ARTÍCULO ORIGINAL

 

Socialismo, mercado y desarrollo en el escenario cubano actual

 

Socialism, Market and Development in Present Cuban Scenario

 

 

Margarita García Rabelo

Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba.

 

 

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RESUMEN

El trabajo tiene como propósito contribuir al debate sobre la necesidad y el importante papel del mercado en la economía socialista cubana en lo adelante. En la investigación se desmitifica la identidad entre capitalismo y mercado -prevaleciente en la teoría económica del socialismo durante mucho tiempo-; se resumen las premisas teóricas de la economía socialista de mercado en China y se valora su trascendencia; se determinan las condiciones que se deben crear en nuestro país para tener en cuenta el mercado y las funciones que este deberá cumplir en lo adelante. Se concluye que ha sido un error negar el mercado, y se asevera que la economía cubana transita hacia un modelo económico que hace compatible la dirección planificada con la acción de la ley del valor, de modo que los factores macroeconómicos y microeconómicos se integran en una visión sistémica del desarrollo, y que la transición hacia el nuevo modelo económico será un proceso gradual, complejo y polémico.

PALABRAS CLAVES: desarrollo económico, dirección planificada de la economía, economía cubana, política económica, transición socialista.

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ABSTRACT

This paper is aimed at contributing to the debate on the need and the role of the market in contemporary Cuban socialist economy. The research work demystifies the identity between capitalism and market - which prevailed, for a long time, in the economic theory of socialism-; several theoretical premises of socialist market economy in China are summarized, and its transcendence assessed; and necessary conditions in Cuba to regard market, and functions to comply with from then on are determined. The paper states the mistake to negate market, and it confirms the fact that
the Cuban economy is driving towards an economic model that fits its planned management with the law of value (to this effect, macroeconomic and microeconomic factors should be integrated in a systemic view of development), and that transition towards a new economic model will be a
progressive, complex, and controversial process.

KEYWORDS: development, economy's planned management, Cuban economy, economic policy, socialist transition.

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INTRODUCCIÓN

En los numerosos Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC, 2011) se afirma que "el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal de dirección de la economía nacional y deberá transformarse en sus aspectos metodológicos, organizativos y de control. La planificación tendrá en cuenta el mercado, influirá sobre él y considerará sus características" (p. 10). Un tema muy polémico durante décadas ha sido la consideración del mercado y su rol en las economías socialistas, por lo que concita numerosas interrogantes. Reviste especial interés el análisis del contenido y la significación de la política económica con respecto al papel desempeñado por el mercado en la economía cubana, así como la relación que guarda con el proyecto socialista que la ha definido hasta el presente.

Desde una perspectiva teórico-metodológica, en la investigación se argumenta la necesidad y el rol del mercado en la economía cubana actual y se enuncian las premisas que deberán crearse para que el mercado ejerza una influencia activa en la economía cubana, así como sus desafíos principales.

El trabajo se ha estructurado en dos partes: en la primera se examina el papel del mercado en la economía contemporánea y su expresión en diferentes modelos económicos (entre ellos, la economía de mercado socialista en China); en la segunda se valoran las premisas necesarias para desarrollar el papel del mercado en la economía cubana y la relación mercado-Estado-desarrollo en las nuevas condiciones.

 

El mercado como pauta universal de relacionamiento entre productores y economías en la actualidad

La producción mercantil surgió mucho antes del capitalismo y se contrapuso a la economía natural de la que emergió y a la que tempranamente superó por sus ventajas y mayor productividad. Con ello se abrieron nuevas posibilidades al desarrollo de la producción y la sociedad en sentido general. El mercado presupone una determinada organización, en la cual las relaciones entre productores especializados e independientes se manifiestan en el acto de compra y venta de los productos laborales. De modo que el reconocimiento social del trabajo se realiza de manera indirecta, en la esfera del cambio y no en la producción, que es donde se incorpora o materializa.

Puede decirse que la producción mercantil (y, con ella, los sistemas de mercado) surge como consecuencia de la evolución histórica de la humanidad, una evolución cultural de miles de años, susceptible a nuevas modificaciones y no eterna, debido a la lógica dialéctica del desarrollo. Vista en retrospectiva, puede comprobarse que ha acompañado a la humanidad hasta nuestros días, pero en cada sociedad -dígase esclavista, feudalista o capitalista- ha estado subordinada a los objetivos específicos del modo de producción en que ha actuado. Ella es, por definición, solo una "forma" y no un "modo" de producción. En el capitalismo adquirió su máximo desarrollo y se convirtió en la forma general de movimiento de las relaciones capitalistas de producción; o sea, el contenido capitalista de esas relaciones reviste una forma mercantil, pero siempre subordinada a la obtención de la ganancia máxima. Las fuerzas dominantes no son los productores mercantiles sino las grandes empresas transnacionales de alcance mundial, cuya actuación socava las bases de la producción mercantil.

Las relaciones de mercado se forman en cada economía bajo la influencia de las relaciones dominantes en la sociedad -económicas y no económicas-, y también las reflejan. Conservan una relativa independencia que les permite influir activamente sobre los resultados finales y la eficiencia, debido a los incentivos económicos que son capaces de ofrecer a los productores más eficientes y proclives a la innovación.

En el escenario actual, el mercado ha devenido pauta universal de vínculo entre productores y economías; es hoy un elemento inseparable de cualquier sistema económico desarrollado, y las condiciones para su existencia dependen, a su vez, de instituciones políticas, económicas y sociales que operan en los ámbitos nacionales y globales.

Al referirse a la globalización Sen (1998) ha expresado que:

Es difícil lograr cierta prosperidad económica sin recurrir a las oportunidades de intercambio y especialización que ofrecen las relaciones de mercado […] El problema central no es la globalización en sí, ni la utilización del mercado como institución económica, sino la desigualdad que prima en los arreglos globales institucionales, lo cual produce, a su vez, una distribución desigual de los dividendos de la globalización.

En cada país, bajo la influencia de las relaciones de producción dominantes en
la sociedad y de las estrategias y los procesos políticos, se establece una modalidad de organización y funcionamiento económico que refleja los acomodos entre el sistema socioeconómico, el Estado y el mercado. La economía convencional reconoce la presencia de varios modelos basados en el predominio de la propiedad privada sobre los activos y la existencia de leyes que someten las transacciones económicas a la defensa de los derechos de la propiedad privada: economía de mercado, economía mixta, neoliberal y social de mercado. Como sostiene Sen (1998), "no hay ninguna economía en el mundo actual que no sea una economía mixta".

Las importantes limitaciones del sector privado para satisfacer ciertas necesidades sociales básicas han dado lugar a que no exista prácticamente ningún país en que el Estado renuncie a ejercer funciones reguladoras en la economía, ni que confiera por entero el deber de enfrentar los problemas sociales al mercado. Entre otros factores, ello se debe al alto grado de monopolización de la producción mundial y a la vulnerabilidad e inestabilidad de las economías capitalistas.

Algunos autores (Stiglitz, 1995) esgrimen como razones para la intervención del Estado la ignorancia de las leyes de la economía; la conveniencia de alterar la distribución de los ingresos resultantes del mercado; la necesidad de estabilización de la economía; la reducción de los costos sociales generados por sus fluctuaciones (por encima o por debajo); y, por último, la existencia de fallas del mercado: por ejemplo, presencia de prácticas anticompetitivas, externalidades positivas o negativas, inexistencia de seguros que prevengan fenómenos de graves consecuencias sociales, existencia de bienes públicos, información imperfecta y mercados incompletos.

El grado óptimo de intervención del Estado en la economía es objeto de grandes polémicas en los países capitalistas (en particular, en los subdesarrollados, por razones de carácter económico, político e ideológico).

Bajo la influencia del estructuralismo latinoamericano, y al calor del escenario internacional configurado con posterioridad a la II Guerra Mundial, prevaleció el criterio de que en economías cuya debilidad es la fragilidad externa el Estado tendrá que encabezar la búsqueda del desarrollo, además de acelerar su crecimiento y la industrialización, hipótesis bien distante de las fallas del mercado identificadas en la tipología convencional.

Ante el fracaso de lo que algunos consideran la variante extrema de economía mixta -el modelo neoliberal- en América Latina, algunos autores han propuesto transitar hacia el modelo de economía social de mercado, que definen como una economía competitiva, orientada socialmente, a partir de un compromiso político nacional que posibilite compaginar dos principios: la libre iniciativa y el avance social, como resultado del rendimiento de mercado (Auping, 1992, pp. 57-58). A juzgar por su formulación, es un intento de reproducir el modelo de bienestar general europeo (del que poco o nada queda en la actualidad). Este modelo ha sido implementado en países exsocialistas, como es el caso de Bielorrusia.

Este y otros modelos económicos revelan que, desde que Adam Smith fundamentó la existencia de la "mano invisible" del mercado para defender los intereses dominantes en la sociedad, y hasta nuestros días, no basta con una sola mano; de hecho, las economías modernas emplean las dos: la invisible de los mercados y otra bien visible, la del Estado.

Nunca antes se había previsto la posibilidad de que para defender el bienestar de la sociedad en su conjunto emergería un modelo exitoso de economía de mercado socialista; por el contrario, se afianzaba la idea de que la producción mercantil era privativa del capitalismo y desaparecería durante la construcción socialista.

En carta a Engels, fechada el 8 de enero de 1868, Marx advirtió que

ninguna forma de sociedad puede impedir one way or the other [de una manera o de otra] que el tiempo de trabajo disponible de la sociedad regule la producción. Pero dicha regulación no se lograría por medio de un control directo y consciente de la sociedad sobre su tiempo de trabajo, lo cual no es posible sin la propiedad social. (Marx y Engels, 1983, p. 199)

Afirmaciones como esta abrieron la posibilidad de que muchos marxistas llegáramos a asumir que la función mediadora del mercado dejaría de ser necesaria en la economía socialista con la instauración de la propiedad social y la dirección planificada a escala de toda la sociedad. Esta premonición no ha sido confirmada por la práctica hasta el presente.

Con respecto a la función del mercado en la construcción socialista, pueden identificarse varios puntos de vista encontrados. Por una parte, el criterio según el cual el mercado presupone inestabilidad y anarquía (características propias del capitalismo) y, en consecuencia, es ajeno al socialismo, sistema para el cual el trabajo adquiere un carácter directamente social como resultado de la propiedad social y la planificación. También se ha considerado que el
subdesarrollo puede ser vencido por medio de la planificación, y que la utilización de incentivos económicos sería perjudicial para la formación de la conciencia socialista -como si esta pudiese formarse al margen y con independencia del modo en que se genera la riqueza-. Mientras, por otra parte, suele pensarse que el mercado contemporáneo, pese a sus muchas manifestaciones de inestabilidad, posee instituciones que lo organizan apoyadas en la regulación estatal. Incluso es asumido como el remedio de todos los males de las economías socialistas, pues de lo contrario no operan criterios objetivos sobre la racionalidad ni estímulos fundamentados.

A pesar de que el mercado no es una forma específica de cambio y circulación inherente a la producción capitalista, y obviando los rasgos esenciales que la distinguen, algunos investigadores advierten una tendencia a valorar la inclusión de mecanismos del mercado en la economía de países socialistas (como es el caso de China, por ejemplo), como si ello significara la renuncia a los ideales socialistas y el retorno al capitalismo. El temor a que esto efectivamente pueda ocurrir ha frenado el desarrollo de las fuerzas productivas de las economías socialistas; ejemplo de ello son las experiencias del otrora campo socialista.

No haber establecido la distinción necesaria entre capitalismo y mercado ha conducido a sobredimensionar de manera permanente el papel desempeñado por los factores macroeconómicos y, consecuentemente, ha dado lugar a la rigidez y centralización excesiva de las decisiones económicas, el voluntarismo económico y el paternalismo, y ha detenido la expansión de los factores microeconómicos y su utilización en beneficio de la sociedad (Hidalgo-Gato, 2012).

 

La economía de mercado socialista

La función del mercado en el ejercicio de la economía socialista se ha expresado en experiencias conocidas por medio de diferentes modelos económicos: de planificación centralizada (o socialismo de Estado), descentralizado, socialismo de mercado (o modelo reformado), y los inicialmente aplicados durante la reforma china: el modelo dual y el dual flexible (González, 1995).

El modelo de mayor significación en la actualidad es el de economía de mercado socialista,implementado en China y también, con ciertas diferencias, en Vietnam. No se pretende que nuestro país copie tal modelo; se trata más bien de reflexionar sobre una experiencia que muestra significativos avances en la capacidad del Estado de gobernar el mercado en favor de objetivos socialistas, así como sobre sus fundamentos teóricos principales.

Los congresos nacionales XII, XIII y XIV del Partido Comunista Chino (PCCh), efectuados en los años de 1982, 1987 y 1992, respectivamente, fueron determinantes por los temas ventilados y las definiciones adoptadas (Díaz y Regalado, 2007, pp. 347-355). A continuación, se presentan brevemente algunas de esas definiciones.

Fue estratégica la definición según la cual el país se hallaba en la etapa primaria del socialismo, cuya duración sería prolongada (alrededor de cien años), y seguiría un camino socialista con particularidades chinas, liberándose así de ataduras respecto a las tipologías soviéticas establecidas con anterioridad. En esta dirección, se consideró errónea la voluntad de asumir la lucha de clases como eslabón principal y se adoptó la decisión de convertir la construcción económica en el centro del trabajo del Partido y el Estado. Se determinó que la principal contradicción de su sociedad estaba dada por las crecientes necesidades materiales y culturales de la población y por el atraso de la producción social, por lo que en lo adelante se consideraría provechoso aquello que favoreciera el desarrollo de las fuerzas productivas, el poderío integral del país y la elevación del bienestar de la población.

Como colofón, el XIV Congreso del PCCh (1992) definió, como objetivo de la reforma, la instauración de un sistema de economía de mercado socialista, propósito que ha sido ratificado en los congresos posteriores. En los debates se clarificó que la propiedad pública sería el pilar sustentador del carácter socialista de la sociedad, y que tanto la planificación como el mercado representarían sus principales instrumentos económicos.

La decisión de que China sería una economía de mercado socialista pretende establecer gradualmente el mercado como mecanismo central de asignación de recursos, propósito que para algunos pudiera ser considerado una herejía. No es de extrañar que algunos de quienes juzgan lo acontecido en China hayan considerado tales decisiones como una renuncia a los ideales socialistas y el retorno al capitalismo, sobre todo porque allí ha surgido una capa de ricos y de muy ricos, a pesar de que no ejercen el control del Estado.

La economía de este país asiático posee una diversidad de tipos de propiedad; entre ellas, la socialista (propiedad pública) ocupa la posición principal: constituye el pilar que sustenta el carácter socialista de la nación, actúa en sectores económicos clave, al tiempo que es gestionada de formas muy variadas e insospechables hasta el momento (como es el caso del régimen de propiedad accionario: la accionalización). Dado el insuficiente desarrollo de su mercado de capitales, China se propuso cerrar la brecha entre el financiamiento bancario y no bancario de sus empresas y, con ello, mejorar la salud del sistema financiero doméstico y disminuir el sobrepeso en los préstamos. El gobierno no ha perdido de vista el principio del control estatal sobre los sectores clave en su economía y ha entendido la adopción del mercado de capitales como un soporte necesario para su crecimiento; todo lo cual refleja la madurez alcanzada y el acondicionamiento gradual a la globalización financiera (Villaverde, 2011).

Al ser definida como pilar y fuerza central de la economía de mercado socialista, la empresa estatal fue sometida a una reforma estructural encaminada a optimizar su actuación en las nuevas condiciones, eliminando una serie de desventajas del diseño prevaleciente: prolongada y pesada carga tributaria, exceso de personal, obligación de prestar servicios de bienestar social a sus trabajadores (incluso pensiones a jubilados), obsolescencia tecnológica y elevado endeudamiento. En consecuencia, se sustituyó la extracción de la ganancia por el pago de impuestos, fueron separadas las funciones empresariales de las estatales, se realizaron algunas operaciones a precios fijados por la oferta y la demanda, y se estableció el sistema de contratos con el Estado. Gradualmente, las empresas empezaron a responder por sus ganancias y pérdidas. Como colofón, se promulgó la Ley de Quiebra (Regalado, 2001).

A partir de 1995, por indicación de Den Xiao Ping, se estableció el criterio de "mantener las grandes empresas y liberar las pequeñas", lo que dio lugar a que el Estado retuviera a 500 de las más grandes firmas del país y permitiera que las menores fueran arrendadas e incluso privatizadas (Yang, 2008). Más adelante, se incorporó el sistema accionario, por lo que el Estado pasó a ejercer el control sobre las acciones sin que ello representase la posesión de la mayoría de estas. Buena parte del éxito de las inversiones extranjeras directas en China se ha debido a la colaboración entre empresas nacionales (de propiedad estatal en mayor medida) y empresas extranjeras.

El modelo chino no ha renunciado a la planificación, la cual debe fijar a nivel nacional y de modo racional las metas estratégicas del desarrollo económico y social. Precisamente, uno de los logros reconocidos en el informe rendido por Hu Jintao al XVII Congreso del PCCh fue el cumplimiento exitoso del X Plan Quinquenal, así como la buena marcha del XI Plan. En su informe, Hu afirmó que el desarrollo de la economía de mercado bajo las condiciones del socialismo ha sido una contribución teórica al desarrollo del marxismo y que el viraje operado en ese país (del sistema de economía planificada hacia el de mercado socialista) ha abierto una nueva situación para el desarrollo de la economía, la política y la cultura. Al mismo tiempo, subrayó el carácter abierto y en constante desarrollo del sistema teórico del socialismo con particularidades chinas (Hu, 2007).

A pesar de los reconocidos logros económicos, políticos, sociales y culturales alcanzados, hay mucho que debatir sobre los problemas que el mercado puede (o no) resolver en China. Algunos autores advierten los riesgos de una visión utópica sobre el papel del mercado:

El mercado no es una panacea capaz de solucionar todos nuestros problemas socioeconómicos. Tampoco es una institución neutral, natural, apolítica y ahistórica […] no es un fin en sí mismo. Más bien es solo un medio de promover el bienestar social e individual. Por esta razón, no debe descartarse ni subestimarse el posible papel de los medios que no son de mercado y la intervención estatal para ese bienestar. (Wang, 2007, p. 84)

 

Necesidad, papel y premisas de la activación del mercado en la economía cubana

El modelo económico cubano vigente hasta el VI Congreso del PCC, a pesar de contar con algunos rasgos propios, es heredero de la experiencia soviética. Basado en la proporcionalidad material, hizo posible que el país emprendiera importantes cambios estructurales como el desarrollo del turismo y la biotecnología entre finales de los años ochenta y principios de los noventa. Los escasos intercambios sobre bases mercantiles con otros países y la desvinculación con el mercado internacional propiciaron la generalización de los métodos administrativos de dirección y control de la economía. Las formas monetario-mercantiles desempeñaban un papel puramente pasivo como resultado de la estatalización de la economía y el alto grado de centralización de las decisiones económicas, no solo empresariales, sino también individuales, como ha sido el caso del racionamiento alimentario y de otros bienes personales, algunos de los cuales no eran susceptibles de operaciones de compra y venta.

Las escasas experiencias de utilización del mercado en Cuba se redujeron, fundamentalmente, al ámbito de la comercialización de bienes de consumo personal, provenientes de la producción agropecuaria llevada a cabo por los productores privados. Los mercados libres de productos agropecuarios que se crearon en la década de los ochenta fueron rápidamente eliminados debido a sus elevados precios, pero fueron reabiertos en los momentos más difíciles del llamado Periodo Especial, a fin de paliar la aguda escasez de alimentos provocada por la crisis de los años noventa.

La producción agropecuaria es, a juicio de varios investigadores de la economía cubana entre los que me incluyo, la actividad económica que ha evidenciado con más fuerza la necesidad de establecer un nuevo modelo económico. Así lo indican las insuficiencias del modelo anterior para elevar el bienestar de la población, su incapacidad para movilizar en beneficio de la sociedad la diversidad de actores que llevan a cabo la producción agropecuaria, los intensos movimientos migratorios desde zonas rurales hacia las urbanas, y el papel de la producción en el desequilibrio externo del país; todo ello en condiciones significativas de superficies de tierra agrícola ociosa o subutilizada. Con razón, especialistas cubanos sostienen el criterio de que "sin un despegue del sector agropecuario cubano es poco probable que el país logre engancharse en una dinámica de crecimiento y desarrollo" (García et al., 2014, p. 24).

La "Resolución Económica del V Congreso del PCC" (PCC, 1997) constituyó una clara evidencia de que en la organización había madurado la idea de una apertura de espacios al mercado bajo regulación estatal. Sin embargo, considero que no hubo la capacidad de llevar a la práctica las decisiones adoptadas. El VI Congreso del PCC marcó un punto de inflexión, en buena medida determinado por la creación de una comisión estatal de alto rango (la Comisión de Implementación y Desarrollo) encargada del proceso de implementación, así como de la creación, a tales efectos, de un programa de capacitación para los directivos. La decisión tomada en este congreso de avanzar hacia una planificación que cuente con el mercado ha sido correcta y medular, y a la vez constituye un desafío: representa dejar atrás el criterio del carácter directamente social del trabajo en la economía cubana. Las metas productivas inscritas en el Plan sobre la base de decisiones administrativas no garantizan la utilidad, racionalidad y recuperación de los gastos de trabajo invertidos en la producción; tampoco permiten advertir ágilmente los cambios en la estructura de las necesidades y preferencias, ni las oportunidades en el comercio internacional.

La economía cubana está caracterizada por la heterogeneidad de condiciones técnico-productivas entre los productores -incluso entre las empresas estatales- y, consecuentemente, son diferentes los niveles de productividad. El aislamiento económico relativo de los productores y, con ello, la no coincidencia de los intereses económicos particulares con los generales se revelan no solo en la producción con destino al consumo interno, sino también hacia el comercio exterior. El órgano de planificación central puede advertir los requerimientos y tendencias principales de la economía cubana, sus ramas y regiones; sin embargo, no tiene la posibilidad de responder al enorme cúmulo de opciones y circunstancias que se presentan a diario en la economía nacional e internacional, ni de conciliar directamente los intereses económicos de todos los participantes en la producción social, tanto en su condición de productores como de consumidores.

Tener en cuenta el mercado es reconocer la necesidad de que este sirva de nexo mediador entre la producción y el consumo. Para ello el acto de cambio debe estar organizado de acuerdo con las leyes de la producción y circulación mercantil y monetaria, y debe reconocer la objetividad de sus categorías (precios, oferta, demanda, competencia, coyuntura, equilibrio) y sus métodos de regulación. La incomprensión teórica de la objetividad de esas categorías, en particular de la competencia, puede dar lugar a la permanencia de prácticas que obstruyan y dañen, a la postre, los resultados económicos (Triana, 2014).

Tocarán al mercado las funciones de influir en la composición del Plan a corto y largo plazos, en lo concerniente a la selección de la estructura de producción, los insumos, tecnologías y surtidos por los productores; inducir a los actores económicos a su cumplimiento; servir de instrumento para la reducción de los gastos; y permitir una vinculación directa entre el nivel de resultados económicos alcanzados por los productores y la remuneración real del trabajo a sus participantes (1).

Contar con el mercado significa que las relaciones dadas en él se hagan funcionales al sistema económico cubano y se desarrollen junto con este para materializar los objetivos socialistas; además, viabiliza el enfrentamiento al déficit interno y el desequilibrio externo recurrentes del país, ya que pone a los productores nacionales de cara a la demanda doméstica y a los mercados internacionales -incluyendo sus precios- y supone otorgarles las facultades necesarias para sacar partido de las nuevas oportunidades -con independencia de que se establezcan acciones de apoyo estatal a los productores-. Para que el mercado cumpla tales funciones es necesario crear una serie de condiciones: independencia de los actores económicos, teniendo en cuenta sus derechos a concluir transacciones y a disponer de los ingresos que restan después de cumplidas sus obligaciones; atribución de productores y consumidores de seleccionar sus preferencias entre los concurrentes y disponer de información previa para ello; y potestad de productores y consumidores, respectivamente, para determinar los precios de sus productos, o para aceptar o rechazar los términos de la operación.

El mercado no se forma espontáneamente y tampoco por decreto, sino que requiere la creación de las premisas necesarias para su acción; supone el reconocimiento de diversidad de formas de propiedad y gestión, en condiciones de igualdad de derechos y concurrencia, al igual que la reducción (a lo imprescindible) de los precios definidos centralmente. Habrá que separar las funciones estatales y empresariales, y la circulación de una única moneda capaz de cumplir con las funciones del dinero, por medio de la cual se expresen los gastos de trabajo y se pueda medir la eficiencia de los productores de manera efectiva. De igual importancia en este sentido resulta la organización de un sistema productivo, comercial y financiero que proporcione diversidad de opciones a los actores económicos, así como el reconocimiento de la condición de productores mercantiles a los nacionales en lo concerniente a sus vínculos con la economía externa. Es necesario establecer una política monetaria que en sus componentes considere un sistema de tasas de cambio económicamente fundamentado y, además, determine los criterios relativos al circulante, es decir, que siente las bases para la realización del producto mercantil.

Las decisiones aprobadas por el VI Congreso del PCC representan pasos importantes en la medida en que están dirigidas hacia la creación de las condiciones y premisas necesarias para que el mercado sea tenido en cuenta en la economía cubana. Entre otras determinaciones implementadas durante el año 2013, y en lo que va de 2014, se registran: la modificación de las relaciones de las empresas estatales con el presupuesto del Estado; la flexibilización de los objetos sociales de estas empresas por la Resolución N.º 134 de 2013 (la Resolución N.º 673 tuvo igual impacto para las cooperativas de producción agropecuaria); los experimentos de nuevos sistemas de comercialización de productos agropecuarios; el inicio de la reestructuración del comercio mayorista; la creación con carácter experimental de numerosas cooperativas no agropecuarias (2); la Zona Especial de Desarrollo Mariel y la promulgación de una nueva Ley de Inversión Extranjera (3); el cronograma para la unificación monetaria y cambiaria; las regulaciones para la venta directa al turismo de productos agropecuarios; la entrada en vigor del concepto de "encargo estatal"; y la aprobación por la Asamblea Nacional de un nuevo código de trabajo (Sánchez, 2014).

La solución de las contradicciones derivadas de la estatalización casi total de la economía se proyecta sobre la base del reconocimiento y la promoción de la diversidad de formas de propiedad, sin que la propiedad pública (estatal) deje de desempeñar el papel fundamental en la economía nacional. El Estado cubano ha tomado la decisión de no administrar más las empresas y ha ido cambiando el modelo de gestión de la propiedad pública (estatal) en importantes ramas como la agroindustria azucarera, la industria médico-farmacéutica y biotecnológica, entre otras. Sin ceder sus derechos como propietario, se propone delegar la gestión a las empresas y mantener la función de control y regulación con métodos fundamentalmente económicos (PCC, 2011, pp. 11-12).

Las transformaciones en este ámbito son indudablemente las más complejas. Muchas empresas se encuentran descapitalizadas y adolecen de obsolescencia tecnológica. El subsidio por pérdidas a las empresas estatales ascendió a 1 828 millones de pesos en 2012, lo que representa el 4 % del total de gastos corrientes del presupuesto. De no existir esas pérdidas, el déficit presupuestario se reduciría a más del doble (Díaz, 2014). A raíz de las nuevas transformaciones, se ha establecido que aquellas que mantengan la condición de no rentables serán cerradas o transferidas a otras formas de gestión. Además, las empresas serán paulatinamente liberadas de funciones sociales como el aseguramiento del pleno empleo, toda vez que el sector cooperativo y privado irá paulatinamente elevando su contribución a este fin. Por medio de las directivas del Plan 2014, se permite a las empresas estatales retener hasta el 50 % de las utilidades, se les libera de aportar el monto de la amortización, se les permite vender a precios de oferta y demanda los excedentes una vez cumplido el encargo estatal, y se eliminan los límites administrativos al salario máximo. En lo adelante, los sistemas salariales de las empresas serán aprobados por las organizaciones superiores de dirección empresariales a que pertenezcan. También podrán disponer de parte de las utilidades después de los impuestos, a cuenta de las cuales crearán fondos dirigidos al desarrollo, las inversiones y la estimulación a los trabajadores.

Las medidas implementadas en el ámbito de las empresas estatales aún no han provocado el ascenso de sus resultados económicos, pero indican en general una senda correcta hacia la autonomía empresarial (Díaz, 2014). La experiencia de la reforma de las empresas estatales en China (Regalado, 2001) y en Vietnam (Tran, 2007) sugiere que en Cuba también será un proceso gradual y complejo. Los cambios en este ámbito son inseparables de otros aún por realizar. Además, a diferencia de esos países, este proceso se acomete en nuestro país sin disponer de financiamiento de las instituciones internacionales, y en condiciones de guerra económica y financiera por parte del gobierno estadounidense. A esto se añaden otras limitaciones, algunas de tipo subjetivo como la existencia de barreras a la administración de riesgos.

 

La regulación del mercado, las funciones del Estado en la economía y el desarrollo en Cuba

Es inevitable la creencia -con influencia neoliberal- de que las fuerzas del mercado, su naturalidad y espontaneidad, son capaces de poner a la economía cubana en un orden perfecto y que bastarían los impulsos de la oferta y la demanda para que disminuyeran los precios. Todo esto es una peligrosa ilusión. Prestigiosos autores internacionales han subrayado la idea de que "no existe ningún fundamento teórico para creer que en las etapas tempranas del desarrollo los mercados, por sí solos, llegarán a resultados eficientes" (Stiglitz, 2004).

La experiencia indica que la rigidez estructural, típica de economías subdesarrolladas como la cubana, puede ser removida con ayuda del mercado, pero a un alto costo social. Por ser un país pequeño, bloqueado por Estados Unidos, sin abundancia de recursos naturales, y amenazado por el cambio climático en su condición de archipiélago, Cuba debe encarar muchos desafíos que no pueden enfrentarse por medio de transacciones mercantiles, por la vía de los precios. Nuestra economía necesita acometer dos tipos de cambios estructurales: no solo los relativos a la organización y el modo de funcionamiento de la economía; es necesario también un cambio en la estructura productiva y el patrón de especialización internacional.

Definido como uno de los objetivos de las transformaciones que actualmente se están implementando (PCC, 2011), el desarrollo demanda la transformación estructural de la economía, desde una concepción que entiende el desarrollo como una clase especial de crecimiento capaz de garantizar que la economía crezca constantemente sobre la base del impulso continuo de sus capacidades, en beneficio de la mayoría de la población. Tales son las premisas que permitirían una inserción internacional sobre bases racionales y eficientes. Traducido al lenguaje contemporáneo, se trata de alcanzar un desarrollo endógeno y sostenible, en lo económico y social, cuyo alcance supone que "el crecimiento y los cambios estructurales deben marchar juntos" (Figueras, 2014, p. 1) y en correspondencia con las oportunidades que muestre la economía internacional.

La transformación estructural deberá reducir sustancialmente el carácter deficitario de la economía por medio de sectores que, según el análisis prospectivo, faciliten su crecimiento a largo plazo, a partir de la capacidad de esos sectores de producir bienes con mayor valor agregado, que puedan ser colocados en el mercado internacional con ganancias favorables a la economía nacional. Semejante transformación no transcurre espontáneamente, sino que es fruto de una intencionalidad nacional sostenida en el tiempo, plasmada en una estrategia de desarrollo a largo plazo.

De acuerdo con la teoría económica neoclásica, el mercado tiene facilidad para alcanzar la eficiencia estudiada por Pareto; sin embargo, su concepto de eficiencia es estático. Para un país subdesarrollado como Cuba, la creación de valor dinámico es tanto o más importante que la asignación de valor estático, en la medida en que implica una ampliación de la frontera de posibilidades de producción y el empleo productivo de factores de producción subutilizados o no utilizados. En el largo plazo caben muchas opciones sobre las que el mercado puede brindar señales, pero por sí mismo, a través de la transferencia de recursos por medio del mecanismo de precios, no puede promover la composición estructural correcta que se corresponde con los objetivos nacionales, y tampoco alcanzarlos en un plazo razonable de tiempo.

El empleo de las relaciones de mercado posibilita movilizar los factores microeconómicos del crecimiento y el desarrollo (el interés económico, la iniciativa personal y colectiva, y la capacidad de innovación) promovidos en el ámbito empresarial, en un proceso que depende, además, de las decisiones tomadas a ese nivel y de la remuneración que llegue a los productores por medio de los resultados económicos alcanzados. A este primer grupo de factores deben integrarse otros de índole macroeconómica, entre los que cabe subrayar la estabilidad, la cohesión social y la asignación de una parte decisiva de los recursos disponibles basada en prioridades de interés público (Hidalgo-Gato, 2012). La primacía de la propiedad pública estatal resulta clave en este proceso, ya que posibilita que el Estado ejerza una influencia en la magnitud de la acumulación y la distribución sectorial de las inversiones a largo plazo (4). Por otra parte, esta forma de propiedad cobra una importancia añadida en la estabilidad macroeconómica y constituye un factor de cohesión social, soberanía e independencia.

Históricamente, ningún país ha emprendido el crecimiento económico moderno sin focalización estratégica. Prácticamente todos los casos de desarrollo económico exitoso revelan la presencia de la intervención e improvisación estatales en una estrategia industrial (5). En el propósito de concebir una estrategia adecuada de crecimiento para los países en desarrollo, el nuevo consenso aconseja incluir la calidad de las instituciones, sobre todo el marco regulatorio, esfera que es competencia del Estado. Por más que se pretenda modificar los incentivos, su efecto dependerá de la creación de condiciones organizativas e institucionales que deben funcionar en la dirección deseada.

En este sentido, se requiere cambiar la noción históricamente formada de entender la planificación como el proceso de asignación de recursos por parte del Estado. De modo que la planificación tendrá que concebirse como síntesis de cinco funciones básicas: prospección, estrategia, coordinación, regulación y evaluación. La prospección para la exploración del largo plazo en todas las dimensiones del desarrollo: económica, social, ambiental, tecnológica y territorial, entre otras; la estrategia para la definición de los caminos y políticas dirigidos al desarrollo, entre ellos, la política inversionista del Estado; la coordinación entre las diferentes políticas e instrumentos; la regulación e institucionalidad que haga factibles los cambios definidos; y la evaluación, por último, de las políticas públicas implementadas, para corregirlas oportunamente cuando fuese necesario.

A juzgar por las definiciones vigentes de la política económica en Cuba (PCC, 2011), el mecanismo de mercado actuará parcialmente en la asignación de los recursos y será un medio de realización operativa de las determinaciones del Plan. No está previsto que los recursos naturales, las empresas estatales e instituciones educacionales y de ciencia y técnica puedan ser objeto de compra y venta. Las medidas en curso están orientadas a fomentar los mecanismos indirectos de planificación para manipular las condiciones de mercado a través de políticas fiscales, monetarias, sectoriales, entre otras -aunque no debe descartarse que sirvan de base para la proyección de regulaciones futuras.

 

A manera de resumen

Negar el papel que desempeña el mercado y la acción de la ley del valor ha sido uno de los errores del socialismo. La humanidad hasta el presente no ha podido sustituir la producción mercantil por otra forma de organización y, en el escenario de la globalización, la economía cubana tampoco puede proponérselo. En la medida en que el mercado desempeñe un activo papel en la economía, contribuirá a la sostenibilidad económica y social del país. Las decisiones del VI Congreso del PCC representan, por un lado, un punto de giro en relación con la idea según la cual el mercado es enemigo del socialismo y, por otro, intentan establecer los grados de compatibilidad entre la regulación consciente de los procesos económicos y sociales y la acción de la ley del valor.

No se trata de que el mercado comience a gobernar la sociedad cubana, sino de hacerlo funcional al avance socialista, toda vez que el Estado socialista es el dueño de los medios fundamentales de producción y puede concebir un sistema de dirección de la economía capaz de trazar los marcos de acción del mercado para no dejarla a su libre albedrío. Pero su propósito no se reduce a mantener el orden del mercado y la estabilidad macroeconómica; el Estado debe enmarcar la economía en una estrategia de desarrollo a tono con los intereses de la mayoría, disponiendo de un arsenal de instrumentos que aventajan al mercado, cuya miopía en el largo plazo ha sido reconocida por muchos teóricos.

El sistema teórico de construcción socialista en Cuba no puede darse por concluido; debe estar en constante desarrollo. Por ello, está llamado a ser repensado y actualizado sobre la base de la vinculación con la práctica, y debe estar alejado de la llamada "bibliolatría". Hoy se comprende, por ejemplo, que la noción de planificación históricamente configurada -sobredimensionada en el pasado- no es el único instrumento de dirección de la economía.

Una visión sistémica del desarrollo requiere que los factores macro-económicos del crecimiento y el desarrollo se integren, y se refuercen con otros relativos al ambiente microeconómico, ligados a los intereses económicos de los participantes en la producción social y a las decisiones de los agentes económicos (en especial, a las millones de decisiones individuales que a diario se adoptan, y permanecen ocultas detrás de las variables macroeconómicas, como es el caso del PIB). El universo de intereses económicos, conocimientos, capacidades y actitudes de los participantes en la economía socialista cubana resulta difícil de atrapar en esas macromagnitudes. La transición del sistema de planificación centralizada vigente hacia otro que tenga en cuenta el mercado y sus características demorará cierto tiempo. No es un proceso espontáneo ni consensual, sino complejo y, sin lugar a dudas, generador de contradicciones; supone un prolongado aprendizaje y una legitimación del empleo de métodos predominantemente económicos, indirectos.

Dadas las condiciones históricas, el modelo cubano proyectado en los Lineamientos… (2011) puede considerarse, en lo inmediato, como un modelo de socialismo con mercado. El mercado no será el mecanismo de asignación de los recursos por excelencia, pero sí comenzará gradualmente a influir en tales determinaciones, y contribuirá al cumplimiento del Plan, a la reducción de los gastos y a la distribución con arreglo al trabajo. En este sentido, son numerosos los retos que la economía deberá enfrentar en los próximos años. Hay que tener en cuenta que el modelo multiactoral, con diversidad de formas de propiedad y gestión, supone el abandono progresivo por el Estado de los métodos administrativos de influencia sobre los actores económicos, con el fin de sustituirlos progresivamente por otros, fundamentalmente económicos, para que puedan articularse y complementarse productivamente en beneficio de la sociedad en su conjunto. A tono con ello, hay que lograr la rearticulación de los nexos entre el trabajo, los ingresos y el acceso al bienestar; la renuncia al igualitarismo; y el movimiento de los ingresos de los trabajadores a la par de los resultados económicos obtenidos. Se trata de un proceso complejo y requiere un aprendizaje para atenuar los riesgos del mercado y perfeccionar las redes de protección social existentes.

Elevar la cultura económica de los funcionarios del sector público y de los empresarios (estatales o no) constituye una exigencia para asimilar y poner en marcha los cambios en el modelo económico cubano. Paralelamente, se requiere el desarrollo de un sistema de indicadores económicos (nacionales y territoriales) apropiado para evaluar el desempeño en términos de valor, monetario-financieros.

De las empresas estatales dependen, en buena medida, las exportaciones, los ingresos laborales de la mayoría de los trabajadores, así como el suministro de materias primas, energía y otros insumos al resto de las formas no estatales de propiedad. La reforma estructural en este ámbito resulta vital, pero difícil de alcanzar al unísono en las más de 3 000 empresas estatales existentes, dada la limitada capacidad financiera del país.

Se requiere concentrar la atención del proceso de reestructuración del sistema empresarial estatal en las empresas económicamente más fuertes y con mayor capacidad para influir en el crecimiento de la economía, con el objetivo de dotarlas de un modelo de gestión específico que les permita desplegar sus potencialidades y cumplir sus misiones. Para el resto de las empresas estatales habrá que aplicar todo tipo de variantes de formas de gestión y de propiedad, incluso su privatización.

La transformación del modelo de gestión del sector agropecuario deberá combinar las relaciones de mercado y de no mercado a fin de reconocer a los participantes, de manera efectiva a todo lo largo del ciclo, su condición de productores mercantiles. La transformación en este sector debe incluir, además, acciones de apoyo gubernamentales encaminadas, por un lado, a enfrentar el bajo nivel tecnológico prevaleciente y la débil infraestructura productiva y habitacional de algunas zonas rurales, y, por otro, a elevar la cultura económica en el sector. Elementos comúnmente poco considerados hasta hoy, como el enfoque territorial de las transformaciones agropecuarias y el papel de la familia rural, adquieren particular relevancia en el presente.

 

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RECIBIDO: 10/2/2013

ACEPTADO: 17/3/2014

 

 

Margarita García Rabelo. Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico:[e-mail]

 

NOTAS ACLARATORIAS

1. Durante largo tiempo existió la idea de que la distribución con arreglo al trabajo estaba garantizada, fundamentalmente, por una escala salarial única del país. Sin embargo, prácticamente todo el consumo personal estaba normado; era una distribución igualitaria.

2. Una investigación reciente da cuenta de que, desde diciembre de 2012, fecha de aprobación de las normativas legales para su constitución, y hasta mayo de 2014, se habían aprobado 498 cooperativas no agropecuarias en todo el país (Piñeiro, 2014).

3. La nueva ley supera a la anterior por su mayor transparencia y menor grado de discrecionalidad respecto a los procesos de aprobación, amén de contemplar incentivos fiscales (Pérez, 2014).

4. Este rasgo también estuvo presente en proyectos acometidos en países capitalistas del Sudeste asiático.

5. El calificativo "industrial" se emplea en un sentido amplio de desarrollo productivo y no limitado a la industria.