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INTRODUCCIÓN
En Ecuador, como expresión del comportamiento histórico de las relaciones sociales de producción capitalistas en condiciones de subdesarrollo, el contexto en que arribó al poder el gobierno de la Revolución Ciudadana en el año 2007 estuvo signado por profundas deformaciones en relación al desarrollo económico y social, las cuales se habían agudizado por la aplicación del modelo neoliberal en ese país. Como consecuencia, se acentuaron las contradicciones inherentes al capitalismo, entre las que se destacan, como más significativas, la contradicción entre el trabajo y el capital, entre la acumulación y el consumo, entre el desarrollo económico y el desarrollo social.
El gobierno de Rafael Correa impulsó un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo. A partir de la reforma constitucional de 2008 creó el sector de la Economía Popular y Solidaria (EPS). Este constituiría una vía de inclusión social y de solución a problemas como la pobreza y la precarización laboral. Sin embargo, su desempeño ha estado limitado por las contradicciones propias del sistema capitalista, a pesar de lo paradójico que puede resultar reconocerlo como social y solidario, lo cual aleja a la EPS de una aspiración anticapitalista1 y redentora ante la creciente enajenación del trabajo por el capital.
El estudio de las contradicciones del capitalismo y su relación con la EPS contribuye a determinar el alcance y los límites de esta en relación al desarrollo del país, así como a extraer lecciones para el diseño de nuevas políticas inclusivas, de mantenerse esa intención en un escenario marcado hoy por la derechización del cambio social. La crítica marxista realizada en este trabajo no debe interpretarse como descalificación del esfuerzo de Correa y su gobierno por revertir la situación de los pobres,2 sino como una herramienta para el futuro cambio de correlación de fuerzas y el desarrollo de nuevas políticas que fortalezcan los sectores populares aun en los marcos del capitalismo. Tal como plantea Pérez (2009), ante la imposibilidad de acceder al escenario deseado en el contexto actual se puede influir en el desarrollo de la alternativa posible, mientras se crean las condiciones para la alternativa necesaria.3
1. CONTRADICCIÓN ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO
La contradicción entre el trabajo y el capital se hace mucho más evidente si es analizada en un contexto de subdesarrollo, donde la clase trabajadora labora muchas veces en condiciones de superexplotación. Dado el carácter antagónico de dicha contradicción, solo puede ser resuelta fuera de los marcos del sistema capitalista. No obstante, en los marcos de este se pueden establecer acciones para atenuar los efectos socioeconómicos nocivos resultantes de la acción del sistema de contradicciones inherentes al capitalismo, fundamentalmente acciones que favorezcan a los desposeídos.
1.1. Período neoliberal
Previo a la Revolución Ciudadana, la reforma del mercado laboral aplicada por gobiernos neoliberales trajo consigo una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Esta, sometida a condiciones de sobreexplotación, garantizaba altos niveles de acumulación a la clase capitalista, no solo nacional, sino también transnacional, mientras se acentuaba la desigualdad social como expresión de la Ley General de Acumulación Capitalista, enunciada por Marx en El capital (1973). La polarización social existente en Ecuador, expresada en 2006 en un índice de Gini con un valor de 0,445 (Castillo, 2016), ha constituido la manifestación más visible de la contradicción capital-trabajo.
Por el lado del capital, en relación al sector agropecuario, ello tiene como base una elevada concentración de la tierra que en el año 2000 mostraba un coeficiente de Gini de 0,80. En los tres censos agropecuarios, según Larrea y Greene (2015):
Las propiedades menores de una hectárea, que representan a más de una cuarta parte de los productores, tienen menos del 1 % de la tierra. Los predios hasta 5 hectáreas alcanzan los dos tercios del total y apenas corresponden al 7 % de la tierra. […] Mientras, las propiedades mayores a 100 hectáreas representaban el 43 %. (p. 21, 23)
Ello contrasta con el comportamiento de la generación de empleo. En 2010 la población económicamente activa (PEA) en el área rural representaba el 34 % y allí se generaba el 35 % del empleo total. Los emprendimientos de una a diez personas significaban el 87 % del empleo rural, con un ingreso mensual promedio de 137 dólares americanos ($), mientras que las grandes empresas generaban el 7 % del empleo y el salario mensual promedio era de $ 424 (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2010).
La concentración del capital productivo ha superado la alta concentración en la tenencia de la tierra, alcanzando un Gini de 0,902. En el año 2005 las 100 mayores empresas concentraban el 36,5 % del ingreso total de aquellas con ingresos positivos. Asimismo, las 25 mayores empresas concentraban el 19,6 % de los ingresos totales y, de ellas, 12 abarcaban el 12,2 % del ingreso total nacional en la muestra, entre las que destacaban tres de producción de petróleo, cuatro de comunicaciones, dos de supermercados, dos exportadoras y una de fabricación de vehículos.
Ha existido una elevada concentración oligopólica en la economía nacional, sobre todo en las ramas vinculadas con el procesamiento y comercialización internacional de productos agrícolas. Las altas ganancias monopolistas de las empresas que controlan el mercado se sostienen con precios relativos que mantienen a los pequeños productores agrícolas en condiciones de subsistencia y limitan la participación de los medianos y grandes productores en el valor agregado del producto (Larrea y Greene, 2015). Un ejemplo de ello es la producción de cacao -uno de los principales rubros exportables del país‒, vinculada generalmente a los pequeños productores de la EPS. La cadena de valor global del cacao se encuentra en poder de ocho empresas trasnacionales, que controlan el 75 % del comercio mundial. Menos del 6 % del valor de una tableta de chocolate va a parar a manos de los que cultivan el cacao, por lo que se mantienen en condiciones de pobreza y extrema pobreza muchos de estos productores (Oxford Committee for Famine Relief, 2018).
Se observa una tendencia a la extranjerización de la propiedad accionaria de las empresas. Entre 2003 y 2013 el número de empresas de participación extranjera creció a un ritmo de 7,3 % anual, superior al de las empresas nacionales (3,1 %), por lo que llegaron a representar en ese último año el 13,1 % del total. El promedio de participación extranjera en las empresas asociadas ‒menos del 50 % en manos de extranjeros‒ aumentó del 32 % al 36 %, mientras que en las empresas subsidiarias ‒controladas por el capital extranjero‒ el aumento fue mucho mayor, al pasar de 76,8 % en 2003 al 92 % en 2013 (Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones, 2017).
Por el lado del trabajo, se observa una elevada precarización social, en lo cual influyó notablemente el incremento vertiginoso del desempleo. Datos del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran un ascenso de 6,9 % a 11,1 % entre 1995 y 2005, mientras que el subempleo ascendía de 45,9 % a 48,5 % (Vicuña, 2006). Al año siguiente se atenuó un poco la situación, al disminuir la cifra de desempleados y aumentar la de subempleados, lo que resultó en 6,3 % y 52,58 %, respectivamente. Nótese que una parte significativa de los empleados no gozaban de beneficios laborales, pues solo el 26,3 % de la PEA se encontraba afiliado al sistema de seguridad social, mientras se promovía la tercerización del trabajo. La situación de las familias era precaria, el salario básico era de $ 160 y los salarios familiares solo cubrían el 65,9 % de la canasta básica, lo que obligaba a niños y jóvenes a insertarse en el mercado laboral (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).
El ingreso por habitante apenas había mostrado un incremento anual medio del 0,8 % entre 1982 y 2006 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014). A finales de los años noventa los ecuatorianos se volvieron más pobres en comparación con 1990, pues fue insignificante el incremento del salario nominal, que pasó de $ 57 a $ 60 mensuales, a la vez que se deterioró el real debido al alza de los precios (Carrión, 2002). El salario real promedio ascendió de $ 240 entre marzo de 2000 y diciembre de 2006, a $ 352 entre enero de 2007 y diciembre de 2016, fecha en la que alcanzó $ 407. Esto implicó un aumento de 46,7 % (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).
Como resultado de la flexibilización laboral, la congelación de salarios, la precarización del trabajo y la reducción de la cobertura de la seguridad social, se fueron incrementando las expresiones de pobreza y de desigualdad. En 2006 la pobreza de ingresos afectaba al 37,6 % de la población y la pobreza extrema al 16,9 % (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). Ello constituyó la causa fundamental de las migraciones de los ecuatorianos. A la vez que se convirtieron en fuente de remesas, dieron lugar a la desintegración de miles de hogares, con consecuencias económicas y psicosociales que limitan el proceso de desarrollo del país (Carrión, 2002). Entre 1996 y 2003 habían salido unos 800 000 emigrantes legales, aproximadamente un 5 % de la PEA, lo que determinó que en ciertos sectores y provincias se presentaran cambios en la estructura del mercado laboral, lo que afectó la oferta de mano de obra y su costo (Vicuña, 2006).
1.2. Período pos-2008
A partir de la reforma constitucional de 2008 se creó el sector de la EPS, como vía para enfrentar el desempleo y la precariedad del empleo informal, llegando a generar el 60 % de los nuevos trabajos. Las compras públicas a la EPS propiciaron la generación de puestos laborales, que en 2015 ascendieron a más de 10 000 directos y 2 000 empleos indirectos (Servicio Nacional de Contratación Pública, 2016). Consecuentemente, en 2014 el desempleo se redujo a 3,8 %; pero el empleo inadecuado seguía siendo significativo, al nivel de 46,7 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015). Sin embargo, en diciembre de 2017 el desempleo ascendía a 4,6 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018a).
En 2014, el empleo se acumulaba principalmente en el sector de los servicios ‒doméstico, alojamiento y elaboración de alimentos‒ con el 37,1 %, seguido por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 24,5 %. Luego se encontraba el comercio mayorista y minorista, seguido por la manufactura, la construcción y, finalmente, la minería (que incluye la extracción de petróleo) con una participación marginal. El orden de importancia de los sectores en la estructura del empleo se mantuvo bastante estable con relación al año 2007. No obstante, se redujo la concentración del empleo en la agricultura en 4,1 % y se incrementó en el sector de los servicios en 3,6 %. El resto de los sectores mantuvo una participación en el empleo muy similar entre ambos años (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015). En ellos se concentra la mayoría de los trabajadores vinculados a la EPS, insertados en actividades de baja productividad y bordeando el umbral de la pobreza una parte considerable de ellos en términos de ingresos, sobre todo los agrícolas. Nótese que en 2017 la pobreza rural y urbana alcanzaban 39,3 % y 13,2 %, respectivamente, mientras que la pobreza extrema mostraba valores de 3,3 % en zonas urbanas y 17,9 % en las rurales (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019).
Aunque la fuerza de trabajo vinculada a la EPS mantiene una posición subalterna en la economía ecuatoriana, tiene una importancia extraordinaria para el mantenimiento de la superexplotación capitalista ‒tal como la definió Ruy Mauro Marini (1991) en Dialéctica de la dependencia‒, la obtención de plusvalía relativa y la apropiación del excedente por otros sectores. Esta situación se complejiza en un ambiente marcado por el congelamiento salarial, establecido a raíz de la crisis económica, y la fluctuación ínfima de los salarios mínimos, a lo que se une su congelación en 2017 (Ministerio de Trabajo, 2017a).
La EPS es un sector netamente transferente de renta a otros sectores, al ser el eje fundamental en la producción de bienes y servicios muy influyentes en la reproducción de la fuerza de trabajo, en especial alimentos y otros artículos manufacturados. Los pequeños productores agrícolas garantizan el 96 % de la soberanía alimentaria del país. Los alimentos a bajos precios facilitan mantener bajos los salarios, desembolsar menos capital variable y disminuir los costos de producción. Esta situación es paradójica: mientras por una parte se atenúa la contradicción capital-trabajo a nivel social al crearse nuevos empleos y formalizar otros, por otra el hecho de producir bienes de consumo baratos es afín a la acumulación capitalista al favorecer la plusvalía relativa (Díaz y Plaza, 2018). Además, en muchos casos esta producción se realiza en condiciones de superexplotación de la fuerza de trabajo. Se le niega al trabajador las condiciones necesarias para su reproducción, como ocurre con los jornaleros que laboran con pequeños productores agrícolas. Es decir, ven limitada la posibilidad de consumir lo estrictamente indispensable para conservar su fuerza de trabajo en estado normal.
En general, se logró disminuir la pobreza a 21,5 % en 2017 y la pobreza extrema a 7,9 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019). En ello influyó la eliminación de la tercerización laboral y la reducción de la informalidad, así como las medidas de políticas en torno al sector de la EPS que favorecieron redistribuciones internas. Asimismo, para 2016 había ascendido a un 44,2 % la filiación de la PEA a la seguridad social (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017) y en 2017 el salario básico se incrementó a $ 375 (Ministerio de Trabajo, 2017a). No obstante, se mantuvo la polarización del ingreso. En diciembre de 2017 el coeficiente de Gini fue de 0,459 puntos (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017c). Estas mejoras redistributivas no significaron una modificación sustancial de las condiciones de explotación capitalista. En muchos aspectos permanece inalterable su esencia e incluso sus formas de manifestación.
2. CONTRADICCIÓN ENTRE LA ACUMULACIÓN Y EL CONSUMO
Mientras que por el lado del capitalista el afán de acumulación se expresa en niveles crecientes de concentración y centralización del capital y la producción, por el lado de la clase trabajadora se manifiesta en el incremento de la explotación. Esto condena a masas crecientes a condiciones de alienación y superexplotación, con lo cual se limita el consumo y, por ende, la realización de las mercancías producidas en condiciones capitalistas. Esta dialéctica se manifiesta en la contradicción acumulación-consumo.
Al ser el consumo una condición para la acumulación, cuando este no logra el dinamismo que requiere la acumulación ampliada, típica del sistema capitalista, surgen reacomodos para compensarlo. Ello se expresa en la búsqueda de paliativos a la pobreza extrema y la exclusión social, entre otros factores, centrados en las manifestaciones pero no en las causas de la precarización y la depauperación social (Medina y Plaza, 2017).4
En la medida que el propio desarrollo de la sociedad ecuatoriana y su vínculo con la economía internacional influye en la incorporación de nuevos productos en el consumo individual con mayor sesgo hacia productos manufacturados, la mayor demanda de estos ha ido acompañada de un incremento de la oferta de bienes de consumo popular a través de la EPS. Tal como planteó Marini (1991), en una economía dependiente la producción industrial se centra básicamente en los bienes de consumo popular y procura abaratarlos, una vez que inciden de manera directa en el valor de la fuerza de trabajo y, por tanto, ‒en la medida en que las condiciones en que se da la lucha entre obreros y patronos tiende a acercar los salarios a ese valor‒ en la cuota de plusvalía, a diferencia de una economía capitalista clásica que se orienta hacia el aumento de la productividad del trabajo. Sin embargo, el desarrollo tardío de la industrialización ha inhibido la producción manufacturera ecuatoriana, creando las condiciones para el consumo de manufacturas importadas, necesarias a la reproducción de la fuerza de trabajo. En ello han influido también las condiciones específicas del desarrollo de Ecuador, marcado por una agricultura de pequeños productores que representan más del 90 % de la estructura de la propiedad y de otras producciones como la pesquera, que garantizan alimentos a bajos precios relativos, de modo que contribuyen a disminuir el valor de la fuerza de trabajo.
Bajo la acción de la Ley del Valor, estas producciones, fundamentalmente las agrícolas, se realizan en condiciones de competencia capitalista, lo que obliga a los pequeños productores a incrementar la productividad del trabajo so pena de proletarización o quiebra. Esto aumenta la trasferencia de renta agrícola por el valor de los insumos y las tecnologías en poder de los grupos dominantes del sector (Díaz y Plaza, 2018). Los bajos ingresos de los pequeños productores agrícolas junto con los salarios precarios de sus jornaleros contribuyen a mantener la congelación de los salarios, relativamente bajos, de los obreros agrícolas formalizados en las empresas capitalistas, cuyo salario mínimo en 2017 y 2018 se acercaba a los $ 380 mensuales (Ministerio de Trabajo, 2017b).
La existencia de empresas que en condiciones de oligopolio dominan la comercialización de los productos agrícolas garantiza la realización de estos vía consumo, a la vez que se apropian de altas ganancias por controlar la circulación de esas mercancías.
Ecuador fue uno de los países líderes en inversión, con una formación bruta de capital fijo (FBKF) promedio anual de 24,5 % del PIB entre 2007 y 2013 (BCE, 2017). Entre 2006 y 2016 tendió a aumentar la FBKF pública. La privada, aunque con oscilaciones, se mantuvo estable. Sin embargo, no se materializaron en nuevas inversiones productivas que modifiquen sustancialmente la estructura de las exportaciones y garanticen una alta acumulación endógena que pueda utilizarse para enfrentar las brechas de consumo nacional. La FBKF, entre 2007 y 2016, estuvo orientada fundamentalmente al sector de la construcción, así como de equipos y maquinarias. Fue estable y poco significativa para el desarrollo de las actividades de la EPS, alcanzando apenas 0,6 % para los servicios y 2,7 % para la agricultura (BCE, 2018). Ello demuestra la condición asignada a la EPS como paliativo de la precariedad social existente y productor de plusvalía relativa a nivel social, pero nunca considerado como un posible motor de desarrollo en sí mismo. De ahí que la acumulación ampliada de la EPS esté limitada, aun cuando contribuye a la acumulación de diversos sectores económicos y, sobre todo, de la clase capitalista en general, nacional y transnacional.
Entre 2007 y 2017 se volvió más progresivo el sistema tributario del país, los impuestos directos ganaron mayor participación. Con anterioridad, el sistema no contemplaba criterios de progresividad ni de deducibilidad.5 Los impuestos indirectos eran la base de la recaudación, por lo que se limitaba el consumo, sobre todo de los sectores de más bajos ingresos. Esta transformación ayudó a atenuar la brecha existente entre consumo y acumulación, y a la vez contribuyó a disminuir los niveles de inequidad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).
En función de la acumulación del Estado, el ahorro interno y una política fiscal activa han contribuido positivamente en las trasformaciones realizadas en la estructura productiva y el desarrollo social. Ello se evidencia, por ejemplo, en la infraestructura, lo cual ha permitido enormes progresos en la productividad del trabajo no solo a escala social, sino también en el ámbito empresarial, aumentando sustancialmente la renta diferencial. Mientras, el capital extranjero se orientó básicamente a la tradicional inversión en minas y canteras, incidiendo poco en la diversificación productiva del país (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).
Sin embargo, la acumulación se vio afectada por el alto componente importado del sector petrolero y sus derivados ‒principal rubro de exportación del país. La química básica llega a ocupar el 66 % de las importaciones (Duran, Cracau y Saeteros, 2018).
En general, en el período 2007-2017 el país acumuló importantes reservas que le permitieron aumentar el gasto público y desarrollar políticas sociales inclusivas en materia de educación, salud y empleo. No obstante, se mantiene la polarización social. En el año 2011, el 20 % del total de hogares correspondiente a la clase pobre apenas percibía el 9 % de los ingresos totales que se generaban en el país. Con notables diferencias, el 20 % más rico recibía el 38 % del ingreso total (Acosta, 2011). Tal expresión de la concentración de los ingresos manifiesta el comportamiento de la acumulación y tiene consecuencias diferenciadoras con relación al consumo.
El comportamiento de la pobreza tiene indiscutiblemente una relación con la acumulación y el consumo. La disminución de la pobreza de ingresos no solo impacta de manera positiva los niveles de consumo, sino también su composición, sobre todo de aquellos bienes con alta elasticidad e ingresos. Así se genera una demanda de productos manufacturados que por lo general es producida en condiciones capitalistas, muchas veces importados por las grandes comercializadoras existentes en el país. A su vez, favorece la acumulación ampliada, en la medida en que el consumo individual del obrero es consumo productivo para el capitalista, tal como señaló Marx (1973). La disminución de la pobreza influye en el incremento de la productividad de la clase trabajadora, sobre todo cuando se expresa en mejores condiciones educacionales y de salud, como ha ocurrido en Ecuador.
Entre 2006 y 2014 la reducción de la pobreza estuvo vinculada al incremento del nivel de consumo de los hogares, a la vez que se daba un proceso redistributivo. Es decir, el consumo de los hogares más pobres creció a mayor ritmo que el de los más ricos, siendo considerado un período pro-pobre. Así el efecto de redistribución explica el 56,8 % del cambio y el crecimiento del 43,2 % restante. Como resultado, en el año 2014 hubo un reducción de la desigualdad en el consumo (Castillo, 2016). En ello influyó la producción de la EPS, orientada fundamentalmente a los sectores de menores ingresos.
No obstante, la relación entre el ingreso promedio familiar y el consumo mostraba aún insuficiencias. Para marzo del año 2017, concebida para una familia de cuatro personas, la canasta familiar básica tenía un costo de $ 709,22, en tanto que la canasta familiar vital alcanzaba un costo de $ 508,27. Esto debía cubrirse con un ingreso familiar mensual equivalente a $ 700,00, obtenido con 1,6 perceptores de remuneración básica unificada. Ello plantea una restricción en el consumo de $ 9,23 correspondiente a 1,30 % del costo actual de la canasta familiar básica, y una recuperación en el consumo de $ 191,73, equivalente al 37,72 % del costo actual de la canasta familiar vital (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017a).6
Según Acosta y Cajas (2018), como resultado de la crisis la población beneficiada por la menor desigualdad de los ingresos se vio estancada en un ingreso de $ 5 al día o menos, mientras que grandes compañías obtuvieron utilidades millonarias, al igual que varios bancos privados, aun cuando la economía decreció en el año 2016 en 1,5 %. Los autores refieren que la combinación de una menor desigualdad del ingreso con la persistente desigualdad en la posesión de activos da como resultado un cierre del «hocico de lagarto». Se logró una mejor distribución del ingreso, basado más en el excedente generado por el auge de los precios de los productos primarios en el mercado mundial que sobre la base de transformaciones internas. El país logró atenuar la inequidad pero no como resultado de cambios estructurales, sin afectar las estructuras de acumulación capitalista (Acosta y Cajas, 2018). Consecuentemente, ello se expresa en una mayor acumulación capitalista y en una limitante para la expansión del consumo de la población, sobre todo los estratos medios y bajos.
La EPS ha contribuido a estimular el consumo de la población, en la medida que se ha incrementado su papel en la generación de empleo. Sin embargo, su contribución es limitada por ser empleos de baja productividad. Desde el punto de vista de sus producciones, la EPS ha favorecido sustancialmente el consumo social a través de una producción que abarata los medios de consumo, sobre todo los vinculados al sector agrícola. Asimismo, ha resultado crucial en el proceso de acumulación del capital, pues en la medida que produce a bajos precios relativos los productos necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, favorece un menor desembolso de capital variable, y por ende, disminuyen los costos de producción de los capitalistas.
Las mipyme (micro, pequeñas y medianas empresas), que representan el 33 % de la estructura empresarial, están orientadas fundamentalmente al mercado interno. Su limitada participación en el mercado exterior frena su capacidad de acumulación. Considerando las exportaciones totales a la Comunidad Andina (CAN), su participación es mínima. Las medianas empresas participan con el 6,2 % de las exportaciones, seguidas de las pequeñas con el 1,6 % y las micro 0,1 % (Duran, Cracau y Saeteros, 2018). Ello se expresa en una baja acumulación en la EPS, lo que limita su contribución al desarrollo económico y social del país. Aún sus posibilidades de expansión están restringidas por la insuficiente financiación de proyectos que las potencien, los problemas de acceso a nuevas tecnologías, entre otros factores.
De los créditos otorgados en el Sector Financiero Popular y Solidario, el 51 % está destinado a operaciones no productivas, con fines de consumo, vivienda y educativo. Los sujetos de crédito solicitan préstamos para capital de trabajo en un 29 % y activos financieros tangibles correspondientes al 12 % (Torresano, Romero, Mejía y Viñan, 2016).
Además, la realización de las mercancías producidas por la EPS se ve afectada por los bajos salarios persistentes históricamente, así como por su congelación en un entorno de alta polarización social. Al limitar el poder adquisitivo de las clases de menores ingresos y de la clase media, ocurre un proceso de segmentación social del consumo y disminuye mucho más el valor de los bienes de consumo producidos en condiciones de superexplotación. Esto impacta de manera negativa el desarrollo económico, con implicaciones en el desarrollo social, territorial, local y, muy particularmente, sobre los productores de bienes y servicios de la EPS.
3. CONTRADICCIÓN ENTRE DESARROLLO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOCIAL
Las contradicciones abordadas se sintetizan en una tercera, más general, la contradicción entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Ello se manifiesta a través de una deformación estructural, expresada en notables diferencias entre sectores productivos, territorios, clases y grupos sociales, géneros y etnias. En condiciones de subdesarrollo la heterogeneidad se evidencia en todas las dimensiones del proceso de desarrollo, sobre todo cuando este último no es interpretado de manera integrada y es concebido como un trade off entre el desarrollo económico y el social, o es asumido como una relación automática y secuencial entre ambos, desconociendo la relación dialéctica existente entre ellos.
Con el propósito de superar las deformaciones entre el desarrollo económico y el social, a partir de 2008 se crearon instituciones públicas y reorientaron otras existentes, encargadas de ejecutar las políticas públicas. Al respecto, el principal énfasis estuvo en superar los problemas del capitalismo ecuatoriano a través de un proyecto antineoliberal, en el cual se potenció la EPS de manera deliberada, como una forma de organización económica. Le correspondía incluir a los excluidos por las otras formas de organización. Sería el medio para paliar la difícil situación social heredada, pero nunca la vía para alcanzar el desarrollo humano.
En términos de desarrollo económico, se observan resultados importantes. La tasa de crecimiento promedio anual entre 2007 y 2016 alcanzó el 3,4 %, superior a la región, que fue 2,4 %, así como al 3,2 % de Ecuador entre 1997 y 2006. En ello fue crucial la inversión pública como dinamizador de la economía (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).
Las exportaciones del país relativas a bienes no petroleros se incrementaron de 7,45 millones de toneladas métricas a 9,78 millones de toneladas métricas, lo que significó un aumento notable de los ingresos, equivalentes a la duplicación del ingreso de divisas en diez años. A su vez, la actividad turística captó una inversión de 276 millones de dólares y generó 1 419 empleos directos, mostrando un incremento promedio anual del 11 % y posicionándose como la tercera fuente de ingresos no petroleros en el año 2016 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). El valor agregado bruto (VAB) petrolero tuvo un incremento promedio de 0,18 % y el VAB no petrolero creció un 4,05 %. Las actividades no petroleras dinamizaron la economía pese a haber enfrentado fuertes choques externos (2009 y 2015-2016).7
Cambios trascendentes estuvieron orientados a la trasformación de la matriz energética, cuya generación pasó de diésel a hidráulica (Pacheco, 2017). A partir de 2016, el 57,41 % de la electricidad es producida por seis centrales hidroeléctricas (energía bruta), lo cual le permitió al país dejar de importar energía eléctrica a la vez que crea condiciones potenciales para la acumulación y el desarrollo económico nacional.
Se construyeron cuatro megaproyectos hídricos que dotan de agua para riego a 181 861 hectáreas y han generado un ahorro anual de 247 millones de dólares gracias a la prevención de inundaciones y la supresión de gastos de reconstrucción de la infraestructura. En los últimos cuatro años se han implementado 21 884 hectáreas de riego parcelario tecnificado que beneficia directamente a los pequeños productores agrícolas de la EPS (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).
Se destaca una infraestructura de carreteras que pasó de tener, en 2006, el 54 % de las vías primarias en buen estado, al 95,5 % en 2016 (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2016). Además, mejoró la infraestructura aérea y portuaria al construirse dos aeropuertos nuevos y renovar diez de los existentes, con lo cual se benefició el comercio, el turismo, se valorizaron terrenos, entre otros efectos de beneficio económico.
La no superación de una estructura económica basada en la producción primaria influyó en que no ocurrieran cambios significativos en la estructura del empleo con relación a las ramas de actividad. Mientras los segmentos de empleo relacionados con la extracción de recursos naturales son los más dinámicos en la composición del empleo y la apropiación del excedente, existen otros sectores que no se insertan eficientemente en el entorno laboral, por lo que quedan excluidos de los beneficios económicos alcanzados hasta hoy. Del total de la fuerza de trabajo empleada, el 45 % labora en el sector informal (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017b), lo que constituye uno de los problemas estructurales a enfrentar. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017b) señala que a este panorama se une el subempleo, otro empleo no pleno, empleo no remunerado y el desempleo.
Si bien las compras públicas estimularon la generación de empleo en la EPS,8 estos se vinculaban a actividades de baja productividad. A la vez, contribuyó a mantener las brechas existentes en la generación de empleos públicos y privados,9 predominando los últimos ‒por cada diez plazas de empleo, nueve son privadas y una es pública‒ (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017b).
Entre 2007 y 2017 el empleo global mejoró ligeramente, pasando de 96,2 % a 96,4 % para los hombres y de 93,3 % a 94,0 % para las mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017c). En cuanto a la brecha de género, las diferencias en el empleo adecuado son notables: equivalen a 17,1 % en 2017, solo 1 % menos que a inicios del período. La brecha de ingresos laborales promedio entre ambos sexos sigue siendo significativa, aunque disminuyó de $ 99,3 a $ 73,9 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017c).
Los datos vinculados al subempleo, así como el empleo no adecuado y el no remunerado no sufrieron trasformaciones profundas. En 2017, del total de personas subempleadas, el 46,7 % eran asalariados y el 53,3 % independientes. La variación no fue trascendente con relación al año 2007, que mostraban un 52,4 % y 47,6 %, respectivamente (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017c). Con la EPS no se logró superar la estructura crónica marcada por la informalidad de la fuerza de trabajo, avanzar hacia empleos de mayor productividad ni mejorar la brecha de género.
La afiliación a la seguridad social creció y superó los 8,4 millones en la etapa, lo que aumentó la calidad de la protección, incluyendo a los beneficiarios del seguro campesino, que para 2018 tenía 1 143 638 afiliados (Instituto Ecuatoriano Seguridad Social, 2018). Mientras que en el año 2007 el 70,5 % de la población empleada no tenía afiliación, para 2017 solo el 57,5 % estaba en esa situación, cifra que sigue siendo significativa (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017c). En términos de inclusión, se reconoce la incorporación laboral de personas con discapacidad, cuya cifra ascendió de 602 en 2007, a 87 030 en 2016 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).
Las cifras correspondientes al período analizado muestran que Ecuador clasifica entre los países de desarrollo humano alto. Siguiendo la concepción del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una mirada a las tres dimensiones básicas del desarrollo humano muestra resultados positivos entre 2006 y 2015: ascendió la esperanza de vida de 74,5 años a 76,1; la tasa de alfabetización de adultos se incrementó de 91 % a 94,5 %; los años promedio de escolaridad alcanzaron los 14 años y el PIB per cápita pasó de $ 3 963 a $ 10 718 (PNUD, 2006, 2016). En tales resultados influyó el hecho de que el Estado destinaba a gasto público en educación el 4,2 % del PIB como promedio entre 2010 y 2014 ‒cifra cuatro veces mayor a la registrada entre 2000 y 2006‒, mientras que el gasto público en salud significaba el 4,5 % del PIB ‒contra un gasto de 2 % en 2003‒; además, el número de médicos por cada 10 mil personas aumentó de 14,8 a 17,2 (PNUD, 2016).
Se observa una reducción notable de la pobreza, aunque no se elimina completamente. La pobreza de ingresos disminuyó de 37,6 % a 21,5 %, mientras que la pobreza extrema se redujo más de la mitad: de un 16,9 % en 2006 pasó a 7,9 % al finalizar el período (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017c). Sin embargo, tal comportamiento no fue homogéneo en todo el territorio nacional.
En general, las condiciones sociales mejoraron. Ecuador es el segundo país latinoamericano en evolución positiva en el combate contra la pobreza durante el período analizado. La desigualdad en los ingresos de los hogares también declinó. Sin embargo, todavía un tercio de la población vive bajo la línea de pobreza. En diciembre de 2017, a nivel nacional, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas ascendía a 31,8 %, la tasa de pobreza multidimensional se ubicó en 34,6 % y la tasa de pobreza extrema multidimensional mostraba un 14,2 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017c). El coeficiente de Gini de los ingresos laborales continúa siendo alto y el 3 % de los niños, entre 2009 y 2015, permanecía sometido a trabajo infantil (PNUD, 2016), aun cuando se redujo en comparación con el 7,99 % de 2007 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).
Al cierre del período, la mayoría de la población ganaba el salario mínimo equivalente a $ 386, aunque el Estado ecuatoriano reconoce el salario digno, calculado, para el año 2018, en $ 442,30 (Ministerio de Trabajo, 2018). Ello no garantiza una existencia digna, situación que empeora con la elevación del costo de la vida, al ascender en el 2018 a $ 712,66 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018b). Si se añaden los niveles de informalidad analizados, el cuadro es mucho más precario.
La intención de solucionar la situación social existente se vio afectada por la sectorialización del análisis, sin atacar los factores estructurales que generan la pobreza. En lugar de enfrentar directamente las fuentes de la desigualdad, han sido tratadas como si fueran problemas sectoriales que pudieran resolverse con un conjunto de intervenciones dirigidas a grupos específicos y con determinadas redes de protección social. Aquí se destaca el discurso de la focalización de la pobreza, donde las instituciones vinculadas a la EPS pretenden concentrar los escasos recursos disponibles en una población identificada y luego diseñar el proyecto o programa ‒de carácter asistencialista‒ para atender ciertas necesidades insatisfechas de los pobres (Medina y Plaza, 2017).
La no solución a la contradicción entre el desarrollo económico y el social pasa necesariamente por los problemas no resueltos con relación a la contradicción entre el capital y el trabajo, así como entre acumulación y consumo, pues dialécticamente existe una relación entre ellas.
CONCLUSIONES
El comportamiento de la EPS no puede ser analizado al margen de la relaciones de poder. En la medida que ha constituido un proyecto deliberado, a pesar de su buena intención popular y solidaria queda «atrapada» en el entramado de leyes y contradicciones del capitalismo y paradójicamente le resulta funcional a la acumulación capitalista. Esta ha constituido de manera indirecta un medio de explotación de la clase trabajadora, y si bien ha contribuido a incrementar el consumo de las clases bajas, no resuelve las brechas existentes en ese sentido.
La EPS no constituye un motor de desarrollo en sí mismo, ni la solución al sistema de contradicciones inherentes al capitalismo, aunque contribuye a atenuarlas y es una alternativa para mitigar la pobreza desde lo colectivo. Su carácter subalterno dentro de una estructura socioeconómica históricamente deformada resulta funcional a la acumulación del capital, en la condición de paliativo a la precariedad socioeconómica existente, a la vez que mediante la producción de bienes de consumo baratos produce plusvalía relativa a nivel social.
