ARTÍCULO DE OPINIÓN

Palabras iniciales

Initial Words

Los cambios por los que atravesó la región latinoamericana luego de la hegemonía neoliberal de la década de 1990 configuraron un nuevo escenario y nuevos desafíos para las agendas de cada país en materia de ciencia y sociedad. Específicamente el ámbito de las ciencias sociales es parte de un cambio que interpela y problematiza el rol de los científicos de diversas disciplinas que se abocan a su estudio, así como su relación con el ambiente en el cual desarrollan sus actividades.

El Estado -componente inseparable del quehacer académico- modificó su carácter y vínculo con la ciencia de tal modo que hoy es muy difícil separar los logros o avances científicos del universo estatal. Opuesto a lo que ocurría no hace mucho tiempo cuando grandes avances eran resultado de un individuo o de un grupo que conseguían financiamiento de manera privada, a partir del comienzo del tercer milenio en América Latina la presencia del Estado en materia científica es insoslayable; se muestra con diversidad, con énfasis distintos conforme a cada país, incluso con etapas diversas de acuerdo con los elencos gobernantes pero todos con un denominador común: el apoyo público a la iniciativa científica en institutos, academias o universidades, promoviendo, entre otros aspectos, que el conocimiento impacte sobre el ambiente en el que ha sido creado.

La sociedad, componente natural del quehacer científico, ha ido ocupando también un lugar distinto, no únicamente en las agendas estatales, sino en las propuestas que nacen desde los ámbitos científicos. Si hasta no hace mucho la distancia entre el objeto de estudio y el observador estaba delineada por una línea bien trazada, hoy forman parte de un mismo universo. La ciencia, como parte de la sociedad, ha ido poco a poco asumiendo un compromiso con ella, más allá del interés meramente académico.

El cambio del Estado y de la sociedad invita a reflexionar sobre el rol de la ciencia y su relación con ellos. Consideramos importante tomar en cuenta ciertos antecedentes, así como reflexionar acerca de las nuevas propuestas que han surgido. De esta conjugación entre la rica historia del pensamiento latinoamericano, nutrida de una necesaria actualización, es que nos proponemos caracterizar el presente de las ciencias sociales y sus desafíos. Estos elementos configuran una línea de estudio específica que nos hemos propuesto abordar como una investigación colectiva, encaminada desde el grupo de trabajo "Ciencia social politizada y móvil en y para una agenda latinoamericana de investigaciones orientada a prioridades desde la universidad", auspiciado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), e integrado por investigadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Cuba y Paraguay.

En las décadas de 1950, 1960 y 1970, el compromiso con la sociedad por parte de los investigadores respondió a lo que se denominó "cientificismo", el ejercicio académico que se consideraba a sí mismo "neutral", con un supuesto carácter universal y objetivo, desprovisto de las pasiones y las ideas políticas. La matriz cientificista fue cuestionada en esos años como un diseño que terminaba por hacer ciencia leal al sistema -como sostenía Oscar Varsavsky desde Argentina-, y sobre todo al desarrollo de las potencias imperialistas como grandes directoras de las agendas científicas latinoamericanas. La politización de la sociedad fue el factor determinante en esta mutación. Desde Latinoamérica se gestó el concepto de "ciencia social politizada", inspirado en la Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo de las décadas de 1950 y 1970 (la Escuela, en adelante) como praxis de la actividad académica en la región, propugnando que esa praxis fuera consciente de la realidad que vivía la región y opuesta al saber meramente academicista. Así, la politización favoreció la creación de pensamiento propio y crítico de las propuestas elaboradas desde Europa y Estados Unidos.

Aquí nos interesa rescatar este concepto en tanto ciencia vinculada con el compromiso social y dispuesta a revisar metodológicamente los parámetros que forman parte del edificio científico en función del cambio social. Es que la única manera de modificar la forma de hacer ciencia es revisando los objetivos primarios que motivan la acción. Ante la pregunta ¿ciencia para qué?, respondemos: para el cambio social.

Así, arribamos al otro concepto que forma parte del edifico metodológico que nos hemos propuesto revisar y recrear. La actividad científica, como acción consciente destinada a un fin específico, generalmente culmina su incumbencia con el estudio de situaciones particulares. Sin embargo, desde hace algunos años cobró vigencia la categoría de "movilidad del conocimiento", que surge enmarcada en la discusión sobre la necesidad de que las políticas de investigación en ciencias sociales se ajusten a un nuevo requerimiento: contar con la producción de un tipo de conocimiento de lo social "listo para la acción". Esto implica ir más allá de la tradicional etapa de difusión: sería una función adicional del investigador en ciencias sociales encontrar caminos que enlacen la producción de conocimiento social con su utilización.

Conviene aclarar que queremos destacar la situación de heterogeneidad persistente al interior de la región. Este elemento es relevante para comprender los disímiles marcos regulatorios domésticos y los ritmos diferenciados en la implementación de políticas públicas sobre ciencia y tecnología, en general, y sobre la ciencia social en particular. En efecto, la situación de la mayoría de los países revisitados en el marco de nuestro grupo de trabajo, para el periodo pos 2000, dan cuenta de la necesidad de revisar el marco regulatorio para la ciencia y tecnología, en general, poniendo especial atención a las ciencias sociales, mientras que aquellos países que partían de una situación de ausencia de tal marco regulatorio (Bolivia o Paraguay), se dieron a la tarea de encaminar su creación. Otros, han profundizado el modelo que venía gestándose desde la década de los años noventa, siendo México el caso paradigmático. Por lo tanto, las líneas que siguen pretenden esbozar a grandes trazos un escenario de transformación de las regulaciones en materia de ciencia, destacando que no se pretende una generalización del conjunto latinoamericano.

En el artículo referido a Argentina, de acuerdo con Naidorf, Perrotta, Gómez y Riccono, primeramente encontramos una experiencia puntual de revitalización de la Escuela. En el año 2010, por Resolución N.° 881/10, se creó el Programa de Estudios sobre el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El escenario pos 2000 plantea rupturas respecto de la década anterior (vale destacar que la crisis política, económica y social de diciembre de 2001 introdujo una ruptura, en tanto la oposición al paradigma neoliberal fue generalizada en amplios sectores sociales). Como se señala en el artículo de referencia, crisis, innovación y relevancia social son los tres elementos que marcan el desarrollo de la política científica desde el año 2003. El hito de mayor relevancia en este escenario es la creación del ministerio antes citado en el año 2007. Además, el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación (2013) busca profundizar el acercamiento de la ciencia y la innovación a la sociedad con el propósito de contribuir a la apropiación social del conocimiento y a la formación de una ciudadanía responsable.?

También se destacan los convenios firmados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) en torno a proyectos de investigación orientados (PIO), que cumplen con el propósito de promover una mayor comprensión y atención a las problemáticas y desafíos que afronta el país en las distintas dimensiones de su proceso de desarrollo. Una tercera herramienta de política que destacamos son los proyectos de desarrollo tecnológico y social (PDTS), surgidos en el año 2012.

El trabajo sobre Bolivia refiere un caso de construcción del andamiaje del sistema de ciencia y tecnología en el país, que intenta combinar aspectos centrales del proyecto político, basado en el principio del Buen Vivir, con los parámetros centrales de la ciencia académica. De acuerdo con Camacho, Villegas y Mendizábal, se han encaminado diferentes políticas -cristalizadas en la sanción de leyes y la creación de instituciones rectoras para la ciencia y la tecnología- vinculadas al Plan Nacional del Desarrollo, que postula que la ciencia y la tecnología han de tener un papel articulador entre sectores -gestores de ciencia y tecnología, saberes locales y conocimientos ancestrales, y demandas de conocimiento-. En este marco se ha formulado el Plan Sectorial de Ciencia y Tecnología con una visión situada en 2020, pero sin implementación a la fecha. Los autores alertan sobre que, pese a los esfuerzos, aún se requiere de la definición de una referencia general sobre la cual se construyan las normativas específicas.

En lo que compete al caso de Brasil, Monfredini, señala que, efectivamente, desde el gobierno de Lula Da Silva, las políticas científica y tecnológicas han dado un giro significativo. Se ha incorporado una batería de iniciativas para su contribución al desarrollo social y uno de los aspectos significativos de las mismas es contar con políticas de ciencia y tecnología para la inclusión social. En relación con este último punto, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para la Inclusión Social (SECIS), en su plan 2012-2015, se encuentra ejecutando acciones, principalmente en el marco de dos planes: Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación y Programa de Comunicaciones para el Desarrollo, la Inclusión y la Democracia. Los objetivos de los mismos pueden resumirse en:

1. Promover la popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación y la mejora de la enseñanza científica.

2. Promover la ciencia, la tecnología y la innovación para la inclusión productiva y el desarrollo social.

3. Fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para ciudades sostenibles.

La situación de Cuba se presenta en dos trabajos. En el primero Tristá, Iñigo y Figuerola, destacan que hacia la primera mitad del siglo XX, el avance se basó en el trabajo de determinadas figuras en el marco de unas pocas instituciones, sin alcanzar una verdadera comunidad científica en el campo. La Revolución de 1959 permitió, entonces, abrir una oportunidad para que las ciencias sociales participaran en la definición del proceso de transformación social de la realidad cubana.

A partir de los años noventa, en el contexto de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el recrudecimiento del bloqueo a la isla, se marcó un cambio en materia de política científica, reforzando su papel como manera de posicionar al país de forma más competitiva a partir de sus recursos cognoscitivos. En este marco se creó, en 1994, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), así como otras formas de orga-nización científica como instancias de diálogo entre las diferentes instituciones del país denominadas polos: el Polo Científico del Oeste, dedicado a la biotecnología en salud, y el Polo de Ciencias Sociales y Humanidades. A partir del andamiaje construido en esta década, el nuevo milenio incorpora elementos diferenciadores para las ciencias sociales a partir de la Resolución 132 (Política Científica de las Ciencias Sociales y Humanísticas) del año 2002, que propone el fomento de enfoques multidisciplinares, la promoción de la investigación-acción, y la introducción de resultados a la práctica social.

En el segundo, Núñez y Montalvo, presentan una evaluación de la política cubana de ciencia, tecnología e innovación (PCTI) en el periodo 1995-2010, y comentan el papel de las universidades en el sistema de innovación, a la luz del nuevo modelo económico cubano. Apoyados en el análisis de los resultados de esa política, enfatizan en la necesidad de diseñar una nueva PCTI, que se apoye en nuevos enfoques conceptuales e incorpore las características del nuevo escenario económico y social de Cuba.

En el caso de Guatemala, Cajas destaca cómo la solución de problemas científicos y tecnológicos -ejemplificando su caso a partir del estudio del acceso al agua- requiere de discusiones multidisciplinarias, en las que las ciencias sociales desempeñan un papel de relevancia, así como de la participación de los diferentes actores involucrados (gobiernos, sociedad civil, sector privado, científicos, etc.). Destaca además, que el marco de políticas científicas y tecnológicas aún no ha podido dar una respuesta a este requerimiento y señala que este tipo de acciones de vinculación se realizan, como es en su caso, a partir de decisiones de política de instituciones universitarias.

La situación de Honduras, revisitada por Iriarte, da cuenta de que a pesar de la creación en el año 2008 del Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano rector de la promoción y coordinación de la actividad científica, tecnológica y de innovación, este no ha logrado constituirse en una institución gravitante, ni ha marcado agenda e, incluso, ha tenido una importancia cambiante según los vaivenes gubernamentales del país. Tampoco existe un plan nacional de desarrollo de la ciencia y la tecnología capaz de formular metas y acciones a corto, mediano y largo plazos. Sin embargo, en este contexto, adquiere relevancia -como en la situación guatemalteca- aprehender las políticas encaminadas por las propias instituciones universitarias; en este caso, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En efecto, la UNAH encaminó un proceso de Reforma Universitaria iniciado en 2005 para promover modificaciones en la gestión del conocimiento, de manera que este contribuya a encaminar opciones y alternativas que brinden respuestas a los problemas nacionales. En este proceso, se conceptualizaron a los centros regionales universitarios como agentes y polos del conocimiento, la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Por otro lado, la UNAH ha definido también temas prioritarios y urgentes para el país, ejes vinculados a las líneas estratégicas del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). Se destaca, al igual que en el caso antes señalado, la necesidad de reconducción del debate público en torno a la definición de una política científica orientada a prioridades (de desarrollo) y sobre la base de la articulación de múltiples disciplinas.

En lo que refiere a México, autores como Ortiz, dan cuenta de la preminencia del paradigma científico y tecnológico instalado durante los años noventa. Sin embargo, dado que el modelo instaurado por entonces tendió a la individualización y segmentación de la actividad académica y de los académicos, en el periodo revisitado se ha lanzado una política que tiende a paliar y/o revertir tal situación. El Programa Nacional de Educación 2001-2006, por tanto, establece la necesidad de fomentar la consolidación de los cuerpos académicos de las instituciones con vista a mejorar sus capacidades. El Programa de Evaluación del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), impulsado desde 2001, se ha erigido como el instrumento financiero de apoyo a la creación y consolidación de los cuerpos académicos, es decir, de la necesidad de producir conocimiento de manera colectiva.
En Paraguay, si bien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado en el año 1997 (Ley 1028), a partir del escenario pos 2000 se gestan las Políticas nacionales de ciencia y tecnología (2002) y se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (2003), a partir de la Ley 2279 (modificatoria y ampliatoria de la Ley 1028). Caballero y Almada destacan que desde entonces se han encaminado numerosos esfuerzos, centrados mayoritariamente en programas de estímulo (económico) a investigadores, que tienen un efecto más paliativo que propositivo. Sin embargo, es menester destacar que la situación de partida era bastante desfavorable, en especial porque se caracterizan por tener grupos académicos reducidos. La mayoría de los esfuerzos se han centrado en la elaboración de diagnósticos para la propuesta de políticas, como es el caso del "Libro Verde de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación" de Paraguay. Destacan que las ciencias sociales y humanas aún no se han constituido como un sector específico de atención en estos documentos y acciones.

A pesar de las asimetrías, se perciben procesos de cambio en los marcos regulatorios que deberán traducirse en prácticas renovadas que deberán ser analizadas. Esta contribución es la primera resultante del trabajo colectivo que se suma a otras inspiradas por los intercambios, las cuales se traducen en acciones directas en las instituciones de las que formamos parte y en contribuciones académicas de diverso tipo.