USO PÚBLICO DE ÁREAS PROTEGIDAS. UNA ALTERNATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

PUBLIC USE OF PROTECTED AREAS. AN ALTERNATIVE OF COMMUNITY PARTICIPATION

Dra. C. Yoanelys Mirabal Pérez, Lic. Jose Ignacio Flores Pérez

Universidad de Cienfuegos. Cuba.

RESUMEN

En el presente artículo se pretende analizar la necesidad de incluir la participación comunitaria en las acciones de uso público en áreas protegidas desde el estudio de caso realizado en el área protegida Guanaroca-Punta Gavilán en la provincia de Cienfuegos, Cuba. En el mismo se parte de un abordaje teórico sobre la concepción de uso público y el marco legal para este programa de manejo en Cuba. Se empleó el método de entrevista, análisis de documentos y la matriz DAFO.

Palabras clave: Comunidad, áreas protegidas, actores sociales, participación.

ABSTRACT

This article aims at analyzing the need to include community participation in actions for public use in protected areas from the case study carried out in the Guanaroca - Punta Gavilán protected area in the Cienfuegos province, Cuba. It is started from a theoretical approach about the conception of public use and the legal framework for this program management in Cuba. The method of interview, document analysis and the SWOT matrix were used.

Keywords: Community, protected areas, social actors, participation.

INTRODUCCIÓN

Una de las formas más reconocidas de enfrentar los efectos negativos de la interacción sociedad-naturaleza ha sido la creación de áreas protegidas (AP), las que pueden ser consideradas como "una superficie de tierra y / o mar, especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales asociados, y manejada a través de medios legales u otros medios efectivos". (Unión Mundial por la Naturaleza, 1994, p.3)

Como puede apreciarse el concepto de área protegida incluye lo concerniente a los recursos endógenos (naturales, socioculturales, etcétera) de dichas áreas, los cuales implican inevitablemente a las comunidades por encontrarse enclavadas en las mismas. Comunidades que aportan, a través de su cultura y de sus tradiciones, el conocimiento de los sitios y de cómo manejar los recursos, constituyen además, una fuerza potencial para la conservación, protección y desarrollo de actividades de uso público.

Las comunidades pueden beneficiarse de la explotación de los recursos naturales que poseen las áreas protegidas. La conservación de la biodiversidad no es sinónimo de la no explotación de los recursos, estos pueden usarse de manera sostenible y permitir el avance hacia el desarrollo económico y social, sin perturbar la conservación de la biodiversidad.

Aunque de manera general los gobiernos designan a alguna institución para responsabilizarse con el manejo de dichas áreas, estas no realizan solas su trabajo. Todo un conjunto de ellas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, así como las comunidades locales y la población en general, que se benefician directa o indirectamente de las áreas protegidas, contribuyen a su manejo y protección.

Las autoridades encargadas de la vigilancia y control sobre el uso de los recursos naturales tienen en las áreas protegidas uno de sus objetivos de trabajo más importantes. Muchas organizaciones no gubernamentales que apoyan la conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente juegan un papel activo en diversos países o constituyen una vía fundamental de apoyo financiero a aquellas enclavadas en los países del tercer mundo.

Sin embargo, uno de los actores fundamentales en la conservación y manejo de las áreas protegidas son las comunidades. Ellas aportan la mayor parte de la fuerza de trabajo que se emplea en su manejo y muchas veces son los más importantes usuarios y adecuados conocedores de los recursos naturales que se preservan en ella, por lo que pueden considerarse factores esenciales al determinar la problemática del área y establecer sus soluciones. No obstante, la creación de áreas protegidas, su manejo y administración ha generado algunas tensiones con las comunidades.

Los organismos internacionales han intentado realizar un análisis que rescate diversos grados de participación en la toma de decisiones y que se amplía para ser considerado dentro de los tipos de gobernanza que se pueden producir dentro de las áreas protegidas, que incluyen áreas gubernamentales, privadas, comunitarias y multipartitas.

Actores sociales que constituyen sujetos colectivos que se estructuran a partir de una conciencia de identidad propia, agrupaciones de conciencia que deben reconocerse como miembros de algo (organizaciones, organismos, instituciones, pero trascendentales para un proceso), portadores de valores, poseedores de un cierto número de recursos que les permitan actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen o de los individuos que representan, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias (Weizanegger, 2003)

También puede ser entendido como grupos de intervención, que perciben a sus miembros como productores de su historia para la transformación de su situación. En ambos casos, los actores se ubican como sujetos colectivos, generadores de estrategias de acción, que contribuyen a la gestión y transformación social.

Con este espíritu, los actores comprometidos en el manejo de un área protegida deben fomentar de manera proactiva la participación de la sociedad civil en la toma democrática de decisiones para ampliar su legitimidad (Brenner, 2010). En relación con este tipo de manejo cabe destacarse lo esgrimido en el Congreso Mundial de Parques de Durban en septiembre del 2003 (Madrigal & Solís, 2005).

Este espacio constituyó el foro con mayor discusión sobre el tema de las áreas protegidas y las comunidades. En el mismo se reconoció que enfatizar en los beneficios para las comunidades humanas no implica que la conservación de la biodiversidad se valore menos, significa simplemente colocarla dentro de una perspectiva de bienestar humano y desarrollo pacífico, principal reto de la conservación actual.

En el área protegida Refugio de Fauna Guanaroca-Punta Gavilán, objeto del estudio de caso, la utilización aparentemente sustentable de la gran diversidad de especies que habitaban Guanaroca por las comunidades aledañas tocó a su fin en 1991, cuando esta zona fue declarada área protegida con categoría de recursos manejados, y administrada por la Empresa Provincial para la Conservación de la Flora y la Fauna.

En este delicado momento para el desarrollo de la incipiente área protegida, hubiera sido necesario una mayor definición en relación con la búsqueda de la integración de las comunidades a la gestión y manejo de la misma, pero influyó de forma negativa la falta de infraestructura y de recursos, la poca preparación, salvo contadas excepciones, del personal técnico y administrativo en lo que respecta al manejo de dichas áreas, la ausencia de instrumentos legales, así como organismos rectores que delinearan en ese momento una política más integral hacia los espacios protegidos, lo cual trajo consigo una pobre asimilación y representatividad de las comunidades locales dentro del manejo del área. También en un primer momento, como fruto de la inexperiencia y de la ausencia de un plan de manejo del área, se optó por la protección radical de los mismos como aspecto primario, lo que impidió de cierta forma la participación de las comunidades locales en las funciones del área al ser violentadas ciertas prácticas económico-culturales que hasta este momento por derecho ejercían sus integrantes de forma tradicional y que ahora serían exclusivamente patrimonio del Estado, representado por los administradores del área protegida.

DESARROLLO

Si se realiza un rápido recorrido en la historia de la conservación de espacios naturales a nivel internacional y nacional se puede comprobar cómo desde sus inicios ya quedó implícito en la idea misma de declaración de espacios naturales protegidos, su utilización como lugares para el recreo y disfrute de los ciudadanos.

El uso público de los espacios naturales protegidos nace asociado a la idea de parque nacional que surgió en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Los parques nacionales se consideraron territorios vírgenes que debían protegerse del proceso de transformación de los recursos naturales. En ellos los ciudadanos podrían admirar estos recursos aún intactos a la intervención de la civilización (Ramos, 2002).

Durante los primeros años de la década de los 80 del siglo XX, cuando por primera vez se comienza a valorar el uso público como un instrumento de gestión del área protegida, aparecen en los primeros planes de gestión, directrices y actuaciones recogidas en las recomendaciones del V Congreso Forestal Internacional celebrado en Seatle (EE.UU.) en 1960, las cuales marcaron un punto de inflexión en la consideración de las áreas protegidas y su gestión (Methol, 1996).

El concepto de uso público, que inicialmente partía de la interpretación y la educación ambiental, ha incorporado la recreación de los visitantes y las actividades turísticas. Para estas, la anexión al concepto de uso público se ha producido en la medida en que el turismo ha convertido las actividades deportivas y de conocimiento de la naturaleza en nuevos productos turísticos, atendiendo a sus propias necesidades de diversificación y cambio en el sector turístico.

Al consultar autores como Blanco (2002), se encuentra que en las ideas y conceptos emanados del IV Congreso Mundial de Parques (1992), se establece que los espacios protegidos deberían articularse sobre una realidad socioeconómica y territorial amplia, con carácter abierto, rico en flujos e intercambios de todo tipo. Los espacios protegidos deberían desempeñar un papel estratégico en la consecución de una cultura ambiental respetuosa con el medio ambiente.

En comunión con esta concepción, los modelos actuales de uso público apuestan por su función social, al considerar el área protegida como un espacio abierto para el ocio, la formación y la educación e incorporando en su desarrollo la participación de la sociedad. El uso público debe garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los espacios protegidos de forma compatible con la preservación de los recursos naturales y culturales, los intereses particulares y el desarrollo socioeconómico del territorio (Blanco, 2000).

En síntesis, el uso público es el conjunto de equipamientos, actividades y servicios, que independientemente de quien los gestione, debe acometer la administración del espacio natural protegido, con la finalidad de acercar a los visitantes a sus valores naturales y culturales, de una forma ordenada y segura, que garantice la conservación y difusión de estos a través de la información, la educación y la interpretación ambiental.

Marco legal para el uso público de áreas protegidas en Cuba

En Cuba ha sido largo el camino recorrido en la gestión de los espacios protegidos desde que en 1930 fuera aprobado el primer parque nacional (CITMA, 2003). En las dos últimas décadas pasadas la conservación in situ experimentó un auge elevado en las áreas protegidas, pero el marco legal relacionado con las mismas era insuficiente. Fue la Ley-81 del Medio Ambiente (República de Cuba. Ministerio de Justicia, 1997) la que vino a llenar este vacío jurídico en materia de áreas protegidas al establecer los principios básicos que rigen el funcionamiento de las mismas.

El Decreto–Ley 201, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (República de Cuba. Ministerio de Justicia, 1999), dispone el régimen legal relativo al SNAP, consta de doce capítulos en los que se abordan temáticas relacionadas con la categorización y categorías de manejo, propuesta y declaración de áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, el plan del SNAP (plan de manejo y zonas de amortiguamiento), régimen de vigilancia y protección, otorgamiento de autorizaciones y realización de actividades en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento y regulaciones para el control y la administración, para el uso público, plantea regulaciones para el mismo.

De esta manera en su artículo 64 regula que las zonas de uso público serán identificadas en el ordenamiento territorial. 

a)      El uso público deberá contar con administración, infraestructura adecuada, personal calificado y plan de manejo o al menos un plan operativo;

b)      Los proyectos constructivos dentro de las áreas protegidas deberán realizarse con criterios de sostenibilidad, de forma tal que garanticen la preservación de los valores que caractericen dichas áreas, el equilibrio con el entorno y no se contradigan con sus objetivos de manejo;

c)      Se realizará el monitoreo dinámico del impacto en los sitios a visitar, con vistas a actualizar las regulaciones de uso y protección que resulten necesarias;

d)      Los senderos a recorrer dentro de cada área deberán ser diseñados sobre bases científicas, de modo que permitan la observación, sin alterarlos, de los valores naturales e histórico - culturales;

e)      Las entidades turísticas y otras instituciones deben convenir previamente con la administración del área las visitas, número de visitantes, periodicidad y actividades a realizar;

f)       Se requerirá que los visitantes sean acompañados de un guía cuando visiten lugares sensibles;

g)      Las regulaciones para el uso público de cada área en específico se deberán incluir en el plan de manejo del área en cuestión y formarán parte del mismo.

El Decreto–Ley 201, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (República de Cuba. Ministerio de Justicia, 1999) en capítulo I, artículo 4, inciso f) se define uso público de la siguiente manera:

Uso público: todas aquellas actividades relacionadas con el manejo de visitantes a las áreas protegidas, en funciones recreativas, educativas, investigativas o interpretativas

Las actividades de uso público de la Laguna de Guanaroca se incluyen en el plan de manejo del área, el cual tiene incorporado la zonificación y la zona de uso público, dentro de la cual se establece un programa de educación ambiental e inicia así el aprovechamiento y muestra de los valores que posee el área. La Delegación de CITMA regula el Sistema Provincial de Áreas Protegidas y el desarrollo de los programas de uso público. El plan de manejo se elabora quinquenalmente y cada año se organiza un plan operativo, el cual se chequea en la Junta Coordinadora.

Dentro del plan de manejo del área se incluye un programa de uso público que cual incluye:

 - Sub - Programa Interpretación Ambiental.

 - Proyecto Sendero Guanaroca - Aves Acuáticas.

- Proyecto Guanaroca donde la vida se conserva.

- Sub – Programa Investigaciones y Monitoreos.

- Proyecto Moluscos.

- Proyecto Biodiversidad.

Dicho programa de uso público tiene como objetivos:

1.-Propiciar el desarrollo del senderismo como modalidad de turismo de naturaleza que permita en primera instancia el desarrollo de la educación ambiental, mediante actividades concretas de interpretación y potenciar ingresos en moneda libremente convertible (MLC) derivadas de dicha actividad con la finalidad de elevar el nivel de vida de los trabajadores y pobladores locales, así como garantizar el financiamiento de los programas de conservación que se ejecutan en el área.

2.-Potenciar y estimular el desarrollo de investigaciones científicas con la finalidad de elevar el conocimiento de los procesos y fenómenos naturales que tienen lugar en el área protegida para lograr una mejor efectividad en la conservación de dichos recursos.

3.-Contribuir a la educación ambiental de niños, jóvenes, trabajadores del área y pobladores en general mediante la implementación de programas de educación e interpretación ambiental.

A partir de las entrevistas realizadas se identificó la actividad de uso público que es desarrollada en el área protegida desde marzo del 2006, denominada Sendero Guanaroca. Este sendero contiene una parte terrestre y otra acuática, con una carga máxima de 10 personas diariamente (teniendo en cuenta que es un área protegida). Participan en esta actividad los visitantes, un guía (técnico del área residente en el municipio de Cienfuegos) y trabajadores del área, entre ellos, especialistas y técnicos. El área cuenta con una mínima infraestructura para enfrentar la actividad, 5 botes salvavidas, sus recursos naturales y el financiamiento que proviene de los recursos financieros de la Empresa Provincial de Flora y Fauna.

De acuerdo con el comportamiento demostrado, los visitantes son turistas de naturaleza, bien informados, que gozan de una elevada preparación y conocen el relieve, las aguas, la flora y la fauna del espacio que visitan. Son naturalistas y admiradores de la naturaleza que buscan el contacto íntimo con esta.

La participación comunitaria resulta ínfima en las actividades del programa de uso público que incluye la educación ambiental, lo cual interviene en la trasmisión efectiva de la conservación de los valores naturales, históricos y culturales del área hacia los diversos grupos etarios de la comunidad, debido a las pocas acciones de divulgación y capacitación que integren criterios, tradiciones y conocimientos para la conservación del área protegida.

Análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del área protegida para la inclusión de los pobladores locales en las actividades de manejo, gestión y uso público de sus recursos

Tabla 1

Como puede apreciarse la fortaleza de mayor puntuación es la presencia de una comunidad conocedora del sitio y el manejo de los recursos, dispuesta a participar en las actividades de uso público, manejo y toma de decisiones en el área protegida y la debilidad de mayor significación es la existencia de contradicciones entre comunitarios y Entidad de Flora y Fauna. Esto es resultado del no aprovechamiento del conocimiento local sobre el manejo y gestión de los recursos del área; al contrario, los pobladores sienten a los técnicos de Flora y Fauna como entes intrusivos en sus vidas, aquellos que vienen a privarlos de uno de sus mayores tesoros, su tan querida laguna.

Para evaluar la importancia de las interacciones entre los componentes del análisis DAFO se procedió a la elaboración de la matriz correspondiente, a partir del promedio de los puntos otorgados a cada uno de los componentes referidos por los expertos.

Al analizar el orden de importancia de las interacciones se puede apreciar que en el cuadrante de las fortalezas y oportunidades se encuentran, entre las de mayor valor, las interacciones de la fortaleza 1 (Presencia de una comunidad conocedora del sitio y el manejo de los recursos, dispuesta a participar en las actividades de uso público, manejo y toma de decisiones en el área protegida.) con las oportunidades 3 (Ubicación geográfica del área, enclavada en un circuito turístico) y 5 (Interés de los profesionales de la universidad por implementar estrategias para involucrar a las comunidades locales en las actividades de manejo y uso público del área protegida.) Esto hace reflexionar sobre la necesidad de potenciar dichas oportunidades partiendo de la existencia de este conocimiento local sobre el manejo de los recursos.

En el segundo cuadrante (fortalezas y amenazas) se aprecia que las interacciones de mayor orden de importancia son las que se producen entre la fortaleza 1 y las amenazas 3 (Violación a la legislación ambiental) y 4 (Crisis económica que afronta el país). Esto permite analizar la posibilidad de aprovechar el amor que sienten los pobladores por sus recursos como una vía para respetar la legislación ambiental.

En el tercer cuadrante (debilidades y oportunidades) se encuentran, entre las de mayor valor, las interacciones de la debilidad 1 (Existencia de contradicciones entre pobladores locales y Empresa Flora y Fauna) con las oportunidades 3 y 5. Esto hace evidente la necesidad de minimizar estas contradicciones para poder aprovechar la ubicación geográfica del área para una mejor gestión de sus recursos, así como el interés de diferentes profesionales de implementar estrategias para involucrar a las comunidades locales en las actividades de manejo y uso público de los recursos del área protegida.

El último cuadrante (debilidades y amenazas) muestra, con mayor orden de significación, las interacciones entre la debilidad 1 y las amenazas 3 y 4. La presencia de contradicciones entre los pobladores y la administración del área para nada facilita el respeto a la legislación ambiental.

Este análisis conlleva a la determinación de la fortaleza 1, la debilidad 1, las oportunidades 3 y 5 y las amenazas 3 y 4 como las de mayor significación para el buen manejo, uso y gestión de los recursos del área. Resumiendo, existe una comunidad conocedora del sitio y el manejo de los recursos, dispuesta a participar en las actividades de uso público, manejo y toma de decisiones en el área protegida, pero que no ha logrado establecer vínculos con la Empresa Flora y Fauna.

El valor total de cada cuadrante (Tabla 3) es la suma total de los productos de las puntuaciones promedio correspondientes a los componentes de la matriz que se interceptan en cada casilla, es decir, la acumulación del valor de las interacciones entre los aspectos componentes del análisis DAFO. La puntuación más elevada corresponde al segundo cuadrante (II) de posición defensiva. Este resultado indica la necesidad urgente de revertir la situación para beneficio de la población local y de la propia área protegida.

Como se planteó anteriormente la situación actual del área protegida, la coloca en una posición defensiva (II Cuadrante: amenazas y fortalezas) con un total de 131.09 puntos, lo que significa que es necesario potenciar y aprovechar al máximo las fortalezas para sortear y minimizar en lo posible las amenazas actuales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la limitación que supone una matriz DAFO cuadrada resultante de la selección de los 5 aspectos considerados fundamentales por grupo de componentes (5 fortalezas, 5 oportunidades, 5 debilidades y 5 amenazas) para incluirlos en el análisis, puede ser causa de la reducida diferencia entre las puntuaciones de los cuadrantes. Pero estas diferencias tan pequeñas al comparar la importancia de las interacciones de cada cuadrante es una razón para no desatender a ninguno de ellos.

Luego del análisis anterior el problema estratégico queda formulado de la siguiente manera:

Si se atenúan la violación a la legislación ambiental, los efectos de la crisis económica que afronta el país, las restricciones para el acceso a los ingresos obtenidos del uso público por parte del área protegida, la situación actual de contaminación y pérdida de biodiversidad del área, así como el insuficiente reconocimiento y valoración del área protegida; entonces será posible aprovechar la presencia de una comunidad conocedora del sitio y el manejo de los recursos, dispuesta a participar en las actividades de uso público, manejo y toma de decisiones en el área protegida, la voluntad de la Empresa Flora y Fauna de involucrar a la comunidad local en sus actividades, la existencia de un plan de manejo donde se plasma la necesidad de involucrar a la comunidad, el desarrollo de un programa de actividades de uso público en el área protegida, así como la existencia de especialistas de Flora y Fauna en proyectos de investigación comunitaria.

CONCLUSIONES

En el área protegida Guanaroca-Punta Gavilán se desarrolla una sola actividad de uso público denominada Sendero Guanaroca, la cual no ha logrado los resultados esperados. Hasta el momento no existe vinculación entre la comunidad local y la Empresa de Flora y Fauna, a la cual algunos de sus miembros aún ven como elemento intrusivo.

Los pobladores locales aportan a través de su cultura y de sus tradiciones, el conocimiento de los sitios y de cómo manejar los recursos, lo que constituye una fuerza potencial para la conservación, protección y desarrollo de actividades de uso público, sin embargo, desconocen casi en su totalidad las actividades de uso público desarrolladas en el área protegida, lo que hace que no se sientan protagonistas de su desarrollo y pierdan el sentido de pertenencia, esto conlleva a la no participación en la conservación de los recursos.

Se comprobó la disposición de los pobladores locales de integrarse a las actividades desarrolladas en el área protegida, pero no saben cómo, por lo que es conveniente la implementación de un curso de capacitación sobregestión, planificación y desarrollo de actividades de uso público de áreas protegidas para líderes locales y especialistas de Flora y Fauna.

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Recibido: Septiembre de 2016.

Aprobado: Noviembre de 2016.

 Dra. C. Yoanelys Mirabal Pérez