Violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes en Moa. Estudio de caso en espacios de ruralidad, incesto y pactos de silencio*

Gender violence against women, girls and adolescents in Moa. Case study in spaces of rurality, incest and silence pacts

Yuliuva Hernández García**

Recibido: 3 de abril de 2017
Aceptado: 28 de abril de 2017

RESUMEN

La violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en Cuba por concepto de género constituye aún un vasto terreno en el cual indagar sociológicamente. La realidad vivida por muchas en nuestro país conduce el llamado hacia nuevas formas de interpretar y transformar el problema desde el orden teórico y desde el orden práctico. En este trabajo se presentan los resultados y análisis de una reciente investigación doctoral sobre el tema en el espacio geográfico de Moa, municipio de la provincia de Holguín. El estudio fue llevado a cabo mediante la metodología de "Estudio de caso único inclusivo tipo 10"; se sustentó en la triangulación teórica y metodológica, y se nutrió de una extensa recopilación de información cuantitativa sobre violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, procesada mediante estadística descriptiva. El grupo de estudio fue seleccionado mediante muestreo intencional, y se ejecutó mediante técnicas como la historia de vida de 47 mujeres víctimas de violencia y 2 hombres victimarios; entrevistas a 25 informantes clave; observación y análisis sociológico del discurso. Los principales resultados muestran una elevada cifra de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género (con una repercusión de la violencia sexual y las relaciones incestuosas hacia las niñas y adolescentes); historias de vidas marcadas por el silenciamiento de las vivencias, las culturas patriarcales de los espacios geográficos estudiados, la ineficacia del trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la necesidad de políticas públicas para ayudar a transformar la realidad de violencia de género en Moa.

Palabras clave: espacios geográficos, pactos de silencio, políticas públicas, prácticas culturales de castigo, violencia contra mujeres, violencia sexual contra niñas y adolescentes.

ABSTRACT

Violence against women, child and adolescents in Cuba for gender´s motives, still constitutes a vast area in which to inquire sociologically. The reality lived by many women, girls and adolescents in our country, leads the call for new ways of interpreting and transforming the problem, from the theoretical order and from the practical order. In this work, we present the results and analysis of a recent doctoral research about this problem, in the geographical space of ​​Moa, in Holguín province. The study was realized using the methodology of Single Inclusive Case Study Type 10; was based on theoretical and methodological triangulation and on an extensive compilation of quantitative information about violence against women, child and girls, processed through descriptive statistics. The study group was selected by means of intentional sampling, and it was realized using techniques such as the life history to 47 women victims of violence and 2 male victimizers; interviews with 25 key informants; observation and sociological analysis of discourse. The main results show a high number of women, child and adolescents victims of gender violence (with a special impact of sexual violence and incestuous relationships towards child and adolescents); stories of lives marked by the silencing of experiences, the patriarchal cultures of the geographic spaces studied, the ineffectiveness of the work of the FMC and public policies to help transform the reality of gender violence in Moa.

Introducción

La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes constituye un serio problema de violencia de género. Es un fenómeno de larga data y un tema de investigaciones recurrentes a partir de la introducción de la teoría y el enfoque de género. Cuba no escapa a los múltiples problemas de este tipo de violencia y, aunque en la actualidad existen acercamientos de carácter más interdisciplinar que permiten comprensiones más integradas y articuladas, predominan los estudios fragmentados, descriptivos. Una de las principales características de los estudios sobre la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes por motivos de género en Cuba, ha sido su falta de comprensión como un fenómeno atravesado por múltiples condicionantes, entre las cuales las culturas patriarcales existentes en espacios geográficos específicos, juegan un papel fundamental. En ese sentido, no se ha investigado profundamente el hecho de que existen espacios donde la experiencia de la violencia sexual (junto a todo lo que en ella confluye) contra niñas y adolescentes, también constituye una parte de la vida de no pocas, no solo desde una perspectiva cuantitativa, sino también cualitativamente hablando, por la huella que deja en sus vidas.

Aunque sobre este particular acápite de la violencia de género en Cuba se han realizado algunos estudios, la información disponible ―sobre todo desde las ciencias sociales― en general es escasa, tanto en publicaciones científicas como en instituciones sociales que podrían tener un mayor dominio de estas realidades. El peor caso a nuestro juicio, y en un país como el nuestro, lo constituyen las prácticas violatorias incestuosas, que dentro de los marcos del Derecho y la justicia (casi los que más trabajan los temas de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en Cuba), se trastocan con lo que su aparato conceptual llama "consensualidad de la víctima".

Espacios geográficos como Moa ofrecen una multiplicidad de realidades que no han sido suficientemente indagadas aún en el país. A partir del desarrollo de investigaciones sobre violencia de género en Moa desde el 2006 hasta la actualidad, que condujeron en 2014 a la defensa de la Tesis de Doctorado en Sociología de la autora de este trabajo ―con el objetivo de fundamentar desde una perspectiva sociológica interdisciplinar la influencia de la cultura patriarcal y el espacio geográfico en el ejercicio de la violencia contra las mujeres en la relación de pareja en Moa, bajo la premisa de que la cultura patriarcal construye códigos y narrativas mediatizadas por el espacio geográfico que influyen en las especificidades del ejercicio de la violencia contra las mujeres en la relación de pareja―, se ha conocido que el promedio de denuncias en Moa sobre hechos de este tipo es de 155 denuncias por año en la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), dato que se valora como elevado para un municipio, de acuerdo con los resultados de otros estudios y publicaciones sobre el problema en el país, en especial las sostenidas pesquisas nacionales de la Dra. Clotilde Proveyer Cervantes (2014).

Los principales tipos de actos de violencia identificados los constituyen cintazos, puñaladas, patadas, hachazos, heridas; fracturas de cráneo, de piernas y de costillas; machetazos, pedradas. Por consiguiente, los tipos de objetos usados para agredir son los cuchillos, hachas, puñales, machetes, cintos, piedras; así como el propio cuerpo masculino, en especial, los brazos y las piernas. Esto es en lo que se refiere a la violencia física (y sexual, en muchos casos ligada). De otras formas de violencia como la psicológica o la económica, no se alcanza una real idea, en la medida en que el peso mayoritario en las denuncias oficiales lo tiene la violencia física mencionada, a pesar de que lo psicológico está presente en cualquiera de las formas en las que la violencia se manifieste.

Otro elemento aún insuficientemente indagado lo constituyen los contextos en donde ocurren los actos, los cuales dotan de particulares significaciones a los hechos, cuestión que puede servir de base a la re-presentación, rediseño, reanálisis y reimplementación de las políticas sobre el tema en Cuba desde otras claves, ante una emergente y demandante realidad social que pide cambios en esas direcciones.

Resulta fundamental explicitar los principales conceptos desde los cuales se ha trabajado en estos estudios, así como la importancia de tales categorías para los análisis realizados, en aras de ofrecer mayores claves para la comprensión del problema desde lo que ―teórica y metodológicamente― se ha asumido como la perspectiva situada o de los conocimientos situados en los estudios sobre este problema (Mohanty, 2008; Meneses, 2016; Espinosa, 2014).

A partir de ese momento, el concepto ha pasado por su identificación en distintos períodos con otros como violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia familiar, y violencia de género a partir de la década de los noventa del siglo XX. La mayor parte de las investigaciones han operado hasta la actualidad con este último concepto, fundamental para referirse a la violencia contra las mujeres, aunque la violencia de género incluye un conjunto mayor de víctimas.

No obstante haber sido el enfoque político feminista el que permitió ofrecer visibilidad académica al problema con una validez incuestionable, el análisis de los avances teóricos de su estudio en Cuba y la realidad empírica de violencia contra las mujeres en el escenario objeto de estudio, han conducido a valorar que su indagación precisa de análisis culturales que usualmente no se realizan en el contexto cubano. Por ello, se ha establecido una línea de análisis dialéctico que ha ido de la realidad social concreta a la elaboración epistemológica y su posterior integración en vínculo con la realidad.

En tal sentido, la definición legitimada de violencia contra las mujeres ―en especial en la sociología―, ha sido valorada como insuficiente. Ante la necesidad de contar con un concepto más ajustado a la realidad que han debido explicar las investigaciones realizadas, se ha repensado el concepto con las aportaciones teóricas de la sociología cultural (Alexander, 2000); teniendo en cuenta la teoría de género y los actuales trabajos sobre el tema en América Latina. Desde hace más de una década, los trabajos en esta región han ido perfilando este tipo de análisis e integraciones que se han convertido en referentes teóricos de sumo valor a nivel internacional, en especial las investigaciones de Mahmood (2008),  Bidaseca (2011), Segato (2013, 2016) acerca de los aspectos simbólicos presentes en la violencia, los rituales que le acompañan, el ejercicio de la agencia en las mujeres víctimas y la necesidad de los estudios anclados en espacios geográficos y cuerpos concretos. Se trata de haber podido contar con un concepto con mayores posibilidades analíticas en contraste con los datos, y con él poder comprender aquellos sustratos que subyacen a prácticas de violencia, no documentadas antes en el ámbito académico cubano.

Sobre la base de lo anterior, la explicación sociológica de la violencia contra las mujeres en la relación de pareja debe incorporar la dimensión cultural y en relación con la estructura social, en la medida en que el estudio de lo cultural proporciona directamente el análisis de los asideros simbólicos, de forma tal que los miembros en la relación de pareja y el público observador (Foucault, 1995) devienen en sí mismos una audiencia que lee los códigos presentes y hacen posible su realización. Dichos códigos están preestablecidos por una instancia cultural histórica que trasciende a la relación de pareja y que instituye la violencia contra las mujeres como una práctica cultural, el patriarcado como cultura, que existe y se reproduce en espacios geográficos determinados.

Tomando en consideración las contribuciones y limitaciones teóricas sobre el tema trabajado, e incorporando además críticamente los análisis ofrecidos por la geografía humana o social y la geografía de género o feminista, se han definido los conceptos en los estudios realizados de la forma sintética que se presentan a continuación:

Violencia contra las mujeres: texto y práctica de la cultura patriarcal, mediada por varias instancias de la estructura social. Concebir la violencia contra las mujeres como un texto y una práctica, implica entenderla cargada de códigos y narrativas de dominación masculina que informan, regulan y conforman un tipo de relacionamiento entre el hombre y la mujer en la sociedad actual, saturadas de significados relativos al poder, las jerarquías, las dominaciones, los pactos, y los elementos emotivos presentes en ella y la sociedad como conjunto. Se valoran en este sentido la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica y la patrimonial.[1]

Relación de pareja: vínculo interpersonal heterosexual de tipo amoroso entre una mujer y un hombre, que puede estar legalmente reconocido como matrimonio o como unión consensual. Desde la propuesta teórica trabajada, se entiende como una audiencia que lee, en relación con la cultura patriarcal, sus signos, códigos y narrativas (Alexander, 2000).

Cultura patriarcal:sistema semiótico de dominación masculina vigente en la mayor parte de las sociedades, que contiene un conjunto de signos culturales que han sido transmitidos históricamente de una generación a otra. Estos signos han transferido en el tiempo información relativa a las condiciones femenina y masculina para conformar y regular el funcionamiento social; una información que ha transmitido códigos de superioridad y dominio masculino así como el uso de la violencia en sus distintas variantes como práctica sistemática para orientar el comportamiento y controlar la anomia que puede producir la transgresión de esos códigos por cualquiera de los actores sociales: individuos o colectividades. En cada espacio geográfico este sistema de signos se ajusta a sus características geográficas, históricas, políticas, sociales; se actualiza y se re-crea, incorporando los cambios operados en la sociedad en general y en instituciones como la familia y la pareja, construye nuevos signos que ―dialécticamente― puedan orientar y controlar el comportamiento, y conserva los fines sociohistóricos a los que responde.[2]

Espacio geográfico: constituye un escenario de construcción de culturas y subjetividades mediadas por relaciones de poder y el entorno físico-natural, con carácter histórico, que contiene elementos de opacidad o luminosidad y realiza una incidencia específica en las relaciones de género.[3]

Métodos

El trabajo que se presenta es resultado de la utilización de la metodología del Estudio de Caso Único Inclusivo Tipo 10 (Rodríguez y Gil, 2002), en el que se entiende a Moa como totalidad única que incluye dentro de sí distintas subunidades de análisis, que trabajamos como espacios geográficos. Se sustenta en la triangulación teórico-metodológica y se nutre de una extensa recopilación de información cuantitativa sobre violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, procesada mediante estadística descriptiva ―en específico el cálculo porcentual y de promedios o medias―, lo cual ha permitido construir una visión más integral del hecho sociológico estudiado en la medida en que nos ha posibilitado contrastar y complementar los datos cualitativos y cuantitativos.

Aunque por la simple observación de la vida cotidiana en Moa como una de las fuentes de problemas científicos podría afirmarse que la violencia contra las mujeres en la relación de pareja constituye un hecho "visible", se ha considerado necesario tener en cuenta que el fenómeno a estudiar no se encuentre basado únicamente en criterios subjetivos de identificación, debido a los respectivos sesgos que estos pueden implicar. Se ha atendido que además pueda respaldarse en comparaciones estadísticas con respecto a los datos publicados sobre el tema en otros municipios cubanos, datos del país, e incluso con respecto a grupos de poblaciones específicas dentro de los estudios en Moa como por ejemplo la cantidad total de mujeres que reconoce haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida, identificada mediante la aplicación de más de 200 encuestas en el período estudiado; así como que también puedan realizarse inferencias a partir de indicadores internos de las variables estudiadas tales como el promedio de edad de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, u otras.

Han sido realizadas numerosas observaciones para identificar, tanto en los espacios geográficos estudiados como en los hombres y mujeres objeto de la investigación, cuestiones relativas a los conceptos analíticos previstos y todas aquellas cuestiones que resulten emergentes en la propia observación, no necesariamente previstas. De igual forma, ha sido utilizado el análisis sociológico del discurso para la interpretación de los datos cualitativos, atendiendo a sus tres niveles de análisis: textual, contextual e interpretativo,[4] lo que permite enfatizar en la lectura cuidadosa e interpretación del texto y los códigos de la violencia contra las mujeres en la relación de pareja, para reconstruir las diferentes versiones que trascienden como significativas y saturadas de sentidos por y para cada persona que participa en las investigaciones (Ruiz, 2009).

El grupo de estudio ha respondido a una selección de tipo intencional. Por la complejidad y sensibilidad que acompañan al tema, se han identificado las mujeres objeto de estudio a través de las bases de datos de denuncias de violencia por sus parejas o exparejas, existentes en la PNR en Moa. Se escogieron mujeres residentes en los espacios geográficos de mayores radicaciones de denuncias, los cuales resultaron ser los consejos populares de más incidencia cuantitativa histórica del problema: Las Coloradas, Los Mangos-Joselillo, Centeno, Caribe-Aserrío y Yamanigüey. Esta subdivisión analítica ha permitido visualizar cuestiones particulares del espacio geográfico general que es Moa y sus espacios internos (urbanos, rurales, suburbanos, costeros, mineros y agrícolas) no documentados en otros estudios en el país. De ahí que haya sido un Estudio de Caso Único Inclusivo Tipo 10, cuyo grupo de estudio estuvo conformado por 49 personas en total: 47 mujeres víctimas de violencia continuada por su pareja y 2 hombres victimarios, encarcelados en ese momento por hechos de violencia contra las mujeres (sus exparejas).

Se trabajó además con 25 informantes clave, por estar avalados para contribuir con la realización de las investigaciones, a partir de la función social que realizaban y/o por el conocimiento del tema/experiencia de trabajo en la problemática en Moa y los espacios geográficos que se han estudiado. Estuvieron integrados por: secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Moa, funcionaria para la Esfera de Trabajo Político-Ideológico y de Prevención Social de la FMC en Moa, secretarias de bloque de la FMC en todos los barrios a los que se ha llegado; jefe de la PNR en Moa y todos los jefes de Sector de la PNR en cada uno de los consejos populares; presidenta en funciones del Poder Popular en Moa, vicepresidenta para la Economía del Poder Popular en Moa que atendía en ese momento el Plan de Seguimiento a Beijing y funcionario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Moa; presidentes de cada uno de los consejos populares; jurista de la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia de la Federación en Moa y exmiembro de la Sala Experimental del Tribunal de Familia en Moa; médico legal de Moa, coctor, especialista en Medicina Legal del Hospital General Clínico Quirúrgico de Moa Dr. Guillermo Luis Hernández Fernández-Vaquero; psicóloga del Centro Comunitario de Salud Mental de Moa, y la presidenta del Tribunal Municipal Popular de Moa.

Los criterios de inclusión han sido:

• Mujeres víctimas: ser mayor de 12 años, reconocerse víctima de violencia continuada por su pareja o expareja, estar de acuerdo en colaborar, vivir en uno de los espacios geográficos escogidos, estar en condiciones psicológicas adecuadas para ofrecer su historia de vida ante el proceso de revictimización que supone el "revivir" a través de las técnicas de investigación social la violencia experimentada.
• Hombres victimarios: ser mayor de 12 años, reconocerse victimario de violencia continuada a su pareja o expareja, estar de acuerdo en colaborar, vivir en uno de los espacios geográficos escogidos, estar en condiciones psicológicas adecuadas para ofrecer su historia de vida.

Resultados del trabajo de campo

Violencia contra las mujeres en Moa: cuerpos castigados, relaciones incestuosas y pactos culturales

Las investigaciones realizadas en asentamientos tales como Centeno (rural), Yamanigüey (rural), El Pesquero (suburbano, costero) y Vista Alegre (suburbano) y Caribe-Aserrío (urbano), Los Mangos-Joselillo (urbano) han permitido identificar prácticas de violencia que adquieren connotaciones relevantes; una de las más representativas es el castigo físico a las mujeres, que emerge como un texto saturado de simbolismo, cuya función es disciplinar y sancionar ―desde el cuerpo de las mujeres― a aquellas que transgreden y a las potenciales transgresoras de las normas que construyen las narrativas de legitimidad de la violencia[5] que se han normalizado en Moa; así como preparar a los hombres para su ejercicio.

Por esta cualidad del castigo de emerger de las narrativas de legitimidad de la violencia, construidas en correspondencia con las especificidades culturales de Moa (asociadas a la actividad económica minero-metalúrgica, su vínculo con los altos niveles de consumo de alcohol y los procesos migratorios hacia este territorio en sus inicios) y con las circunstancias socioestructurales actuales de los espacios geográficos estudiados (que, en acuerdo con Santos están dadas por la mayor [luminosidad] o menor [opacidad] concentración del desarrollo social, económico, cultural, tecnológico y de organización en el proceso de fragmentación territorial), es que las formas de castigo físico identificadas nos resultan distintivas en Moa en su esencia interna de disciplinar y sancionar desde el cuerpo de las mujeres con respecto a lo que sobre el tema de la violencia de género ha sido publicado en Cuba.

En este sentido, aunque en todos los espacios estudiados existe una persistencia del problema identificado, se considera que en los espacios rurales ―caracterizados por la opacidad socioestructural que describen los trabajos de Santos (1996)―, se concretizan las más significativas prácticas de castigo a las mujeres en Moa, que singularizan el fenómeno en cuanto a grados de crueldad y normalización, en la medida en que llegan a adquirir lo que se ha descrito en la bibliografía  como "rasgos rituales de suplicio" (Foucault, 1995; Segato, 2013, 2016) por el modo en que se desarrollan, la frecuencia con que se realizan y el consenso social (implícito o declarado) que existe de su aplicación como estrategia legítima de disciplinamiento. Es por ello que en este trabajo el mayor énfasis se ha colocado en describir y explicar ―en especial, por su importancia bastante singular en el escenario cubano― los hallazgos realizados en los espacios rurales, no obstante su complementación con los resultados obtenidos en los espacios urbanos y suburbanos estudiados.

En todos los casos, de acuerdo con el propio discurso de las mujeres entrevistadas y la observación científica de variadas situaciones de violencia en Moa (de ahí el componente vivencial y etnográfico de estos trabajos), el castigo físico comparte una característica fundamental: su exteriorización, su traslado al ámbito público (fuera de las casas, en la calle, en los centros de trabajo, frente a los vecinos, en la comunidad) donde se exhibe el cuerpo de las mujeres mutilado, herido, escoriado, hematomizado, y existe un público observador que participa del hecho mediante la lectura-observación del texto que representa el castigo pero que en general no actúa para detener la violencia.

Del modo descrito es que el castigo a las mujeres en el espacio rural Pueblo Nuevo de Centeno llega a adquirir esos rasgos de rituales de suplicio, observado por un público (los actores sociales de la comunidad) que ha construido lo que se ha identificado como pactos culturales de silencio hacia afuera (hacia la policía, los investigadores sociales, agentes extraños a la comunidad, silencio incluso de las propias víctimas): las personas de ese espacio "ven" cada acto de violencia, pero "nadie se mete en eso", ni "casi nadie se atreve a hablar de eso", según lo plantean allí los diversos informantes clave. Estos mismos pactos se producen en Yamanigüey (rural), para silenciar la violación que ubica a mujeres adolescentes en relaciones sexuales incestuosas con padres y/o abuelos. Pero también han sido identificados en El Pesquero (suburbano, costero) con respecto a los intentos/ejecución públicos de machetazos, a las golpizas públicas o dentro de una casa.

En Pueblo Nuevo de Centeno se identificó además una práctica de violencia que se valora como singular en nuestro contexto y se relaciona con el surgimiento del poblado a través de la convergencia de distintas prácticas socioculturales traídas por los inmigrantes allí asentados, provenientes en su mayoría de Guantánamo, Baracoa, Sagua de Tánamo y Santiago de Cuba. De tal manera, según explicó el jefe de Sector de la PNR, anteriormente las mujeres eran víctimas de homicidios violentos y en la actualidad ―como en las prácticas de violencia en la Edad Media que describe Foucault (1995)― son arrastradas por caminos y calles de tierra o piedra del lugar, al menos 50 metros; tiradas por el pelo o los brazos, a la vista del pueblo, por celos, ante la sospecha o certeza de infidelidad, bajo situaciones de alcoholismo masculino, si no obedecen algún mandato de su pareja o si transgreden alguna norma. Así también ocurre el castigo físico como represalia ante el incumplimiento del mandato de prostitución forzada.

Esta situación identificada también se halla impregnada de los "pactos culturales de silencio" hacia afuera, tanto de los pobladores del espacio como de los representantes de instituciones sociales que podrían actuar más activamente ante tales hechos, tales como la FMC y los CRD. Según se ha podido valorar en nuestros estudios (Y. Hernández, 2014; Graham, 2014), el rol que juegan las familias en el silenciamiento de los hechos ha sido fundamental; a veces por el temor a la vergüenza social que genera el conocimiento público de los hechos y en otras ocasiones por la situación de victimización, dominación y sujeción de la madre al padre o al abuelo. En ese escenario, han sido en general "terceros actores" los que han realizado las denuncias: maestros, maestras, jefe de Sector, vecinos o algún pariente, mucho tiempo después de los hechos aunque se sospeche su ocurrencia. La entrevista realizada al jefe de Sector de la PNR de Yamanigüey en 2014 como informante clave, nos permitió obtener mayores informaciones al respecto:

Aquí he tenido del 2011 a 2014, en un lugar tan pequeño, tres casos de violación a niñas por sus propios padres, que las ponían a vivir con ellos como su mujer y las obligaban a todo lo que ellas no querían, incluso las golpeaban. Imagínate que una de ellas hasta quedó embarazada del propio padre; pero fue la maestra en la Secundaria quien se dio cuenta y alertó. La niña estaba amenazada por el papá de lo que le haría si hablaba. Ese caso es de ahora de febrero. Pero la gente no lo quiere denunciar fácilmente, aunque lo ven en el barrio, ven lo que está pasando. Tuve un caso de abuso lascivo a una niña de 10 años por el abuelo y tampoco hubo denuncia de la madre, aunque lo sabía, porque el abuelo de la niña la tenía amenazada con que si lo denunciaba, él le contaba a su esposo que ella lo estaba traicionando con uno de aquí de la comunidad. Fui yo quien tuve que actuar de oficio.

Un paréntesis necesario: profundizando en la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ante un resultado inesperado

Ante la emergencia de este resultado inesperado, en el que no se encuentran fácilmente referencias científicas sobre el tema, ya que la mayor parte de los trabajos se realizan desde las ciencias jurídicas hacia adentro de las instituciones penales (cuyos resultados no se publican para toda la comunidad académica del país), así como por la naturalización de los casos conocidos mediante la entrevista realizada al jefe de Sector en ese espacio rural, se consideró necesario indagar con mayor profundidad los datos existentes de denuncias de hechos de este tipo en todo el municipio Moa, que comprendiera el período estudiado en la investigación doctoral y añadir hasta el momento actual (2016), e identificar además los espacios en los que han ocurrido.

Con este fin, ante el gran volumen de denuncias existentes en la PNR, se decidió realizar el análisis de un período (un corte) de al menos cinco años para contrastarlo con los datos del país. Por ello, de forma intencional, se accedió a las informaciones existentes en la PNR desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2015, para además hacerlas coincidir con la etapa de la investigación de doctorado y actualizar el trabajo con los datos hasta el momento en que se escribió el artículo. El análisis estadístico de esos datos mostró que, del total de 71 denuncias de violación sexual en el período de 2010 a 2015, el 25,4% de ellas correspondió a denuncias de violación sexual a menores con un total de 16 casos y un subregistro de dos por sesgos en la recogida de la denuncia por parte de la Policía; de ellos, la violación a una niña postrada y a un niño con síndrome de Down. Así también, del total de 37 denuncias de abuso lascivo en ese período, el 75,8% fueron denuncias de hechos perpetrados contra menores, con 28 casos. La edad promedio de los niños y niñas víctimas de violencia sexual (incluido el incesto), abuso lascivo y pederastia es de 11 años, con rango de edades entre los 3 y los 15 años de edad. En general, se registraron un total de 47 menores víctimas, de ellos 42 niñas y 5 niños. Este último dato deviene una muestra del fenómeno mediado por las relaciones de género, y en tanto tal, violencia de género.

En la figura 1 se muestran los datos anteriores con mayores especificidades, referidas a la cantidad de casos y tipos de delitos en cada año comprendido en las investigaciones, obtenidos de las denuncias en la Policía.

En la última indagación realizada en aras de actualizar los datos y verificar las tendencias, analizando los datos del 1ro. de enero a 3 de septiembre de 2016, se identificaron 13 nuevos casos de denuncias a la Policía, lo que significó un incremento con respecto al mismo período del año anterior, según lo expresó una de las informantes clave en la PNR. De ellos, 2 de corrupción de menores, 5 violaciones (de ellas 3 por incesto) y 6 abusos lascivos. Los espacios geográficos en los que se han producido, de igual forma continúan siendo fundamentalmente los rurales y suburbanos (más tendientes a lo rural por las características geográficas y de infraestructura social): Punta Gorda, La Veguita, Centeno, Joselillo, Miraflores y 26 de Junio. En relación con el parentesco de los victimarios, en 5 de los 13 casos lo constituyen familiares (en 3 casos el padre: relación de incesto; en 1 caso un tío, y en el otro, un primo). En el resto de los casos el victimario fue una persona conocida, pero sin parentesco. En este período la edad promedio de los niños y niñas víctimas es la mismo (11 años) y se abusó también de un varón de 7 años con trastornos mentales (según la madre, esquizofrénico). De los 13 casos identificados, en 12 de ellos las víctimas son niñas (más que las adolescentes) y solo 1 caso de un niño (pequeño y enfermo).

Con una única referencia de estudio del tema en Moa, desde el Derecho Penal (Graham, 2014), la mayor parte de los victimarios son vecinos o convivientes en el domicilio del o la menor víctima; en especial, padres, abuelos y padrastros, con rangos de edades que van desde los 30 años hasta los 72 años de edad. Las modalidades delictivas que poseen mayor incidencia las constituyen el abuso lascivo, la violación sexual incluyendo el incesto, la corrupción de menores, el acoso sexual y lo que en Derecho se denomina "pederastia con violencia". La mayor cantidad de denuncias de este delito ocurre en las zonas rurales y suburbanas (54% de los casos localizados en Yamanigüey, Centeno, Veguitas, La Melva y Punta Gorda). Este estudio citado corroboró los "pactos de silencios" que se instituyen sobre ese tipo de violencia, en la medida en que los hechos son denunciados mucho tiempo después de su primera ejecución, luego de haber permanecido en el silencio en los espacios donde han ocurrido.

Discusión

Sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Moa: la más repudiable manifestación de la violencia de género

Los análisis sobre todos los datos anteriormente expuestos conducen a hipotetizar que, como los estudios demuestran en el caso de la violencia contra las mujeres, la que se produce contra niñas y adolescentes también puede estar constituyendo solo la "punta del iceberg", en un espacio geográfico marcado por pactos de silenciamiento asociados a una raigal cultura patriarcal y a la legitimidad de la violencia.

Tras una búsqueda de estudios sociológicos y de las ciencias sociales en general para contrastar los hallazgos y comprender más adecuadamente el fenómeno en Moa, se identificó que existen datos oficiales contradictorios en cuanto a la edad promedio en que son victimizados los niños, niñas y adolescentes; así como el sexo predominante en la mayoría de los casos en los que resultan víctimas de violencia sexual.[7] Esta contradicción se produce entre dos informes oficiales publicados: el primero de 2013 y el segundo de 2016,[8] pasando de aseverarse en el primero que predomina el sexo femenino como más afectado, al masculino en el segundo informe, en solo tres años.

En este sentido, los resultados de todo el período estudiado en Moa, informan de una mayor concentración de las víctimas en el sexo femenino (con 45 niñas y adolescentes, de un total de 47 casos), lo que implica necesariamente una lectura del problema como violencia de género en su más afianzada definición. El resto de los datos encontrados en los informes del país, cuando son contrastados con la realidad social identificada en Moa, revelan un panorama territorial que se valora como muy significativo.

En el citado trabajo oficial, publicado en julio (Tesoro, julio 2016) en el sitio web de Cubadebate "Parlamentarios cubanos evalúan situación de niños víctimas de abuso", se plantea que las cifras del fenómeno han disminuido en los últimos cinco años en el país. De ello dan cuenta las cifras de víctimas que del 0,09% de casos en la población entre 0 y 16 años en 2012 ―según el informe oficial emitido en 2013 por la Ministra de Justicia[9]―, al finalizar el 2015 el porciento de casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales en Cuba disminuyó al 0,001% ―según el informe presentado y discutido por los parlamentarios anteriormente mencionados en julio de 2016.

Para fundamentar lo significativo del caso de Moa, se considera necesario presentar los elementos que aparecen en la tabla 1, sobre el período estudiado de 2010 a 2015, en la que se presentan los datos de la población de Moa entre 0 y 16 años, obedeciendo a que judicialmente los delitos sexuales contra menores en Cuba se tipifican en tal rango de edad, y con el objetivo de analizarlos y compararlos con el país:

Para el análisis que muestre lo significativo del caso de Moa con respecto al país, se consideran imprescindibles los siguientes procesamientos estadísticos de la información disponible sobre el fenómeno en el territorio ―presentada en la tabla 1 y el resto del trabajo―, para lo cual se parte del cálculo de la media anual de la población entre 0 y 16 años en el período mostrado:

X̅ = -----

        N

donde ƩX = 17 959 + 18 220 + 17 703 + 17 703 + 17 373 + 16 982 = 10 5940

y            N = 6

       ƩX           105 940

X̅ = -----  =   ---------  = 17 656 (media anual de la población entre 0 y 16 en Moa en el

        N             6                     período de 2010 a 2015)

Así también, para comparar la información de acuerdo con los análisis nacionales, resulta fundamental el cálculo de la media anual de casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales en los seis años que abarcan las investigaciones, de un total de 47 casos en el período estudiado:

       ƩX

X̅ = -----

        N

donde ƩX = 2 + 10 + 8 + 10 + 9 + 8 = 47

y            N = 6

X̅ = -----  =  ----  = 7,83  (media anual de casos de la población entre 0 y 16 en Moa

        N          6                 víctimas de delitos sexuales en elperíodo de 2010 a 2015)

El dato anteriormente calculadoconduce a analizar que, como promedio anual, el 0,044% de la población media total de niñas, niños y adolescentes en Moa, ha resultado víctima de delitos sexuales en este período, donde:

        n_c                                7,83

P = ----- (100)  =  ---------  (100) = 0,044 %

        N_T                            17656   

El análisis de estos datos implica identificar lo que significa una cifra estadística muy superior al porciento en el país, en especial en el último año de comparación (2015): el 0,047% de Moa es 47 veces superior a la cifra de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual con respecto al dato nacional de 0,001%, visto como frecuencia relativa, donde 0,047 / 0,001 = 47. He aquí lo que se ha entendido como muy significativo y preocupante.

Otro importante factor de alarma resulta que, mientras en el país la edad promedio (no obstante las contradicciones entre los citados informes) de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual se ubica entre los 13 y los 15 años, en Moa la edad promedio de este grupo victimizado es de 11; lo cual implica que los niños(as) y adolescentes que son objeto de tan cruel manifestación de la violencia de género, son mucho menores que los del resto del país: niñas, niños y adolescentes más pequeños aun son violados, incestuados (Colapinto, 2001), abusados.

De igual forma, en ese comportamiento sociológico que hemos identificado como muy significativo, mientras en los victimarios de los informes nacionales las edades oscilan entre los 18 y los 30 años, en Moa los rangos de edades van desde los 30 años hasta los 72;lo que significa que aquellos que atentan sexualmente contra este grupo poblacional son personas de mayor edad, en contraste con edades más tempranas de las víctimas. En tales Informes, los lugares donde más se producen estos hechos son los espacios de concentración pública; mientras, en Moa la mayor cantidad de denuncias de este delito se produce sobre casos ocurridos en las zonas rurales (de poca concentración habitacional) y suburbanas (más cerca de lo marginal en el sentido de exclusión y carencias [Santos, 1996]).

Se considera que todos estos datos se hallan urgidos de una investigación y análisis profundos, tanto en Cuba como en Moa, no obstante el fenómeno de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no sea considerado un problema social en el país tras lecturas cuantitativas. Lo que sí es claro es que, cualitativamente, es un fenómeno que se halla tras el silencio: de la cultura patriarcal aún existente, de las familias, de las cifras institucionales "visibles".

La violencia contra mujeres en Moa: otros resultados obtenidos

Los análisis realizados en los estudios han permitido interpretar que, en el caso de la violencia contra las mujeres, esta se halla marcada por elementos simbólicos muy eficaces. En tal sentido, el castigo físico que se les impone presenta un correlato espiritual. Con él, los hombres victimarios trasladan el dolor físico, las marcas en la piel, las mutilaciones, hacia sentimientos de culpa por haber transgredido las normas de la cultura patriarcal preexistente que se reactualiza en estos espacios a través de códigos, símbolos, discursos patriarcales inscritos en las narrativas de legitimidad de la violencia. Buscan la disciplina ante el miedo de volver a experimentar la crudeza del castigo corporal, sea cual fuere la causa que lo haya generado. En términos de Foucault (1995), tales actos significan llegar a disciplinar al "alma" a través del cuerpo de las mujeres; trasponer la memoria corporal a la memoria espiritual. La resonancia del castigo, según se asume de los análisis de Foucault (1995), hace referencia al modo en que este tiene un impacto "ruidoso", "fuerte" para el resto de los actores sociales que observan los hechos activa o pasivamente y consigue un efecto social; para el caso, un efecto simbólico de disciplinamiento.

En los casos investigados, los primeros componentes del público lo constituyen los hijos (observadores directos en la mayoría de ellos). El resto del público suele estar conformado por familiares, vecinos, residentes del espacio geográfico y/o compañeros de trabajo. De esta manera, en el contexto de una cultura patriarcal que construye narrativas de legitimidad sobre la violencia contra las mujeres por sus parejas y pactos culturales de silencio, el castigo físico de forma pública, exteriorizado, cumple la función de normar la conducta de las mujeres a través de aquellas cuyo castigo es exhibido. Es decir, la eficacia del castigo público a las mujeres por sus parejas se garantiza por medio del proceso simbólico que instauran las narrativas que construye la cultura patriarcal, en el contexto de espacios geográficos signados por pactos para el silenciamiento legítimo de la violencia.

Las investigaciones han permitido identificar una realidad dinámica, compleja, dotada de especificidades; una realidad que no es reconocida como problema social por gran parte de los actores e instituciones estudiados, a pesar de que los datos empíricos son reveladores e incuestionables. Se ha identificado que desde el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la organización más cercana a las mujeres, no existe una percepción adecuada de la violencia como problema social. Las funcionarias que ocupan los cargos de la dirección municipal de esa organización se desempeñan con desconocimiento de la teoría de género; por lo que el tratamiento suele ser improvisado, no sistemático y con insuficiente credibilidad por parte de las que resultan víctimas de violencia por sus parejas.

MV21. Por la única institución que me siento protegida y a salvo es por la Policía, para mí es el lugar donde puedo pedir ayuda. Se le debería dar más promoción a los lugares donde una puede buscar ayuda; así no nos sentiríamos desprotegidas y sabríamos dónde acudir.

MV16. La FMC no conoció de mi situación, pero yo tampoco sabía si podía contar con esa institución, porque aquí nunca nos han dado charlas sobre violencia, tampoco divulgan que uno puede acudir allí cuando pasan estas cosas. Yo conozco que en esa Casa de Orientación se trabaja con diferentes problemáticas, pero pensé que allí no había solución para mi problema, fui saliendo poco a poco sola, aunque ya me ves,  salgo del trabajo y me encierro aquí en mi casa.

En este sentido, todas las mujeres víctimas a las que se les ha aplicado la historia de vida expresaron no creer en la efectividad del trabajo que realiza la FMC en Moa para ayudarles con su problema. Varias de ellas afirmaron que cuando se dirigieron allí, recibieron orientación acerca de qué hacer ante la situación, sobre todo si hay hijos; pero lo que ellas perciben como su verdadera necesidad es un lugar a dónde ir a vivir con sus hijos, cuestión a la cual objetivamente no puede dar respuesta esta organización, lo cual contribuye a que ellas no crean en la ayuda que pueden recibir de la FMC, aunque pueda ser útil en alguna medida decirles a dónde dirigirse con el objetivo de gestionar dónde vivir.

Al investigar en el funcionamiento de la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia (COMF), se ha identificado que no atiende este problema directamente. El funcionamiento de la misma se basa en la atención ―sobre todo― de situaciones de las familias con los hijos en la escuela, los barrios, o por solicitud de la Oficial de Menores en Moa. La otra prioridad la constituyen las mujeres prostitutas o exprostitutas. Se ha identificado, además, la inexistencia de un trabajo integrado entre la FMC y sus estructuras con la Policía. Las entrevistas realizadas a informantes clave (E1 y E2) de la dirección de la FMC en Moa en esos momentos, permiten plantear que estas desconocen las magnitudes cuantitativas que son denunciadas de la violencia contra mujeres, lo que conduce, por consiguiente a una subvaloración del problema por parte de ellas y con ello a la inacción social para la transformación del problema:

E1. No conozco esos datos de violencia que hay. Pienso que eso es la Fiscalía quien lo lleva. Por el trabajo de la Casa de Orientación es que tenemos algunas ideas de lo que pasa.

E2. No. No conozco datos sobre la cantidad de mujeres que son víctimas de violencia en Moa. Es que hay muchos casos de mujeres que no lo reconocen. Algunas llegan a la Casa por otras situaciones, pero nunca llegan a reconocer que son violentadas.

Reflexiones finales a modo de conclusiones

La realidad de violencia experimentada por no pocas mujeres, niñas y adolescentes en el espacio geográfico de Moa constituye una muestra de la vigencia de un problema social en Cuba que se halla lejos aún de encontrar una respuesta totalmente eficaz. Aunque la que se produce contra niñas y adolescentes no alcanza las dimensiones de la que tiene lugar en otros países del mundo, incluyendo la trata, el infanticidio, la prostitución infantil y otras, no se puede invisibilizar el hecho de que como fenómeno social existe; por lo cual, con tan solo un caso, ya resulta necesario estar alertas para evitar que se convierta en un mal indeseable para la sociedad cubana y su proyecto social. 

En general, queda mucho aún por investigar y debatir en todo el país desde espacios más incluyentes de resultados de investigaciones diversas, donde puedan socializarse estas realidades frecuentemente insospechadas; de forma tal que sirvan para repensar las acciones en Cuba para afrontar la violencia de género y seguir garantizando los derechos de la infancia, los(as) adolescentes y los(as) jóvenes.

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* Una versión incompleta de este trabajo fue entregada en 2016 a la ONG Oscar Arnulfo Romero, en La Habana, Cuba, para su Boletín. De igual forma, partes de los resultados aquí presentados han sido publicados en otros artículos en revistas extranjeras, en tanto forman parte de una larga investigación doctoral y la tutoría de Trabajos de Diploma. En el documento que aquí se presenta, se introducen datos y análisis que no han sido publicados antes en ningún otro trabajo de la autora, en especial con respecto a la violencia sexual contra niñas y adolescentes, lo que convierte el texto en un documento diferente y único, gracias a la colaboración decisiva del Lic. Julio Hernández Leyva, Director de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información en Moa; y de los capitanes de la Policía Nacional Revolucionaria en Moa, Lic. Ángel. I. Ramírez Matos y Esp. Miurlenis Graham Céspedes.

** Doctora en Sociología. Profesora Titular. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Holguín, Cuba. E-mail: enyah@ismm.edu.cu

[1] Esta definición se nutre de las concepciones teóricas de Jeffrey Alexander (2000) sobre la sociología cultural y las teorías de género que abordan la violencia contra las mujeres.

[2] Esta definición se nutre de las concepciones teóricas de Desiderio Navarro (2007) sobre la sociología de la cultura y las teorías de género que abordan la violencia contra las mujeres.

[3] Esta definición se nutre de las concepciones teóricas de la geografía social o humana, específicamente de autores como Santos (1996) y Ravenet (2002); así como de las teorías de género que abordan la violencia contra las mujeres desde la geografía de género o feminista como son las autoras Lan (2010) y López (2010).

[5] Estas hacen referencia a todo el conjunto de discursos justificatorios de la violencia contra las mujeres, que construyen códigos de dominación masculina ajustados a los espacios geográficos específicos, contienen elementos emotivos que hacen más efectiva su reproducción e incuestionabilidad y garantizan las más diversas prácticas de violencia ―desde las más sutiles, psicológicas, cuasi inidentificables, hasta la violencia física extrema que conduce al homicidio o el asesinato, pasando por las que se realizan con castigos físicos semejantes al medioevo, saturados con rasgos de suplicio. Forman parte de la estructura social a través de sus instituciones, sus normatividades y sus actores sociales a cargo.

[6] Aunque sí procesado como delito en los Tribunales, por lo que comienza a cobrar cierta visibilidad a través de determinados medios de prensa.

[7] Para apreciar estas contradicciones pueden leerse los trabajos: "Parlamentarios cubanos evalúan situación de niños víctimas de abuso" (Tesoro, julio 2016) y "Cuba ratifica compromiso internacional contra la trata de personas" (Pérez, octubre 2013).

[8] En este sentido, en el informe de 2013 la Ministra de Justicia planteó que: "en la actualidad siete extranjeros cumplen sanción en cárceles cubanas por corrupción de menores, asociada al abuso sexual infantil. En los casos de este tipo, predomina el sexo femenino y una edad promedio de 15 años, en tanto las víctimas usualmente actúan por iniciativa propia" (Pérez, octubre 2013). En el informe de 2016 discutido por los parlamentarios se plantea que: "Las acciones más recurrentes son: abusos lascivos, corrupción de menores, violación y daños físicos, todo lo cual afecta seriamente emocional y psicológicamente a las víctimas. Los lugares donde más se producen estos hechos son: espacios de concentración pública, cercanos a la residencia de menores y sus victimarios cuyas edades oscilan entre los 18 y los 30 años, con un nivel de parentesco, amistades, o allegados a familiares. Los más afectados son los del sexo masculino entre 13 y 15 años" (Tesoro, julio 2016).

[9] Informe sobre el enfrentamiento jurídico-penal a la trata de personas y otras formas de abuso sexual en 2012, presentado por la ministra de Justicia María Esther Reus en conferencia realizada en el Centro de Prensa Internacional en La Habana.