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Introducción
La forma de gobernar las sociedades ha ido evolucionando de acuerdo con las características de las diferentes épocas que ha vivido la humanidad. Desde esquemas jerárquicos y procesos burocráticos, hasta una renovación y reenfoque de todo el sector público, hemos sido testigos de diferentes formas de administrar y de gobernar.
En la actualidad la necesidad de involucrar a los ciudadanos en el nuevo espacio público virtual que ha surgido gracias al desarrollo y uso intensivo y extensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se ha convertido en un aspecto fundamental para los gobiernos. En este nuevo contexto, en el que convergen distintos actores sociales, los servicios públicos emergen como uno de los aspectos claves que permitirán una adecuada interacción entre gobernantes, gobernados y sector privado.
Aunque se debaten los sustratos teóricos relacionados a la gobernanza digital, el propósito de este trabajo es sistematizar teóricamente los principales rasgos de esta, conocer sus postulados, los aspectos más relevantes así como la mirada o análisis de esta desde la Metría de la Información, gracias a que ha sido reconocida como un campo temático y un enfoque gubernamental de importancia para el progreso de los países.
Métodos
La investigación presentada es de tipo documental, con alcance descriptivo, a partir de que el objeto investigado fue analizado en su contexto natural, tal cual se produjo, en un momento particular en el tiempo. Para ello se recurrió al Análisis Documental Clásico que permitió la revisión exhaustiva de fuentes bibliográficas con el objetivo de fundamentar teóricamente lo abordado en el estudio.
Resultados y Discusión
La gobernanza desde los enfoques de la Administración Pública
Las transformaciones sociales por las que han transitado las sociedades incitaron a estudiosos a construir teorías que explicaran la conformación de la sociedad y del Estado, así como el papel del ciudadano en ellos. En este sentido, son significativas las aportaciones de los enfoques de la Administración Públicaa, pues tratan cuestiones centrales de la democracia, como sucede con el de la gobernanza.
El concepto de gobernanza cobró interés cuando agencias internacionales reportaron, a mediados de los años noventa, que su ausencia era una barrera importante para el desarrollo de los países. Dicho concepto ha sido empleado como sinónimo de gobernabilidadb (D’Eramo, 2017) y aunque se popularizó desde la década de 1980c, no existe aún una definición específica del mismo. La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superiores (OLACEFS, 2015) realizó un estudio exhaustivo sobre el origen etimológico y el significado de este término, concluyendo que el primero es confuso y que existen dos acepciones principales: la gobernanza en sentido descriptivo, en la que ocurre una multiplicación de los agentes que intervienen en la formulación y ejecución de las políticas públicas (la asociación de entes privados en las tareas de la Administración Pública es la versión más extendida del concepto) y gobernanza en sentido normativo que describe un estado ideal de la Administración Pública. La propia organización también señala que, en el ámbito gubernamental, es común que sea descrita como una meta de política pública o como un distintivo de las organizaciones modernas, razón que explica por qué el concepto está relacionado con ciertas prácticas propias de los regímenes democráticos, tales como la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, la gestión basada en resultados, la calidad de los gobiernos, entre otros aspectos.
Organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 1995) y autores como Chhotray (2010), han generado aportaciones conceptuales sobre esta. La primera plantea que la gobernanza incluye las relaciones entre el Estado y el pueblo, proporcionando los mecanismos a través de los cuales se puede generar colaboración entre sectoresd, se trata de “reglas de toma de decisiones colectivas en torno a las cuales hay una pluralidad de actores u organizaciones” (Chhotray, 2010, p. 3) -pluralidad que posibilita la conformación de redes en las que participan tanto organizaciones públicas como privadas (Guédez, 2019)- o de “la suma de las numerosas maneras como los individuos y las organizaciones públicas y privadas dirigen/manejan sus asuntos comunes. Por consiguiente, incluye las instituciones formales y los organismos encargados de asegurar su observancia” (OCDE, 1995, como se citó en OLACEFS, 2015). Como se puede apreciar, se emplea de manera similar el concepto en lo referente a la multiplicidad y diversificación de los agentes involucrados en los procesos de toma de decisiones.
El uso de esta palabra se difundió a lo largo de la historia en distintos campos del conocimiento entre los cuales se encuentra, fundamentalmente, la Administración Pública. Independientemente de su evolución en los otros campos, su significado se reescribe en cada uno de los distintos enfoques de la teoría de Administración Pública: gobernanza tradicional o vieja gobernanza, gobernanza como nueva gerencia pública y gobernanza como nuevo servicio público, por lo que resulta importante el análisis de cada uno de ellos.
La Administración Pública ha sufrido una profunda transformación hasta culminar en el proceso de reforma del Estado en la década de 1980, como una solución a la crisis administrativa de esa época (Fernández, Fernández y Rodríguez, 2008; Gómez y Arango, 2012; Uvalle, 2012). Para el último tercio del siglo XX ya existían debates en torno a dicha reforma como consecuencia de los cambios exigidos por la ciudadanía debido a la persistencia de problemas sociales como la pobreza, la inseguridad y la falta de resultados que satisfagan plenamente las demandas sociales, por mencionar algunos (Arenilla et al., 2011; Gómez y Arango, 2012). El modo de gobernar en esta época fue el de predominio gubernamental, vertical, de mando e intervención en casi todos los campos de la vida asociada (Aguilar, 2010), de ahí que el servicio público para ese entonces ya no era considerado, en palabras de Uvalle (2012), “el vehículo confiable que relacionaba a los gobernantes con los gobernados” (p. 115), por lo que, ante el descrédito de la actividad administrativa, dicho autor explica que comenzaron a aplicarse políticas de privatización, apertura externa y desregulación, que depuraran los excesos administrativos y burocráticos y restituyeran las funciones del Estado. Esta reforma gubernamental es de gran relevancia, pues significa la transición de la Administración Pública Tradicional a la Nueva Gestión Pública (NPG o New Public Management en inglés)e como modelo que “ha revolucionado la concepción burocrática del gobierno y ha incorporado la gobernanza democrática” (Gómez y Arango, 2012, p. 111). A pesar de tener algunos detractores, varios académicos notables como Christopher Hood, Gerald Caiden, David Osborne y Ted Gaeblerf, Christopher Pollit, Peter Charles Aucoin y Roderick Rhodes, contribuyeron a su desarrollo y a sentar las bases para su introducción y adopción por muchos países, lo que generó innegables transformaciones en los gobiernos (Dunleavy y Hood, 1995; Roy, 2021).
Weikart (2001) y Pollit (2011) mencionaban entre las estrategias y principios de la NGP la reducción de personal (reducción del volumen de la gestión pública), lo cual significaba disminuir las administraciones públicas y sus costes, haciendo eficiente la gestión y generalizando las responsabilidades de la mismag. Además, la NGP abogaba por la creación de una nueva cultura de gestión para la flexibilidad, la innovación y la producción (Galnoor, Rosenbloom y Yaroni, 1998), y defiendía la idea de adaptar el ideario de gestión empresarial a la Administración Pública, a partir de la introducción de algunos elementos de evaluación como la gestión del desempeñoh y la comprensión de la eficiencia (Weikart, 2001). La reducción de la burocracia, así como la desagregación de este tipo de organizaciones tradicionales en organizaciones de propósito único ligadas al aparato público, mayor transparencia presupuestal, el enfoque a los resultados más que a la propia gestión, la percepción del ciudadano como cliente, el uso de la tecnología de la información y el desarrollo de la estrategia competitiva, fueron otros principios defendidos por este enfoque (Mena, 2006; Pollit, 2011; Karataş, 2019). Aunque hay autores que reprueban el contenido de los postulados, se puede afirmar que trató de alcanzar una estructura organizacional flexible, transparente, que rindiera cuentas, centrada en la mejora de los resultados de las intervenciones públicas en lugar de centrarse en procesos y normas rígidas para la provisión de servicios (Fernández et al., 2008).
A partir de las críticas que recibió la NGP, comenzó a considerarse el surgimiento de un nuevo enfoque denominado Post-Nueva Gestión Pública (PNGP o Post-New Public Management, en inglés). Este término fue utilizado para definir y/o describir diferentes tendencias de reformai (Christensen, 2012). Algunos autores como Christensen (2012) y Karataş (2019) consideran que, aunque su significado exacto es debatido, se orienta a mejorar las capacidades de gestión de los administradores públicos, así como a la rendición de cuentas, la coordinación y a la responsabilidad democrática de las organizaciones públicas. Los mismos autores prosiguen explicando que la PNGP se centra en formas colaborativas y de cooperación, tanto con organizaciones y actores privados u organizaciones no lucrativas, como mecanismos de resolución de problemas públicos. De esta manera se sitúa en un marco intermedio entre Estado y mercado, evidenciando una reintegración administrativa vertical y horizontal, así como una cooperación entre entidades, en aras de generar confianza entre los ciudadanos y los aparatos administrativos. Precisamente esta nueva configuración estructural de recentralización y de cooperación, demuestra que ya no se ve al ciudadano como un cliente a quien hay que satisfacer, sino también a quien hay que rendirle cuentas -lo que se traduce en transparencia- y posibilitarle su inclusión en materia de participación activa y real, lo que deviene en una perspectiva de dirección construida sobre valores públicos como la confianza y la equidad, preceptos necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Chica y Salazar (2016) consideran que, aunque pudiera creerse que la PNGP es un regreso hacia el conjunto de valores tradicionales y formas de organización del sector público que combinan los preceptos de eficiencia y equidad, centralización y descentralización, la calidad de los servicios y el enfoque de derechos, solo se trata de una situación similar. A pesar de las valoraciones positivas que ha recibido, y en propias palabras de Karataş (2019), el uso de este enfoque como teoría general de la Administración Pública, aunque resulta de especial interés académico, todavía requiere más investigación y desarrolloj (p. 1803).
A todo el mencionado proceso de transformación del sector público se le sumó también la evolución y el desarrollo de las tecnologías. Para el año 2000, los gobiernos comienzan a enfocarse en el desarrollo de la Sociedad de la Información, y a impulsar la oferta de servicios y puesta en marcha de portales en forma de ventanilla única, dirigidos a los ciudadanos y a las empresas, lo que generó una importante transformación en el desempeño de las instituciones públicas, así como también la consolidación de valores democráticos como la transparencia, el acceso a la información y la participación política. Ello ocasionó el surgimiento de una nueva forma de gestión pública denominada Administración Electrónica (e-Administración, e-Management o e-Administration), la que estaba basada en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) -y en particular de Internet- con el objetivo de prestar mejores servicios a ciudadanos y empresas, y mejorar sus procesos internos (Torres, 2012). Esta expresión es considerada un sinónimo de “Gobierno Electrónico” (e-Gobierno)k, según lo declarado por la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007) y ambas acepciones pueden entenderse como
el uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. (pp. 6-7)
El e-Gobierno ha sido considerado la transformación o el cambio de paradigma en la gestión gubernamental que, caracterizado por la incorporación y uso de las TIC e Internet por parte del gobierno, tiene como fin mejorar los servicios públicos y la información ofrecida a los ciudadanos, simplificar los procesos de soporte institucional, incrementar la transparencia del sector público y la participación ciudadana, así como alcanzar mayor eficacia y eficiencia en la gestión pública mediante un mejor gobierno (Rodríguez, 2021).
Los nuevos enfoques de gestión pública y, sobre todo, el desarrollo de las TIC ha generado transformaciones en muchos ámbitos de la vida cotidiana, y los gobiernos y sus administraciones públicas no han quedado exentos de ello. Hoy, se habla con mayor énfasis de facilitar el acceso a la información, de construcción de instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas a sus ciudadanos a partir del uso que permiten estas tecnologías (Organización de las Naciones Unidas [ONU], s. f.-b). Se trata entonces del empoderamiento del ciudadano, de su participación en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos, de poner a su disposición servicios que le permitan interactuar con aquellos que los gobiernan y que son los máximos responsables de satisfacer sus necesidades. Estamos ante un fenómeno social que ha sido denominado gobernanza digital y que a pesar de que ha existido por más de dos décadasl (Bannister y Connolly, 2012), hoy se ha convertido en el elemento fundamental de la Administración Pública, reconocido por importantes organismos internacionales como una tendencia actual en temas de gobierno.
Gobernanza desde el contexto digital
Las TICs y su constante desarrollo aparecen sobre el actual contexto con la promesa de transformar la vida cotidiana. Las distintas formas de gobernar, de conformar la sociedad y el Estado, de unificar el sector privado, la sociedad civil y el gobierno en temas de tecnología, de garantizar la participación ciudadana en cada uno de los procesos gubernamentales y lograr la transparencia de las instituciones y la interoperabilidad, son los principales desafíos de la época contemporánea que debe enfrentar la gobernanza digital.
Referenciada también en la literatura como e-gobernanza, gobernanza electrónica, gobernanza tecnológica y gobernabilidad electrónica (Obodo y Anigbata, 2018), es un término que autores como Bannister y Connolly (2012) consideran que ha sustituido al de gobierno electrónico, mientras que otros como Grigalashvili (2022), explica que a menudo se tratan como sinónimos y se usan indistintamente en la literatura académica o documentos formalesm.
Con el fin de resolver las ambigüedades y a pesar de que aún no se ha logrado una visión unificada ni los límites conceptuales de ambos fenómenos, varios académicos han expuesto sus perspectivas sobre los mismos.
Algunos autores sostienen que el gobierno electrónico constituye solo un subconjunto (aunque uno importante) de la gobernanza digital y que esta última es un concepto más amplio que incluye el uso de las TIC por parte del gobierno y la sociedad civil para promover una mayor participación de los ciudadanos en la gobernabilidad de las instituciones (Howard, 2001; Bannister y Walsh, 2002). Apoyando este criterio se encuentran Cook, LaVigne, Pagano, Dawes y Pardo (2002), Snellen (2006, como se citó en Grigalashvili, 2022) y Sheridan y Riley (2006) quienes también consideran que la gobernanza digital es un concepto mucho más extenso, ya que se ocupa de todo el espectro de la relación y las redes dentro del gobierno con respecto a la utilización y aplicación de las TIC, de los procesos de toma de decisiones y la implementación de todo tipo de cambios en las relaciones entre el gobierno y el público, es decir, se centra en la administración y la gestión dentro de una organización (Palvia y Sharma, 2015), mientras que gobierno electrónico abarca y se limita a todos los aspectos y al desarrollo de servicios en línean.
El autor Grigalashvili (2022) concluye su investigación sintetizando los diferentes criterios anteriores. Explica que el gobierno electrónico es un enfoque institucional para las operaciones políticas jurisdiccionales, que se ocupa del desarrollo de servicios en línea para el ciudadano, empleando un protocolo de comunicación unidireccional. Por otra parte, la gobernanza digital, efectivamente, es un concepto distinto y más amplio que el anterior, pues es un enfoque que abarca las relaciones administrativas cooperativas, define y evalúa los impactos que las tecnologías están teniendo en la práctica y administración de los gobiernos, así como las relaciones entre los servidores públicos y la sociedad en general, evidencia de que es una funcionalidad con un protocolo de comunicación bidireccionalñ.
Existen distintas visiones que intentan abarcar los objetivos y matices que posee la gobernanza digital. Marche and McNiven (2003) consideran que es la relación mediada por la tecnología entre los ciudadanos y sus gobiernos y entre el gobierno y los negocios, así como la aplicación de los medios electrónicos para mejorar aspectos democráticos, gubernamentales y empresariales Backus (2001). Oakley (2002) opina que se trata de un servicio, pero coincide con los autores anteriores en que transforma y facilita la relación entre el gobierno y el ciudadano, mientras que Dawes (2009) coincide con los actores sociales ya mencionados y afirma que abarca el uso de las TIC para promover los servicios públicos, la administración del gobierno y los procesos. Jain (2020), por otra parte, ofrece un punto de vista más global que los autores anteriores al plantear que es la aplicación de las TIC para proporcionar servicios gubernamentales efectivos y eficientes para los ciudadanos, empresas y agencias gubernamentales a través de Internet, creando así una nueva interfaz para que los ciudadanos interactúen con el gobierno. Concluye el propio autor señalando que la gobernanza digital no se limita únicamente al sector público, sino que también incluye la gestión y administración de políticas y procedimientos en el sector privado.
Todo lo expresado anteriormente, unido a los criterios de otros investigadores como Sayed y Noor (2011), Palvia y Sharma (2015), Twizeyimana y Andersson (2019) y El Din Ali y El Eweishy (2021), permite definirla como el uso que hace el sector público de las TIC con el fin de mejorar la información y la prestación de servicios públicos a las personas, organizaciones (privadas o gubernamentales) u otros usuarios de servicios, fomentando la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, haciendo que los gobiernos sean más responsables, transparentes y eficaces. Aunque abarca todas las TIC, Heeks (2001) y Merchant, Cook y Missen (2007) señalan que la innovación clave son las redes informáticas (desde Intranets hasta Internet) para la transferencia de información, creando así una gran cantidad de nuevas conexiones digitales en las que suceden interacciones entre el gobierno, las personas y las corporaciones (Wang, Medaglia y Zheng, 2018; Algazo et al., 2021).
Una manera de mejorar la relación que ocurre entre la pluralidad de actores públicos y privados es garantizar el uso coherente de las tecnologías digitales en todos los niveles de los gobiernos (Naser, 2021) y la interoperabilidad de los sistemas que estos emplean. En este último aspecto -la interoperabilidad- se ha hecho énfasis durante años y en el contexto de la gobernanza digital es un requisito importante pues se trata de la capacidad que tienen distintos sistemas para trabajar en conjunto (Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, 2015). Un caso bien reconocido internacionalmente es X-Road, una capa de intercambio de datos estandarizada, cohesiva, colaborativa, interoperable y segura que brinda a los proveedores de servicios una oportunidad completamente nueva de hacerse visibles en servicios dirigidos a ciudadanos, empresas y funcionarios públicos. Implementada en Estonia desde el año 2001 e integrada con el sector público de Finlandia en el año 2018, se ha convertido, en el contexto de la Unión Europea, en un caso excepcional de una plataforma de interoperabilidad transfronteriza que proporciona una perspectiva para el futuro basada en este concepto de servicio electrónico de próxima generación (Blake, Dreyling y Pappel, 2021; X-Road, 2022).
De manera general se puede afirmar que el paradigma e implementación de la gobernanza digital tiene una fuerte vinculación con la ciudadanía, los aspectos administrativos de los gobiernos, los servicios gubernamentaleso (Al-Rzoky, Al-Mahdi y Al-Samariy, 2021) y la comunicación digital y el intercambio de información mencionados actores sociales (Naser, 2021).
Por otra parte, la gobernanza digital ha sido tipificada en cuatro categorías: gobierno a ciudadano a gobierno (G2C2G), gobierno a empresas (G2B), gobierno a gobierno (G2G) y gobierno a empleados (G2E). Estas categorías, en las que concuerdan los autores Kuo, Lin, Ho y Yang (2014) y Dhindsa, Narang y Choudhary (2013), coinciden con tres de las tipologías del gobierno electrónico. La diferencia entre es que en el último solo se realiza la entrega de servicios, trámites y/o transacciones, mientras que en la gobernanza digital se puede apreciar, como bien se comentó anteriormente, un protocolo de comunicación bidireccional, lo que los autores mencionados.
Algazo et al. (2021), identifican algunos modelos teóricos básicos de la gobernanza digital y puntualizan que estos incluyen un acceso equitativo a los datos para todos los conectados a la red digital. A continuación, se presenta un listado y una breve descripción de dichos modelos:
Modelo de diseño para la radiofusión: Si bien la gobernanza es, por definición de acceso público, en este modelo se promueve aún más dicho acceso empleando para ello las TIC. De acuerdo con los autores Wirtz, Weyerer y Rösch (2019) el diseño para la radiofusión ayuda a las personas a expresar una opinión sobre los servicios que les brinda el gobierno y sus administraciones, así como también si los servicios públicos están a su disposición, y el nivel de servicio que reciben. Algunos ejemplos de este tipo de modelo son las regulaciones y legislaciones en línea o bien una publicación en línea de juicios críticosp.
Modelo de análisis comparativo: Utilizado para inspirar a los ciudadanos a comparar casos de mala con buena gobernanza, a partir de la identificación de ciertos factores (Beeri, Uster, y Vigoda-Gadot, 2019), se basa en una gran herramienta de TIC y redes sociales para analizar conjunto de datos con conocimientos comparables en los sectores público y privado, y posteriormente dichos datos serán empleados para abogar por buenas reformas o dar forma a la visión pública de las prácticas de gobierno actuales Algazo et al. (2021).
Modelo de Flujo Crítico: Según Xu, Badea y Cheng (2021), se enfoca en la transmisión de información valiosa (sensible), tipo de información que no está pensada para ser revelada a la audiencia utilizando las tecnologías u otros tipos de recursos, lo que hace que ocurran prácticas de gobernanza deficientes. Algunos ejemplos ofrecidos por los autores del público objetivo de este modelo son las instituciones judiciales y los investigadores independientes.
Modelo de defensa electrónica: Es uno de los modelos de Gobernanza Digital más utilizados, se enfoca en establecer un flujo de información planificado y dirigido, para crear sólidos aliados virtuales para complementar las actividades del mundo real, es decir, se crean comunidades virtuales que comparten valores e intereses comunes, conectando o fomentando grupos/actividades de la vida real para la acción concertadaq (Popoola, Matthew y Fayomi, 2020).
Modelo de prestación de servicios: De acuerdo con Linders, Liao y Wang (2018), el modelo de servicio interactivo representa una consolidación de otras formas de gobernanza digital, abriendo la participación individual y de autoservicio en los procesos de gestión. Los mismos autores explican que los ciudadanos pueden acceder -de forma interactiva- a los diferentes servicios proporcionados por el gobierno, a través de un canal entre este último gobierno y la gobernanza interactiva del consumidor (lo que se conoce como G2C2G). De esta manera queda puesta a consideración de los ciudadanos aspectos de la administraciónr.
Todos los aspectos mencionados en torno a la gobernanza digital permiten sostener el valor de esta para los gobiernos y, principalmente, para los ciudadanos. Innegablemente ella ha venido a transformar las maneras tradicionales de gobernar, pues ha permitido que, a través de elementos como la transparencia y la rendición de cuentas, los ciudadanos estén informados sobre en qué están trabajando los gobiernos, así como las políticas (económicas o gubernamentales) que se están tratando de implementar. De igual manera, según comentan los autores Obodo y Anigbata (2018), ayuda a lograr resultados políticos específicos al permitir que las partes interesadas compartan información e ideas y tiene un gran potencial para fortalecer la capacidad institucional para una mejor prestación de servicios a los ciudadanos y las empresas, dado que permite reducir la corrupción y aumentar la transparencia y el control social, lo que deviene en confianza entre los gobernantes y sus gobernadoss.
Como puede apreciarse la gobernanza digital ocupa el lugar central como una cuestión relevante para todos los gobiernos, representando un desafío no solo para ellos, sino también para sus investigadores, quienes quedan al frente de la tarea de establecer las mejores pautas para su implementación a partir de la presentación de estudios que aborden esta temática.
La Gobernanza Digital desde la perspectiva de los Estudios Métricos de la Información
Como se ha mencionado, resulta innegable la importancia que han adquirido las TIC para los ciudadanos y, como se ha podido apreciar, para la Administración Pública. En el actual contexto tecnológico la gobernanza digital resulta un requisito clave para el desarrollo de los gobiernos digitales y se hace necesario la concreción de políticas públicas adecuadas que garanticen la participación de los ciudadanos en los procesos de gobierno, a fin de satisfacer sus exigencias y necesidades (Naser, 2021). Todo lo anterior ha ocasionado el incremento del volumen de la información relacionada con esta temática, por lo que se plantean desafíos en cuanto al análisis y la evaluación de la actividad científica.
De las primeras sociedades científicas surgió la necesidad de comunicar y difundir los aportes de la nueva ciencia. Piedra y Martínez (2007), mencionan que entre las primeras sociedades de este tipo se encuentran la Academia de Lincei (1600-1630) en Roma, la Academia del Cimento (1651-1657) en Florencia, y la Royal Society de Londres (1622), entre otras. Prosiguen explicando las autoras que, en un inicio, la comunicación de los hallazgos científicos entre estas sociedades era realizado a través del intercambio de cartas como un consolidado sistema que fue denominado Republique des Lettres. Con el creciente desarrollo de las sociedades, el surgimiento de la imprenta y la prensa, este sistema no resultó muy eficiente, lo que dio lugar al surgimiento de los primeros periódicos que se convertirían más tarde en académicos y luego en revistas científicas. Precisamente entre las primeras revistas científicas figuran la Journal des Scavants de Francia, y la Phiroo Sophical Transactions de la Royal Society en Inglaterra, como los primeros referentes de la publicación de la producción científica.
La producción científica puede entenderse como un “conjunto de conocimientos que han sido generados como efecto del proceso de investigación en cualquier rama del saber llevado a cabo por una persona determinada, siendo este el punto de partida para generar nuevos conocimientos en cualquier profesional” (Gámez, 2017, p.24), o como la “difusión de conocimientos científicos originales (…), referida a la publicación de resultados de investigación en una forma que esté disponible para la comunidad investigativa, con el objetivo de beneficiar directa o indirectamente a la sociedad” (Zagonari, 2017, p.2).
En la actualidad los constantes procesos de transformación, en el que tendencias y dinámicas conducen a cambios, es común la generación de los mencionados nuevos conocimientos, núcleos temáticos emergentes, reelaboraciones teóricas, es decir, un amplio ejercicio de renovación de la creación científica, aspectos que, ya sean conceptuales o metodológicos, requerirán de una evaluación (Bokser, 2019). Piedra (2010) señala las razones que sustentan el interés por la evaluación de la actividad científica y la productividad de los investigadores, perspectivas como las financieras, de promoción de los investigadores, recompensa de la actividad de investigación, formulación de políticas de investigación y toma de decisiones en esta esfera. De igual forma la autora la reconoce como uno de los instrumentos más eficaces para la concepción y afianzamiento de políticas científicas, tanto a nivel nacional como internacional, y así también como un área cada vez más atractiva para las Ciencias Sociales. Sobre la evaluación Gámez (2017) hace referencia a la existencia de tres aspectos importantes relacionados a ella. Uno es el que afirma que los estudios de evaluación de la ciencia comprenden tres áreas importantes: documentación científica, sociología de la ciencia e historia de la ciencia. Como segundo aspecto señala que por lo general realizar una evaluación precisa no es tarea fácil, tomando en consideración la diversidad de criterios, nada uniformes, que existen. En este sentido explica que:
se requiere de un análisis y reflexión en torno a la importancia de poder desarrollar indicadores que permitan la medición no sólo del impacto científico y la calidad de la investigación, sino además del impacto social, la transferencia de la investigación, los conocimientos y tecnologías, el desarrollo de capacidades investigativas y de innovación, entre otros, e integrarlos armónicamente en los procesos evaluativos a cualquier nivel o fenómeno objeto de evaluación, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones, desarrollar e introducir productos y técnicas de dirección nuevas e implantar o mejorar procesos. (p. 9)
Por último, la autora manifiesta que, si bien la evaluación se ha llevado a cabo tradicionalmente por expertos -peer review- (sistema más aceptado por los propios científicos), las limitaciones de este sistema de evaluación y el tamaño de la Ciencia han dado origen a los Estudios Métricos de la Información (EMI), estudios que no solo permiten explorar, detectar y mostrar información relevante y significativa en grandes volúmenes de documentos, sino que también propiciaron el surgimiento de una nueva disciplina con un enfoque cuantitativo y objetivo, cuyos resultados constituyen una fuente de información útil para evaluar la actividad científica.
Señala Madero (2019) que los EMI se han ido adueñándose progresivamente del presente escenario informacional hasta convertirse en imprescindibles. Constituyen un campo multi, inter y transdisciplinario en el cual interactúan métodos, modelos matemáticos, así como estadísticos, con las disciplinas que integran el denominado Sistema de Conocimientos Bibliológico Informativo (Bibliotecología, Bibliografología, Archivología y Ciencia de la Información). Igualmente, Rusell (2016), plantea que los EMI son un campo resultante del proceso de matematización del conocimiento científico, que contribuyen a establecer el estado de la producción de conocimiento y la actividad científica, así como la eficiencia, rendimiento y progreso en diversas ramas del saber. El mismo autor prosigue afirmando que dichos estudios y los indicadores que aportan, aplicados al amplio mundo de la información y del conocimiento científico, proveen datos e información para guiar procesos de gestión y resolución de problemas en diferentes contextos y, además, permiten caracterizar los diferentes campos de conocimientos, así como tomar decisiones referentes a su estructura, desarrollo y evolución dentro de la actividad científica (Martínez, Martínez y Rodríguez, 2019).
En otro orden de ideas, para la aplicación de los mencionados EMI, se emplean herramientas bibliométricas, como diversos tipos de indicadores, que permiten expresar cuantitativamente las características bibliográficas de un conjunto de publicaciones científicas (Hurtado, 2020). En lo relativo a ello, Maltrás-Barba (2003) señala que estos indicadores bibliométricos son entendidos como uno de los subconjuntos de las señala que, por lo general, seleccionar aquellos que van a ser empleados en determinados estudios, dependen de múltiples factores y, dada su gran variedad, dicha selección se complejiza. Prosigue la autora expresando que la literatura científica recoge una amplia variedad de criterios y clasificaciones de los mismos los que se derivan de dos regularidades fundamentales: la producción científica y la comunicación científica las que, a su vez, originan tipologías agrupadas en producción, visibilidad e impacto en la colaboración científica.
Todo lo expresado anteriormente permite sustentar la relevancia de los EMI, estudios de un valor fundamental que, a partir de variables e indicadores, no solo facilitan el establecimiento de diagnósticos y tendencias en determinado campo del saber y contribuyen a la toma de decisiones, sino también estudian “la ciencia a nivel global dando una panorámica de esta a través de su función social” (Puentes, 2008, p. 23).
En el caso particular de los estudios métricos sobre la gobernanza digital, es necesario puntualizar que son pocas las investigaciones de este tipo. Por lo general, existe una tendencia en la gran mayoría de los especialistas a detenerse, sobre todo, en ofrecer definiciones conceptuales sobre ella, establecer sus principales diferencias respecto al gobierno electrónico, comentar sobre su importancia, beneficios, desventajas y desafíos, o bien a analizar el estado en el que se encuentra su implementación en distintos países para proponer consideraciones que garanticen una adecuada ejecución de la misma. A pesar de ello, no puede dejar de mencionarse la importancia de todos estos trabajos, ya que existen algunos que tratan temas actuales, como aquellos que hacen referencia al marco de aplicación de Big Data en la Administración Pública a través de la gobernanza digital basada en datos (DDeG), lo cual ha ampliado el alcance de la misma al explorar los aspectos tecnológicos como la Internet de las Cosas (Internet Of Things, IoT) y la Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence, AI) (Mittal, 2020), o aquellas investigaciones que examinan los desafíos diarios de los ciudadanos y los comparan con los beneficios que ofrece la tecnología Blockchain como un cuantificables de la literatura científica, sus medidas son obtenidas. Peralta (2015), habilitador para la gobernanza digital en las futuras ciudades inteligentest (Smart Cities) (Khanna, Sah, Bolshev, Jasiňski, Vinogradov, Leonowicz, 2021).
En lo relativo a aquellos estudios afines a la temática de esta investigación, figuran algunos que proporcionan un examen completo sobre la gobernanza digital. Tal es el caso del estudio bibliométrico sobre el modelo de gobernanza de la era digital (DEG) en el que fueron recuperados más de once mil artículos (9175 una vez normalizados los registros) indexados en la base de datos Scopus entre los años 2001-2020. Este análisis reveló el crecimiento de la investigación de DEG en las dos últimas décadas, también que esta ha avanzado desde los servicios públicos convencionales a los servicios electrónicos orientados a los ciudadanos al incluir la participación de los mismos y se señala la importancia de investigaciones futuras que serán beneficiosas para avances teóricos de la investigación sobre esta temáticau. De igual forma fueron identificados otros estudios relacionados con la evolución temporal y el crecimiento de las colaboraciones de investigación en esta área. Por lo general, existe una tendencia a la realización del análisis bibliométrico a partir de registros que figuran en la base de datos Scopus y que muchos de sus resultados relevan el crecimiento de las investigaciones en los últimos años, principalmente dada la cantidad de publicaciones relevantes en revistas acreditadas como Government Information Quaterly.
Es precisamente en lo anterior donde se puede apreciar las discretas exploraciones realizadas, mediante el uso de indicadores bibliométricos, de investigaciones sobre la gobernanza digital, lo que justifica continuar indagando y profundizando en el tema desde la perspectiva de los EMI.
Conclusiones
A modo de cierre es posible señalar que los tres enfoques de la gobernanza en la Administración han sido la de tipo tradicional, la nueva y la digital. En el caso de esta última tiene la capacidad de transformar los gobiernos y la ofrece la oportunidad de aumentar la democracia y la confianza de la ciudadanía en estos.
Además, la creciente producción científica y la adopción de la gobernanza digital en distintos países hace necesario realizar un análisis de su comportamiento para conocer las mejores prácticas y las principales tendencias internacionales en cuanto a su implementación, por lo que los estudios métricos de la información y sus herramientas permiten conocer y tomar decisiones en relación con esta temática.
