PANEL DE DISCUSIÓN

 

Regulación y democratización de la comunicación en Iberoamérica

 

Communication´s regulation and democratization in Ibero-America

 

 

 Dr. Raúl Garcés Corra

Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba.

 

 

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RESUMEN

La emergencia de marcos regulatorios en torno a la comunicación es hoy motivo de debate entre los investigadores y profesionales del campo dentro y fuera de nuestro continente. Este panel propone una revisión de dichas experiencias en el contexto iberoamericano con el propósito de comprender su verdadero alcance en cada una de las naciones analizadas, así como aquellas demandas que aún permanecen sin respuesta. La discusión arroja luces sobre posibles proyecciones que deberían considerarse si se espera que estas políticas estimulen procesos genuinamente democratizadores de la información.

Palabras Clave: Medios de comunicación; políticas públicas; democratización de la información; medios públicos; medios privados; participación.

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ABSTRACT

The emergence of regulatory frames around communication is today the subject of debate among researchers and professionals from the field both inside and outside our continent. This panel proposes a review of these experiences in the Ibero-American context in order to understand their true scope in each of the nations analyzed, as well as those demands that still remain unanswered. The discussion sheds light on possible projections that should be considered if these policies are expected to stimulate genuinely democratizing information processes.

Keywords:Media; public policies; information; democratization; public media; private media; participation.

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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL:

• Expone las visiones  sobre el tema de investigadores de distintas áreas geográficas y contextos políticos y socioeconómicos heterogéneos.
• El debate ocurrió durante el VIII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación

Fecha de realización: 8 de diciembre de 2015.

 

Moderador: Dr. Raúl Garcés Corra, Decano de la Facultad de Comunicación de La Universidad de La Habana, Cuba. [e-mail]

 Panelistas:

• Dr. Adilson Cabral Filho: Profesor de la Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Literoi. [e-mail].b
• Dra. Ana I. Segovia Alonso : Profesora de la Universidad Complutense de Madrid, España. [e-mail]
• Dr. Carlos Del Valle Rojas: Profesor de la Universidad de La Frontera, Chile. [e-mail]
• Dr. Javier Esteinou Madrid : Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, México. [e-mail]
• Dr. José Ramón Vidal: Profesor Titular de la Universidad de La Habana, Cuba. [e-mail]  

 

Raúl Garcés (RG): Abordar el tema de la regulación y democratización de la comunicación en Iberoamérica en el marco del ICOM ha dado la oportunidad de contar con una representación plural de nacionalidades entre los panelistas. La diversidad de miradas y realidades enriquecerá un debate pertinente para el contexto iberoamericano, en un escenario donde se hace cada vez más necesaria una redefinición en torno a qué son los medios públicos y cómo pueden operar, en nuestra región,de manera que otorguen a la participación de las bases roles más protagónicos.

En sus países, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan el marco jurídico del sistema comunicativo?

Adilson Cabral (AC): En el caso de Brasil vale la pena destacar que no supimos aprovechar determinados contextos para arreglar problemas que nos afectaban en el plano de la comunicación. Tuvimos dos mandatos de gobierno con Lula, un mandato completo y un poco más con Dilma, sin embargo, considero que con la comunicación no logramos salir del infierno, como ocurrió en otras áreas como la economía y la política. Durante ese período no hubo cambios en las regulaciones asociadas al tema de la comunicación, algo que sí supieron hacer nuestros amigos de Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia.

Sin embargo, es posible advertir avances en el aumento de la producción independiente nacional, la creación de canales comunitarios y la ley de ciudadanía en los municipios a partir del decreto de TV digital en 2006.

Una acción muy reciente de la sociedad civil brasileña fue el Accionamiento del Ministerio Público para suspender las concesiones de radio y televisión de los parlamentares. Existen 32 diputados y 8 senadores que tienen concesiones de radio o TV y por esa razón desean la libertad de expresión.

Asimismo, inspirados en la propuesta argentina, aspiramos a una ley de Medios Audiovisuales. Tenemos un proyecto de ley, pero este todavía demanda esfuerzos para concretarse y precisa de instancias democráticas, de conferencias de comunicación, así como de consejos a nivel municipal, estatal y nacional que estén bien articulados.

Lo cierto es que ese tipo de estructuras funcionan en el sector de la cultura, pero no contamos con  algo así en el área de la comunicación.

Ana Segovia (AS): En mi exposición haré referencia al caso español. Para contextualizar mínimamente las cuestiones a comentar es importante recordar que uno de los grandes hitos de la legislación comunicativa en España nació en 2010 con la aprobación de la ley general de la comunicación audiovisual. Esta ley fue el cierre de la segunda legislatura del gobierno de Rodríguez Zapatero, un período de gobierno socialista, de 2004 a 2011, que fue muy activo en la cuestión comunicativa.

Como consecuencia de factores, tanto endógenos como exógenos, hubo mucho movimiento legislativo. Por un lado, se llevó a cabo la transición a la tecnología digital  terrestre de la televisión, impulsada principalmente por la Unión Europea, que impuso la trasposición de una directiva dirigida a procesos de comunicación audiovisual. Por otra parte, se identificó la necesidad de reformar el servicio público de comunicación.

Todo ello nos llevó a un periodo de aprobación de diferentes leyes, decretos reales y planes técnicos tocantes al campo de las comunicaciones y las telecomunicaciones que tuvo su punto culminante en esa ley general de comunicación audiovisual. La normativa  suponía de manera definitiva intentar algunas medidas reguladoras que fomentaban la concentración del sector de la televisión privada en España.

Por estas razones, estudiosos de la comunicación del campo de la teoría crítica y la economía política han calificado el primer periodo de gobierno de Rodríguez Zapatero como una etapa de reformas y contrarreformas. Pero no fue hasta finales de la segunda legislatura, que asumió tendencias más neoliberales, que terminó por aprobarse la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Carlos del Valle (CDV): Para analizar el caso de Chile resulta necesario aclarar que el sistema político y económico en nuestro país es muy particular. Desde el año 1975 comenzó a profundizarse un modelo económico neoliberal radical que hoy tiene su máxima expresión en una fuerte de empresarización de todos los aspectos de la vida cotidiana.

Este es una característica que nos va a ayudar a entender lo que está pasando hoy en mi país, lo que no pasa y aquello que probablemente no sucederá jamás con la estructura de los medios de comunicación existente. Estoy hablando de la implementación impositiva de las tesis de Friedman y los Chicago Boys (formados en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos) que en Chile tendrá una particular incidencia hasta la actualidad.

Otro elemento contextual importante es la pérdida casi absoluta de la presencia del sector estatal. Eso también ha calado muy profundamente en el país, prácticamente durante todos los gobiernos, incluso aquellos que no defienden ese mismo esquema, que no han logrado revertir este proceso.

Por otra parte, creo que en esta mirada del contexto es preciso destacar el rol importante que ocupa el mercado de la publicidad, una característica clave para explicar de manera clara el rol de los medios; especialmente por la radical conformación de la audiencia como la mercancía principal.

Como consecuencia de este esquema económico aparecen ciertas dificultades para conciliar el marco jurídico entorno a la comunicación. El primero de ellos es comprender qué es lo que vamos a regular: ¿el mercado, la concentración del mercado? La mayoría de las políticas apuntan a incrementar los operadores del sistema, pero se mantiene una lógica de fondo que  tiende invariablemente a la concentración de ese mercado.

Así, en el caso de la prensa tenemos un duopolio hace décadas. En la televisión- también concentrada en no más de tres conglomerados de medios- permanece la injerencia del mercado de la publicidad con un porcentaje altísimo de facturación. Mientras, la radio posee  un modelo más trasnacional. No obstante, hasta en este último, se observa una inclinación a la misma tendencia: grandes empresas controlando todo el espectro.

De esta manera, las políticas hoy se orientan principalmente a incrementar los operadores, pero no enfrentan los altos niveles de concentración, tanto en la propiedad, como en los contenidos.

Javier Estenu (JE): A lo largo de ocho décadas en México se construyó un modelo monopólico, concentrador, antidemocrático, manipulador y que obstaculiza el crecimiento de la sociedad, que favorece el afianzamiento del capitalismo industrial.

Desde la década del veinte, en México puede vislumbrarse una primera etapa que incluye el surgimiento de la radio y luego el de la televisión, en 1950. Podría decirse  que la sociedad mexicana fue una antes de la industria electrónica y otra después. A partir de entonces se experimenta una transformación del imaginario que modifica valores, principios, deseos, aspiraciones.

Esta primera etapa contiene 45 rasgos, de los cuales voy a mencionar alrededor de 8. Primero, en este modelo surgen muchos intentos de modificar el sistema jurídico, pero todos son troncados. Segundo, en dicho sistema no ocurren cambios de la antigua ley que existió. Tercero, ante esta falta jurídica lo que se imponen son recomendaciones neoliberales, que el sistema de comunicación opere a partir de la autorregulación y no a partir de leyes. Cuarto, como consecuencia de estas condiciones en el país se va  conformando, en el caso de la televisión, un modelo duopolio y en la radio, un modelo oligopolio.

En quinto lugar, se aprecia que hacia 1930 los medios dejan de ser importantes empresas de información para transformarse en empresas culturales; en 1940, en instancias de socialización; para los años 50, en grupos de presión; para los 60, en poderes fácticos, instancias institucionales y hacia el 2000, constituyen poderes fácticos salvajes a los cuales no es posible controlar.

De hecho, mi tesis es que ya no son ni poderes fácticos, ni poderes fácticos salvajes, sino que forman parte del corazón del estado. Tienen funciones estructurales a la misma altura de otros poderes como el republicano, ejecutivo, judicial y legislativo.

Por consiguiente, en sexto lugar, surgen poderes alternativos que constituyen parte de un nuevo estado híbrido, conformado por el poder legislativo, el judicial, más la telecracia y la radiocracia, que son el poder mediático.

Un séptimo rasgo es que todo el espacio radioeléctrico, que es propiedad del país, se aprovecha en términos privados y, con ello se reafianza el capitalismo. Finalmente, con todo ello es imposible transformar durante esta primera etapa las competencias, la apertura, la calidad, la participación y, sobre todo, el proceso de la democracia.

Todo esto es lo que nos lleva a la creación de un modelo salvaje que, en palabras del director de Televisa, se pudiera caracterizar como "un modelo de comunicación para los jodidos". Este es el tipo de proyecto que va a sostener México durante el siglo XX en la primera y segunda etapa.

Entre sus características, destaca además la inserción intensiva de la información secundaria, la violencia temática, el consumo exacerbado, la banalización de la realidad, la comunicación alarmante, morbosa y sensacionalista, la imposición mental del principio de la ganancia a toda costa, el show con anteojos para ver la vida, el entretenimiento vulgar estrafalario y la cosmovisión hollywoodense. Todo ello, con el objeto de obtener rating y acumular más para fortalecer a estas empresas que se habían posicionado como dominantes, marginando de este modo, a medios públicos de comunicación.

Durante la segunda etapa de vida de este modelo, inicia el actual gobierno que tenemos. El reto para sus representantes consistía en diferenciarse de la transición política que se dio durante los últimos doce años de la alternancia con la presencia del partido de Acción Nacional.

El actual gobierno estableció entonces el Pacto por México que implica el acuerdo entre los tres principales partidos para establecer las famosas reformas estructurales que llevarían a México a la modernización: reforma administrativa, bancaria,  ley de amparo, educativa, financiera, energética y -la última-que es la que nos interesa- la reforma en telecomunicaciones.

En la primera etapa de la reforma se alcanzan algunas modificaciones sustanciales de ese viejo modelo que se construyó. Entre ellas destaca el hecho de que se aborda normativamente a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como  servicios públicos. Asimismo, se busca potenciar la competencia en televisión, telefonía y transmisión de datos.

En este primer momento se determina la existencia de agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión; se establecen límites a la concentración de radio y televisión;  se crean organismos reguladores como es la Comisión Nacional de Competencia y el Instituto Federal de Comunicaciones; se homologan las concesiones para conformar una sola donde se incluyan a los sectores público,  social y privado y se autoriza la creación de algunas cadenas de televisión que durante 50 años se habían impedido.

De igual forma, los medios del Estado fueron reconocidos y se les dio autonomía, gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras de transparencia en la rendición de cuentas. Se creó una cadena de televisión, que es el sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano, y se reconoció lo que nunca se había reconocido durante el siglo pasado: los derechos de las audiencias.

Hasta aquí iba todo muy bien, estos cambios implicaron un desarrollo importante en las telecomunicaciones, a tal punto que, en 2014, mientras el producto nacional creció 2.2, las comunicaciones crecieron el doble: 4.8.

Es entonces que comienza la tercera fase: la de  las leyes secundarias. Fue a partir de ese momento que se experimenta un proceso regresivo y se expresa una especie de arrepentimiento respecto a aquello que se ha plasmado en la constitución.

Una serie de elementos jurídicos provocaron el debilitamiento de lo que se había alcanzado. Dejó de existir neutralidad o equilibrio entre las regulaciones en sectores, pues se aplica más el peso y el rigor hacia las telecomunicaciones en detrimento de la radiodifusión.

Además, la definición de preponderancia para determinar y controlar a los sectores se mantiene mediante el criterio de servicios y no de sectores, lo cual permite que sigan avanzando los monopolios. En la práctica se evita la competencia efectiva y de esa manera se mantiene intocable al duopolio de la televisión. 

No se regula la propiedad usada y los concesionarios privados no pagan prestaciones, mientras que otros sectores sí. Se invaden así las facultades de los institutos autónomos  que se habían creado para que fueran los grandes reguladores. Se regula a la secretaría de información, que es la encargada de manejar los tiempos oficiales;  por tanto no se permite que la sociedad se exprese a través de ello. No hay un impulso hacia la  apertura.

Los derechos de las audiencias quedan sumamente debilitados porque se les deja bajo el amparo de mecanismos de autorregulación y no de leyes rigurosas. Uno de los ejemplos más claros es cómo se plantea el derecho de réplica, este es un antiderecho, una antigarantía ciudadana.

En esta etapa de regresiones, el capítulo de los medios públicos se deja en el limbo para que no puedan contar con apoyo, ni avanzar. Consecuentemente, la producción nacional independiente, que servía de alternativa, tampoco se impulsa.

José Ramón Vidal (JRV): La realidad es que la estructura de nuestro sistema de comunicación es bastante diferente del que se ha estado comentando, y eso no significa que esté exento de problemas y dificultades. Nosotros no tenemos medios privados de comunicación.  Por decisión constitucional, los medios en Cuba son de propiedad estatal y social. La radio y la televisión son de propiedad pública y existen periódicos y revistas de organizaciones diversas: políticas, sociales, de masas, eclesiales y culturales, entre otras.

Ya es notable una aparición insipiente de medios digitales diversos, que inclusive reflejan una mayor pluralidad de puntos de vista y amplían el debate  a escala social. También hay políticas que estimulan una labor crítica de la prensa y una presencia más sistemática de informaciones de carácter oficial, dando cuentas de la gestión oficial a la ciudadanía.

Sin embargo, lo cierto es que todos estos cambios resultan insuficientes ante las grandes demandas que tiene el sistema de comunicación de nuestro país. Aunque no hay tiempo de explicarlas, quisiera enunciar cuáles son las principales a las que el sistema de comunicación pública, las políticas de comunicación pública y las regulaciones, tendrían que estar dando respuesta en los próximos años.

En primer lugar, hay una insatisfacción con el sistema de comunicación pública existente, expresada desde la ciudadanía y las instituciones, incluyendo el Estado y  el Partido. Se podría decir que hay un consenso acerca de la necesidad de producir nuevas políticas y cambios para que el sistema se actualice en correspondencia con las necesidades del contexto actual.

Uno de los rasgos que caracterizan ese contexto es la mayor diversidad socioeconómica de la sociedad cubana, motivado por la aparición de un sector no estatal de la economía.

También son visibles diversos niveles de desigualdad económica, mayores y crecientes, proceso originado en la profunda crisis que denominamos Período Especial. Logramos hasta los 80 una sociedad que, si bien no era igualitaria, mostraba altísimos niveles de homogeneidad y la crisis los rompió. No estamos en la misma condición que otros lugares donde este flagelo es más grave, pero sí prevalecen niveles de desigualdad que para nosotros son inéditos y eso es un rasgo de diversidad que constituye, igualmente, una demanda para el sector comunicacional.

Asimismo, se evidencia una emergencia pública de expresiones culturales y espirituales, de creencias religiosas, de orientación sexual, de color de la piel y también de un conjunto de demandas públicas a las que el sistema comunicativo todavía no ha respondido.

El otro elemento que quiero mencionar es el desafío que entraña para lo comunicativo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos (EEUU). Con este proceso inicia otro aún más arduo y complejo, el de la esperada normalización de relaciones, que ocurrirá el día que los EE.UU renuncie a revertir el orden interno en Cuba. Por lo tanto, el proceso será largo y  para lo comunicativo incluye un gran reto porque  una buena parte de la contradicción que ha existido históricamente se desplaza al terreno de la disputa de sentido, de lo imaginario, de lo comunicacional. La calidad y, sobre todo, el sentido participativo de nuestro sistema de comunicación ocupan en este escenario un lugar estratégico.

Y la última demanda  a la que debe atender el sistema comunicacional es la asociada a la necesidad de plantearse cambios que le permitan acompañar el proceso de relevo de la generación histórica que hizo la revolución. ¿Cómo acompañar a una generación de dirigentes que tiene que basarse más en la legitimidad de las instituciones y las leyes y en la capacidad que tengan de generar consensos porque ya no tendrá el aval de autoridad histórica que tuvieron otros?

Son desafíos que se mencionan en pocos minutos pero que cada uno de ellos encierra una altísima complejidad. A esto habría que sumar las transformaciones que ocurren a escala global en lo comunicacional como por ejemplo en las redes en soportes digitales diversos, ámbito en el que nuestro país tienen un retraso respecto al mundo. Este retraso se explica en parte por el bloqueo y en parte por políticas defensivas a partir del enfrentamiento de la subversión externa porque eso es un elemento que tampoco se puede obviar.  

RG: ¿Cuáles son los elementos del contexto que condicionan- favorable o desfavorablemente- la democratización de la información en sus respectivas naciones?

AC:Considero que en Brasil uno de los elementos que obstaculizan el avance en la discusión del tema es la falta de consciencia que prevalece en muchas de nuestras organizaciones sociales sobre la  necesidad de contar con instancias democráticas  como las que mencionaba anteriormente. Un ejemplo la academia, que con su apatía genera un ambiente de complicidad que contribuye a mantener un escenario conservador.

Si nuestros periodistas se forman en facultades y universidades con estas características, ¿cómo van a impactar o transformar luego los medios que sostienen la lógica del capital?

Prevalece en Brasil un debate que es muy conservador y estricto respecto a las políticas de comunicación desde la academia. Recientemente, en el libro Historia política de las ciencias de la comunicación, el autor, José Marques de Melo dedica algunos capítulos a grandes  áreas del campo de la comunicación y resalta  que no hay grupo de investigación en políticas de comunicación desde mediados los 90.

Esta es entonces una mirada crítica al lugar en el que estamos, una situación que creo responde también a un límite de voluntad tanto  de la política, como de la academia.

AS:Permítanme concentrarme en la Ley General de Comunicación Audiovisual, de la cual podemos destacar varios hitos francamente negativos, aunque también algunos avances. Para referirme a cuatro grandes problemas que, desde mi punto de vista, impiden una democratización real de las comunicaciones haré referencia a varias medidas aprobadas dentro de esta regulación y al efecto que han tenido sobre la estructura del espectro mediático español. Algunas de estas  dificultades están relacionadas con los medios privados; otras, con los públicos y los comunitarios.

Una de las medidas contradictorias fue la concentración de la propiedad privada en España. Como consecuencia, hoy prevalece una situación de marcado monopolio privado en la televisión. Solo dos grandes operadores: Media set y A3 media reúnen cinco y seis canales, respectivamente, en torno al 60% de la cuota de pantalla y casi el 90 % del mercado de la publicidad en televisión.

Esta situación no tiene en absoluto visos de ser revertida, dada la resolución que ha habido después del último reparto de canales de televisión en el que estas empresas recibieron un canal nuevo en alta definición.

Por otro lado, la importancia simbólica para mí es uno de los elementos positivos que podemos destacar de esta regulación. El documento sirvió, sin dudas, para estructurar  de manera clara las decenas de legislaciones que existían alrededor del campo de la comunicación. Proveyó, asimismo, de una seguridad jurídica  a un sector que la precisaba.

Sin embargo, lo que podría destacarse como uno de los grandes avances se ha quedado en lo mojado, lo cual representa un problema para la democratización de las comunicaciones en España. Esa estabilidad jurídica ha sido una especie de espejismo de medidas, que pensábamos estaban establecidas para perdurar en el tiempo y hoy vemos que en la práctica
no es así. Aparecen aceptadas, consensuadas, pero son retocadas continuamente, modificadas, abordadas como elementos de negociación con los diferentes actores.

Es en este panorama negociador donde resalta la aparición, cada vez con más fuerza, de los operadores de telecomunicaciones, fenómeno que, como se ha podido comprobar,  se acentúa  cuando se produce un cambio de gobierno.

Otra de las medidas más acertadas y mejor recibidas de la ley de 2010 fue la creación del Consejo Estatal de medios audiovisuales, que siguió recomendaciones de la Unión Europea. Esta establece  la creación de consejos audiovisuales reguladores, independientes del poder gubernamental, para vigilar la situación del sector audiovisual y de las telecomunicaciones. Desafortunadamente, dicho consejo audiovisual ni siquiera llegó a crearse.

CDV:Uno de los problemas derivados también del contexto y del sistema económico y político que tenemos en Chile es la falta de inclusión de las condiciones que son necesarias para poder producir políticas. No se generan conocimientos que permitan que las políticas sean más eficientes; de ahí que estas tiendan a regular el mercado o su funcionamiento, pero no sean capaces de atender los problemas socioculturales de fondo.

Como la discusión permanece ausente en términos de conocimiento, el modelo de producción de políticas en Chile resulta altamente tecnocrático, se basa en un conjunto de personas que definen qué es lo que hay que hacer, pero no en una consulta ciudadana. No existe  un modelo que permita que la discusión se lleve a otros niveles. Recientemente se están tratando de generar algunas alternativas que propicien más participación pero no sería antes de implementar las políticas, así que no estimo que se avance mucho en este sentido.

También tenemos una hipersegmentación de las audiencias sobre la cantidad de contenidos para ofrecerle. La audiencia, por lo tanto, se transforma en una suerte de instancia trascendida y fenómeno de sujeción- a través del consumo, más que orientada a las relaciones sociales y la emancipación de las subjetividades. El sujeto asume su propia condición como mercancía de este consumo.

Otro fenómeno que vemos en nuestros países es la cada vez mayor empresarización de la vida de las personas. La audiencia rompe la relación social y la reduce a una relación puramente económica. Este es un tema de fondo y creo que ninguna política va a poder resolverlo, por lo menos las que se están implementando hoy día.

Prevalece, igualmente, un énfasis muy fuerte en lo tecnológico y en la gestión, pero no en los contenidos: la diversificación de los operadores-más pretendida que lograda- y la versatilidad de la programación, son las discusiones que hoy se generan al interior de los medios y no las que, a mi juicio, constituyen el problema más grave.

JE:Luego de mi análisis anterior sobre los rasgos y regulaciones que caracterizaron la tercera etapa, puedo concluir que el avance se nos vuelve un espejismo. Para entender lo ocurrido durante en la cuarta etapa les propongo cinco ejemplos recientes, de este mismo año. Primero: El IFETEL, que funge como órgano regulador, define a Televisa como el principal monopolio por sector y no por servicio. De tal modo que esta sigue siendo una instancia dominante en el terreno de la televisión restringida.

Segundo: El famoso retraso del apagón analógico, que se había planteado para este año, se pospone hasta 2016, dando lugar a que la televisión privada pueda seguir obteniendo ganancias y ventajas frente a otras instancias. En este caso el  argumento es que los medios públicos no podrían competir, pero en el fondo es una estrategia de mercado para seguir fortaleciendo la misma estructura que existía.

Tercero: Para la creación de las nuevas cadenas compitieron ocho grupos, pero al final solo uno pudo pagar el capital comprometido. Ese grupo es privado y funcionaría en base a un esquema digital, pero esta promesa se afectó cuando se acordó posponer el apagón analógico. Por tanto, no hay tal avance en los términos que se había planteado.

Cuarto: Los monopolios han perdido auditorio por la emigración que se ha dado de la televisión abierta a las plataformas digitales. Todo esto ha implicado pérdidas, por lo que la secretaría de gobernación declaró hace 15 días que moverá la programación fija de los horarios de adultos y de adolescencia de las 8 de la noche a las 4 de la tarde para que los niños sean auditorios cautivos y empiecen a consumir los productos. Esa decisión tiene implicaciones muy serias si se tiene en cuenta que las secretarías de Salud y de Educación Pública combaten la obesidad, el alcoholismo y el tabaquismo. A partir de ahora los niños estarán propensos a consumir desde la 4 de la tarde productos que promoverán justamente estos males.

El último ejemplo o medida  es la contrarreforma que se está estableciendo en estos momentos en términos electorales donde la publicidad podrá ser comprada más adelante por empresas privadas de televisión. De este modo, ya no será un órgano regulador como el Instituto Nacional Electoral quien delimite dichas compras.

Al avance que se dio en un momento dado se enfrentan todas estas regresiones, lo que implica que el pensamiento crítico hoy tiene que impulsar una defensa de lo que ya hemos ganado.

JRV:En Cuba, no es posible obviar que nuestro sistema comunicacional ha existido y sobrevivido en medio de la agresión externa y eso deja una impronta y ha pesado también en la política de informatización.

Permeado de esta panorámica hemos elaborado una nueva política de informatización. Lo estamos tratando de hacer con el máximo de soberanía posible, sabiendo los inconvenientes y peligros, pero también la ventaja que entraña para el país entrar en los flujos internacionales de información y comunicación.

Buscamos  proteger el capital fundamental de la nación que son los conocimientos y el nivel de instrucción altos que la propia revolución ha creado en este pueblo. El nuestro, es un país de alta cantidad de profesionales que tienen necesidad de estar conectados con sus colegas de la otra parte del mundo haciendo, no un uso de entretenimiento, sino un uso de gestión de la información (aunque el entretenimiento es necesario)  para mantener el conocimiento actualizado.

RG: ¿Qué presupuestos y proyecciones deberían tenerse en cuenta en la construcción/ transformación de estos marcos regulatorios en aras de hacerlos sustentables?

AS:Para España, entre los factores a considerar estaría la independencia de la injerencia gubernamental política. Desde mi punto de vista, uno de los elementos claves del proceso de democratización sería la existencia de un servicio público de radio y televisión fuerte y con determinado nivel de autonomía.

Asumir el otro modelo, el de la dependencia, nos ha llevado a esta inestabilidad jurídica que prevalece hoy en la radio y televisión española. La Reforma fue válida como un intento de sacar a los medios audiovisuales españoles del arroyadero financiero y clientelar en el que se había establecido, e introdujo un modelo más estable en ambos sentidos. Consiguió dar los primeros pasos hacia una radio televisión pública, con un consejo de administración y un presidente elegidos por consenso.

Las fuerzas políticas alimentaron la esperanza de contar con una radiotelevisión de propiedad pública, menos gubernamental, más libre de los intereses del partido en el gobierno, cualquiera que fuera este.

Sin embargo, antes de que Zapatero terminara su mandato, el modelo de financiación cambió de nuevo y se retiró la financiación de la publicidad, dando lugar a una situación inestable otra vez.

En los últimos años, la televisión española sigue acumulando deudas de manera preocupante, debido a la reducción que el gobierno, a través de los presupuestos generales del estado, le concede.

Se ha echado por tierra, además,  el modelo de gobierno introducido ya que, en 2012, una modificación que introduce un real decreto del Partido Popular, permite que el consejo de administración de radiotelevisión española sea elegido por mayoría simple en el congreso de los diputados y, recordemos, en la situación actual de fuerzas en el parlamento español, el Partido Popular cuenta con esa mayoría.

Como consecuencia, la radiotelevisión española pierde credibilidad porque la gestión del nuevo consejo y del nuevo presidente está siendo claramente partidista en su devenir informativo. Los propios trabajadores de la radiotelevisión española llaman la atención sobre este problema a través de los consejos informativos e incluso están intentando llevar este debate a la opinión pública en la actual campaña electoral. Han creado un video que intenta difundir dicha protesta.

El último de los problemas que quería mencionar está vinculado al sector de los medios comunitarios. La ley del 2010 reconoce su existencia, si bien en la mente del legislador se deja entrever unas intensiones de reducir su importancia a la mínima expresión. Los movimientos de este sector calificaron la legislación como un intento por perpetuar su condición de pocos, pequeños y pobres.

Aunque su sola presencia en la ley es un paso simbólico, se ha diluido porque no se le ha concedido ninguna porción en el espectro radioeléctrico. De hecho el plan técnico de 2014 para ordenar el espectro ha sido llevado a los tribunales por la red estatal de medios comunitarios y varios de los gobiernos autonómicos ya que ni siquiera se les ha considerado en el reparto.

En resumen, considero que en España no se llegó a establecer a partir de qué poder construir. No hay ninguna base sólida. En algunos casos, incluso cuando hay medidas aparentemente positivas, terminan diluyéndose. Resulta vital que construyamos un soporte legislativo mucho más estable; uno que sea capaz de reconocer tanto a medios privados, públicos, como comunitarios.

CDV:Considero que, en primer lugar, se hace necesario un empoderamiento del rol del Estado, que en algún momento tuvo, pero lo perdió. Eso significa dejar de ser un agente regulador del mercado y del libre flujo de la mercancía bajo el pretexto de la libertad de información, para convertirse en un garante de la pluralidad y el pluralismo de los medios.

En segundo lugar, la ley de medios no logra romper con lo que, a mi juicio, es el problema central porque la racionalidad tecnológica y normativa sigue centrada en cómo vamos resolviendo los problemas de distribución, evitando que se concentre más allá de lo que está concentrado- que ya es mucho. Por lo tanto no sé si pueda avanzar más en eso, pero no lo harán sin participación para implementar estas políticas, es difícil que se recojan los grandes temas sin invitar a otros actores al diálogo.

El Estado ya no puede eludir más una confrontación con los grandes medios que controlan la información en Chile. Una confrontación como la del Kitchnerismo en Argentina es necesaria porque el sistema debe basarse en la recuperación de la relación social, que es la relación que debe sustentar los medios de comunicación, no una estricta relación económica.

Como explicaba anteriormente, desde el 75 implementamos un sistema que usa la economía como una de las formas de mediación más importantes y que reduce todos los modos de esa transacción en el mercado. También los medios tienden a ser hoy día mediadores económicos.

Romper ese esquema creo que es uno de los desafíos más importantes. Las audiencias hoy día castigan a los grandes medios porque que no han sabido recuperar la relación social entregando contenidos y entregando ciertos productos que sean capaces de recoger esas problemáticas y esas  complejidades, y no seguir solo atendiendo a la publicidad y al mercado.

Por último, me parece que también es importante que se pueda romper en Chile con la imposición del mercado de la publicidad, que es único  mediador hoy día, porque ese mercado y la forma en que funciona es el que está impidiendo que se logren mayores niveles de pluralismo en los medios de comunicación. Mientras eso no ocurra, la tendencia a la concentración continuará y seguirán siendo pocos los medios que van a distribuirse ese mercado publicitario, por lo cual estos últimos son los más reaccionarios frente a cualquier transformación. En resumen, uno de los principales y mayores obstáculos para cualquier transformación de la estructura de medios en Chile, es la actual estructura de medios.

Creo que los desafíos en el caso chileno pasan principalmente por estas visiones. Mientras cualquier otra política o ley no considere un rol distinto del Estado y éste no confronte los grandes medios, poco o nada variará el actual orden de cosas.

JRV:Creo que para responder en el contexto cubano había que partir de  una premisa esencial: pensar siempre el socialismo no solo como un modelo económico, donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social y donde se hace una redistribución de las riquezas.  Es necesario asumirlo como  un proceso de emancipación humana, es decir, tener siempre al ser humano en el centro de nuestras políticas, incluyendo, por supuesto, las de comunicación. 

Como consecuencia, un modelo comunicativo que responda a esa exigencia no puede ser uno sustentado en el control y la información vertical, que resulte omiso en temas de alto interés social y escaso en espacios públicos de análisis y debate. Tiene que ser un modelo comunicativo que favorezca el diálogo fluido a escala social, institucional y comunitaria; que incentive y ayude a formar ciudadanos; que contribuya a acercarnos paulatinamente a esa sociedad de hombres y mujeres emancipados que proclamamos como propósito del socialismo.

Ese modelo se concreta política y jurídicamente en el concepto de derecho a la comunicación. El derecho a informar y ser informado, a hablar y ser escuchado es imprescindible para poder participar en las decisiones que concierne a la colectividad. Solo mediante dicha dinámica el socialismo no se vaciará de contenido, ni se convertirá en una estructura burocrática, sino que seguirá teniendo raíces profundas en el pueblo.

Para ello creo que tendría que pasar por algunos derroteros importantes. Desde mi punto de vista, el más importante es avanzar en la transparencia de las instituciones públicas. Ellas padecen de un altísimo grado de secretismo consecuencia, en alta medida, de la hostilidad externa. Pero, al mismo tiempo, a la sombra de esa política defensiva, ha estado medrando la comodidad de muchos funcionarios burocráticos que prefieren trabajar en la opacidad informativa, antes que en la rendición de cuentas

Debemos avanzar hacia la realización del principio de que la información pública es un bien público. Sin una información oportuna, diáfana y profunda no es posible lograr una participación calificada de las personas en los asuntos políticos y sociales; sin una trasparencia pública de la labor de funcionarios y órganos de gobierno no es posible el más mínimo control ciudadano sobre su gestión, lo que resulta indispensable en la lucha contra la corrupción y por el desarrollo de una verdadera cultura de participación.

Estamos necesitados de actualizar nuestra política pública de comunicación en coherencia con los principios anteriormente mencionados. Dicha normativa debe aspirar a dotar a los medios de comunicación de mayores posibilidades para conformar su agenda, no solo a partir de indicaciones  de las instituciones de Partido y Gobierno, sino como resultado de una lectura responsable y comprometida ante la ciudadanía de la agenda pública y que también facilite y respalde la labor de los periodistas.

Una legislación en comunicación en Cuba tendría que dar fuerza legal a la política pública sobre comunicación social  y establecer las atribuciones, responsabilidades y límites de los diferentes actores que intervienen en el proceso de la comunicación  pública.

También  estamos   requeridos de una actualización del modelo de gestión económica de los medios de comunicación, sobre todo, de aquellos que son medios públicos y de aquellos que son de instituciones de gobierno o de organizaciones de masas  pues pasan por situaciones de sostenibilidad muy difíciles. Esa actualización habría que repensarla a la luz de la actualización de modelo económico en macha. Al interior de la profesionalidad, valdría la pena repensar nuestro concepto de noticiabilidad y de valores noticia.

En resumen, hay un consenso acerca de  que el modelo y el sistema comunicativo actual deben ser modificados, pero tenemos ahora el reto de logra un consenso acerca de la naturaleza y el alcance de ese cambio que debe incluir el modelo de comunicación que necesitamos, las políticas y legislaciones que requerimos, y los medios de comunicación tradicionales e interactivos que debemos ir  formando o transformando y el tipo de labor periodística que mejor responda en las actuales circunstancias a las finalidades del proyecto socialista que se proclama próspero y sostenible.

RG:Después de este acercamiento a aspectos de las realidades de los panelistas, damos la oportunidad al público de realizar comentarios sobre sus exposiciones y formular otras preguntas.

Ernesto Badillo (Argentina): Durante el panel, se ha hecho referencia a  la ley Argentina. Aunque el tema no es mi especialidad, como ciudadano debo reconocer que, como reza el dicho popular: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. La ley de medios en la Argentina fracasó, a pesar de que tuvo buenas intenciones.

El gobierno que termina, hizo cosas interesantes y cometió errores, pero lo que sí es innegable es que durante este periodo Argentina tuvo una  oportunidad histórica de avanzar en muchos aspectos. La ley, además de tener problemas técnicos con respecto a temas como las redes sociales y la ciberinformación fue un intento por acallar la oposición.

Aclaro que esa oposición simplemente defendía sus intereses y trataba de favorecer a un grupo de empresarios afines con la idea, entonces eso la prostituyó totalmente.

Insisto que fue importante la visión de democratizar pero ¿qué nos dice el análisis desde el punto de vista de la realidad? Cualquier gobierno es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que la comunicación es una herramienta interesante para perdurar en el poder, y entonces la quieren manejar.

La última cosa que yo diría es que veo como un problema general el hecho de que los medios estatales pasen a ser poder del gobierno de turno. Habría que promover que los medios estatales sean totalmente pluralistas.

Jeny Hernández Ulloa (Cuba): A propósito de la actualización, la convergencia y el resto de los atributos que nos caracterizan ¿qué rol le conceden los panelistas a la evaluación dentro de este nuevo discurso mediático?

JE:Creo que, en efecto, se hace necesario conocer qué pasa con esos océanos de  información que se han difundido durante años, las 24 horas al día a nuestras sociedades. Considero que  se está viviendo una gran paradoja. La vida contemporánea se ha convertido en una videovida: la religión se ha convertido en telerreligión; la política, en telepolítica; la educación, en teleeducación; el comercio, en telecomercio; la taquería, en videotaco; el restaurante, en video restaurante…Pero no existe una evaluación sistemática sobre todo eso.

Cuando más lo que se logra precisar son los métodos que se utilizan  a través del rating para saber qué tiempo una población está expuesta a sus mensajes, pero queda pendiente conocer ¿qué pasa con el resto de la población?

Si hoy las verdaderas políticas culturales ya no las construyen los órganos culturales del estado, sino la industria mediática, y esto a su vez no se evalúa, no sabemos a dónde vamos. El problema es que para estos intangibles culturales solo el mercado logra tener ciertos indicadores para medir la nueva acumulación.

Por ejemplo, el año pasado en México la reforma fiscal le impuso a las empresas refresqueras y a las empresas productores de comida chatarra un impuesto especial porque se les reclama que han contribuido al tabaquismo, al alcoholismo, a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes.

Sin embargo, esas son mediciones muy aproximadas, no sabemos qué está haciendo nuestra sociedad con todo ese volumen de información producida desde las industrias culturales.

Los indicadores en el caso de México reflejan que apenas hace tres años -después de un siglo de existencia de la radio  y 96 de la televisión- se aplicó una encuesta nacional por Consejo Nacional para la  Cultura  y las Artes, la primera en  medir el consumo cultural.

Casi tres cuartas partes de siglo después, durante las elecciones del 2006, el Tribunal Federal Electoral reconoce que algunos partidos utilizaron más tiempo del debido para las campañas. No obstante, no fue posible sancionarlos porque no era posible asegurar que ese fue el efecto que cambió el voto.

Entonces  aquí hay una gran paradoja y una gran trampa, cuando se trata de publicidad sí se reconoce el efecto, cuando se trata de lo social, no.

Pamela Romero (Chile): Mi pregunta va dirigida a Carlos. ¿Nos pudiera comentar si la crisis de TVN podría significar o ser síntoma de un fracaso en el modelo de la comunicación basada en el mercado que tenemos en Chile?

CDV: TVN es un excelente ejemplo de que, efectivamente, esa relación público−privado en realidad entra en crisis. Precisamente las expectativas de la gente entorno a un medio que aparentemente es público chocan con la misma lógica, con la misma dinámica de las empresas informativas privadas.

Como hemos explicado ya, en Chile, lo público no existe; la universidad tampoco lo es. Hoy esa crisis nos puede dar cuenta de qué es lo que debemos hacer, qué transformaciones profundas se requieren para recuperar las relaciones sociales por sobre las económicas.

Natalia Calderón (Colombia): Mi pregunta es para Ramón Vidal, me interesaría oírlo hablar sobre la política de soberanía informática en Cuba, sobre todo, con la reanudación de las relaciones con EE.UU. ¿Cómo esa política pública de soberanía informática ha venido cambiando?

JRV:Creo que antes hablé de soberanía en todo lo posible, porque, por supuesto, estamos hablando de sistemas globales. Ahora, Cuba tiene dos grandes ventajas desde mi punto de vista, una de estas ventajas es que la mayoría de las instituciones de telecomunicación  y los medios de radio y televisión son públicos. Esa yo creo que es una ventaja que debemos aprovechar.

En segundo lugar, el país cuenta con un acumulado de personas instruidas, preparadas en estos terrenos, incluso nosotros tenemos más preparación que acceso a la tecnología. Eso es algo raro porque en Cuba tenemos muchas dificultades para acceder a internet, pero tenemos una Universidad de Ciencias Informáticas, con un alto grado de desarrollo y de esa forma podemos producir nuestros propios software, plataformas, contenidos, porque aquí hay una batalla sobre quién pone los contenidos en esa infraestructura.   

Creo que el nivel de instrucción de la población permite decir que vamos a entrar en la batalla sabiendo que tenemos grandes ventajas. Considero que las tecnologías van a ser usadas inteligentemente, precisamente por el alto nivel de instrucción.

Tenemos buenas condiciones, lo cual no quiere decir que no hay espacio para la banalidad y el embrutecimiento que están presentes en todas las ofertas. Pero, mayoritariamente, tenemos con qué enfrentar esos retos.

Yazmín Portales (Cuba): El profesor José Ramón pudiera confirmar  si en medio del contexto de emergencia del debate social que tenemos en Cuba en torno a la necesidad de crecimiento del marco legislativo ¿está la academia tratando de gestar, proponer y asesorar la creación de una nueva ley de comunicaciones que reconozca a las identidades emergentes, a los medios comunitarios, que mueva a los medios de comunicación hacia el control popular y que lo saque del control estatal?

JRV:Considero que en la academia sí tenemos un conjunto de investigaciones,  líneas de investigación por ejemplo sobre las políticas de comunicación e información que han ido dotando de un acervo de conocimientos, de reflexiones, que permiten ir delineando un modelo propio, un modelo ajustado a las demandas de nuestra sociedad, con  sus grandes tensiones y retos.

Creo que la academia ha ido formando un acervo de investigaciones que están siendo consultadas, lo cual no quiere decir que sean totalmente aceptadas o que haya acuerdos aquí. Nadie piense que habrá acuerdos rápidos y fáciles en todas las cosas, pero están siendo consultadas.

Tenemos algunas tesis, como la de Rosa Miriam quien sistematiza, analiza y pone sobre las manos de los formuladores de políticas el pensamiento de los periodistas cubanos que se expresaron muy diáfanamente en su último congreso. La investigadora elabora a partir de ahí un conjunto de propuestas.

Próximamente vamos a discutir también una tesis que propone un modelo de televisión puesto en función del desarrollo local. Contamos con un conjunto de formulaciones hechas desde la academia que son un factor importante.

Por otro lado, pienso que el problema no es solo un asunto de políticas: una mala política afecta la profesionalidad pero una mala profesionalidad echa  a perder la mejor política, y creo que en los dos terrenos hay que avanzar. Es preciso mejorar la profesionalidad, el comportamiento profesional de los periodistas y todos los comunicadores porque también hay un tramo importante de responsabilidad allí. La academia en la labor formadora de pregrado y de posgrado  está contribuyendo con ese fin.

Beatriz Chang (Ecuador): Me gustaría saber si para el expositor de Chile la ley de comunicación se maneja equitativamente para los medios públicos y privados.

CDV:La gran tensión en Chile es siempre, qué vamos a entender por lo público y lo privado, cuando lo privado está absolutamente inmerso en lo público.

De hecho, el gran desafío del estado en Chile es un desafío contra sí mismo, romper con la privatización de sí mismo. En ese sentido, la ley lo que tiende a hacer es tratar de separar de alguna manera estas dos cuestiones, pero a mi juicio no lo logra, y dudo que lo logre mediante alguna ley.

Y es que lo privado está presente en todos los ámbitos, entonces es difícil decir hasta aquí llega lo privado. Eso justamente es lo que está pasando con la discusión de las universidades que aseguran: este es un rol privado y hasta aquí llega. En realidad lo vemos como manifestación, como función presente en todos los ámbitos, como la forma de operar la vida cotidiana.

Si usted quiere una forma de operar los medios a través del mercado  eso está presente en todos los tipos de medios, se declaren públicos o privados.

Por ejemplo, en la Universidad en Chile y la educación en Chile pasa siempre lo mismo, uno dice cómo establecemos la diferencia entre un tipo de educación público y privado, cuando toda funciona bajo una lógica de mercado, a través de una demanda que es la única que asegura la sobrevivencia de todas (públicas y privadas).

AC:Me ha parecido muy interesante este debate final. Me confirma esa impresión que tenía de que nos toca a nosotros como ciudadanos el desafío de pensar lo que es el Estado. ¿Es en ese espacio que debe construirse un modelo alternativo o es rol de la sociedad?

¿Cómo construimos una política alternativa, un modo de ver lo que  es  el Estado que queremos y cómo enfrentar los problemas? ¿No son  en realidad las personas que construyen y sostienen el mercado de este modo como está siendo desarrollado quienes ponen excusas de cómo el Estado tiene que comportarse?

Como decía Carlos, tenemos que romper la privatización de sí mismo, pero ¿quién piensa eso, con quién podemos pensar eso? ¿Es desde la academia? ¿Será desde un proyecto que es latino, crítico? Como podemos apreciar, aún quedan desafíos para pensar en las palabras de mis compañeros. Esa es nuestra marcha.

 

 

Recibido: 13 de mayo de 2017.
Aceptado:14 junio de 2017.

 

 

Dr. Raúl Garcés Corra. Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico: [e-mail]