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INTRODUCCIÓN
Más de 170 años nos separan de la gran decisión de los pioneros probos de fundar una organización propia. La mitad de ellos eran participantes activos o testigos del poderoso movimiento huelguístico y político que sacudió a Europa en la década del cuarenta del siglo XIX (Holyoake, 1975). Aquellos obreros fundadores curtidos en la lucha política, que enfrentaban de modo común la explotación capitalista en la fábrica y el comercio, tomaron la decisión colectiva de crear una cooperativa de consumo. La orientación político-social de estos hombres colocó el funcionamiento de la cooperativa a su servicio y de la comunidad para la provisión de medios de consumo de calidad y para encarar otras necesidades como vivienda y educación. Los principios y valores de funcionamiento adoptados por ellos habrían de ser admisibles, comprensibles y sostenibles para cualquier otro grupo social que replicaran el modelo de Rochdale.
El ejemplo de los pioneros probos se ha reproducido con vehemente convicción en los últimos años por algunos grupos de obreros. Esa actitud de batalla de clase proletaria, de solidaridad y de determinación política en la conservación del empleo se ha manifestado en algunos países desarrollados y en otros subdesarrollados, como en el Cono Sur de América desde finales del siglo pasado e inicios de este nuevo milenio. Los trabajadores han puesto en funcionamiento empresas quebradas bajo la forma de cooperativas de trabajadores, fenómeno social relativamente nuevo por su extensión y simultaneidad en va s países. Estos hombres y mujeres tienen en común con los tejedores de Rochdale su condición de clase, aunque aquellos son personas que durante muchos años han estado trabajando y cooperando bajo un mismo techo al servicio de un empresa . Esa determinación individual y colectiva de asirse a la vida, a su condición humana, mediante una cooperativa de trabajadores se convierte en vital punto de partida para la nueva organización colectiva. Ella ya sería cooperativa por su creación y por su destino.
En más de siglo y medio las organizaciones cooperativas se han expandido numéricamente, ellas suman más de 800, 000 organizaciones con una membresía de mil millones de personas (ONU DAES, 2014). Su presencia es más evidente en actividades del sector de los servicios, en particular en las finanzas y en el comercio.
En un informe mundial sobre las trescientas mayores cooperativas, se distribuían del siguiente modo por sectores: 31 % seguros y mutuales; 32 % agricultura y alimentos; 19 % comercio mayorista y minorista; y 6 % banca y servicios financieros. Las cooperativas son significativamente relevantes en algunas actividades en ciertas regiones del mundo. En la Unión Europea controlan el 60 % de la comercialización de productos agrícolas. Esta cifra es aún más elevada en los países nórdicos, en Finlandia disponen del 96 % de la leche y 71 % de las ventas cárnicas, en tanto que en Dinamarca poseen el 94 % de la cuota del mercado lácteo y 86 % del porcino (Trenzado, 2014, p. 127). En el mundo entero, en la esfera productiva, agrícola, industrial y en los servicios se pueden encontrar cooperativas de socios-trabajadores-productores, pero su membresía no supera los 11 millones de personas (Roelants, 2014), es decir, el 0, 015 % del total de cooperativistas en el mundo. A pesar del tiempo transcurrido, de la existencia de cooperativas de diversos grados, de la ACI y de instituciones estatales para el fomento y supervisión de tales organizaciones, estas aún no constituyen un sector integrado de múltiples relaciones entre sus partes.
Junto a su expansión cuantitativa, el cooperativismo ha experimentado notables cambios socioclasistas. En su inte r han aparecido numerosos trabajadores asalariados en posición subalterna que cumplen importantes funciones de gerencia y apoyo a la organización. En esto se expresa una dualidad de relación socioeconómica en una misma organización: unos participan como cooperativistas, otros participan como empleados.
Uno de los hechos más interesantes en la evolución del cooperativismo es la diversidad de estratos y grupos poblacionales que forman estas organizaciones en la actualidad. Sus miembros son campesinos, personas de las clases medias, trabajadores bien remunerados en instituciones gubernamentales y privadas, funciona s de bancos, policías, soldados, etc. Tal heterogeneidad en las condiciones en que estas personas trabajan, su papel en la sociedad y formas diferentes de obtener sus ingresos determinan propias percepciones, aspiraciones y objetivos con relación a su inclusión en las cooperativas. De modo que esta organización colectiva ofrecerá beneficios a cualquiera de estos estratos sociales que la fomente, sirva de ejemplo el siguiente caso particular.
El uso de esta figura, no regulada jurídicamente todavía, a favor de una clase social privilegiada se manifestó en la República de Cuba en la segunda mitad de la década del 30 del siglo XX. En ese período fue constituida una organización nacional con propieta s de vehículos dedicados al transporte masivo de pasajeros. Esa organización se llamó Cooperativa de Ómnibus Aliados (COA) y en ella trabajaban 12, 000 trabajadores asalariados. Ella fue objetivamente una sociedad por acciones, un lucrativo negocio controlado por poderosos magnates de esta rama de los servicios. Uno de sus miembros era un gran vendedor de automotores de la General Motors en América Latina, que no poseía propiedad ni conducía algún ómnibus de pasajeros. A su vez, un presidente de banco privado era accionista en la COA (Jiménez, 2004, p. 210). Casos similares se encontraron y pueden hallarse en otros lugares del mundo. Los más acaudalados propieta s agrícolas lograban crear cooperativas con relativa facilidad en comparación con los agricultores más débiles económicamente en la Alemania de finales del siglo XIX (Kautsky, 1974).
El empleo de las cooperativas contrapuesto a los objetivos, principios y valores de esta organización tiene contextos históricos concretos en que se expresa o se favorece palmariamente. Lo ante r ha sido visto en algunos lugares de América Latina en el empalme de las décadas del 50 y 60 del siglo pasado de gran efervescencia política de las masas trabajadoras del campo y la ciudad. Ello fue impulsado por Estados Unidos bajo el manto de un programa financiero llamado «Alianza para el progreso», creado después de la conferencia hemisférica de Punta del Este, en 1962, en la que se promovió la exclusión de Cuba de la OEA. Ese programa pretendía crear cooperativas y apoyar monetariamente organizaciones que sirvieran para contener las luchas campesinas por la reforma agraria e insurrecciones populares (Ramos, 2016). Otro momento importante del empleo distorsionado de las cooperativas se relaciona con la implementación de las políticas neoliberales, la aguda crisis económica y social y el quiebre de empresas, por ejemplo, en algunos países del Cono Sur en las últimas décadas del siglo XX y principios del actual milenio.
En la ponencia «Las cooperativas de trabajo asociado en Colombia», del autor Eduardo Benavides (2009), presentada en el evento «Globalización y problemas del desarrollo en el 2009», en La Habana, se analiza este tipo de organización colectiva. En el período 2002- 2004 se registró un crecimiento desbordado de las CTA: pasaron de ser el 21 % del total de cooperativas nacionales, al 46, 1 %. De 732 que existían en el año 2000, pasaron a 2, 980 en 2005, se multiplicaron cuatro veces. Durante estos años, el promedio de afiliación pasó de 75 a 160 socios promedio por cooperativa. De 55, 496 socios registrados por las CTA en 2000, se pasó a 378, 933 en 2005. Un incremento de casi siete veces. Conforme a la ley, son organizaciones solidarias sin ánimo de lucro, en la que el aporte del afiliado a la cooperativa es su trabajo y no rige la legislación laboral, sino un acuerdo cooperativo.
Muchas de estas cooperativas son ilegales porque no han cumplimentado su registro formal ante la institución correspondiente. El uso lucrativo de las cooperativas de trabajo consiste en que los empresa s, con la amenaza de paralizar sus fábricas o reducir empleos, compulsan a los trabajadores a unirse a estas organizaciones como única manera de asegurarles un puesto laboral. De este modo, los empleadores elevan sus ganancias al no incluir beneficios para los trabajadores en el contrato con la cooperativa. Con esto reducen los costos del trabajo, pues no tienen que pagar por vacaciones, seguridad social, etc. También han provocado alarma y preocupación en algunos medios nacionales el uso perverso de falsas cooperativas de trabajo que se convierten en instrumento de mayor explotación sobre los trabajadores. El periódico argentino La Nación, publicó en su edición del 17 de junio del 2008 la existencia de una «cooperativa» de este tipo de centenares de empleados en la localidad de Mendoza, en la cual no había sueldos de convenio, ni aguinaldo, ni contribuciones patronales ni sindicales.
Las ventajas de la cooperación en el desarrollo económico y social de los países han conducido a su fomento por gobiernos y diferentes instituciones estatales y no gubernamentales, no únicamente en procesos de reforma agraria.
Buenos propósitos no salvan las ineficaces y falsas cooperativas, si ellas no son una verdadera creación de las masas y están ausentes los requisitos de la persuasión y voluntariedad de las personas como cardinal punto de partida. Esto se ha observado en los albores de estas organizaciones colectivas en la primera mitad del siglo XIX y en la colectivización de la agricultura en la URSS en la tercera y cuarta décadas del siglo XX. Una conclusión se desprende: las organizaciones antes señaladas no fueron cooperativas por la forma de su creación ni por su funcionamiento.
Es de suma importancia el contexto socioeconómico en que nacen. Pueden ser favorecidas tanto las organizaciones como la percepción que sobre ellas tengan sus promotores. En apenas un año, ya para el mes de julio de 1989, después de la correspondiente ley, emergieron en la URSS más de 130, 000 cooperativas, principalmente en medios urbanos, con casi 3 millones de trabajadores (Kotz y Weis, 1997, p. 92). Esas organizaciones proliferaron en un ambiente de reformas económicas, de liberalización de algunas actividades privadas, de relajamiento en controles de diversa índole y de demandas insatisfechas de la población en productos y servicios de reducida escala. En los hechos, muchas de estas entidades no fueron verdaderas cooperativas de participación democrática, sino genuinas empresas capitalistas. Unos pocos socios aportaban dinero y medios de producción para fundarla y se apropiaban de los excedentes creados por los trabajadores asalariados contratados (Izquierdo, 2009).
1.1 Conflictos con los principios de las cooperativas
Aún en los casos en que las cooperativas se constituyen y funcionan con arreglo a los principios y valores proclamados por la ACI, se aprecian conflictos en el funcionamiento de estas organizaciones. En la medida de su evolución, las cooperativas no basadas en el trabajo de sus miembros necesariamente tienen que disponer de empleados. Lo ante r conduce a una dualidad de relaciones sociales de producción con dos grupos de personas en una misma organización. Unos, tomados como conjunto, como grupo, actúan en una calidad nueva, de dueños, propieta s colectivos, de empleadores, de «patrones»; los otros desempeñan el papel subalterno de trabajadores asalariados.
El papel de estos últimos se transforma cualitativamente de simples auxiliares a elemento básico en el funcionamiento de la cooperativa a medida en que esta expande y diversifica sus actividades. En ciertas cooperativas los empleados llegan a ser tan numerosos como los propios miembros, su posición subordinada y la diferenciación de intereses se expresan en que crean sindicatos propios para defenderse de los excesos de sus patronos. Muy crítica es la opinión sobre algunas cooperativas agrícolas que, en la medida de su crecimiento, se transforman en patronales en el sentido de que explotan el trabajo de agrónomos, ingenieros, economistas y trabajadores de toda especie (Singer, 2001).
A estos asalariados, en ocasiones, no se les aplica el principio de puertas abiertas, de libre adhesión. Aquí podría ocurrir que los cooperativistas se encierren en sí, se aíslen como grupo de interés económico en que no tienen cabida otras personas con las cuales no se comparten la toma de decisiones ni la distribución de excedentes. En la cooperativa de Rockdale, ese conflicto se expresó en 1860 en el hecho de que algunos miembros de esta cooperativa, entre ellos los administradores, pequeños capitalistas y otros no proleta s, se opusieron a reconocer derechos de participación a sus asalariados (Holyoake, 1975). Tal situación podría debilitar la proyección social de la cooperativa, aunque ella generara empleos, si a ello se suma cierto desligamiento de la comunidad, de los sindicatos y de otras organizaciones presentes en la sociedad.
La democracia económica y la democracia política son elementos consustanciales de la participación de los cooperativitas en el gobierno de su organización. El tamaño de la cooperativa puede favorecer la participación directa de los miembros en la toma de decisiones y de escrutar periódicamente la gestión en un ambiente de comunicación, información y transparencia. La propia organización colectiva de modo intencionado tiene que preparar a sus miembros para dirigir, controlar y asir la actividad de la cooperativa a los principios y valores enarbolados por la ACI.
La expansión de la organización en términos de membresía, área geográfica de influencia y cuantía de operaciones pueden condicionar modificaciones en la participación de los cooperativistas. El intenso flujo técnico, económico y operativo presiona a la gerencia a que tome una multitud de decisiones sin la previa consulta con la masa. Las formas de participación de la masa de miembros se modifican: la democracia directa puede ser ya sustituida por la representativa, a la par que la genuina vigilancia podría diluirse. El riesgo está en que, desde el propio inte r el economicismo, el individualismo, la búsqueda de la eficiencia, la sobrevivencia económica como grupo superen la democracia política de miembros y los principios cooperativos. Todo ello todo podría provocar que el empoderamiento real y efectivo se escape de la masa de miembros.
Las cooperativas en sus vínculos con el exte r tienen que sostener sus nichos de mercado en que ellas son influyentes y enfrentar la competencia de las grandes empresas de capital, recibir abastecimientos de estas y entrar en relaciones financieras y crediticias con otras instituciones. En este medio, las relaciones sociales de producción dominantes en un momento dado ejercen notable influencia sobre muchas organizaciones.
En el marco de una economía globalizada, las cooperativas se enfrentan a una competencia cada vez más feroz. Para sobrevivir, muchas cooperativas han desarrollado estrategias de expansión con el fin de mantenerse a la altura de los competidores mundiales. Sin embargo, estas estrategias han dado lugar a un proceso de reestructuración que incluye también el ámbito del empleo. Muchas cooperativas han sufrido una gran presión para que llevaran a cabo una reestructuración bajo la lógica de justificación de la economía. (Roelants, 2014, p. 28)
La competencia en un mercado cada vez más globalizado produce una asimilación de la sociedad anónima por la cooperativa (Izquierdo, 2009). La transformación de las cooperativas en estructuras convencionales y su apartamiento de sus propósitos originales es reflejada en diversas publicaciones (Cassio y Taddei, 2017).
Junto a todo lo ante r, últimamente se aprecian acciones de gobiernos nacionales y subnacionales de algunos países del mundo para no apoyar a las cooperativas y eliminarles algunos beneficios fiscales, según evidencian las publicaciones digitales Portafolio y ABC. Lo ante r está asociado a que las cooperativas tienen que realizar operaciones económicas con terceros, concurren al mercado y, por la magnitud de sus operaciones, bien podrían entrar en la categoría de las pequeñas y medianas empresas (Hinojosa, 2011). Esto no es ajeno al hecho de que el gran capital ha rechazado a las cooperativas y ha intentado descalificarlas por cualquier medio. Le resulta inadmisible una forma participativa y democrática de suministro de recursos a la población (Junio, 2008). No ha faltado también el estigma de que las cooperativas son entidades menores por cuanto están asociadas a bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, de poca innovación, de débil equipamiento y reducida capacidad financiera.
A lo ante r sumamos que ya ha aparecido en la legislación cooperativa de Bolivia y Uruguay, por ejemplo, la posibilidad formal de que las cooperativas de personas asuman, según su conveniencia, como asociadas a «figuras jurídicas», a «personas extrañas» (Izquierdo, 2009). ¿Es este un modo de flexibilizar y adecuar el cooperativismo a las relaciones económicas prevalecientes en el mundo en la actualidad? En los hechos no pocas cooperativas de personas naturales han buscado acuerdos con socios «extra cooperativos» debido a la necesidad de incrementar los recursos financieros disponibles para afrontar nuevas tecnologías, creación de mejores productos y servicios. No pocas críticas se alzan contra tal postura (Singer, 2001). La sabiduría y perspicacia de las cooperativas en el manejo de estas relaciones pueden contribuir a la preservación de sus principios y valores.
El riesgo no se elimina porque este nuevo tipo de «socio» carezca de voz y voto dentro de la organización colectiva, sino en la importancia del segmento económico de la cooperativa en que el participa y en las facilidades que pueda haber recibido de esta. Desde la cooperativa, este acuerdo puede ser un «lujo»: que el mundo de los negocios de lucro la reconozca como partner a pesar de la política de desmedro contra estas organizaciones colectivas. El capital no busca la solidaridad, sino la maximización de su ganancia aun a costa de apropiarse del ventajoso segmento de mercado que la cooperativa haya desarrollado. Cualquier «socio» «extra cooperativo» no es siempre beneficioso en el largo plazo.
Sobre los inconvenientes de estas situaciones existen evidencias; un grupo argentino de productores de leche de la provincia de Santa Fe creó la cooperativa Asociación Unión Tamberos, en 1925, su objetivo era defender el precio del producto, colocarlo mejor en el mercado y ampliar la producción. Tuvieron éxito apreciable si consideramos que expandieron la producción, industrializaron su procesamiento y diversificaron la oferta de productos. Este es el origen de la cooperativa conocida como MilkAUT. La supuesta creencia de un mejor posicionamiento en el mercado nacional e internacional condujo a la cooperativa a separar en dos propiedades diferentes la producción y la comercialización de la leche. Para esta última fase se creó una figura jurídica nueva llamada MilkAUT S.A, en la cual la cooperativa de los productores de leche tenía una parte del paquete acciona. Sucesivas operaciones de venta del paquete acciona condujeron a la gradual absorción de MilkAUT S.A por empresas del gran capital. Aquí, en este caso, no hubo un desarrollo de las relaciones de colaboración con otras cooperativas, sino con empresas transnacionales. Los asociados quedaron en el papel de meros productores de leche que deben negociar con el gran capital. Es uno más de los hechos que indica cómo los sueños y los esfuerzos de los pioneros pueden terminar como negocio de las empresas de lucro. Podría surgir la pregunta en torno a qué papel juegan las instituciones estatales y los distintos niveles de federaciones y confederaciones de cooperativas para impedir la degeneración de estas organizaciones.
Aquí cabría preguntarse si la política de expansión económica de las cooperativas mediante su participación en el mercado mundial y el absorber organizaciones similares en algún otro país se corresponde con la definición de la ACI de que ellas surgen como asociación de personas para encarar necesidades comunes y sin ánimo de lucro. ¿Dónde queda la cooperación entre estas organizaciones? La cooperativa canadiense Agropur, procesadora de leche, decidió retirarse del mercado argentino porque los resultados financieros no se correspondían con lo previsto. Esta organización de América del Norte ha decidido vender su parte en la empresa La Lácteo, de la zona de Córdoba; ver otro caso en anexo I.
Sin lugar a dudas, la batalla por la supervivencia económica envuelve a las cooperativas en un complejo sistema de relaciones sociales de producción en el cual el mercado es determinante y lleva a la organización a apartarse de sus tradicionales derroteros. A esto puede contraponerse la acción consciente y permanente de toda la membresía de la organización para que los principios cooperativos rijan la conducta económica de la organización. Otra opción podría consistir en que las relaciones cooperativas se generalizaran a toda la sociedad, cabría la pregunta: ¿cómo se lograría esto? En opinión de Ortiz (1973), se requieren muy importantes cambios en la estructura estatal e intervenciones sólidas en el sector privado. Si la cooperativa es un medio de liberación de los hombres de la explotación, entonces la cooperación debe alcanzar un desarrollo nacional y, por consecuencia, ser fomentada por medios nacionales; se requiere el poder político (Marx y Engels, 1971).
1.2 Conflictos con los principios en cooperativas mineras de Bolivia
El reciente conflicto de las autoridades centrales de Bolivia con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) ilustra las distorsiones que pueden ocurrir al inte r de estas organizaciones cooperativas y los impactos nacionales cuando aquellas se apartan de sus principios rectores y se alían al capital nacional o extranjero. Las organizaciones cooperativas se expandieron como forma de conservación de empleos ante la crisis del sector en la década de los ochenta por los bajos precios de los minerales y las dificultades de la estatal Corporación Mineral de Bolivia (COMIBOL) para encarar la situación en ese momento. En los primeros lustros de este siglo, las cooperativas mineras se desarrollaron en diversos sentidos, su evolución ha sido así: han crecido en número (de 500 a 1 600 organizaciones en el período 2005-2015) y con empleo para unos 100, 000 mineros (Cruz, 2016). Algunas cifras reflejan la composición de esos trabajadores mineros: en las cooperativas trabajan unas 119, 000 personas, frente a 8, 000 de la minería privada y 7, 500 de la estatal (Stefanoni, 2016).
El sostenido auge de los precios mineros a principios de siglo (Viola y Knoll, 2014) y una estimulante política del gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo, organización política en el gobierno) favorecieron la evolución creciente de estas organizaciones. Ellas han recibido del Estado boliviano concesiones para operar áreas de yacimientos: extraer el mineral mediante el trabajo de los socios de la organización, comercializarlo interna y externamente. En términos económicos, a las cooperativas corresponde casi un tercio de las exportaciones (Francescone y Díaz, 2016). Desde el punto de vista político, las cooperativas también han ganado en protagonismo pues cuentan con representación en el Congreso y en el aparato gubernamental.
La importancia de la minería se expresa más claramente en el hecho de que ella aporta el 25 % del valor total de las exportaciones del país. Las ventas externas de este sector crecieron de 400 millones en 1990 a más de 3, 000 millones de dólares en 2013 (Vollenweider, 2016). El conflicto con las cooperativas mineras está asociado con nuevas regulaciones para el sector y en la insistencia del gobierno del MAS en poner en práctica un nuevo instrumento legal en dos aspectos controversiales.
1) La ley de Minería del 2014 rescata para el parlamento plurinacional la aprobación de contratos de cooperativas mineras con empresas de capital privado y le confiere la potestad a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), como único agente habilitado para cerrar acuerdos con el capital privado sobre la explotación de yacimientos. Posteriormente, se negoció con los cooperativistas la inclusión de las empresas mixtas entre ellos y el Estado para suscribir ese tipo de acuerdos, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Federación de Cooperativas Mineras siempre objetó esta parte de la ley.
2) La determinación del Gobierno de apoyar el derecho de miles de mineros -quienes son trabajadores asalariados- a crear sus sindicatos y obtener beneficios sociales porque ellos, en realidad, no son cooperativistas. Las regulaciones jurídicas bolivianas en esta actividad admiten la contratación de empleados por las cooperativas.
Ha quedado plenamente comprobado que algunas cooperativas realizaban contratos de explotación del mineral con empresas de capital nacional y extranjero. El asunto consiste en que algunas cooperativas ya habían concertado contratos de arrendamiento por largos períodos de hasta 35 años e, incluso, por tiempo indefinido con el capital privado. Ello significa la introducción de terceros en esta actividad y, por consecuencia, la privatización y desnacionalización en un sector donde el estado ha conferido p ridad a estas organizaciones cooperativas.
La fuga de recursos financieros hacia el exte r es evidente y la recaudación del Estado se esfuma. En el año 2013 Bolivia exportó minerales por más de 3, 000 millones de dólares, pero por regalías solo quedaron para el país 131 millones, poco más del 4 % (Rada, 2016). En esencia, las empresas privadas en actuación, tras las cooperativas, quedan eximidas del pago de impuestos y, a pesar de que el tema impositivo ha sido postergado para otro momento, la recaudación de regalías tiene que elevarse.
La forma cooperativa ha sido una vez más empleada por el modelo neoliberal como medio para abaratar costos laborales, disminuir pagos tributa s y eludir pasivos ambientales al acoplar las empresas privadas con las cooperativas. La crítica enfatiza que estas organizaciones no son cooperativas, que en los hechos actúan como empresa s más interesados en asociarse con el capital privado, nativo o foráneo, o ambos, que en la sindicalización de sus trabajadores asalariados, según estipula la ley boliviana en estos casos. Aquellos reclaman que los pocos aportes que hacen al presupuesto nacional se inviertan a su favor y que el Gobierno les conceda miles de hectáreas de tierra en regiones donde se extrae oro (Peñaranda, 2016).
Desde el ángulo estrictamente cooperativo, hay otro aspecto a analizar. En la práctica, el proceso de la extracción minera se ha tercerizado, las cooperativas han realizado contratos para que empresas nativas y empresas transnacionales realicen las operaciones. Esto significa que el verdadero proceso de extracción del mineral se realiza por empresas privadas y las cooperativas cobran una renta. Aquí se violan los principios internacionales elaboradas por la ACI como la de adhesión voluntaria y libre acceso, no existe control democrático y no todos los que trabajan tienen acceso a la distribución de utilidades.
El uso perverso de la figura cooperativa por un grupúsculo de socios fundadores expresa que en estas organizaciones se ha producido una aguda estratificación laboral y asimetrías jerárquicas como resultado de la absorción por ellas de normas de funcionamiento de relaciones capitalistas; tienen muy poco de cooperativas y mucho de empresas de capital, controladas por dueños llamados «socios»; explotan a masas de obreros sin seguros social ni derechos de jubilación, a pesar de que la ley boliviana estipula la contratación de trabajadores asalariados en la minería y establece el derecho de estos a sindicalizarse a fin de recibir beneficios sociales.
Los primeros son ya una nueva fracción de la burguesía minera, los segundos conforman una masa laboral que se desenvuelve en condiciones de precariedad: sin acceso a seguros de corto o largo plazo, sin estabilidad ni contrato, sin seguridad industrial, muchos de ellos menores de edad. Para mencionar un dato: hay registrados 112, 000 cooperativistas, pero de ellos solo el 16 % aporta para el seguro obligato.
Estos trabajadores son utilizados en labores de extracción mineral y no tienen estabilidad en sus ingresos, carecen de algunos derechos laborales como vacaciones, aportes a las pensiones y mucho menos el derecho a asociarse. A algunas direcciones de estas organizaciones se les califica de gansteriles, corruptas, que incluso explotan a sus propios «socios», violan toda ley: la legislación para las cooperativas productivas establece solamente contratar personal administrativo, de asesoramiento y de servicio técnico. En estas cooperativas mineras no hay sueldos de convenio con sus trabajadores asalariados según estipulaciones jurídicas (Ramos, 2016). Además, el trabajo infantil también se emplea, regulado jurídicamente para niños a partir de catorce años de edad bajo un controvertido Código de la Niñez (Ley Nº 548/2014). En los hechos, estas organizaciones han actuado fuera de control y sin fiscalización estatal o social.
Estas no son la tradicional cooperativa de trabajo, se oponen a otra ley para el sector: la sindicalización de los empleados. Se ha establecido una estructura de «patrón y peón» y es por eso que se oponen a la sindicalización (Cruz, 2016). Los verdaderamente asalariados superan en número a los socios y la necesidad del sindicato surge como instrumento de rescate de los conculcados derechos laborales de los trabajadores, como medio de su empoderamiento político para reclamar la estabilidad de los contratos, las condiciones de trabajo humanas y las garantías sociales.
Otro elemento importante es la degeneración de estas cooperativas en organizaciones de tipo capitalista que no produce atracción hacia ellas, sino su repudio por una parte de la población en Bolivia al hacer trabajar a una gran masa de trabajadores en pésimas condiciones de seguridad, higiene, remuneración, al perder su vínculo con la comunidad y su carácter renovador.
Pareciera que los grupos de interés económico que se apropiaron de las cooperativas mineras estaban más interesados en el lucro, en las alianzas con el capital privado nacional y extranjero que en regirse por los principios y valores postulados por la ACI. Los conflictos antes expuestos no emergieron abruptamente. No puede ser ajeno a la Federación de Cooperativas Mineras que en sus organizaciones afiliadas se hayan estado violando los principios cooperativos y se haya empleado mano de obra asalariada en precarias condiciones laborales sin ninguna garantía social. ¿Se aisló FENCOMIN de la sociedad? ¿Fallaron los actores estatales y de gobierno en defensa de los principios cooperativos? ¿Acaso la legislación no refrenda los principios que regulan el funcionamiento de las cooperativas y que estas, como tales, están obligadas a cumplir? Es insoslayable considerar la función de las federaciones y confederaciones de estas organizaciones y de las instituciones estatales en hacer cumplir los valores y los principios de la ACI. Por todo ello, la degeneración de estas organizaciones apareció como un hecho a poste ri (Baleren, Enekoitz y Arca, 2013), aunque sus causas fueron muy diversas y pudieron encontrarse desde la fundación de estas cooperativas.
CONCLUSIONES
De lo expuesto, se colige que la figura cooperativa puede ser empleada con fines políticos y de lucro por los estratos poblacionales que las crean, como en el citado caso de Bolivia, en Centroamérica en la década de los sesenta del siglo pasado y, según Cassio y Taddei (2017), en México o el ejemplo de la llamada Cooperativa de Ómnibus Aliados (COA) en Cuba, antes de 1959. La diversidad de clases sociales que forman las cooperativas confiere a esta organización una especial orientación de su funcionamiento. Hay suficientes evidencias de que no pocas cooperativas explotan trabajo asalariado, degeneran o se emplean de modo perverso.
Determinadas situaciones políticas así como coyunturas económicas nacionales e internacionales de alzas o bajas de precios de ciertos productos, condiciones de flexibilización en las regulaciones económicas, laborales, de insatisfechas demandas y de alta probabilidad de éxito para algunos negocios pueden favorecer rápidamente la aparición de empresas capitalistas con rostro cooperativo. Esta es la situación de las falsas cooperativas aparecidas en el período de la perestroika de la URSS.
La conjunción de intereses de grupo, la necesidad de que la organización brinde éxitos a sus miembros y satisfaga sus necesidades, la asimilación de «personas extrañas», la hipérbolización del interés económico o la exageración de cualquiera de estos aspectos pueden degenerar a las cooperativas. Los límites entre una cooperativa y una empresa puramente mercantil pueden romperse, dadas las dualidades y contradicciones propias de aquella y por competir con las mismas reglas del sistema en que ella actúa. En ese choque en el mercado algunas cooperativas sucumben, hacen cesación de sus principios. Es sugerente la expresión papal de que las cooperativas no deben andar con dos caras en el mundo ni encerrarse en sí mismas ni salir de casa como si no lo fueran (Papa Francisco, 2015).
La colaboración y solidaridad entre estas organizaciones queda en entredicho a menudo. La cooperación es una relación social de producción muy antigua que recibe la influencia de las relaciones económicas dominantes en un momento histórico de la humanidad. Las cooperativas sufren enormes presiones externas desde el gran capital y desde órganos del Estado al servicio de la gran burguesía para apropiarse de los nichos de mercado o disolver el sistema de relaciones de solidaridad que estas han creado. Ese entorno es muy complejo para que las cooperativas genuinas puedan asirse de sus principios y creencias, defiendan su imagen y razón de ser en un sistema de relaciones socioeconómicas cuyos valores son antagónicos a los de estas organizaciones colectivas.
