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Introducción
Las transformaciones en curso, en el sector agrario cubano, se asumen como vitales no solo para la sostenibilidad del desarrollo en ese ámbito, sino también para la del propio sistema sociopolítico, en los marcos del proceso oficialmente nombrado Actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista (en adelante, Actualización). Esto queda refrendado desde los documentos programáticos de dicho proceso, que ubican el calificativo de sostenible en igual nivel jerárquico que los de soberana, independiente, socialista, democrática y próspera, en la visión proyectada de la nación (PCC, 2021).
El sector agrario por más de dos décadas ha experimentado una continua disminución del tradicional peso del sector estatal, de su mayoritario número de obreros agrícolas y explotación extensiva de la tierra, para dar paso al progresivo aumento de productores usufructuarios en roles de cooperativistas o de privados individuales, con producciones a pequeña escala. A su vez, entre las organizaciones cooperativas, se ha incrementado la cantidad de tierras cuya gestión productiva es realizada por Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), por encima de las áreas que controlan Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Específicamente, sobre las complejidades que afronta en el sector la política agraria, estudiosos, desde diversas disciplinas científicas, coinciden en que la mayor complejidad de los problemas está en las relaciones de producción, sin subvalorar la limitada disponibilidad de recursos, mientras que, paralelamente, se ha postergado el debate de cuestiones sociopolíticas y socioestructurales implicadas por la prioridad dada a transformaciones estructurales y de dirección (Espina Prieto & Echevarría León, 2020; Pérez Villanueva et al., 2013).
Uno de los principales cambios previstos en la política agraria, actualmente, es la orientación del modelo de gestión hacia un mayor nivel de protagonismo y autonomía de formas no estatales, con énfasis en las cooperativas y, dentro de estas, las CCS, tomando en cuenta el histórico componente privado de sus bases1. Esta visión busca correspondencia, además, con la creciente pluralidad de procedencias sociales de los nuevos socios de esas organizaciones en los últimos años. Estos nuevos miembros son individuos y familias de distinto origen estructural y laboral, incorporados mediante el reimpulso de las prácticas de entrega de tierras estatales en usufructo, desde el final de la primera década de este siglo, en el marco de la Actualización y su estrategia de revitalización productiva.
Sin embargo, esas proyecciones favorecedoras de la autonomía de los productores se instituyen luego de sucesivas décadas de identificación del socialismo con propiedad estatal, no solo en términos legales, sino también en los imaginarios colectivos. Este encuentro entre representaciones tradicionales y emergentes, respecto al poder de decisión de las formas productivas no estatales, hace necesario el seguimiento sociológico a transformaciones del universo político de los actores sociales del ámbito cooperativo para visualizar y gestionar con objetividad potenciales fuentes e impactos de contradicciones ideológicas en los procesos por el desarrollo agrario.
De una parte, este respaldo científico favorece el enfoque integral y crítico de la práctica económica, política y cultural, en un país cuyo gobierno declara la intención de actualizar su modelo económico y social, asegurando la sostenibilidad que, precisamente, incluye esas tres dimensiones antes mencionadas, además de la medioambiental.
En aras de una definición de la sostenibilidad relativa al sector agrario para este artículo, se constata que, concepciones derivadas de la "Cumbre de la Tierra", en Río de Janeiro, 1992, y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1994, buscaron llevar el análisis más allá del tradicional vínculo producción ecosistema para integrar fines ecológicos, socioeconómicos y políticos. Eso propició que las visiones de sostenibilidad comenzaran a considerar el logro no solo de crecimiento productivo, sino también de indicadores de equidad social, de inclusión política y participación de la diversidad cultural, de preservación de la capacidad recuperativa medioambiental, de valoración del aporte de culturas originarias y tradicionales a la preservación ecosistémica.
Esta integración se inserta progresivamente también en el sector agrario. En el contexto latinoamericano se valoran componentes socioculturales y políticos a priorizar como: el diálogo cognitivo, tecnológico y sociopolítico con organizaciones y movimientos de agricultores (Altieri, 2016), las garantías de justicia social sobre bases de representación y oportunidades equitativas a la diversidad socioestructural del campo (Ceroni Acosta, 2018). Sin embargo, los enfoques se centran en microsistemas agrarios (fincas, organizaciones productivas, agrupaciones campesinas), no en la sostenibilidad del sector agrario en su integralidad.
En Cuba, sobre todo en la extensión agraria, al percibirse como problema la disminución del número de campesinos, desde inicios del siglo XXI, se fortalece la pauta sociocultural, expresada en la fortaleza y necesaria continuidad del modo de vida agrario, en el análisis de la sostenibilidad. Esta comienza a ser visualizada, según Romero (2017), como el logro confluyente de fines de eficiencia económica, participación social equitativa, recuperación de tradiciones productivas e innovativas amigables con el medioambiente, relevo generacional. Tal significado puede entenderse como una toma de conciencia científica, de que la autopercepción de los productores individuales y familiares, con énfasis en los jóvenes, como gestores de una cultura agraria y como garantes de su reproducción, es condición clave para la consecución y preservación del desarrollo agrario.
Específicamente sobre la participación social y el relevo generacional, añaden Samper, Jiménez y Díaz (2019) elementos relativos a los jóvenes en roles productivos como: apoyo a sus proyectos innovadores en la pequeña escala, fortalecimiento de su sensibilidad hacia necesidades del desarrollo endógeno de sus localidades y la concepción de políticas agrarias que visualicen a esos jóvenes, no como sujetos a ser asistidos, sino como actores con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas institucionales.
En estos y en otros referentes teóricos consultados de modo general, es minoritaria la visualización de lo sociopolítico como componente de la sostenibilidad, no obstante, en ellos se encuentran valoraciones de la importancia de las relaciones dialógicas, garantía de consenso y credibilidad recíproca, entre los productores y la institucionalidad. Este aspecto adquiere en Cuba una connotación adicional cuando las directrices de la Actualización ponen en el centro la continuidad del carácter socialista de los procesos por el desarrollo económico (PCC, 2021).
Con sustento en esos criterios teóricos, en este trabajo se define la sostenibilidad para el sector agrario como: el logro de procesos y resultados que integren rendimientos productivos satisfactorios, equidad en la participación económica y en el reconocimiento de la pluralidad de actores sociales implicados (productores individuales y familiares, organizaciones e instituciones), respeto a la preservación del medioambiente, del sentido de identificación con el modo de vida agrario y del consenso básico entre el sector productivo y la institucionalidad rectora.
En cuanto a la definición de condicionantes asociadas a transformaciones sociopolíticas, se asumen con este calificativo las transformaciones de estratificación social y cultura política, dos categorías importantes en el análisis de la Sociología Política, que pone el énfasis en las relaciones de poder como instrumento o finalidad del Estado y de los diversos grupos sociales.
En materia de estructura social, referentes significativos se encuentran en estudios cubanos (Espina Prieto, 2015; Espina Prieto & Echevarría León, 2020), sobre la diversificación progresiva de grupos de personas visualizadas como sujetos económicos. En tal sentido, se refieren a las diferencias de estatus económico y social condicionadas por sus roles e interrelaciones en el mercado de trabajo, por sus fuentes de ingresos, condiciones de partida para el acceso a emprendimientos y a formas productivas y, paralelamente, como sujetos pertenecientes a determinado grupo de edad, etnia, género o territorio, etc.
En cuanto al análisis de la cultura política, se asume una concepción aportada desde los estudios sociológicos cubanos, la de Cabrera (2015, p. 62): "conjunto de orientaciones, pautas y valores sociosicológicos relativamente estables que caracterizan a las relaciones que se establecen entre los distintos sujetos sociales con respecto al poder político y que condicionan la experiencia del desarrollo político de la sociedad". Esta tiene el valor adicional de ubicar a la cultura más allá de los marcos del clásico sistema de instituciones políticas, aludiendo a su efecto mediador en procesos de las distintas esferas del desarrollo.
El análisis de esas transformaciones de índole sociopolítica como condicionantes, de cara a los fines de la política agraria y su sostenibilidad, asume la descripción de Grimson (2014) de lo sociocultural como conjunto de mecanismos axiológicos, cognitivos, orientadores y reguladores de la experiencia. También retoma la del propio Cabrera (2015) sobre la cultura política como fuerza que simbólicamente configura posicionamientos valorativos y formas de participación en los diversos procesos, al expresarse como valores legitimados colectivamente y, al mismo tiempo, confrontados con otros valores que guían a los individuos y grupos hacia la asunción de determinados comportamientos, pautas de elección, defensa o deslegitimación frente al ejercicio de la autoridad institucional.
Esos sustentos permiten definir como condicionantes para la sostenibilidad agraria, asociadas a transformaciones sociopolíticas del ámbito cooperativo cubano: los efectos posibles de adjudicar a la actual diversificación de actores económicos cooperativistas y a la reconfiguración de sus representaciones colectivas, valores y orientaciones comportamentales respecto a mecanismos de poder para el curso y resultado de la estabilidad productiva y política, preservación medioambiental y cultural del sector agrario, según prioridades éticas e ideológicas promovidas por el sistema socialista de la nación. En este caso, se centrará el análisis en las condicionantes en sentido desfavorable.
Los aspectos hasta aquí introducidos conducen hacia el objetivo de: valorar potenciales condicionantes para la sostenibilidad del sector agrario asociadas a transformaciones sociopolíticas del ámbito cooperativo cubano.
La obtención de información necesaria para cumplir ese objetivo contribuye a visibilizar el peso de los aspectos subjetivos y culturales en la instrumentación y el resultado de las prácticas económicas de la Actualización. De tal forma, se sustenta una visión prospectiva de condicionamientos a mediano y largo plazo para el logro de los fines estratégicos de la política agraria, con énfasis en el contexto cooperativo. Entre esos fines, es clave la preservación de la esencia socialista de la agricultura y, con esta, el sentido sociopolítico de la sostenibilidad.
Materiales y métodos
La obtención de la información necesaria en función del objetivo de este trabajo tomó como unidad de análisis una serie de estudios teóricos y empíricos realizados en Cuba desde finales de la primera década del presente siglo, con perspectiva interdisciplinar y miradas críticas sobre la política agraria, sus transformaciones en curso, con mayor interés en el sector cooperativo, así como la creciente heterogeneidad socioestructural de las fuerzas productivas de la agricultura.
Aunque esos estudios no estuvieron orientados hacia el mismo objetivo que la presente investigación, sus aportes en términos de criterios, cuestionamientos y alertas científicas, son obtenidos a través de los métodos de análisis-síntesis e histórico. También es aportador el análisis sociológico de documentos programáticos de la Actualización, base de las prioridades estratégicas del desarrollo y la sostenibilidad para el sector agrario.
El método de análisis-síntesis se aplicó, en primera instancia, mediante la identificación de criterios descriptivos y explicativos, aportados desde las perspectivas sociológica y económica, estrechamente vinculadas. De esos criterios, tomados como sustentos, se seleccionaron argumentos clave en aras de establecer, tanto valoraciones actuales, como proyecciones reflexivas en visión de mediano y largo plazo. De este modo, la sistematización de los conocimientos resultantes condujo a una valoración integral de condicionantes sociopolíticas en primera instancia, desde el ámbito cooperativo para la sostenibilidad del sector agrario.
El empleo del método histórico se concretó en la sistematización de aspectos esenciales del devenir de la Actualización y, dentro de esta, en particular, de las transformaciones en política agraria y la recomposición social en el sector, con énfasis en el sector cooperativo. Estos procedimientos analíticos tomaron en cuenta criterios de García, Ibáñez y Alvira (1989) sobre la necesidad sociológica de analizar integralmente condicionantes del fenómeno, en este caso, de la creciente pluralidad sociopolítica.
El análisis sociológico de documentos base de la Actualización se centró en el de "Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista" (en adelante, Conceptualización) y en el de "Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución" (en adelante, Lineamientos), con amplia referencia al sector agrario y sus transformaciones estratégicas.
Considerando las explicaciones de Jiménez y Carreras (2002) sobre este método, su aplicación se centró en identificar, preliminarmente, hasta qué punto se visualizaron en las concepciones y directrices oficiales las transformaciones sociopolíticas del ámbito cooperativo, en términos de potenciales condicionamientos para la sostenibilidad del sector agrario. Pero antes, el primer momento de resultados de este artículo también permitió resumir los principales fines y líneas de acción de la política agraria en la actualidad.
Esta investigación, con características de bibliográfica-documental, asumió los riesgos de la existencia objetiva de una limitante principal: el hecho de que, ante todo, en el contexto de las restricciones de movilidad física impuestas por la pandemia en Cuba durante los años 2020 y 2021, se imposibilitó la realización sistemática de un trabajo de campo, importante para caracterizar otros indicadores de transformaciones sociopolíticas, más diversas y recientes, en los productores del ámbito cooperativo agropecuario. De ahí que fuera necesario recurrir a los estudios publicados en los últimos cinco años sobre problemáticas afines a la reflejada en el objetivo de esta investigación, además del ya referido análisis de documentos rectores.
Resultados y discusión
El análisis del documento de Lineamientos, que en 2021 actualizó la edición de 2016, permitió, en primera instancia, visualizar entre las principales líneas de acción en política agraria la búsqueda de alternativas hacia una mayor autonomía de las cooperativas, consideradas como una forma de propiedad funcional al socialismo. En tal sentido, se dispuso la eliminación de instancias intermediarias en la comercialización, aunque bajo la preponderancia de la empresa estatal en la gestión tecnológica, productiva y comercializadora. Al respecto, se declaró la intención estatal de ampliar la correspondencia entre los precios a pagarles y los del mercado internacional, así como la concentración de inversiones en los productores más eficientes, con la necesaria especialización de servicios bancarios.
También se establecieron disposiciones para el fortalecimiento del enfoque de cadena entre la producción primaria y los distintos eslabones del complejo agroindustrial, en actividades generadoras de ingresos externos o de sustitución de importaciones que, a su vez, representarían mayores opciones de exportación para los productores cooperativistas. Igualmente, en respuesta a constantes cuestionamientos por parte de productores y organizaciones, se replantearon términos del contrato en la gestión económica más favorables a su observancia bidireccional entre las formas productivas y el Estado.
En función del reimpulso productivo de rubros exportables tradicionales y emergentes, conjuntamente con el necesario incentivo a productores no estatales, se estableció una estrategia de asesoría técnico-comercial y jurídica, a los de mayor solvencia y mejores resultados productivos, para su progresiva inserción en dinámicas exportadoras. También se implementaron acciones de revitalización de prácticas agroecológicas tradicionales, en integración con propuestas extensionistas de los avances científico-técnicos.
En aras de fortalecer la sostenibilidad en su componente sociocultural, se implementó una estrategia integral de estímulo a la incorporación y permanencia de fuerza laboral en el campo y de asentamiento familiar definitivo, con énfasis en los jóvenes. Esta se materializó mediante la entrega de tierras estatales en usufructo, que desde el año 2008 se comenzó a reorganizar, regulada por los sucesivos Decretos-Leyes (el No. 259/2008, el No. 300/2012 y el No. 358/2018)2, en función de reducir la cantidad de tierras ociosas, repoblar los contextos rurales con individuos, familias y comunidades en condición de fuerzas productivas. A estos, se les incorporó legalmente como socios en las cooperativas existentes en sus respectivas zonas de tierras obtenidas.
Aunque continuó la aprobación de nuevas acciones legales para el sector agrario, como el paquete de sesenta y tres medidas3 del año 2021, dirigido a resolver problemas productivos, estructurales, organizativos, financieros y de comercialización, se mantuvo explícito el compromiso oficial con la descentralización económica-financiera, con la participación de las formas productivas no estatales en dinámicas del mercado nacional y exportador, con una gestión integral de la sostenibilidad en términos productivos, agroecológicos, de relevo generacional y preservación del sistema social institucionalizado.
Los estudios de cuyos resultados se dedujeron informaciones en función del objetivo de este trabajo fueron realizados desde el diálogo interdisciplinar entre las ciencias sociológica y económica por investigadores cubanos en los últimos siete años, con miradas críticas en el seguimiento a la implementación de políticas públicas, especialmente las del ámbito agrario.
En el contexto de la creciente movilidad social desde el sector estatal hacia las cooperativas, los nuevos y tradicionales productores que confluyen son descritos por González (2017, p. 26) como: "cooperativistas de origen asalariado, cooperativistas de origen campesino, pequeños productores campesinos, nuevos campesinos, la empresa estatal". Sus análisis al respecto, se tomaron como síntesis descriptiva de la ascendente pluralidad, donde el reconocimiento legal y social del pequeño agricultor crecía rápidamente, empoderado sobre la base de una gestión privada de tierras en usufructo y, consecuentemente, en franca reelaboración de proyectos diferentes a la tradicional tendencia de colectivismo estatal.
La progresiva estratificación social agraria, facilitada por factores como la ubicación y calidad de fincas y suelos, la conexión o no con oportunidades de mercado nacional e internacional, el acceso a fuentes de financiamiento fuera de la política crediticia, la posibilidad de agregar valor a producciones primarias, entre otros, ha sobrepasado rápidamente el plano de la tradicional reproducción familiar.
Este fenómeno fue descrito por Arias y Leyva (2019) en un estudio reciente sobre las nuevas dinámicas sociales y, en especial, de cooperación agrícola, en el contexto de transformaciones agrarias. La diversificación estructural visible en esas dinámicas sociales fue enfocada directa e indirectamente como fuente de desafíos para las políticas públicas, en términos de tratamientos y apoyos diferenciados a los actores del desarrollo agrario, tomando en cuenta la cultura centralista de directivos y de muchos de los propios sujetos convertidos en productores y cooperativistas.
De lo anterior, se pudo deducir en este artículo otro desafío: esas transformaciones de composición y estratificación social propiciaron una mayor coexistencia de diversas expresiones, asociadas en mayor o menor medida con la cultura política de los actores sociales implicados. En particular, en las CCS, preferidas por los nuevos y diversos usufructuarios a partir de 2008, surgieron nuevas contradicciones en cuanto a intereses, concepciones de la participación en la toma de decisiones y de los proyectos socioeconómicos individuales y familiares.
Un estudio previo de Cruz (2015), respecto a algunas transformaciones evidenciadas en las cooperativas agropecuarias hasta la primera década del siglo XXI, aportó elementos ilustrativos del fortalecimiento de representaciones sociales desfavorables o poco ventajosas, en muchos asociados de CCS sobre las relaciones con el Estado. En su investigación, el autor adjudicaba los criterios de deslegitimación de procedimientos estatales a la exigencia de que las cooperativas dieran servicios a precios con bajas utilidades en su momento y al pago de impuestos que se consideraron elevados durante un largo período de tiempo.
Como efectos o rasgos axiológicos asociados con esas representaciones, se visualizó, en función del objetivo de este artículo, no solo el desinterés por contribuir desde lo comercial y otros servicios cooperativos al desarrollo local y nacional, sino también, más significativo por sus potenciales implicaciones, el debilitamiento del sentido de responsabilidad social frente a intereses monetarios, a lo interno organizacional y en relación con la comunidad. Ambos efectos, sobre todo entre privados socios de CCS, tendrían repercusiones negativas en los propósitos de sinergia ideológica con el resto de los actores clave del desarrollo agrario.
Desde una óptica similar, una investigación de Anaya y García (2017) identificó manifestaciones evidentes de rechazo a la mediación estatal en el acto de contratación de fuerza de trabajo temporal, a partir de la percepción de elevado, atribuida por esos productores al nivel de centralidad organizativa que ha ejercido el Estado, particularmente en términos de comercialización. Asociado con esas visiones, según ambas economistas, se incrementó el nivel de prácticas privadas informales de explotación del trabajo asalariado como muestra del arraigo de arreglos institucionales opuestos a normas jurídicas estatales, pero funcionales a la relación cotidiana de muchos productores con su fuerza de trabajo.
Esa identificación facilitó la interpretación de otro elemento significativo: la progresiva existencia de posicionamientos valorativos de deslegitimación de regulaciones legales, indicadores a su vez, en el mediano plazo, de deslegitimación de una institucionalidad garante de intereses del Estado y de la propiedad socialista en la agricultura.
Otra alerta en este sentido fue expuesta en los estudios de Donestévez (2017) y Donestévez y Muñoz (2017), sobre algunas particularidades de las políticas y el régimen agrarios, con énfasis en las del ámbito cooperativo, en el contexto cubano de transición socialista.
En sus referencias concretas a problemáticas de las cooperativas, en el primer caso, Donestévez (2017), retomando sustentos de los clásicos del marxismo, argumentó brechas persistentes en cuanto a cultura de la cooperación en esas organizaciones, todavía marcadas por la coexistencia, por una parte, de concepciones tradicionales del obrero estatal subordinado a una administración y, por otro lado, valores apegados al interés mercantil por encima del social.
En el segundo caso, refiriéndose como Anaya y García (2017) a la ascendente tendencia de explotar fuerza de trabajo agrícola sin contrato formal, junto a la persistencia de altos precios y la explotación intensiva en algunos cultivos, Donestévez y Muñoz (2017) visualizaron la posible reedición del fortalecimiento de una burguesía agraria, fuera de los marcos normativos instituidos.
Tales valoraciones dieron sustento a la identificación directa del indicador de una cultura política desligada de valores tradicionales, promovidos por el Estado, como el de la responsabilidad social y la solidaridad, considerados significativos como sostén del carácter socialista de la agricultura cubana.
Otro cambio sociopolítico paulatino se interpretó de los resultados de un estudio de Elías (2017) sobre el crecimiento de la diversidad de jóvenes cubanos como cooperativistas en los últimos años. En principio, el poco sentido de identificación de esos actores sociales con lo agrario como modo de vida tuvo clara expresión en motivaciones casi estrictamente monetarias en muchos casos, desligadas de la posible permanencia a largo plazo en ese sector socioeconómico. Esas expectativas se manifestaron luego, según la analista, en el escaso interés juvenil por otras formas de participación social más allá de la lógica producción-ganancia.
El análisis de los criterios de Elías (2017) reveló elementos que permiten valorar como un reto para la sostenibilidad, en términos ideológicos, la prevalencia de valores juveniles asociados con la ganancia monetaria-individual, del corto plazo, en detrimento de valores tradicionales de la política estatal, de defensa de la identidad agraria como un sustento de la soberanía nacional.
En el mismo año que el estudio de Elías (2017), una investigación individual de Leyva (2017) sobre las transformaciones en curso, en el sector cooperativo, con énfasis en las CCS, caracterizó la mayoritaria composición no campesina constatada frecuentemente en las juntas directivas o, la presencia en estas, de sujetos sin vínculo directo con la producción. Al respecto, alertó del posible no reconocimiento de liderazgo en esos directivos por parte de la asamblea de asociados. Esto representaría una potencial fuente de contradicciones ideológicas a lo interno de la organización por la imagen de control y no de representación de dicha junta para la colectividad.
Del propio análisis, se pudo deducir para este artículo otra fuente de contradicciones ideológicas, con mayor alcance en lo político, fuera de esas organizaciones: la erosión del rol de la junta directiva como canal efectivo de comunicación entre la CCS y las instancias administrativas de la agricultura a nivel local, provincial y nacional, cuando la sostenibilidad de las actuales transformaciones dependerá, en buena medida, de que estas representen características e intereses plurales implicados en los procesos de cara al desarrollo.
Una alerta contenida en la misma investigación, con una vigencia creciente en el inicio de la tercera década de este siglo, resumió la necesidad de reconocer a las organizaciones campesinas como: "un campo proclive al conflicto y un sistema complejo de relaciones no solo económicas, sino también políticas, éticas, simbólicas e institucionales" (Leyva Remón, 2017, pp. 81-82). Tal reconocimiento, por su previsión integral, sintetiza una base sociológica necesaria, de cara al oportuno rediseño de las políticas públicas dirigidas al sector agrario.
Dicho rediseño se comenzó a evidenciar gradualmente, con el avance de las reformas de la Actualización, pero se mantuvo urgido de sistematizar análisis de los cambios en términos sociopolíticos, de los diversos actores de la producción y lo que esto representaría a mediano y largo plazo sistémicamente.
En aras de apreciar el espacio de referencia a esos cambios en la documentación programática, el análisis del documento de la Conceptualización permitió evidenciar en los principios concebidos como sustentos del modelo económico y social para la consolidación del sistema socialista la falta de referencias concretas a la diversidad de expresiones y culturas políticas participantes en las actuales reformas.
También, se constató que la alusión a comportamientos considerados negativos o divergentes, respecto a principios y valores esenciales del sistema social cubano, se redujo a mencionar el desinterés por trabajar con eficiencia, individualismo, corrupción, delitos e indisciplinas. Además de enfocarse solo en función de lo que debería ser controlado y penalizado, esos comportamientos no se incluyen como parte de los cambios ideológicos y de valores, experimentados por una sociedad y que deberían ser mejor estudiados, en aras del diálogo entre las políticas públicas, como la agraria y los distintos sectores sociales como el cooperativismo.
Muy relacionado con lo anterior, en términos de valores y rasgos sociopolíticos predominantes en la sociedad cubana, se evidenció solamente en el documento, la identificación de fortalezas y oportunidades, no de condicionamientos en términos de desafíos y riesgos para los fines de las políticas públicas en curso. Al respecto, con elevado nivel de abstracción, fueron mencionados los elementos: voluntad política favorable a la actualización, firmeza de valores humanistas, patrióticos, de responsabilidad y honradez, así como una cultura sustentada en las mejores tradiciones históricas. La única referencia a la diversa sociedad civil fue en función de resaltar su unidad alrededor de la defensa del proceso revolucionario representado por el Estado y el Partido Comunista de Cuba.
Esa mención abstracta dejó desdibujada toda forma de implicación o condicionamiento de la creciente diversidad sociopolítica, en relación con sectores estratégicos para la sostenibilidad integral como el agrario.
Lo constatado en los Lineamientos y en la Conceptualización reveló una amplia distancia respecto a las valoraciones y alertas deducidas de los estudios científicos que se analizaron en cuanto a visualización de transformaciones de estratificación social y cultura política. Los estudios describieron o sugirieron indicadores de cambios sociopolíticos de la sociedad cubana en general y, particularmente, en las fuerzas productivas con énfasis en el sector agrario y cooperativo, que no se reflejaron con igual nivel de reconocimiento en los referidos documentos programáticos, incluso siendo estos en 2021, como ya se mencionó en este artículo, una actualización de ediciones anteriores.
El análisis de los estudios sociológicos y económicos, sobre todo, aportó información relativa a procesos de movilidad social de grupos de productores agropecuarios, por sus diversas fuentes de procedencia hacia el rol de cooperativistas y por las condiciones geográficas y de acceso a financiación y mercado de sus respectivas fincas. También facilitó un acercamiento científico a la progresiva complejidad de la composición social y de concepciones y valores en las organizaciones cooperativas a la consecuente ampliación de la heterogeneidad de intereses individuales y grupales, de proyectos económicos, de aspiraciones y posicionamientos éticos frente a las instancias directivas del sector agrario.
A modo conclusivo, respecto al ámbito cooperativo, se identificó que las representaciones colectivas desfavorables hacia procedimientos reguladores estatales, la extensión de prácticas privadas informales de explotación del trabajo asalariado, el aumento de arreglos institucionales entre productores y obreros agrícolas en desconocimiento del marco legal socialista, el fortalecimiento de valores juveniles movidos por el afán de ganancia a corto plazo, la erosión de liderazgo de las juntas directivas de CCS y el creciente rechazo a tratamientos institucionales homogeneizadores, son transformaciones sociopolíticas más visibilizadas, directa o indirectamente, desde el análisis interdisciplinar reciente de las ciencias sociológica y económica en Cuba.
Esas transformaciones, en la medida en que expresan intereses individuales y grupales que reducen la identificación con intereses estatales, revelan potenciales fuentes de contradicción y deslegitimación respecto a principios y valores tradicionales de la política agraria, promovidos por el sistema institucional socialista a través de los órganos de relación con las cooperativas (Ministerio de la Agricultura, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños). Entre esos principios, está el de considerar al socialismo como la vía que asegura resolver las dificultades del país y, por tanto, como carácter político rector del modelo agrario.
Desde esta perspectiva, se revelan condicionantes en términos de riesgos a asumir para los propios objetivos estratégicos de la Actualización, dígase, para la irreversibilidad y continuidad del sistema socialista, de la planificación sobre el mercado, de los intereses colectivos sobre los individuales que deben encontrar en el sector agrario un sostén esencial. Por tanto, la creciente diversidad, marcada por las transformaciones sociopolíticas del ámbito cooperativo, no debería ser soslayada, desde las instancias directivas e instituciones de la política agraria, por sus previsibles efectos en términos de conflictividad de culturas políticas emergentes, en distintos grupos sociales dentro de las cambiantes fuerzas productivas.
De ahí que resulte necesaria, al respecto, la realización de investigaciones empíricas y actualizaciones teóricas de mayor profundidad, en aras de enriquecer en las políticas públicas la participación equitativa y el tratamiento diferenciado de los diversos actores sociales claves para el desarrollo en el sector agrario y su sostenibilidad integral. Esos aportes científicos, a su vez, sustentarían la previsión y el seguimiento institucional a demandas, implicaciones y potenciales efectos desfavorables, en un contexto de creciente confrontación simbólica, entre el principio de colectividad y el de competitividad individual. Tal confrontación adquiere una especial connotación en el ámbito cooperativo, donde son protagonistas generaciones ya distantes de aquellas que, en los inicios del proceso revolucionario en el poder, salieron de la pobreza como resultado de la entrega de tierras en propiedad jurídica por la acción del Estado.
