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INTRODUCCIÓN
Tras un largo período de recuperación1 de lo que se llamó Período de Crisis, el pueblo cubano asiste en el nuevo milenio a la actualización de su proyecto social. Como referente o guía teórica conceptual, este proceso presenta las bases teóricas y las características del modelo a que se aspira. En este sentido, inicialmente se realiza un acercamiento a sus principales directrices, teniendo en cuenta no solo el cambio económico, sino político y social, dirigido a plasmar una visión diferente sobre el modelo (Hernández & Domínguez, 2013).
Portadora de escenarios y sectores estratégicos de las transformaciones a implementar, dicha actualización posee como objetivo fundamental consolidar una sociedad segura, justa, cohesionada y solidaria. La importancia de la cohesión social para el perfeccionamiento del socialismo cubano implica el reconocimiento de las contradicciones generadas en la realización del proyecto social y la salvaguarda de las conquistas logradas, en tanto experiencia de independencia nacional, emancipación social y dignificación humana en la lucha de los pueblos de América Latina. De este modo, se esclarecen los supuestos definitorios de la cohesión social, por tratarse de una noción ambigua y heterogénea con la cual se ha intentado explicar (según las circunstancias históricas( cómo se mantienen unidas las sociedades, cuál es el grado de consenso entre sus miembros o cuál resulta su sentido de pertenencia a un proyecto común.
Con este telón de fondo, el artículo se propone abordar los supuestos teóricos de la cohesión social contenidos en el proceso de actualización del modelo cubano, tomando como punto de partida la necesidad de dialogar en torno a sus potencialidades, aciertos y desaciertos, si se trata ahora de transformar el proyecto social. Dicho proceso establece una manera particular de cohesión social para la nación cubana, ya que, como construcción social, histórica y cambiante, la cohesión responde a objetivos concretos de un contexto histórico-social determinado. De esta manera, se convierte en alternativa y línea de trabajo para el enfrentamiento a la supremacía del sistema capitalista actual y la aspiración de un futuro mejor.
DESARROLLO
Modelo económico y social cubano: su actualización
Aprobada en el 6to Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 2011 y ratificada en el 7mo en 2016, el pueblo cubano asiste a la actualización de su modelo. El cumplimiento de los fines inmediato y mediato del proyecto social se orienta ahora en un conjunto integrado y multivariable de decisiones que permitan alcanzar el desarrollo del país (Triana y Blanco, 2021). En virtud de los avances, los retrocesos, la rectificación de errores, la crisis económica y los contantes desafíos a la política exterior, se trata del perfeccionamiento del socialismo cubano; y con él, de la lectura de cohesión social.
Delimitar las aristas de este perfeccionamiento basa sus argumentos iniciales en la noción de «modelo económico». Acerca de sus diversas acepciones García (2005) explica:
[…] es el modo particular que asume un sistema socioeconómico o un período de transición como el período de tránsito al socialismo. Es, por lo tanto, un proceso estable o de relativa estabilidad o duración que, además de las relaciones de dirección, comprende (y esto es lo definitorio( las relaciones de propiedad y todo el arsenal de formas económicas para su realización efectiva, el tipo o patrón de acumulación, el modo de organización de la economía (planificación, mercado), la situación concreta de la división social del trabajo y los cambios operados en esta, entre otros procesos y mecanismos. (p. 2)
Así el PCC emite la “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”. Unido a otros documentos rectores (dígase, “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021” y “Ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030”(, se presentan las bases teóricas y las características del modelo al que se aspira; donde, además de la independencia nacional, la soberanía, la prosperidad y la dignificación humana, se incluye el principio de la sostenibilidad.
Al abarcar las esferas de producción, distribución, cambio y consumo, la actualización del modelo posee como objetivo esencial:
[…] garantizar la irreversibilidad y continuidad de nuestro socialismo afianzando los principios que lo sustentan, el desarrollo económico, y la elevación del nivel y la calidad de vida con equidad. Todo ello, conjugado con la necesaria formación de los valores éticos y políticos, en contraposición al egoísmo, el individualismo y el consumismo enajenante y depredador. (PCC, 2017, p. 4)
Con mayor especificidad, las transformaciones a implementar desde escenarios estratégicos, como política social, aparato socio-productivo, inserción internacional, política de ciencia, tecnología e innovación, infraestructura y medio ambiente, revelan importantes aristas de cambio. De ellas, mantener el carácter socialista de la economía cubana enfocado en la superación del estado de cosas vigente resulta determinante. De ahí que en la nueva política económica se sostenga el principio de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción. La primacía de sus relaciones
[…] condiciona el carácter de propietario común de todos los ciudadanos con respecto a los medios de producción de propiedad de todo el pueblo, lo que establece un sustento objetivo para lograr la identificación y el involucramiento de todos, independientemente de la forma de propiedad o gestión en que cada uno participe. (PCC, 2017, p. 6).
A su vez, el reconocimiento y la diversificación de otras formas de propiedad y gestión económica «[…] parece indicar, aunque no ha sido declarado así, el avance hacia una economía mixta, donde convivan todos los espacios económicos» (Izquierdo, 2017, p. 200). Siguiendo a Espina (2008), Mesa-Lago, Veiga, González, Vera y Pérez-Liñan (2016) y la Oficina Nacional de Estadística (ONEI, 2019), unos pocos datos son suficientes: en 1988, antesala de la crisis, el sector no estatal de la economía concentraba solo el 8 % de toda la ocupación; en 2006 esta proporción alcanzó un 21,5 %; en 2009 representó el 28 % de la fuerza laboral; mientras que en 2018 obtuvo el 31,5 %. Podrían parecer pequeñas proporciones en la lógica de la mayor parte de las economías existentes, pero esto no es así para el modelo de socialismo meramente centralizado vigente en Cuba hasta los años 80. En palabras de la socióloga cubana Espina (2008):
Esta proporción por sí misma implica un cambio de modelo hacia el socialismo multiactoral o mixto, aun cuando en el caso de Cuba este modelo no haya logrado imponerse como estrategia de renovación suficientemente desplegada y que haya funcionado más bien como instrumento de soluciones temporales a una situación de crisis. (p. 2)
La actualización del modelo apunta a una economía que, sin abandonar los preceptos del marxismo-leninismo en el papel asignado al trabajo, la igualdad de sus oportunidades y la distribución equitativa de la riqueza, permite una decisiva participación del sector no estatal integrado a la planificación, con el propósito de eliminar en el plano ideológico «[…] los prejuicios hacia las actividades particulares, en especial el trabajo por cuenta propia» (García, 2011, p. 10).
La propuesta se sitúa en el desarrollo de un tejido productivo diverso, que posibilite desde el complemento que representan esas formas no estatales de propiedad (Espina & Echevarría, 2020) y su relación contractual con el sector estatal (Díaz, 2021), el incremento sostenible de la producción social, nuevas sinergias productivas, y empleos y salarios, como premisas imprescindibles para elevar gradualmente el nivel y la calidad de vida, la realización plena del hombre y sus proyectos de vida. «En consecuencia, es objeto de regulación la concentración de la propiedad y la riqueza material y financiera en personas naturales o jurídicas no estatales, para no permitir que se contraponga a los principios de nuestro socialismo» (PCC, 2017, p. 6).
Otra importante arista relaciona el logro de una armonía entre la centralización necesaria y la descentralización imprescindible, para que la economía funcione por la senda del desarrollo sostenible propuesto y de los intereses de la estructura socioeconómica, política e institucional del país. En este sentido, Sánchez-Egozcue y Triana (2008) enfatizan en el debate asociado «[…] a la relación entre crecimiento, centralización y descentralización. […] Esta es una vieja discusión en la Isla, que se reedita periódicamente, asociada lógicamente a los movimientos pendulares de la regulación» (p. 13).
De la descentralización propuesta se deriva que el Estado haya comenzado a compartir responsabilidades en las esferas de la producción y reproducción de la sociedad en su conjunto, en las inversiones, el empleo, la comercialización y la oferta de algunos servicios (Izquierdo, 2017). A criterio de Escalante (2013), esta descentralización contiene una lógica centrada en la sociedad y no en los individuos, donde las actividades por cuenta propia no se ubican en la lógica del emprendimiento para que el individuo progrese, sino en que el individuo preste un servicio para la sociedad y de él perciba un ingreso.
En contrapartida de este absolutismo se precisa aclarar: es cierto que el proceso de descentralización otorga autonomía a las instancias intermedias y de base en la utilización de instrumentos económicos y en el uso idóneo de facultades y capacidades institucionales y territoriales; no obstante, con el fin de propiciar que todos los actores económicos realicen su actividad de manera que eleven la eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad y los ritmos de crecimiento en función de los objetivos de la sociedad, no se abandona al individuo concreto en lo relativo al logro de su bienestar, satisfacción de necesidades básicas, lucha contra la enajenación, y progreso económico, social y cultural (PCC, 2017).
En ese entendido, Díaz-Fernández y Echevarría-León (2016) consideran al trabajo por cuenta propia (TCP) como forma de emprendimiento que genera a la sociedad cubana variadas oportunidades de empleo, toda vez que se sustenta en la productividad y subjetividad inherentes a las condiciones histórico-sociales del contexto. Piñeiro (2011), por su parte, percibe en ellos importantes espacios para poner en práctica habilidades creativas e intelectuales, desarrollar la innovación, y fomentar las capacidades y actitudes humanas, por lo que las personas se verán a sí mismas como sujetos activos con oportunidad y motivación.
Indispensable entonces la búsqueda de una combinación óptima entre lo social y lo individual; es decir, entre los intereses de toda la sociedad y los individuales. Para ello, la actualización se orienta a la consolidación de la conciencia humanista y revolucionaria que el pueblo logró materializar desde su propio seno en 1959, y que ahora, una vez más sin serle impuesta desde afuera, debe perdurar como transformación endógena de su forma de pensar y actuar para lograr la transformación de la sociedad. Tomando como base la unidad político-ideológica del pueblo cubano, se concibe al ser humano como objetivo principal y sujeto protagónico del proceso de cambio; de ahí que el principio 8 de nuestro socialismo establezca:
El reconocimiento moral y jurídico de la igualdad de derechos y deberes de la ciudadanía y de las garantías para hacerlos efectivos con equidad, inclusión, justicia social, participación política, superación de las brechas sociales, con respeto a la diversidad y el enfrentamiento a toda forma de discriminación por color de la piel, género, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen territorial y nacional, creencia religiosa, edad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana. (PCC, 2017, p. 5)
En este reconocimiento el cumplimiento del ejercicio y la protección de los deberes y derechos individuales y colectivos (en los distintos sectores de la sociedad( desempeña un papel fundamental. En este sentido, el proceso de actualización del modelo cubano se enriquece en 2019 con la aprobación de una nueva Constitución. En tanto norma que establece principios y valores esenciales, esta sostiene, desde 1976, y amplía en su Artículo 1, lo siguiente:
Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. (Constitución de la República de Cuba, 2019, p. 2)
Más allá de tales garantías, la articulación de lo social y lo individual que se viene defendiendo pasa necesariamente por los posicionamientos de las subjetividades individuales y su conversión en sociales. A esta tarea la actualización le brinda especial atención dada la forma histórica en que se ha percibido el proceso de construcción del socialismo cubano; y, con él, el fenómeno de la propiedad socialista, los valores defendidos y el ideal de bienestar. De esta manera, aunque la actualización reconoce diferentes tipos de propiedad, el interés del bienestar colectivo persiste a través de la idea de la propiedad socialista expuesta, en tanto base del poder real de todos los cubanos.
La construcción histórica de un nexo «[…] entre el trabajador (individual y colectivo) y la sociedad, habida cuenta que ese trabajador es también copropietario de los medios fundamentales de producción socializados» (García, 2011, pp. 14-15), si bien ha tenido sus altibajos, no puede perder de vista, en las nuevas condiciones, el giro hacia la superación de lo que creyendo real: «[…] nos ha hecho tan estúpidos y unilaterales, que solo consideramos que un objeto es nuestro cuando lo tenemos; es decir, cuando el objeto representa para nosotros un capital o lo llevamos sobre nuestro cuerpo, lo habitamos, etcétera» (Marx, 1962, p. 85). Con este propósito se insiste en la formación, calificación y gestión integral del potencial humano, en el papel de la familia como célula fundamental de la sociedad, en el desarrollo socioeconómico de las comunidades, en la defensa de las acciones que le competen a la sociedad civil y en una efectiva organización de las instituciones (PCC, 2017).
En lectura de las cuestiones expuestas, la actualización del modelo cubano resume las concepciones esenciales para impulsar el desarrollo socioeconómico del país. De acuerdo con sus particularidades actuales, sirve de guía conceptual para la continuidad de los cambios a producirse, la evaluación de sus resultados y la introducción de las correcciones necesarias (PCC, 2017). Bajo el papel protagónico del Estado y la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, la articulación de las disposiciones expuestas se promulga, por tanto, con el objetivo de consolidar una sociedad segura, justa, cohesionada y solidaria, que se distinga por la equidad proveniente del fortalecimiento del principio de distribución de la riqueza según el trabajo aportado, la consolidación de las conquistas sociales de la Revolución y una mayor participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.
Senderos definitorios de la cohesión social
La idea de que cada sociedad genera una forma particular de cohesión (en caso contrario no existiría( se enriquece con importantes interpretaciones de la literatura científica. La síntesis de la tradición sociológica clásica en una visión comunitarista de la cohesión social encuentra en el grado de consenso de los miembros de un grupo social sobre la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común (Ferrelli, 2015; Torrente, 2015; Carrizo & Rivera, 2012; Solé et al., 2011; Obaya & Vázquez, 2008; Sorj & Tironi, 2007; Ottone, Sojo, Espíndola, Feres, Hopenhayn, León, et al., 2007), una definición que ha cobrado auge durante generaciones.
Desde el contenido de esta visión, la cohesión tiene una relación directa con la intensidad de la interacción social dentro de un grupo determinado, su percepción de pertenencia, la disposición de los individuos a participar en los asuntos sociales y su orientación con respecto al futuro común de la sociedad a la que pertenece. Aceptar la responsabilidad de los individuos como criaturas esencialmente sociales (Montagut, 2011) hace de la cohesión un estado, atributo, sentimiento de unidad, simpatía y fraternidad (Duque, 2008), o característica de una sociedad, cuyas partes contribuyen al proyecto colectivo del bienestar social, lo que minimiza la presencia de conflictos y actitudes disruptivas (Kearns & Forrest, 2000).
En atención a estas propuestas, la fortaleza de los vínculos personales, los sistemas de valores compartidos y la efectividad del proceso de socialización suponen que, para el logro de la cohesión social de un mismo espacio físico-geográfico, no son necesarias aquellas mediaciones externas que puedan perturbar la armonía construida como sustento de la vida colectiva. Notado por Ochman (2016), las políticas social y pública no resultarían prioritarias, dado que las comunidades resolverían los problemas de sus miembros y el papel del Estado se reduciría a empoderarla y a coordinar su convivencia con otras comunidades locales.2 De este empoderamiento se deriva que las comunidades afiancen a su interior el consenso en torno a míni mos normativos y sociales, la responsabilidad hacia el otro, las percepciones y valoraciones colectivas. «Para eso, los actores deben sentirse parte del todo, y con la disposición a ceder en sus intereses personales en aras del beneficio del conjunto» (Hopenhayn, 2007, p. 3).
Más allá de la cohesión como estado cuasi natural, la postura republicana de la cohesión social se distingue por su marcada postura normativa (Barba, 2011). Asentada en la oferta de la sociedad para incluir a los individuos en la dinámica del progreso y el bienestar (Hopenhayn, 2007) y en la intención de salvaguardar las ideas, los valores y las instituciones que dan origen al Modelo Social Europeo y su horizonte deseable de integración (Sorj & Tironi, 2007), se alude a una cohesión que toma como referencia «la cultura de derechos sociales» (Soleto, 2015; Sorj & Tironi, 2007), como característica de una sociedad unida ahora por el ideal ciudadano de equidad, tanto material como simbólica (Ochman, 2016).
Construirla como atributo de las sociedades modernas requiere de una amplia intervención estatal en el desarrollo de estrategias, políticas (social y pública) e instituciones, ya sea para contrarrestar los problemas sociales que la erosionan o para fomentar las condiciones que la favorecen (Mora, 2015). Dicho de esta manera, pudiera pensarse que solo se trata de una responsabilidad estatal; sin embargo, la reiterada emergencia de nuevos procesos y conflictos sociales incentivan la incorporación de otros agentes que, como la familia, las empresas, las comunidades y la sociedad civil, generen sentimientos de solidaridad, y permitan postular fines y responsabilidades comunes que incentiven el tránsito hacia una «Sociedad de bienestar» (Sorj & Tironi, 2007).
Una cuestión latente en esta dirección interroga la posibilidad/imposibilidad de lograr que todas las personas se ajusten a esa sociedad. Por ello una fórmula alternativa se basa en que la sociedad sea capaz de aceptar las diferencias sociales. Esta visión normativa relaciona el logro de un orden social, donde los conflictos sociales son moderados, ya que no pueden evitarse.
La idea de fuerza en esta perspectiva resulta que los conflictos y las contradicciones sociales pueden y deben estar atemperados, pues no hacerlo puede poner en peligro la sobrevivencia de la sociedad como un todo. Se asume así un interés común mínimo: evitar la desintegración de la sociedad (Barba, 2011).
Por su parte, el auge de una perspectiva no normativa o liberal de la cohesión social sienta sus bases en patrones básicos de cooperación y en un conjunto de valores colectivos que funcionan como una estructura de vínculo. Promovida por el modelo estadounidense, esta cohesión no se funda en el Estado, sino en la ética individual y el mercado. Dicho en palabras de Soleto (2015), la sociedad moderna no descansa en la capacidad integradora del Estado, sino en la autonomía de los individuos; y el sistema institucional no se encarga de promover la igualdad, sino de proteger la propiedad privada. Su promesa, por tanto, «[…] no es la igualdad o la fraternidad, sino la movilidad social asociada al mérito y al esfuerzo» (Sorj & Tironi 2007, p. 109).
Al decir de Rifkin (2004, citado por Tironi & Tironi, 2008), la principal diferencia con la perspectiva normativa expuesta radica en el sueño americano, ya que ha puesto desde el principio toda la carga de la responsabilidad sobre el individuo para que haga con su vida lo que pueda en el contexto del mercado. Para esta perspectiva, una sociedad altamente cohesionada no tiene por qué ser igualitaria; de hecho, puede resultar compatible con un estado mínimo, en una economía de libre mercado, en la que, asegurar que todos los ciudadanos se incorporen al mercado, implica un bajo costo para la sociedad (Fukuyama, 1999).
La contradicción en esta propuesta radica en que solo indica la incorporación al mercado, y no a la sociedad (incorporación que de antemano está dejando fuera a los ya pobres(. Superarla, depende, por tanto, de la capacidad de la sociedad de articular lo global y lo local en la socialización de los beneficios para la totalidad del conjunto; de concebir al sujeto como proyecto de vida personal mediante procesos de desmodernización y autorreconocimiento referidos al contexto (Touraine, 1992); y de la construcción de valores compartidos y comunidades de interpretación, que contribuyan a reducir las desigualdades y a permitir que las personas tengan un sentido de que están vinculadas en un propósito común (Maxwell, 1996).
A partir de lo expuesto, se refuerzan dos ideas fundamentales: por una parte, la diversidad de interpretaciones sobre cohesión social, por estar atemperadas a las particularidades de contextos histórico-sociales concretos; y, por otra, la necesidad de referenciar, al menos, una definición operativa de «cohesión», que permita descubrir generalidades teóricas transversales al discurso científico que respalda esa diversidad. En el primer caso, esto se debe a que la cohesión se refiere a la naturaleza de los vínculos sociales (Barba, 2011); es decir, a las características de aquellos vínculos que dependen al mismo tiempo de características sistémicas del orden (socioeconómico, institucional y cultural), al que dan vida el conjunto de los grupos y sus interrelaciones (Sorj & Tironi, 2007). En este sentido, no se trata de modelos paradigmáticos, sino de cuál es el modelo apropiado que resulta de la existencia de determinadas características.
Para la segunda idea (que se desmarca incluso de la inicial(, la cuestión descansa en la ambigüedad conceptual que licúa los contenidos de la cohesión, la falta de consenso sobre su significado o su interpretación desde perspectivas cercanas (Carrizo & Rivera, 2012; Mota & Sandoval, 2011; Villatoro & Rivera, 2007). De ahí que, para el presente artículo, se asuma operativamente:
[…] una comunidad socialmente cohesionada (cualquiera que sea su escala: local, regional, nacional( supone una situación global en la que los ciudadanos comparten un sentido de pertenencia e inclusión, participan activamente en los asuntos públicos, reconocen y toleran las diferencias, y gozan de una equidad relativa en el acceso a los bienes y servicios públicos y en cuanto a la distribución del ingreso y la riqueza. Todo ello, en un ambiente donde las instituciones generan confianza y legitimidad y la ciudadanía se ejerce a plenitud. (Programa URB-AL III, citado por Orduña, 2012, p. 18)
Tal referencia, lejos de cualquier automatismo, intenciona el reconocimiento de esas generalidades, ya que, según Sorj y Martuccelli (2008), sigue estando en juego, desde el punto de vista del valor operativo del concepto, la naturaleza de la cohesión social de una sociedad en función de objetivos determinados. De antemano se trata de una cohesión social en democracia que, en términos de Alexis de Tocqueville (2007), va más allá del acto de gobernar o del conjunto de reglas formales de actividad política: del tipo de sociedad de un sistema social en transición socialista, que garantiza una serie de derechos fundamentales, aspectos éticos y valores vistos como positivos como vía de reconocer y resolver contradicciones sociales, y avanzar en el bien común.
Una generalidad inicial tiene que ver entonces con el papel de los individuos en el ejercicio de una ciudadanía responsable, que reconoce de forma participativa al otro, acepta las diferencias inherentes a la diversidad, y comparte valores y compromisos básicos, al involucrarse en la construcción de un diálogo activo que rechaza unanimidad y homogeneidad para el despliegue de una nueva conectividad social (Godínez, 2013). En síntesis, según Orduña (2012): «Un individuo social no puede obtener por sí mismo todos los recursos que necesita para sobrevivir. Para ello, necesita la ayuda y la colaboración de sus congéneres» (p. 47).
Como secundario aparecen la edificación de una arquitectura institucional como espacio de sentido para la elaboración de políticas públicas, la provisión de servicios, la oferta de oportunidades productivas y el desarrollo de las capacidades individuales. La acción estratégica de las instituciones, en tanto mecanismo intermediario, debe legitimar la representación equitativa del todo, y no solo de alguna de sus partes; de ahí la importancia de contar con instituciones transparentes y Gobiernos que luchen contra la corrupción, «[…] de tener sistemas de justicia más eficientes que materialicen el principio de igualdad ante la ley (justicia) y de dar respuestas eficaces (desde la preven ción)» (Ferrelli, 2015, p. 273) a la situación de inseguridad que enfrentan los ciudadanos.
En este marco, Estado e instituciones sociales resultan responsables de concentrar sus esfuerzos en mejorar la protección de los ciudadanos, al utilizar como vía fundamental la gobernanza participativa. «Ya que, la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones […] es un complemento esencial de la democracia representativa» (Menéndez, 2010, p. 34). Además, porque la participación contribuye al reconocimiento de los individuos como sujetos colectivos, en su derecho a decidir, libre y autónomamente, sobre su desarrollo. «No basta con buscar una solución a los problemas, se trata de encontrar, participativamente, aquella que sea más eficaz, efectiva y viable» (Orduña, 2012, p. 73).
Por último, trasciende por sí misma la permanencia y calidad de la articulación que se logre entre actores e instituciones sociales. Más allá de validar aquello que hacen los Gobiernos, compartir problemas, asumir responsabilidades y crear soluciones, instancias públicas y ciudadanía han de cooperar, juntas, en el logro del bien común. Solo así se pueden enfrentar las tensiones conflictuales de la heterogeneidad contemporánea y avanzar hacia sistemas capaces de crear nuevos mecanismos de inclusión social y participación ciudadana (Ottone, Sojo, Espíndola, Feres, Hopenhayn, León, et al., 2007). De su perdurabilidad dependen las oportunidades reales para cada persona (incluyendo los más desaventajados(, pues no puede obviarse que son las personas y las oportunidades centro de este enfoque (Comisión Europea y Banco Interamericano de Desarrollo, 2006).
Al acotar estas generalidades, la noción de cohesión social se ensancha hasta conciliar crecimiento con equidad, en un marco de respeto pleno a los derechos humanos y de construcción progresiva de la ciudadanía. Cabe, en fin, destacar la cohesión social ya no más entendida únicamente como bandera de la construcción de una nueva realidad social, sino hacia una concepción más amplia de su comprensión y transformación radical. Pero debe hacerse estando contenida desde la esencia misma de un proyecto socio-político que alterne frente al dominio del sistema capitalista actual.
Actualización del modelo cubano vs. cohesión social. Los supuestos teóricos contenidos
No es solo hasta la década de los años 90 del siglo xx que reaparece en la reflexión mundial el tema de la cohesión social. Al emerger en un contexto diferente al de la literatura clásica, la preocupación sobre cómo cohesionar las sociedades, hasta el punto que sus miembros establecen confianzas que les permiten cooperar entre sí, tolerar diferencias y construir una identidad compartida, mantiene su vigencia para las nuevas condiciones.
A pesar de la ausencia de un consenso generalizado, la conciencia de las ciencias sociales que saben que nombrar un fenómeno representa, hasta cierto punto, constituirlo, se orienta para este contexto mundial no solo en la consistencia teórica del concepto, sino también en su capacidad de orientar la acción política. «En otras palabras, se busca una definición persuasiva (es decir, que posea componentes capaces de movilizar la voluntad( y que a la vez ofrezca alguna plausibilidad teórica (es decir, que además tenga capacidad descriptiva(» (Peña, 2008, p. 42). Para el caso cubano, en cambio, la noción de cohesión social se muestra escasamente sistematizada por el debate científico.
Desde la renovación que están mostrando las ciencias sociales cubanas se enfrenta el reto de volver a tener peso en la comprensión de la sociedad. Así, en la producción autónoma del pensamiento nacional con respecto a la comprensión del desarrollo, la vida cotidiana, la sociedad civil, el socialismo, la comunidad, el estado de las ciencias sociales y humanísticas y la intelectualidad, se incluye el estudio de cuestiones patentes como participación, igualdad de oportunidades, reproducción de valores, racismo y generaciones, educación, migraciones, estructura socio-clasista, y en especial, la juventud. El compromiso de ofrecer un producto intelectual sistémico sitúa al pensamiento social cubano en la exploración de aquellos caminos que conducen a la reconstrucción de la integración social, mas no a la definición teórica y la profundización directa de la cohesión.
Conscientes de lo anterior, la cohesión social precisa de un reconocimiento urgente como problemática de investigación para Cuba. Si bien el Proyecto Social Cubano (PSC) se pensó y construyó como proyecto de integración social, las oportunidades que ofrecen los contenidos de la cohesión no pueden continuar siendo obviadas en el contexto actual del país. Al respecto, se defiende la idea de una cohesión social fruto del devenir histórico, cultural y político de las naciones (y de la cubana en sus múltiples oscilaciones(; no obstante, se sabe que la fuerza que aglutina a los miembros de una sociedad entre sí y con la propia sociedad adopta muchas formas, cada una de las cuales apunta a distintas facetas de la vida social (Tironi & Tironi, 2008). Por ello, en las condiciones contemporáneas, la construcción de una forma/idea/manifestación de cohesión social para Cuba queda sujeta a la actualización de su modelo.
A las cuestiones expuestas se añade que la actualización del modelo pretende lograr una configuración general de la economía, que abarca aspectos estructurales y funcionales, y se corresponde con el sistema socialista de relaciones económicas y superestructurales dominantes (Acevedo, Gómez, Pardillo, López & Suárez, 2015). Interpretaciones de la mano de investigadores cubanos y extranjeros3 revelan de esta manera a un proceso de transformación del modelo de reordenamiento político y social iniciado en los años 60, y que adopta una estructura institucional en 1976; o también un proceso de cambio basado en el ensayo-error. No es solo un cambio económico, sino político y social, dirigido a plasmar una visión diferente sobre el modelo (Hernández & Domínguez, 2013).
De naturaleza compleja, multidimensional e integral, este proceso implica, por tanto, más que la aprobación de la población, su participación. Además, precisa del perfeccionamiento, el control efectivo, la experimentación y la rectificación en la gran cantidad de objetivos, tareas y acciones interrelacionadas a desarrollar, y
[…] en la solución de posibles conflictos y contradicciones sobre la base de consensos y acuerdos, con los menores costos sociales posibles, para favorecer la articulación de una creciente integración y cohesión sociales, en un contexto de heterogeneidad de intereses socioclasistas. (PCC, 2017, p. 13)
En fin, resulta clave preservar el consenso interno, a pesar de la rapidez con la que se requiere el cambio (Hernández & Domínguez, 2013).
Manifiesto queda el interés de favorecer la cohesión social; sin embargo, la propia dinámica del proceso como «[…] patrón activo y perfectible, a partir de los avances en la teoría de la construcción socialista y su interacción con la práctica» (PCC, 2017, p. 4), dejan expuesta una cuestión definitoria para esta. En esa realización práctica la cohesión social para Cuba asume múltiples aristas de construcción; porque si el imaginario simbólico de la nación existe, si existe un espíritu de pueblo basado en la independencia, la soberanía y la dignidad humana, y si ello se traduce en una serie de lineamientos políticos concretos, es decir, en una suerte de proyecto-país que liga fundamentos simbólicos con condiciones materiales de este, ¿cómo experimenta el sujeto la cohesión social en circunstancias concretas, localizadas y cotidianas del día a día?
En tentativa de comprensión de tal interrogante, compaginar cohesión social y perfeccionamiento del socialismo cubano requiere de una lectura transversal de ambos, en el reconocimiento de aquellas cuestiones que convergen al preparar u obstaculizar la práctica como escenario de actuación del individuo. Sin aferrar un modelo o propuesta específica, la arista política de la cohesión social se asocia con el funcionamiento eficaz y transparente de las organizaciones políticas (Silvety, Villegas & Aliaga, 2015), el buen Gobierno y la calidad del marco institucional (Menéndez, 2010; Martín, 2008).
Sus principales demandas resaltan el fomento de una nueva cultura política y democrática (Tassara & Grando, 2013), la formación de la ciudadanía (Durán & Machinea, 2007), la publicación y transparencia en las informaciones y en la toma de decisiones (Ferrelli, 2015), la ejecución de las políticas públicas que garantizan la protección social, la preservación del patrimonio cultural y de los recursos naturales (Menéndez, 2010) y el establecimiento de canales permanentes, institucionalizados y estables de diálogo entre las instituciones democráticas y los individuos (Martín, 2008).
Reconocer esas demandas en el proceso de actualización del modelo cubano, parte de garantizar un marco institucional claro y efectivo, que permita la mejor combinación de los intereses y las acciones de los individuos, los colectivos laborales y las organizaciones empresariales con los intereses de la sociedad (PCC, 2017). En ello se declara como fundamental el papel dirigente del PCC; el perfeccionamiento del Estado; sus sistemas, órganos y métodos de dirección; la comunicación social; y la existencia de instituciones, empresas y organizaciones políticas y de masas. En adecuado equilibrio se proyectan las responsabilidades de la familia y las comunidades.
Conforme con el trabajo institucional, la política social es esencial e inherente a todo el modelo (PCC, 2017). De marcada universalidad esta asegura a todos los ciudadanos el acceso a los servicios fundamentales de educación, salud, cultura y deportes; la seguridad y asistencia sociales, así como la defensa ante todo tipo de discriminación lesiva a la dignidad humana. A partir de la centralidad de la equidad como horizonte de la política social, se reconoce la legitimidad de desigualdades y se enuncia, como su propósito, que los servicios sociales sean prestados con calidad y sin igualitarismo (Espina & Echevarría, 2020).
Además, tiene importancia resaltar la orientación a la focalización, cuestión sobre la que insisten investigaciones de Espina (2017), Espina y Echevarría (2020) y Zabala, Echevarría, Muñoz, Fundora (2015), dado el reconocimiento de los procesos de heterogeneidad social, las desigualdades e inequidades propias de la sociedad cubana, la necesidad de transitar del subsidio masivo indiferenciado a una asistencia focalizada y sostenible, y el reforzamiento de los derechos universales desde el territorio con mayores asignaciones en comunidades en desventaja.
Corresponde también a esta institucionalidad «[…] la preservación de la integridad territorial, la defensa y fortalecimiento de la identidad nacional, el patrimonio de la nación, su memoria histórica, la cultura» (PCC, 2017, p. 5); el impulso a los procesos inversionistas, la implementación eficaz de la política y Estrategia Ambiental Nacional, y de la Tarea Vida.4 De su accionar se deriva el ejercicio de todos los derechos y deberes ciudadanos «[…] garantizándose de manera efectiva el control popular, la prevención social, la preservación del orden público, la disciplina social, la tranquilidad y seguridad ciudadanas, y el cumplimiento de la legalidad socialista» (PCC, 2017, p. 11). Asimismo, su organización territorial se aboca al logro de una mayor articulación entre los niveles nacional, provincial y municipal, a fin de potenciar la eficiencia y la eficacia de esa política social en adecuación a las particularidades de dichos niveles. Transversal a la labor descrita está el principio de la participación.
Aunque este es un tema prescrito desde diferentes direcciones, dígase el escenario internacional, la inversión extranjera o de la gestión económica, el énfasis puesto en el involucramiento activo de la población en los procesos de toma de decisiones a los diferentes órdenes de la vida social responde también al perfeccionamiento del trabajo institucional, sus niveles y prácticas (PCC, 2017). De esta manera, la participación de la población ha de contribuir a la solución de los problemas que afectan a cada centro de trabajo o comunidad, lo que permite, al mismo tiempo, la alineación de los proyectos individuales y familiares con el proyecto social. Siguiendo esta línea, la cohesión social deja abierta para Cuba la introspección:
No se trata ya solo de construir sociedades que incluyan a la población tradicionalmente excluida, sino que en muchos casos esta irrupción política implica el rediseño de los propios marcos estatales para favorecer la participación de la mayoría de la población. (Martín, 2008, p. 45)
A fin de potenciar la participación y el orden interior en la esfera social, el Estado socialista y la institucionalidad cubana han de posibilitar un marco de referencia dada la corresponsabilidad en la que asentar las relaciones Estado-sociedad-individuo.
Sin dudas, el cambio institucional queda fijado; empero, el proceso no ha estado exento de deficiencias. La realidad que se concreta a partir del todavía insuficiente cambio en la mentalidad de los funcionarios, las carencias en el sistema legal y de normas, el espacio sobrerregulado heredado, la resistencia burocrática, el inmovilismo en los niveles intermedios y bajos de la administración, y la necesidad de prácticas de Gobierno dialógicas y transparentes a las diferencias, generan respuestas políticas deficientes para el desarrollo de un accionar consciente y comprometido de la ciudadanía. Más que la demora en la implementación, muchos de los lineamientos como plataforma de trabajo consensuado han identificado el qué, y obviado, no obstante, el cómo y el cuándo (Hernández & Domínguez, 2013).
Preparar las condiciones para el desempeño de la vida material y espiritual del ciudadano, el desarrollo de sus capacidades y el estímulo a la creatividad, destaca para cohesión social y socialismo cubano la defensa de la equidad, los valores compartidos y la seguridad, la aceptación y el respeto de la diversidad, el sentido de pertenencia y el enfrentamiento a cualquier forma de discriminación, en la construcción de una sociedad humanista y cohesionada (PCC, 2017), donde las personas se reconozcan legitimidad entre sí.
Para ser más precisos, la cohesión social «[…] se construye en el reconocimiento del otro como un otro legítimo en la convivencia: acepto a los otros como parte legítima de la sociedad. Nos aceptamos mutuamente en nuestro carácter de miembros de la sociedad» (Carnacea, Marques da Silva, Gómez, Castillo, Latorre, Velásquez, et al., 2014, p. 24). Es decir, la cohesión social resulta un tema de legitimidad, pero no ya de legitimidad del orden de los dominantes, como interpretó Weber en su tiempo, sino de legitimidad de los propios sujetos sociales.
La actualización, por su parte, se propone garantizar el puesto de cada ciudadano en la sociedad no como asunto de mera capacidad adaptativa de esta, sino como cuestión de justicia social bajo condiciones de pluralidad; sin embargo, el verdadero reto que ha de enfrentarse y sobre el cual reflexiona Piketty (2015), es la manera más eficaz de hacer progresar en verdad las condiciones de vida de los menos favorecidos, en la extensión de los derechos que se pueden conceder a todos, más que a los principios abstractos de esa justicia.
Elevar el bienestar y la calidad de vida de la población cubana parte de una concepción integradora de objetivos políticos, económicos, sociales y culturales, toda vez que se complementa con la formación de valores, prácticas y actitudes éticas; con la promoción de una cultura que propicie la vocación científica, innovadora y emprendedora del individuo; y con sus necesidades, expectativas y preferencias. Entonces, la actualización enfrenta el desafío de renovar las decisiones que respaldan la implementación del proceso. Triana y Blanco (2021) explican que la selección de esas decisiones depende de la factibilidad, el impacto en los objetivos propuestos y la aceptabilidad de las opciones posibles. Al demandar de un complejo soporte de apoyo, los macro programas, programas y proyectos enunciados5 son determinantes para una exitosa puesta en práctica.
Las condiciones objetivas y la subjetividad del individuo han de corresponderse con el desarrollo integral y pleno de los seres humanos, teniendo en cuenta que:
Los hombres participan del mundo social que construyen y se construyen a sí mismos socialmente, y puede decirse que para que una socialidad sea óptima, y con ella la cohesión social, se requiere de un cierto grado de simetría entre la realidad objetiva -subjetividad colectiva- y la realidad subjetiva. (Torrente, 2015, p. 7)
La construcción consciente de la nueva sociedad incluye, por ende, el logro de un clima de seguridad y orden interior afianzado en el desarrollo de acciones preventivas; la lucha contra la corrupción, el delito y las conductas antisociales; la reducción progresiva de la desigualdad económica y social entre los territorios del país y segmentos de la población; la distribución de la riqueza como expresión concreta de equidad; y como un importante factor motivador para que todas las personas aptas sientan la necesidad de trabajar (PCC, 2017).
Visto así, la aplicación de la distribución socialista con arreglo a la calidad, cantidad y complejidad del trabajo aportado ha de constituir la vía fundamental de satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia; de ahí su justificada presencia como principio del socialismo cubano y como derecho del individuo. Sustentado en la laboriosidad como valor moral cardinal, el proceso de actualización se orienta en el fomento del trabajo creativo y el ambiente laboral sano, a partir de una «[…] adecuada distribución territorial de las fuerzas productivas, que conjugue la dimensión nacional y sectorial con la local y el desarrollo de ciudades y zonas rurales, costeras y montañosas, modernas, ordenadas, prósperas y sostenibles» (PCC, 2017, p. 16).
El énfasis se acentúa en los resultados del trabajo aportado como forma eficiente de síntesis social. El aumento de su productividad se propone en articulación directa con la centralidad del salario (Uharte, 2016; Rodríguez, 2015); ya que, si bien el modelo de socialismo cubano del siglo xx «[…] centró la elevación del nivel de vida de los trabajadores en el consumo social por la vía redistributiva, lográndose una suerte de paridad entre los ingresos laborales y el consumo vía fondos sociales» (García, 2011, p. 13), la remuneración, en las condiciones de la actualización, precisa de un nuevo esquema.
Frente a este imperativo, Rodríguez (2015) plantea la necesidad de recuperar el poder real de compra del salario (una vez frenado por la dinámica inflacionaria(, así como su aumento en trabajadores estatales (teniendo en cuenta la enorme diferencia de ingresos con respecto a cooperativistas y cuentapropistas(. En esa misma medida, García (2011) considera que «[…] los trabajadores cubanos necesitan elevar su bienestar por la vía personal, es decir por la vía del salario y otras remuneraciones para de esta forma comprometerse más de manera directa con los medios de producción socializados» (p. 13) y con la construcción de una sociedad menos igualitaria, pero más justa (Castro, 2011).
Para alcanzar dichos objetivos, el desempeño de la economía cubana suma, además, como premisa fundamental, el perfeccionamiento del sector estatal, y la ampliación y diversificación del sector no estatal. En la nueva ecuación, la planificación socialista continúa siendo la principal vía para la dirección de la economía, mientras que la vigencia del mercado regulado ha de tributar a la satisfacción de las necesidades económicas y sociales, de acuerdo con lo planificado, y sobre la base de que sus leyes no ejercen el papel rector de la vida económica y social del país (PCC, 2017). Buscar una relación más armónica entre ambos contribuye a facilitar el acceso de los actores económicos a insumos, servicios, venta de sus producciones y procesos de toma de decisiones, de acuerdo con los intereses de toda la sociedad.
Igualmente, la clara apuesta por la descentralización como línea estratégica para redefinir radicalmente la extremada centralización de la economía, se dirige ahora a reducir el papel del Estado, no solo en cantidad, sino en calidad (dónde y cómo se sustituye al Estado, se remplaza el verticalismo, se transfiere poder y, sobre todo, se reconocen nuevos actores y nuevas reglas( (Hernández & Domínguez, 2013). En este marco, la empresa estatal socialista y los territorios municipales y provinciales han de contar con mayor autonomía de gestión en el uso de sus utilidades y en el aprovechamiento de sus recursos, respectivamente.
El paso de la centralización a la socialización de la economía conlleva, al mismo tiempo, el reconocimiento cada vez mayor de un sector no estatal, contentivo de diferentes formas de gestión económica y tipos de propiedad. Cooperativas, TCP-emprendimiento, campesinos independientes, parceleros y propiedad cooperativa, de la organizaciones y privada, articulan la diversificación (quizás como nunca( de la economía cubana y sus vías de remuneración, posibilidades de bienestar y prosperidad del trabajador y su familia, la posesión y utilidad de los medios de producción y el intercambio con el resto de la sociedad.
De estas formas, el subsector cuentapropista-emprendedor6 ha logrado una visibilidad en la sociedad desde sus transformaciones, pero también posibilidades, como alternativa potencial para mejorar el nivel de vida de los cubanos, otorgar empleo, y aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) y el ingreso fiscal (Mesa-Lago, Veiga, González, Vera & Pérez-Liñan, 2016). Declarados como complemento de la economía, los actores económicos de carácter privado deben aportar a la identificación y el aprovechamiento de potencialidades productivas y a la satisfacción de necesidades para el desarrollo socioeconómico del país (PCC, 2017).
Propietarios de pequeños negocios de restaurantes y cafeterías, talleres de reparación de automóviles, pequeños productores de calzado y microempresas de oferta de servicios técnicos variados (Espina, 2008), constan como figuras emblemáticas en la reconfiguración del paisaje económico cubano, y en el cambio cultural que su propia existencia supone para la dinámica del sistema social. En este sentido, Díaz-Fernández (2019) considera: «El Estado socialista cubano debe mostrar al mundo una forma de hacer, de establecer alianza con el sector privado, y que ese sector privado se convierta realmente en un aportador a la sociedad» (p. 4).7
El establecimiento de un marco permanente de diálogo entre los agentes económicos y sociales permite entonces un mejor clima para el desarrollo del tejido socio-productivo (Menéndez, 2010), y la generación de oportunidades en el acceso a un empleo de calidad (Martín, 2008) y a los beneficios de un crecimiento económico con equidad (Carnacea et al., 2014). Rehacer el funcionamiento interno del sistema cubano desde esta arista económica de la cohesión social, encuentra en el cuentapropismo un espacio ya sustantivo de la economía nacional.
Pensar la realidad cubana en su complejidad, sin reducirla de nuevo a esquemas preestablecidos por el entendimiento abstracto ni a fórmulas de simplificaciones, encuentra en «cohesión social» una noción de aprendizaje y transformación para el desarrollo integral y social de las personas en particular y de la sociedad en general. De esta manera, es particularmente interesante el acercamiento a la cohesión social desde la actualización del modelo cubano.
Como problemática de investigación para Cuba, no solo el imaginario simbólico de la nación y la proyección institucional derivada de este son pegajosos; también, y sobre todo, los vínculos reales que se construyen. «Esto quiere decir que, en la vida cotidiana, la cohesión social no se recrea en abstracto o discursivamente, sino viviendo experiencias reales de exclusión, integración, efervescencia o declive comunitario» (Tironi & Tironi, 2008, p. 325). Subestimarlas en el proceso de cambio de la sociedad cubana, perdería de vista a un individuo en su experiencia real de vida, debido, en lo fundamental, a la interpretación y el vínculo que de lo territorial emana. De esta manera se puede ahondar en la predicción y los impactos generados por la propuesta de perfeccionamiento actual. Desde esta perspectiva, abierto queda el camino para su debate e investigación.
CONCLUSIONES
Con la llegada del nuevo milenio la sociedad cubana asiste al proceso de actualización de su modelo económico y social. Los cambios que se suscitan al calor de este perfeccionamiento evitan que la realidad de los años 2000 sea vista como un relámpago en un cielo despejado, al considerar que, simplemente, todo se nubló por los efectos de la etapa anterior.
Precisamente en estas condiciones, no pueden obviarse los contenidos y las potencialidades de la cohesión social a partir de los supuestos que transversalizan su discurso científico y de lo que asume tal propuesta de desarrollo socio-económico; a concretar en el país y sus diferentes territorios. Como guía del crecimiento económico y la preservación de las conquistas sociales, este proceso de perfeccionamiento adquiere entonces la notabilidad necesaria para debatir e investigar la cohesión social de una sociedad que necesita transformarse.
Asumir con responsabilidad la construcción de una sociedad cohesionada, más que una idea romántica responde, por tanto, a un imperativo social. La diversidad de sus interpretaciones muestra el fracaso de cualquier intento homogeneizador sobre este propósito y su presencia no únicamente como atributo de las comunidades pequeñas. En un proceso de articulaciones múltiples se insiste en replicar una posibilidad real para que el individuo construya, con/desde sus propias ideas y acciones, una socialidad diferente, una variante actual de transformación de lo social.
La construcción de un nuevo orden social para Cuba desde el proceso histórico en marcha hace suyos los supuestos teóricos que distinguen a la cohesión social. Establecer una manera particular de cohesión para la sociedad cubana responde, desde lineamientos concretos, al perfeccionamiento de un proyecto-país. Fundamentos simbólicos, condiciones materiales, experiencias y vivencias alternativas articulan, por ende, el trance de construir la cohesión social en un contexto histórico-social concreto; desde ahí la clave fundamental para encarar con éxito las amenazas que implica el sistema capitalista actual
