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INTRODUCCIÓN
En general, el territorio es un concepto multidimensional y complejo. En el pasado se aceptaba el territorio como un espacio geográfico que tenía como principales particularidades el clima, las redes pluviales y la agroecología. Posteriormente, la geografía humana agrega el conglomerado de relaciones sociales que lo dinamizan y articulan para posibilitar múltiples y diversas oportunidades de desarrollo.
En los últimos años se viene considerando el territorio como una construcción social que está cimentada en la interrelación de diversos actores sociales que se vinculan en condiciones históricas y naturales para hacer del territorio, como afirma Luis Llanos, una categoría que permite “estudiar los múltiples procesos que surcan el complejo mundo social” (Llanos, 2010, p. 214).
El territorio rural ha sido definido en contraposición al territorio urbano. Mientras que el territorio urbano es escenario de grandes poblaciones, ciudades metropolitanas y una industria moderna, tradicionalmente se ha dicho que en el territorio rural la población tiene como principal actividad económica las labores agropecuarias.
No obstante, esas visiones tradicionales de la ruralidad se empiezan a perder en el paisaje que presenta Costa Rica en la actualidad. Según el Censo Nacional Agropecuario del 2014, aunque la extensión de las fincas agropecuarias continúa siendo significativa al cubrir un 47,1% del territorio nacional, el sector agropecuario representa el 49% del empleo rural, mientras el 52,9% corresponde a otros sectores. Esto denota territorios más dinámicos que muestran una interacción entre diferentes actividades económicas, lo que se ha venido denominando como la multifuncionalidad de la agricultura, donde el turismo y los servicios en general empiezan a ser atractivos como medios de vida alternativos para las poblaciones rurales.
Aun así, se podría afirmar que las transformaciones en el territorio aun no tienen mayores incidencias, puesto que los efectos en las cifras de pobreza y desempleo no son significativos. Realmente, las zonas urbanas siguen teniendo mejores condiciones de atracción de inversiones y de atención al exceso de trámites necesaria para emprender nuevas empresas, lo que valida de alguna forma esa división tradicional entre el campo y la ciudad.
En ese sentido, las condiciones estructurales que fundan la dicotomía del campo y la ciudad continúan manteniendo vigencia como objeto de debate académico y político. Es importante señalar que, como causas del aislamiento y abandono de las zonas rurales en el país, el discurso también continúa resaltando o invisibilizando la ausencia o inefectividad de las políticas públicas.
El territorio rural es un espacio de baja densidad poblacional, donde existe una amplia dispersión y aislamiento de la población. Persisten bajas condiciones de bienestar por la carencia de servicios públicos, de carreteras e infraestructura básica, con bajos indicadores de salud, de nutrición, de educación y pocas oportunidades de empleo y de emprendimiento.
Esas características han estigmatizado lo rural, pues lo relacionan con el atraso, lo tradicional y conservador, la pobreza, desempleo desmedido y bajo bienestar, mientras que idealizan lo urbano, pues implica modernidad, progreso, desarrollo económico, mayor bienestar social y, por tanto, mejor calidad de vida. Este tipo de diferencias incentivan, en gran medida, la migración del campo a la ciudad.
El territorio rural ha sido objeto de una importante cantidad de estudios y de planteamientos teóricos. Por ejemplo, en los últimos 50 años, y cada vez con mayor evidencia, se observa en los territorios rurales el surgimiento de diferentes actividades y encadenamientos agroindustriales, y otros emprendimientos, como el turismo, que incluso utilizan lo agropecuario como fuente de contenido. Igualmente, un aumento importante en la cobertura de los servicios públicos, mejor educación y caminos, además una actividad agrícola más tecnificada, no solo con la introducción de maquinaria sino con nuevos sistemas de producción, sin dejar de considerar otras transformaciones demográficas, económicas e institucionales. A partir de las explicaciones teórico empíricas de esas realidades rurales se ha fundado el concepto de nueva ruralidad.
La nueva ruralidad rompe la dicotomía de lo urbano rural para, más bien, convenir puntos de encuentro, de complementariedad. Se desdibuja la frontera entre ambas zonas y asoman zonas de transición. Con ello, el surgimiento de ciudades intermedias o periféricas en territorios rurales que ofrecen modalidades comerciales y de servicios similares a los del comercio urbano y, en general, se reflejan preocupaciones por el ambiente y la conservación de los recursos naturales.
En la actualidad, es evidente el deterioro en la calidad de vida de los habitantes que se observa en los territorios urbanos, quienes sufren las congestionadas condiciones de hacinamiento, ruido y contaminación atmosférica con todo tipo de residuos. Las condiciones perniciosas se multiplican por la inseguridad, el estrés y abatimiento que las personas sienten o perciben en sus actividades cotidianas. Estas condiciones negativas estimulan cada vez más un renovado interés por la vida en las zonas rurales, por su ambiente más tranquilo, más seguro, ambientalmente propicio para una convivencia más saludable y con menor contaminación.
Otras diferencias específicas entre las realidades urbanas y rurales se pueden distinguir en las actividades comunitarias. El reto de resolver los problemas estructurales que enfrentan las poblaciones rurales es, sin duda, el principal móvil de las personas que realizan actividades de desarrollo local, ya que las características de dichos espacios motivan el trabajo comunitario, tanto de actores externos como internos al territorio.
COMPONENTES DE LA ASOCIATIVIDAD COMUNITARIA
En el concepto de comunidad se destacan algunos componentes básicos que fundan significados compartidos, como el sentido de identidad y pertenencia a un territorio, y una amplia variedad de conexiones, interrelaciones y redes sociales que muestran reciprocidad y dinamismo, además de una cultura e historia común. La comunidad está arraigada al territorio y de alguna forma el territorio atrapa a la comunidad. En general, la comunidad constituye el espacio idóneo para compartir intereses, objetivos, necesidades y problemas. No es un ente estático, sino que se transforma, cambia, evoluciona o retrocede en sus ámbitos económicos, productivos, sociales, ambientales y políticos, entre otros.
En especial, las personas que habitan el territorio asumen ciertas responsabilidades ciudadanas relacionadas con el desarrollo local. Para alcanzar los objetivos y metas que, en mucho, responden a problemas que son comunes a la mayor parte de la población, y que son responsabilidad directa del Estado y de los gobiernos municipales, las personas comunitarias se pueden organizar alrededor de una representación institucionalizada. En un marco de formalidad, esa representación puede plasmarse legalmente en la figura de una asociación y las personas comunitarias reunidas en asamblea pueden elegir a representantes específicos, quienes constituyen la junta directiva o administradora.
En la gestión comunitaria, como acción colectiva, se conjugan diferentes tipos de actores institucionales, públicos y privados. Es decir, en los territorios es posible encontrar diferentes instituciones del gobierno local, como municipalidades, y del gobierno nacional, como sedes o departamentos de educación, salud, ayuda social, laboral, comercio, ambiente y gestión del desarrollo local y regional, así como, otras organizaciones no gubernamentales (ONG), religiosas y ambientales.
Para gestionar el desarrollo local o regional, las personas, actores o agentes comunitarios participan activamente, bajo el liderazgo de las juntas directivas, en la resolución planificada de sus problemas. En estas actividades, se organizan y articulan con los diferentes actores institucionales que se localizan en el territorio.
Por su parte, la identidad se forja en la vida comunitaria que requiere de espacio y tiempo determinados. De igual manera, en los procesos identitarios se posibilita la construcción de un tejido social que forma cúmulos de relaciones sociales cotidianas, así como formas organizativas que desarrollan y emplean recursos para lograr sus fines.
En términos comunitarios, interesa destacar el concepto de capital social. Es necesario señalar que en las realidades comunitarias surgen múltiples variables y condiciones que posibilitan la gestión y la asociatividad. Como herramienta teórica, el capital social es una herramienta para analizar esas realidades, pero no necesariamente explica por sí misma el desarrollo comunitario como relaciones de causa y efecto.
Se puede afirmar que el concepto de capital social aparece con Pierre Bordieu en los 80. Bordieu lo define como el agregado de los actuales o potenciales recursos que están relacionados con la posesión de una red perdurable de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo -en otras palabras, con la pertenencia a un grupo- que le brinda a cada uno de los miembros el respaldo del capital socialmente adquirido, una credencial que les permite acreditarse, en los diversos sentidos de la palabra. (Bordieu, 1986 , p. 249).
No obstante, el capital social alcanza notoriedad hasta los 90 con Robert Putnam, quien lo operacionaliza en un estudio realizado en el noreste italiano donde estudia por tres décadas la relación del capital social y la existencia de comunidad cívica. En las comunidades, cuando la población se interesa por los asuntos locales ciertos elementos se manifiestan con mayor intensidad, como aquellos aspectos que se observan de las organizaciones sociales, como las redes, las normas de cooperación y reciprocidad, así como la confianza que constituyen factores facilitadores de la acción y la cooperación que posibilitan beneficios mutuos (Putnam, 1993). Se trata de relaciones interpersonales que surgen, entre otros, como consecuencia de las prácticas que conllevan actitudes de confianza y cooperación y que, a su vez, permiten la construcción de asociatividad en relaciones ganar-ganar y la promoción de cooperación en ambientes competitivos, siempre basadas en relaciones de reciprocidad y confianza. También se dice que capital social no es lo que se tiene, sino a quién se conoce.
Bernardo Kliksberg ha señalado la importancia del capital social y la cultura cívica como factores cruciales para el desarrollo. Al respecto, Kliksberg dice que las personas, las familias, los grupos, son capital social y cultura por esencia. Son portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la realidad, que son su identidad misma. Si ello es ignorado, salteado, deteriorado, se inutilizarán importantes capacidades aplicables al desarrollo, y se desatarán poderosas resistencias. Si, por el contrario, se reconoce, explora, valora, y potencia su aporte, puede ser muy relevante y propiciar círculos virtuosos con las otras dimensiones del desarrollo (Kliksberg, 2000, p. 8). En particular, se puede afirmar que tanto el capital social como la cultura cívica explican el mejor desempeño de los actores comunitarios.
Las redes de confianza generan asociatividad. Algunos autores, entre ellos Elinor Ostrom y TK Ahn, han trabajado las implicaciones del capital social en las acciones cotidianas. Ostrom y Ahn destacan que cuando un actor no sabe qué esperar de otros o sospecha que los demás son deshonestos u oportunistas, considera poco racional asumir costos y riesgos por el establecimiento de acciones colectivas o iniciar relaciones de cooperación (Ostrom & Ahn, 2003). En particular, la comprensión de la problemática confianza-desconfianza aporta conclusiones en cuanto a los factores de desarrollo social, económico y humano.
En este artículo interesa considerar la asociatividad colectiva y, en particular, el capital social más de carácter comunitario; en otras palabras, aquellas normas y estructuras sociales que incentivan la colaboración y cooperación colectiva y que permiten la construcción de asociatividad y la consolidación de instituciones. Precisamente, John Durston dice i) que el capital social comunitario no es un recurso individual sino una forma de institucionalidad social (del conjunto, en este caso de la comunidad local); y, ii) que los participantes del capital social comunitario (en forma explícita o implícita) plantean el bien común como objetivo, aunque éste puede no lograrse. Por otra parte, y a diferencia de las instituciones formales de bien común (cooperativas, por ejemplo) que existen ‘en el papel’, el capital social comunitario está constituido por normas, prácticas y relaciones interpersonales existentes y observables (Durston, 1999, p. 104).
Entre las funciones del capital social comunitario, Durston enlista las siguientes: el control social a través de la imposición de normas compartidas por el grupo y el sancionamiento por oprobio o castigo de individuos transgresores; la creación de confianza entre los miembros de un grupo; la cooperación coordinada en tareas que exceden las capacidades de una red; la resolución de conflictos por líderes o por una judicatura institucionalizada; la movilización y gestión de recursos comunitarios; la legitimación de líderes y ejecutivos con funciones de gestión y administración; y, la generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo. Como beneficios más específicos que se puede esperar de las instituciones del capital social comunitario: la prevención y sanción del ‘free riders’ o ‘polizontes’ (i.e., individuos que quieren beneficiarse del capital social sin aportar esfuerzo o recursos propios a su fortalecimiento); la producción de bienes públicos creados por estas formas colectivas de capital social, como prevención del delito, sistemas de riego, fondos rotatorios, resolución del conflicto, empresas asociativas más rentables (Durston, 2000, p. 22).
Por otra parte, al presentar también elementos contrarios, como ocurre con las mafias organizadas, se puede afirmar que las redes de cooperación y confianza presentan muchos elementos que favorecen comportamientos nocivos por lo que incluye denominaciones tales como capital social negativo que no contribuye a la promoción del debate ni a las políticas públicas.
En los territorios rurales se pueden considerar otros factores que determinan las capacidades de asociación porque motivan la participación. Los actores deben, por un lado, mantener las instituciones comunitarias; es decir, deben enfrentar aquellas condiciones que atentan contra la permanencia de la asociación. Por otro, las personas comunitarias deben generar los ingresos para la manutención de sus familias. En un marco de decisiones racionales de estos actores, la renuncia a generar recursos propios por la gestión de beneficios comunes podría, eventualmente, aportar satisfacciones personales e, incluso, algún tipo de retribución más allá de ingresos. En otras palabras, la gestión comunitaria demanda de los actores un tiempo de dedicación que podrían, eventualmente, dedicarlo a otras actividades productivas que les generen ingresos. Este compromiso es un factor esencial en la acción comunitaria.
En los territorios rurales, el aislamiento geográfico juega en contra de la asociatividad. No solo la dispersión en la que se encuentra la población rural atenta contra la asociatividad, sino las características del mismo territorio, la ausencia de caminos y de infraestructura básica se servicios públicos, más si se considera que, por lo general, las sesiones de trabajo se realizan por las tardes y noches. Estas condiciones negativas presentan implicaciones que crean resistencias para impedir la activa participación de la mujer, sin entrar a considerar otros factores como las diferencias étnicas y culturales que algunas veces desaprueban o rechazan su participación en actividades comunitarias.
De manera que el concepto de asociatividad cobra sentido como estrategia para desarrollar los territorios rurales. Como ha sido documentado por diferentes autores, la asociatividad tiene relación con la capacidad de los sujetos de llegar a acuerdos y de buscar las soluciones de los problemas comunitarios. No obstante, las personas deben compartir los objetivos comunes y ver en ellos una forma de alcanzar objetivos personales, es así como los intereses personales y colectivos se conjugan y llevan a las personas a seguir participando en estos colectivos ya que constituyen un medio para mejorar individual y colectivamente.
Es importante señalar que en Costa Rica también hay voces críticas del movimiento comunal. En general, el movimiento es retratado como un intermediario que promueve actividades clientelares y compromisos politiqueros, cuyas manijas son controladas por los gobiernos de turno, muchas veces con intereses que asoman corrupción.
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA NACIONAL EN COSTA RICA
De acuerdo con la información de las encuestas de hogares (ENAHO) aplicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en todo el país, tal y como se puede observar en el cuadro 1, la cantidad de personas que habitan las zonas urbanas y rurales se han mantenido con muy pocas diferencias. Del 2010 al 2016, sin mayores variaciones, el 73% de la población vive en las zonas urbanas, mientras que el 27% las zonas rurales.
En cuanto a distribución por sexo, con pequeñas diferencias la cantidad de mujeres a nivel nacional se ha mantenido en un 51% por encima de los hombres con un 49%. En la población rural esta relación se invierte, puesto que las mujeres son el 49% y los hombres el 51%. En las zonas urbanas, las mujeres representan, prácticamente, el 52% y los hombres el 48%.
Cuadro 1 Población total, por sexo y zona, 2010-2016
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
En Costa Rica, la participación comunitaria se viene promoviendo desde 1967. Con la Ley 3859 de Desarrollo de la comunidad, aprobada durante la administración del presidente José Joaquín Trejos Fernández (1966-1970), se crea la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y las asociaciones de desarrollo de las comunidades que configuran el movimiento comunal costarricense, así como, el Reglamento de la Ley 3859, según el Decreto Ejecutivo 26935-G del 20 de abril de 1998. Después de algunos años, se crea también la Confederación Nacional de Asociaciones (Conadeco) que agrupa a las asociaciones comunales del país.
Según el artículo 11 del Decreto 26935-G: Las asociaciones para el desarrollo de la comunidad son organismos comunitarios de primer grado, con una circunscripción territorial determinada. Son entidades de interés público, aunque regidas por las normas del derecho privado y, como tales, están autorizadas para promover o realizar un conjunto de planes necesarios para desarrollar social, económica y culturalmente a los habitantes del área en que conviven, colaborando para ello con el gobierno, las municipalidades y cualesquiera organismos públicos y privados. De esta misma forma se incorporan a las estrategias y planes de desarrollo regional y a la descentralización.
Por otra parte, el artículo 35 del mismo reglamento señala que la junta directiva es el órgano encargado de dirigir la marcha de la asociación, conforme con lo dispuesto por la Ley No. 3859 y su reglamento, el estatuto y los acuerdos de la asamblea general. Estará integrada por un mínimo de siete miembros, entre los cuales habrá un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y tres vocales. La representación de la junta directiva durará dos años, los cuales comienzan a regir en la misma fecha en que fue inscrita la organización ante el Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad.
De acuerdo con el Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (PEN), hasta el 2015, en Costa Rica se contaba con 3.628 asociaciones comunales. Esta cifra ha venido aumentando en los últimos quince años. En el 2000, se registran 1.661, y ya para el 2005 se observa un aumento de 1.093, pues se alcanzan las 2.754 asociaciones (PEN, 2016, p. 246).
Durante el 2010 las asociaciones aumentan a 3.210 y en el 2014 llegan a la cifra de 3.550. De manera que, en estos quince años, tomando como base el 2000, se puede afirmar que el movimiento comunitario costarricense ha mostrado un dinamismo importante que se concreta en un crecimiento de más del 120% de nuevas asociaciones registradas formalmente.
Además del movimiento comunal, las asociaciones comunitarias están conformadas por las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, asociaciones civiles, deportivas y religiosas, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados locales (ASADAS), juntas de educación, juntas de salud, juntas de vivienda, juntas de caminos y otras de bien social, ecológicas y ambientalistas.
En general, las asociaciones comunitarias promueven programas de voluntariado desinteresado y comprometido que se fundan en los principios de la sana convivencia, de la solidaridad; la libertad, la responsabilidad y el compromiso social, el altruismo y la colaboración participativa.
Aunque presenta una caída importante en el 2014, a nivel nacional la participación comunitaria ha venido creciendo año con año. Con excepción del 2010, las mujeres han tenido una mayor participación; no obstante, en algunos años, las diferencias entre mujeres y hombres son poco significativas. (Gráfico 1)
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
Gráfico 1. Participación comunitaria nacional 2010-2016
Según el gráfico anterior, a nivel nacional, en el 2010 la participación de los hombres con 27.365 personas se mantiene levemente mayor a la participación de las mujeres que alcanza 27.062 personas, para un total de 54.427 personas. A partir de ese momento, las mujeres presentan mayor concurrencia en las actividades comunitarias. En el 2011, la participación de las mujeres llega a 32.058 personas, contra 30.416 hombres.
El margen de participación más alto se observa en el 2013, con 41.053 mujeres y 34.446 hombres, cuya diferencia es de 6.607 personas a favor de las mujeres, para un total nacional de 75.499 personas. Sin embargo, aunque el 2014 destaca por una caída estrepitosa de 32.216 personas menos que en el 2013, en los años siguientes se observa una recuperación donde la cantidad de hombres empieza a aumentar relativamente más que las mujeres. De modo que, dos años después, en el 2016 se tienen 30.262 mujeres y 28.475 hombres, para un total de 59.007 personas que participan en actividades comunitarias, una cantidad ligeramente mayor a la observada en el 2010.
Con base en los datos de la ENAHO, para cada uno de los años del 2010 al 2016, solo una pequeña proporción de la población nacional participa en actividades comunitarias. Por ejemplo, en el año 2010, de las 4.538.307 personas encuestadas solo el 1,2% dice pertenecer a alguna asociación. En los años siguientes, hasta el 2016, la proporción es similar con pequeños incrementos y caídas, teniendo su mejor resultado en el 2013, con el 1,6% de las personas. En el 2014, la participación baja al 0,91%, y para el 2015 alcanza el 1,00%, mientras que, en el 2016, de las 4.889.762 personas encuestadas, el 1,21% dice formar parte del movimiento comunitario.
Otra forma de analizar el interés de la población se puede advertir con la tasa bruta de participación comunitaria. Este indicador considera el cociente de las personas que participan en actividades comunitarias entre el total de personas mayores de edad (18-90 años), multiplicado por mil. Por ejemplo, para el 2016 en el país la cantidad de personas que se encuentran en el rango de 18-90 años es de 3.564.311 personas, mientras las asociaciones comunitarias están conformadas por 59.007 personas; por tanto, la tasa bruta de participación comunitaria es de 17 personas por cada mil habitantes. Al considerar otros indicadores de representatividad general se tendría que, en Costa Rica, cada una de las 17 personas comunitarias representa de alguna forma a 287.634 habitantes.
Aun cuando en los espacios territoriales se desarrolla una amplia variedad de formas asociativas, en este estudio interesa aquella asociatividad que se relaciona con la participación ciudadana voluntaria en actividades comunitarias que son realizadas por organizaciones no lucrativas, conocidas en Costa Rica como asociaciones comunales, además de otras instituciones deportivas, religiosas, juveniles, juntas de salud, de vivienda, educativas y de caminos. Se trata entonces de movimientos que llevan a cabo acciones sociales orientadas a la búsqueda de beneficio de la colectividad, del bien común y del cumplimiento de objetivos y metas comunes.
Cuadro 2 Participación comunitaria por zona y sexo, 2010-2016
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
Como un primer acercamiento general, entre el 2010 y el 2016, tal y como muestra el cuadro 2, en las zonas urbanas las mujeres presentan una mayor participación en asociaciones comunitarias que los hombres, mientras que, en las zonas rurales, los hombres son quienes tienen mayor presencia en este tipo de actividades; sin embargo, del 2014 al 2016 se presentan diferencias menos significativas. En particular en el 2016 se observa una excepción, pues en la zona rural las mujeres aumentan su participación hasta superar levemente a los hombres, mientras que en la zona urbana la cantidad de hombres crece más proporcionalmente, pero sin superar a las mujeres.
La menor participación de la mujer rural en actividades comunitarias podría estar menoscabada por las condiciones propias del territorio rural. En lo rural se observa una baja densidad demográfica por kilómetro cuadrado, centros poco poblados y familias que viven alejadas unas de otras, además de carreteras y caminos en mal estado y prácticamente sin iluminación que dificultan el traslado de las personas, más si las actividades comunitarias se realizan por las noches.
En comparación con las condiciones de servicios públicos de las zonas rurales, en las zonas urbanas ocurre todo lo contrario. Aunque en los últimos años se evidencia un aumento progresivo en la falta de seguridad ciudadana urbana que podría constituirse en un factor que desestimule la salida de las personas por las tardes noches, parece que hasta el momento eso no ocurre, al menos de una manera significativa.
No obstante todas las consideraciones anteriores de la participación en asociaciones comunitarias, la mera existencia de este tipo de organizaciones no garantiza el desarrollo de capital social. Ciertamente, la asociatividad puede ser un elemento central e importante sin en el cual no podrían potenciarse las redes de cooperación y coordinación pública privada para generar estrategias de desarrollo local efectivas, pero no la única condición necesaria como señalan Putnam (1993) y Kliksberg (2000). Según estos autores, también se requieren fuertes dosis de comunidad o cultura cívicas para generar dinámicas locales y regionales de desarrollo efectivas, donde la transparencia y la participación, tanto en la formulación como en la fiscalización de los programas públicos, rompan las inercias clientelistas y político electorales en las comunidades y empoderen a todos los grupos poblacionales, más si tienen como objetivo mejorar los niveles de pobreza e inclusión de la población, dinamizar las actividades endógenas e, incluso, la competitividad territorial.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS COMUNITARIAS
En Costa Rica, la tasa bruta de alfabetización se ha mantenido constante en los últimos años. En el cuadro 3, con excepción del 2010, la población de 15 años y más sin ningún tipo de instrucción educativa se ha mantenido en valores absolutos.
Cuadro 3 Población de 15 años y más sin instrucción, por zona y total
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
Siendo que, prácticamente tres cuartas partes de la población del país reside en las zonas urbanas (73%), es de esperar que la mayor cantidad de personas sin instrucción se ubiquen en estas zonas, No obstante, tal y como muestra el cuadro 3, la cantidad de personas sin instrucción de las zonas urbanas es solo un poco mayor al 50% del total; por lo tanto, proporcionalmente, la mayor cantidad de personas en esta categoría reside en las zonas rurales, aunque en valores absolutos las zonas urbanas presenten más personas que en las zonas rurales.
En valores relativos, para el 2010, solo el 4,25% de toda la población de 15 años y más dice no tener ningún tipo de instrucción; en este caso, el 2,28% reside en zonas rurales y el 1,97% en las rurales. Del 2012 al 2014 baja del 3,91% al 3,58%, tanto a nivel general, como en zonas urbanas: del 2,23% al 2,00%, y en zonas rurales: del 1,67% al 1,58%. Sin embargo, aumenta en el 2015 al 3,62% y para el 2016 llega al 3,67%, a nivel general; muy leve en zonas urbanas al 2,04%, pero cae en el 2016 al 1,93%. En las zonas rurales si se observa el ensanchamiento de la población de 15 años y más sin instrucción, aunque se sostiene el 1,58% durante el 2015, aumenta a 1,75% en el 2016.
De cualquier forma, a pesar de esas cantidades de personas sin instrucción, se puede afirmar que Costa Rica presenta buenos niveles de educación. No obstante, entre las personas comunitarias esos indicadores son un poco diferentes:
Cuadro 4 Nivel de instrucción de las personas comunitarias
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
No cabe duda de que la educación incide en la calidad de la gestión comunitaria, por diferentes condiciones y características que presenten los actores y actoras que participan del movimiento comunitario en el país. Tal y como muestra el cuadro 4, en todos los años las cantidades de personas sin instrucción es más baja en comparación con los mismos datos a nivel nacional.
Sin embargo, al sumar las categorías Sin instrucción con la de Primaria incompleta los datos tienden a aumentar de manera significativa. De las 54.425 personas que participan en acciones comunitarias en el 2010, 4.725 personas dicen tener muy poca instrucción; es decir, el 8,64% de las personas comunitarias no tienen instrucción o no lograron concluir los estudios primarios. En los años siguientes, este segmento presenta el nivel más alto en el 2012 al alcanzar 14,05%, pero desciende hasta llegar en el 2016 al 10,37% de personas comunitarias con indicadores bajos de instrucción educativa.
Sin mayores diferencias por sexo, del 85% al 90% de las personas que conforman el movimiento comunitario en Costa Rica cuenta con instrucción, sea primaria completa, secundaria completa o incompleta, académica o técnica, y universitaria, con lo cual podría concluirse que en la conducción general del movimiento comunitario las condiciones de educación son relativamente buenas. En el mismo orden se puede afirmar que, en diferentes momentos del 2010 al 2016, las personas con educación secundaria completa o universitaria de grado o posgrado se ha mantenido entre el 40,0% al 52%, lo que dice mucho de las capacidades para la participación y la toma de decisiones.
Más aún, quienes afirman contar con educación superior de grado o de posgrado representan el 25,67% en el 2010. Este dato continúa en aumento hasta el 2013, que llega al 31,91% de la población comunitaria, pero empieza a descender con altibajos hasta el 2016 para un 27,63% de personas con formación universitaria de grado o posgrado. Desde una perspectiva más operativa, podría darse la posibilidad de tener entre las personas que conforman las juntas directivas de las asociaciones comunitarias, muchas con 7 o más personas directivas, al menos una o dos con formación universitaria. Esto permitiría mejores niveles de especialización que, de una u otra forma, se reflejarían en la gestión administradora del movimiento comunitario.
Al analizar las desigualdades en las condiciones y oportunidades para la formación académica que persisten en las zonas rurales del país, es lógico advertir que los niveles de instrucción educativa de las personas que participan en actividades comunitarias en las zonas rurales son menores a las que participan en las zonas urbanas.
En cuanto a la población que no cuenta con instrucción de ningún tipo, aunque es mayor en las zonas rurales, las diferencias no son significativas en relación con las zonas urbanas. Situación similar se observa al sumar los porcentajes de la población sin instrucción y con primaria incompleta, con una tendencia a ensancharse en las zonas rurales en los últimos dos años. Para el 2015, la población sin instrucción y con primaria incompleta en las zonas urbanas es de 2,88% y el 2016 de 3,24%, mientras en las zonas rurales en el 2015 es de 6,78% y en 2016 aumenta al 7,14%.
Con diferencias importantes, la mayor parte de la población rural cuenta con educación primaria completa, tanto al compararla con la educación secundaria y universitaria, como con la población que dice tener educación primaria completa de las zonas urbanas. Por otro lado, la mayor parte de la población de las zonas urbanas cuenta con educación universitaria de grado y posgrado con porcentajes que van en diferentes años del 20,61% al 27,66%, mientras que en esta categoría las zonas rurales evidencian porcentajes que van del 4,37% al 7,65% como máximo.
En cuanto a las edades de las personas que participan los movimientos comunitarios, los datos de la ENAHO muestran los siguientes resultados (Cuadro 5):
Cuadro 5 Edades de las personas que participan en asociaciones comunitarias, según rangos, en datos relativos y por zonas
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
En una mayor cantidad, las personas que viven en las zonas urbanas no solo inician actividades comunitarias antes de los 20 años, sino que, en comparación con quienes viven en las zonas rurales, también se retiran con mayores edades. Por ejemplo, en el 2010, el 4,27% de las personas comunitarias urbanas tenía menos de 20 años y en las zonas rurales solo el 1,52% dice tener esa edad; mientras que, para el 2016 las proporciones son similares, el 4,59% urbana contra el 1,14% rural.
A pesar de que los rangos de edad van de menos de 20 años hasta más de 90 años, el mayor porcentaje se observa en el rango de edad de 50 a 69 años en las zonas urbanas. En las rurales, el mayor porcentaje se observa en el rango de edad que va de los 30 a los 49 años.
Conforme avanza la edad, se observa una ligera tendencia de las personas a continuar vigentes en actividades comunitarias, pero en mayor proporción urbana que rural. Valga señalar que, en el 2016, se cuenta con 192 personas nonagenarias urbanas que representan el 0,33% de toda la población comunitaria.
Por otra parte, al preguntarse sobre las condiciones de empleo que persisten entre las personas comunitarias, enseguida se muestran los datos de la ENAHO, (Cuadro 6):
Cuadro 6 Empleabilidad de actores comunitarios
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
No todas las personas comunitarias respondieron la pregunta sobre la empleabilidad --prácticamente hay omisión de cerca del 25% de las personas que dicen tener asociatividad comunitaria. De las respuestas obtenidas, se observa una tendencia al aumento en el subempleo o desempleo en los últimos tres años, un poco más alta que la registrada al cierre de esos mismos años en el país: 10% en el 2014, 9,6% en el 2015 y 9,5% en el 2016. Contar con información incompleta no permite tener una fotografía más aproximada de la realidad, por lo que eventualmente la situación de la empleabilidad podría ser más marcada, en un sentido o en otro.
En general, la empleabilidad por zonas es bastante similar a la analizada para la población comunitaria de todo el país, aunque en algunos años se pueden observar diferencias considerables, tal y como muestra el cuadro 7:
Cuadro 7 Empleabilidad de actores comunitarios, en datos relativos y totales absolutos, para las zonas urbana y rural
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
En las zonas rurales empeoran las oportunidades laborales. Básicamente, en varios años, con excepción del 2013 y 2015, los porcentajes son más elevados a los conocidos para los mismos años para todo el país. En particular, el 2016 es casi 7 puntos superior, pues de las 18.886 personas que respondieron, 3.049 dicen estar en condición de desempleadas o subempleadas.
Esta condición recrudece cuando la jefatura de familia recae en la mujer, quien debe asumir sola las obligaciones y responsabilidades del hogar, especialmente las económicas; aun así, mantienen compromisos comunitarios.
Cuadro 8 Condición de jefatura de familia
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
Tal y como muestra el cuadro 8, las mujeres urbanas asumen la jefatura del hogar en mayor proporción a las mujeres rurales. Al hacer un promedio de los siete años del estudio, se puede afirmar que el 35% de las mujeres urbanas asumen la jefatura del hogar, en comparación al 20% de las mujeres rurales.
Para las zonas urbanas, en términos absolutos, se tiene que de las 35.108 personas que en el 2010 dicen realizar acciones comunitarias, 11.703 mujeres son jefas de hogar. Para el caso del 2014, de las 25.183 personas que responden la encuesta ENAHO del INEC, 10.617 mujeres dicen estar en esa condición; mientras que, en el 2016, de las 34.013 personas urbanas encuestadas 12.004 mujeres también afirman asumir la jefatura del hogar.
De acuerdo con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el porcentaje de hogares en condición de pobreza que utiliza el INEC para medir la pobreza “revela que el cambio de un año a otro no es estadísticamente significativo, en promedio el porcentaje de hogares en condición de pobreza es de 21,38% (2010-2015)” (Mideplan, 2016: 10), y si se considera el 2016, bajaría aún más al 21,27%, (Cuadro 9).
Cuadro 9 Tipología de pobreza, en valores relativos
Fuente: Mideplan, 2016: 10-12. (*) Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
Es importante señalar que, en Costa Rica, los índices de pobreza y de pobreza extrema son mayores en la zona rural que en la urbana. ¿Y cuál es la situación de pobreza entre los hogares de las personas que realizan actividades comunitarias?
Cuadro 10 Condición de pobreza
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
Según los datos del cuadro 10, entre los hogares de las personas que dicen realizar actividades comunitarias, la pobreza presenta un comportamiento muy variado, y al calcular el promedio de pobreza del 2010 al 2016 asciende al 16,86%. Por lo general, con excepción del 2012 cuyo nivel supera en un 0,53% el porcentaje nacional, la pobreza entre las personas comunitarias muestra un resultado menor al nacional. Por otra parte, al considerar los siete años de este estudio, aun cuando dicen tener un porcentaje de desempleo y subempleo que no supera el 11,1% en las personas comunitarias a nivel nacional, el porcentaje de hogares pobres supera en mucho ese dato. Es decir, el hecho de contar con un empleo permanente no garantiza que los hogares de las personas comunitarias se ubiquen en la categoría de no pobre. (Cuadro 11).
Cuadro 11 Nivel de pobreza, según categorías de la variable
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
En el 2015, entre las personas comunitarias de las zonas urbanas, la pobreza extrema no pasa del 3,81%, mientras en el 2012 esta categoría presenta en el nivel máximo con un 14,01%. En las zonas rurales, la pobreza extrema alcanza el mayor nivel en el 2012 con un 8,89% y desciende hasta el 2015 con un 5,16%, para aumentar en el 2016 a 6,63%. En cuanto a la pobreza no extrema, las personas comunitarias rurales presentan niveles que van del 8,88% al 20,61% que, respectivamente, corresponden al 2015 y 2016. Sin embargo, al sumar la pobreza extrema y la pobreza no extrema, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, el mayor nivel ocurre en el 2012, con un 14,66% en urbanas y un 28,88% en las rurales.
Por ejemplo, en el 2016, se tiene que 4.325 personas urbanas dicen estar en condición de pobreza. De ellas, 1.168 están en condición de pobreza extrema. En cuanto a la zona rural, se tiene que 6.808 personas dicen ser pobres, de las cuales 1.656 están en pobreza extrema.
Realidades como las mostradas para el 2016 entre las personas que dicen formar parte de los movimientos comunitarios no favorecen el compromiso ni el trabajo por las problemáticas colectivas locales. Es de esperar que las mayores preocupaciones radiquen en resolver primero los problemas personales y familiares, más que atender asuntos comunitarios. Sin embargo, las horas de dedicación a las actividades relacionadas con el trabajo en las comunidades no parece mostrar ese tipo de condicionamientos que podrían surgir por las condiciones de pobreza, tal y como muestra el cuadro 12:
Cuadro 12 Horas dedicadas a actividades comunitarias, por semana y zona
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
Según la información del ENAHO del 2010 al 2016, ante las preguntas “¿realizó usted labores comunitarias la semana anterior?, ¿cuántas horas?”, se puede determinar que las actividades comunitarias consumen una importante cantidad de horas semanales. Si se supone que esa es la respuesta para cualquier semana, se puede afirmar que, año con año, las personas comunitarias urbanas dedican más de 80.000 horas semanales en todo el país.
En el caso de las personas rurales, la dedicación es mayor a las 30.000 horas semanales. Curiosamente, tanto en las zonas urbanas como rurales, las mujeres son quienes dedican más horas al trabajo comunitario, a pesar de que en las rurales los hombres dicen tener una mayor participación.
Si se monetizan las horas totales por semana, por mes y por año del trabajo voluntario que las asociaciones dedican a sus comunidades, se puede concluir que las personas comunitarias aportan una considerable cantidad de recursos económicos que son, prácticamente, imposibles de retribuir y, mucho menos, de sustituir por parte del Estado.
Cuadro 13 Horas semanales por persona en actividades comunitarias por zona
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Costa Rica
Las personas comunitarias urbanas dicen dedicar más horas de trabajo voluntario que las rurales. Tal y como se puede observar en el cuadro 13, las personas urbanas dedican cuatro o más horas por semana, mientras que en las zonas rurales la dedicación es de, básicamente, tres horas semanales.
Al respecto de las horas de dedicación al trabajo voluntario, cabe destacar que la participación, desde una posición menos estatista, no debe restringirse solo a las organizaciones comunitarias. Por el contrario, si el fin del desarrollo local es el bienestar de las personas, debe construirse el ambiente y las oportunidades para aglutinar en los territorios y, especialmente, en los espacios de participación comunitaria, a la organizaciones productivas, gubernamentales y asociativas, y de esta forma posibilitar que los diferentes actores presentes en los territorios concurran en la articulación del tejido social y productivo.
Es necesaria confluencia de los intereses privados y públicos, así como los personales y colectivos en función del territorio, como una alternativa funcional para construir visiones de futuro, pero que sean compartidas por todos los actores sociales e institucionales, productivos y no productivos, comunales, locales y regionales, para construir estrategias de desarrollo conjuntamente con la institucionalidad local, que no necesariamente estén fundadas en leyes sino, más bien, sobre la base de acuerdos y alianzas público privadas.
CONCLUSIONES
En este artículo se parte del concepto de territorio como una construcción social, multidimensional y compleja, que está cimentada en la interrelación de diversos actores, tanto individuales como colectivos, e institucionales públicos y privados.
En particular, el territorio rural es un espacio de baja densidad poblacional, donde existe una amplia dispersión y aislamiento de la población. Persisten bajas condiciones de bienestar por la carencia de servicios públicos, de carreteras e infraestructura básica, con bajos indicadores de salud, de nutrición, de educación y pocas oportunidades de empleo y de emprendimiento.
Por su parte, la comunidad se entiende como un espacio dinámico, con sentido de identidad y pertenencia a un territorio, y una amplia variedad de conexiones, interrelaciones y redes sociales, además de una cultura e historia común. En especial, las personas comunitarias se organizan alrededor de una representación institucionalizada para asumir ciertas responsabilidades ciudadanas relacionadas con el desarrollo local.
La gestión comunitaria, como acción colectiva, articula diferentes tipos de actores institucionales, públicos y privados que accionan en los territorios, tales como, diferentes instituciones del gobierno local, como municipalidades, y del gobierno nacional, como sedes o departamentos de educación, salud, ayuda social, laboral, comercio, ambiente y gestión del desarrollo local y regional, así como, otras organizaciones no gubernamentales (ONG), religiosas y ambientales.
La existencia de organizaciones y niveles de asociatividad altos en las comunidades son condiciones necesarias, pero no suficientes, para promover el desarrollo local. La cultura cívica, el capital social (normas de cooperación y reciprocidad basadas en la confianza), así como una gestión pública transparente, son elementos clave para garantizar una participación efectiva que se traduzca en mayor inclusión, calidad de vida y desarrollo territorial.
Políticas de participación, al igual que promover la existencia de organizaciones o asociaciones comunales con base en la legislación vigente, deben estar acompañadas de acciones para fortalecer la comunidad y la cultura cívica; asimismo, para generar dinámicas locales y regionales de desarrollo, donde la transparencia, la participación tanto en la formulación como en la fiscalización de los programas públicos sea permanente.
Como ente dinámico, la acción colectiva en el territorio debe construir una visión de futuro compartida por los diferentes actores sociales e institucionales, productivos y no productivos, comunales, locales y regionales, de modo que permitan emprender estrategias de desarrollo y consolidar la institucionalidad sobre la base de acuerdos y alianzas público-privadas.
De acuerdo con la información de las encuestas de hogares (ENAHO) aplicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en todo el país, del 2010 al 2016, se pueden analizar diferentes características y condiciones que presentan las personas que participan en el movimiento comunitario nacional y que, de una u otra forma, inciden en la gestión de las comunidades, como la cantidad de personas que participan en los movimientos comunitarios, los niveles de alfabetización o de instrucción educativa, la edad, la calidad del empleo, la jefatura del hogar, las condiciones de pobreza y de pobreza extrema y la cantidad de horas semanales que, como trabajo voluntario, dedican a las actividades comunitarias.
No se puede dejar de lado que, para comprender más adecuadamente los conceptos de compartir el poder, de participación y de representación en las comunidades de las regiones urbanas y rurales del país, es importante tomar en consideración otras variables, como la dinámica histórica local del territorio y la interacción entre diferentes grupos de poder, pero eso será parte de otro estudio. La asociatividad comunal descansa sobre los vínculos entre los actores sociales y sus acciones colectivas o movilizaciones sociales que son de especial valor para conquistar derechos políticos y sociales por parte de las comunidades.
Algunos de los proyectos de desarrollo interesados en el empoderamiento, no han analizado y entendido la dinámica histórica de la política local con la compleja interacción entre los distintos grupos de interés locales, la política estatal y un enfoque más amplio de la economía política. La asociatividad comunitaria constituye un objetivo clave del desarrollo que obliga a profundizar la comprensión del término y de sus complejidades, fortalezas y limitaciones para constatar la ruta orientadora al empoderamiento local.
