La competitividad en las actuales condiciones de la economía internacional

Competitiveness in International Economy Present Conditions

Oneida Álvarez Figueroa

Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, Universidad de La Habana, Cuba.

RESUMEN

El artículo aborda el complejo problema de la competitividad y sus condicionantes, centra el análisis en algunos países de la comunidad iberoamericana, y examina la incidencia de diferentes políticas públicas en las dinámicas nacionales. Además, reflexiona en torno a experiencias positivas y censurables a nivel internacional. Se propone contribuir al debate conducente al diseño de estrategias que posibiliten elevar la competitividad a nivel de países.

PALABRAS CLAVE: desarrollo, innovación, inserción internacional, políticas públicas.

The article refers to the complex problem of competitiveness and its contributing factors. It focuses the analysis on some Ibero American community countries, and examines the incidence of different public policies on different national forces. Moreover, it ponders the positive and objectionable experiences internationally. The present paper aims at contributing to the debate leading to the design of strategies that make possible to increase competitiveness in different countries of the world.

KEYWORDS: development, innovation, international insertion, public policies.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es ubicar el marco internacional que sirve de base al fenómeno de la competitividad en la actualidad; se asume como punto de partida el examen de algunas precisiones conceptuales desde ópticas diferentes, y se toma en consideración el nexo competitividad-desarrollo, en los disímiles espacios en que se decide dicho proceso. Además, se promueve una reflexión sobre el papel de la innovación, en un sentido amplio; se revelan algunas contradicciones que se infieren de los resultados que muestran indicadores publicados por el World Economic Forum (WEF);(1) y se proponen algunos factores claves para impulsar progresos en las condiciones competitivas a nivel de países.

Contexto internacional que sirve de marco al análisis de la competitividad en la actualidad

A diferencia de otros momentos históricos, cuando el epicentro de las crisis se ha focalizado en los países menos desarrollados de la economía mundial, hoy son las economías "centrales" del sistema capitalista las que atraen los titulares más alarmantes relacionados con los efectos del actual conflicto global, sin que ello quiera decir que sus secuelas no se hagan sentir en los países emergentes, y mucho más dramáticamente en los subdesarrollados. También las políticas de respuesta a esta crisis, adoptadas en "el centro", tienen su impacto en el resto del mundo; de ahí la importancia de un examen crítico. Las políticas para incrementar la competitividad, su eficacia o ineficacia, no solo tienen consecuencias en la recuperación de la economía nacional, regional y global, sino también en la calidad de vida de los ciudadanos, a corto y a largo plazo. Asimismo, estas políticas influyen en el progreso futuro de los países. Sus huellas en los procesos de innovación es otra de las aristas que merecen mucha atención.

Políticas laborales, condiciones del mercado de trabajo, estrategias científico-tecnológicas y competitividad son elementos que muchas veces se abordan de forma independiente en la literatura científica y en los debates gubernamentales, sindicales, o en foros e instituciones especializadas. Tanto en su diagnóstico actual, como en el diseño de escenarios futuros y proyectos de mejoramiento, se requiere un análisis integral del triángulo recursos humanos/innovación/competitividad, para transitar por caminos seguros en la adopción de políticas públicas capaces de satisfacer simultáneamente el avance en los indicadores del desarrollo humano y la competitividad sostenible.

Muchas deliberaciones suscita el tema de la competitividad a nivel de países,(2) especialmente en las actuales condiciones de crisis internacional, pero resultan relevantes dos polos en el debate: los que ponen el énfasis en la proporción del valor de las exportaciones de un espacio geográfico determinado (localidad, país, sector, macrorregión) en los mercados mundiales, y los que vinculan la competitividad al progreso de dicho espacio. Al respecto, M. Porter (1990) sugiere que es necesario moverse más allá de la metáfora engañosa de la competencia directa en el mercado y relacionar la competitividad con las fuentes de la prosperidad de las naciones. Por otra parte, expertos de la Comisión Europea definen la competitividad como el incremento sostenido de la renta y el nivel de vida de las naciones o regiones, con una oferta de empleo lo suficientemente amplia como para dar cobertura a todos los posibles demandantes, y precisan que la actividad económica no debe traducirse en desequilibrios externos insostenibles. El presente estudio prefiere poner apellido al concepto y referirse a "competitividad sostenible", que es el resultado de un conjunto de factores; entre ellos, la productividad -el de mayor significado real.

El dinamismo competitivo (aumento de cuotas de mercado), basado en políticas idóneas, posibilita elevar los niveles y la calidad de vida de los ciudadanos de un país, al tiempo que puede resultar atractivo para los flujos externos de financiamiento, capaces de complementar los ahorros domésticos requeridos con vistas a garantizar transformaciones progresivas en la estructura económica y ritmos razonables de crecimiento. La competitividad será sostenible si la estrategia diseñada para lograrla no amenaza la equidad distributiva de la riqueza creada, si tiene una sólida base endógena, y si no genera vulnerabilidad externa, ni compromete el futuro de las generaciones venideras. También es válido resaltar que la bienandanza de los países no se debe asociar únicamente a la mayor competitividad, y tampoco al elevado crecimiento, si dichos indicadores carecen de plataformas sostenibles. Esa concepción es contraria a las estrategias aplicadas para elevar la competitividad sobre bases distorsionadas, tales como políticas destinadas a proveer subsidios, mantener salarios bajos, devaluar la moneda nacional, u otras, dirigidas a expandir las exportaciones por vías espurias.

Independientemente de que la competitividad pueda medirse en diferentes dimensiones (empresarial, sectorial, territorial, a nivel nacional y de macrorregiones), muchos enfoques actuales no contemplan el precitado enunciado y no trascienden el análisis microeconómico. Consecuentemente, en no pocas ocasiones se pone el énfasis en la relación entre costo-precio y competitividad, y se llega a la errónea conclusión de que cualquier reducción de los costos (y no el aumento de la productividad) es la fuente principal de la competitividad.

Sobre la base de estas consideraciones previas es necesario subrayar que en las presentes circunstancias de crisis sistémica las políticas de impulso a la competitividad resultan de trascendental importancia para Iberoamérica. Para España, porque atraviesa la coyuntura más complicada vivida en el último medio siglo: no se trata de una fase más de crisis cíclica del capitalismo, sino un período de excepcional complejidad, por las manifestaciones múltiples del periodo recesivo y las dificultades para superarlo (la situación del país europeo se entrelaza con la crisis financiera internacional, pero tiene su sello propio de sobre-endeudamiento, el cual requiere una etapa prolongada y dura de des-endeudamiento). Para Latinoamérica, porque se han conjugado factores favorables externos con políticas públicas más atinadas en muchos países, y ello le ofrece oportunidades para mejorar su inserción internacional (al transformar su estructura productiva; elevar el valor agregado de sus exportaciones; diversificar sus mercados; profundizar la cooperación, concertación e integración regionales; y al dinamizar su incorporación a cadenas regionales y globales de producción o servicios). Se presenta así la ocasión para que la región reduzca su dependencia externa y cierre paulatinamente muchas de las brechas de desigualdad heredadas del pasado, profundizadas por los modelos neoliberales recientemente aplicados.

Las políticas públicas hoy a favor de la competitividad en Iberoamérica deben tener muy en cuenta las diferentes dimensiones que inciden en sus resultados. De una parte, la creación, supervivencia y éxito del nivel empresarial son elementos clave, pero también el "espacio local" (en cualquiera de las escalas en que este se defina) puede desempeñar un papel decisivo. No se puede obviar que el contexto nacional (ambiente macroeconómico, infraestructura, educación, tecnociencia, instituciones, regulaciones, estabilidad sociopolítica) debe asegurar las condiciones adecuadas para la dinámica inserción de las empresas y territorios en la economía mundial. Las circunstancias de ese entorno externo (dinamismo de la demanda, políticas comerciales imperantes, tendencias prevalecientes en las relaciones internacionales, factores extraeconómicos dominantes) también constituyen un espacio favorecedor o limitante para ganar o perder competitividad.

De especial importancia resulta considerar la diferencia entre los avances de competitividad derivados de ventajas comparativas (naturales) o de ventajas competitivas (adquiridas). Las primeras están relacionadas con la abundancia y calidad de los factores disponibles (posición geográfica u otras fuentes oriundas de beneficios); mientras las segundas se asocian, esencialmente, a los resultados de elevar la calificación de los recursos humanos, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la inteligencia social (mal llamada "capital social"),(3) y a la innovación, así como al fortalecimiento de los vínculos entre los sectores de educación, ciencia y tecnología con las esferas productivas y de servicios.

Para el desarrollo de las ventajas competitivas es determinante el papel del Gobierno, mejor aun, cuando las políticas gubernamentales se consolidan como políticas de Estado. En todas las esferas precitadas resultan importantes sus estrategias y acciones, pero en el enfoque sistémico de su concepción y aplicación reside el compendio del éxito. Se precisa tomar en consideración todas las dimensiones mencionadas de la competitividad y, muy especialmente, el soporte a las empresas, a la formación y paulatina consolidación de clusters (redes de industrias afines y de apoyo vinculadas a instituciones científico-tecnológicas), así como a la estabilidad del entorno nacional y a las políticas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

En el soporte al nivel empresarial se incluyen, entre otros, los siguientes elementos: el estímulo a la generación de ideas originales para la creación de nuevas entidades; el apoyo a la puesta en marcha de planes de negocios en organizaciones que funcionen eficientemente; la contribución a la elevación de la capacidad gerencial y de los recursos humanos para la operación competitiva de las empresas; el auspicio de condiciones para el mejor funcionamiento de relaciones sólidas entre firmas, y sus vínculos con los centros científico-tecnológicos (redes clusters).

Respecto al ambiente nacional, las políticas públicas deben conciliar armónicamente las metas de estabilidad macroeconómica (tasas de cambio, inflación, saldo fiscal, tasas de interés, equilibrio externo, etcétera) con objetivos sociales y medioambientales. Se parte del presupuesto que sociedades con marcados desequilibrios en la distribución de la renta, deficiente atención a la educación y salud de los ciudadanos, con débiles sistemas de ciencia, tecnología e innovación, escasa atención a la conservación ambiental, o inestabilidad macroeconómica, podrían clasificar temporalmente como naciones competitivas, pero resultaría cuestionable la sostenibilidad de esa condición.

En relación con el diseño, gestión y promoción de las políticas de I+D+i se debe reiterar que la única fuente sostenible de competitividad radica en los avances de la productividad. Se precisa disponer de factores de producción de alto rendimiento (recursos humanos calificados y novedosa tecnología, principalmente), pero no se debe subestimar la incidencia de la innovación social como pivote para elevar el posicionamiento de países, regiones, sectores y empresas en los mercados internacionales, a partir de nuevas formas de concebir las relaciones de producción, comercialización, financiación, aplicación de novedosas fórmulas de gestión, asociacionismo, estímulos al trabajo y otras muchas vías, no solo tecnológicas.

La competitividad en Iberoamérica: diagnóstico y desafíos

Para abordar este tema se han seleccionado algunos países latinoamericanos y España, por lo interesante que resulta contrastar políticas diversas, y por las inferencias que se pueden derivar de las buenas y malas prácticas. Resulta recomendable examinar cuál es la situación de partida de algunos indicadores vinculados a la medición de la competitividad. Asimismo, es necesario esclarecer los factores principales que influyen en su cálculo y las políticas que deben adoptarse para favorecerla.

Sobre la base de esos propósitos, a continuación se analizarán las posiciones que ocupan algunos países iberoamericanos dentro del ranking mundial de competitividad. Esta información se basa en los resultados publicados por The Global Competitiveness Report (WEF, 2007, 2012), que tiene entre sus finalidades analizar anualmente la situación competitiva de más de un centenar de países. El valor del índice global de competitividad (IGC) determina la ubicación de cada país en el ranking, el cual ordena los países en forma descendente. La tabla 1 muestra el resultado de la dinámica del IGC en el último quinquenio para el grupo de naciones seleccionadas.

El WEF toma en cuenta, para su comparación, tres índices: el índice de crecimiento de la competitividad (ICC),(4) el índice de competitividad empresarial (ICE),(5) y, finalmente, el IGC, que integra los dos anteriores porque considera que un adecuado ambiente macroeconómico contribuye a la salud y estabilidad de la economía. Semejante consideración es una condición necesaria para mejorar la competitividad, pero no suficiente; ella por sí sola no crea riqueza (la riqueza se genera en el nivel microeconómico).

Los datos presentados en la tabla 1 muestran heterogeneidad en el comportamiento de la competitividad de los países latinoamericanos seleccionados.(6)

Chile se mantiene en la mejor posición del ranking entre ellos, pero no se cuenta entre los treinta primeros a nivel mundial: ha retrocedido del lugar 26 al 33. Perú y Brasil son los países que más han avanzado en el IGC en el último quinquenio. Actualmente el riesgo país del Perú es el más bajo de América Latina y, según fuentes del Banco Mundial, es una de las naciones que más han mejorado su ambiente para los negocios desde 2005. Pero al mismo tiempo, de las 144 economías estudiadas por el Foro de Davos Perú ocupa el puesto 138 en calidad de la educación primaria, y este es un signo de alarma en el sostenimiento de su posición hacia el futuro. Por su parte, Brasil no solo se ha afianzado entre los principales países emergentes de la economía mundial contemporánea, sino que además exhibe avances en la esfera social. Entre ellos se destaca la reducción de la pobreza durante la última década, desde el 38 hasta el 21 % en 2011 (CEPAL, 2012).

Significativo es el progreso de Ecuador, que pasa del lugar 105 al 86. El Foro de Davos ha calificado positivamente sus requerimientos básicos referidos a salud, educación primaria y estabilidad macroeconómica, aunque presenta insuficiencias en su infraestructura y en su institucionalización -a pesar de que se reconoce la confianza popular en los políticos-. Los factores de sofisticación de los negocios, innovación y eficiencia no alcanzan los 4 puntos de un máximo de 7, y este país logra la mejor evaluación en lo relativo a eficacia y tamaño del mercado de bienes y en el nivel de la educación superior y formación profesional. Desde 2008 se constatan reducciones paulatinas del desempleo, la pobreza y la brecha social, con importantes avances en los programas de atención a personas discapacitadas.

También son destacables los resultados de Bolivia(7) y Paraguay durante el período analizado. México y Uruguay ascienden un peldaño, mientras Colombia se mantiene en idéntica posición. La colombiana es una economía con avances importantes en su crecimiento, pero con serios problemas en la distribución y el uso de la tierra: solo el 22 % de la potencialmente arable se está cultivando, y el 52 % de las explotaciones está en manos del 1,15 % de los propietarios, lo que refleja una de las más desiguales proporciones del mundo (Kliksberg, 2012).

Los mayores perdedores sudamericanos en el ranking mundial de competitividad son Argentina y Venezuela, que descienden 9 y 23 peldaños, respectivamente. En la última clasificación del WEF ha influido la percepción de los encuestados sobre la inseguridad jurídica para los negocios y la inestabilidad en el ambiente macroeconómico.

Contrasta esa valoración con la noticia divulgada por el Banco Mundial de que Argentina ha duplicado su clase media entre 2003 y 2009, la cual asciende a 18,6 millones de personas. Tan solo una década atrás, el 58 % de su población estaba bajo la línea de pobreza, y casi la mitad en pobreza extrema. Según datos recientes, en 2011 esa cifra se había reducido al 5,7 % de los habitantes (CEPAL, 2012). Algo similar ocurre con Venezuela, donde no solo se han mejorado los índices de pobreza, sino los indicadores de salud, educación y vivienda en los estratos de menores ingresos. Se evidencia que el ranking del WEF, en una de sus notables falencias metodológicas, no ofrece adecuada ponderación al mejoramiento de la calidad de vida ciudadana, y valora con mayor peso los indicadores relacionados con el ambiente de negocio y las percepciones externas sobre credibilidad y riesgo país.

Chile se posiciona en el primer lugar de la región, a pesar de que se reconoce que su productividad del trabajo es baja. Su inversión en investigación, desarrollo e innovación es muy limitada. Uno de los factores que contrarrestan esas debilidades es la conjunción de extensas jornadas laborales y bajos niveles salariales, con marcada diferenciación en el pago a las mujeres, que son peor remuneradas. Si a ello se añade la alta concentración de las exportaciones en bienes de bajo valor agregado, algunos de ellos no renovables (minerales) y otros de difícil renovación (recursos forestales), se puede llegar a la conclusión de que se trata de una competitividad espuria, y no fácilmente sostenible.

Chile es percibido internacionalmente como un país estable y confiable, de manera que puede acceder a financiamiento en condiciones más favorables. Además, tiene mayor diversificación de sus relaciones económicas externas que otros países latinoamericanos. El balance de esos atributos proyecta una imagen positiva para su categorización y le ha posibilitado lograr una buena calificación para su competitividad, a pesar de que es una de las naciones latinoamericanas de más lenta reducción de la pobreza en 2011 (ha reducido solo medio punto porcentual) y con mayor amenaza de retrocesos en su sistema educacional (CEPAL, 2012). Esta situación reitera el llamado de atención sobre los desaciertos de las técnicas empleadas para otorgar valor y ponderar los diferentes índices y subíndices utilizados por el WEF. Criterios subjetivos y condiciones de sobrexplotación de recursos naturales y humanos pueden conducir a lograr una alta calificación de la competitividad de la economía de un país, aun cuando esa economía no pueda garantizar su sustentabilidad.

En relación con la clasificación de la mayoría de los países sudamericanos en posiciones por debajo de los primeros sesenta, es razonable recordar que, durante tiempo prolongado, muchos gobiernos no se han interesado por proveer servicios públicos de manera eficiente, mientras que sus ingresos han sido derrochados o malversados. Tampoco las inversiones en investigación, desarrollo e innovación han significado una partida priorizada en los presupuestos de los estados.(8) La conjunción de los aspectos mencionados es lo que explica el bajo ICC, cuyos componentes esenciales son el índice de ambiente macroeconómico y el índice de I+D+i.

El índice de ambiente macroeconómico incluye, entre otros elementos, la estabilidad macro; el control del derroche y la corrupción por parte de los gobiernos; la capacidad y facilidad de obtención de créditos u otros financiamientos externos; la credibilidad, eficacia y transparencia de las instituciones públicas; así como la seriedad y calidad de las normas jurídicas (leyes, reglamentos, contratos, etcétera).

Por su parte, el índice de I+D+i se refiere no solo a los avances en la tecnociencia y los indicadores que evalúan la innovación; se refiere también a la transferencia de tecnología, a la rápida introducción de los resultados de las investigaciones a la práctica, y a los eslabonamientos de cooperación entre instituciones científicas o académicas y las de producción o servicios. Si bien los países latinoamericanos no se destacan por buenas posiciones a nivel mundial en esta esfera, es justo reconocer que ella ha adquirido prioridad en la región durante los últimos años.

Latinoamérica incrementa la inversión medida en relación con el PBI aunque levemente (solo Brasil cruzó la barrera del 1 % y Argentina ronda el 0,60 %, después de Cuba, con un 0,61 % en 2010). Crecen las publicaciones en revistas indexadas, el número de graduados universitarios y los aspirantes a obtener títulos de doctorado, con fuerte inclinación hacia las disciplinas humanísticas. No obstante, la participación latinoamericana en el contexto tecnocientífico mundial no llega al 3 %, y la inversión total en I+D+i está muy concentrada en pocos países, entre los que destacan Brasil, México y Argentina. Además, se mantiene un gran déficit en ingenieros y especialistas en ciencias exactas.

Resulta evidente que políticas poco efectivas para priorizar el desarrollo tecnológico y los sistemas nacionales de innovación constituyen causas de que el promedio del ICC sea tan poco ventajoso en la mayoría de las naciones de la región. Es razonable señalar también que las "ventajas" de competitividad en Latinoamérica se han cifrado, en muchas ocasiones, en devaluaciones de la moneda nacional y bajos salarios en sectores de alta intensidad de fuerza de trabajo. Ello afecta la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y, por ende, empobrece a largo plazo al país que adopta dichas políticas.

Las tasas de ahorro de muchos de esos países son relativamente bajas, si se tienen en consideración los requerimientos de acumulación para lograr mayor crecimiento económico. Se aprecia deteriorada la calidad de las instituciones públicas, valorada, entre otros aspectos, por irregularidades en los pagos a los acreedores, por las características y la magnitud de la recaudación impositiva, por los altos índices de corrupción gubernamental, por el burocratismo, por la escasa transparencia en la gestión y por la limitada práctica de rendición de cuentas.

Si bien los debates entre especialistas sobre los temas de competitividad en Latinoamérica se han centrado, generalmente, en las condiciones macroeconómicas que persiguen una política fiscal y monetaria saludable, un sistema legal eficiente, un conjunto estable de instituciones que gocen de credibilidad, y el progreso del "buen gobierno" y de las situaciones socioeconómicas, no se pueden desconocer los factores microeconómicos. Son muchas las dificultades que se detectan a ese nivel; entre ellas: la insuficiente especialización de los recursos humanos, la limitada infraestructura de apoyo, la ineficiencia en los procesos de gestión, la baja calidad de los suministros, los flujos informativos inadecuados, y los escasísimos recursos destinados por el sector privado a la investigación y el desarrollo.

A la hora de valorar la sofisticación de las estrategias y operaciones de las empresas, se puede observar que buena parte de los países de América Latina dan mucha importancia al marketing, pero no a políticas estratégicas para elevar la eficiencia a largo plazo. Hay, además, retrasos en la introducción de las TIC en diversas actividades. Otro aspecto negativo, atribuido tanto al sector público como al privado, más allá del reducido gasto destinado a la investigación y el desarrollo, es la escasa colaboración transdisciplinaria en esta esfera; resalta la baja cultura organizacional, emprendedora y científica, junto a limitaciones en la infraestructura para investigaciones.

Muchas de las políticas adoptadas por los gobernantes españoles durante los últimos años han sido diseñadas para lograr la disminución de los endeudamientos acumulados. Tienen su base en la reducción del gasto público, pero han afectado sensiblemente el bienestar de sus ciudadanos. Se trata de políticas que pueden conducir a frenar las palancas que estimulan el crecimiento de la economía, y a obstaculizar la dinámica competitiva del país.

Partiendo de la importancia que posee el ambiente innovador para la competitividad, es fácil comprender la relación entre el IGC y el índice de desarrollo humano (IDH). Para el despliegue de la innovación no bastan los recursos técnicos y financieros; resultan esenciales la actividad y la creatividad del hombre, que solo se pone de manifiesto en un entorno de confianza social y garantía de satisfacción de sus necesidades presentes y futuras. Por ello, las políticas laborales y salariales que afecten esas condiciones de estabilidad y de mejoramiento de los trabajadores, profesionales, funcionarios u otros ciudadanos pueden llegar a convertirse en fuertes trabas al mejoramiento de la competitividad.

Apreciar el papel del desarrollo educacional, cultural y científico-técnico en los períodos de fuertes crisis -y no renunciar como objetivo estratégico a elevar el desarrollo humano en ese contexto- es esencial para trascender la visión de corto plazo de las políticas públicas, y para dotarlas de un perfil menos centrado en el equilibrio de los indicadores macroeconómicos y más dirigido hacia los intereses de los ciudadanos y las metas de largo plazo. Si de bajar los costos y precios se trata, no se debe obviar que no solo a través de la reducción salarial se consigue esa finalidad; también se puede alcanzar a partir de afectar los márgenes de ganancias empresariales, comerciales y de las instituciones financieras. Paradójicamente, hoy en España, mientras se adoptan medidas para restringir los beneficios de la mayoría de los ciudadanos, crecen los botines de los propietarios de grandes negocios y la distribución de utilidades entre accionistas y gerentes, muy desmesuradamente en el sector financiero. Con ello también se amplían las brechas sociales entre los diferentes estratos de la población y se asiste a una mayor concentración de la riqueza y al aumento de los índices de pobreza, a consecuencia de una muy desigual distribución de los ingresos. Esta tendencia conspira contra el clima de cohesión social indispensable para la prosperidad económica y la competitividad sostenible. Al respecto, resultan ilustrativas algunas estadísticas: en 2011 se estimó por el Instituto Nacional de Estadísticas de España que el 26,7 % de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa de desempleo ha subido hasta el 25 % y se calcula que casi 13 millones de personas carecen de ingresos suficientes para vivir dignamente.

La existencia del euro como moneda común, que impide la adopción de una medida espuria de devaluación monetaria para mejorar la competitividad, induce a muchos gobernantes e instituciones internacionales a focalizar en la disminución salarial y en la excesiva flexibilización de las condiciones del mercado de trabajo la solución para salir del estancamiento económico, pero ello se puede convertir en una peligrosa arma de doble filo. En primer lugar, porque esa perspectiva tiene un límite material objetivo: la necesidad de reproducción de la fuerza de trabajo de cada empleado y sus familias bajo determinadas condicionantes histórico-sociales. En segundo lugar, porque los bajos salarios y la desmesurada reducción de los gastos públicos repercute en la contracción de la demanda. Adicionalmente, esas decisiones generan la inconformidad y la resistencia ciudadana, factores que inciden negativamente en la productividad y estimulan el grave fenómeno de las migraciones, que son especialmente peligrosas cuando se pierden los recursos humanos más calificados y jóvenes. Durante el primer semestre de 2012, en España ha crecido la salida de ciudadanos, y ese flujo es considerablemente mayor al de igual periodo de 2011.

Otro dato de interés es que, entre la fecha de ingreso de España a la Eurozona y 1999, el salario por hora del sector manufacturero (de mayor peso en las exportaciones) creció en los mismos porcentajes que en Alemania (país que se encuentra liderando la competitividad en la Unión Europea). Resulta destacable, además, que los costos laborales solo ascienden al 14 % de los ingresos netos de exportación en España, mientras esa relación es de un 20 % aproximadamente en la mayoría de los miembros de la Unión. También la subida del impuesto sobre el valor agregado (IVA), recomendado por el FMI, es discutible como política para elevar los ingresos presupuestarios, dada la afectación que ello puede causar en la competitividad/precio del sector turismo (una de las más importantes fuentes de ingresos del país) y en la contracción del consumo doméstico (otro de los motores que puede contribuir a estimular la recuperación económica). Por el contrario, se pueden observar resultados positivos derivados de políticas prevalecientes en países denominados "de reciente industrialización" o "emergentes". A manera de ejemplo se puede mencionar el caso de la República de Corea, que muestra significativos crecimientos de su competitividad (lugar 19 a nivel mundial en 2012- 2013) y se ubica entre los primeros quince países de muy alto IDH. Pero en esa experiencia resalta el papel desempeñado por la tecnociencia, la atención brindada a los sectores de educación y cultura, así como los altos niveles de inversión en innovación. Ha sido decisivo el papel del Estado como regulador de estos procesos y en la creación de condiciones para un enfoque integral de la economía, al propiciar alianzas con el sector privado y una inserción efectiva en las cadenas globales productivas y de servicios.

Instituciones sólidas y transparentes, elevado nivel de calificación de los recursos humanos, y sistemas modernos y eficaces de educación, cultura, tecnociencia e innovación son factores que caracterizan a muchas de las naciones más competitivas a nivel mundial; las cuales, a su vez, coinciden con las de elevado nivel de desarrollo humano, por los estándares de ingresos y los indicadores conseguidos en los servicios básicos a disposición de sus ciudadanos.

En la tabla 2 se presentan las naciones que obtienen los diez primeros lugares en el ranking de competitividad de 2012-2013, y las posiciones que ocupan de acuerdo con el IDH presentado en el informe de 2011 (PNUD, 2011).

]]> De la información precedente se infiere que entre los diez países más competitivos, de acuerdo con la metodología del WEF, ocho coinciden con naciones que se encuentran entre los trece primeros lugares por el IDH. Se exceptúan Singapur y Finlandia, que, si bien ocupan el segundo y el tercer escalón en el ranking de competitividad, se ubican en las posiciones 26 y 22 en el indicador del PNUD.(11)

Se pueden deducir las graves consecuencias de la crisis iniciada a fines de 2007 en los principales países hegemónicos del sistema (Japón, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos). Merece ser destacado el descenso de lugar de Estados Unidos: actualmente, séptimo, mientras en el ranking 2011-2012 era el quinto, y tan solo un quinquenio antes (2007-2008) ostentaba la primera posición. Una referencia reciente a Estados Unidos, publicada en The New York Times,(12) afirma que el crecimiento es más frágil en países con altos niveles de desigualdad, y que su aumento en ese país desde 1980 pudo haber reducido la expansión económica en una tercera parte. Su cuarta posición en el IDH esconde la no equitativa distribución de la riqueza, ya que dicho indicador solo toma en cuenta el promedio del PIB por habitante.

Por el contrario, Suiza ha consolidado su situación en el transcurso de los últimos cinco años, al pasar del segundo al primer escalafón en el ranking mundial de competitividad. Comparando ambos modelos socioeconómicos de capitalismo, es fácil inferir las causas de estas diferentes dinámicas.

Consideraciones finales

Las reflexiones precedentes inducen a resaltar la conveniencia de que los países iberoamericanos transiten, en sus estrategias, desde competir sobre la base de "ventajas comparativas" (bajos salarios y utilización intensiva de los recursos naturales), hacia competir sobre la base de "ventajas competitivas" (elevación de la productividad, con apoyo de la innovación). La creación y aprovechamiento de ventajas competitivas requiere la elevación de la efectividad de las políticas públicas (que sean capaces de impulsar un crecimiento sostenible, con mayor equidad, junto a dinamismo en los indicadores del desarrollo humano).

Resultaría provechoso lograr la participación más activa de los estados en los procesos de inversión (productiva y de infraestructura) en el impulso a las ciencias (incluidas las sociales) y en la generación y difusión de las nuevas tecnologías. Se hace necesario un creciente papel de las innovaciones tecnológicas; una mayor introducción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; mejores vínculos entre sectores dedicados a las actividades de la tecnociencia con las esferas de producción y servicios; y niveles universales de acceso a la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura.

El estímulo a los trabajadores de diferentes niveles de calificación para que eleven su productividad, su activa participación en el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias de desarrollo (empresarial, territorial y nacional), y su papel protagónico como sujetos y beneficiarios de esas directrices, constituyen condiciones previas para contar con políticas públicas inclusivas en cualquier circunstancia (pero mucho más en el presente contexto de crisis global). La única salida para España y las mayores oportunidades para Latinoamérica en el plano económico, en el actual escenario internacional, se vinculan a la elevación de la competitividad. Partiendo de diversas experiencias internacionales, se puede inferir que para lograr avances de la competitividad resulta aconsejable basar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en acciones encaminadas a concebir y poner en práctica una destreza emprendedora de inserción internacional. Esas acciones deben considerar la prioridad sectorial y ramal en el proceso de especialización, y deben atender a la conveniencia de elevar el valor agregado de los principales rubros de exportación. Habrá que procurar:

• favorecer el dinamismo empresarial, y fortalecer ese eslabón de la economía;
• impulsar una acertada descentralización territorial;
]]> adoptar medidas para preservar la estabilidad macroeconómica;
• priorizar el desarrollo de sistemas nacionales efectivos de I+D+i, que privilegien la rápida introducción de resultados;
• estimular material y moralmente el ascenso de la productividad y la innovación social;
• propiciar eslabonamientos y redes de producción y servicios al interior de los países, y la inserción dinámica en cadenas regionales y globales;
• poner en el centro de los objetivos socioeconómicos del país el mejoramiento continuo de los niveles y calidad de vida ciudadana,
• favorecer la más amplia participación deliberativa y en las decisiones de la ciudadanía en todas las instancias.

La evidencia empírica demuestra que las naciones que han alcanzado mayores ritmos de innovación (fuente principal del incremento de la productividad en la actual era del conocimiento) y mejor atención al desarrollo de su "inteligencia social", con sistemas sociales más inclusivos, son las que logran ascensos mantenidos en el ranking mundial de competitividad.

El complejo camino hacia la competitividad en Cuba también demanda un enfoque sistémico, que conjugue las deliberaciones relacionadas con el desarrollo socioeconómico del país, el análisis de las condiciones externas imperantes, la incidencia del entorno macroeconómico, el perfeccionamiento empresarial y la descentralización territorial. Esas diferentes dimensiones deben ser tomadas en cuenta armónicamente para contribuir a la elevación de una competitividad sostenible. Experiencias positivas y censurables a nivel internacional pueden contribuir a "fertilizar" el conocimiento y los intercambios de criterios que tan necesarios resultan actualmente para avanzar hacia la implementación de estrategias que contribuyan a mejorar nuestra competitividad, sin cuyo resultado no será posible la más dinámica inserción de la economía cubana en el escenario mundial contemporáneo.

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RECIBIDO: 2/7/2013
ACEPTADO: 17/10/2013

NOTAS ACLARATORIAS

1. El WEF, creado en 1971, es una organización mundial donde participan líderes empresariales, políticos, intelectuales y de otros sectores de la sociedad. En 1995 fue reconocido como una entidad consultiva por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

2. La dimensión empresarial de la competitividad merece un análisis particular, que no es objeto de este trabajo. Al respecto, debe destacarse que los más prestigiosos especialistas en el tema (como M. Porter y K. Schwab) han resaltado que la competitividad empresarial no solo está determinada por las características de la empresa, sino también por el entorno en que ellas operan (WEF, 2008).

3. Sobre el concepto "capital social", véanse Román (2001) y Putman (2003).

4. El ICC analiza el potencial de las economías para alcanzar crecimiento a mediano plazo, a partir de las condiciones del entorno macroeconómico nacional.

5. El ICE identifica los factores que favorecen la economía a nivel micro, incluidas la estrategia empresarial y la calidad del ambiente de negocios.

7. Bolivia se encuentra entre los países latinoamericanos que más habían logrado reducir sus índices de pobreza hasta el año 2012 (CEPAL, 2012).

8. Se estima que el gasto promedio en I+D como porcentaje del PIB para el período 1995- 2010 fue del 0,60 % para Latinoamérica (Kliksberg, 2012).

9. Los que objetan el argumento de la sobredimensión del sector público la consideran una excusa contra las políticas descentralizadoras, y anotan que en España hay menor densidad de trabajadores públicos que en otros muchos países de la Unión Europea. Lo que sí ocurre es la reducción de la capacidad recaudatoria para sostener el sector público.

10. El crédito barato alimentó la especulación en España y condujo a un elevado encarecimiento del suelo y del equipamiento inmobiliario.

11. Un análisis más detallado de las causas de esta situación merece ser realizado, aunque rebasa los objetivos de este texto.

12. Edición del diario del 2012-10-17.