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INTRODUCCIÓN
La responsabilidad social no solamente es aplicada en la empresa privada, sino también a los entes que conforman la administración pública. Y es que la incorporación de la responsabilidad social en la agenda pública, así como en el ámbito de las empresas privadas o sociales, puede ser un factor fundamental para obtener mayores niveles de gobernabilidad (Camacho, 2015).
En relación al Estado, la responsabilidad social no es sólo una función normal como facultad de protección de los intereses y derechos de la población, sino también es una función esencial básica y por demás fundamental del Estado, donde es imprescindible el uso adecuado de los recursos públicos con transparencia (Camacho, 2015).
En este sentido, las organizaciones públicas, tienen que asumir en su gestión la responsabilidad social. En algunos países es evidente que en el servicio público existe ineficiencia, corrupción o impunidad gubernamental. Además, con frecuencia se observa que el factor humano
no es atendido en sus requerimientos de formación, capacitación y adiestramiento; en las prestaciones de seguridad social; en las remuneraciones, y en el reconocimiento a su dedicación al trabajo, ni mucho menos a motivaciones que impliquen desarrollo y superación personal que aliente su desempeño. (Camacho, 2015, p. 21)
Es decir, cuando hablamos de responsabilidad social del Estado debemos relacionarlo con los conceptos de equilibrio, justicia social, equidad y honestidad en la formación de políticas públicas (Camacho, 2015).
A nivel internacional la norma ISO 26000:2010 sobre responsabilidad social ofrece
una orientación armonizada, pertinente a nivel mundial para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo sobre la base de un consenso internacional entre expertos representantes de los principales grupos de interés, y de esa manera fomenta la aplicación de mejores prácticas de la responsabilidad social en los países desarrollados y en vías de desarrollo, así como en las economías en transición. Asimismo, les ayudará en su esfuerzo por trabajar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más. (Camacho, 2015, p. 24)
Por otra parte, desde una perspectiva histórica y actual, la responsabilidad social como parte del orden interno ha traído muchos beneficios a la ciudadanía, ya que se han realizado reformas a través de los agentes del orden, quienes son los encargados de brindar las garantías de la tranquilidad en espacios públicos de un área determinada (Navarro et al, 2017).
En el caso particular de Perú, la Policía Nacional (PNP) forma parte del Estado, y está considerada como una institución donde sus miembros velan por el orden y el acatamiento de las leyes, así como de la seguridad en general para menguar dicha problemática (Ministerio del Interior, 2020).
Su función fundamental es «mantener el orden interno, preservar y conservar el orden público, garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad de las personas y los patrimonios público y privado, así como prevenir y combatir la delincuencia, vigilar y controlar las fronteras» (Congreso de la República, 1993).
Se considera que el orden interno consiste en la tranquilidad, armonía y paz que debe otorgar el Estado para que se cumpla o materialice el orden público, siendo este de total responsabilidad de la policía.
A partir de estos elementos, se plantea como objetivo de la investigación, establecer cómo la responsabilidad social forma parte del orden interno en la Policía Nacional del Perú.
MÉTODOS
El presente artículo tiene un enfoque cualitativo, está caracterizado por ser narrativo, y que está representado como la metodología del diálogo (Otzen & Manterola, 2018). Este método se determina por estudiar la bibliografía; logrando compilar, sintetizar, discutir y examinar los datos obtenidos en los estudios sobre el tema en cuestión (Ñaupas et. al, 2018).
Se hizo una revisión de diversas fuentes bibliográficas, mediante revistas indexadas en bases de datos como Scopus y Scielo, obteniendo un soporte académico en los artículos científicos publicados en inglés y/o español entre los años 2018 al 2022. La búsqueda estuvo dirigida a los temas de referencia sobre la responsabilidad social en la PNP y el orden interno.
Como resultado, se obtuvieron 12 artículos clasificados con relación al tema de investigación, siendo un 66.67 % de la base de datos Scopus y un 33.33 % de la base de datos de Scielo.
DESARROLLO
Antecedentes
Durante la primera mitad del siglo xix, Sir Robert Peel realizó un conjunto de innovaciones fundamentales para el desarrollo de la legislación penal británica. Dentro de estas, se resalta el funcionamiento de la Policía Metropolitana de Londres, la cual es considerada la primera fuerza del orden moderno y que posteriormente, se convirtió en Scotland Yard.
En este periodo se promovió además un cambio en el Código Penal inglés, minimizando la cantidad de sanciones con la pena capital, siendo nueve los principios más destacados en temas policiales, los cuales apostaban por las fuerzas de seguridad del servicio social, desde un aspecto de legitimidad. Es decir, si se respetaban las normas y principios se podía lograr la aprobación de la sociedad. Por esta razón, los policías deben ser fieles a sus principios, logrando obtener confianza y brindar seguridad ante la sociedad en general (Servera, 2020).
La creación del sector policial se encuentra relacionado con dos hechos naturales, el primero es el establecimiento dentro del Estado de un órgano policial situado en la sociedad, el cual utiliza la fuerza legítima ante un territorio. El segundo, es la creación de los procesos de urbanización, creado por la sociedad moderna a consecuencia de la industrialización (Guillén, 2015).
En varios momentos de su historia, diversas circunstancias obligaron al gobierno peruano a declarar el estado de emergencia, donde estuvieron involucradas las fuerzas militares para dar solución a varios de estos problemas de orden interno (Remotti, 2009). Es necesario mencionar que estas medidas que involucran la participación de las fuerzas militares están reflejadas en la Constitución peruana, donde aparecen representadas como medios limitados, determinados y predestinados a reintegrar el orden ante una presentación relacionada con el sistema y las garantías constitucionales (Remotti, 2009). No obstante, en la práctica estas acciones por parte de las fuerzas militares no dejan de generar debate con respecto a los excesos ocasionados que generalmente vulneran los derechos (Remotti, 2009).
La Policía Nacional del Perú (PNP) es considerada parte del Estado como una institución fundada para establecer el libre ejercicio del derecho de los ciudadanos, el precepto interno y el desarrollo de sus actividades diarias (Quiroga, 2019). Dicha institución es jerárquica y profesional, debido a que sus miembros representan el orden, la ley y la seguridad en toda la República, y es de gran relevancia para intervenir en asuntos relacionados al cumplimiento de sus funciones (Ley Orgánica de la PNP, 2022).
Según se refiere en el artículo 166 de la Carta Magna peruana, el objetivo principal de la PNP es mantener, garantizar y restaurar el orden público, brindando amparo y asistencia a los miembros de la sociedad, para otorgar la observancia de las legislaciones y normas de seguridad ante la pertenencia privada y público, por medio de acciones que prevengan, y combatan la delincuencia (Congreso de la República, 1993).
La responsabilidad social y el control interno de la Policía Nacional del Perú
La responsabilidad social se refiere a la obligación que tienen las organizaciones de contribuir al bienestar de la sociedad (Leyva, 2023).
Es necesario destacar que, como parte de la responsabilidad social del Estado, uno de los aspectos característicos y distintivos de la gestión pública es la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos públicos que son administrados (Camacho, 2015).
Diversos autores como Camacho (2015), plantean que algunas formas de responsabilidad social del Estado son la promoción de la participación de la sociedad civil, el fomento y la aplicación de las políticas de responsabilidad social del Estado en todas las organizaciones públicas, como son la inclusión, el género, la igualdad de oportunidades, el empleo, el trabajo formal, la estabilidad en las relaciones laborales, la educación, la salud, la alimentación y el control ambiental.
En este sentido, algunas instituciones han comenzado a plantear estrategias para prácticas de gestión de responsabilidad social en organismos que tienen como objetivo fundamental el resguardo integral de la ciudadanía (Camacho, 2015).
La responsabilidad social se refiere a la obligación que tiene una organización de actuar en beneficio de la sociedad en su conjunto, más allá de sus objetivos y metas comerciales o de otro tipo. En el caso de la Policía Nacional del Perú (PNP), su responsabilidad social implica garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos de las personas dentro del marco de la ley.
Para lograr esto, la PNP debe mantener un orden interno eficiente y transparente que permita a sus miembros cumplir con sus funciones de manera efectiva y responsable. Esto significa que la PNP debe establecer políticas y prácticas que promuevan la integridad, la ética y el profesionalismo entre sus miembros, así como la transparencia y la rendición de cuentas en sus operaciones.
En términos de orden interno, la responsabilidad social implica que la PNP tiene la responsabilidad de proteger y servir a la sociedad, respetando los derechos humanos y cumpliendo con sus deberes de manera profesional y ética.
Ante este contexto, el control del orden interno es una de las funciones principales que tiene el Estado, y donde dicha función es efectuada por el gobierno a través de las fuerzas policiales (Remotti, 2009). No obstante, pueden producirse diversas alteraciones con relación al orden público, que requieren medidas extraordinarias para su ejecución (Basombrío & Rospigliosi, 2021).
Para lograr esto, la PNP debe establecer políticas y procedimientos claros para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y asegurarse de que los oficiales estén debidamente capacitados en materia de derechos humanos, enfoque de género, entre otros temas de importancia. La promoción de la igualdad y la no discriminación también son fundamentales para la responsabilidad social de la Policía Nacional del Perú.
Además, la PNP también tiene la responsabilidad de trabajar en colaboración con la comunidad para identificar y abordar las necesidades y preocupaciones de la población, lo que incluye la prevención del delito y la violencia en todas sus formas. Esto implica la promoción de una cultura de respeto y confianza entre la policía y la comunidad, y la creación de canales efectivos de comunicación y participación ciudadana.
La acción policial está basada directamente en la sociedad, por lo que tiene que estar a la medida de su ciudadanía. Dado que la importancia y desarrollo está basado en un proceso permanente que involucra a todo el medio, es prácticamente imposible establecer de forma efectiva la función policial ante el ciudadano, por lo que la ingrata acción en que los agentes del orden ejecutan sus funciones perjudica a los mismos (Muñoz, 2018).
En los últimos años, la Policía Nacional de Perú actualmente ha evolucionado, desarrollando ciertos niveles de formación, por lo que existe mayor preparación para el avance laboral del policía.
Para mantener la seguridad, tranquilidad y el orden de una sociedad no debe excluirse la percepción y prevención del delito, debido a que en las patrullas se logran tomar medidas para identificar y determinar ciertos delitos, por lo que las fuerzas del orden y la ausencia de peligro siguen siendo agentes fundamentales de la gestión ciudadana en la vida cotidiana.
Los agentes armados motorizados de aspecto aleatorio representan el modelo de un gran instrumento preventivo y de mantenimiento para la seguridad del ciudadano. Es decir, cuanto más numerosas más eficaces (Brotat, 2019).
Es importante también que la PNP debe asegurar que sus miembros estén capacitados y equipados para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la seguridad ciudadana. Esto incluye el desarrollo de habilidades y conocimientos en áreas como la prevención del delito, la gestión de crisis, la investigación criminal y el respeto a los derechos humanos.
Es decir, al promover un orden interno eficiente y transparente, la PNP no solo cumple con su responsabilidad social, sino que también mejora su capacidad para proteger a la sociedad y garantizar la seguridad ciudadana. De esta manera, la PNP contribuye a construir una sociedad más segura y justa para todos los peruanos.
Percepción sobre la responsabilidad social de la Policía Nacional del Perú
De acuerdo a un estudio realizado por el INEI (2020), los ciudadanos perciben que la responsabilidad social por parte de la PNP, que está representado por las dimensiones, factor social, situacional e institucional, es mayoritariamente regular.
Desde este contexto, la mayoría de los ciudadanos también percibe el trabajo de la PNP como regular (Malpartida, 1995). Por ello resulta necesario realizar un trabajo de conjunto con diversas autoridades para mejorar, en beneficio de la población, ciertos indicadores como la criminalidad, inseguridad, violencia, entre otros (De La Colina, 2019).
Igualmente, en el estudio realizado por el INEI (2020) se evidencia que, como parte del orden interno, la dimensión factor social representado por los indicadores ingresos económicos, desempleo, educación y consumo de sustancias prohibidas también es regular.
Asimismo, el factor situacional como parte del orden interno, representado por los indicadores acceso a los servicios públicos, calidad de los espacios públicos y percepción de seguridad, es regular (INEI, 2020).
Mancero (2021) considera que los indicadores situacionales miden las condiciones donde se desarrollan las personas, es por eso, que resulta complejo la medición sistemática y conviene realizar subdivisiones desde los servicios públicos y la seguridad que se brinda a los ciudadanos (Horn, 2022).
Por último, el factor institucional como parte del orden interno, representado por los indicadores recursos financieros, elementos tangibles, infraestructura, vehículos motorizados y cámaras de seguridad, es regular (INEI, 2020).
En cuanto al factor institucional como parte del orden interno, Pareja y Ugaz (2021) señalan que se encuentra relacionado con las dificultades y debilidades que tiene la PNP con respecto a la gestión de riesgos. Este es uno de los factores que incide en que la sociedad no tenga confianza en dichas unidades, logrando un inadecuado desempeño. Por su parte, Rivera et. al (2018) mencionan que los problemas suscitados dentro de la organización traen como consecuencia que el oficial designado no tenga el conocimiento, destreza y habilidad necesaria lo que afecta el desarrollo adecuado de sus funciones.
Por su parte, Fernández et. al (2022) mencionan que los problemas generados en cuanto a los factores institucionales traen consigo la disminución y/o paralización de la productividad en las unidades policiales, generándose problemáticas en los servicios que ejerce.
Considerando los determinantes anteriores, Defensoría del Pueblo (2019) plantea que los patrones de comportamiento están ligados a los factores institucionales referidos a la conducta de la persona. Por lo que, el control interno es una ocupación únicamente policial, que no posee difusión de normas legales (Defensoría del Pueblo, 2019).
En relación a estos resultados, Muñoz (2018) indica que la percepción que tiene la población sobre esta institución está generalmente dada por el personal mismo. Es decir, la ejecución incorrecta de sus funciones afecta directamente la percepción de confianza que posee la población, que a su vez observa que esta institución trata de solucionar problemas superficiales mientras que aquellos que realmente afectan la seguridad de la población se ignoran totalmente.
La acción policial está basada directamente a la sociedad, por lo que tiene que estar a la medida de su ciudadanía. Dado que su importancia y desarrollo está basado en un proceso permanente que involucra a todo el medio, siendo prácticamente imposible establecer de forma efectiva la función policial ante el ciudadano; por lo que la ingrata acción en que los agentes del orden ejecutan sus funciones perjudica a los mismos (Muñoz, 2018).
Así también, respecto al factor social, se ha encontrado que la población lo percibe como regular, hecho que permite inferir que indicadores como los ingresos económicos, el desempeño, la educación y el consumo de sustancias prohibidas afectan en gran medida la responsabilidad social de esta institución.
Ahora bien, respecto al factor situacional, se obtuvo que la población percibe este factor como regular, lo que indica que la institución no garantiza en la ciudadanía las condiciones ideales para su correcto desarrollo. Estas condiciones abarcan el acceso y calidad a los servicios públicos, así como la percepción de seguridad que tienen, que muchas veces se encuentra asociada con el nivel socioeconómico de la localidad.
Es muy común asociar el grado de desarrollo de una comunidad con la seguridad ciudadana dentro de esta, es decir, la percepción de la población sobre su seguridad está íntimamente relacionada con la localidad a la que pertenecen, ya que, según el grado de desarrollo de esta, la persona percibirá mayor o menor seguridad. Sin embargo, es precisamente sobre este aspecto que la responsabilidad recae en el Estado y las autoridades públicas, por postergar las gestiones que necesita una localidad por motivos burocráticos.
Y finalmente, la percepción sobre el factor institucional tampoco es la mejor. La población demuestra a partir de los resultados que no se encuentra satisfecha con la distribución o el manejo de los recursos financieros, que se traduce en los elementos tangibles, la capacitación del personal y la infraestructura que poseen la institución.
Sin embargo, existen ciertas acepciones en las que el Estado altera el control interno y se permiten omitir ciertos derechos, acepciones que requieren medidas extraordinarias para su ejecución (Basombrío & Rospigliosi, 2021).
Así también, respecto al manejo de los recursos financieros, existe la percepción de que mientras mayor sea la cantidad de equipamiento o recursos que posea la institución, como vehículos motorizados, más eficaz será la puesta en práctica de funciones por parte del efectivo policial (Brotat, 2019). Esto se ve afectado muchas veces por problemas de gestión que realizan los directivos de la institución y que trae consigo la disminución y/o paralización de la productividad en las unidades policiales, generándose problemáticas en los servicios que ejerce (Fernández, Pesantes & Uriol, 2022).
CONCLUSIONES
Desde un panorama histórico, el orden interno como responsabilidad de la PNP ha surgido para dar respuesta a la descentralización de aquellos delitos que implicaban sanciones menos rigurosas y que no requerían la intromisión de las autoridades de mayor jerarquía.
La cooperación del ciudadano basada en la confianza y el respeto es fundamental para que el efectivo policial cumpla con sus funciones de manera pertinente. Sin embargo, factores como el desconocimiento de las normas propias de la institución y de la normativa legal, además de la ausencia de capacitación relacionada a las prácticas del efectivo policial, ocasionan que las acciones asociadas a la ejecución de funciones de este efectivo se realicen de manera errónea, haciendo eco en la percepción negativa que posee el ciudadano sobre el efectivo policial y sobre la PNP en general. A esto se agrega la deficiente gestión y manejo de recursos financieros que percibe la población en función de la ausencia de elementos tangibles que los respalden.
En resumen, las fuerzas policiales, deben reevaluar su papel y convertirse en un actor social significativo que visualice y capacite a la sociedad
