INTRODUCCIÓN
La recuperación de la memoria histórica en un territorio emblemático de la ciudad de Chillán, realizado entre 2013 y 2016, representa las disposiciones culturales de un conjunto de hombres y mujeres que lucharon por obtener una vivienda propia durante un convulso período de la historia chilena. Sus protagonistas contribuyeron con la reconstrucción del movimiento poblador entre 1970 y 1973, iniciado con las denominadas «tomas de terreno» -se hicieron cinco ocupamientos-, las cuales se nombraron a partir del pensamiento político y/o social de su grupo de pobladores.
Este proceso se co-construyó por dos actores fundamentales: los pobladores y el equipo de trabajo del Centro de Intervención e Investigación Social (CIISETS)1 de una universidad pública y estatal de la región de Ñuble, Chile. En el contexto de una iniciativa de aproximación al territorio aledaño a esta institución, se les planteó a los vecinos de la población Vicente Pérez Rosales (PVPR) la recuperación de la memoria histórica del lugar, como un mecanismo para visibilizar y reconstruir elementos históricos, identitarios y culturales del proceso de «toma de terreno». Esta relacionalidad (Walsh, 2007) se estableció como un principio fundante de la intervención social realizada por CIISETS en el marco de una epistemología crítica del Trabajo Social y en plena adhesión a un Trabajo Social ético-político emancipatorio (Borgianni, Guerra & Montaño, 2003; Montaño, 2005).
Los hallazgos mostraron la existencia de una experiencia histórica similar a la de otras tomas de terreno efectuadas durante la segunda mitad del siglo xx en Chile, lo que pudo apreciarse en la precariedad de las condiciones habitacionales, las formas de organización comunitaria para la subsistencia, los procesos de organización política para resistir la represión policial y las barreras de acceso a la vivienda que la institucionalidad estatal generaba.
DESARROLLO
Contexto histórico: la problemática de la vivienda en la ciudad de Chillán de mediados del siglo xx y la creación de la población Vicente Pérez Rosales
El movimiento poblador vivenciado en la PVPR de la ciudad de Chillán y la «toma de terreno» como mecanismo de asentamiento precario, se inscriben en un contexto histórico de fuertes cambios sociales. En efecto, el panorama de transformaciones de la época incluía: a) una fuerte migración campo-ciudad, fenómeno que se acrecentó con la falta de dinamismo del sector agrícola; b) un proceso de modernización de los servicios públicos e industrialización en las grandes urbes; c) una actitud de cambio hacia la vida urbana; d) un Estado que oscila entre un enfoque tecnocrático y un enfoque reformista con compromiso social; e) un amplio plan de reformas que venían de la mano de la “Alianza por el Progreso”,2 muchas de las cuales quedaron incumplidas; f) y un escenario de polarización política en un marco de Guerra Fría y el surgimiento de la “Revolución en libertad”3 como una forma de oponerse a un pensamiento de izquierda más extremo (Hurtado, 1937; Romero, 2003; Rebolledo, 2005; Lázzaro, 2013).
Hasta 1930, la ciudad de Chillán tuvo una estructura urbanística configurada por cuatro avenidas principales que daban un claro ordenamiento territorial. Cuando emergió violentamente en Chile la problemática de la vivienda, la ciudad tomó un rumbo desigual en su planificación urbanística. El origen de las primeras poblaciones obreras -como Wicker, Simón Bolívar, Valenzuela Silva y Mardones- hizo que Chillán se extendiese en dirección al camino que va hacia la comuna de Coihueco. En tanto, al oeste, se extiende el territorio urbano más allá de la línea férrea, mediante el asentamiento del sector denominado «Ultraestación», compuesto por poblaciones como Zañartu y Villa Alegre. Hacia el sur, la ciudad de Chillán se conecta con el camino en dirección a Chillán Viejo, donde se construyeron viviendas en la actual Avenida O’Higgins, que recorre ambas comunas (Espinoza, 2014).
Luego de la destrucción que generó el terremoto de 1939, se implementó una ordenanza local de urbanización, que establecía los límites urbanos, y los planos reguladores de edificación y construcción en la ciudad. Este hecho marcó una expansión territorial horizontal de Chillán con proyección hacia la periferia del centro cívico (Espinoza, 2014). Ya en la década de los años cincuenta se vivenció una fuerte migración campo-ciudad, lo que provocó un desorden en el plano establecido en el territorio. Posteriormente, se generaron urbanizaciones externas que dieron origen a las llamadas «poblaciones callampas» que, al igual que en ciudades como Santiago, fueron construidas con materiales de desecho: cartones, plásticos y latones. En la ciudad de Chillán, uno de los primeros asentamientos de este tipo resultó el campamento del puente «El Saque», sector orientado al camino que conduce a la comuna de Pinto (Sepúlveda & Sepúlveda, 2011).
Posterior al asentamiento establecido en los alrededores del puente «El Saque», en noviembre de 1969, ocurrió la toma del fundo Las Vegas, terreno perteneciente a la municipalidad de Chillán, que en esta época era utilizado como basural de la ciudad. Este nuevo asentamiento popular contempló la instalación de tres grandes poblaciones, denominadas por sus mismos habitantes «Violeta Parra» -de mayor envergadura-, «Luis Emilio Recabarren» y «Camilo Torres» -con peores condiciones habitacionales y sanitarias-. Durante la dictadura militar, los habitantes de estas tres tomas lograron obtener sus viviendas definitivas y constituyeron una única gran población bautizada como «Luis Cruz Martínez» (Beltrán, 2016).
La vía de acceso a la vivienda mediante la toma de terreno había llegado a la ciudad. Un hecho que reafirma lo señalado fue que una semana después de la toma del fundo Las Vegas, ocurrió la toma Salvador Allende, ubicada al nororiente del centro de la ciudad, sector que actualmente se conoce como Población «El Roble» (Beltrán, 2016). En este contexto, en agosto de 1970, un grupo de pobladores, acompañados de dirigentes de partidos políticos de izquierda, se instalaron con una bandera chilena -como símbolo de la conquista del suelo que obtendrían para vivir- en el fundo de la Escuela Normal de Chillán, lo que dio lugar a lo que hoy se conoce como Población «Vicente Pérez Rosales» (PVPR).
Co-construcción epistémica y praxiológica de la intervención comunitaria
Los fundamentos que dan sustento a la matriz epistémica y praxiológica de CIISETS provienen del paradigma socio-crítico, entendido como una unidad dialéctica -teórica y práctica- con un fuerte componente reflexivo. De esta manera, se entiende que el conocimiento se construye con y desde las personas, lo que genera la posibilidad de que los actores involucrados puedan transformar su propia realidad a partir de una serie de procesos de concientización (Alvarado & García, 2008). En este sentido, el presente estudio focalizó su atención en la praxis del conocimiento situado, el pensamiento decolonial, la educación popular, y la responsabilidad social universitaria y su correlato en una relación bidireccional con el medio, a partir de una universidad pública y estatal.
Se asumió la «praxis» como espacio de ruptura de la dualidad existente entre teoría y práctica; además, se le otorgó un papel fundamental en la generación de nuevos conocimientos desde los saberes de los actores sociales, y en el proceso continuo de revisión de las lógicas de dominación (Montenegro, 2001). Por consiguiente, se abogó por una expresión lúcida de la praxis y por su transformación, como actividad consciente, coherente y libre. En esta dirección, se coincidió con Vivero-Arriagada (2017), cuando afirmaba que el Trabajo Social actual debía estar orientado a constituirse en un referente de generación de conocimientos teóricos y prácticos que permitan emancipar a las clases oprimidas de los diferentes pueblos de América Latina (Vivero-Arriagada, 2017).
El conocimiento situado supone que los productos generados -en este caso la construcción de un relato histórico- no se configuran desde una abstracción pura; por el contrario, en este median un conjunto de relaciones que operan en un ambiente «semiótico-material» (Sandoval, 2013). En efecto, desde una perspectiva situada del conocimiento, “se hace necesario iniciar un proceso de desnaturalización de este en el campo psico-social educativo y de los vínculos humanos que en él se producen. Al respecto, partiendo de una posición dialéctica, se entiende a la práctica como tensionante de la teoría y como habilitante del surgimiento de un nuevo conocimiento; este será, en consecuencia, una síntesis de la actividad práctica nunca acabada» (Forlini, 2016, p. 101).
En relación con lo anterior, se buscó, en palabras de Haraway (1995),
una versión del mundo más adecuada, rica y mejor, con vistas a vivir bien en él y en relación crítica y reflexiva con nuestras prácticas de dominación y con las de otros, y con las partes desiguales de privilegio y de opresión que configuran todas las posiciones. (p. 321)
La acción praxiológica se materializó con un giro decolonial (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007; Maldonado-Torres, 2008; De Sousa & Morales, 2014). En efecto, para que el proceso de actuación social resultara emancipatorio, se dejó de lado la visión sujeto-objeto, en virtud del intercambio solidario con una perspectiva sujeto-sujeto. Actuar decolonialmente implicó, por tanto, una subversión epistémica del poder y una reubicación de la posición del sujeto en un nuevo plano histórico. Lo que parece ineludible es ofrecer condiciones para la pluriversidad de modos de vida y de existencia, así como la liberación de los proyectos históricos que se han intervenido con patrón de colonialidad. En suma, resulta urgente que el giro decolonial ofrezca una propuesta alternativa de racionalidad que se aleje decididamente de la racionalidad instrumental.
En contraposición al intelectual de la elite, se coincide con Vivero-Arriagada (2014) cuando, en términos de Gramsci, afirma que el profesional de las ciencias sociales -en este caso los trabajadores sociales- deben asumir un papel intelectual orgánico, para desarrollar relaciones dialógicas y democráticas con los sujetos con los que crean un vínculo. Bajo esta premisa, las clases populares logran «conciencia de clase», cuestión que tributa no solo a que el sujeto individual se reconozca como subalterno, sino que también permite que los sujetos, en términos colectivos, concienticen las estructuras que históricamente los han oprimido.
En este sentido, «la educación popular, como campo de conocimiento y práctica educativa, se ha constituido como un ejercicio permanente de crítica del sistema social actual -de “contra-hegemonía al estándar de sociabilidad generalizado» (Gaviraghi, Goerck &Frantz, 2019, p. 467), y que integra los elementos para la constitución de relaciones dialógicas y democráticas para la producción de conocimientos con raíz en el territorio.
Recuperación de la memoria histórica: describiendo el proceso metodológico
La acción praxiológica se desarrolló desde la Investigación Acción Participativa (IAP). La intencionalidad de promover un diseño metodológico que estuviese al servicio de la producción de nuevos conocimientos, derivó en la recuperación crítica de la historia, el rescate y la valoración de la cultura popular y, por supuesto, la correspondiente devolución de este nuevo conocimiento a la propia comunidad, de tal manera que los resultados fueran validados y difundidos en otras instancias territoriales e investigativas (Fals, 1986). La IAP (Vélez, 2017) estuvo centrada en el rescate oral de las experiencias de los participantes, discursos que fueron potenciados a través de la exposición de objetos de memoria como fotografías, banderas, artículos personales, entre otros, que permitieron validar lo narrado al interior del colectivo participante (Sierra, 2016).
El proceso de recuperación de la memoria histórica tuvo un carácter situado; por tanto, los sujetos participantes «estaban-siendo», es decir, viviendo, en términos de su contexto, en un territorio material (Méndez y Rojas, 2015), conformado por una historia que, en su origen, resultó fruto de un proceso de lucha social de pobladores que reivindicaban su derecho a la vivienda. Consecuentemente, el proceso de intervención tuvo ejes participativos y reflexivos, lo que posibilitó que los involucrados relataran la historia de su territorio, no tan solo desde el punto de vista narrativo, sino a partir de una mirada crítica que les permitiera reflexionar con respecto al proceso histórico del que formaron parte y cómo este se vinculó con la identidad actual de su territorio (Pino-Salamanca, 2017; Romero, Moreno & Hernández, 2017). Se desarrollaron las siguientes fases:
Fase 1. Contempló la realización de dos grupos de discusión. El primero tuvo el objetivo de conocer el contexto territorial en el que habitaban los participantes en el momento de las tomas de terreno, además de rescatar las vicisitudes históricas del período. El segundo enfatizó en la construcción de un discurso compartido acerca del proceso de recuperación histórica. En esta fase se produjo el acercamiento entre el equipo CIISETS y los pobladores, se generó el vínculo comprometido y se encuadró la relación sujeto-sujeto como principio cardinal.
Los pobladores definieron cuatro áreas de interés en su proceso de recuperación de la memoria histórica:
origen de la toma;
prácticas de resistencia generadas a partir de la vida en la toma;
represión política durante la dictadura militar; y
análisis del contexto actual del territorio
A partir de esta delimitación, se procedió a realizar entrevistas a informantes clave -fundadores de la toma, dirigentes sociales y participantes en hitos fundamentales del proceso-. A nivel metodológico, esto se justificó con el planteamiento propuesto por la IAP, para evitar posibles sesgos de la información obtenida y obtener nuevos datos a partir de la información de los actores sociales que pudieran tener una opinión disidente con lo planteado por la mayoría del colectivo. De esta manera, se generó la confrontación de la información sometida a análisis (Villasante, 2002). En virtud de lo anterior, las entrevistas tuvieron como objetivo central profundizar en aquellos elementos que a nivel grupal pudieron haberse obviados, ya que se tuvo en consideración que las instancias grupales, por naturaleza, tienen algunas limitaciones asociadas a que los discursos de las personas pueden estar condicionados por las opiniones de otros participantes y por el solo hecho de estar en presencia de personas que pueden considerarse ajenas a su confianza (Dias, 2000).
Fase 2. Estuvo centrada en desarrollar encuentros que potenciaran el relato oral de la experiencia histórica, a partir de los ejes temáticos definidos por los participantes. Para fundar metodológicamente esta etapa de trabajo, se promovió la generación del conocimiento de los pobladores mediante la recreación de su pasado, como expresó Fals (1986), al recuperar de forma crítica la historia y la cultura popular.
En esta etapa de trabajo se consideró la ejecución de dos encuentros-talleres, que estuvieron centrados en la construcción participativa del relato histórico. Se propició que los dirigentes históricos del territorio expusieran sus experiencias para producir una «resignificación de sus propias vidas». En palabras de Garcés (1996), esta técnica consiste en que las personas se «sientan» con una historia y estén, a su vez, «siendo» parte de ella; por ejemplo, los participantes se observan a sí mismos desde otros puntos de vista, generan nuevos diálogos, valoran sus experiencias, se animan a invitar a otros sujetos que fueron parte del proceso histórico, entre otras acciones de esa índole. Bajo la óptica de la identidad territorial, estas situaciones empíricas tributan a una experiencia rica en términos de aprendizaje; además, tienen un sentido profundamente político, porque se produce una «dinamización del protagonismo histórico de los participantes». A su vez, se construye un «conocimiento histórico nuevo», propio de la historia popular de personas que viven en el mundo de lo cotidiano (Garcés, 1996, p. 2).
Coherentemente con los componentes metodológicos declarados, estos encuentros se enunciaron como «Unidos por la historia» e «Intercambio de conocimiento popular». En ambos se reconoció la existencia de lazos históricos entre los pobladores de la PVPR. También se profundizó en elementos históricos asociados a la vida durante la toma, la rememoración de personajes populares, los aspectos de la vida cultural y recreativa, las formas de organización contra la represión policial, el proceso de negociación para la construcción de viviendas definitivas, la vida en dictadura militar y el contexto actual del territorio. Sin embargo, para la reconstrucción de memoria histórica desarrollada en este artículo, la atención se centró en describir y analizar los relatos que daban cuenta del origen de los asentamientos y las formas de vida que allí se gestaron. Estos culminaron con la disputa de derechos para la legalización de la obtención de las casas, pues se posicionaron en la demanda de la propiedad privada y no en lo colectivo.
Narrando la historia. Hallazgos y valoraciones
En este apartado se expondrá la historia de la PVPR en función del relato co-construido con los pobladores participantes en los encuentros de recuperación de memoria, a la vez que estos se irán complementando con los estudios dedicados a comprender el movimiento poblador de Chile, en relación con los elementos teórico-metodológicos declarados con anterioridad.
En los primeros encuentros realizados se logró comprender cómo se gestó este nuevo asentamiento popular. El relato de los pobladores señaló que la toma de terreno nació a partir de la problemática habitacional existente en la ciudad. En este escenario hubo dirigentes políticos -principalmente, miembros del Partido Comunista, Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)- con experiencias de otras tomas de terreno iniciadas en la ciudad, y que evidenciaron, sobre la base del contexto nacional, que la toma era una vía accesible para dar solución a la problemática de la vivienda (Rosenmann, Valencia & Olguín, 2016).
Previo a la toma de terreno, los dirigentes que vivían en poblaciones obreras de la ciudad comenzaron a «correr la voz» -con cuidado y discreción, de tal manera que su plan no fuera frustrado por la policía de aquel entonces- de que se ocuparía el terreno del fundo de la Escuela Normal. La noche del 20 de agosto de 1970, un grupo compuesto por aproximadamente treinta pobladores ingresó al fundo «Santa Rosa» -perteneciente a la Escuela Normal de Chillán- e instaló una bandera chilena como símbolo de la conquista de este terreno. Entonces, se hizo la primera toma, liderada por integrantes del Partido Comunista, que fue llamada «Ernesto Che Guevara». Como se ha dicho, este acto se utilizó por gran parte de los movimientos pobladores de la época (Garcés, 2002).
Hay que precisar que las tomas de terreno ocurrieron en pleno período de elecciones presidenciales en Chile. En dicha época competían las fuerzas políticas del Partido Nacional, la Democracia Cristiana y los partidos políticos de izquierda aglutinados en la denominada Unidad Popular (UP). El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende Gossens ganó las elecciones por un pequeño margen de votos por sobre su oponente el ex presidente Jorge Alessandri. Allende se mantendría en el poder hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando fue derrocado por un golpe cívico-militar liderado por Augusto Pinochet. Allende se suicidó en La Moneda y comenzó en Chile una de las dictaduras más cruentas de América Latina.
Una vez instalados los primeros pobladores de la Che Guevara, fueron llegando otros dirigentes y pobladores afines al MIR, que darían vida a tomas de terreno como «Inti Peredo» y «Elmo Catalán». La toma «Salomón Corbalán» se organizó por pobladores y líderes del Partido Socialista; a su vez, «José Sepúlveda» la conformaron los partidarios de la Democracia Cristiana (Fig. 1). Así pues, cada una de las tomas del fundo «Santa Rosa» tuvo un carácter político en su organización, lo que generó algunos conflictos y tensiones internas en los primeros meses de iniciadas las tomas. Lo que ocurrió en la toma de la PVPR, puede verse reflejado en otros campamentos de la época que fueron organizados por diversas fuerzas políticas que «competían» por imponer una visión táctica que diera respuesta a la problemática habitacional; de esta manera, se visualizaban tres grandes fuerzas que intentaban sostener organizaciones políticas bajo el alero de los nuevos asentamientos populares: la Democracia Cristiana, la Izquierda Obrera -vinculada al Partido Comunista- y el MIR (Cortés, 2014). A pesar de esta diversidad de experiencias políticas, los pobladores lograron superar las diferencias y consolidaron un conjunto de tomas, que dio paso a lo que hoy se conoce como población «Vicente Pérez Rosales», de Chillán.
En la toma todos estábamos reunidos alrededor de una radio escuchando atentamente lo que ocurría en las elecciones, sabíamos que si ganaba la derecha nos iban a desalojar a todos los de las tomas; en cambio si ganaba Allende, teníamos más viva la esperanza de que podríamos acceder al sueño de nuestra casa propia.
Esta afirmación evidencia que la victoria de la UP configuró un escenario de mayor presión por parte de los pobladores hacia el Estado, debido a que se atisbaba una apertura de los servicios públicos para acoger las demandas habitacionales; a su vez, este contexto se vio reforzado por la articulación del movimiento poblador, organizado a través de alianzas con los partidos políticos de izquierda (Garcés, 2015). Con la necesidad habitacional a la orden del día y la victoria de la UP en las elecciones, el número de pobladores que habitó los campamentos del fundo «Santa Rosa» se fue multiplicando, por lo que el asentamiento popular creció y se consolidó paulatinamente, adoptó principios de relación colaborativos y se comenzó a generar sentido de pertenencia en la comunidad (Freire, 1997).
Lo que ocurría en la toma era algo muy lindo, porque había personas que tenían hijos chicos y llegaban con cuatro palos y una lata, de manera que no tenían opciones de crearse sus ranchitas. Pese a eso, en las reuniones no faltaba el compañero que decía: “a mí me sobran dos tablones”; y de ahí aparecía otra que decía: “yo tengo un zinc que me sobra”; otro por ahí gritaba: “a mí me quedan clavos”. Y de esta manera se iban armando las viviendas, que eran sencillitas, pero con un gusto rico, el gusto de la solidaridad. Un gesto de amor, esas cosas que nos enseñaron los viejos y que nos la metían en el corazón. Un gesto de amor, ni más ni menos.
Esta narración coincide con las muestras de solidaridad generadas en la toma de la población La Victoria, efectuada en 1957. En este asentamiento, los pobladores advertían que los requisitos para participar en las tomas eran «ser pobre, tener chiquillos, tres palos y una bandera» (Garcés, 2002, p. 129). Los vecinos de las tomas tuvieron un alto grado de organización, debido a que, según lo evidenciado en sus discursos, sentían que las situaciones de alerta por las que pasaban les mantenían en cohesión. El riel (trozo de fierro) era el encargado de dar las alertas.
Nosotros teníamos un amigo, que era el riel, este trozo de fierro bochinchero que cuando lo tocábamos sabíamos que significaba reunión urgente; entonces se escuchaba este sonido y nos juntábamos en una ranchita grande que hicimos, que era la sede social que teníamos, y entonces ahí entre todos discutíamos y buscábamos las soluciones a los problemas que se nos presentaban.
El riel también nos servía para alertarnos de la presencia de los carabineros. Uno escuchaba el sonido de varios golpes y ya entendíamos que debíamos prepararnos para evitar que nos desalojaran; muchas veces salíamos con los niños y mujeres para que así no nos sacaran de la toma.
La represión policial perpetrada en estos asentamientos se justificaba por que las tomas de terreno eran concebidas por la institucionalidad gobernante como una «amenaza para el orden social» y para las «normas de la propiedad privada». Estos argumentos se basaron en la frase «si se deja pasar una, después habrá muchas otras», fuertemente arraigada en el discurso imperante, lo que daba a entender que los dueños de terreno no tendrían ningún tipo de seguridad para realizar sus inversiones (Mancilla, 2017, p. 10).
Las ollas comunes eran el ejemplo vivo de organización y solidaridad que en la toma se vivía. Yo diría que estas ollas comunes tenían dos grandes funciones: proveernos de la comida que todo ser humano necesita y también diría que a los que hacíamos guardia por las noches nos brindaba la energía necesaria. Recordemos que nosotros durante el día trabajábamos y en las noches hacíamos guardia, entonces teníamos que estar bien alimentados.
Se sabe que en toda comunidad la alimentación es una cuestión básica y vital. Por ello, la comunidad de las cinco tomas organizó ollas comunes para dar respuesta a esta imperiosa necesidad.
Sabemos que hay un flanco abierto en esos años, en torno a las organizaciones económicas populares (comprando juntos, ollas comunes) que se teorizaron como economías alternativas, pero que, sin embargo, siguieron estando en la lógica de la subsistencia cotidiana frente a las emergencias de la gran crisis económica. (Rosenmann, Valencia & Olguín, 2016, p. 32)
Así, establecieron que un grupo fuera al mercado de Chillán a pedirle a los feriantes que les brindarán apoyo en insumos como verduras y hortalizas; otro grupo estaba encargado de cocinar para los demás. Los pobladores destacaron que la ejecución y organización de las ollas comunes facilitó la cohesión grupal y fortaleció el sentido de pertenencia con el territorio, tal como señalan experiencias vinculadas a la educación popular, que ponen el centro en la promoción de acciones emancipatorias y que dan cuenta de la efectividad y el impacto de las organizaciones sociales cuando las acciones en la comunidad se desarrollan desde ese punto de vista (Gaviraghi, Goerck & Frantz, 2019).
En esta foto [se remite a figura 2] pueden ver un pequeño grupo de los muchachos que en esos tiempos jugábamos a la pelota. Actualmente, en esta cancha que sale ahí, se encuentra ubicado un jardín infantil. También había en la población una cancha más grande en la que jugábamos futbol. Había dos equipos: uno que era de la Elmo Catalán y de la Che Guevara, que se llamaba Real O’Higgins y el nuestro de la toma Inti Peredo, que era el Vencedor Olímpico. Después de eso, se nos acabaron las canchas por el movimiento de construcción y después que pasó ese tiempo apareció otro club con la misma gente que estaba en el Vencedor Olímpico, y formaron lo que ustedes conocen hoy en día como deportivo Barrabases.
Un elemento central en el espacio recreacional de los vecinos de las tomas fue el fútbol, actividad deportiva que sirvió para que se divirtieran en familia y que, en la sociedad contemporánea, se considera un fenómeno sociocultural, configurado como una práctica social que involucra a millones de personas en el mundo (Belmonte & Junior, 2018). En ese sentido, los pobladores destacaron la importancia que ha tenido esta actividad para el desarrollo social de su sector, debido a que, como señalan Belmonte y Junior (2018), este deporte permite generar interacciones entre quienes participan y sus contextos, al fortalecer el sentido de colectividad y contribuir a la creación de sentidos comunes. Por otro lado, este elemento tiene relación con lo que plantean Benítez y Urquiza (2019), quienes dan cuenta del desarrollo social como «un fenómeno multicausal, asociado a factores económicos, sociológicos, políticos, religiosos, culturales y étnicos» (Benítez & Urquiza, 2019, p. 243).
En el inicio de la PVPR existieron dos canchas, una más pequeña y otra cancha de fútbol similar a los estándares internacionales de este deporte. Según el testimonio de los entrevistados, en el momento en que los sitios se fueron dividiendo para realizar las respectivas construcciones de las viviendas, el movimiento poblador debió proyectar los espacios para no perder de vista el desarrollo de este deporte en su población. Tal es la importancia que tiene para la PVPR, que hasta el día de hoy existe una cancha que se ha transformado en un estadio que aglutina las sedes de los clubes deportivos y la sede de la junta vecinal.
En la época de dictadura nosotros les decíamos a nuestros hijos “al suelo que están disparando”. Nos despertábamos a mitad de noche y no sabíamos realmente que estaba pasando. Creo que a veces lo mejor que puede hacer uno es olvidar.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que dio fin al Gobierno de la UP, se describe por los dirigentes de la PVPR como la «noche negra», puesto que desde un primer momento se observaron cambios en el actuar de la policía en su territorio. En el transcurso de esos años, el tejido popular resultó víctima de la cruel represión política manifestada en diferentes ámbitos de la vida pública (Delgado-Torres & Maugard-Bravo, 2018). Los dirigentes refieren que en los alrededores de una de las tomas había una ametralladora apuntándoles como punto fijo a la espera de cualquier situación que pareciera «anormal». Por otra parte, declaran que había noches en que se oían disparos al aire que causaban un clima de angustia en todos los habitantes de la población.
Se comenzó a trabajar por ahí por el año 1981, cuando la capilla ya estaba formada. Recordemos que estas ollas comunes las hacíamos en la capilla, salíamos a pedir alimentos al mercado, en todas partes donde nos dieran algo. La capilla se usaba como comedor infantil de lunes a viernes; y los sábados y domingos, como comedor familiar, donde todos nos alimentábamos. En ese tiempo estaba el plan de empleo mínimo, algunos hombres no tenían trabajo y eran las mujeres las que salían a trabajar por ahí; tenían doble trabajo porque trabajan afuera y en sus propias casas.
Desde el inicio de la dictadura cívico-militar, el Estado dejó de ser el gran articulador de la vida política y social de Chile, idea instalada en el ciclo nacional-desarrollista (Rosenmann, Valencia & Olguín, 2016) y transita rápidamente a constituirse en un Estado subsidiario, lo que dio una fuerza descomunal al mercado y nutrió un modelo económico capitalista-neoliberal. En esta época se produjo un cambio violento en la forma de concebir la vivienda social, que derivó en una idea de segregación habitacional, ligada a la marginalidad. En efecto, a los pobladores de la PVPR, la Corporación de la Vivienda (CORVI) les solicitó el pago de una serie de cuotas a cancelar en un plazo de veinticinco años. Los vecinos asumieron, equivocadamente, que, por el hecho de haber sido partícipes de las tomas, tendrían la garantía de no pagar para acceder a sus viviendas; sin embargo, un dirigente de la época manifestó que muchos de los fundadores de la toma debían abandonar la población por no tener el dinero suficiente para el pago de las cuotas establecidas. Por otra parte, con respecto a las redes comunitarias de apoyo y cómo estas se fueron fortaleciendo en la transición de la población, los relatos señalan que, en 1981, posterior a la entrega de viviendas definitivas, el realce que en la época había ganado la Teología de la liberación hizo que la Iglesia Católica tuviera un rol fundamental en el desarrollo del territorio, cuestión que se relaciona con el papel político que esta asumió en ese momento histórico (Veit, 2006, p. 77).
Aquí tuvieron una gran importancia los dirigentes de las juntas de vecinos, con el apoyo nuestro ellos iban a Concepción y Santiago a pelear por nuestros derechos. Usted sabe que acá en esta población somos gente de esfuerzo y no todos teníamos para seguir pagando esa deuda habitacional que nos amarraba a seguir pagando cuotas por nuestras viviendas.
A mediados de la década de los años noventa, las problemáticas identificadas por la población ya no tenían que ver con la construcción de viviendas, ni con lo comunitario, sino con lo que implicaba la adquisición de los inmuebles; es decir, la propiedad privada, debido a que las deudas habitacionales se hacían insostenibles para gran parte de las familias. Por ello surgió una nueva lucha social ligada a la condonación de las deudas para todos los vecinos de la población (Rosenmann, Valencia & Olguín, 2016). Según la información recogida, en este período los dirigentes de las juntas de vecinos tuvieron gran relevancia, al ser interlocutores legitimados que, frente a las autoridades políticas de turno, expusieron las necesidades económicas de los habitantes de la población. Otras estrategias políticas utilizadas resultaron las manifestaciones populares realizadas con el fin de visibilizar sus demandas. «En ese sentido, la politización de la crisis fue un elemento clave para generar una oportunidad política capaz de aglutinar a los disidentes y desafiar el orden autoritario a través de la movilización y organización social» (Delgado-Torres & Maugard-Bravo, 2018, p. 37). A partir de esta presión social, se logró que se condonara la deuda habitacional a todos los pobladores de la PVPR.
Los relatos recuperados relativos a la reconstrucción de la memoria histórica de las tomas de terreno culminaron para los participantes con la transición de las luchas que atravesaban, volcadas entonces en la disputa de derechos para la legalización de la obtención de sus casas. En este sentido, elaboraron una línea de tiempo con los principales momentos históricos de la población (Fig. 3), conclusiva sobre el proceso de recuperación de memoria en torno a las tomas de terreno.
CONCLUSIONES
Proceso realizado y sus implicaciones para el Trabajo Social Crítico
Durante los últimos 30 años, el trabajo social chileno, tanto en el ámbito del quehacer profesional como desde la labor académica, ha estado muy lejos de asumir una postura crítica (Castañeda & Salamé, 2015) e, inevitablemente, han proliferado maneras de producir conocimiento desde las epistemes más hegemónicas ligadas al positivismo y a la racionalidad instrumental. Hoy, con la comunicación del proceso desarrollado, se materializa la línea de coherencia entre lo que se señala como intención y lo que se ejecuta con pleno respeto a la naturaleza de todas las construcciones colectivas realizadas. Esto, sin duda, permite retomar los principios ético-políticos del trabajo social y fortalece la relación sujeto-sujeto en la producción de conocimiento.
Desde una perspectiva situada y crítica del trabajo social, se puede señalar que la ejecución de una IAP (Fals, 1986; Vélez, 2017) permite integrar la conciencia política de los sujetos involucrados y la colectivización de los saberes comunitarios (Marsden & Reyes, 2019), lo que posibilita contrastar los procesos histórico-políticos de un territorio con el diálogo de experiencias y la pluralidad del conocimiento. En suma, desde este ejercicio, se visibiliza y se hace protagonistas a los actores sociales y políticos por excelencia: los pobladores.
Movimiento poblador para la vivienda, y su correlato con la participación y la conciencia política
En este período histórico existe un correlato entre la participación de los pobladores y sus procesos de generación y/o fortalecimiento de conciencia política, debido a que los partidos políticos que protagonizaron el levantamiento de las tomas de terreno, tenían un interés en fortalecer el ejercicio de reflexiones y las acciones en las bases populares.
No obstante, también se generaron conflictos al interior de las tomas, ya que se posicionaron dos grandes intereses. Por una parte, requerían resolver la necesidad práctica del acceso a la vivienda y se movilizaban solo con este objetivo; y, por otra, estaban quienes pertenecían a partidos políticos y que deseaban formar organizaciones de base en los barrios de nuevo dominio popular. Se afirma la existencia de una visión romantizada de este período, al pensarse que las luchas eran exclusivamente colectivas, y olvidarse que los pobladores vivían en condiciones de profunda precariedad económica y social, por lo que en muchas ocasiones no desarrollaban el mismo nivel de conciencia política y compromiso con respecto a la comunidad y las luchas colectivas, que quienes lideraban los asentamientos populares.
Los pobladores de la PVPR advierten que pese a tener una historia rica en términos de solidaridad, conciencia y lucha política cohesionada, en la actualidad enfrentan una serie de desafíos asociados con el refortalecimiento del tejido social, que, como señalan diversos autores, fue desarticulado a través de la represión política de la dictadura militar (Valdivia, 2010; Garcés, 2017). Así, como ocurre en gran parte de los sectores populares del país, las organizaciones comunitarias se encuentran desarticuladas y teñidas de un carácter meramente funcional-recreativo; todo ello fomentado bajo el marco de las políticas sociales de los Gobiernos de la posdictadura, que han establecido relaciones clientelares con los actores sociales, lo que ha reducido su participación a la lógica de postular a fondos concursables o de participar de capacitaciones, que muchas veces no son coherentes con las demandas de las personas y las instrumentalizan para conseguir sus objetivos institucionales.
Desempeño de la universidad pública en la generación de conocimiento situado y la necesidad de construir relación bidireccional con el medio, sin instrumentalizar a los sujetos
Se precisa reflexionar acerca del desempeño que cumplen las universidades chilenas en el ámbito de vinculación con comunidades que tienen altos niveles de exclusión social. Los estudios que analizan la vinculación de las universidades latinoamericanas con el medio social, dan cuenta de la efectividad de las acciones desarrolladas desde una perspectiva emancipatoria y contrahegemónica (Morris, 2017; Faria, Quaresma, Patiño, Siqueira & Lamego, 2018).
Bajo estos antecedentes, es fundamental que desde las universidades públicas chilenas se desarrollen intervenciones comunitarias que se alejen de posturas asépticas y que, por el contrario, logren constituir actividades de carácter político, en el sentido que se develen y reconozcan las formas desde donde se construye el conocimiento y las consecuencias que estos nuevos saberes generan, al transitar de esta manera a la manifestación de que todo proceso investigativo constituye un acto político, puesto que toda actuación sobre la realidad genera un nuevo conocimiento (Ortega-Senet, 2017).
En este sentido, los procesos de intervención social, que tienen un claro fundamento decolonial, otorgan la posibilidad de destrabar las relaciones de poder que históricamente han existido en los procesos de “intervención” comunitaria, en las que los espacios de actuación social son cooptados por un «experto», rol que las universidades han tomado como suyo, y que es el ente que define y desarrolla los temas tratados; mientras que los participantes quedan reducidos a un papel de meros receptores de la intervención y participan de ella solo con fines instrumentales, lo cual se refleja en el cumplimiento de metas y registro de evidencias que por mandato institucional deben hacer los equipos interventores -fotografías, listas de asistencia, encuestas de evaluación, etcétera-. Como lo diría Freire (2005), una educación bancaria.
En este sentido, CIISETS tiene el propósito de desarrollar consistentemente un tipo de relación con las personas, los grupos y las comunidades, que se aleje de la instrumentalización para fines de mera producción científica; y se acerque, de manera decidida, a una co-construcción colectiva. Este tipo de acercamiento, donde logra sinergia la investigación con la «intervención social», debe hacerse cotidiano en las universidades, más aún si son estatales y públicas. Además, el trabajo social, desde su proyecto ético y político, debe vigilar constantemente las lógicas de dominación que imperan en las interacciones cotidianas entre aquellos denominados «usuarios/as» y transitar hacia una producción de saberes con el otro/a, desde un pleno respeto a sus condicionamientos sociales, históricos, políticos, económicos y culturales.