Los retos de la distribución en la transición al socialismo en la Cuba de hoy

Distribution Challenges in the Transition Towards Socialism in Today's Cuba

Silvia Odriozola GuitartI y Henry Colina HernándezI

Dentro de las relaciones sociales de producción la distribución asume un rol determinante, no solo por su influencia en el estímulo de la producción de bienes y servicios, sino también por erigirse en la medida de consumo de los individuos. El tipo de propiedad estatal socialista, naciente en el período de transición, genera dos formas fundamentales de distribución que constituyen una unidad dialéctica: la distribución con arreglo al trabajo y los fondos sociales de consumo. A las complejidades propias de relaciones no afianzadas aún, deben sumarse retos nacientes de la presencia de otros tipos socioeconómicos, con sus correspondientes modos de distribución, que no siempre responden a los paradigmas de la sociedad que se pretende construir. Particularmente, en la realidad cubana, este conjunto de condicionantes, unido al escenario del subdesarrollo productivo de la nación, entre otros desafíos, configura un panorama complejo para determinar formas propias de distribución del resultado del trabajo social.

PALABRAS CLAVE: Cuba, distribución con arreglo al trabajo, fondos sociales de consumo, relaciones de distribución.

Within the production social relations, distribution plays a determinant role, not only because of its influence in the stimulus towards good and services production, but also because it turns itself into the individuals' consumption measure. The kind of socialist state ownership, emerging in the transition period, generates two main ways of distribution which constitute a dialectical unit: distribution in accordance with work and consumption social funds. To still nonconsolidated relations' complexities, it is necessary to add the emerging challenges as to the presence of other socio-economic types, with their corresponding ways of distribution, which do not always respond to paradigms of the society to be built. Particularly, in Cuba's reality, these set of conditionings, along with the nation's productive underdevelopment scenario, among other challenges, structures a complex context to determine proper forms of distribution of social work's result.

KEYWORDS: Cuba, distribution in accordance with work, consumption social funds, distribution relations.

"La distribución de los medios de consumo es, en todo momento, un corolario de la distribución de las propias condiciones de producción. Y esta distribución es una característica del mismo modo de producción",
K. MARX, CRÍTICA AL PROGRAMA DE GOTHA

Introducción

De otro modo, no hubiera sido posible emprender el camino de la transformación socialista de la estructura económica heredada del subdesarrollo capitalista. Como consecuencia, se concibió un sistema de políticas universales, dirigidas por el Estado, que permitiera la concentración y redistribución de los recursos disponibles en función de asegurar derechos ciudadanos, tales como el acceso al trabajo, a servicios gratuitos de salud y educación, seguridad y asistencia social, cultura, deporte, etc. Según Domínguez (2008, p. 86), entre los rasgos principales que han distinguido la política social cubana están la identificación de justicia social con igualdad social, la sustentación en un cambio de la matriz de propiedad sobre los medios de producción y la eliminación de las posiciones socioestructurales que permitan la apropiación excluyente del bienestar; el carácter universal y de cobertura total, planificado y unitario; el Estado como principal y casi absoluto coordinador y gestor de la política social y el desarrollo; la consideración de las necesidades básicas como derechos de la ciudadanía: educación, salud y amparo gratuitos, y derecho al trabajo; y las variables macroeconómicas que priorizan el gasto en inversión social.

En esta visión del bienestar, no obstante, ha predominado un soporte basado en el igualitarismo, garantizándose que todo cubano, con independencia de su aporte laboral, reciba un nivel de alimentación que representa como promedio alrededor del 60 % de las necesidades calóricas diarias (con diferencias según grupos de edades); todo tipo de servicio de salud, independientemente de su grado de complejidad; y todo servicio educacional, más allá de su nivel y propósito. El Estado cubano ha provisionado estos y otros servicios sociales y bienes subsidiados, fundamentalmente a partir de los resultados que obtiene de las empresas estatales, mixtas, y de las contribuciones de las cooperativas y negocios por cuenta propia. Pero son principalmente los asalariados estatales los que más contribuyen con su trabajo a que todos puedan disfrutar de esos beneficios.

A partir de la aprobación de los Lineamientos, las diversas medidas implementadas han ido generando mayores tensiones en la situación de los asalariados estatales, en tanto la inflación ha crecido más rápido que el salario nominal, el gasto social per cápita se ha reducido y han surgido mayores posibilidades de ingresos extraordinarios a individuos con posibilidades de aprovechar las oportunidades creadas, a las que no se puede acceder únicamente a partir de la posición de asalariado del Estado. Por tal razón, resulta fundamental propiciar una relación más estrecha entre esfuerzo laboral e ingresos de los asalariados estatales, sin discriminar la actividad económica en que se desenvuelvan.

Todo lo anterior les impone retos significativos a las relaciones de distribución en la Cuba de hoy, en su intento de continuar avanzando en la construcción de una sociedad socialista; dichos retos constituyen la motivación fundamental de este artículo, que busca realizar un acercamiento sin ánimo de agotar todas las aristas que este trascendental tema tiene para el actual proceso de transformaciones del modelo económico y social cubano. Así, en el siguiente apartado se incluyen algunas consideraciones desde el punto de vista conceptual acerca de las relaciones de distribución en la transición al socialismo, para dar paso en el posterior epígrafe a los desafíos en términos de equidad y justicia social que ostentan en la actualidad. Al final, se incluyen unas breves reflexiones de cara al futuro.

Dentro del sistema de relaciones sociales de producción (RSP) el papel preponderante le corresponde a la producción; mas ello no significa que el resto de las relaciones, incluidas las de distribución, desempeñen un papel pasivo. Es en la producción donde se genera la riqueza que luego se crea también en las demás relaciones, o sea, se distribuye, cambia y, en última instancia, se consume, reiniciándose nuevamente el ciclo. Aunque estén condicionadas en su carácter y contenido por la producción, se establece una vinculación recíproca en la cual la distribución influye de manera activa sobre la producción, sin llegar a asumir una existencia independiente o desligada. Pese a su carácter secundario, influye en la producción al ser su estimulante, pues es precisamente en la distribución donde se resuelve el bienestar, el nivel de vida de los individuos. De ahí que, en la misma medida en que no es justa y estimulante, tiene un efecto negativo en el desarrollo de la producción.

Durante todo el proceso descrito, se generan complejas interrelaciones de determinación biunívoca que le imprimen un carácter dialéctico a cualquier intento de estudiar el conjunto de RSP que tipifica a un modo de producción. Así, las condiciones en las que se realice la producción establecerán, en gran medida, cómo se desarrollan el resto de las RSP, correspondiéndole al sistema de relaciones de propiedad sobre los medios de producción el rol principal, en tanto es el que determina los rasgos esenciales del sistema económico, el objeto de la producción, el carácter del trabajo y la gestión económica, las formas de regulación de la economía, así como la naturaleza específica de las relaciones de distribución.

En el caso de la propiedad privada sobre los medios de producción, desde la producción de bienes y servicios se genera la escisión de la sociedad en poseedores de capital, esto es, trabajo pretérito, y desposeídos de medios de producción, o lo que es lo mismo, poseedores de trabajo presente y futuro: fuerza de trabajo. Actualmente, sin embargo, la línea que separa a esos grupos sociales es algo más difusa, principalmente en los países del capitalismo más desarrollado. La participación en la ilusión de las finanzas, la posibilidad de adquisición de títulos de valor, acciones y bonos de empresas capitalistas transnacionales preparan las condiciones para que los obreros también participen en la extracción de la plusvalía a nivel global. Si se suma a ello la utilización de los fondos de pensiones de los mismos obreros para la generación de crédito y la especulación en el mercado financiero, el panorama se complejiza. Por ende, cualquier análisis que parta de la superación de la explotación que genera el sistema capitalista debe comenzar por anular esa división de clases que posibilita la apropiación de una parte del excedente, que genera el movimiento de la fuerza de trabajo y que es determinada por la posición frente a los medios de producción.

Es común que los reformistas e incluso los "socialistas" más ingenuos presenten las teorías para la construcción del socialismo como mecanismos de redistribución, intentando mantener las formas de producción capitalistas y fomentando el papel del Estado como colector de impuestos y encargado de corregir las deformaciones del sistema. La aplicación de estas medidas paliativas deja intactas las estructuras productivas explotadoras en esencia, esto es, que la distribución inicial de los medios de producción ya ha sembrado la semilla de la desigualdad. La teoría marxista defiende la expropiación y nacionalización de los medios de producción como la vía para erradicar las relaciones de explotación que crea la división en clases sociales; proceso que no puede generarse sin el apoyo amplio de la población del país, pues de violarse este principio, solo se lograría sustituir una oligarquía por otra.

Marx señala, en su obra Crítica al programa de Gotha, que la forma de distribución en la sociedad socialista debe corresponder al trabajo aportado en el proceso productivo, promulgando el derecho a la desigualdad, es decir, que quien aporta más en el proceso productivo, ya sea por sus aptitudes físicas o intelectuales, o por la intensidad de su trabajo, recibirá de forma directa más que los que no tienen las mismas actitudes o aptitudes. Se señala, además, como limitantes de este tipo de distribución, que quienes reciben lo mismo pueden tener situaciones familiares distintas. Sobre ello Marx plantea: "son defectos inevitables de la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento" (2009, p. 31). Puede reconocerse en esta forma de distribución un estímulo directo a la productividad, ya que los clásicos suelen poner énfasis en el soporte material de la construcción del socialismo, y la productividad del trabajo es un factor determinante.

En el proceso productivo, la distribución con arreglo a la cantidad y calidad del trabajo aportado (DAT) se complejiza, en primera instancia, como resultado de la heterogeneidad productiva propia de una economía subdesarrollada. En la práctica, todas las experiencias de construcción del socialismo, contrariamente a la teoría de Marx, triunfaron en países con bajo desarrollo de las fuerzas productivas. La cantidad de trabajo aportado deja de ser un indicador confiable en la medida en que la heterogeneidad productiva implique diferencias notables de productividad intersectorial, imposibilitando su conmensurabilidad, o sea, una hora de trabajo en una empresa de creación de software puede significar la generación de más valor que el mismo tiempo en la producción agrícola. También el indicador de calidad resulta erosionado por la heterogeneidad, dado que se correlaciona con las condiciones de trabajo en que se desenvuelva el trabajador, y que pueden ser exógenas a él. En resumen, iguales gastos de trabajo pueden generar resultados diferentes y diferentes gastos de trabajo, resultados iguales.

Por otra parte, el marcado carácter individual de esta forma de retribución puede generar tendencias egoístas; de ahí que la teoría posterior haya incorporado el componente del resultado del colectivo, haciendo depender una parte de la remuneración del trabajador de lo que sea capaz de generar su colectivo. Es importante señalar que el subdesarrollo productivo puede ser fuente de discriminaciones colectivas también, es decir, que las condiciones objetivas de producción en las unidades productivas pueden igualmente restringir la capacidad productiva del colectivo.

La teoría socialista propone, además, la prestación de determinados bienes y servicios de manera universal y gratuita, ya que en la sociedad existen también personas que no pueden realizar aportes al proceso de producción; entiéndase aquellos que no pueden trabajar por razones diversas, como la edad, la incapacidad física e intelectual, entre otras. El acceso a la mayoría de dichos servicios no dependerá del trabajo individual aportado por el trabajador, lo que es decir, no será necesario acreditar que se trabaje en el sector socialista de la economía, ni siquiera demostrar que se trabaja en sector alguno. No obstante, el monto de inversión social en cada uno de ellos sí dependerá del producto total del trabajo, de lo que la sociedad sea capaz de producir como excedente, en tanto lo que se reparte está (o debe estar) correlacionado con lo producido en términos globales en la economía.

Consiguientemente, los FSC existen como contrapartida imprescindible a la distribución con arreglo al trabajo, la cual genera diferencias en cuanto a los ingresos y, consecuentemente, en el consumo; por lo que debe existir una unidad dialéctica entre estas dos formas de distribución. No obstante, ello no significa que esta correlación esté exenta de contradicciones, pues si se desarrollan los FSC más que la distribución con arreglo al trabajo, ello conduce a un desestímulo hacia el trabajo, con el correspondiente deterioro de la productividad laboral, la contracción de la producción y el debilitamiento del papel rector de la forma de distribución fundamental (la DAT). A su vez, de subestimarse el papel de los FSC se provocaría que se agudizaran las diferencias sociales y regionales, minándose las relaciones socialistas, con el correspondiente costo político, económico e ideológico. Asimismo, es importante tener en cuenta que el crecimiento absoluto de los recursos destinados a estos fondos no soluciona las diferencias socioeconómicas existentes, si a la vez no se logra una distribución y utilización racional de estos beneficios por todos los sectores y regiones del país.

Por último, es importante también destacar que durante el período de transición al socialismo la estructura socioeconómica es heterogénea. Ello condiciona el carácter multiforme de las relaciones de propiedad y su gestión y, consecuentemente, la coexistencia de las correspondientes formas de distribución que tipifican a los diversos tipos socioeconómicos existentes, lo cual genera importantes contradicciones en la sociedad. Esto es un elemento que debe tenerse en cuenta en el sistema de RSP que se construye durante el tránsito.

En el siguiente apartado se abordan algunas de estas situaciones en la realidad actual de la sociedad cubana, a la luz de la equidad y la justicia social, aspiraciones esenciales de la política social en nuestro país por más de cinco décadas.

Equidad y justicia social en la Cuba de hoy

No obstante, en los últimos dos decenios el país ha enfrentado una profunda crisis económica cuyos impactos negativos en esta esfera no han estado ausentes. Aun cuando mantener la equidad fue un principio rector, ello no impidió la aparición de efectos sociales indeseados, tales como el insuficiente nivel de satisfacción de necesidades básicas, como alimentación, transporte y vivienda; y el creciente deterioro en la calidad de los servicios básicos, especialmente en salud y educación, así como problemas de accesibilidad en la práctica,(1) pese a constituir un derecho constitucional universal y gratuito. Todo lo anterior ha generado un palpable deterioro de la calidad de vida de la población, la ampliación de la diferenciación socioeconómica, la producción o reproducción de brechas de equidad y el incremento de la situación de pobreza y vulnerabilidad, en particular en determinados grupos sociales y/o localidades.

El carácter universal de la política social, una de sus mayores virtudes, se ha convertido en determinadas circunstancias en una desventaja, al tratar a grupos sociales y territorios diversos de forma homogénea, sin tener en cuenta sus situaciones diferenciadoras y particulares (Domínguez, 2008, p. 89). De este modo, la interpretación igualitarista del acceso a algunas de las prestaciones de los FSC y las distorsiones de la distribución con arreglo al trabajo, que actualmente cuenta con una escala salarial bastante comprimida, se han combinado para crear un escenario que desincentiva a los trabajadores que participan en el sector estatal de la economía, ya que una parte importante de sus ingresos, o sea, de la riqueza que reciben y el correspondiente consumo que pueden realizar, no depende directamente de lo aportado en el proceso productivo. Si a ello se añade el mantenimiento de una política explícita de pleno empleo en el sector estatal de la economía (aproximadamente 72 % de los ocupados trabajan en este sector, de acuerdo a cifras oficiales) que, además, ha contribuido a la existencia de plantillas infladas en muchas ramas, se encontrarán otros factores que presionan en contra de un incremento salarial.

De esto se desprende que el despegue en la productividad del trabajo no transcurrirá sin un incremento importante de la estimulación directa, es decir, del salario que recibe el trabajador, aunque la relación productividad-salario no sea estrictamente lineal. Si bien todos los sectores no están en condiciones de hacerlo aún, existen reservas en algunos donde un incremento salarial importante podría generar un salto de productividad. La medida del incremento salarial en el sector de la salud, por ejemplo, generó un gasto de 1 600 millones de pesos y 73 millones de dólares para el presupuesto del Estado. Si ese desembolso se compara con lo que se ingresa vía exportaciones de servicios médicos, algo más de 7 000 millones de CUC anualmente, se encontrará que era necesario vincular a los trabajadores del sector con sus ingresos y que el gasto presupuestal de la medida en términos monetarios es menor que el costo de mantener salarios bajos en el principal renglón exportador del país.

Por su parte, la fragmentación de los mercados también presenta una variable clave en el análisis de la distribución de los resultados del trabajo. El subsidio de productos; la aparición de mercados con precios topados, los llamados de oferta y demanda; la oferta en CUC; el mercado negro, paralelo o sumergido; y tantos otros constituyen el diapasón de los oferentes para el consumo del ciudadano cubano de hoy. Los ingresos salariales (un promedio de 584 pesos en 2014) resultan insuficientes para el completamiento de la canasta básica. La revisión de la política de precios es urgente; muchos de los productos que se ofertan en las tiendas en CUC incorporan un impuesto sobre el precio, que si bien respondió en los noventa a la necesidad de recaudar divisas, hoy no solo es insostenible, sino lacerante.(2)

Asimismo, una revisión de los FSC también puede generar una provisión más eficiente de estos recursos, redundando en la posibilidad de incrementar las prestaciones salariales. Por ejemplo, la política sostenida de subsidios a productos funciona como un igualador artificial, ya que en la práctica los que verdaderamente necesitan precios bajos reciben la misma cantidad que los que no. El traslado del subsidio del precio de los productos en general a las personas que lo requieren, ya sea en forma de cupones o prestaciones monetarias, serviría para atenuar la desigualdad que genera el igualitarismo.
Uno de los primeros pasos que es necesario dar en este sentido es la identificación de los beneficiarios de este régimen, o sea, quién necesita realmente de dichos subsidios en la economía. Para ello, las deformaciones de los precios y otras señales deben atenuarse o desaparecer. Sin embargo, para que una parte importante de la población no decida que debe ser también beneficiaria de esas posibilidades, las modificaciones salariales no deben demorar. De tal grado, si el salario se convirtiera en la forma de satisfacción fundamental de las necesidades, entonces la determinación de los necesitados se hallaría en función de los ingresos que perciben, simplificando de algún modo el proceso.

Por otra parte, no es posible analizar el sistema de distribución al margen de las relaciones de propiedad que tipifican la construcción del socialismo y sus contradicciones. El proceso de estatización, identificado erróneamente con la socialización socialista, no implica automáticamente la superación de la enajenación de los productos del trabajo. De hecho, la sustitución formal puede convertirse en una forma más sutil de enajenación y, por lo tanto, más peligrosa. Si el excedente que se crea en el proceso productivo se distribuye atendiendo a razones no económicas, centralizadas y en beneficio de una capa burocrática, puede generarse un proceso contradictorio, en que el trabajador, lejos de sentirse parte y centro del sistema (en su condición de copropietario de los medios de producción), establezca una distancia con el Estado, considerándolo como un ente aislado y no el garante de sus derechos, custodio de sus deberes y su protector. A ojos de las masas, el Estado aparece deformado, desvirtuándose su condición como empleador y considerado responsable de mantener el monto de salarios en un nivel bajo, al presentarse en la apariencia del fenómeno al Estado como dueño de los medios de producción y al trabajador como oferente de fuerza de trabajo, a pesar de la existencia de procesos de consulta, generalmente nominales, en la toma de decisiones.
De esta forma, no es posible concebir que automática o espontáneamente con el poder sobre los medios de producción (socialización formal mediante nacionalizaciones) se genere un nivel de socialización tal que determine la organización y gestión a nivel y por cuenta de la sociedad directamente. Cualquier proposición que contemple el mantenimiento de un sector estatal, independientemente de su tamaño, debe pasar por el diseño de un sistema de autogestión operativa y financiera que delimite la autonomía y responsabilidad de la empresa con respecto a las atribuciones del Estado como representante de la sociedad. Esta es una de las asignaturas pendientes de la construcción socialista y, especialmente, del proceso de actualización, que pasa por la necesidad de distinguir la actuación del Estado como representante de la sociedad en el cumplimiento de sus disímiles funciones, velando, por un lado, que se cumplan sus intereses de propietaria y, por otro, el papel de regulador en la prestación de los grandes servicios y actividades de interés económico general, en el que las empresas tienen su campo de actuación. Tales funciones deben estar cuidadosamente delimitadas y atribuidas a órganos diferentes. Esta separación de las funciones del Estado puede ser una de las variables clave para el reordenamiento institucional necesario y una mayor posibilidad de fiscalización de los procesos.(3)

Adicionalmente, es importante señalar que el proceso de apertura al trabajo por cuenta propia, así como a la inversión extranjera, ha impactado también profundamente en las relaciones de distribución, y sus correspondientes formas de pago son, en la mayoría de los casos, fuentes de remuneración superiores a las que se otorgan en el sector estatal. El surgimiento de posibilidades de realización personal, a veces al margen del proyecto socialista, ha generado igualmente la proliferación de ideales individualistas y la aceptación de paradigmas que no son congruentes con los principios de emancipación que defiende el socialismo. Tal crítica no implica necesariamente la desaparición de estas formas de distribución, sino la elevación de la remuneración en el sector estatal con tal de hacerlo más competitivo. Problemas como el éxodo de profesionales hacia otros sectores, u otros países, podrían encontrar un paliativo. Asimismo, se torna necesario insistir en la necesidad de que estos emprendimientos privados nazcan con responsabilidad social, lo cual se logra estableciendo vínculos directos y reales con la comunidad en la que se desenvuelven.

Por último, existen otras formas de distribución del producto del trabajo, no vinculadas al aporte laboral (o a las necesidades), relacionadas con la apropiación ilícita de recursos ajenos, así como con privilegios o prebendas institucionales. Cada una de estas formas, resultado del funcionamiento distorsionado de los mecanismos económicos, genera actitudes negativas en detrimento de la importancia del trabajo, agudizando las contradicciones del sistema de distribución. En el caso de las prebendas o privilegios, por ejemplo, usualmente relacionados con cargos dentro del aparato estatal, constituyen incentivos para la conformación de una clase cuyo interés de realización estará determinado por la supervivencia del statu quo. En este análisis, habría que agregar los donativos y remesas que también constituyen formas de remuneración no provenientes del trabajo y cuyos montos pueden superar en varias veces el valor del salario medio en Cuba.

Todo este complejo panorama agrava los difíciles retos que deberá enfrentar el sistema de distribución en Cuba, especialmente en cuanto a la necesidad de avanzar en la formación y despliegue de sus formas socialistas, en franca convivencia con formas no socialistas, algunas de las cuales incluso deberán perdurar en el proceso de transición.

Reflexiones hacia el futuro

El análisis de las relaciones de distribución en el contexto actual de transformaciones de la economía y sociedad cubanas pasa, en primer lugar, por la necesidad de mantener la articulación e intervinculación de la política social con la política económica. A diferencia de etapas anteriores, en las que prevalecía la dimensión social del desarrollo sobre la económica, el proceso de actualización ha enfatizado en los elementos de eficiencia y sustentabilidad económica en la gestión de la política social, de ahí la necesidad de sostener la integralidad entre ambas esferas. Ello supone incluir criterios de promoción de la equidad en las políticas económicas, así como criterios de sostenibilidad económica en las políticas sociales.

La revisión de los FSC pasa por la necesidad de traspasar recursos hacia las partidas salariales, pero también debe tener en cuenta el objetivo de hacerlos sostenibles en el tiempo. Un ejemplo claro lo constituyen las pensiones de la Seguridad Social, específicamente las prestaciones por vejez. El sistema actual se corresponde con un sistema de reparto clásico, en el que los trabajadores financian con su aporte presente el presupuesto estatal dedicado a esta partida. Sin embargo, una revisión de las estadísticas para el año 2014 permite discernir que la contribución a la seguridad social da cuenta de aproximadamente el 65 % de los gastos en ese apartado. Lo que equivale a decir que el Estado financia el 35 % de las pensiones otorgadas de su presupuesto, sin contrapartida. La presión sobre este sistema será aún mayor en la medida en que la población continúe envejeciendo, sin que aumente la tasa de cotización o existan otras adecuaciones institucionales o financieras. La revisión del sistema de pensiones será otro de los grandes retos que enfrentará la distribución en el modelo de construcción socialista en Cuba.

Por otro lado, se torna imprescindible focalizar políticas de atención específica a grupos con necesidades especiales, lo cual supone su correcta identificación, la caracterización de sus necesidades y el diseño e implementación de las acciones correspondientes. En este sentido, habrá que priorizar acciones y estrategias diversas para la atención de la pobreza, la vulnerabilidad y las inequidades existentes, bajo el principio declarado en el Lineamiento 173 de "compensar a las personas necesitadas y no subsidiar productos" (PCC, 2011, p. 26).

De igual modo, se deberá tener en cuenta que la diferenciación de las políticas no solo debe atender las disparidades, sino también aquellas necesidades que se derivan de las preferencias, gustos y motivaciones de los individuos, que son disímiles para cada caso. Debe resaltarse que esta focalización no niega la necesidad de preservar las políticas universales que garantizan ausencia de discriminación o trato excluyente, como base esencial de la equidad social.

Lo anterior, sin embargo, no niega la posibilidad de establecer una diferenciación dentro de los derechos universales para aquellas personas que aportan más a la sociedad, especialmente en aquellas esferas cuyos resultados contribuyen a mejorar los niveles de crecimiento del país. Inclúyase aquí, en lo fundamental, el sector estatal y, muy significativamente, aquellas actividades que requieren de mayores niveles de calificación de la fuerza de trabajo. De este modo, el acceso universal a los servicios básicos no puede entenderse como algo antagónico con la posibilidad real de establecer determinadas prerrogativas u otros tipos de beneficios a los trabajadores asalariados del Estado, como forma de compensar las brechas de salario que tradicionalmente existen entre el sector privado y el estatal.

La situación está planteada, la solución es multifactorial. Las condiciones actuales deben revertirse para recuperar la distribución con arreglo al trabajo como forma fundamental de acceso a los bienes de consumo. Tal y como se plantea en el Lineamiento 40, se trata de "Garantizar una adecuada distribución de la riqueza creada entre el consumo inmediato y la acumulación. Asimismo, establecer una relación entre el consumo realizado a partir de los ingresos personales y los fondos sociales de consumo, que estimule la productividad del trabajo" (PCC, 2011, p. 14). Eso no implica el abandono de las conquistas sociales, sino la revisión de las prestaciones garantizando su sostenibilidad, transformando, además, los fondos sociales de consumo en verdadera contrapartida de la distribución con arreglo al trabajo y no en garante de perpetuación del igualitarismo, en aras de "contribuir de manera decisiva a mejorar el funcionamiento de la economía y la edificación de un socialismo próspero y sostenible, menos igualitario y más justo, lo que en definitiva propiciará mayores beneficios a todos los cubanos" (Castro, 2015).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CUBADEBATE, <http://www.cubadebate.cu/especiales/2013/12/21/presidente-guion-raul-castro-comparece-en-asamblea-nacional-del-poder-popular-fotos/> [14/9/2015]. ]]>

DOMÍNGUEZ, M. I. (2008): "La política social cubana: principales esferas y grupos específicos", Temas, n.º 56, pp. 85-94.

ESPINA, M. (julio 2012): "CLACSO", <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/prieto/05Prieto.pdf> [14/9/2015].

FERNÁNDEZ, O. (2011): El modelo económico cubano y sus transformaciones, Observatorio de la Economía y la Sociedad Latinoamericana.

MARX, K. (2009): Crítica al programa de Gotha, Editorial Ciencias Sociales, La Habana.

ONEI (2014): Anuario estadístico de Cuba, La Habana.

PCC (2011): Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, La Habana.

PÉREZ, O. y M. ALVELO (2012): Las relaciones de distribución en las condiciones actuales de Cuba. Una propuesta desde los lineamientos de la política económica y social, Universidad y Sociedad.

PÉREZ, O. y R. TORRES (2013): Miradas a la economía cubana: entre la eficiencia económica y la equidad social, Editorial Caminos, La Habana.

RECIBIDO: 09/11/2015
ACEPTADO: 31/11/2015

Silvia Odriozola Guitart. I Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico: silviao@fec.uh.cu
Henry Colina Hernández. Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico: henrych@fec.uh.cu

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NOTAS ACLARATORIAS

1. Por ejemplo, cuando se concentran ciertos servicios de salud en los niveles secundario (hospitales) o terciario (institutos), la población de la tercera edad debe necesariamente trasladarse para acceder a ellos, y en las condiciones actuales del transporte público esto resulta una grave limitación. Utilizar servicios de transporte "alternativos" (privados o en divisas) puede llegar a implicar gastos equivalentes a casi la mitad de una pensión media.

2. Habría que seguir analizando el tema de la separación de funciones también en cuanto a este asunto, en tanto el Ministerio de Finanzas y Precios, por un lado, se encarga de la revisión de los precios en la economía, lo que implicaría relacionarse directamente con la protección a los consumidores; pero por otro lado responde por el manejo del presupuesto del Estado y su maximización, presupuesto que incluye el monto del impuesto mencionado anteriormente entre sus partidas de ingresos, con énfasis en objetivos recaudatorios.

3. Por ejemplo, la empresa estatal puede tener incentivos para ofrecer un servicio a sobreprecio pero, aún si se trata de un monopolio, la contrapartida de este incentivo debe existir, no en la forma de control de precios (que es una medida totalmente administrativa y distorsionante) sino a partir de la introducción de competencia en la rama o de formas de regulación que permitan un resultado menos perjudicial para los consumidores (que en este caso, paradójicamente, también son los propietarios).