El financiamiento en las instituciones de educación superior: asignaciones gubernamentales vs. autofinanciamiento

Financing in Higher Education Institutions: government allocations vs. self-financing

I Universidad de La Habana, Cuba.

RESUMEN

Dadas las condiciones de crisis económica y financiera del mundo contemporáneo, los gobiernos, a nivel internacional, no poseen la capacidad para cubrir en su totalidad las demandas financieras de las Instituciones de Educación Superior (IES). Por ello, en el presente artículo se reflexiona y polemiza sobre el papel que desempeña, en la universidad moderna, la gestión de mecanismos de autofinanciamiento frente a las asignaciones gubernamentales. Como reto de primer orden para la educación superior, su financiamiento es abordado atendiendo a esas dos visiones, hasta cierto punto antagónicas. Sin embargo, su análisis permitió constatar que una conjugación efectiva de ambos modelos resulta sumamente beneficiosa para la salud financiera de las instituciones.

Palabras clave: educación superior, financiamiento, recursos financieros. ]]>

ABSTRACT

Given the conditions of economic and financial crisis in the contemporary world, governments, at the international level, do not have the capacity to cover, in full, the financial demands of Higher Education Institutions (HEIs). Thus, this article reflects and argues about the role played by the modern university in the management of self-financing mechanisms against government allocations. As a major challenge for higher education, its funding is approached by addressing these two visions, to some extent antagonistic. However, its analysis made it possible to verify that an effective conjugation of both models is extremely beneficial for the financial health of the institutions.

Keywords: higher education, financing, financial resources.

En la actualidad, a nivel mundial se desarrollan profundas transformaciones que afectan prácticamente todas las esferas de la sociedad. Ante este escenario, signado por los cambios derivados del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y los impactos de la globalización neoliberal, se evidencian disímiles problemáticas que repercuten en la política, la cultura, el medioambiente, la salud, la economía, la educación, entre otros sectores, coyuntura internacional que ha profundizado la brecha en el desarrollo socioeconómico de diversos países.

Es en este contexto que se presenta la actual crisis económico-financiera, derivada de múltiples factores que se han conjugado en los últimos años, entre los que se incluyen periodos de recesiones económicas que le han conferido grandes proporciones. En tal sentido, el hundimiento de la economía internacional y la aplicación de paquetes de recortes sociales son solo algunas de las consecuencias más visibles.

La educación superior no ha estado ajena a la situación imperante, de modo que las instituciones de educación superior (IES) enfrentan diversos retos y problemáticas que, entre otros aspectos, se refieren a limitaciones tales como la escasez de recursos económicos, su uso ineficiente y los escasos resultados en el área de las investigaciones, el acceso, la inclusión y la calidad de la educación. Por tanto, responder a estos desafíos es una tarea impostergable, en aras de alcanzar un desarrollo próspero y sostenible.

Es innegable que las IES desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico, político y social, razón por la cual su desempeño y progreso se convierte en una cuestión de interés general. Dichas instituciones no solo ejercen un rol protagónico en la docencia, sino también en áreas como la investigación, la innovación, la extensión universitaria, el desarrollo, entre otras. El vínculo que se crea entre la universidad y la sociedad, a partir de los procesos sustantivos de la primera, genera importantes beneficios a la segunda, siendo palpables sus resultados y los aportes al crecimiento económico.

1. El financiamiento en la educación superior: un reto actual ]]>

En correspondencia con el contexto actual, resulta evidente que las IES tienen un gran desafío que enfrentar: su financiamiento. Este elemento se considera, por su propia naturaleza, como uno de los factores estratégicos en las instituciones, independientemente de la función social que desempeñen. En el caso de las IES, donde convergen procesos sustantivos como la docencia, la investigación y la extensión, se constituye como un aspecto clave para apoyar, material y financieramente, la gestión universitaria. Aunque las IES afrontan diversas situaciones relacionadas con el acceso a la educación superior, los resultados y la eficiencia en los procesos, en la actualidad, el financiamiento es uno de sus retos más acuciantes.

A nivel mundial, la sociedad demanda un acceso cada vez más amplio a la educación superior, en la misma medida que se les exige a las IES un mayor nivel cuantitativo y cualitativo en sus funciones. Sin embargo, tal como afirman Schwartzman (1993), Albrecht y Ziderman (1995), García de Fanelli (2008) y López (2010), en los últimos años se observa una disminución considerable de los aportes gubernamentales para financiar sus procesos. Asimismo, organismos internacionales como el Banco Mundial (The World Bank) y el Fondo Monetario Internacional, entre otros, recomiendan la aplicación de recortes presupuestarios, la división de los costos de la enseñanza y la implementación de medidas que fomenten la captación de ingresos adicionales para el mantenimiento y desarrollo de las instituciones.

Ante este escenario, queda claro que la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento que permitan hacerle frente a las exigencias sociales se erige como una disposición de primer orden para las IES, y es por ello que los procesos de gestión y/o captación de recursos financieros resultan indispensables. En consecuencia, el empleo adecuado de modelos de financiamiento, así como de métodos para controlar y optimizar los recursos financieros que las IES son capaces de generar, resultan vitales para lograr universidades económicamente sólidas. A pesar de que estas no son, por su naturaleza, organizaciones diseñadas para generar ingresos, es una realidad que, dado su encargo social, se combinan, a escala internacional, el aporte estatal (presupuesto) y otras vías alternativas de generación de recursos financieros para que puedan desempeñar las diferentes funciones que les son asignadas.

Teniendo en cuenta la situación descrita, la mayoría de las IES se apoya en sus propias capacidades de captar recursos monetarios, con el fin de paliar los efectos de la mencionada crisis. Por ende, se crean y fomentan organizaciones económicamente fuertes y menos dependientes de las asignaciones estatales, encaminadas a cumplir las crecientes demandas de calidad de la sociedad. Al respecto, Williams (1984) y Clark (1986), citados por Schwartzman (1993), expresan que "existe hoy en día una tendencia cada vez mayor a que las universidades obtengan rentas generadas por la venta de productos y servicios de varios tipos, tanto al sector público como privado" (p. 2).

Las disposiciones contemporáneas para la diversificación del financiamiento en las IES tienen como meta, según lo expresado por López (2005), modificar la dinámica de las organizaciones mediante la introducción de nuevos elementos que las hagan más sensibles a la internacionalización de este nivel educativo. En algunos países, las modificaciones en ese sentido se han realizado por consenso pero, en su mayoría, responden a esquemas impuestos por la autoridad gubernamental. De este modo, aumentan las dificultades para lograr un equilibrio entre la demanda que genera la educación superior y las posibilidades reales de financiar el gasto que implica. Al respecto, la ONU señala, como formas de financiamiento, las fórmulas de subsidio estatal, de administración, la regulación de fondos gubernamentales y las actividades complementarias (UNESCO, 2006). ]]>
Tanto gobiernos como organizaciones internacionales emprenden proyectos encaminados a la diversificación de las fuentes de financiamiento en las IES. Dichas propuestas incentivan, de manera general, el cobro de matrículas, la venta de servicios académicos y profesionales, así como la captación de capital privado mediante la asociación con entidades socioeconómicas.

En un estudio realizado por el Banco Mundial en 1994, se estimó que sería razonable esperar que en América Latina los educandos aportaran, como promedio, entre el 25 y el 30 % del costo de la educación superior. A la par, se promovía la eliminación de subsidios no relacionados directamente con la enseñanza, como la alimentación, el alojamiento, entre otros.

Por otra parte, en la "Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI" (1998), la Unesco expresó la necesidad de preservar la equidad e igualdad de oportunidades por encima, incluso, de la gratuidad de los estudios proclamada en la Constitución Política de los Estados. Por ende, el documento abordaba la posibilidad de fijar contribuciones o aranceles a los estudiantes de grado que estuvieran en condiciones de aportarlos. Sin duda, algún tipo de aporte financiero por parte de los estudiantes con recursos disponibles sería provechoso para la salud financiera de las instituciones (UNESCO, 1998).

En el caso del posgrado, ello adquiere mayor relevancia, pues dichos estudios representan, para quien los recibe, una "garantía" en un mercado laboral estable, sin mencionar los beneficios que reporta desde el punto de vista social y educativo. Por tanto, es posible asegurar que se precisan mecanismos efectivos que permitan a educandos, a sus empleadores o a ambos hacer frente a los gastos que implica la educación de posgrado.

Asimismo, se fomenta la obtención de recursos provenientes de fuentes externas, las cuales consisten, fundamentalmente, en la vinculación de las IES con empresas privadas, en contribuciones de exalumnos o en donaciones de organismos crediticios. En tal sentido, se considera como válida la visión de la Unesco y se debe resaltar la importancia que adquiere, para la universidad contemporánea, la relación con entidades socioeconómicas, ya que permite la creación de proyectos conjuntos de I+D+i, la comercialización de productos y/o servicios académicos y profesionales y las consultorías e investigaciones, todo ello mediante el otorgamiento de recursos financieros, tanto a las instituciones como al personal que labora en ellas. ]]>
Como reafirmación de los aspectos mencionados, Alpízar (2013) señala que:

Iniciativas innovadoras, como una forma de responder a las demandas de cambio, han propiciado, en los últimos años, la constitución de fundaciones, centros de transferencia de tecnología, escuelas e institutos, pretendiendo escapar a las restricciones del sector presupuestado puro, lo que ha tenido resultados positivos. (p. 36)

Otro de los puntos recurrentes en las propuestas se refiere a la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos financieros. En este sentido, un informe sobre educación superior, presentado por la Unesco en el 2006, plantea que, en la mayoría de los países, la distribución de los recursos estatales a las IES se basa en presupuestos negociados. La propia organización considera que este mecanismo es ineficiente, al no proporcionar incentivos para el funcionamiento y mejoramiento de la calidad, aspecto que dificulta el ajuste en la distribución de los recursos financieros ante escenarios imprevistos.

Al respecto, López (2010) expresa que el modelo de financiamiento que predomina en la educación superior pública es el histórico negociado, basado, fundamentalmente, en el incremento anual de los montos asignados por las autoridades gubernamentales, como es el caso del pago de matrícula en las universidades privadas. Sin embargo, recientemente, se ha introducido, en las universidades públicas de algunos países (México, Chile, Argentina), el presupuesto por incentivos y las fórmulas de financiamiento, para reorganizar la asignación y el uso de fondos vinculando recursos y salarios a los resultados. De este modo, existen múltiples mecanismos que relacionan el financiamiento de la educación superior con diferentes criterios, tales como la calidad de los procesos universitarios y la cantidad de estudiantes, factores que responden a las características imperantes en las IES y al contexto en el que se insertan.

Teniendo en cuenta los aspectos referidos hasta el momento, es preciso señalar que las políticas que se implementan para el financiamiento de la educación superior responden, en su base teórica, a dos modelos fundamentales: las asignaciones gubernamentales y las fuentes de autofinanciamiento. ]]>
2. Fuentes de financiamiento en la educación superior: asignaciones estatales vs. autofinanciamiento

El criterio de que solo el Estado puede hacerse cargo de los costos de la educación superior, como parte de los servicios públicos, es la más ortodoxa de las teorías de la administración pública. No obstante, en el otro extremo, la educación se convierte en un mero servicio de mercantilización y obtención de lucro. Por ello, no resulta insustancial reafirmar con claridad lo expresado por López (2010), al aseverar que el Estado tiene la responsabilidad ineludible de financiar la educación superior, atendiendo a los beneficios que aporta a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, ello no excluye la posibilidad y necesidad de que las universidades sean capaces de captar recursos financieros a partir de sus propias actividades. El grado de armonización que se logre entre estos dos factores resultará clave para el desarrollo de las IES en el contexto actual.

Las políticas encaminadas a la reducción del papel de los gobiernos en el financiamiento de la educación superior suscitan la fuerte oposición de quienes le confieren gran relevancia al papel del Estado como garante del sector universitario de carácter público. No obstante, no se pueden negar las ventajas que implican las formas de generación de recursos financieros no gubernamentales.

En la actualidad, se buscan mecanismos que permitan la asignación de recursos de manera más eficiente, a través de la introducción de la racionalidad económica como componente esencial. Esto no resulta sencillo, teniendo en cuenta la diversidad de procesos que convergen en las universidades, lo cual dificulta el control de los impactos de las medidas aplicadas desde el punto de vista económico y social. Según García de Fanelli (2008), la inercia estructural que presenta la mayoría de las IES es también un elemento que frena la innovación y su desarrollo financiero.

Molle (2012) se apoya en la clasificación propuesta por González (2000) para relacionar y analizar algunas de las fuentes de financiamiento más comunes de la educación superior. Al respecto, reafirma que el presupuesto estatal constituye el sistema más utilizado a nivel internacional para financiar las IES. Su justificación descansa en los beneficios que la educación superior brinda a la sociedad. A pesar de ello, la asignación directa del presupuesto estatal no está exenta de críticas, ya que no suele estimular a las IES para que operen de manera independiente, autónoma y eficiente. ]]>
Las estrategias de asignación del presupuesto público pueden regirse, según la clasificación propuesta por Sanyal y Martín (2005), mediante la adopción de alguna de las siguientes pautas de evaluación:

" Basada en una estimación de costos: cada IES presenta un presupuesto de gastos para un periodo correspondiente a partir de las asignaciones públicas, lo que obliga a las universidades a aplicar las partidas de gastos que hayan sido especificadas por el Estado.
" Asentada en el presupuesto del periodo anterior: las IES reciben un importe equivalente al asignado durante el periodo precedente, así como un incremento determinado por la negociación Estado-universidad.
" Fundada en una fórmula que refleja los rendimientos pretéritos: se utilizan parámetros que establecen la necesidad presupuestaria de las IES para cada periodo, siendo el número de alumnos la variable fundamental para la asignación presupuestaria. Ello trae aparejado incentivos en cuanto al incremento de la matrícula, pues reduce los estándares de calidad para obtener presupuestos superiores.

En esta misma línea de pensamiento, García de Fanelli (2008) propone una alternativa al análisis realizado por Sanyal y Martín (2005), al señalar dos opciones aplicables a las asignaciones gubernamentales: la denominada "por partida de gasto" (line-item-budgeting) y la llamada "por partida global" (block grant).

En la primera, las universidades se ven limitadas a la ejecución presupuestaria de los recursos gubernamentales recibidos. Dicho modelo se considera altamente centralizado, ya que permite a los gobiernos juntar mecanismos para controlar el servicio educativo. Al ser el ente financiador quien establece los montos, Albrecht y Ziderman (1995) reconocen, como limitaciones de este modelo, el excesivo centralismo y la falta de elementos que generen competitividad. ]]>
Por otro lado, la segunda consiste en la asignación de un monto global que luego se desagrega, presupuestalmente, para cada IES. Dentro de esta modalidad, la autora identifica dos tipos de mecanismos que el Estado utiliza para realizar las asignaciones: las fórmulas y los contratos.

Las fórmulas se sustentan, básicamente, en la aplicación de métodos como pueden ser las asignaciones por costo promedio de estudiantes o la tasa de matrícula promedio de cada IES. Ello permite a los gobiernos lograr metas sociales a través de su financiamiento. En el caso de los contratos, su objetivo fundamental radica en la promoción de actividades específicas en las IES. La propia autora añade, además, que es más común la utilización de una asignación global para el financiamiento de la actividad operativa de las universidades, a través de la vinculación del uso de contratos para la financiación de programas específicos de docencia y/o investigación.

Por otro lado, Sanfuentes (1987) establece puntos convergentes para el financiamiento estatal y privado, tal como se muestra en la tabla 1.

A partir del análisis del contenido presentado en la tabla anterior, se comprende que el autor, tras la exploración de alternativas de financiamiento para la educación superior, propone cuatro sistemas organizativos bajo cuatro criterios esenciales: determinación de la oferta, regulación de la demanda, reglas de equidad y reglas de eficiencia. También plantea dos sistemas extremos (libre competencia y aporte estatal integral) y dos escenarios intermedios (crédito fiscal y financiamiento tributario). En una situación de libre competencia (extremo I), el Estado participa en el financiamiento de la educación superior y deja al mercado la regulación de "la oferta y la demanda universitaria", de manera que el servicio educativo no estará en función de las necesidades colectivas, pues se priorizará la maximización de utilidades en detrimento de la calidad educacional. ]]>
En la alternativa denominada "aporte estatal integral" (extremo II), es el estado quien determina la oferta de la educación superior y la subsidia. Este mecanismo puede instrumentarse a través de dos alternativas fundamentales. La primera es la llamada "universidad para todos", donde se determina, de manera centralizada, la cantidad de plazas a ofrecer. Por su parte, la segunda variante se fundamenta en el racionamiento por calidad, en el cual cada institución establece el número total de plazas a ofertar, en correspondencia con los costos estimados y los recursos disponibles. Al tratarse de un servicio gratuito con oferta limitada, se establece un sistema de racionamiento y se potencian los aspirantes con mayor calidad.

Otra modalidad que adopta el financiamiento estatal es la asignación de vouchers (subsidios totales o parciales) a los estudiantes, caso en el que los educandos efectúan los pagos por diferentes conceptos (matrículas, aranceles, etcétera). Es así como el Estado continúa financiando la educación superior. Lo hace a través de los alumnos y no de las universidades, sistema que favorece la sana competencia entre las IES, en la oferta de servicios académicos que potencien la atracción de estudiantes.

Como sistema intermedio entre la libre competencia y el aporte estatal integral, Sanfuentes (1987) identifica el crédito fiscal. En este sentido, expresa que el proceso de otorgamiento de préstamos financieros a las IES resulta altamente complejo, lo cual se debe al déficit de garantías económicas y a su largo periodo de recuperación. Ante tal problemática, se propone que sea el Estado quien destine los recursos financieros mediante la creación de un fondo crediticio, con el objetivo de otorgar directamente los préstamos estudiantiles. Este modelo, a diferencia del aporte estatal, permite la recuperación paulatina de los fondos asignados a través de su devolución por parte de los educandos, lo que contribuye al autofinanciamiento. Como elemento positivo, se puede referir que esta modalidad genera incentivos para mejorar la eficiencia en las universidades y estimula el sentido de la responsabilidad en los estudiantes, puesto que participan en el costo de su propia educación. Sin embargo, no está exenta de críticas. Los autores consultados afirman que desestimula el ingreso a la educación superior por su alto costo financiero a largo plazo. Asimismo, potencia la docencia en detrimento de actividades como las investigaciones y las producciones científicas, con el propósito de captar mayor cantidad de alumnos y, por ende, niveles superiores de ingresos.

Por último, se identifica otro sistema intermedio, el financiamiento tributario. Con relación a este, Sanfuentes (1987) expresa que "[su] aspecto fundamental [responde a] que la recuperación de los costos de la enseñanza no se realiza a través de un préstamo de monto fijo que eroga el Estado, sino mediante el establecimiento de un impuesto en la forma de sobretasas a quienes han recibido enseñanza universitaria" (p. 10). No obstante, el propio autor se encarga de criticarlo, al considerar como desiguales sus formas de contribución, dado que aquellos graduados con mayores ingresos tributarían importes más elevados, aporte que no guardaría relación con el costo de la enseñanza recibida.

Por otra parte, los impuestos, en sus diferentes modalidades, constituyen una fuente alternativa de autofinanciamiento, pues el sistema tributario posibilita la conquista de una mayor equidad social; no obstante, encuentra en su camino la dificultad de una escasa cultura fiscal. En tal sentido, Molle (2012) resume los tipos de impuestos más comunes para el financiamiento de la educación superior: ]]>
" Impuesto a los servicios profesionales: es un tributo cuya base imponible es el valor del servicio prestado por el profesional. Las limitaciones asociadas a su aplicación radican en la posibilidad de la doble tributación, si se parte de la premisa de que los profesionales ya se encuentran contribuyendo con un impuesto por ingresos personales.
" Impuesto al empleador de graduados universitarios: esta modalidad presenta como desventaja la posibilidad de que los empleadores trasladen el impuesto a los profesionales, lo que reduciría sus salarios netos. Por otra parte, los profesionales independientes no serían sujetos imponibles, de modo que se generaría una manifiesta desigualdad.
" Impuesto a las familias con capacidad de pago que alberguen en su seno algún miembro que sea estudiante: la arbitrariedad para determinar cuáles son las familias que poseen capacidad de pago y cuáles no podría generar divergencias socioeconómicas. (p. 22)
Adicionalmente, diversos autores identifican las siguientes fuentes de autofinanciamiento:
" El cobro de matrícula: en la actualidad, es una de las principales fuentes de financiamiento en las universidades, sobre todo en aquellas de carácter privado. Se basa, fundamentalmente, en el pago de una cuota por parte del estudiante, tanto de pregrado como de posgrado, como retribución de la educación recibida. Se justifica en que el estudiante obtiene, del sistema educativo, una formación que le permitirá, en el futuro, la generación de ingresos y una educación que modificará su estilo de vida social, por lo que debe afrontar el costo de su educación. Puede vincularse con el financiamiento estatal, al aplicar los estudiantes para programas de becas y créditos estudiantiles gubernamentales.
" Las transferencias de tecnologías y servicios: constituyen actividades que, por su propia naturaleza, permiten a las IES la generación de conocimientos de alto nivel científico, por lo que no resulta extraño que en la actualidad las universidades logren la captación de recursos financieros a partir de la comercialización de su conocimiento. En este sentido, tal como afirma González (2000):

La venta de servicios técnicos de alto nivel, asesoramiento en proyectos públicos o privados, capacitación y actualización de recursos humanos, planes de desarrollo profesional, entre otros, pueden proporcionar a las universidades ingresos para el sostenimiento de actividades específicas. (p. 72)
]]> " El desarrollo de empresas de base tecnológica: se trata de establecer vínculos con el sector empresarial, en aras de obtener rentas a partir de la base tecnológica y el conocimiento científico de ambas instituciones.
" Los contratos y centros de investigación: este tipo de convenios requiere, por lo general, tres actores principales: las IES, el Estado y las empresas. Las alianzas creadas posibilitan el acceso a investigaciones y a la utilización de la planta física y del personal universitario, en entidades que no cuentan con los medios y el Know How para desarrollarlas.
" La cooperación internacional: en el mundo globalizado actual, resulta una necesidad para alcanzar estándares de calidad elevados. Más allá de los beneficios económicos que puede generar, permite la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías. Por ende, los programas de colaboración entre las universidades e instituciones y organismos constituyen mecanismos que fomentan la generación de recursos de diversa índole.
" Los legados y donaciones: provienen, fundamentalmente, de empresas y/o personas que, por lo general, obtienen algún beneficio fiscal derivado de su acción filantrópica. En este sentido, Johnstone (2006) sostiene que:

Para recoger los frutos de las actividades de benefactoras, es preciso que estas tengan una larga tradición y que se brinde un trato fiscal favorable a las contribuciones para fines benéficos, lo que descarga sobre el Estado parte del peso efectivo de las actividades filantrópicas, en forma de ingresos fiscales perdidos. (p. 20)

La instrumentación de la educación superior, como un servicio público que produce beneficios sociales y económicos generalizados, se realiza, fundamentalmente, a través de un sistema de financiamiento otorgado mediante subsidios provenientes de las arcas estatales. En este caso, son los gobiernos quienes asumen la función de financista principal. En cambio, donde predomine una concepción dela educación superior como una entidad que persigue beneficios económicos y financieros, tenderá a prevalecer un sistema privado de financiamiento, mediante el pago de aranceles y la venta de servicios científico-técnicos. De ese modo, el mercado de demandas estudiantiles y empresariales asumirá la función de financista principal.

Finalmente, con independencia del ente que financie la educación superior, ya sea el Estado, organismos privados o la propia universidad a partir de sus actividades, la elección de una fuente de financiamiento implica la consideración de múltiples factores, tanto del lado de la oferta, como del de la demanda. Para ello, es preciso reflexionar acerca de los costos económicos y sociales de cada alternativa, así como sobre sus posibles beneficios, tanto en el orden individual como colectivo. ]]>
Queda claro que no se trata de que una fuente reemplace a otra. Se necesitan estudios que permitan conocer las condiciones económicas, políticas y sociales de cada región, para determinar cuál aplicar. Asimismo, son considerables los beneficios que se obtienen mediante la conjugación de algunas, al no depender las IES de una sola vía o proveedor de recursos financieros, lo cual constituye una ventaja, desde el punto de vista económico, para alcanzar la tan ansiada autonomía universitaria.

CONCLUSIONES

Debido, principalmente, a la severa crisis económico-financiera que sufre el mundo en la actualidad, los gobiernos, a escala internacional, se han visto en la necesidad de reducir sus aportes financieros destinados a la educación superior. Ello ha conllevado un incremento en la implementación de políticas neoliberales que, bajo el discurso de la diversificación del financiamiento y la eficiencia en los procesos universitarios, persiguen la supresión de los avances sociales de la educación superior y la instauración de un régimen financiero donde solo primen mecanismos de mercado.

Por otro lado, disímiles organizaciones internacionales abogan por la reducción del papel del Estado en el financiamiento universitario, así como por la aplicación de medidas de corte neoliberal que subordinen los intereses sociales a la obtención de lucro. Sin embargo, instituciones como la Unesco defienden las estrategias encaminadas a diversificar las fuentes de financiamiento en las IES y, a la par, ponderan el rol desempeñado por los gobiernos como garantes de la equidad social en la educación terciaria.

En tal sentido, los dos modelos de financiamiento abordados en el artículo poseen características diferentes, atendiendo a varios criterios: el ente financiador, los objetivos propuestos y las repercusiones socioeconómicas de su implementación. Cada uno responde a las exigencias de su entorno y al contexto en el que se inserta. ]]>
El financiamiento de carácter gubernamental debe ganar en flexibilidad y acelerar la implementación de políticas que permitan elevar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos universitarios. Por su parte, los mecanismos de autofinanciamiento precisan mayor supervisión gubernamental para velar por el cumplimiento de la función social de las universidades.

Por último, los modelos descritos no son excluyentes. La conjugación efectiva de los elementos positivos presentes en cada uno de ellos permitiría alcanzar, a priori, IES más sólidas desde el punto de vista financiero y, por ende, con mayor posibilidad de que las funciones que les son inherentes respondan a las crecientes demandas de la sociedad contemporánea.

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Recibido: 27/11/2017 ]]>
Aceptado: 20/1/2018

Abel Naranjo García, Universidad de La Habana, Cuba, Correo electrónico: abel@fec.uh.cu

Frida Ruso Armada, Universidad de La Habana, Cuba, Correo electrónico: frida@fcf.uh.cu