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INTRODUCCIÓN
La educación, como bien público e indispensable en la formación de los seres humanos, no puede reducirse simplemente a la formación. Esta tiene un encargo social que involucra los objetivos y las perspectivas de las sociedades, y el reto de crear individuos responsables con la transformación y el desarrollo social; aún más en un contexto caracterizado por la globalización, las desigualdades, el deterioro medioambiental, las contradicciones generadas a partir de las tensiones socioeconómicas y culturales, expresadas en males sociales como la pobreza, el hambre, la segregación, la exclusión, la violencia de género, las guerras, las migraciones, la proliferación de enfermedades, los espacios de inequidad, y el irrespeto a los derechos y las libertades individuales.
La educación superior tiene una función esencial en el desarrollo de la sociedad: formar, educar y crear recursos humanos capaces de buscar soluciones en un mundo globalizado y mediatizado por profundos cambios socioeconómicos, que han agudizado las desigualdades existentes y generan la aparición de nuevas desigualdades y espacios de inequidades, lo que demanda de un sistema educativo inclusivo, equitativo, de calidad y pertinente.
En este sentido, en la Conferencia mundial sobre la educación superior (UNESCO, 2009) se afirma que la educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos, y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez más tiende a fundarse en el conocimiento, la innovación y la creatividad, por lo que constituye un marco propicio y fundamental para la investigación como parte del desarrollo socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones.
Por consiguiente y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de emprender la renovación más efectiva que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad comprometidas activamente con la transformación social, cultural, política, artística y tecnológica (UNESCO, 2009).
La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 revela la necesidad de generar acciones que contribuyan a la disminución de situaciones de exclusión social y posibiliten un espacio de inclusión social para todos y todas. Es así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible posiciona a la educación y, específicamente, a la educación superior en el Objetivo No. 4 de los 17 ejes que abarcan la problemática mundial: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos» (ONU, 2016, p. 19),1 como única vía posible para incidir en los contextos políticos, sociales, culturales y económicos de nuestros países y propiciar un desarrollo en el que las personas participen de manera activa y conscientemente.
Desde esta mirada, la equidad se muestra como uno de los anhelos de la sociedad, enfocada en los desafíos que presenta la educación superior en el siglo xxi, donde la sociedad demanda cada día de sistemas educativos más inclusivos para todos por igual. En este sentido, la UNESCO (2009) en la Conferencia mundial sobre la educación superior refiere:
La equidad no es únicamente una cuestión de acceso; el objetivo debe ser la participación y conclusión con éxito de los estudios, al tiempo que la garantía del bienestar del alumno. Este empeño debe abarcar el adecuado apoyo económico y educativo para los estudiantes que proceden de comunidades pobres y marginadas. (p. 757).
Por lo que alcanzar la equidad a nivel mundial en el escenario educativo continúa representando un desafío que impone nuevas maneras de hacer y concebir el proceso docente. Siguiendo la idea de Aquino, García y Palmeros (2020) «a pesar de los avances significativos en la última década para aumentar el acceso de grupos vulnerables en el nivel universitario, es necesario continuar esforzándose para reducir los obstáculos al aprendizaje y lograr una verdadera inclusión educativa» (p. 2).
De ahí que este artículo se centre en la aproximación teórica a conceptos tan relevantes dentro de la educación superior como la «equidad» y la «equidad en la educación superior», su tratamiento y colocación en los escenarios actuales en el logro de universidades más inclusivas y de amplio acceso para todos, donde no solo se generen alternativas orientadas a la compensación de las desigualdades por cuestión de raza, género, religión, origen étnico, entre otras, sino que implique la igualdad de oportunidades y el aprovechamiento de todos desde sus propias asimetrías.
DESARROLLO
Se entiende como «vulnerable» a la población que no se encuentra en capacidad de atender sus necesidades por sus propios medios, por lo cual se hace necesario generar ayudas para que puedan salir adelante. Varios autores abordan la temática de la vulnerabilidad en el escenario social y sus articulaciones con el resto de la estructura socioeconómica de la sociedad para explicar el fenómeno desde una mirada sistémica e integradora. Muchas son las barreras que el estudiantado puede presentar en su tránsito por cualquier sistema de enseñanza, vinculado a situaciones de vulnerabilidad social. En el ámbito educativo el concepto de «vulnerabilidad» se relaciona con dificultades que marcan la trayectoria de los estudiantes a lo largo de la vida, que les impiden aprovechar efectivamente las oportunidades creadas. Se requiere entonces de políticas coherentes que respondan a la diversidad en el contexto educativo, que den tratamiento a las desigualdades que, por cuestión de raza, género, origen étnico, clase social, estatus socioeconómico u otras se generen y contribuya a disminuir los espacios de inequidad y exclusión social, entendida esta última como acceso desigual a ámbitos económicos, político-institucionales, educacionales y socioculturales. Según Clavijo y Bautista-Cerro (2020):
La exclusión se da en todos los contextos y las situaciones de la vida cotidiana, en ocasiones de manera directa y perceptible y en otras de forma sutil. A veces, las situaciones donde se produce exclusión son aceptadas socialmente de manera que resulta difícil percibirla incluso por aquellos que la sufren. Lo cierto es que el avance de la demo cracia y la mayor percepción de los Derechos Humanos hacen que la inclusión se convierta en un tema relevante en todos los sectores de nues tras sociedades y especialmente en el educativo. (p. 114)
De este modo, se hace necesario que los sistemas de educación superior no conduzcan a situaciones excluyentes, sino que actúen en consecuencia con la inclusión, la calidad, la pertinencia y la equidad en el ámbito educativo. De manera que, según Field, Kuksera y Pont (2007), «un sistema justo e incluyente que permita que todos dispongan de las ventajas de la educación es una de las palancas más eficaces para que la sociedad sea más equitativa» (p. 1). A partir del análisis antes expuesto y teniendo en cuenta que la equidad se enfoca como uno de los desafíos de la educación superior en el siglo xxi, donde las sociedades demandan cada día una educación más inclusiva y orientada hacia todos por igual, se impone la idea expuesta por la Secretaría Técnica Consejo de Igualdad Intergeneracional (2016) cuando plantea:
Un tratamiento equitativo otorga a cada quien lo que necesita para ejercer un derecho que la mayoría ejerce sin obstáculos. No se trata de proveer a todas las personas de lo mismo, sino de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de todas y todos, para ello hay que atender especialmente a aquellas que presentan alguna carencia o dificultad en el ejercicio de sus derechos y el aprovechamiento de las oportunidades. La equidad implica un trato diferenciado en cuanto a situaciones específicas, siempre con el fin de lograr igualdad en el ejercicio de derechos, pues todas las personas son sujetos sociales de derechos. (párr. 3)
A lo largo de la historia el concepto de «equidad» ha estado sujeto a diversas aportaciones teóricas que explican los diferentes significados del término desde la mirada de la ciencia y su utilización cotidiana. De acuerdo con el análisis de Formichella (2011), el concepto de equidad resulta sumamente complejo y sus definiciones han ido variando a través del tiempo, por lo que constituye un tema de absoluta vigencia en el escenario de América Latina y el Caribe. De este modo, la idea de la equidad, desde su concepción requiere su integración a las exigencias sociales, en la cual se evidencian desigualdades que perpetúan inequidades e injusticias, muchas de las cuales son generadas a partir de sistemas que propician la existencia de brechas de equidad y espacios de exclusión social.
Desde esta mirada la equidad tiene un engranaje de posibilidades y dimensiones con categorías que se entretejen entre sí; de manera que se asocia la equidad a los conceptos de «igualdad» y «justicia», que han sido objeto de análisis en diversos contextos sociales. Sin duda alguna, esta debe proclamar la necesidad de tratar la diferencia, otorgar a cada quien lo que necesite en el aprovechamiento de las oportunidades creadas y favorecer las alternativas para ello. Para Rawls (1995), la equidad se entiende como un concepto complejo, más allá de la igualdad. El autor se centra en la justicia como equidad, aplicada a la estructura de las instituciones políticas y sociales. Expone dos principios en su obra Teoría de la justicia: el primero asociado al derecho irrevocable a libertades básicas iguales para todos que debe tener cada individuo y el segundo orientado a las desigualdades sociales y económicas.
De igual forma, para Cohen y Franco (2005), la equidad mantiene una relación cercana con la justicia. En su obra los autores refieren que mientras la justicia es un valor inalcanzable, la equidad resulta viable en un momento histórico que implica ir más allá de la igualdad, desde la compensación de las barreras socioeconómicas que obstaculizan la realización del potencial individual, así como la superación de desigualdades.
A propósito de lo planteado, Monzón (2015) expresa que «la desigualdad erige obstáculos para la movilidad y el ascenso social. La posibilidad de igualar las oportunidades entre la población ha sido desde épocas remotas una imperiosa pero inalcanzable necesidad» (párr. 3). En este sentido, no basta con acercarse a las desigualdades sociales, sino que se necesita comprender el entorno social, reconocer e identificar los elementos potenciadores y generadores de desigualdades, y, en consecuencia, implementar acciones que doten al individuo de las capacidades necesarias para el aprovechamiento de las oportunidades creadas. Entonces, «la equidad puede verse como el camino hacia la justicia e implica el tipo de arreglos sociales necesarios para combatir las desigualdades» (Silva, 2019, p. 46). De manera que, a criterio de Bracho y Hernández (2014):
La exclusión social es la expresión más dramática de la inequidad; y se traduce en una alta concentración de riqueza, ingresos y escolaridad en unos pocos sectores, mientras que en otros prevalecen la indigencia, el desempleo y la falta de acceso a servicios públicos como la educación. La exclusión margina a ciertos grupos y genera una cadena que se transfiere de generación en generación, por lo que causa mayores desigualdades económicas, étnicas, sociales y de género. (p. 3)
Esto indica el reconocimiento de un mínimo de diferenciación en la distribución de los recursos si con ello se contribuye a la dotación de capacidades de aquellos sectores más desfavorecidos socialmente. En este punto se toma la idea de Schmelkes (2021) donde afirma que la equidad «no es dar lo mismo a todos (eso sería igualdad), sino dar a cada quien lo que necesita, y más a los que más lo necesitan» (p. 50). Por consiguiente, la equidad no puede tener una perspectiva individualista que relacione solo retribución con esfuerzo, al obviar los niveles de desigualdad existentes en la sociedad. Siguiendo el criterio de Togores (2006):
Para que exista equidad deben estar presentes dos componentes que interactúen entre sí; uno es la capacidad como elemento que permite el acceso y el otro es la oportunidad que brinda el entorno para el despliegue de esa capacidad creada. El concepto “equidad” no solo comprende la creación de capacidades, sino también el uso que el individuo puede hacer de estas, de manera que solo se da la equidad cuando existe cierta armonía entre ambas partes que permita el despliegue de las capacidades de todos los grupos sociales en el aprovechamiento de las oportunidades. (p. 10)
La equidad, así entendida, no es un resultado final al que se llegaría en la universidad, sino una condición que debiera construirse en todas las etapas educativas, pues la equidad no se ciñe a un sistema educativo concreto. En correspondencia con lo descrito por Tedesco (2021), se necesita pasar de una visión tradicional de la equidad, que conlleva analizar las contribuciones de la educación a la equidad social, a un enfoque que considere que el éxito de un proceso educativo requiere como condición necesaria unos niveles básicos de equidad y cohesión social. Este cambio de perspectiva tendría, asimismo, consecuencias en las políticas educativas que implicarían un enfoque integral en el abordaje de la desigualdad: la articulación entre las políticas educativas y las políticas de desarrollo social y de crecimiento económico.
Existe abundante justificación sobre la importancia de la equidad en la educación. La noción misma ha ido evolucionando con el paso de los años. Hace algunas décadas se asociaba el concepto de equidad con garantizar el acceso a la educación a todos los niños y las niñas. Actualmente, la noción de equidad enfatiza la igualdad de oportunidades educativas como un mecanismo para lograr luego equidad en resultados (Cueto, Miranda & Vásquez, 2016). La equidad en educación está relacionada con la igualdad de oportunidades y con los criterios de justicia e inclusión; significa, a juicio de Bracho y Hernández (2014) «educar de acuerdo con las diferencias y necesidades individuales, sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de género supongan un impedimento al aprendizaje» (p. 9).
En consecuencia, concebir un sistema educativo más equitativo, que incorpore una visión hacia la diversidad, la desigualdad, la diferencia y los espacios de exclusión social, implica pensar una educación distribuida de manera tal que favorezca una sociedad más equitativa y apegada al ideal de justicia, donde confluyan nuevos pensamientos desde la deconstrucción de los enfoques tradicionales de pensar la equidad en la educación superior. En efecto, el derecho a la educación trasciende el mero hecho del acceso, ya que exige que esta sea de calidad y logre que todas las personas desarrollen al máximo sus múltiples talentos y capacidades sin que sus diferencias sociales, étnicas, religiosas, culturales, de género u otras constituyan una barrera para el desarrollo de su aprendizaje. Dado que las diferencias son una característica intrínseca del ser humano, la educación inclusiva implica entonces una transformación radical en los paradigmas educativos vigentes pasando desde una mirada basada en la homogeneidad a una visión de la educación pensada desde la heterogeneidad.
Desde hace muchos años la mirada de la equidad en la educación superior ha estado direccionada a la compensación de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, aun cuando existen condiciones que afectan al estudiantado y que no necesariamente son de orden económico. Las reflexiones teóricas y prácticas aluden, sin lugar a dudas, desde el reconocimiento y la identificación de las situaciones de vulnerabilidad social latentes en el ámbito educativo superior, a repensar los criterios para definir los espacios de desigualdad social, en tanto condiciones sociohistóricas, simbólicas, culturales, políticas y económicas, que han vulnerado el derecho al acceso a la educación terciaria de estos grupos.
Por consiguiente, Viveros (2019) supone que
si bien la educación superior es a menudo considerada como una institución fundamental para equilibrar la redistribución de bienes materiales, culturales y simbólicos de la sociedad, hoy sabemos que esta no solo contribuye a nivelar las distintas oportunidades de las que disponen los diferentes sectores sociales, sino que juega un papel importante en la reproducción de las desigualdades sociales. (párr. 9)
En correspondencia, una de las observaciones que más destaca en los estudios se refiere a la posibilidad de alcanzar una mayor equidad educativa solamente «si se asegura igualdad de oportunidades en cuanto al acceso, la permanencia y el éxito en los logros de los aprendizajes para todas y todos, sin distinción de condición socioeconómica o política, étnica, de género o de cualquier tipo» (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2017).
La equidad ha sido reflejada en el contexto de la educación superior desde una perspectiva global en diversos informes internacionales y nacionales, lo que significa que no puede haber calidad sin excelencia y sin equidad. Los análisis propuestos se han acercado más a las instituciones, desde las estructuras más pequeñas, más cercana a la realidad universitaria, lo que ha favorecido en alguna medida que se puedan estar avizorando situaciones de injusticia en cuanto a la diferenciación de oportunidades, a la que se ha hecho referencia en varios espacios.
En el ámbito de la educación superior Lemaitre (2005) señala que la equidad ha sido entendida usualmente desde un punto de vista ceñido a lo económico: existiría equidad en la educación superior cuando la disponibilidad de recursos económicos no implique la exclusión en dicho nivel educativo. Este punto de vista, sin embargo, resulta restrictivo al focalizarse solo en el factor económico como elemento de equidad. Por el contrario, la equidad implica en su abordaje poner en juego recursos no solo materiales sino también formales, para que la igualdad de oportunidades no sea aritmética sino proporcional a las necesidades detectadas.
El principio de equidad y el de inclusión implican la atención a la diversidad, al entender la inclusión como un proceso que aspira a lograr la plena participación de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y en todos los ámbitos del desarrollo de la sociedad (educación, trabajo, salud, vivienda, entre otros). La inclusión no sería entonces un estado, sino más bien un proceso y, como tal, requiere de tiempo y acciones concretas. Aun a pesar de los avances alcanzados en materia de inclusión subsisten importantes brechas que continúan pautando diferenciales en el acceso a la educación superior. Se trata de socavar las brechas que sostienen desigualdades culturales, de género, raciales u otras; y estimular e impulsar políticas que construyan desde la diversidad un espacio que disminuya las distancias, y facilite las oportunidades y/o condiciones de lograr una educación de calidad, pertinente y equitativa.
De ahí que se conciban las brechas de equidad en la educación como espacios de exclusión socioeducativa, donde se da el acceso de forma desigual a los diferentes niveles de educación por concepto de género, raza/etnia, origen social, religión u otros, que guardan relación con inequidades históricas de la sociedad.
La equidad implica entonces, en los marcos de la educación superior, romper con los enfoques tradicionales y ofrecer las oportunidades que cada quien requiere conforme con su particular y específica situación personal y sociocultural, y favorecer así la potenciación de las capacidades de los grupos desfavorecidos para garantizar la participación igualitaria con independencia de cualquier filiación religiosa, de género, estatus económico o raza.
A consideración de la investigadora Sosa (2015), las desigualdades presentes en las oportunidades provienen tanto de la importancia y concepción de ellas en la formulación de políticas en la educación superior como del contexto social y económico en el cual se insertan y se refuerzan desfavorablemente en la medida en que se desconocen los factores que influyen en su efectividad, los cuales reúnen elementos que conciernen a ambos escenarios. Tales elementos incluyen los fines expresos de la educación superior y su respuesta pertinente a las condiciones de desarrollo de su contexto.
De igual forma, Sosa (2015) sostiene que en la literatura consultada sobre el tema objeto de estudio se exponen dos enfoques esenciales en las políticas educativas en relación con la concepción de equidad en la educación superior; estos son:
Equidad vista como justicia social, donde se privilegia la disponibilidad de oportunidades/ posibilidades efectivas para acceder a este nivel educativo dadas las premisas de derechos individuales y sociales desde la provisión de opciones y capacidades para llegar al ingreso, y que a nuestro entender apunta más al vínculo con el contexto social en el que la educación superior está inserta a partir de la identificación y el conocimiento de las brechas de desigualdad que en él se generan.
Equidad vista desde el acceso a la educación superior, que en su generalidad se entiende como acceso-permanencia-egreso, e incluso inserción o desempeño laboral exitoso, y que apunta fundamentalmente, en la mayoría de los estudios realizados y políticas aplicadas, a la formación de profesionales y al manejo de las desigualdades de los optantes al momento de entrada (ingreso) o para propiciar este, y a la continuación y culminación exitosa de estudios universitarios para una inserción laboral adecuada.
Por ello la relación entre la equidad y la igualdad en muchas ocasiones suele utilizarse como sinónimo, aunque estas aparezcan en la literatura indistintamente significadas. Por lo que para López (2016):
La noción de equidad remite precisamente a ello, al conjunto de desigualdades que se promueven para el logro de esa igualdad fundamental. No hay equidad sin igualdad, sin esa igualdad estructurante que define el horizonte de todas las acciones. La noción de equidad renuncia a la idea de que todos somos iguales, y es precisamente a partir de este reconocimiento de las diferencias que propone una estrategia para lograr esa igualdad fundamental. La igualdad es, entonces, una construcción social. (p. 38)
Desde la teoría se identifican, de la mano de Marc Demeuse (citado por López, 2007), cuatro principios de equidad para el escenario educativo, relacionados a partir de las siguientes igualdades fundamentales:
Igualdad en el acceso, como expresión del principio de igualdad de oportunidades de acceso.
Igualdad en las condiciones o los medios de aprendizaje, a partir de enfatizar en las estrategias pedagógicas y propuestas institucionales.
Igualdad en los logros o resultados, como expresión de igualdad en el acceso al conocimiento pertinente.
Igualdad en la realización social de estos logros, al establecer que un sistema educativo es equitativo si su impacto social resulta igual en cada uno de los diversos escenarios sociales en los que se inserta y se utiliza como medio para el desarrollo social (López, 2007, p. 70).
Dicho autor propone la definición de equidad educativa «a partir de la búsqueda de la igualdad en los logros educativos y en las oportunidades de una educación superior; presupone asumir y promover un conjunto de desigualdades, legitimadas desde este principio de equidad»; y asevera que «solo serán justas aquellas desigualdades que están orientadas a garantizar igualdad en los resultados» (López, 2005, p. 65).
A juicio de la profesora Sosa (2015):
La configuración de la equidad desde una visión más general, vinculada con las características del contexto que rodea el universo educativo, así como el reconocimiento del principio de igualdad en las oportunidades para hacer efectivo el derecho a la educación, incide en las políticas que abogan por la oferta de oportunidades adecuadas y efectivas para el ingreso, al tiempo que asegura en la educación una fuente de recursos para ejercer una ciudadanía responsable. (p. 25)
De manera que «se vinculan estrechamente la educación y la equidad, entendiéndose equidad educativa no solo como la contribución que realiza la primera a la segunda, sino también la necesidad de esta última para dar contenido a una política educativa socialmente exitosa» (Tedesco, 2011, p. 43). Teniendo en cuenta el modelo teórico “Igualdad y Equidad” propuesto por Espinoza, González y Latorre (2009) se plantean varios estadios del proceso educativo, en tanto etapas, avances y condiciones de éxito que dan vida a la trayectoria educativa de un individuo. Se distinguen los cuatro estadios siguientes:
Acceso: es la posibilidad de incorporarse a un nivel determinado del sistema educativo de calidad acreditable. En el caso del acceso a la educación superior debe considerarse tanto a los estudiantes que ingresan al sistema como a los jóvenes que postulan.
Permanencia: resulta la condición de sobrevivencia y progreso al interior del sistema edu cativo.
Logro: es el reconocimiento al rendimiento académico que obtiene el estudiante, medido a través de calificaciones y evaluaciones.
Resultados: constituye la consecuencia final del proceso educativo y da cuenta de las impli cancias y el impacto de las certificaciones académicas obtenidas por los individuos, y que se traducen en la empleabilidad, el nivel de remuneraciones y la posibilidad de escalar posiciones o vincularse al poder político.
Aproximarnos al estudio de la equidad, y en particular de la equidad en el sistema educativo terciario, conlleva al surgimiento de cuestiones de distinto orden, donde aparecen posturas conceptuales tradicionales y progresistas que no están exentas del riesgo que implica definirla en tanto limitaciones y dilemas. Por lo que se precisan en la obra de Sánchez-Santamaría y Manzanares (2012) tres niveles para el estudio de la equidad, asociados a la equidad en educación (macro-equidad), la equidad educativa (meso-equidad) y la equidad pedagógica (micro-equidad). El primer nivel, por su importancia en la transformación social, ofrece una visión especial a este artículo, pues se define desde la mirada de los autores antes citados como «el conjunto de políticas educativas articuladas en planes, programas y medidas orientadas a promover la justicia social y la inclusión en el marco de una educación para todos» (p. 15). La noción teórica de la equidad en educación desarrollada en el artículo se relaciona con los principios de inclusión y justicia, así como con la igualdad de oportunidades educativas para que los individuos puedan acceder, permanecer y egresar de manera exitosa del sistema educativo superior y, en consecuencia, dotar de recursos a los grupos más desfavorecidos. Cabe señalar que, en un contexto tan diverso y lleno de desigualdades, «tratar a todos por igual en un contexto de gran diversidad implica instalar prácticas discriminatorias en el corazón de las instituciones educativas» (López, 2016, p. 39).
Desde la mirada que antecede, Bracho y Hernández (2014) dejan claro lo siguiente:
El enfoque de equidad reconoce las diferencias individuales y socioeconómicas desfavorables y busca corregirlas. Por ello, para que exista equidad en la educación se requiere que exista igualdad de oportunidades y capacidades entendidas como eliminar los obstáculos sociales que impiden la libre competencia entre los individuos, pero también que dicha competencia sea justa y que los resultados de esa libertad se traduzcan en capacidades que generen ventajas para los desfavorecidos. Es así que existe una acepción clara de justicia en el término de equidad, pero también de inclusión para los grupos sociales. (p. 10)
En un escenario tan plural y diverso se concibe la equidad como un espacio que, en función de las diferencias y necesidades particulares de los individuos, propicie alternativas que permitan la reducción de estas. Dentro de la educación superior, particularmente, adquiere una mirada singular en la accesibilidad y movilidad de los estudiantes, para lo cual se deben garantizar desde la institución las vías idóneas para favorecer el proceso y no a la inversa. Implica entonces la generación de condiciones necesarias para el acceso a los servicios fundamentales. En este sentido, se deben generar apoyos desde la propia concepción de la política, con características específicas hacia aquellos grupos vulnerables, y diversificar la oferta académica, los requisitos de admisión, el apoyo del Estado y los procedimientos de acceso al sistema educativo superior, que apunten hacia el logro de un equilibrio en el acceso a más oportunidades y a programas más inclusivos como respuesta a las necesidades y demandas sociales.
CONCLUSIONES
La aproximación a los enfoques teóricos sobre la noción de equidad, y en particular de equidad en la educación superior, denota los grandes desafíos y retos que aún persisten en el escenario internacional, marcado por disímiles espacios de exclusión social. Es la educación superior, sin lugar a dudas, la encargada de actuar en correspondencia con las demandas actuales y promover la equidad en todas sus formas, favorecer la disminución de las brechas de equidad, generar oportunidades reales de acceso, así como su aprovechamiento, en tanto políticas educativas efectivas, incluyentes y diversas.
