delincuenciales multiplicar su capacidad económica y financiera, su influencia política desde los niveles más bajos del poder hasta el más alto y les propició el consenso para ejecutar la justicia por sí mismos, de acuerdo a sus intereses y con sus propios métodos, ignorando, desafiando y venciendo a las instituciones legítimamente encargadas de administrarla.
Peor que el resultado militar de las operaciones fue el impacto moral en la institución más comprometida estatalmente de cualquier país: el ejército. Así se muestra en los siguientes tres acápites.
El plan de guerra relámpago para destruir, replegar, atemorizar y hacer desistir a los grupos criminales de su accionar por la fuerza aplastante de un ejército desplegado a plenitud, no se cumplió, sino, que provocó una mayor dispersión territorial en el accionar de la delincuencia y la violencia descarnada.
Ese esparcimiento obligado, táctico, no disminuyó la crueldad en el actuar criminal, por el contrario, los grupos delincuenciales encontraron la vía de establecerse como un nuevo poder verdadero, no centralizado, sino fragmentado y flexible, pero asumiendo las soberanías locales por medio de la combinación de actos deshumanizados que generaran miedo, pánico y terror para inmovilizar cualquier reacción opuesta, a la vez que acompañados de transacciones económicas rentables que generaron beneficios financieros, parte de los cuales se invierten en dichas zonas, lo cual no hacían las autoridades legítimas pero corruptas. Ello a su vez garantiza apoyos y comprometimiento en esos grupos poblacionales. La práctica de combinar estímulo y represión hace surgir una gobernabilidad ilegal, pero funcional.
Por otra parte, la intervención militar provocó mayor inestabilidad interna en la mayoría de las organizaciones pues alteró una convivencia ya formada y definida, que sus caudillos necesitaban restablecer a toda costa para garantizar su soberanía criminal, que ya la consideran un derecho de hecho por lo que imponen reglas más crueles de reforzamiento de la disciplina y la cohesión buscando mayor lealtad y confianza en sus relaciones despóticas.
La dinámica de estos grupos se adapta a las condiciones que le impone la presencia militar. Caracterizados por la irregularidad en pequeñas agrupaciones, no significa mucho destruirlos ya que se reestructuran continuamente en nuevas organizaciones para seguir lucrando con el crimen pero ninguno, independientemente de su tamaño e influencia está en condiciones ni se propone lanzar un contraataque frontal para deponer las armas al gobierno, pero si incrementan el ritual sistemático de las matanzas, tanto internas como entre diferentes organizaciones y contra estaciones de policía, unidades militares, soldados, oficiales, funcionarios de seguridad, fiscales, políticos, centros de recuperación de la drogadicción y población en general, incrementando la fragmentación social, inseguridad y la desaparición de los límites entre protectores y protegidos, aliados de rivales, amigos de enemigos.
La respuesta imprevista de la delincuencia hace más convulsa la seguridad ciudadana y provoca también grandes confusiones, que impiden a las fuerzas conjuntas del Estado diferenciar a civiles de criminales, lo que ha propiciado innecesarias matanzas de ciudadanos inocentes e indefensos, detenciones arbitrarias, torturas para obtener información o por supuestas venganzas, desapariciones forzosas y otras acciones similares a las que ejecuta el enemigo que combaten, donde solo los diferencia el respaldo de la legitimidad estatal. En otras ocasiones han actuado de igual forma motivados solo por simple corrupción, La mezcla de las fuerzas armadas y sus apoyos policiales interactuando directamente contra la delincuencia organizada en ciudades y pueblos, ha dado lugar a otra situación paradójica y contradictoria con los objetivos para los que fueron creados.
Un proceso de imitación, contagio, contaminación y mimetización entre los dos enemigos que se comportan de la misma forma, respondiendo a la violencia con más violencia, calcando uno de otro las formas de operar, la lógica, la estrategia, la táctica y la corrupción.
Se indiferencia la violencia criminal y la violencia militar, ambas se refuerzan mutuamente y establecen como ritos.
Donde las fuerzas del gobierno se despliegan para evitar el accionar de los grupos criminales o contrainsurgentes, ocurren las tasas más elevadas de torturas y masacres.
Conclusiones
Los dos pueblos latinoamericanos comparten historia y valores más allá de ser alguna forma de patria para Gabriel García Márquez, ambos sufren diariamente el asesinato cruel de decenas de ciudadanos a manos de sicarios bien organizados que responden a fuerzas políticas y económicas superiores, interesadas en mantenerse anónimas para facilitar su total impunidad y aprovechar la corrupción que las alimenta.
Uno y otro país son aliados políticos entre sí, a través de la Alianza Pacífico y el Grupo de Lima, tienen firmados los pactos estratégicos Colombia y Mérida con EEUU que a su vez mantiene presencia militar y de seguridad permanente e intervino oportunistamente para arrebatarles los respectivos territorios de Panamá y California-Texas.
El Estado de Derecho en los dos países no puede continuar su accionar con el abuso de poder endémico a partir de la corrupción e impunidad de funcionarios, policías, militares y gobernantes y la dependencia financiera y política de las instituciones respecto a EEUU.
Los distintos actores y sujetos políticos reaccionan de diferentes maneras ante los efectos y consecuencias de esta crisis. -El sujeto con la mayor capacidad de disminuir y controlar la incidencia de la violencia en ambos países se integra por sectores de la sociedad civil capaces de organizarse para elaborar estrategias sociales, culturales y económicas.
Realiza protestas, manifestaciones, tomas de plazas y otros medios de movilización para modificar el actuar del Estado y hallar alternativas pacíficas dentro de las Políticas Públicas para recuperar la paz y seguridad ciudadana.
