ARTÍCULO ORIGINAL

Rethinking Access Policies to Universities: the Crossroad of Massive-Like Feature as an Expression of Social Justice as from the Last Years' Social Transformations

NIUVA ÁVILA VARGAS

La política educativa en Cuba ha estado enfocada desde 1959 en la disminución de las desigualdades sociales, lo que ha permitido que conste como un derecho constitucional el acceso de todos los ciudadanos cubanos a cualquier nivel de enseñanza sin costo alguno para él o su familia. Específicamente en la Educación Superior han existido medidas que en algunos momentos por los que ha atravesado el país han incidido en la restricción o ampliación de las matrículas universitarias. El siguiente artículo tiene como objetivo analizar cuáles pueden ser las posibles transformaciones en el derecho educativo a partir de los nuevos cambios económicos y sociales que incluyen modificaciones en las matrículas universitarias. Como resultados preliminares podemos decir que existen una serie de acciones que podrían contribuir a mejorar las políticas de acceso basadas en el principio de equidad social.

PALABRAS CLAVE: políticas educativas, derecho a la educación, desigualdades sociales.

Since 1959, educational policy in Cuba has been focused on reducing the social inequalities, which has made possible that the free access of any Cuban citizen, to any level of education, is stated as a constitutional right. Specifically, in the case of higher education, and due to some particular scenarios the country has faced,some measures have been taken directed towards limiting, or widening, university access. The following article is aimed at analyzing the likely changes in educational right, as from the new economic and social transformations which include modifications in terms of university registration. As preliminary results we may state that there are a series of actions that might contribute to improve the aforesaid policies, based on the principle of social equity.

KEYWORDS: educational policies, right to education, social inequalities, higher education.

Ingreso a la Universidad, otra vez...

La inequidad educativa no es un tema para nada nuevo, aun en el contexto latinoamericano, poder ofrecer educación con calidad para todos es un tema antiguo y recurrente, pero no resuelto. Muchas han sido las propuestas encaminadas a lograr oportunidades que puedan ser aprovechadas pero todavía hay debates inconclusos sobre la eficiencia de los sistemas que han intentado masificar la educación. Es importante percatarse de que no son suficientes las inversiones en la educación si no se tiene en cuenta que junto a los cambios en los sistemas educativos tendría que variar radicalmente la estructura socioclasista de las sociedades. El incremento de la capacidad de los profesores y de las aulas para permitir la entrada de más estudiantes, y con esto el ingreso de los sectores de la base de la pirámide social, no se traduce en egreso de todos aquellos que acceden. Hay que pensar en qué condiciones se encuentran estos niños y jóvenes para enfrentarse a las exigencias de la enseñanza. Según algunas investigaciones "estos sistemas solo han sido exitosos cuando se han propuesto educar a las élites y a los integrantes de los otros sectores de la sociedad que tienen sus necesidades económicas resueltas, pero no lo han sido cuando han intentado ofrecer educación (especialmente de buena calidad) a los sectores mayoritarios de la sociedad" (Muñoz, 2011, p. 14).

Existe una asociación consistente entre el nivel socioeconómico de las familias y el nivel de logro de los alumnos, que da como resultado que los niños y los jóvenes de las posiciones más relegadas no logren adquirir los conocimientos mínimos para desempeñarse en los niveles superiores del sistema educativo, o para insertarse en los sectores dinámicos, mejor remunerados y más seguros de la economía (Blanco, 2011, p. 22).

Esta problemática es un continuo a lo largo de la vida estudiantil y se acentúa a medida que se escala en los niveles de enseñanza. Las universidades demandan mayores requerimientos no solo desde el punto de vista de los conocimientos, sino también de exigencias económicas en materiales, transportación, manutención, etcétera. Además, durante los cinco años de estudio adicional como promedio los jóvenes no van a poder aportar ingresos al hogar. En los casos de estudiantes con algún tipo de empleo para mantenerse y/o ayudar a su familia, esto puede traer efectos sobre el rendimiento escolar, pues como es lógico reduce el tiempo y la dedicación al estudio, lo que demanda mayor esfuerzo de estos estudiantes para continuar la carrera.

Cuba no escapa a esta realidad, por lo que ha sido una constante en nuestras políticas la conciliación entre la calidad del graduado, la demanda social de profesionales y la justicia social. Cada momento ha tenido sus ventajas y limitaciones tanto en el plano individual y familiar, como en el social. Los costos y beneficios en estos niveles vale la pena analizarlos para que nadie dude de que a pesar de la disposición por parte del Estado de garantizar el derecho constitucional a la educación, a veces escapa a sus posibilidades reales. Como elemento fundamental, pero que no siempre ha merecido la atención requerida, consideramos oportuno incluir en el análisis del tema a la familia, por el papel que esta desempeña en el proceso de acceso a la Educación Superior, el cual no se concentra solo en el momento de ingresar a la universidad, ni en la decisión de seguir aportando económicamente, cultural y emocionalmente a su hijo, sino también en que este aporte se inicia desde los primeros años de vida de este joven. Es importante analizar desde qué posición la familia cumple su función educativa, lo que incide en un mayor y mejor aprovechamiento de las garantías constitucionales.

Más allá de reflexionar acerca del fenómeno, se necesita visualizar el problema, que a pesar de no ser nuevo se produce en un contexto diferente en muchos aspectos. A partir de la nueva política económica y social se produce una mayor apertura al trabajo por cuenta propia, hecho que implica una menor participación del Estado, aunque este se mantenga como proveedor de los principales servicios. Acompañadas de estas transformaciones hay cambios a niveles individual, familiar y en el compromiso social de la juventud; ascienden los intereses económicos e individuales en detrimento de lo social; y aumentan las brechas de desigualdad, para mencionar solo algunos ejemplos. En este nuevo escenario vuelve a ser importante replantearse la manera en que el Estado a través de las políticas puede manejar las demandas del mercado laboral y la calidad del estudiante sin afectar la equidad en el ejercicio del derecho a la Educación Superior. De ello se infiere la importancia de volver nuevamente a la temática universitaria, proponiendo, además, posibles acciones para el trabajo desde la política en este sentido.

Transformaciones y cambios, nuevos escenarios en los que ejercer el derecho a la educación

El desarrollo de los países pasa inequívocamente por el desarrollo de su educación, pues esta permite la calificación de la fuerza de trabajo y también es condición indispensable para una sociedad más justa, al tiempo que prepara a los ciudadanos para "un pleno ejercicio de sus derechos y de participación, lo cual se traduce en un [….] fortalecimiento de la ciudadanía" (López y Tedesco, 2002, p. 7). En el plano individual, aquellos graduados de nivel superior tendrán como probabilidad mayor oportunidad de acceder a mejores ofertas laborales, superior remuneración económica y mayor reconocimiento social. A pesar de que Cuba atraviesa un proceso de inversión de la pirámide social donde las vías de desplazamiento hacia los espacios superiores no se define a partir de canales de calificación, sino de los ingresos, y de que ha disminuido el poder adquisitivo de los salarios, lo que produce desmotivación para estar ocupado estatalmente (Espina, Martín, Nuñez, 2003; Ferriol y González, 2003), se reconoce aún la obtención de un título universitario como algo positivo y necesario. "La idea de ser universitario, ningún ser humano debería rechazarla; es la única manera de poder mejorar las condiciones de vida en el futuro y lograr las aspiraciones; ofrece prestigio y es algo que debemos aprovechar con este gobierno ya que antiguamente las familias como la mía no podían darse ese lujo" (Ávila, 2012)

Las familias cubanas le otorgan un gran reconocimiento al que sus hijos logren alcanzar una carrera de nivel superior y para ello asumen la responsabilidad de sostener el hogar mientras estos permanecen cinco años más estudiando. Todo ello se ve, lógicamente, como algo positivo, pero lo que no puede suceder es que estudiar en las universidades se convierta en el privilegio de un grupo social contrario a lo que las políticas y el carácter justo de la Revolución quieren lograr. Estamos convencidos de que Cuba ha superado limitaciones que aún están presentes en otros contextos, pero de eso se trata, de seguir en la búsqueda de más soluciones alternativas para conseguir la justicia social.

El escenario en el país ha cambiado ya que, sin perder su esencia humanista, se exige cada vez más una educación al servicio del desarrollo nacional en concordancia con los requerimientos del mercado laboral. Durante varios períodos el Estado, siguiendo su política de acceso masivo, fomentó la formación de personal calificado muchas veces por encima de los requerimientos de la planificación de la economía, por lo que la gran masa de egresados de diversas profesiones no siempre estaba acorde a las necesidades. Uno de los efectos más evidentes fue el subempleo y la ausencia de personal para ubicarse en ocupaciones necesarias para la estrategia económica a seguir. Los actuales cambios apuntan a la diversificación de las opciones educativas después de pasado el nivel secundario al posibilitar que los jóvenes se conviertan en obreros calificados y técnicos; disminución de determinadas plazas universitarias e incentivar el estudio de algunas poco atractivas para los jóvenes. Todo lo anterior se propone la rectificación de la distorsión entre la necesidad social, demandas del mercado para el desarrollo del país, y el exceso de número de graduados universitarios, más aún en carreras de Ciencias Sociales, aunque no solamente.

Si bien por una parte estas medidas apuntan a solucionar un problema estructural que concierne al futuro de la economía nacional, habría que reflexionar acerca de cuál será su impacto en el ejercicio de los derechos educativos de la población. Específicamente lo que concierne a la existencia de grupos vulnerables que aún no han logrado superar las desigualdades históricas, como son los negros y mestizos, los habitantes de las zonas rurales, entre otros. La universalidad y gratuidad de las políticas no es término suficiente para lograr que estos grupos, en el nuevo contexto, puedan aprovechar las oportunidades estatales, pues hay que tener en cuenta también las condiciones de partida de los jóvenes. Debido a lo anterior en muchos casos la política de acceso universal y gratuito se ve limitada por situaciones familiares que aún no han podido ser resueltas. Cuba culminará la segunda década del siglo XXI con un reto importante: mantener su política de acceso gratuito para garantizar la justicia sin afectar la calidad y la satisfacción adecuada de las demandas del mercado y de las necesidades sociales.

¿Se necesitan modificar las políticas?

Para muchos proponer maneras de disminuir las desigualdades en el acceso a la educación terciaria en el país es una cuestión inoperante. Ello se debe a los resultados positivos que ha tenido la aplicación de políticas sólidas y equitativas que además tienen difusión por parte de los organismos internacionales. Estos resultados se basan en la disminución de disparidades sociales históricas y en la posibilidad que ha dado a amplios sectores de la sociedad la política educativa vigente.

Como bien apuntan las investigaciones y la información estadística, en la cuestión de sexo las mujeres han tenido amplias mejorías que sí han sabido mantener, a diferencia de otros grupos sociales (Domínguez, 1999; Proveyer, 2010). Las mujeres han logrado mantenerse en porcientos superiores en las universidades incluso en períodos de reducción de matrícula, aunque podemos decir que existen diferencias todavía en la decisión de estudiar carreras, pues aún opera una representación sexista de las profesiones (Pardini, 2012).

No obstante, existen otras brechas de supresión más lenta como el estrato social, las diferencias territoriales y el color de la piel, que han sido más difíciles de disminuir. Muchas veces esta disminución no está relacionada directamente con una política específica en el sector, como ya se ha visto, sino más bien con otras políticas asociadas a la familia y a niveles precedentes de enseñanza institucional. Por ello se considera que las recomendaciones para trabajar en la superación de las desigualdades por un lado y el logro de un equilibrio entre la justicia social, la calidad del egresado universitario y las demandas del mercado laboral por otro, deben comenzar a atraer la atención sobre la temática. La relevancia de atender las disparidades que aún persisten en el acceso a la Educación Superior según determinadas características individuales y de origen de los estudiantes, unido a la necesidad de incorporar a la familia como una de las instituciones que desempeñan un papel importante dentro del proceso son puntos de partida esenciales para su tratamiento. Ello no es solo fundamental para los tomadores de decisiones, sino también para los investigadores, en aras de que ambos, desde el desempeño de su papel, mantengan un seguimiento sistemático de este fenómeno.

No podemos dejar de reconocer que el Estado en distintos momentos ha tratado esta situación, pero quizás no con todos los elementos necesarios. El problema del acceso no es solo una cuestión de ampliar matrícula, como tampoco la preservación de la calidad del graduado se puede atender reduciéndola. Al estar tan interconectados ambos elementos con las necesidades sociales de fuerza de trabajo y la justicia social, hay que ser extremadamente cuidadosos para crear medidas que logren cumplir las expectativas de todos, lo cual es una tarea realmente compleja.

La creación por parte del Estado cubano de las Sedes Universitarias Municipales fue entendida como una de las vías para solucionar las disparidades entre los estudiantes que sí lograban obtener una carrera universitaria y aquellos que después de terminar duodécimo grado no continuaban sus estudios o que ni siquiera habían terminado el preuniversitario. Ante un número importante de jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo, las Sedes Universitarias, más cercanas al barrio, intentaron satisfacer las expectativas de desarrollo profesional.

Sin embargo, esta medida adoptada por el Estado cubano de crear las Sedes Universitarias Municipales (posteriormente los Consejos Universitarias Municipales) no fue solución suficiente para superar las desigualdades, al contrario, ponía sobre el tapete otras problemáticas como la insuficiente infraestructura para tal cometido, además de crear una población de estudiantes que no siempre lograban graduarse, o que, de hacerlo más tarde, no siempre ejercían como tal. El objetivo primario de poder ofrecer otra oportunidad para aquellos que participaban en los programas de la Revolución se entiende como algo positivo en el plano de la justicia social, pero tuvo un elevado costo para el Estado y deficiencias en los resultados. Si bien en los primeros años los estudiantes eran de territorios desfavorecidos, no blancos y de padres no universitarios, todavía queda por investigar si posteriormente esto se mantuvo así. Podría alegarse -solo a nivel de hipótesis- que aquellos jóvenes que quedaron fuera del Curso Regular Diurno en carreras de baja oferta de matrículas o que pertenecían a otro grupo social (blancos, mujeres e hijos de profesionales) también comenzaron a hacer uso de esta vía, desplazando nuevamente a los no blancos e hijos de padres con menos niveles de escolaridad. Si bien es cierto que las Universidades Municipales sirvieron para contribuir al cumplimiento de los objetivos profesionales de muchos, valdría la pena indagar exactamente cuáles han sido los costos y resultados reales de estos centros, no solo para el país, sino también a nivel individual.

Por todo ello proponer determinadas medidas que pudieran ser valoradas por los decisores para su inclusión en la política, consideramos que es el mayor aporte que podría ofrecer este ensayo. Para nada se está obviando que las políticas a lo largo de los años de implementación se han tomado para buscar alternativas; se deber reconocer que hay espacios que pudieran perfeccionarse y otros que han estado más olvidados. El reconocimiento de este fenómeno es vital para su tratamiento. No obstante, las políticas sectoriales también han tenido sus límites, no solo se pueden ver aún las deficiencias, como las incapacidades de las políticas universitarias; sino que también existen espacios en los que estas necesitan la acción de otros agentes u otras políticas. Es por ello que las recomendaciones están dirigidas a distintas áreas y no solo a la política universitaria, precisamente por el reconocimiento de la multicausalidad del fenómeno.

Recomendaciones para trabajar sobre las desigualdades educativas en las universidades cubanas en un contexto de políticas de amplio acceso

En el momento en que podamos decir que trabajaremos con las desigualdades que generan los propios individuos a la hora de desarrollar sus habilidades y capacidades escolares, entonces afirmaremos que se ha avanzado; claro está, a partir de un sistema escolar como el cubano con una política de amplio acceso. Pero lo que sucede es que la política de gratuidad y universalidad de la Educación Superior opera más como derecho constitucional que como realidad en la práctica.

La política universitaria no solo concierne a este nivel de enseñanza, pues ha quedado demostrado que la educación en Cuba es un continuo y que afectaciones en grados precedentes inciden en desajustes en el proceso de ingreso a la Educación Superior; por lo que no puede esperarse que sea la política universitaria la que cumpla por sí sola la tarea de disminuir las desigualdades. Dicha política tiene un amplio potencial para explicar los aspectos más generales de todo lo concerniente al tema del ejercicio equitativo a la educación, pero requiere ser complementada con otras perspectivas de análisis que expliquen porqué no ha sido suficiente la política universitaria para lograr una mayor equidad.

Es necesario concentrarnos en la creación e implementación de políticas "focalizadas", que puedan corregir las desigualdades que necesariamente dejaron las políticas de homogeneización social. Las grandes transformaciones tuvieron su momento y deben dar paso a aquellas medidas que deben enfocarse en aspectos tan particulares como la situación de la familia y el sistema de
enseñanza de niveles precedentes, como partes que conforman el proceso de ingreso a estudios superiores. Se necesita trascender la noción de que el problema solo concierne a la relación individuo-institución para empezar a entenderlo como la relación alumno-política universitaria de acceso.

Existe una necesidad inmediata de introducir un enfoque de familia en las políticas educativas que dé cuenta de la brecha aún existente entre las condiciones económicas y educativas entre las diferentes familias, lo que hace que no todas las familias pueden brindar iguales condiciones a los jóvenes para aprovechar las oportunidades, pues la verdadera oportunidad no está en la oportunidad en sí misma, sino en las capacidades reales que tengan estos jóvenes para acceder a ellas. "Cualquier estudio sobre desigualdad debe efectuarse a través del prisma de la familia. Es en ese marco que se integran los ingresos de todo tipo, se consume y se elaboran las estrategias de vida, por lo que solo a través del conocimiento de la familia se logra comprender la situación social de los distintos grupos en la sociedad" (Ferriol, 2003, p. 120).

Toda esta reflexión acerca de la necesidad de modificar las políticas -no solo las universitarias- incluir a la familia en el análisis y solución de este fenómeno, el reconocimiento del papel de los niveles anteriores de enseñanza en los resultados escolares y finalmente la imperiosa necesidad de ver este problema vinculado a un cambio en la estructura social -y a las desigualdades a ella asociada-, es solo una parte de la solución. Consideramos que debemos, desde nuestra condición de científicos sociales, hacer propuestas de orden reflexivo pero también prácticas, que puedan ser incorporadas a las políticas o simplemente acompañar a las medidas que se ejecuten en el sector.

Comentarios finales

A pesar de que la reflexión sobre el tema tratado aún no termina, existen ideas que pudieran ser tenidas en cuenta tanto por los hacedores de políticas como por los investigadores de estos temas. Se ha señalado como uno de los aspectos más importantes la sinergia que debería lograrse entre las políticas por un lado y el trabajo de los centros educativos y la familia por otro. Las políticas universitarias poco o nada pueden hacer si la función educativa de la familia se cumple con deficiencias y/o las instituciones educativas no hacen un trabajo de formación vocacional o no logran preparar al estudiante previo a su arribo a la edad de ingreso en la universidad. A mayor éxito en la relación familia-escuela, mejores y mayores resultados se pueden esperar en el proceso de acceso a la educación. Es casi una ecuación matemática.

Sin desatender todas las brechas que hoy se pudieran mencionar en la Educación Superior, consideramos que el Estado cubano siempre ha tratado de buscar una solución al alcance de sus posibilidades. Partimos de un país pobre con déficit de personal docente en muchos niveles de enseñanza, con desigualdades sociales, pero con una voluntad política que ha servido de contención al ensanchamiento de estas desigualdades. No obstante, cada vez estamos más seguros de que el Estado por sí solo no puede solucionar la cuestión. Necesita la competencia de otras instituciones como la familia y la escuela.

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RECIBIDO: 9/10/2015
ACEPTADO: 20/11/2015

Niuva Ávila Vargas. Facultad de Filosofía e Historia, La Habana, Cuba. Correo electrónico: niuva@ffh.uh.cu