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INTRODUCCIÓN
Hace poco se planteaba que América Latina vivía su tercera ola emancipatoria y el optimismo reinaba en el ambiente de la izquierda por la existencia de una serie de gobiernos progresistas que plantaban cara a Washington (Moldiz, 2013; de la Barra y Dello Buono, 2015), sin embargo, hoy la derecha gobierna en varios países y el mapa político del continente aparece tendencialmente hacia este espectro. ¿Cuáles son los factores que han llevado a ese cambio de situación? La respuesta no es simple. En este artículo exploramos los factores que han contribuido a ello.
1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En 1982, con la crisis de pago de México, se inició la crisis de la deuda que afectó gravemente al continente. Las renegociaciones emprendidas por los distintos gobiernos con los organismos acreedores se desarrollaron en términos que los obligaron a introducir políticas neoliberales. De hecho, la deuda se convirtió en un mecanismo más sofisticado de dependencia que se unió a las formas anteriores de esta, siendo calificada como una novísima dependencia (Bell y López, 1993). Dado que las crisis de pago eran recurrentes en uno u otro país, sin ser simultáneas, los organismos financieros internacionales obligaban a los Estados latinoamericanos, mediante cartas de intención, a adoptar «soberanamente» una serie de medidas para recibir nuevos créditos; entre estas estaban las privatizaciones de activos públicos, el equilibrio fiscal, políticas de apertura, facilidades a la inversión extranjera, etcétera.
Después de una nefaria y dolorosa experimentación con la economía chilena, auspiciada por la sangrienta dictadura de Pinochet, la versión inicial del modelo neoliberal empezó de tomar su forma paradigmática. Durante los años ochenta se abrió paso el neoliberalismo, que tuvo verdadero auge en la siguiente década. Paralelo a este proceso se dio la restauración de la democracia burguesa y su juego electoral en la mayor parte de la región. En 1976 solo había tres países que podían calificarse de democráticos en el continente, de acuerdo con los cánones de la democracia burguesa, mientras que en los noventa se efectuaron elecciones en la mayor parte de los países.
Se efectuaron distintos procesos electorales, todos ellos con resultados negativos para la izquierda. En México, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es derrotado en 1988 y 1994; en Brasil, Lula fue derrotado en su segunda y tercera aspiración, 1994 y 1998; en Uruguay, Tabaré Vázquez en 1994 y 1999; en Venezuela, Andrés Velásquez, de Causa R en 1993; en Colombia, Antonio Navarro de AD-M-19 en 1994; en El Salvador, Rubén Zamora de Convergencia Democrática ese mismo año; y en Bolivia, Evo Morales del MAS. En Chile se puede decir que la izquierda no encontró espacio debido al sistema electoral binominal impuesto por Pinochet y la constitución dejada por la dictadura, lo cual abrió paso a la centroderecha, más derecha que centro en los sucesivos gobiernos de la Concertación. Las elecciones se convertirían en el símbolo de la democracia y la OEA adoptó el documento conocido como Carta Democrática, que se constituyó en el referente obligatorio de los Estados miembros. El gran énfasis sobre la institucionalidad «democrática» constituyó la mejor manera para asegurar la dominación del capital cada vez más globalizado.
La generalización de las políticas neoliberales con sus nefastos resultados para las condiciones de vida de las amplias mayorías constituye la marca de esa década. Los gobiernos elegidos vivieron la fiebre de la privatización y la apertura de las economías al capital extranjero. Carlos Menem en Argentina privatizó más de mil empresas, posiblemente un record mundial. En Brasil, Fernando Henrique Cardozo también privatizó numerosas empresas estatales muy lucrativas, entre ellas, minas, bancos, y las telecomunicaciones. Carlos Salinas de Gortari dio un fuerte impulso a la privatización en México con más de cien empresas privatizadas y con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLALCAN) se abrieron más que nunca los mercados de México a las transnacionales estadounidenses. En los demás países del continente se desarrollaron procesos similares, con mayor o menor intensidad, cuyos principales beneficiarios fueron las transnacionales europeas y estadounidenses.
Sin lugar a dudas, la aplicación de esta política tuvo efectos nocivos para el desarrollo latinoamericano. Se promulgó una legislación promotora y protectora de los derechos del capital, lo que incentivó su concentración y colusión con el capital transnacional. Se debilitó a las clases populares mediante políticas que promovieron la precarización del empleo, la ampliación del desempleo y el subempleo. Su correlato fue el empobrecimiento de grandes masas incluyendo sectores de las clases medias, los que fueron calificados como «nuevos pobres». Los aparatos del Estado fueron reformados, en realidad una contrarreforma, que llevó a la privatización las empresas públicas y buscó la eliminación de agencias y organismos de gestión, la mercantilización de servicios sociales básicos y reformas impositivas regresivas, justificando todo esto con el pretexto de dar facilidades al capital para atraer nuevas inversiones. Con un discurso antiestatista el neoliberalismo construyó un nuevo Estado, el Estado neoliberal, funcional a sus intereses (Nadal, 2015).
Como han señalado Dardot y Laval (2019) al hacer un balance de las políticas neoliberales:
No se trata tan solo de políticas económicas monetaristas o austeritarias, de la mercantilización de las relaciones sociales o de la dictadura de los mercados financieros. Se trata más fundamentalmente de una racionalidad política que se ha vuelto mundial y que consiste en imponer, por parte de los gobiernos, en la economía, la sociedad y el propio Estado, la lógica del capital hasta convertirla en la forma de las subjetividades y la norma de las existencias. (p. 5)
En su conjunto todo este proceso puede asimilarse a una «interiorización» del neoliberalismo en todas las estructuras de nuestras sociedades, o quizás más gráficamente, una especie de malla que acota a la sociedad dentro de determinados límites.
En consecuencia, la aplicación del programa neoliberal ha tenido efectos a largo plazo, no solo porque se instaló una correlación de fuerzas más favorable al capital, sino también porque su aplicación indujo cambios estructurales acaecidos al calor de su implementación y de la dinámica de desarrollo del sistema capitalista. Y esto es así porque la composición socioclasista del continente ha variado y si bien ha crecido cuantitativamente el espectro de los explotados, este ha sufrido cambios estructurales importantes. La clase obrera industrial disminuyó mientras el sector informal creció extraordinariamente. La contracción del sector público y el empleo estatal acompañó la concomitante precarización del empleo mientras los salarios perdieron terreno en su poder adquisitivo. Hubo una movilidad social descendente, consecuencia del empobrecimiento de amplios sectores de la clase media, mientras la pobreza adquirió un rostro femenino con amplias masas juveniles y estudiantiles atrapadas en una situación frustrante con su futuro incierto. El avance del agrobusiness en el campo agudizó el preexistente problema de la tierra y de la pobreza rural, intensificando la tendencia migratoria campo-ciudad.
Todo este deterioro de las condiciones de vida, las debacles financieras y las perspectivas negativas de futuro hizo fermentar en el continente protestas sociales masivas que desbordaron el cuadro de la política tradicional de los partidos y sindicatos, viabilizados a través de movimientos sociales cuyos protagonistas son los perjudicados y excluidos por las políticas neoliberales como los desempleados, jubilados, jóvenes, indígenas y los nuevamente empobrecidos sectores de la clase media.
1.1. Vientos de cambio
En 1998 Hugo Chávez triunfó en las elecciones presidenciales de Venezuela con un programa radical que planteaba la fundación de una nueva República. Su victoria significó un punto de viraje en la dinámica sociopolítica de la región. En enero de 2000 protestas y rebeliones de los indígenas derribaron el gobierno de Jamil Mahuad en Ecuador. En ese mismo año se da el caso de Perú cuando cae el régimen de Alberto Fujimori, quien tuvo que huir del país. La situación de pobreza y desempleo en Argentina, producida por el neoliberalismo extremo, lanza a cientos de miles de personas a la calle en 2001, y así derroca al gobierno de Fernando de la Rúa. El caso argentino se destacó por la aparición del movimiento de piqueteros, la toma de fábricas y las asambleas barriales populares. En el punto más álgido de la protesta surgió la consigna «Que se vayan todos», que sonaba por todo el hemisferio expresando de manera sintética el repudio a los políticos y la política tradicional.
En 2003 estalla una protesta en Bolivia contra el alza de impuestos en febrero y otra en octubre contra las transnacionales del gas que llevaron al derribo del gobierno de Sánchez de Lozada. Asimismo, caen los gobiernos de Ecuador en 2003 y otra vez en 2005, que en cierto sentido volvió a ser paradigmático. La característica de estos procesos fue la masiva movilización intersectorial de la población con predominio de los elementos populares contra gobiernos electos que no satisficieron las expectativas para las que fueron elegidos.
En esta dinámica se fracturó el monopolio ideológico del neoliberalismo y hubo una creciente imagen de precariedad del establishment neoliberal. Las movilizaciones populares tuvieron nuevos puntos de referencia a través del bolivarianismo y el socialismo del siglo xxi, cuya nueva generación de liderazgos, inspirada por la resistencia del socialismo cubano, fue empoderada por la ola de las movilizaciones populares. Un elemento importante del nuevo contexto fue que los procesos electorales que tradicionalmente servían para la preservación del sistema -de ahí la elaboración de la llamada Carta Democrática de la OEA- desde entonces se convirtieron en un nuevo campo de movilización contra la estrategia de dominación imperialista y en posibilidades reales para la izquierda.
La primera década del siglo xxi sumó las victorias electorales de Kirschner primero y su esposa después en Argentina, Lula y su reelección, seguido de Dilma Rousseff en Brasil, Tabaré Vázquez seguido después por Pepe Mujica y luego Vázquez de nuevo por el Frente Amplio en Uruguay, René Preval en Haití, Daniel Ortega en Nicaragua, y Evo Morales por el MAS en Bolivia, Rafael Correa y su Alianza País en Ecuador y de Mauricio Funes por el FMLN en El Salvador. Este conjunto de procesos dieron lugar a un nuevo mapa político del continente que tendía a fortalecer los procesos de concertación, integración y unidad.
En el sur del continente, durante la III Cumbre Presidencial Sudamericana de 2004, se firmó el acta constitucional de la Comunidad Suramericana de Naciones, hoy Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que agrupa a los doce estados del subcontinente. El Grupo de Río, surgido del Grupo de Contadora y los países de apoyo, adquirió un nuevo dinamismo y en 2008 se celebró la Cumbre por la Integración y el Desarrollo de América Latina, primera reunión latinoamericana en que participaron todos los países de la región sin la presencia de Estados Unidos Durante la segunda cumbre en 2010, efectuada en Cancún, México, se acordó constituir la Comunidad Latinoamericana y Caribeña de Naciones (CELAC), lo cual se hizo efectivo en Caracas al año siguiente; durante 2012 su presidencia la ostentó Chile y Cuba en 2013. La CELAC marcó un momento importante en América Latina, fue la primera vez que se constituyó una organización semejante por los Estados latinoamericanos sin la presencia de Estados Unidos (de la Barra y Dello Buono, 2012).
Otro hecho de suma importancia fue la no constitución del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), rechazada por los países de América Latina en la conferencia de Mar de Plata en 2005. El ALCA era un verdadero proyecto de recolonización económica del continente por parte de Estados Unidos, lo que marcó el camino para impedir toda posibilidad de desarrollo o integración para América Latina al convertir el libre comercio con el Norte en compromiso jurídico-estatal que abarca no solo el comercio, sino también cuestiones relativas a las inversiones, la propiedad intelectual, la biodiversidad y otras. Sin embargo, su abandono no significó un final feliz de los objetivos imperialistas en este sentido, sino el comienzo de una serie de proyectos impulsados bajo la forma de tratados bilaterales y subregionales de libre comercio (TLC).
Entre las ventajas que les proporcionan estos TLC a Estados Unidos se encuentran la no afectación de las subvenciones a sus productos agrícolas, mantener las cuotas de importación para cientos de productos y entrada libre a los sectores financieros, de servicios, alta tecnología, salud, educación y medios masivos de difusión. Las transnacionales norteamericanas han sido las grandes beneficiarias, no solo por tener acceso a los sectores antes mencionados, sino también porque transforman las relaciones con ellos, que entonces les facilita el saqueo del país, al otorgarle un trato igual que las empresas nacionales, el acceso a las licitaciones públicas, el dirimir en tribunales internacionales sus conflictos con el Estado Nacional; y garantizan sus inversiones.
En lo concreto, los TLC constituyen un ALCA en progreso, que van introduciendo cada vez más división entre los países de América Latina. Desde 1994, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA por sus siglas en inglés) entró en vigencia, los Estados Unidos han firmado varios TLC con los países de Centroamérica más República Dominicana (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, CAFTA-DR), Chile, Perú y Colombia. Además ha aparecido en el escenario latinoamericano la Alianza del Pacífico, formada por México, Colombia, Perú y Chile, que tienen firmado tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. Los gobiernos interesados rompen la posibilidad de un actuar unitario mientras presionan a los que se resisten. Con los TLC, Estados Unidos tiene más posibilidades de imponer sus intereses y los puntos de su agenda global para la región, por lo que no se pueden dejar de ver los TLC como otro camino para el mismo proyecto imperial. Por eso la lucha contra ellos es una lucha antiimperialista.
Los TLC no responden solo a los intereses imperialistas, sino que también hay fracciones de la burguesía local interesados en ellos, lo que por lo general no se destaca suficientemente. De los TLC son beneficiarios en el ámbito local la oligarquía agroexportadora vinculada a las producciones de estación (frutas, hortalizas, etc.), y otros productos agrarios destinados al mercado de Estados Unidos, los grandes importadores, los banqueros, los dueños de almacenes, supermercados y otros negocios comerciales que son abastecidos desde Estados Unidos, como por ejemplo, los empresarios de la maquila y los dueños de centrales azucareros que van tras la zanahoria del Etanol. Esa confluencia de intereses entre la oligarquía burguesa local y el imperialismo no es para olvidar y la lucha contra ellos constituye avances en la dirección de la conciencia anticapitalista.
Por el otro lado, también apareció en este período, como parte de la ola progresista, otro proyecto de integración que en su inicio se llamaba la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). El ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos) se sustenta en una serie de principios que responden a los intereses históricos y perspectivos de América Latina. Iniciado por Cuba y Venezuela en 2004, ha ampliado su membresía y es el primer proyecto de integración latinoamericana basado en la solidaridad y la cooperación, no en la ganancia empresarial y el comercio, aunque no los rechaza. Es una concepción de la integración que no se reduce solo a la economía, sino que desde el principio aborda el problema de lo social como parte sustancial de la integración, en tanto en este terreno se reflejan los más lacerantes problemas del continente. A pesar de la agresiva política de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, el ALBA se mantiene aún con aciertos y dificultades.
Los logros realizados por los gobiernos progresistas de la llamada «ola rosada», aunque no son iguales en todos los países, pueden sintetizarse en:
egreso del Estado a la economía y la recuperación de la soberanía;
anulación parcial y variada de las privatizaciones;
algunas nacionalizaciones de activos extranjeros;
renegociaciones de la deuda externa y/o rechazo de deuda odiosa/fondos buitres en mejores condiciones para el país;
reconocimiento de los derechos de las etnias originarias, en unos países más, en otros menos;
políticas que propenden a la integración latinoamericana;
políticas sociales beneficiarias de los sectores más desfavorecidos, aunque con un sesgo asistencialista en varios países;
lucha activa contra la pobreza;
destinar mayores recursos a la educación y a la salud; y
reformas legales para respaldar los cambios progresistas, incluso de asambleas constituyentes y cambios constitucionales profundos en algunos países.
Por lo general, estos gobiernos no se propusieron la sustitución del capitalismo, sino un capitalismo mejorado. Sus políticas para mejorar las condiciones de vida fueron políticas asistencialistas, apoyadas en una coyuntura de altos precios de las commodities materias primas. Las políticas asistencialistas crean clientes, pero no actores sociales y el cliente no es definitivo, pues está a merced de las campañas propagandísticas de la derecha que le prometen hacerlo mejor o darle más, algo que de hecho ha sucedido.
Al ser gobiernos de tendencias nacionalistas necesariamente chocaron con los intereses del imperio y su aparato de subversión. Las burguesías locales han sido beneficiadas por las acciones de estos gobiernos, pero siempre ven tender sobre ellas la amenaza de que puedan ir más allá. Por tanto, una parte minoritaria de la burguesía los apoya, la otra parte los combate, se alía al imperio para formar parte de las campañas desestabilizadoras. Para permanecer como gobierno, las fuerzas progresistas tuvieron que recurrir al mecanismo electoral, lo que se convirtió esto en el campo de batalla crucial para su permanencia, un campo donde el imperialismo y las oligarquías locales tienen una vasta experiencia y amplios mecanismos para subvertir gobiernos incómodos para ellos.
1.2. Nueva coyuntura, nueva derecha y nuevo tipo de golpes
Por cierto, la «ola rosada» enfrentó resistencia desde su inicio. En ningún caso logró neutralizar de manera efectiva el poder interno de la gran burguesía. Según al analista Nils Castro (2010):
Los logros que dichas izquierdas obtuvieron desde finales de los años 90 expresaron respuestas populares tanto al deterioro de la situación material y de las expectativas de grandes masas de latinoamericanos, como al correspondiente cambio de su estado de ánimo en el momento de ampliarse sus posibilidades de reacción política. Sin embargo, con los matices propios de sus respectivas circunstancias nacionales, tales éxitos fueron victorias conseguidas específicamente en el campo político, sin que, hasta ahora, esas victorias contaran con las condiciones requeridas para remecer otros planos sociales. (s.p.)
Fue en ese contexto que el imperio intervenía directamente en unos casos, o a través de sus servidores locales en otros, en contra de los candidatos que no respondieron a sus intereses. En Honduras hubo un golpe de Estado con fachada legal, mientras en Paraguay hubo otro de tipo parlamentario y en Brasil bajo pretextos semejantes. Desde luego, hay gobiernos derechistas que se instalaron electoralmente, entre ellos en Colombia, Panamá, Argentina, Chile y Perú. La guerra sucia mediática ha desempeñado un papel importante en los procesos electorales.
En 2013 falleció Hugo Chávez y objetivamente su muerte marcó un momento en el continente caracterizado por la ofensiva de la derecha y el imperialismo. Aunque en las elecciones subsiguientes fue electo Nicolás Maduro y reelecto en 2018, manteniendo el chavismo en el poder, el país se ha convertido en el blanco de todo tipo de campaña desestabilizadora para presentar un país en crisis total. El imperio ha anunciado la posibilidad de una acción militar y ha establecido un bloqueo genocida contra Venezuela.
Otro elemento importante de la nueva coyuntura internacional fue la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, que representa la tendencia hacia el neofascismo, incluso del uso de la fuerza militar para obtener objetivos económicos. No por gusto los Estados Unidos reactivaron la IV Flota, han aumentado el número de bases militares en América Latina y han realizado maniobras conjuntas con las fuerzas armadas de algunos países y el Departamento de Estado ha desempolvado la doctrina Monroe. Se puede decir que el gobierno de los Estados Unidos es efectivamente uno de grandes empresarios y militares -por la cantidad que ocupan puestos claves-. Resulta que la presión militar ha pasado a ser el principal medio de política exterior, de ahí que el fortalecimiento del poder militar de los Estados Unidos ha sido de facto un nuevo giro hacia el keynesianismo militar en la formación errática de una Doctrina Trump. Advertimos que la sobremilitarización imperial también puede darnos sorpresas.
Esto sucede dentro de un panorama político mundial donde una nueva derecha ha surgido desde las cenizas de una crisis prolongada de los partidos tradicionales, que independientemente de cuáles fueran sus candidatos aplicaban las mismas políticas neoliberales. La consecuencia fue un profundo desencanto expresado en altos niveles de abstencionismo en los procesos electorales y el desprestigio de sus procesos. A su vez, la privatización y la mercantilización de la política han contribuido a la extensión de la corrupción, prácticamente endémica en el sistema de la democracia representativa. El desempleo y el aumento de la pobreza se han reflejado en la creciente criminalidad y violencia, con una disminución de la capacidad de los Estados para garantizar la seguridad ciudadana. A todo lo anterior hay que unir la presencia del narcotráfico y el consumo de drogas que tiende a infiltrar los sistemas políticos y distorsionar las economías con la presencia y auspicio de mafias poderosas.
Frente a esa situación que expresa una crisis sistémica, las oligarquías burguesas renuevan sus mecanismos de dominación y aparecen bajo una nueva forma para supuestamente combatir lo que ellas mismas han creado y lógicamente, entre un período electoral y otro, un gobierno progresista no puede resolver lo acumulado por siglos de explotación. Se utilizan los medios corporativos de difusión para crear matrices de opinión y recurren a candidatos, unas veces telegénicos y otras sacados del mundo empresarial, apropiándose del lenguaje de la izquierda, prometiendo cambios y/o hacerlo mejor que esta. Esa contraofensiva «populista-derechista» no se reduce a un regreso de las derechas como ya las conocíamos, sino que ahora ellas presentan otro discurso, formas y métodos para instrumentar su retorno, y objetivos más radicales, siendo el fundamental blindar un capitalismo neoliberal.
Desde luego que detrás del accionar de esa nueva derecha está el imperialismo norteamericano que desarrolla su labor subversiva directa e indirecta, creándoles obstáculos a los gobiernos progresistas en los organismos financieros internacionales, en oportunidades tomando medidas punitivas directamente y sobre todo utilizando el monopolio de los medios corporativos para de manera sistemática ocultar las realizaciones de estos gobiernos y resaltar sus errores y deficiencias.
En tiempos en que la democracia electoral es su bandera la derecha ha desarrollado nuevos métodos, lo que se conoce como Guerra de Cuarta Generación. Entre sus características está la simultaneidad y su combinación permanente de acciones ofensivas de distinto tipo y grado de profundidad, que mantienen al gobierno progresista ocupado y les impide gobernar. El imperio no aparece en primer plano, pero dirige el proceso. Las campañas que se desarrollan contra la Revolución Bolivariana en Venezuela han sido un claro ejemplo de esto. El imperio es proteico y ha incorporado también los llamados «golpes blandos», en los cuales utiliza interpósitos para sacar del gobierno a figuras incómodas, como los casos de Paraguay y Brasil.
Para entender los éxitos coyunturales de la derecha en algunos países tenemos que volver sobre las características de los gobiernos progresistas en América Latina. En primer lugar, ellos fueron el resultado del agotamiento de los efectos perversos del neoliberalismo que provocó el quiebre de la política tradicional. Esto se tradujo en algunos países en insurgencias sociales, dando paso a fuerzas que en otras coyunturas hubieron sido preteridas. Ellos accedieron al gobierno, pero en general las estructuras fundamentales del Estado burgués, ahora neoliberal, siguieron intactas. En algunos casos han modificado parcialmente esa situación, mediante nuevas constituciones y movimientos de masas, pero siguen presos en marcos burgueses que se reproducen en el funcionamiento de esos Estados. Junto a esto el desarrollo ideológico de las masas no alcanza a concretarse en un proyecto alternativo total y la vieja cultura burguesa sigue teniendo su influencia.
Han administrado el Estado mejor que los gobiernos anteriores, han propiciado mejoras sociales de las masas, pero estas han sido entregadas más como dádiva que como participación en su logro, en propiedad lo que hasta ahora se presenta como ideal de sociedad es un capitalismo con rostro humano, independiente del calificativo que le dan a sus proyectos los actores principales del progresismo; por lo cual el horizonte ideológico de las masas se proyecta en los marcos de la cultura burguesa y solo segmentos muy radicalizados lo superan.
Ahora bien, la derecha no tiene el gobierno, pero conserva su entramado de poder económico, su vinculación a gran parte del funcionariado estatal que le ha sido fiel en el pasado, tiende a tener a su favor a los tribunales y jueces que, generalmente, son conservadores y tienen mayor o menor presencia en los parlamentos, por la rémora del caciquismo. Conserva también su influencia cultural y tiene a su servicio los monopolios corporativos de difusión, nacionales e internacionales, que alineados trasmiten de diferentes formas un mensaje desfavorable al gobierno progresista. Hay que tener en cuenta que gran parte de la población forma sus opiniones a través de lo que ven en televisión y en los titulares de los periódicos. Detrás de estos medios se encuentran expertos en comunicación y asesores de marketing que en momentos definitorios construyen campañas sobre determinadas cuestiones en favor de la oligarquía burguesa.
Al acceder al gobierno por vía electoral no se anulan las elecciones periódicas, a ellas están sometidas estos gobiernos. Las elecciones se constituyen en un campo de batalla cada determinado tiempo, según el país. A ellas concurre la derecha con nuevas caras en oportunidades, con nuevo lenguaje, incluso con términos del arsenal de la izquierda como el de cambio, promesas de hacerlo mejor, o buscar una sociedad sin conflictos, etc., solo que cuando acceden al gobierno las promesas se convierten en más del pasado, esta vez buscando hacer el neoliberalismo puro, duro e irreversible. El caso de Macri en Argentina y el sobreendeudamiento del país, el del presidente no elegido de Brasil, Michael Temer, y su reforma constitucional para congelar el gasto social por veinte años, seguido por las políticas implementadas por Jair Bolsonaro lo demuestran.
Un arma utilizada por la derecha es la de descaracterizar al principal líder político de la izquierda. Para ello nada mejor que las acusaciones, sean de corrupción o de conductas personales; el objetivo es el linchamiento mediático. Una cuestión en la que la izquierda se ha mostrado débil es la lucha contra la corrupción. Cuando el corrupto es un personaje de la derecha la opinión pública lo ve hasta cierto punto como normal, «es lo que siempre hacen» se convierte en la frase consoladora, los medios no amplifican el caso y pronto pasa a ser un dato más; incluso puede ser elegido para algún cargo público, a pesar de ser conocida su corrupción. Cuando es un personaje de izquierda, sea culpable o no, se le da amplia cobertura, se magnifica el proceso y si se comprueba la corrupción, tiene un segundo impacto, el desencanto de los que confiaron en él, de hecho puede significar su muerte política; además de reforzar la idea, conveniente a la burguesía, de que todos son iguales, que se traduce en desmovilización social.
En este escenario actúa el imperialismo norteamericano, que desarrolla una amplia panoplia subversiva para dar al traste con estos gobiernos. Sin enumerar todas las estrategias usadas, mencionemos las más recurrentes: financiamiento de los partidos opositores, creación de organizaciones no gubernamentales (ONG) para desarrollar labores desestabilizadoras, preparación de cuadros mediante seminarios y cursos ofrecidos en Estados Unidos o en Europa a través de organizaciones fachada, bloqueo de créditos con su voto en organismos financieros internacionales.
Para nuestro objetivo es de utilidad una aproximación a lo acontecido en el campo electoral. En Colombia y Brasil la derecha y la ultraderecha ganaron las elecciones. Para Colombia, se ha implementado una política de exterminio de líderes sociales, mientras el cumplimiento con los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se detienen y, a su vez, se niega a continuar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En El Salvador el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) perdió las elecciones mientras, en Ecuador, el presidente Lenin Moreno ha dado un giro de 180 grados a sus promesas electorales. Son casos que amenazan un precario logro de la paz, pero también crean las condiciones de nuevos escenarios de protestas y resistencias.
Mientras tanto, otros gobiernos progresistas se mantienen en la resistencia frente a la ofensiva de la derecha y con dificultades y aciertos avanzan en su proyecto. En toda la región hay una presencia de movimientos sociales que vigilan los atentados contra los logros sociales de las últimas décadas. A nuestro juicio se ha dado un proceso de ralentización del cual la izquierda debe sacar lecciones. Conociéndolo y asumiéndolo es el primer paso para superarlo y desarrollar nuevas estrategias y tácticas.
Estamos conscientes de que cada uno de los procesos que desafían el completo dominio del imperialismo estadounidense, que intenten eliminar o disminuir la dependencia, es repelido por la vigorosa coalición del capital y sus compañeros. Ponen en funcionamiento toda la malla de defensa del sistema, las normas e instituciones internacionales (capitalistas hasta la médula) que regulan el funcionamiento de la economía mundial y que acuden rápidamente a tratar de liquidar el «mal ejemplo». El sistema pretende admitir solo gobiernos sometidos en la periferia. Pensar que siendo más o menos moderados se van a evitar los ataques de la derecha interna y las políticas subversivas del imperialismo es una ilusión que lleva al abismo. Esta ha sido una ingenuidad de la izquierda moderada y una falta de previsión de la izquierda radical.
El movimiento emancipatorio de América Latina ha sufrido algunas derrotas parciales y debemos sacar lecciones de ello, sin cortapisas, porque no pensamos que el análisis de las deficiencias de los procesos en marcha ayuda al enemigo. La verdad es siempre revolucionaria, como decía Gramsci, y es verdad que el capitalismo dependiente neoliberal ha mostrado que no ofrece ningún futuro para América Latina. El panorama latinoamericano sigue en movimiento veloz y puede tener sorpresas, algunas malas y algunas buenas.
La victoria arrolladora en las elecciones del 1 de julio de 2018, de Andrés Manuel López Obrador, fue un giro en la historia del México contemporáneo. El imperialismo no ha logrado derribar el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. La Revolución Cubana sigue ahí, vive un proceso de trasvase generacional en su dirección. El país tiene una nueva constitución producto de un amplísimo debate popular, inédito en el mundo, junto a una nueva dinámica gubernamental que enfrenta de conjunto con la movilización popular el recrudecimiento del bloqueo y el aumento de sus daños en la población.
En Argentina, Bolivia y Uruguay hubo elecciones en el año 2019. En Argentina, a pesar de la campaña mediática en contra, ganó la fórmula Fernández-Fernández, es decir, la que llevaba a Alberto Fernández como presidente y a Cristina Fernández como vicepresidenta. Ellos heredan un país en ruinas, pero las primeras medidas del gobierno auguran un futuro más esperanzador. En Uruguay la derecha se impuso en el balotaje, y llevaron a la presidencia a Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. Bolivia es punto y aparte, un golpe de Estado desplazó de la presidencia a Evo Morales y el MAS (Movimiento al Socialismo) y se ha abierto, objetivamente, una etapa de represión con un gobierno cuasi fascista.
No podemos terminar sin señalar que en Venezuela se juega un futuro para el continente. Contra el gobierno bolivariano se desarrolla una guerra económica de largo alcance, un bloqueo de sus recursos procedentes del petróleo y acciones subversivas y de sabotaje junto a la fabricación de un presidente por encargo. A todo lo anterior se añade una campaña mediática internacional que busca justificar una intervención militar y el respaldo a las acciones imperiales de los gobiernos de derecha del continente que han creado una situación compleja. A pesar de todo esto el chavismo resiste y mantiene una capacidad de movilización frente a la derecha que se muestra incapaz de convencer a la mayoría del pueblo venezolano de que ofrece una mejor salida. Nuestra solidaridad con Venezuela es incondicional.
Los gobiernos progresistas en el poder sin duda han cometido errores. Pero la nueva derecha tampoco ha sido impecable en su gestión. Con sus manos sucias profundamente metidas en el sabotaje del proyecto emancipatorio latinoamericano, se ha mostrado con amplia claridad que no ofrecen respuestas a los reclamos populares de la mayoría. Es un hecho inevitable que la actual contraofensiva derechista tiene su tiempo contado. Ahora es momento para la izquierda de replantear su estrategia para asegurar la soberanía regional. En ese camino hay que desarrollar nuevos estilos de trabajo para atraer a las masas e impulsar cambios más profundos orientados a la consolidación de un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo.
