Custom services
Spanish (pdf)
Article in xml format
Article references
Send this article by e-mail
Cited by SciELO 
Similars in
SciELO 
Permalink
INTRODUCCIÓN
La ofensiva imperialista hacia América Latina durante el gobierno de Donald Trump, articulada con las oligarquías de la región, se acrecentó y adquirió diversas manifestaciones al concluir la segunda década del siglo xxi. El 45 mandatario de la Casa Blanca pretendió eliminar de raíz las posibilidades de revertir los avances logrados en la contraofensiva imperial durante el mandato de Barack Obama. En este escenario la comunicación desempeñó un papel central en la lucha de sentidos.
En el tablero geopolítico la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que gestiona buena parte de la asistencia exterior norteamericana, es uno de los actores que contribuye a modificar la opinión pública internacional sobre Estados Unidos como representante imperial hacia una visión de un país benefactor (González & Vázquez, 2020). La agencia ha sido reconocida en el siglo xxi como el actor financiero principal de la desestabilización y la penetración en la sociedad civil en países estratégicamente importantes para los intereses estadounidenses (Allard & Golinger, 2009). En apoyo a tal proyección, la política presidencial de Desarrollo Global se encaminó a intervenir en todos los países de interés para Estados Unidos, a través de fines tan nobles como la asistencia para el desarrollo (Vázquez, 2018).
México, en este entorno, es un país de interés para su vecino del norte, que lo considera como la nación más importante de América Latina, según Dovale (2020), por su posición estratégica, el volumen de comercio e inversiones, el flujo de inmigrantes y otros temas clave como el narcotráfico y el crimen organizado. La relación bilateral más importante de México resulta Estados Unidos, de acuerdo con lo planteado por Ruiz (2019), Ortega (2019), Pellicer (2019) y Dovale (2020). La nación mexicana desde su independencia tuvo que defender su soberanía. En ese proceso de lucha perdió gran parte de su territorio ante la expansión del vecino del norte. En la actualidad debe continuar luchando para contener su hegemonía. Al respecto, Schiavon (2006, citado por Dovale, 2020) expresa que, dada la enorme asimetría de poder, «la prioridad de la política exterior de México siempre ha sido la misma: contener, en la medida de lo posible, la hegemonía de Estados Unidos, para así sobrevivir la vecindad y mantener la soberanía nacional» (p. 1).
La función de la USAID en este contexto es «contribuir a la consecución de los objetivos de política exterior de Estados Unidos, especialmente buscando beneficiar a la economía y los trabajadores estadounidenses» (Vázquez & González, 2020, s.p.). Desde su campaña presidencial y durante su gestión como presidente, Morgenfeld (2020) sostiene que el rechazo que suscitó Trump resulta particularmente alto en Nuestra América, donde se destaca México. De ahí la importancia del accionar de la USAID para legitimar la política exterior de Donald Trump hacia los países latinoamericanos, especialmente México. Moldiz (2013), al analizar la acción de la USAID, señaló:
[…] abrir letrinas, construir puentes, prestar servicios odontológicos y de salud en general y desarrollar otros programas sociales. ¿Qué de subversivo pueden tener esas acciones? En la realidad aparente nada, pero, como señalara bien el General Summers, se trata de conquistar el corazón y la mente de las gentes para dejar sin base social a las fuerzas antisistémicas. (s. p.)
MÉTODOS
El estudio, desde la arista metodológica, se inscribió en la perspectiva cualitativa, y empleó la revisión bibliográfica documental y la entrevista como técnicas de recopilación de información. A la par, se basó en la aplicación de dos modelos cubanos que tributaron a las ciencias de la comunicación: el primero, de comunicación política para el cambio cultural (González & Vázquez, 2020) (sin embargo, solo se referirá uno de sus componentes: las agencias y organizaciones gubernamentales(; el segundo, de análisis para la construcción estratégica del discurso, propuesta que emana del profesor cubano Sánchez Castellanos (2013, 2018), que fue esencial para la aplicación del análisis de discurso como método de investigación.
Sánchez Castellanos (2013) ha diseñado un algoritmo de estudio con el que cualquier investigador del discurso puede acercarse a una producción discursiva estratégica. Presenta cinco fases principales: análisis de los co(n)textos de los discursos, análisis proposicional de los enunciados, análisis de los actos y macroactos discursivos, análisis de las estrategias discursivas, y análisis de la relación entre las estructuras del discurso y el co(n)texto. Estas cinco fases las considera suficientes para «una investigación que pretenda explicar la construcción estratégica de un discurso» (Sánchez, 2018, p. 168).
Sánchez (2018) plantea que, para estudiar las estrategias discursivas, «debe plantearse la reconstrucción del hecho comunicativo en dos direcciones complementarias: la reconstrucción del co(n)texto y de las estrategias de transmisión efectiva en medio de dicho co(n)texto» (p. 166). En el caso de la reconstrucción de las estrategias se deben distinguir «los tipos de recursos estratégicos empleados, interpretados a partir de la identificación de un plan estratégico global, que parte inicialmente de la taxonomía que los clasifica en recursos gramaticales o pragmáticos» (p. 166).
Asimismo, expresa que los resultados de esta pesquisa pueden servir para «formular comentarios propios de otros campos del saber, entre los que resaltan la sociología y la politología» (Sánchez, 2018, p. 166). De ahí que este modelo se puede aplicar a otros discursos, como el político, teniendo en cuenta las estrategias discursivas que, si bien no son exclusivas de la política, resultan típicas o frecuentes en sus discursos. En el presente artículo solo se presentarán los resultados de la segunda fase; a saber, análisis proposicional de los enunciados.
El universo lo constituyeron las agencias gubernamentales de Estado Unidos; y la población, los documentos oficiales de la USAID. La muestra seleccionada perteneció a los 14 documentos oficiales encontrados en la página web institucional de la USAID sobre México, en idioma español, dentro del período de mandato de Donald Trump (2017-2021). La selección se realizó de manera no probabilística, porque en los estudios cualitativos «el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundidad» (Hernández, 2014, p. 384).
El criterio de selección de la muestra fue del tipo muestras homogéneas: «las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social» (Hernández, 2014, p. 384).
DESARROLLO
La USAID en el mandato de Trump
Donald Trump, desde su llegada al ejecutivo, recortó el presupuesto en asistencia para el desarrollo, especialmente el que corría por vía bilateral. El mandatario norteamericano propició la inversión de modo más directo por vía del sector privado y las corporaciones empresariales. Lo anterior garantiza el acceso a mercados y el endeudamiento por parte de países receptores (García, 2020). Romano & García (2017) expresan que Trump propuso que las prioridades de la USAID fueran política exterior y geoestrategia, dejando a un lado la asistencia para el desarrollo, a menos que estuviera orientada a la política de seguridad nacional estadounidense. Pero los investigadores afirman que este aparente cambio de funciones no es tal, pues la agencia desde su creación opera muy vinculada a cuestiones de seguridad como parte de la estrategia de asistencia al desarrollo.
La Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos (Mattis, 2018) resulta una agencia clave. En este documento se señala que, con el fin de expandir el espacio competitivo, se requieren acciones combinadas que integren todas las dimensiones del poderío nacional al cual le brindarán su ayuda con el objetivo de identificar y crear asociaciones para abordar áreas de vulnerabilidades económicas, tecnológicas e informativas. Esto evidencia el carácter militarista que adquiere la asistencia exterior y un argumento para justificar la presencia de las tropas militares estadounidenses en los países al sur de sus fronteras. Además, es reflejo de la línea borrosa divisoria entre la asistencia económica y la asistencia militar.
La USAID afirma su orientación estratégica y política en consonancia con los intereses del Gobierno de Donald Trump. No se presenta a sí misma como una institución neutral, sino como una evidentemente política. Esto se observa, por ejemplo, en la declaración de su misión; y en el Plan Estratégico Conjunto (JSP, Joint Strategic Plan, por sus siglas en inglés) (USAID, 2018a) para los años fiscales 2018-2022 con el Departamento de Estado. La USAID se representa como un instrumento esencial en la caja de herramientas de seguridad nacional de Estados unidos y su acción está coordinada con el Departamento de Defensa.
La comunicación política como ámbito de la disputa de sentidos
El abordaje teórico de un proceso complejo como la comunicación política representa un reto para las ciencias sociales por la no existencia de un consenso en cuanto a su definición. Tres tendencias en este campo investigativo las identificaron González y Vázquez (2020) a riesgo, como las autoras reconocen, de ser absolutistas. La primera se refiere a los aportes en el área de la comunicación masiva que desarrollaron los estadounidenses a mediados del siglo xx. En esta escuela se asocia la comunicación política al comportamiento electoral de los ciudadanos, a los estudios en torno a la imposición de la agenda, la relación de los medios con el Gobierno, la propaganda, los debates políticos, la imagen política, las campañas electorales y el marketing político.
La segunda tendencia viene desde Europa con el francés Dominique Wolton y propone un modelo dialógico de la comunicación política operacionalizado (Guerrero, 2003). Este deja de lado el behaviorismo y el comportamiento electoral de la perspectiva anglosajona. Su definición es: «espacio en el cual se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que poseen la legitimidad de expresarse públicamente sobre la política; a saber, los políticos, los periodistas y la opinión pública mediante los sondeos» (Guerrero, 2003, p. 7). El modelo resulta dialógico porque se basa en el contacto y la retroalimentación constante entre los políticos y la opinión pública a través de los medios y no como una técnica para transmitir mensajes; pero presenta algunas limitaciones. Aunque reconoce a los discursos como parte de la comunicación política, es restringido pues en el caso de los ciudadanos considera que su participación política se realiza cuando brindan su opinión a través de sondeos.1 Los discursos de los actores no se muestran necesariamente contradictorios. Los partidos políticos, a modo de ejemplo, aunque presenten diferencias de criterios, pueden unir sus discursos a favor de un tema y constituir una alianza política. En el caso de los periodistas, los relaciona con los medios sin reconocer que estos últimos constituyen organizaciones con intereses propios y la información que transmiten no es neutra. En el caso de los políticos, como apunta Guerrero (2003), presenta una noción limitada, al no considerar el rol de las instituciones y los organismos a los que representan y que tienen sus propios intereses.
La propuesta del investigador mexicano Guerrero (2003) lleva a participar a la escuela latinoamericana en un debate académico dominado por los norteamericanos y europeos. Su propuesta sobre el concepto de comunicación política resulta: «intercambio de informaciones entre los gobernantes y los gobernados, a través de canales de intermediación estructurados o informales sobre los asuntos políticos y de políticas públicas de interés del momento» (Guerrero, 2003, p. 29). Su modelo de comunicación política supera las concepciones anteriores a partir de dos elementos básicos: se sustituye el término «canales de transmisión» por el de «canales de intermediación», y enfatiza que la información no es neutra. El contenido de lo que se comunica determina el carácter político en sí: los asuntos de interés político y de políticas públicas del momento. Estos asuntos se vinculan con cuatro aspectos: la obtención y el ejercicio del poder público, el establecimiento de las reglas del juego político, la atribución de los recursos estatales y de los espacios de participación y la a realización cotidiana del interés público (Guerrero, 2003).
Los modelos anteriores presentan como limitación considerar a los medios de comunicación, sin desconocer su papel, como los únicos intermediarios entre los políticos y los ciudadanos en el proceso de la comunicación política. El modelo siguiente identifica nuevos actores que intervienen en la lucha de sentidos, fundamentalmente en el contexto de la disputa geopolítica en el siglo xxi.
El modelo de comunicación política para el cambio cultural
El modelo de comunicación política para el cambio cultural de González y Vázquez (2020), ambas investigadoras del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU), constituye un referente básico de aplicación en la investigación para interpretar la realidad. Este se inserta en el contexto de las relaciones internacionales de Estados Unidos, específicamente con las naciones de la región latinoamericana. Su estudio demuestra cómo los procesos en pro de la gestión del desarrollo, la democracia, la seguridad en los países, entre otras esferas, se utilizan estratégicamente por el Gobierno norteamericano como áreas en las que se disputa el poder a través de acciones apoyadas por la derecha hemisférica y el capital trasnacional.
El modelo enriquece la definición de comunicación política a partir del análisis de los procesos que ocurren a escala regional. En tal sentido, se entiende como:
[…] proceso multidimensional que, en el contexto del capitalismo imperialista global del siglo xxi, se estructura alrededor de la dimensión de la dominación ideológico-cultural; con nuevos actores como sujetos protagónicos del ejercicio de la política; nuevas temáticas como entorno de la acción de los mismos; así como nuevas formas de organización que privilegian las estructuras en redes de incidencia a nivel local, nacional, regional y trasnacional. (González & Vázquez, 2020, s/p)
William Robinson (citado por Vázquez, 2018) compara a los estrategas norteamericanos con Gramsci, al decir que ellos saben que para efectuar la dominación necesitan conquistar la hegemonía en la sociedad civil. La hegemonía es gobernada por consentimientos, liderazgo cultural e intelectual alcanzado por una clase en particular, fracción de clase, estrato o grupo social como parte de un proyecto mayor de Gobierno de clase o dominación de clase. Lo anterior, aplicado en América Latina, reforzaría la inserción de la región al capitalismo global. Esto implica la internalización, por parte de las clases subordinadas, «de los valores morales y culturales, los códigos de comportamiento y el punto de vista de las clases o los grupos dominantes, la internalización de la lógica social del sistema de dominación en sí mismo» (Robinson, 2015, citado por Vázquez, 2018, s.p.).
Las investigadoras definen «disputa geopolítica» en el siglo xxi para argumentar los fundamentos estructurales, organizacionales y culturales del impacto del modelo como:
[…] forcejeo por el poder económico, político e ideológico cultural que se realiza por actores articulados en redes de intervención de alcance local, nacional, regional e internacional, cuyo objeto de influencia más importante son las sociedades en función de controlar los múltiples resortes del poder y eliminar los obstáculos a la conformación de las estructuras necesarias para la acumulación capitalista a escala global. (González & Vázquez, 2020, s.p.)
Los objetivos a través de los cuales ha operado este modelo promovido desde Estados Unidos se exponen a continuación:
Cambio de percepción social sobre Estados Unidos como actor imperial centro del sojuzgamiento hemisférico hacia benefactor de alcance regional y global.
Aceptación y legitimación de los actores del cambio cultural, en especial las fuerzas militares y agencias de Estados Unidos como la USAID.
Cambio de percepciones en la sociedad alrededor de las dimensiones que se han identificado como estructurantes del cambio cultural (González & Vázquez, 2020).
Según sus autoras, el modelo de comunicación política para el cambio cultural se distinguiría de los anteriormente explicados, precisamente por no limitarse a la relación entre los gobernantes y los gobernados en el debate de las políticas públicas o las políticas del momento, sino por incluir, junto con las corporaciones mediáticas, las agencias y organizaciones gubernamentales, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), los tanques de pensamiento, las iglesias y demás actores que influyen en la formación de consenso, movilización, cooptación política, cambio de valores, referentes cognitivos e ideal social. Posee mayor alcance en sus objetivos, pues no se limita al cambio de Gobiernos o a garantizar la interpelación o legitimación de políticas en caso necesario (González & Vázquez, 2020). De hecho, se diversifica y potencia hacia la disputa de sentidos y la colonialidad, para garantizar la consolidación del poder corporativo transnacional y la hegemonía de Estados Unidos en la geopolítica regional.
Análisis proposicional de los enunciados de la USAID
El discurso es una de las vías para visualizar el tema de la comunicación política, medio no solo para la formación y socialización de ideas, sino para la disputa de sentidos. En el análisis de las proposiciones, los discursos se articulan alrededor de un tema general denominado «macroestructura semántica»; es decir, el contenido o los significados globales del discurso. En cambio, este apartado pone interés en la microestructura semántica: el contenido o los significados locales del discurso; es decir, «unidad de contenido que denota la estructura local de un discurso» (Van Dijk, 2001, p. 45). La identificación de las microestructuras semánticas se realiza atendiendo a las temáticas parciales sobre México y la USAID. En los documentos se trabajan por temas, como derechos humanos, estado de derecho, cambio climático, violencia, delincuencia, transparencia e integridad.
Bárzaga (2016) expresa que los paradigmas de liderazgo en la colaboración que propone el Departamento de Estado para la lucha contra la inseguridad ciudadana y el tráfico de ilícitos son Colombia y México. Estos representan los países de mayor índice de violencia en la región, y en los que el Departamento de Defensa y la USAID han podido intervenir en sus fuerzas armadas y de seguridad más abiertamente, para consolidar su control en la región centroamericana y caribeña. La USAID, como refiere la investigadora, emplea como pretextos, para intentar justificar la injerencia en los países en los que trabaja, la defensa de los derechos humanos o civiles, la inseguridad y la violencia por el tráfico de ilícitos, el delito, la desigualdad y la proliferación de bandas paramilitares. De ahí que en las microestructuras sobre México se encontró la formulación discursiva de los problemas del país en relación con los temas que trabaja la agencia, como se observa a continuación:
Las temáticas sobre México con relación a los Derechos Humanos refieren a la persistencia de sus violaciones y la impunidad en la mayor parte de los casos. Incluyen como parte del fenómeno las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el maltrato físico y el feminicidio. Los actores que participan en los abusos son grupos delictivos organizados, policías y militares. Como sujetos de violencia mencionan a los periodistas y defensores de derechos humanos. Ejemplos de enunciados:
En México persiste un significativo número de violaciones a los derechos humanos (USAID, 2018b).
Las violaciones a derechos humanos incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, 32 000 desapariciones no resueltas y maltratos físicos (USAID, 2019a).
Los periodistas y defensores de derechos humanos son atacados, amenazados y asesinados (USAID, 2019a).
En Estado de Derecho refieren que las reformas constitucionales aprobadas en 2008 por el Gobierno de México, para la adopción de un nuevo sistema acusatorio de justicia penal, se adoptaron bajo la creciente presión de actores del sector de justicia y sociedad civil. Aclaran que la impunidad facilita el delito, la violencia y la corrupción; reduce el crecimiento económico; y afecta la confianza ciudadana en el Gobierno. A modo de ilustración:
La impunidad-el delito, la violencia y la corrupción que esta facilita constituye uno de los principales desafíos para el Gobierno (USAID, 2020a).
El alto nivel de impunidad en México reduce el crecimiento económico y afecta la confianza ciudadana en el Gobierno (USAID, 2020a).
México encabeza la lista de países de América con el más alto índice de impunidad (USAID, 2019b).
99 % de los crímenes no se castigan (USAID, 2018c).
Las temáticas sobre México con respecto a Fortaleciendo la transparencia y la integridad enuncian que entre las consecuencias de la corrupción está la amplificación de la brecha de desigualdad; el impacto negativo en la seguridad y prosperidad compartida por México y Estados Unidos; impide el crecimiento económico; debilita el estado de derecho; permite que el crimen organizado transnacional crezca; desalienta la inversión extranjera; y degradan la confianza de los mexicanos en sus propias instituciones gubernamentales. Algunas microestructuras son:
La corrupción permite que el crimen organizado transnacional crezca, lo que desalienta la inversión extranjera (USAID, 2020b).
La corrupción surge de incentivos institucionales sistémicos, endebles mecanismos de vigilancia y normas culturales que requieren de instituciones sólidas e independientes, mayor participación ciudadana y un Gobierno que rinda cuentas (USAID, 2020b).
Cerca del 80 % de los mexicanos ven la corrupción como el problema más significativo que enfrenta su país, solo superada por la inseguridad (USAID, 2019c).
Con respecto a la Prevención del delito y la violencia aluden al aumento de la delincuencia y la violencia, facilitados por la impunidad y la ineficacia de instituciones gubernamentales que no garantizan la seguridad básica. Como consecuencia, refieren la reducción de la confianza pública en el Gobierno; la amenaza al bienestar y seguridad de la ciudadanía, el crecimiento económico y el impacto perjudicial en los jóvenes. A modo de ejemplificación:
México experimenta aumentos en la delincuencia y la violencia en los últimos años (USAID, 2020c).
Delitos menores que incluyen asaltos, agresiones, disturbios públicos y robos, y alimentan la percepción ciudadana de inseguridad (USAID, 2020c).
Los estados con más homicidios en 2017 fueron Guerrero, Baja California y Estado de México (USAID, 2018d).
La juventud, al enfrentarse a una escasez de alternativas productivas, recurre a actividades lucrativas ilícitas; y, envalentonados con la percepción de que no hay una pena que pagar por la criminalidad, se vuelven reclutas ideales para las organizaciones criminales transnacionales y sus organizaciones subsidiarias (USAID, 2020c).
Estos ámbitos en los que trabaja la agencia están insertos en el programa bilateral de cooperación en seguridad, denominado Iniciativa Mérida de Estados Unidos y México. Alfonso (2015) refiere que son alarmantes las consecuencias sociales que han desencadenado en México los efectos de la Iniciativa Mérida, junto con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para la América del Norte (ASPAN) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Destacan entre ellos «la incorporación de 10 millones de pobres, la informalidad de los empleos, la flexibilización y desprotección laboral, y el crecimiento de migrantes mexicanos en Estados Unidos» (Alfonso, 2015, p. 112).
La Iniciativa Mérida promueve la violación a los derechos humanos y el incremento de la violencia en la nación mexicana, así como el narcotráfico. En línea con lo anterior, Morales (2018) alega que la política militarista de Felipe Calderón, bajo el manto de esa iniciativa estadounidense, convirtió la violación de los derechos humanos en una práctica sistemática del poder; además
criminalizó a las víctimas, como lo mostró dramáticamente el asesinato de los jóvenes de Villa de Salvárcar, Juárez, en 2010, y la reiterada violación domiciliaria por los militares y policías federales en busca de delincuentes, lo que sembró así el terror de Estado. (Morales, 2018, p. 286)
La guerra contra el narcotráfico «impuesta por el imperialismo estadounidense, ha sumergido al país en una tragedia de muerte y desolación» (Morales, 2018, p. 272). La guerra contra las drogas continúa siendo el argumento legal para que el Gobierno estadounidense y el complejo industrial-militar sigan exportando armamento y preparando el terreno para futuras inversiones de capital a costa de vidas humanas.
El negocio de la guerra ha beneficiado a las empresas de Estados Unidos, encargadas de suministrar armamento, equipo militar y tecnología de inteligencia que no solo sirve para combatir el narcotráfico, sino para vigilar y hostigar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones en defensa del territorio, pues militariza la vida cotidiana en la nación mexicana. Las armas que provienen de Estados Unidos se han usado en las masacres realizadas en México, pues, en el conflicto que vive actualmente el país, las empresas armamentistas venden tanto al Gobierno mexicano como a los cárteles de la droga en el mercado negro. Los principales vendedores de armas al Gobierno mexicano son Sig Sauer y Heckler and Koch (Alemania); y Colt Defense, Glock, US Ordenance Inc., Trijicon Inc. (Estados Unidos) (Gómez & García, 2017).
En el discurso de la agencia no proyectan que tales fenómenos sociales fueron estimulados, en parte, por las políticas de seguridad estadounidenses. Reconstruyen la realidad para formar otra acorde con sus intereses. Lo anterior está en consonancia con uno de los objetivos por el cual opera el modelo de comunicación política promovido desde Estados Unidos: «cambio de percepción social sobre Estados Unidos como actor imperial centro del sojuzgamiento hemisférico hacia benefactor de alcance regional y global» (González y Vázquez, 2020). Pero, a la vez, tal codificación lingüística sobre los problemas de México les permite legitimar su presencia en el país a través de la cooperación internacional que va en correspondencia con el segundo objetivo del modelo de comunicación política: aceptación y legitimación de los actores del cambio cultural. Es decir, construyen discursos justificativos sobre la base de temas sociales sensibles para poder intervenir en México en nombre de la protección de los derechos humanos, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, la impunidad, la violencia y el delito.
Así como configuran discursos desde los cuales construyen los problemas, las microestructuras sobre la USAID hacen referencia a las prácticas promovidas por la agencia para actuar sobre ellos, como las siguientes:
En Derechos Humanos la USAID formula como objetivo mejorar el entorno para su protección y la prevención de abusos. Para lograr su cometido, apoyan, a través de la asistencia técnica, el fortalecimiento de las instituciones estatales de México y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para salvaguardar estos derechos. Propicia la interacción y el diálogo de las OSC con el Gobierno y el público, la formación de alianzas estratégicas entre las OSC y la red de periodistas y los defensores de derechos humanos. Apoya la reforma del sistema de justicia penal y la incorporación de políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos. Algunas microestructuras son:
La USAID fortalece a la sociedad civil para que exija responsabilidad al Gobierno en casos de abusos a derechos humanos (USAID, 2018b).
Esta actividad apoya los esfuerzos del Gobierno mexicano de implementar su Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, con el propósito de abordar los retos estructurales de derechos humanos (USAID, 2018b).
Apoyará las mejoras organizacionales y operacionales al Mecanismo Nacional para Proteger a los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (USAID, 2018b).
El objetivo de la USAID es mejorar el entorno para la protección de los derechos humanos y la prevención de abusos (USAID, 2020d).
La agencia refiere que la asistencia en Estado de Derecho apoya al Gobierno de México, la sociedad civil y otras instituciones legales en la transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio como parte de la Iniciativa Mérida. El objetivo que formula es lograr un sistema de justicia más transparente y responsivo. Señala que su apoyo ayuda a reducir los altos niveles de impunidad, y mejora la efectividad, eficiencia y responsabilidad de las instituciones de justicia en México, así como el acceso a la justicia para las víctimas, particularmente mujeres, y la protección de los derechos humanos. Ejemplos de enunciados:
Las actividades de USAID de Estado de Derecho ayudan a reducir la impunidad, y mejoran la efectividad, eficiencia y responsabilidad de las instituciones de justicia en México (USAID, 2020a).
Se asocian principalmente con instituciones estatales de justicia y la sociedad civil para trabajar juntos en la identificación, investigación y sanción de delitos de alto impacto México (USAID, 2020a).
USAID trabaja con actores de la sociedad civil y el sector privado para informar a la ciudadanía sobre el valor de tener una justicia transparente, eficiente y receptiva (USAID, 2019b).
USAID apoya a las fiscalías generales y tribunales, entre otras instituciones, para aumentar la eficiencia y efectividad de los sistemas de justicia penal y civil, el desarrollo de capacidad analítica, y el mejor acceso de las víctimas a la justicia (USAID, 2018c).
En materia de Prevención del delito y la violencia el objetivo que formula la USAID es la disminución sustentable del crimen y la violencia en las comunidades. Colabora con el Gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado para promover programas dirigidos localmente para prevenir el delito y la violencia, desarrollar la cohesión comunitaria y mejorar las oportunidades laborales para los jóvenes en alto riesgo. A modo de ilustración:
El objetivo de la USAID es: disminución sustentable del crimen y la violencia en las comunidades objetivo (USAID, 2019d).
Apoya la reinserción de jóvenes en centros de internamiento juvenil, a través de programas de prevención terciaria (USAID, 2019d).
La USAID se enfoca en prevenir que los jóvenes en riesgo se conviertan en delincuentes y se unan a grupos delictivos (USAID, 2018d).
Con relación al tema de Fortaleciendo la transparencia y la integridad, la USAID formula como objetivo: «responsabilidad y transparencia del Gobierno de México fortalecida y sostenida» (USAID, 2018e, 2019c, 2020b). La agencia refiere que apoya los esfuerzos del Gobierno de México para aumentar la transparencia y la integridad, y reducir la corrupción y la impunidad a nivel federal y en diversos estados. También apoya los esfuerzos de colaboración de los ciudadanos mexicanos, la sociedad civil, los medios independientes, las organizaciones internacionales y el sector privado para abogar por la plena implementación de las reformas anticorrupción, contribuir a la formulación de políticas públicas y mayor transparencia en las compras públicas. A modo de ejemplificación:
USAID ayuda al Gobierno de México a aumentar la transparencia y la integridad (USAID, 2018e).
Los programas de la USAID apoyan los esfuerzos de colaboración de los ciudadanos mexicanos, la sociedad civil, los medios independientes y el sector privado para abogar por la plena implementación de las reformas anticorrupción, contribuir a la formulación de políticas públicas y exigir un Gobierno transparente y responsable (USAID, 2018e).
La agencia trabaja con aliados mexicanos de diversos sectores para reducir la corrupción y la impunidad a nivel federal y en varios Estados (USAID, 2019c).
En relación con lo anterior, los que implementan sus proyectos, al decir del investigador mexicano Aníbal García (Domínguez, 2021), van desde asociaciones religiosas, pasando por organizaciones ambientalistas a las que se suman las de índole judicial, económico, energético y político. El investigador comenta que los alcances de estas organizaciones son considerables, así como sus propósitos, pero el central resulta construir un Estado que permita y reproduzca la acumulación de capital, al crear condiciones para que este se reduzca en lo mínimo en su aspecto social, pero sin que se rompan por completo pactos sociales con la población. Las políticas de liberalización económica, apertura comercial y retiro en lo social del Estado crean condiciones de pobreza y, por tanto, de efervescencia y lucha social. Muchas de las organizaciones financiadas tienen como fin la resiliencia social, uno de los pilares de la Iniciativa Mérida.
En los textos analizados, dos de las entidades que trabajan con la USAID en México: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Artículo 19, fueron públicamente denunciadas desde el Poder Ejecutivo mexicano como grupos políticos opositores financiados por Estados Unidos a través de la USAID (La Jornada, 2021). MCCI, grupo opositor, recibe dinero de la USAID desde 2018, casualmente el año en que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) triunfó en las elecciones presidenciales. Esto no es coincidencia, pues Bárzaga (2016) expresa que la agencia cuenta con una gran experiencia subversiva y dona recursos para financiar a la oposición encaminada a favorecer a candidatos electorales proclives a sus intereses.
Aníbal García reveló que MCCI, Artículo 19 y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) constituyen tres organizaciones que muestran el financiamiento de la USAID a organizaciones y sectores clave. Señala que el grupo de personas que dirigen y trabajan en el MCCI están relacionadas con el poder político y económico en México; pero también con intelectuales orgánicos del viejo régimen, que acompañaron las políticas de despojo y privatización en el país. El caso del IMCO es todavía más escandaloso, pues en su consejo está gran parte de la clase económica que se ha beneficiado del cúmulo de reformas políticas y económicas desde 1982 (Domínguez, 2021).
La oligarquía mexicana confluye en un frente opositor coordinado a través de IMCO, un conglomerado de las empresas del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y de agencias e instituciones extranjeras, donde se generan las estrategias a seguir. No todas las 59 grandes empresas del CMN forman parte de IMCO, pero sí la mayoría: Grupo Bal (Alberto Bailléres), Kimberly Clark (Claudio X González Laporte), Bachoco (Enrique Robinson), Grupo Modelo (María Asunción), Grupo Bimbo (Roberto Servitje), Grupo Vitro (Adrián Sada), Femsa (José Antonio González), Grupo Kaluz (Antonio del Valle) entre otros.
Las empresas extranjeras que participan, a través de Kimberly Clark, en el CMN, son las petroleras Chevron, Conoco, Phillips, Exon, Britsh Petroleum y Shell. Directamente en el IMCO participan el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la USAID, la US-México Foundation, la Global Integrity y la empresa del multimillonario Bill Gates, Microsoft. El IMCO ha logrado coordinar los esfuerzos opositores de derecha al Gobierno de AMLO en México y Estados Unidos. Esta red de poder económico se siente amenazada por López Obrador, pues está perdiendo los privilegios que le daba su cercanía con los Gobiernos de sexenios pasados (García, citado por Camacho, 2021).
Las empresas multinacionales, al decir de Ramírez (citado por Camacho, 2021), se sienten afectadas por el Gobierno de AMLO, porque deben pagar impuestos, mejorar salarios, suprimir la subcontratación laboral, reconocer derechos laborales, y reorientar negocios que tenían con los recursos naturales del país: petróleo, minería y electricidad (Ramírez, citado por Camacho, 2021). Lo anterior constituye un obstáculo en el proceso de acumulación despiadada de capital que persigue esta red de poder económico.
El investigador mexicano Aníbal García añade, con respecto al Artículo 19, que si bien ha logrado defender a periodistas en México, también recibe financiamiento de la USAID y últimamente ha logrado un golpeteo importante en contra del Gobierno actual. Incluso fue clave en la creación de consenso mediático durante las protestas en Cuba de julio de 2021. El vínculo entre estas tres asociaciones no solo es el financiamiento, sino la agenda mediática y política en contra de algunos proyectos del actual Gobierno mexicano. Uno de esos aspectos de la agenda resulta el tema corrupción, pues ha funcionado en otros países también para fines imperialistas; además de develar redes de corrupción política (Domínguez, 2021). Otra de las organizaciones opuestas al Gobierno de AMLO, según García (citado por Camacho & Ramírez, 2022), y que recibe financiamiento de la USAID, es México Evalúa.
El apoyo a estos grupos opositores para desestabilizar el Gobierno de MORENA está en consonancia con uno de los objetivos de Trump en América Latina: eliminar las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda. En tal sentido, el Gobierno de AMLO, junto con el de Alberto Fernández en Argentina, impulsa un eje progresista en Latinoamérica alrededor del Grupo de Puebla sin la omnipresencia de Estados Unidos. Tal articulación constituyó una amenaza para el Gobierno norteamericano que intenta obstaculizar y quebrar la unidad latinoamericana, acción que no es nueva de los Gobiernos imperiales. Contrario a Enrique Peña Nieto, AMLO se alejó del posicionamiento de Trump de socavar el Gobierno de Nicolás Maduro, así como de las declaraciones y posicionamiento del Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA).
En contraste con lo antes señalado, la narrativa evocada por la USAID en los documentos construye una imagen distinta de MCCI, Artículo 19 e IMCO. Las disfraza como organizaciones civiles preocupadas, en el caso de MCCI, por medio del proyecto Acciones Hoy para Menos Corrupción Mañana, en avanzar en reformas políticas y legales para combatir la corrupción (USAID, 2019c y 2020b). Artículo 19, a través del proyecto Diálogo sobre Protección a Periodistas, ayuda a mejorar el respeto a la libertad de expresión en México, al documentar y analizar las agresiones contra periodistas y desarrollar las capacidades de las instituciones gubernamentales para prevenir y responder a las agresiones contra periodistas (USAID, 2018b, 2019a y 2020d). IMCO, con Alianza para la Integridad en México, apoya la investigación independiente en temas clave de transparencia para promover políticas públicas basadas en evidencias que reduzcan la corrupción, etcétera (USAID, 2018e, 2019c, 2020b). Ejemplos de lo planteado hasta aquí aparecen a continuación:
Acciones Hoy para Menos Corrupción Mañana (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad-MCCI): la actividad ayuda a incentivar el cambio e involucra a instituciones gubernamentales en los esfuerzos contra la corrupción, al fomentar amplias coaliciones de ciudadanos, periodistas y expertos (USAID, 2019c).
Diálogo sobre Protección a Periodistas (Artículo 19/México): la actividad promueve la protección a periodistas por medio del conocimiento de las amenazas contra la libre expresión en México (USAID, 2018b).
Alianza por la Integridad en México (Instituto Mexicano para la Competitividad- IMCO: esta actividad apoya la investigación independiente en temas clave de transparencia para promover políticas públicas basadas en evidencia que reduzcan la corrupción (USAID, 2020b).
Un aspecto relevante de la Iniciativa América Crece, al decir de García (2020), se refiere a nuevos marcos regulatorios y estructuras de adquisiciones y compras gubernamentales abiertas, transparentes y de fácil consulta vía internet. México es el mejor ejemplo donde la USAID ha financiado la adopción del Estándar de Datos de Contratación Abiertos (García, 2020). En el marco de la prevención de la corrupción, en los documentos se expresa que la agencia promueve una mayor transparencia en las compras públicas. En el caso particular de Proyecto de Política Económica de México, implementado por Abt Associates, se promueve, entre otras iniciativas, la adopción estatal del estándar global de datos de contratación abierta (USAID, 2018e):
Proyecto de Política Económica de México (MEPP) (Abt Associates): ayuda a rediseñar la plataforma digital de compras federales, y promover la adopción estatal del estándar global de datos de contratación abierta y la legislación anticorrupción bajo el Sistema Nacional Anticorrupción (USAID, 2018e).
Pero, García (2020) advierte que la creación y expansión de estos marcos regulatorios forman parte de la estrategia estadounidense para garantizar la estabilidad o certidumbre a sus principales empresas privadas, el acceso a mercados y el endeudamiento por parte de los países receptores.
El discurso filantrópico de apoyo para resolver los problemas que enuncia sobre el país justifica la injerencia y extensión de su influencia a las entidades gubernamentales, judiciales, organizaciones civiles y el sector privado, tanto del nivel federal, estatal como local; así como su acceso a las comunidades. Lo anterior se evoca desde la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la impunidad, la violencia y el delito. La intervención en el supuesto fortalecimiento de las instituciones de Gobierno, la sociedad civil y el sector privado, la incidencia en la formulación de las políticas públicas, en la flexibilización de las legislaciones, junto al apoyo a la lucha contra la corrupción, crean el camino idóneo para lo siguiente:
[…] obstaculizar cualquier proceso de cambio que se intente desde la utilización del aparato gubernamental y ajustar las prácticas de este a las necesidades de expansión de la clase capitalista transnacional, sacando/eliminando a los líderes que, en funciones de Gobierno, tratan de encausar el camino de la transformación económica y social desde proyectos políticos progresistas o de izquierda. (Vázquez, 2018)
La biopiratería a la orden del día
La USAID presta especial atención y numerosos recursos para ubicar e investigar las riquezas naturales y la biodiversidad de los países donde trabaja, en los que participan diversas agencias medio ambientales (Bárzaga, 2016). En el caso de México aluden en su discurso, en relación con el cambio climático, a la preocupación sobre la situación del país por la cantidad de hectáreas de bosques perdidas. Las causas de la deforestación identificadas por la agencia son la expansión agrícola, la ganadería, la tala ilegal y la urbanización. Tal codificación discursiva, como alude Delgado (2015), se emplea como comodín para facilitar y estimular, en el caso de la agencia, las actividades de biopiratería. Algunos ejemplos resultan los siguientes:
Cada año se pierden más de 90 000 hectáreas de bosques (USAID, 2019e).
Las causas de esta deforestación se deben a la expansión agrícola, la ganadería, la tala ilegal, la urbanización (USAID, 2019e).
Las causas de esta deforestación se deben a la expansión agrícola, la ganadería, la tala ilegal, la urbanización, entre otras (USAID, 2020e).
Con o sin permiso del Estado, las actividades de apropiación de la biodiversidad y su conocimiento (conocimiento vivo radicado en las comunidades indígenas y campesinas territorializadas( continúan siendo biopiratería cuando no existe un genuino consentimiento previo, informado y culturalmente adaptado, por parte de las comunidades locales y, sobre todo, cuando el móvil que las empuja es favorecer negocios privados y no el bien común. Implica actos de robo que se hacen en complicidad con el Estado nación u otros actores nacionales como institutos de investigación del sur; y que se trata de contratos para saquear este recurso a cambio de insignificantes sumas o equipo para preanalizar muestras biológicas (Delgado, 2015).
Zibechi, Coronel, Doughman, Duré, Irala y Palau (2012) aclaran que la iniciativa sobre el cambio climático se basa en una lógica neocolonial y sigue las líneas adelantadas por el Banco Mundial en cuanto a propuestas para la protección y el gerenciamiento de bosques en los países del Sur Global, lo cual socava su control autónomo y soberano por parte de pueblos locales. Sobre el papel de la USAID expresa que apoya la creación de inventarios de bosques nacionales y emisiones de gases invernadero para transparentar el gerenciamiento de estos recursos clave. Los inventarios tienen como fin la conversión de bosques en reservas privadas y la promoción de mercados para la captura del carbono. Además, generar datos sobre la ubicación exacta de recursos valiosos por ser depósitos de biodiversidad. Convierte a la naturaleza en un objeto de ganancia para especuladores y permite la continua contaminación por parte de empresas capaces de comprar créditos en dichos mercados.
En alineación con lo anterior, el discurso de la agencia formula como objetivo en México reducir la deforestación, el manejo sustentable y la mejora de medios de vida. La agencia utiliza soluciones basadas en el mercado en asociación con el sector privado y las empresas comunitarias para promover cadenas de valor sustentables. Plantea su apoyo al desarrollo de mercados para créditos de carbono forestal, la mejora de los sistemas de monitoreo forestales y la implementación de un inventario nacional. A modo de ejemplificación:
Apoya el desarrollo de mercados para créditos de carbono forestal, la mejora de los sistemas de monitoreo forestales, la reducción de los impactos negativos de los incendios forestales y el apoyo a las entidades regionales encargadas del manejo de la tierra (USAID, 2020e).
La USAID trabaja con actores no gubernamentales, incluyendo el sector privado, organizaciones no gubernamentales de medio ambiente, empresas comunitarias forestales y comunidades locales (USAID, 2020e).
Las iniciativas de USAID en México buscan impulsar las alianzas multiactor y utilizar soluciones basadas en el mercado para reducir la deforestación y degradación del suelo (USAID, 2020e).
Asociarse con el sector privado y las empresas comunitarias para promover cadenas de valor sustentables (USAID, 2020e).
Trabajar con el Gobierno de México para mejorar el manejo de los sistemas forestales para reducir la tala ilegal (USAID, 2020e).
Además de las anteriores actividades, la USAID también apoya la formulación de políticas públicas para avanzar en las iniciativas mexicanas sobre el cambio climático. Bárzaga (2016) expresa que el interés de la agencia en los países en los que trabaja es desarrollar políticas públicas y marcos legislativos proclives a resultar tolerantes con la explotación de bosques, industrias pesqueras, flora y fauna, a cambio de inversiones en proyectos empresariales locales. Existen antecedentes de estas actividades de la agencia en México como el financiamiento al programa de Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas II (Sinap II Proyecto No. Po65988) (Delgado, 2015):
La actividad trabaja con el sector privado y el Gobierno de México en el diseño de políticas de carbono efectivas y soluciones comerciales (USAID, 2019e).
El trabajo se divide en tres componentes: generación de créditos de carbono, fortalecimiento del mercado y políticas públicas, y fortalecimiento de capacidades organizacionales (USAID, 2020e).
Delgado (2015) identifica a otros actores involucrados en la biopiratería y no solo a la USAID. Entre los actores que revela el investigador se percibió que algunos trabajan con la agencia en México, según la información que proveen los documentos analizados. En ellos se encontraron Conservation International Foundation, Rainforest Alliance, Pronatura México, U.S. Forest Service y la Universidad Stanford. Estas instituciones, junto con la USAID, al decir de Delgado (2015), están vinculadas a la proyección de los intereses hegemónicos de Estados Unidos y sus aliados, así como la de los grupos de capitales conservacionistas y biotecnológicos de los Estados Capitalistas Centrales, para asegurarse el control y acceso a los espacios geográficos y apropiarse del usufructo de los recursos naturales y de su conocimiento. Algunos enunciados al respecto son los siguientes:
Emprendimientos en Paisajes Sostenibles (Conservation International Foundation): esta actividad desarrolla la capacidad de empresas comunitarias para generar proyectos invertibles, y acceder a acuerdos comerciales y de financiamiento adaptados a sus necesidades (USAID, 2020e).
Alianza para el Paisaje y los Mercados Sostenibles (Rainforest Alliance): el objetivo de la actividad es aumentar la rentabilidad y la competitividad de las empresas agrícolas y forestales sostenibles lideradas por la comunidad (USAID, 2019e).
Mejorando los medios de vida a través del reconocimiento del valor de los bosques en pie usando mecanismos de mercado (Pronatura México) (USAID, 2020e).
USAID, en asociación con el Servicio Forestal de los Estado Unidos, construye la capacidad del Gobierno de México en manejo de bosques y gobernanza, al reforzar el Sistema Nacional de Gestión Forestal de México para mejorar la transparencia y legalidad de materias primas y productos forestales, mejorando los paisajes sustentables, reduciendo la tala ilegal y mejorando la gestión de los recursos forestales (USAID, 2020e).
Universidad Stanford: la actividad trabaja con el sector privado y el Gobierno de México en el diseño de políticas de carbono efectivas y soluciones comerciales (USAID, 2019e).
La agencia en sus discursos focaliza a Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas como los estados graves con relación a la deforestación y degradación de los suelos como se evidencia en el enunciado siguiente: La deforestación y la degradación son especialmente graves en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas (USAID, 2019e). Coincidentemente, Delgado (2015) expresa que estos territorios son de relevancia mayor por la diversidad biológica y cultural contenida allí. La USAID también trabaja en Oaxaca que, junto con Chiapas, son, según Delgado (2015), los estados más biodiversos de México. Sobre la base de los argumentos señalados con anterioridad, la agencia les facilita a los actores con los que trabaja el acceso a los recursos naturales de México. Es decir, el discurso de la agencia oculta promueve de fondo el saqueo de la biodiversidad y estimula las actividades de biopiratería.
CONCLUSIONES
El discurso que promueve la USAID hacia México oculta el apoyo a los grupos políticos y a la oligarquía mexicana, así como a las trasnacionales norteamericanas. Ayuda a legitimar a organizaciones supuestamente civiles que, de fondo, buscan socavar al Gobierno, para construir un Estado que permita y reproduzca la acumulación de capital. Lo anterior se articula a través de la invocación de temas delicados como la corrupción, los derechos humanos, y la libertad de expresión, la violencia y la impunidad. Es decir, construyen discursos justificativos sobre la base de fenómenos sociales sensibles para poder intervenir en México. Emplean el pretexto de la cooperación para el desarrollo como imagen pública para llevar a cabo sus planes injerencistas políticos en pos de beneficiar el capital norteamericano, así como estimular las actividades de biopiratería
