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Introducción
Durante el año 2021, en múltiples ocasiones significativas, la Corte Constitucional de Ecuador aborda casos judiciales relacionados con la grave violación de los derechos de los adultos mayores. En este contexto, es importante destacar que el Pleno de la Corte Constitucional de Ecuador tiene la competencia de conocer y resolver, entre otros asuntos, las acciones públicas de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. Esto se rige por el numeral 2 del artículo 436 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 74 al 98 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Ecuador Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
La actividad judicial se despliega cuando se observa la vulneración de las normas que protegen los derechos de los adultos mayores dentro del ordenamiento jurídico. Esta vulneración puede ser causada por la acción u omisión de particulares o por alguno de los órganos o instituciones del estado ecuatoriano. En tales casos, es necesario restablecer la situación jurídica infringida y ordenar las reparaciones correspondientes para evitar cualquier quebrantamiento de la normativa constitucional que regula la materia (Rodríguez, 2019).
En este contexto, la Corte Constitucional de Ecuador tiene la responsabilidad de garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, así como el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y las garantías jurisdiccionales. Esto se logra mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional, según el criterio establecido por la Asamblea Nacional Constituyente en 2008 (Betancourt & Romero, 2021).
Evidentemente, la Corte Constitucional no ostenta exclusividad en la interpretación de la Constitución, aunque se erige como su máxima intérprete. A través de sus acciones de salvaguardia y al conocer acciones de amparo contra sentencias, la Corte resuelve de manera efectiva situaciones problemáticas derivadas de inusuales violaciones de derechos constitucionales perpetradas por la justicia ordinaria (Redrobán, 2021).
La necesidad de ejercer control constitucional sobre las decisiones judiciales emana de la propia naturaleza de la actividad judicial. El juez se encuentra sometido primordialmente a la Constitución antes que a la ley, ya que la legitimidad de esta última deriva exclusivamente de aquella. Para cumplir con su función, el juez debe interpretar la ley conforme a la Constitución y la jurisprudencia constitucional, pudiendo incluso suspender la aplicación de la ley que considere inconstitucional (Garrote, 2012). Sin embargo, es posible que el juez no realice ninguna de estas acciones, o que lo haga de manera inadecuada, lo que podría resultar en la violación de derechos constitucionales a través de sus decisiones judiciales (Camarillo & Rosas, 2016).
En virtud de lo anterior, se hace imperativo que se establezca un mecanismo mediante el cual los ciudadanos puedan ser sometidos a una revisión de la corrección constitucional de las actuaciones judiciales por parte de otro magistrado. En la carencia de este procedimiento, se enfrenta la seria eventualidad de que la Constitución sea transgredida a través de un proceso judicial, con la consiguiente deslegitimación de la judicatura ordinaria (Milione, 2015).
En este contexto, las sentencias emitidas se convierten en el foco de análisis en este artículo. Estas sentencias, ilustran de manera clara cómo la Corte Constitucional de Ecuador respalda y salvaguarda los preceptos constitucionales invocados por los individuos afectados. En este caso, se hace específico énfasis en los adultos mayores, quienes han sido víctimas de violaciones perpetradas por los órganos judiciales dentro del propio Estado.
Previo al análisis detallado de los casos sometidos a la consideración de la Corte, es relevante subrayar que existen legislaciones que abordan y desarrollan algunos de los derechos constitucionales protegidos por la Carta Magna, particularmente en relación con los adultos mayores. En tal caso, se prevé observar cómo, en cada uno de los fallos sometidos a análisis, la Corte también tiene en cuenta estas leyes, empleando la hermenéutica jurídica.
En este sentido, López (2011) argumenta que el ejercicio hermenéutico en la interpretación de la norma jurídica demanda fundamentos teóricos para su ejecución. Sin embargo, este proceso no se limita a la teoría, sino que se extiende al ámbito práctico. En este sentido, orienta la aplicación y justificación de la norma, teniendo un impacto directo en la esfera jurídica de los individuos en términos de sus propiedades, derechos, obligaciones e incluso su libertad (Pérez, 2020).
En consecuencia, un enfoque adecuado para analizar los derechos constitucionales sujetos a evaluación por parte de la Corte consiste en examinarlos desde la perspectiva legal. Este procedimiento es llevado a cabo por el órgano jurisdiccional en cada sentencia, permitiéndole determinar en qué medida la ley se ajusta a los principios expresados en el texto constitucional. De esta manera, se procede a adecuar la normativa en cuestión, reafirmando su contenido, declarando su constitucionalidad o suspendiendo su aplicación (Marcheco, 2020).
Sin embargo, esta última acción no debe representar un obstáculo, dado que la doctrina constitucional ecuatoriana destaca que los derechos humanos, una vez reconocidos por el Estado y plasmados en la Constitución, no requieren de otras normativas para su aplicación efectiva. En contraste, un juez o autoridad no puede alegar la ausencia de una legislación específica para aplicar un derecho fundamental (Polo, 2018).
En este sentido, el razonamiento del juez debe orientarse hacia la salvaguarda de los derechos constitucionales, teniendo en cuenta primordialmente la propia Constitución y, posteriormente, las leyes aplicables. En sus decisiones, la Corte considera normativas como las contempladas en la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y la Ley de Seguridad Social actual. La primera fue aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de marzo de 2019, mientras que la segunda experimentó modificaciones recientes el 01 de septiembre de 2020 (Gavilanez et al., 2019).
La presente investigación tiene como propósito llevar a cabo un análisis exhaustivo y sistemático del posicionamiento de la Corte Constitucional en relación con las violaciones de los derechos de los adultos mayores durante el periodo comprendido entre 2021 y 2022. A través de un enfoque tanto jurídico como contextual, se persigue alcanzar una comprensión profunda de las decisiones judiciales emitidas por la Corte. Esto implica la identificación de patrones, tendencias y argumentos legales empleados en los casos vinculados con las vulneraciones de los derechos de los adultos mayores. Además, se busca proporcionar una evaluación crítica que contribuya al fortalecimiento de la protección y garantía de los derechos de esta población en el contexto legal y constitucional.
Materiales y métodos
La presente investigación adopta un diseño metodológico de carácter exploratorio y descriptivo, orientado a llevar a cabo un análisis exhaustivo y sistemático del posicionamiento de la Corte Constitucional frente a las violaciones de los derechos de los adultos mayores durante el período comprendido entre 2021 y 2022. Se emplea un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión holística de las decisiones judiciales pertinentes.
La recopilación de sentencias emitidas por la Corte Constitucional se lleva a cabo mediante una revisión de la base de datos oficial de la institución, focalizándose en aquellos casos vinculados con violaciones de derechos de los adultos mayores. Cada sentencia es sometida a un análisis minucioso, desglosando elementos como el contexto, los argumentos presentados, la decisión adoptada y el razonamiento jurídico empleado. Este enfoque permite identificar patrones, tendencias y fundamentos legales recurrentes en las resoluciones judiciales.
La aplicación de encuestas a 41 profesionales del derecho se lleva a cabo mediante un muestreo estratificado, seleccionando expertos con un análisis crítico destacado y experiencia en el ámbito constitucional. Las encuestas contienen preguntas estructuradas que evalúan la coherencia y consistencia de las decisiones de la Corte Constitucional. Además, se indaga sobre la percepción de la efectividad de las sentencias en la protección de los derechos del adulto mayor y en la promoción de la equidad y la justicia.
La identificación de los derechos del adulto mayor involucrados en cada caso y su fundamentación legal se realiza mediante un análisis sistemático de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.
La fase final de la investigación consiste en una reflexión crítica basada en los resultados obtenidos de la recopilación de sentencias y las encuestas. Esta etapa permite evaluar la efectividad de las sentencias en la protección de los derechos del adulto mayor y en la promoción de la equidad y la justicia, contribuyendo así al fortalecimiento de la protección y garantía de los derechos de esta población en el marco legal y constitucional.
Resultados-discusión
En el análisis se detallan individualmente las sentencias en las que la Corte Constitucional de Ecuador ha establecido criterios judiciales con el fin de resguardar los derechos fundamentales y prevenir la vulneración de los derechos de los adultos mayores en cada caso judicial (ver Tabla 1). Asimismo, se ha determinado la imperatividad de aplicar encuestas como componente integral de la presente investigación sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de las violaciones de los derechos del adulto mayor en el periodo 2021-2022.
Tabla 1 - Resultados de los pronunciamientos de la Corte.
| SENTENCIA NÚMERO 16-18-IN/21 | En el marco del juicio de Acción Pública de Inconstitucionalidad presentado por el ciudadano Marco Antonio Proaño Maya, cuya identificación consta en el expediente judicial correspondiente, la Corte Constitucional ha dictaminado la inconstitucionalidad de la normativa emitida por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (CDIESS). Esta normativa, que modifica la base de cálculo de la pensión de jubilación, ha sido considerada contraria a la prohibición de regresividad, a la intangibilidad de las prestaciones de seguridad social, al derecho a la jubilación universal y demás derechos conexos. Este fallo se fundamenta en la afectación experimentada por un grupo de jubilados que ha visto reducido el monto a recibir como consecuencia de dicha modificación normativa. |
| SENTENCIA NÚMERO 889-20-JP/21 |
En el marco del juicio de Acción de Protección presentado por la ciudadana Zoila Gardenia Laínez Cabezas, cuya identificación consta en los registros del expediente judicial, la Corte Constitucional establece medidas de protección destinadas a resguardar los derechos de una mujer adulta mayor. Esta persona, que percibe una pensión de montepío y la cual constituye su única fuente de ingresos, se ve afectada por un embargo cautelar en el marco de un juicio coactivo iniciado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). La decisión de la Corte Constitucional se fundamenta en la consideración de que la afectada presenta una acción de protección inicialmente negada por la instancia judicial en primer grado. Esta negativa se produce sin la debida consideración de la flagrante vulneración de los derechos alegados, lo que resulta en una afectación al derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva. En respuesta a esta situación, se establecen medidas de protección con el propósito de salvaguardar los derechos de la mujer adulta mayor afectada por el proceder administrativo relacionado con el embargo cautelar de su pensión de montepío, la cual representa su única fuente de ingresos. |
| ENTENCIA NÚMERO 832-20-JP/21 | En el contexto de la acción de protección presentada por la ciudadana María Ángela Carabajo Morocho, cuya identificación figura en los documentos correspondientes al caso ante la Corte Constitucional, se establece jurisprudencia vinculante en relación con esta instancia. Este hecho se debe a la destacada importancia que ha adquirido, aunque no esté directamente relacionado con el ámbito de la seguridad social en el contexto de los adultos mayores. No obstante, este caso implica la participación activa de la Corte en la restitución de derechos vulnerados a una adulta mayor, destacándose particularmente por involucrar situaciones de abuso de poder religioso. |
| SENTENCIA NÚMERO 73-09-IN/21 | En el marco del juicio de Acción Pública de Inconstitucionalidad instaurado por el ciudadano José Roberto Rene Ávila Astudillo, cuya identificación consta en los registros del expediente judicial, la Corte Constitucional emite un fallo determinando que la acción presentada por la Unión de Jubilados del Banco Central de Ecuador (BCE) contra las disposiciones relacionadas con la eliminación de pensiones de ex empleados de dicha institución es procedente. En consecuencia, se dispone que en ningún caso el ajuste de pensiones puede ser inferior al salario básico unificado del año en que se lleva a cabo dicho ajuste. |
| SENTENCIA NÚMERO 1494-15-EP | La Corte, entre otros, dejó sin efecto la sentencia de HC objeto de revisión, ordenó las disculpas públicas de los jueces y la difusión de la sentencia. |
Resultados de las encuestas
Los resultados derivados de la aplicación de la encuesta proporcionan información valiosa para el análisis de los derechos de los adultos mayores entre la muestra analizada. En cuanto a la distribución demográfica, se observa que el 71,2% de la población encuestada se identifica como masculina, mientras que el 28,8% se identifica como femenina. En lo que respecta al nivel educativo de los participantes, se destaca que el 82,9% de la población encuestada tiene educación universitaria, y el 22,0% cuenta con un posgrado. Esta predominancia de sujetos con formación universitaria y posgrado sugiere un nivel elevado de especialización y conocimiento en el ámbito jurídico, lo cual puede tener implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de normativas relacionadas con los derechos de los adultos mayores.
Al considerar estos resultados, se infiere que la población encuestada está mayoritariamente compuesta por profesionales con un nivel educativo elevado, lo que sugiere una base sólida de conocimientos jurídicos. Además, la distribución de género puede influir en las perspectivas y enfoques que los participantes puedan tener en relación con los derechos de los adultos mayores.
Los resultados muestran que una abrumadora mayoría, el 95,1% de la población encuestada, está familiarizada con los derechos específicos que protegen a los adultos mayores en Ecuador. Esta alta tasa de conocimiento indica un nivel significativo de conciencia entre los participantes acerca de las normativas legales y derechos que resguardan a la población adulta mayor en el contexto jurídico ecuatoriano. Por otro lado, el 4,9% de la población encuestada admite desconocer los derechos específicos que protegen a los adultos mayores en el país. Aunque esta proporción es relativamente baja, aún es relevante desde el punto de vista de la investigación, ya que sugiere que existe un pequeño porcentaje de encuestados que pueden beneficiarse de una mayor información o formación en este ámbito legal específico.
Por otro lado, como se aprecia en la figura 1, la percepción de los encuestados respecto a la importancia de los derechos varía. Un notable 58,5% de los participantes considera que el derecho a la salud es de gran importancia. En contraste, el 24,4% de los encuestados otorgan mayor relevancia al derecho a la seguridad social, mientras que un 17,1% estima que el derecho a la vivienda es más significativo en este contexto.
Fuente: Elaboración propia.Fig. 1 - Percepción de los encuestados respecto a la importancia de los derechos.
Estos resultados ofrecen una perspectiva valiosa sobre las prioridades y valoraciones de la muestra analizada en relación con los derechos de los adultos mayores en Ecuador. La preeminencia atribuida al derecho a la salud destaca la percepción de su crucial importancia en el marco de la protección y bienestar de esta población. Por otro lado, la consideración significativa dada al derecho a la seguridad social subraya la relevancia que se le atribuye a las garantías económicas y sociales.
Esta diversidad de opiniones entre los encuestados sugiere la complejidad y multidimensionalidad de la protección de los derechos de los adultos mayores, donde diferentes derechos son valorados de manera distinta por los encuestados. Estas perspectivas pueden tener implicaciones significativas en la formulación de políticas y enfoques jurídicos destinados a fortalecer la protección integral de los derechos de esta población vulnerable.
Asimismo, los datos revelan que la totalidad de los encuestados concuerdan en que la Corte Constitucional desempeña un papel crucial en la protección de los derechos del adulto mayor. Este resultado unánime refleja la percepción unificada de los sujetos encuestados acerca de la importancia de la intervención de la Corte Constitucional en este ámbito.
Además, un significativo 92,7% de los encuestados sostienen que la Corte Constitucional efectivamente influye positivamente en la mejora de la situación de los derechos del adulto mayor. Este alto porcentaje respalda la idea de que la intervención judicial, a través de decisiones y jurisprudencia, tiene un impacto positivo y constructivo en la salvaguarda de los derechos de esta población. Aunque minoritario, el 7,3% de los encuestados considera que la Corte Constitucional no influye en la mejora de la situación de los derechos del adulto mayor. Estas opiniones divergentes podrían atribuirse a distintas perspectivas sobre la efectividad de la intervención judicial o a la necesidad de otros enfoques complementarios para abordar de manera integral la protección de los derechos de esta población.
En conjunto, estos resultados indican una valoración generalmente positiva y respaldan la percepción de que la Corte Constitucional desempeña un papel central y efectivo en la protección y mejora de los derechos del adulto mayor en Ecuador, según la perspectiva de los profesionales encuestados.
Finalmente, los resultados evidencian que, de acuerdo con la Figura 2, el 77% de los encuestados expresan la opinión de que las sentencias de la Corte Constitucional son efectivas en el contexto de la protección de los derechos del adulto mayor. Este alto porcentaje indica una percepción mayoritaria entre los encuestados de que las decisiones judiciales emitidas por la Corte tienen un impacto positivo y tangible en la salvaguarda de los derechos de esta población.
Fuente: Elaboración propia.Fig. 2 - Consideraciones de la efectividad de las sentencias de la Corte Constitucional en la protección del adulto mayor.
Por otro lado, el 13,2% de los participantes manifiesta no estar seguros acerca de la efectividad de las sentencias de la Corte Constitucional en este ámbito, mientras que un 9,8% indica que no lo están. Estas respuestas reflejan cierta incertidumbre o falta de convicción entre una proporción minoritaria de los encuestados respecto a la eficacia de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional en relación con los derechos del adulto mayor.
Se puede inferir que la mayoría de los encuestados perciben la efectividad de las sentencias de la Corte Constitucional en la protección de los derechos del adulto mayor. Sin embargo, la presencia de cierta ambigüedad en una pequeña proporción de respuestas subraya la necesidad de una evaluación continua y transparente de la eficacia de las decisiones judiciales, así como la importancia de comunicar de manera clara y comprensible el impacto de estas sentencias en la protección de los derechos de la población adulta mayor.
Discusión
El análisis detallado de los fallos de la Corte Constitucional revela un enfoque institucional centrado en garantizar la tutela judicial efectiva en casos de vulneración de los derechos del adulto mayor. Este compromiso se traduce en la elección sistemática de acciones de protección como la vía más apropiada para tutelar derechos que han sido quebrantados, como se evidencia en la sentencia número 16-18-IN/21. En este contexto, se destaca la protección del principio de intangibilidad de las prestaciones de seguridad social como un elemento clave en la defensa de los derechos de este grupo poblacional.
La Corte, guiada por su propio criterio, ha propendido a que los derechos y principios consagrados en la Constitución se manifiesten de manera contundente frente a cualquier amenaza de vulneración. Este énfasis se respalda en el reconocimiento constitucional de la protección especial a los adultos mayores en la Carta Magna del Ecuador. La existencia de una sección exclusiva destinada a este grupo poblacional subraya el compromiso estatal de garantizar sus derechos fundamentales. Además, la Corte destaca de manera reiterada el valor trascendental de los artículos relacionados con el derecho a la seguridad social y otros derechos de grupos de atención prioritaria, consolidando así una base legal sólida para sus fallos.
Los resultados de las encuestas proporcionan una validación adicional al papel activo de la Corte en la protección de los derechos del adulto mayor. La percepción unificada de la ciudadanía, especialmente entre aquellos con conocimientos constitucionales y familiaridad con los pronunciamientos judiciales, reafirma que la Corte Constitucional juega un papel crucial en este ámbito. Adicionalmente, se revela una clara conciencia ciudadana sobre la violación de los derechos constitucionales de los adultos mayores y se refuerza la noción de que la Corte ha desplegado activamente su función protectora para salvaguardar los derechos de este segmento poblacional.
En este contexto, la tutela judicial efectiva se manifiesta como un pilar fundamental. La posibilidad de ser oído en una instancia judicial y recurrir según las normativas establecidas representa un derecho fundamental, limitando así el accionar jurisdiccional y asegurando que los sujetos procesales tengan la oportunidad de presentar y defender sus pretensiones en los plazos previstos. Este enfoque garantista contribuye a mantener la integridad del Estado de Derecho y consolida la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.
En esencia, la Corte Constitucional, mediante la elección estratégica de acciones de protección, la defensa de los principios constitucionales y la validación ciudadana a través de encuestas, demuestra un compromiso tangible en la protección activa de los derechos del adulto mayor. La tutela judicial efectiva se erige como un componente esencial de esta labor, asegurando que los derechos fundamentales sean resguardados de manera integral y contribuyendo así a la fortaleza del Estado de Derecho en Ecuador.
Conclusiones
En el presente estudio, se lleva a cabo un análisis detenido de las sentencias emanadas de la Corte Constitucional de Ecuador en casos relacionados con la vulneración de los derechos del adulto mayor. A través de la revisión exhaustiva de los fallos y la aplicación de encuestas a profesionales del derecho, se obtienen resultados significativos que arrojan luz sobre la eficacia y el compromiso de la Corte en la protección de los derechos fundamentales de esta población.
La metodología analítica empleada en esta investigación conduce a la conclusión de que la Corte Constitucional está desplegando una tutela efectiva en defensa de los derechos del adulto mayor. A través de un análisis detallado de los casos presentados, se evidencia que la Corte otorga medidas de protección en situaciones donde los derechos de este grupo poblacional son vulnerados por decisiones jurisdiccionales o administrativas.
Los datos recabados y analizados permiten constatar que, durante los años 2021 y 2022, la Corte procura, mediante sus fallos, garantizar el correcto goce y ejercicio de cada derecho constitucional de las personas adultas mayores. Se destaca la atención especial de la Corte en aspectos como la seguridad social, la inembargabilidad de las pensiones, así como otros derechos conexos como el derecho a la salud, a una vivienda digna y a servicios de calidad. En aquellos casos donde la instancia previa falla en salvaguardar estos derechos, la Corte revoca dichos fallos y ordena medidas reparadoras correspondientes, evidenciando así su compromiso con la protección integral de los derechos de los adultos mayores.
