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INTRODUCCIÓN
Actualmente, el mundo afronta una problemática muy preocupante en relación con el del medio ambiente que amenaza la existencia humana y la biodiversidad. Como consecuencia de la degradación ambiental, por el agotamiento y mal uso del suelo, agua y aire, la expansión, crecimiento urbano e incremento de la población humana (González, 2019), así como por la tecnología, la industrialización y la globalización (Alcedo et al., 2022), se han destruido los ecosistemas (Semarnat, 2016, citado por Pataca & Flores, 2022).
Ante esta problemática, nuestro planeta se encuentra en estado de emergencia peligrando la existencia de todos los seres vivos (Castro & Benarroch, 2023). Sobre este tema, la OMS resalta que del total de enfermedades que existen en el mundo, 101 están significativamente relacionadas con temas ambientales (Neri et al., 2022).
Año tras año, 13 millones de toneladas de plástico contaminan los mares, perjudicando a 700 especies marinas, lo que genera grandes pérdidas económicas e impactos negativos en el ambiente (Greenpeace, 2019 citado por Lizano & Pisconte, 2022). Asimismo, a nivel mundial las poblaciones de aves están disminuyendo grandemente a consecuencia de la contaminación y el cambio climático (Becerril, 2022).
Ante ello, se responsabiliza a los países asiáticos como los más contaminantes del planeta, ya que África y Asia resaltan por el deficiente e inseguro manejo de los grandes residuos médicos que traen efectos negativos en las salud y medioambiente (Rodríguez, 2022). Por su parte, en Europa la contaminación atmosférica es la principal fuente que daña la salud y medio ambiente (Díaz-Fonseca et al., 2020), mientras que en América Latina los países más contaminantes con CO2 son México, Brasil y Argentina (Freire-Vinueza et al., 2021).
En Perú, la degradación ambiental es provocada, en gran parte, por las empresas mineras ilegales que arrojan sus desechos a los ríos y mares, la tala indiscriminada de árboles, los derrames de combustibles en los ríos y mares, lo que ha causado graves consecuencias en el medioambiente y la fauna.
Tomando como referencia los elementos anteriores, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis bibliográfico sobre la responsabilidad social pública y las compras estatales, específicamente en si estas están enfocadas a prevenir el deterioro ambiental y si fomentan la sostenibilidad ambiental.
MÉTODOS
El presente artículo tiene un enfoque cualitativo de corte narrativo. Se deriva de la búsqueda bibliográfica de artículos en bases de datos como Latindex, Scopus, Scielo, Dialnet y también Google Académico. Al efectuar la búsqueda se utilizaron las palabras clave responsabilidad social pública, contrataciones ecológicas, compras públicas, sostenibilidad ambiental, contrataciones sostenibles. La búsqueda se realizó en español, inglés y portugués. El criterio de selección fue por la relación con el título del presente artículo, donde la evaluación de calidad de las fuentes seleccionadas fue por la trascendencia y relevancia en el desarrollo del artículo.
DESARROLLO
La responsabilidad social pública
La responsabilidad social pública son actos a través de los cuales las personas o instituciones asumen compromisos de respetar al entorno y a la sociedad. Es una herramienta a través del cual los gobernantes obtienen una orientación holística de sus organizaciones para ser asertivos en sus decisiones, enfocados en el desarrollo económico, la preservación ambiental y perspectivas sociales (The International Organization for Standardization, 2010). En el ámbito privado, la práctica de la responsabilidad social les permite a las empresas promocionar su marca y diferenciarse de la competencia (Rodríguez, 2023), mientras que su práctica en la Administración Pública implica que sus integrantes trabajen articuladamente con los sectores estatales y privados (López, 2021).
A nivel interno, la responsabilidad social contribuye al cuidado social en la gestión institucional, mejorando el compromiso y participación de los trabajadores en su institución (Gallardo-Vázquez & Juárez, 2022). Por ello es importante implementar clausulas éticas, sociales, transparentes y sostenibles a efectos de mejorar la gobernanza, eficiencia y eficacia de las políticas públicas, la comunicación y cooperación con diversos grupos interesados, así como el desarrollo territorial responsable (Canyelles, 2011 citado por López, 2021). Igualmente, las instituciones deben fomentar procedimientos socialmente responsables a través de las reformas legales, normativas y creando incentivos (Gutiérrez, Nevado & Pache, 2019).
En este contexto, se destaca España con su Libro Blanco, cuya finalidad es implantar una política socialmente responsable que colabore e incentive a las instituciones a adoptar acciones y comportamientos responsables, previniendo vacíos legales que contribuyan a tomar acciones contra las empresas a fin de declararlas insolventes por los daños y perjuicios que ocasionan al ambiente (Díaz, 2020).
En Perú, la responsabilidad social es practicada generalmente por algunas empresas privadas, como las mineras con programas sociales a favor de las comunidades que contribuyen al desarrollo socioeconómico, pero también existen empresas mineras informales que perjudican el medioambiente y a la población (Sánchez et al., 2019). Igualmente, hay empresas financieras como el BCP, Interbank y Scotiabank que desarrollan actividades de responsabilidad social medioambiental, social y económica (Da Costa & Goicochea, 2022).
Sin embargo, es importante que las instituciones públicas del Estado implementen criterios, acciones y comportamientos socialmente responsables en sus diferentes procedimientos y normativas, como por ejemplo en las compras públicas estatales, que sean sostenibles en base a la responsabilidad social y que fomenten el respeto, prevención y buen uso de los recursos medioambientales, puesto que las adquisiciones estatales representan un segmento importante en el mercado.
Contrataciones estatales
Son la adquisición de servicios, suministros y obras para alcanzar el desarrollo del Estado, tanto en salud, seguridad, educación, infraestructura, transporte por lo que constituyen gastos importantes en la gestión pública (Oliveira, 2015, citado por Sturmer et al., 2022). Su importancia radica básicamente en las actividades económicas y primordialmente en la organización de los recursos para concretar políticas públicas (Zylberman, 2015, citado por Pinto & de Sousa 2020), por lo tanto, las compras públicas son la correcta utilización de los fondos estatales (Araujo et al., 2020), y no solo para proveer a la población de las urgencias, sino que deben además cumplir las expectativas y alcanzar condiciones saludables para la población de manera sostenible (Palacín 2022).
En la Unión Europea, se resalta la importancia de las compras públicas como una herramienta a utilizarse a efectos de alcanzar un crecimiento sostenible, integrador e inteligente (Gutiérrez, Nevado & Pache, 2019). En Brasil, las compras públicas están orientadas fundamentalmente en la calidad, precio y rapidez, las cuales para alcanzar la eficiencia deben ser supervisadas (De Sousa & Figueiredo, 2022).
En Perú, según el artículo 1 de la normativa de las compras públicas, el propósito de las contrataciones estatales es aumentar el valor de los recursos del Estado, haciendo contrataciones oportunas, de calidad, con precios justos y que influyan positivamente en la sociedad y el Estado (OSCE, 2019).
Las compras públicas sostenibles
Actualmente son consideradas como un instrumento de las contrataciones que integran criterios de sostenibilidad social, ambiental o ético (Foy, 2011). Las compras estatales deben brindar valores estratégicos durante las fases de la contratación para mejorar las prácticas y comportamientos para proteger el medio ambiente (Fernández, 2022), por ello los procesos de adquisición y abastecimiento deben ser estrategias renovables a favor de la sostenibilidad (Qazi & Appolloni, 2022).
La Agenda 2030 plantea el desarrollo sostenible, la economía sostenida e inclusiva, siendo estos indispensables para lograr el bienestar. En ella, su objetivo 12 promueve las compras públicas sostenibles de servicios-bienes-obras, transparentes, viables y con responsabilidad social, por ello existe la necesidad de establecer criterios de sostenibilidad en los documentos de contratación estatal (CEPAL, 2015).
En este contexto, la Unión Europea, en su pacto verde, pretende un futuro sostenible, con cero contaminación, disminución de componentes tóxicos, restablecimiento y preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, basados en un sistema de alimentación saludable y justo, respetando el ambiente y un eficiente uso de la energía para el 2030-2050 (Unión Europea, 2020). También, con la finalidad de transformar la compra pública en creadores de sostenibilidad social y bienestar integral, se resalta la importancia de incluir requisitos ambientales y sociales en las compras públicas (Arnáez, 2022). Precisamente por ello, se propone como estrategia la contratación estatal verde para alcanzar mayores niveles de cuidado ambiental.
Particularmente, en Brasil desde el 2010 se estableció como política pública las licitaciones sustentables para salvaguardar el medio ambiente (Oliveira & Oliveira, 2022). Por su parte, en Colombia se esfuerzan por hacer un uso adecuado del agua, disminuir los residuos de CO2 y reducir los impactos ambientales pero su principal reto es adquirir conocimientos para incorporar prácticas verdes en el proceso de suministros (Rojas, 2021). Así mismo, en Perú desde el 2018 se incluyeron criterios de sostenibilidad para que las contrataciones públicas sean sostenibles, transparentes y socialmente responsables (OSCE, 2022).
A continuación, en la Tabla 1, se pueden apreciar los criterios de sostenibilidad en diferentes países del mundo.
DISCUSIÓN
La práctica de la responsabilidad social para salvaguardar el medioambiente se viene practicando en varios países del mundo, a través de la incorporación de los criterios sostenibles en el proceso de las compras públicas.
En Perú, desde el 2018, se han implementado criterios de responsabilidad social en las compras públicas, no solo para fomentar y contribuir al cuidado y protección del medioambiente, sino también para hacer frente a la corrupción, lucha contra la violencia y calidad de servicios. Además, el país debe considerar incorporar al proceso de las compras estatales criterios adicionales a efectos de continuar con la protección del medio ambiente tomando como referencia los criterios sostenibles de países como China, España y Brasil. También tomando como referencia los lineamientos que aparecen en el Libro Blanco español, se deberían plasmar criterios para declarar insolventes a las empresas que ocasionen derrames de combustibles y minerales que perjudiquen grandemente a la fauna, flora y mares, por los daños y perjuicios irreparables.
Es preciso resaltar que, como limitaciones para el desarrollo del presente trabajo, no se encontraron fuentes de artículos de revisión relacionados a las compras públicas sostenibles en el Perú, lo que limitó a contar con fuentes nacionales.
CONCLUSIONES
La responsabilidad social se viene practicado a nivel mundial por varias instituciones estatales a través de las compras públicas sostenibles.
La responsabilidad social debe ser practicada por las instituciones estatales, privadas, la sociedad y todos en general para garantizar el cuidado a largo plazo del medioambiente.
Las compras públicas sostenibles contribuyen a combatir la creciente problemática de la degradación ambiental que afecta grandemente los ecosistemas y a todos los habitantes. Por ello, es importantísimo que los países y sus instituciones que aún no son socialmente responsables en sus procedimientos y compras públicas, tomen conciencia e implementen criterios de sostenibilidad ambiental tomando como referencia a los países que se estudiaron en el presente artículo
