ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

 

Políticas públicas sociales: apuntes y reflexiones

 

Public Policies: notes and reflections

 

 

Dra. Gretel Lobelle Fernández

Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba.

 

 

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RESUMEN

Las políticas públicas en las agendas locales de los gobiernos constituyen prácticas de subsistencia en función de la sostenibilidad y el desarrollo local. En tal sentido este artículo propone abordar conceptos en la dimensión objeto de análisis, con énfasis en las políticas públicas sociales por su importancia para el desarrollo humano local. Se presenta apuntes sustanciales en relación al sistema de gestión como soporte a las políticas públicas y la necesidad de evaluación de este, como mecanismo de control en la implementación de programas de intervención. Las reflexiones y apuntes abordados en el artículo se logran a partir del análisis documental y de contenido como metodología de estudio y la producción científica relacionada con el tema. Como resultado del análisis de los distintos elementos, se ofrecen un grupo de organismos, y agencias dedicadas al estudio e implementación de ejercicios y prácticas evaluativas de programas sociales de intervención.

Palabras Clave: Políticas públicas; sistemas de gestión; evaluación de políticas públicas; desarrollo local; agencias de evaluación.

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ABSTRACT

Public Policies in Local Government agendas constitute a lawful form of subsistence —independently of anything external to itself—, in order to keep the Local Development up and make it sustainable. In that sense, this article has the intention to analytically deal with concepts, putting emphasis on social Public Policies, which is its main object, and because of its importance for human Local Development. Here you can find relevant notes in relation with Management Systems to support Public Policies and the need of its Evaluation as a mechanism of control and implementation of programs by government officer authorities. As a result of investigations and analyses of different social decision-makers —elements, components, etc.—, devoted to research and evaluate social programs and their impacts, here you can find a list of committed organizations and agencies which are in charge of them to ensure actual fulfillment throughout concrete measures. Through a deep documental analysis of content, we have work out in detail these notes and reflections having into account the existing scientific production at the present time on the theme.

Keywords: Public Policies; Management System; Evaluation of Public Policies; Local Development; Evaluation Agencies.

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1. INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas conforman la intervención del estado en respuesta a una situación problemática presente en la sociedad. Se entiende por políticas públicas un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una necesidad (económica, política, ambiental, social, cultural, entre otras), implementa un conjunto de medidas reparadoras, construidas con la participación de los grupos afectados por los diversos problemas" (Arroyave Alzate, 2011, p. 96) Los procesos de descentralización, que los gobiernos locales vienen enfrentando como solución inminente para mejorar el desarrollo en sus comunidades, están aparejado a enfoques de planificación que exige a los decisores públicos ser más permeables al cambio y un reordenamiento de sus formas de gestión.

La formulación de políticas públicas en las agendas locales constituye prácticas de subsistencia en función de la sostenibilidad para las diferentes áreas de gobierno. Con el modelo de desarrollo propuesto a raíz de la Agenda de desarrollo 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible pactados por la Organización de Naciones Unidas, ONU, se ha creado a nivel mundial un compromiso y responsabilidad por parte de las naciones a desarrollar enfoques de multisectorialidad, igualdad de género, interculturalidad, participación ciudadana, presupuestos por resultado y formulación de políticas basadas en evidencia.

Pero no es suficiente establecer una mirada hacia nuevas formas de gestión desde enfoques de políticas públicas insertadas en las agendas locales, se hace necesario la implementación de modelos y herramientas de sistemas de gestión eficaz como soporte a estas intervenciones públicas.

Este sistema de gestión debe sostenerse sobre información confiable y verás, apoyando así la distribución de recursos y procesos de toma de decisiones transparentes.

 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN

Partiendo de este supuesto, existen muchas nociones a través de las cuales pueden ser entendidas las políticas públicas. Como rutas metodológicas para desarrollar lo antes expuesto, la investigación se sustenta en fuentes documentales para realizar una aproximación al concepto de políticas públicas, componentes, sistema de gestión como soporte estas intervenciones, así como la evaluación como proceso fundamental en la implementación de estos modelos de gestión local.

Desde la utilización de análisis documental como método se ha podido identificar guías de evaluación y agencias que constituyen referentes importantes en la evaluación de sistemas de gestión como soporte a políticas públicas sociales, a partir de las identificadas incluyen como representativas:

–      La Guía para la Evaluación de las Políticas Culturales Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en colaboración con el Ministerio de Cultura, (FEMP, 2009, p. 15).

–      La Guía para la Evaluación de Programas y Políticas públicas del Gobierno de Canarias (2012, p. 3).

–      Guía para la Evaluación de Programas y Políticas Públicas de Discapacidad (Calero Martínez et at, 2013, p. 18).

–      Políticas públicas regionales: una guía teórico-metodológica, propuesta realizada por el Gobierno de Chile (Fierro, 2008, p. 5).

–      Guía para la Evaluación de Políticas públicas del Instituto de Desarrollo (IDR, s.f., p. 15).

 

3. DESARROLLO

3.1 Las políticas públicas y las políticas públicas sociales culturales

En el marco de este artículo el término política pública se circunscribe al término inglés policy, el cual es entendido como una acción implementada a través de planes y proyectos a favor de la sociedad y no como orientación política (Roth Deubel, 2010, p. 6).

En correspondencia con esto Ben Andrés (2014, p. 1) afirma que la política es el espacio en que se tratan de resolver los conflictos sociales, luego, la cultura como fenómeno social, no es ajena a este espacio de resolución.

Por su parte Velásquez Gavilanes (2009, p. 156) expone que una política pública es "un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática". Éste autor realiza un énfasis particular a la hora de realizar la definición de este concepto sosteniendo que las políticas públicas son más que acciones e inacciones por parte de las autoridades. Además, menciona algunas fallas comunes en la formulación de los conceptos de políticas públicas. En primer lugar crítica las propuestas de autores que son tan específicas que permiten incluir otros casos. Otras son consideradas incompletas ocasionando que se incluyan elementos equivocadamente y omiten los fines a los cuales son encaminadas. Velásquez Gavilanes opta en cambio por resaltar la importancia de exponer los objetivos a los cuales estará dirigida, los mecanismos, instrumentos o programas que se utilizarán para alcanzar los fines propuestos (2009, p. 161).

La literatura recoge una amplia tipología de políticas públicas donde se recogen diversas clasificaciones que se le otorgan en función de diversos criterios como son el alcance y la jurisdicción. Dentro de esta amplia tipología se encuentran las políticas sociales. Estas han sido definidas como las que intentan lograr un mejoramiento en la calidad de vida de un grupo social, mediante la materialización de los derechos sociales, económicos, culturales y otros, a través de la redistribución, la inclusión social y la generación de oportunidades. Vargas Velásquez, (1999, p. 6) (como se cita en Velásquez Gavilanes, 2009, p. 186).

Dentro de esta categoría suelen incluirse las políticas culturales, las cuales algunos de autores como Arboleda (2008, p. 71) (como se cita en Arroyave Alzate, 2010, p. 100), optan por su diferenciación de entre las políticas sociales. Podría decirse que las políticas culturales no poseen características distintivas de cualquier otro tipo de política, sin embargo, Ben Andrés (2014, p. 2) asevera que estas presentan características que las hacen al menos peculiares.

Finalmente, en materia cultural, una política de este tipo se enfoca, y por ende, afecta a la sociedad en el área cultural. Una política cultural sería entendida como "el conjunto de medios movilizados y de acciones orientadas a la consecución de fines, determinados éstos y ejercidas aquéllas por las instancias de la comunidad —personas, grupos e instituciones— que por su posición dominante tienen una capacidad de intervención en la vida cultural de la misma" (Beneyto, 1981) (como se cita en Ben Andrés, 2014, p. 3).En la formulación de la misma intervendrían las máximas autoridades o entidades supremas en materia cultural. Por lo tanto, la política cultural consiste, en palabras de Ochoa (2003) (como se cita en Antoine, 2011, p. 17) en una acción de gobierno basada en el análisis de la realidad y en un programa que pretende obtener unos objetivos de cambio y mejora.

3.2 Componentes de las políticas públicas

Puede afirmarse la existencia de una política pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman la tarea de alcanzar objetivos formulados y deseados, mediante la implementación de programas, planes y proyectos para la modificación del estado problemático (Roth Deubel, 2007, p. 27) (como se cita en Arroyave Alzate, 2010, p. 96).

Las políticas públicas se componen según Lahera, (2002) (como se cita en Olavarría, 2007, p. 17) de una acción orientada a un objetivo público, un grupo de orientaciones a desarrollar por un colectivo, que a su vez debe disponer de instrumentos, mecanismos y definiciones institucionales para su implementación. También pueden añadirse un conjunto de decisiones interrelacionadas y requieren instrumentos, definiciones institucionales, organizaciones y recursos para ser implementadas. Las mismas son expresadas a través de leyes, decretos, actos administrativos y similares (Aguilar 199) (como se cita en Olavarría, 2007, p. 18) e implementadas a través de los organismos públicos vinculados al aparato administrativo del Estado. Así, el rol de las agencias públicas es gestionar las políticas públicas (Olavarría, 2007, p. 40). A su vez los organismos públicos deben subordinarse a un conjunto de normas que los rigen y que conforman el contexto institucional en que esos organismos se inscriben (Olavarría, 2007, p. 44).

Ben Andrés (2014, p. 35) presenta un grupo de elementos que integran a las políticas culturales y por tanto facilitan su identificación. En primer lugar menciona la existencia de agentes decisores encargados de su diseño, promoción e implementación. Luego, es necesaria la definición de contenidos que las caracterizan como tales y unos objetivos a lograr con la intervención. Estos últimos se llevan a cabo mediante estrategias que pueden estar relacionadas con otras políticas o no. Para la consecución de tales objetivos los decisores asignan recursos humanos, económicos, financieros, entre otros.

3.3 Por qué la necesidad de evaluar las políticas públicas

En la revisión de la literatura se evidencia que las políticas públicas se componen de una acción orientada a un objetivo público, un grupo de orientaciones a desarrollar por un colectivo, que a su vez debe disponer de instrumentos, mecanismos y definiciones institucionales para su implementación. También pueden añadirse un conjunto de decisiones interrelacionadas y requieren instrumentos, definiciones institucionales, organizaciones y recursos para ser implementadas. Las mismas son expresadas a través de leyes, decretos, actos administrativos y similares, e implementadas a través de los organismos públicos, vinculadas con el aparato administrativo del Estado. Así, el rol de las agencias públicas es gestionar las políticas públicas. A su vez, los organismos públicos deben subordinarse a un conjunto de normas que los rigen y que conforman el contexto institucional en que esos organismos se inscriben (Olavarría, 2007, p. 44).

Este siglo XXI se ha caracterizado por un importante auge de la disciplina, debido a la preocupación, cada vez mayor, tanto de los gobiernos como de la sociedad en general, por el papel del sector público en el desarrollo social. La utilización y control de los recursos públicos, cada vez mayores, se hace imprescindible en una sociedad moderna y democrática.

En sentido amplio, la evaluación de políticas públicas como objetivo final, tiende a producir información útil para la toma de decisiones.

La concepción actual de la evaluación aboga por una visión integral, donde la evaluación se realiza en todas las etapas del proceso; es decir, desde el diseño, analizando la pertinencia y coherencia de los problemas, hasta el análisis de la eficacia y eficiencia, pasando por el seguimiento y gestión del programa.

Hay varias definiciones de evaluación de políticas públicas, particularmente, muchas de ellas ponen énfasis en la valoración a posteriori de los resultados de la política o programa como veremos más adelante.

Tratando de resumir una tipología de políticas públicas, podemos destacar diferentes clasificaciones: según quien evalúe, su función, el contenido y la perspectiva temporal.

Muchas han sido las entidades personales y jurídicas que han dedicado su quehacer al tema de la evaluación de políticas públicas. En este respecto la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad perteneciente al gobierno español aborda los tipos de procesos evaluativos que pueden desarrollarse en los programas, planes y proyectos de intervención estatal. Según la Agencia (2010, p. 88), la evaluación puede realizarse en función de la perspectiva temporal: la evaluación ex ante, la evaluación intermedia y la evaluación ex post.

Otro enfoque aporta Weiss (1998) que divide las funciones de la evaluación en dos áreas: el proceso de toma de decisiones y el aprendizaje organizacional.

En la primera, la evaluación contribuye a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevas políticas o reformulación de aquellas que no estén cumpliendo sus objetivos, es decir, la evaluación permite una mejor toma de decisiones en cuanto a la planificación de programas y la asignación de presupuesto. "The expectation has been programs that yield good results will be expanded; those that make poor showings will be abandoned or drastically modified" (Weiss, 1998, p. 10).

En cuanto al aprendizaje organizacional, la evaluación suministra retroalimentación al personal que implementa el programa, proveyendo información sobre lo que están haciendo, cómo están respondiendo los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa. Por otro lado, los gerentes del programa pueden aprovechar la evaluación para resaltar al personal las metas del mismo. Además, permite la generación de conocimiento para entender mejor las intervenciones sociales, aunque pocas evaluaciones se hacen con este fin. También la evaluación sirve para la rendición de cuentas, es decir, para que el público se entere de lo que están logrando los organismos públicos con los fondos que manejan. Finalmente, la evaluación permite registrar la historia del programa para que otros puedan adquirir lecciones del mismo.

Otra tipología de evaluación es a partir de modelos teóricos en los que se inscriben, o según el enfoque y procedimiento que siguen.

Bustelo Ruesta(2004) distingue entre evaluación por objetivos, modelos experimentales y cuasi-experimentales; modelos centrados en el cliente, modelos centrados en el consumidor, enfoques centrados en la utilización y enfoques participativos, cada uno de ellos con propuestas teóricas y metodológicas concretas.

Cualquiera que sea el tipo de evaluación que se decida hacer, esta siempre tendrá que responder a unas preguntas claves que corresponden a las necesidades de información que sobre determinada política o programa tengan sus responsables o beneficiarios, de modo que puedan tomarse decisiones. Para ello, la evaluación debe definir una serie de criterios o puntos críticos a tener en cuenta para emitir un juicio de valor sobre la acción.

En el proceso de evaluación es importante considerar quiénes son sus destinatarios, qué información necesitan y cuándo, cómo y para qué se utilizarán los resultados, y qué fuentes de información y con qué recursos se cuenta para llevar a cabo la evaluación. Las respuestas a estas interrogantes determinarán el tipo de evaluación más apropiado.

Como hemos visto, la realización de la evaluación puede realizarse a través de diversos enfoques o paradigmas. No olvidemos que toda acción pública pretende incidir en la sociedad actuando sobre las necesidades y problemas detectados con objeto de provocar un impacto o cambio de esa realidad. Para ello se define y articula un conjunto de objetivos y se pone en marcha una serie de instrumentos. El propósito de la evaluación es analizar las distintas etapas, desde que decide intervenir hasta que se manifiestan los impactos, comprobando la validez, tanto interna como externa, de las hipótesis causales de la intervención.

3.4 El sistema de gestión como soporte a políticas públicas

La complejidad de la gestión en las organizaciones está dada por la dificultad que envuelve a la definición de las metas y objetivos medibles junto a la imposibilidad de garantizar que la toma de decisiones sean tomadas en función de éstas (De Gregorio Prieto, 2003, p. 11). La finalidad organizacional es manifestada a través de la declaración de la misión, la cual según Guzmán, (2004) (como se cita en Ortegón Quiñones, 2008, p. 74) consiste en una declaración que define el propósito o la razón de ser de una institución y permite orientar las acciones que realicen los funcionarios hacia el logro de un resultado esperado. Lo anterior influye considerablemente en el éxito de la gestión de una organización cultural (De Gregorio Prieto, 2003, p. 12). La misma debe implementar un sistema que permita el análisis de los ambientes externos e internos. De esta manera es posible la obtención de información relevante para la toma de decisiones y el aprovechamiento de oportunidades que oferten ambos ambientes.

En este sentido, es imprescindible el desarrollo de un sistema de planificación pues aporta información clave sobre la evolución de ambos (De Gregorio Prieto, 2003, p. 18). La planificación estratégica es un proceso dinámico, sistémico, participativo y valioso a la hora de establecer las metas de una organización y las estrategias a través de las cuales serán logradas. La planificación se encuentra fuertemente vinculada al proceso de liderazgo pues este implica información, interpretación, definición, orientación, anticipación, coordinación y evaluación de acciones.

A su vez, la planificación presupone objetivos, instrumentos, actores y recursos (Ortegón Quiñones, 2008, p. 54).Por otro lado, la coordinación es ventajosa en lo referente la asignación de los recursos y a la articulación de esfuerzos para alcanzar los objetivos trazados; siempre y cuando sea tanto vertical como horizontal (Ortegón Quiñones, 2008, p. 76).

En relación al sistema de gestión la norma ISO 9000 afirma que el sistema de gestión se ocupa de establecer la política y los objetivos y de para lograr dichos objetivos (2000, p. 8). A su vez, en una institución el sistema de gestión puede englobar diversos sistemas de gestión. Según el Instituto de Desarrollo Regional (s.f., p. 167) se entiende por los arreglos organizativos, procedimentales y las actividades necesarias para proporcionar los servicios del programa. En su puesta en marcha es necesaria la planificación de la implementación de las decisiones (De Gregorio Prieto, 2003, p. 31).

Un sistema de gestión se compone según Castillo y Martínez (2010) (como se cita en González Viloria, 2011, p. 76) de:

–      Elemento de revisión inicial: identificación de los requisitos legales relacionados con los productos, servicios, el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, las obligaciones fiscales y sociales de la organización. Se identifican las partes interesadas que deben dar cumplimiento a los requisitos y definir con la mayor claridad posible las implicaciones del no cumplimiento en cada uno de éstos.

–      Elemento estratégico: hace referencia a las políticas y objetivos que definen el norte de la compañía y a los lineamientos que deberán seguir quienes la componen, hasta alcanzar los resultados esperados.

–      Elemento operativo: consiste en la implementación de la estrategia, etapa en la cual se destacan tres componentes básicos de verificación y cierre de ciclo con la acción, el componente humano y de recursos en el cual se define la función, autoridad y responsabilidad y la autoridad de todos los empleados de la organización, para que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la organización.

Observar estos componentes no excluye, naturalmente a elementos estratégicos tales como la misión, visión, políticas, objetivos. La implementación exitosa de un sistema de tal envergadura requiere de su comprensión por parte de todos sus miembros (González Viloria, 2011, p. 77).

A su vez el contexto actual en el cual se desarrolla la política y sus actores se caracteriza por la carencia de recursos. Por tanto, llegar al desarrollo económico requiere de la formulación de políticas racionales y la obtención de información confiable sobre su desarrollo (IDR, s.f., p. 54). Asimismo la evaluación conforma un instrumento válido a la hora de la asignación de recursos si se enfoca fundamentalmente en la gestión de programas (IDR, s.f., p. 55).

El término Gestión de Programas se refiere, a diferencia de la Gestión Pública, a los procesos, criterios y mecanismos puestos en marcha por los administradores y responsables para la ejecución de programas (IDR, s.f., p. 55). Éste conforma un aspecto indispensable pues determina la eficacia del programa. La Agencia Estatal de Evaluación y Calidad refiere que la evaluación de programas, planes y proyectos en el sector público se ha convertido en una herramienta de control y retroalimentación para los gestores públicos, sin embargo, la misma debe ser ventajosa especialmente en la práctica de responsabilidad administrativa, transparencia democrática y legitimar de la acción pública (AEVAL, 2010, p. 46).

Al asociar la evaluación a procesos como la planificación, la gestión, la ejecución y el control, se hace posible la mejora de las actuaciones realizadas por la Administración Pública. Con esto también se logra ofrecer y obtener mayor información relacionada a la responsabilidad de los actores, minimización de costes y la atención al usuario.

En este sentido la evaluación del sistema de gestión es relevante en tanto permite conocer la labor de los actores implicados, qué procedimientos se han institucionalizado para la puesta en marcha de las actuaciones, si el programa se está ejecutando de acuerdo con su diseño y comprobarlos progresos en la ejecución del programa.

Se intenta, con esto subsanar el nivel de desinformación existente en torno a la eficacia de las acciones presupuestadas y eficiencia de la utilización de los recursos asignados (IDR, s.f., p. 55).

Un programa de intervención pública no puede alcanzar el éxito si su sistema de gestión ni su sistema de seguimiento no se adecuan a los objetivos propuestos (Lobelle, 2012, p. 70).

Acorde al enfoque de evaluación integral la evaluación del sistema de gestión debe ofrecer información relacionada a:

–      Quién hace qué y cómo

–      Qué procedimientos se han institucionalizado para la puesta en marcha de las actuaciones

–      Si el programa se está ejecutando de acuerdo con su diseño

Verificar los progresos en la ejecución del programa

3.5 Iniciativas y guías de evaluación de sistemas de gestión de políticas públicas

Con el objetivo de realizar el ejercicio evaluativo a los programas, planes y proyectos en el sector público algunas entidades gubernamentales han creado propuestas metodológicas que guíen y normalicen sus procedimientos. Para el realizar la evaluación del sistema de gestión continuación se presentan un conjunto de guías y manuales planteadas desde diversos contextos.

–      La Guía para la Evaluación de las Políticas Culturales Locales

Esta es una propuesta realizada por La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en colaboración con el Ministerio de Cultura. Recoge un sistema de indicadores útiles en la formulación y evaluación de las políticas culturales locales desde una aproximación cualitativa y cuantitativa en el contexto de la Agenda 21 (FEMP, 2009, p. 15). Su objetivo es posibilitar la implantación de sistemas de información y procesos de planificación estratégica vinculados a la aplicación de la política cultural (FEMP, 2009, p. 20). A su vez estos indicadores permiten evaluar factores como la oportunidad, la dimensión y el contenido de los hábitos y consumos que son consecuencia de las políticas culturales locales (FEMP, 2009, p. 11).

–      Gobierno de Canarias

La Guía para la Evaluación de Programas y Políticas públicas del Gobierno de Canarias fue creada a raíz de la Línea 4 de Estrategia para la modernización y mejora de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias: Evaluación de programas y políticas públicas. Es una herramienta diseñada con el objetivo de estandarizar la aplicación de los procedimientos de evaluación a los organismos públicos (2013, p. 3). Ofrece un conjunto de recursos, criterios, instrumentos y técnicas para facilitar la selección y evaluación de intervenciones públicas. De esta manera encamina las labores que se derivan del proceso evaluativo de políticas, planes, medidas o actuaciones. La Guía está centrada en la evaluación de implementación, resultados e impacto de intervenciones públicas. También aborda la elaboración de informes de resultados en sus y las formas de difusión (2013, p. 5).

–      Guía para la Evaluación de Programas y Políticas Públicas de Discapacidad

Este trabajo nace de la voluntad de la Fundación ONCE y del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El texto se deriva de las directrices contenidas en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas del 2007 y las enfoca la evaluación en ese contexto. El contenido ofrece conceptos, herramientas y prácticas de evaluación (Calero Martínezet al, 2013, p. 17). Aborda las perspectivas de evaluación ex ante, intermedia y ex post (Calero Martínez et at, 2013, p. 18).

–      Políticas públicas regionales: una guía teórico-metodológica

Esta propuesta realizada por el Gobierno de Chile con el fin de propiciar la formulación e implementación de políticas públicas por sus propios gobiernos regionales. Este documento recoge aspectos teóricos y metodológicos en relación con las etapas que conforman el ciclo de las políticas públicas. De manera introductoria se hace un énfasis en lo aplicado, a partir de la identificación de un conjunto de procedimientos que permitan orientar la elaboración de políticas públicas en cada etapa del ciclo (Fierro, 2008, p. 5).

–      Guía para la Evaluación de Políticas públicas del Instituto de Desarrollo Regional

La guía metodológica propuesta por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) para la evaluación de las políticas públicas su intención es proveer a la comunidad evaluadora de diversos modelos de evaluación. También es posible encontrar los conceptos, los criterios y herramientas fundamentales válidos a la hora de desarrollar una evaluación para los programas, planes y proyectos derivados de la ejecución de una política (IDR, s.f., p. 15). Se aborda claramente el ciclo de políticas públicas desde el diseño hasta la evaluación de los resultados obtenidos e impactos. En este caso particular la guía presenta un acápite dedicado enteramente la evaluación del sistema de gestión de la intervención pública.

Se pudo observar en el análisis que la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) son las que más se adecuan a la hora de evaluar el sistema de gestión de políticas públicas. En primer lugar la FEMP expone un grupo de indicadores pensados para su aplicación a políticas específicamente en materia de cultural. Por otro lado la propuesta del IDR ofrece una base conceptual suficientemente válida y acorde al objetivo de la investigación. Su contenido aborda detalladamente la metodología de evaluación de todos los componentes del sistema de gestión de políticas públicas. Son también analizados los procedimientos de los actores responsables de la ejecución y gestión sus actuaciones.

 

4. CONCLUSIONES

Desde el análisis de la literatura identificada y consultada para este artículo de proponen reflexiones en cuanto a políticas públicas, componentes, sistema de gestión como soporte a estas intervenciones. Se apunta a un grupo de organismos y entidades que aportan seguimiento a través del diseño implementación e impacto de sus programas públicos.

Un enfoque de diseño e implementación de políticas públicas, debe constituir estrategias diferentes y versátiles en el entorno turbulento al que se enfrentan hoy las administraciones públicas. La premisa fundamental en la que radica el desarrollo de los gobiernos locales, está dado por la capacidad que tengan para gestionar sus recursos.

Es responsabilidad de los gobiernos locales dirigir procesos para su adecuada gestión, involucrando a la ciudadanía y al conjunto de actores que intervienen es dicho desarrollo local.

El enfoque de políticas públicas constituye solución acertada al problema de promover y dirigir procesos de transformaciones locales, a través de sus múltiples acciones, relativo al medio cultural, socioeconómico y ambiental.

La necesidad de implementar procesos evaluativos a todo lo largo y ancho de la implementación de la intervención viene dada por las propias funciones y características de la evaluación de políticas públicas; con esto, son analizados elementos como la pertinencia y coherencia de los problemas, los objetivos e instrumentos propuestos por las autoridades, la aplicación del programa y sus resultados.

De estos procesos evaluativos, la evaluación del sistema de gestión, es una etapa en la que se obtiene un diagnóstico de los mecanismos para gestionar los diferentes actores, procesos y recursos que posibilitan una adecuada implementación de la intervención.

En tal sentido existen un grupo de organismos, y agencias dedicadas al estudio e implementación de ejercicios y prácticas evaluativas de programas, planes y proyectos en el sector público como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Guía para la Evaluación de Programas y Políticas públicas del Gobierno de Canarias, la guía para la Evaluación de Programas y Políticas Públicas de Discapacidad, la propuesta realizada por el Gobierno de Chile (Fierro, 2008, p. 5) y el Instituto de Desarrollo.

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Recibido: 15 de noviembre de 2017

Aceptado: 20 de diciembre de 2017

 

 

Dra. Gretel Lobelle Fernández. Departamento de Ciencias de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Cuba. Correo electrónico: [e-mail]