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INTRODUCCIÓN
La acción de las fuerzas políticas de derecha en América Latina es expresión de las particularidades que adquiere la disputa multidimensional por el poder en el imperialismo del siglo XXI, en medio de lo que se ha identificado como el rápido deslizamiento de la concentración del ingreso y la riqueza hacia la concentración del poder político. Un proceso que se ha revelado con la aparición y consolidación de formas de operación política excluyentes (Suárez-Cao, 2013) que inciden directamente en el acceso de la sociedad a recursos de poder (derechos, participación política, cargos políticos y demás) (Braig, Costa y Göbel, 2015) en el marco del funcionamiento y evolución de los sistemas políticos (Navarrete, 2016).
En este contexto los objetivos de la derecha no se han limitado a obtener votos a través de la participación política. Sus propósitos se han diversificado hacia la dominación de la sociedad y el Estado, incluso más allá de la fuerza política que esté en el gobierno. Ganar las bases sociales, subjetividades, imaginarios, espacios social-políticos e institucionales de organización y participación, los territorios de gobierno local y nacional, constituyen metas que trascienden la otrora intención o apuesta de ganar votos para ocupar posiciones de poder.
En América Latina, el contexto en el que se ha producido la incidencia de la derecha en la diversidad de elementos culturales, de organización, movilización y representación de las sociedades latinoamericanas y desde los que opera su sistema político, se ha definido en el debate académico como una situación de pugna, forcejeo (Hernández, 2016) o flujo y reflujo (Regalado, 2018) entre las fuerzas progresistas o de izquierda (en la gama de alcances que esta representa hoy en el continente) y la derecha, en medio de su proyecto de reconfiguración neoliberal (Bárzaga, 2017).
En tal escenario, las victorias políticas de la derecha en los últimos cuatro años se han producido a través de diversas vías que han puesto de manifiesto la diversificación de los actores, objetivos y medios que se han empleado en la disputa geopolítica hemisférica, así como el alcance de la contraofensiva imperialista. Esta última, entendida como la estrategia, el conjunto de acciones implementadas por las élites de poder latinoamericanas (incluyen los sujetos de poder político, económico, académico y religioso) articuladas a las estadounidenses y otras de alcance internacional, para hacer frente al cambio geopolítico que emergía de las múltiples fuerzas de izquierda en gobiernos, territorios, espacios de concertación política e integración regional, ha ido «ganando terreno» a través de diversos modos de acción, entre los que sobresalen:
Golpes parlamentarios como los implementados a Fernando Lugo en Paraguay (2012) y a Dilma Rousseff en Brasil (2015).
Construcción de consensos con victorias electorales, a través de los cuales llegaron a la presidencia Mauricio Macri en Argentina (2015), Sebastián Piñera en Chile (2017), Iván Duque en Colombia (2018) y Nayib Bukele en El Salvador (2019).
Procesos judiciales para inhabilitar políticamente a líderes e impedir la reelección de las fuerzas de izquierda en los gobiernos, como los implementados contra Luis Inacio Lula Da Silva en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador.
Ajuste de leyes para limitar, cooptar o eliminar la acción de partidos y sindicatos, como espacios de organización, representación y movilización política de la sociedad, por ejemplo, a través de leyes electorales y reformas laborales.
Asesinato de líderes de izquierda y represión de la protesta social, amparados en su criminalización como parte de procesos para «perfeccionar» las leyes y mecanismos de gestión de la seguridad ciudadana. En este punto se une la demonización de la protesta social como regulador ético de la misma, desde criterios del bien y el mal promovidos por denominaciones religiosas que se constituyen en actores políticos.
Ajustes programáticos e institucionales, presentados como perfeccionamiento de modos de gobierno y gestión de progreso, desde los que se ha debilitado la posibilidad de continuidad de proyectos de izquierda, aún con la fuerza política en el gobierno.
La «red de redes» en acción para legitimar la actuación de la derecha. Articulación de instituciones regionales como la Organización de Estados Americanos, las fuerzas militares y policiales, los espacios de representación y el enlace de organizaciones e instituciones de la sociedad, como los Comités Cívicos, y las iglesias, en función del golpe de Estado para eliminar a la fuerza de izquierda del poder ejecutivo, ganado por vía de elecciones.
Con el objetivo de contribuir al análisis de este fenómeno, el presente trabajo se propone analizar los fundamentos o bases de la capacidad de acción de esta derecha, al profundizar en sus modos de organización, líneas, mecanismos e instrumentos de trabajo. En función de ello, por lógica analítica, el artículo se estructurará en dos partes. En la primera se evaluarán los modos de organización de la derecha y su capacidad de articulación; en la segunda se profundizará en las líneas de trabajo, los mecanismos y los instrumentos de acción que han movilizado para incidir en el cambio político en la región.
1. LA DERECHA: MODOS DE ORGANIZACIÓN Y ARTICULACIONES
La organización que ha revelado la acción de la derecha en América Latina revela los resultados graduales de un proceso continuo, acumulativo, de articulación de las élites de poder y sus respectivos instrumentos de dominación en dos niveles. El primero, referido a la alianza entre organizaciones y partidos de derecha a nivel regional, hemisférico y transnacional. El segundo, que revela las relaciones que se establecen entre la derecha, el capital transnacional y los gobiernos imperiales, en especial el de Estados Unidos.
Del primer nivel, la Unión Demócrata Internacional, la Unión de Partidos de Latinoamérica que incluye las articulaciones con actores estadounidenses, en especial con el Partido Republicano, a través del Instituto Republicano Internacional y otros centros de pensamiento, y la Organización Demócrata Cristiana para América Latina (ODCA), constituyen ejemplos de los enlaces entre partidos de derecha de Estados Unidos, Europa y América Latina que han sido funcionales para construir estrategias de dominación y subversión político-ideológicas en función de ajustar las condiciones políticas y sociales en cada país para garantizar las reformas en interés del mercado-capital. Por ello, se identifican en lugares diversos formas de hacer que solo se ajustan según los contextos histórico-concretos, pero presentan muchos elementos de base en común. Por ejemplo, operan a través de espacios donde se integran:
El ejercicio analítico para la deconstrucción de las bases teóricas de la ideología de las fuerzas de izquierda (especialmente del marxismo).
La caracterización y clasificación de cada uno de los partidos de izquierda en función de desacreditarlos, junto a la campaña mediática contra sus gobiernos y líderes.
El llamado a la formación de movimientos ciudadanos o partidos desideologizados, nutridos desde universidades, tanques de pensamiento, iglesias, como actores efectivos del cambio hacia el «progreso» y la «democracia».
La promoción de acciones de protesta social que, a través de manuales o videos, incluyen orientaciones precisas para cada caso: protestas contra gobiernos, votación en procesos electorales, entre otros.
En el segundo nivel de articulación, las redes de intervención desplegadas en América Latina desde los años ochenta del siglo xx (Robinson, 2008) muestran las interrelaciones que se establecen entre actores gubernamentales y no gubernamentales estadounidenses vinculados a los objetivos de ese país en la región; y actores latinoamericanos de los entornos nacionales donde se intervienen, influyen, cooptan procesos de gestión de desarrollo, seguridad, democracia y gobernabilidad, etc. De esta forma, trabajan el contenido de los cambios que promueve la derecha desde una diversidad de espacios y sujetos que multiplican los alcances de su acción.
A estas redes se integran actores gubernamentales y no gubernamentales de los Estados Unidos para capacitar, asistir, financiar en países de la región comunidades, gobiernos locales y nacionales. Las acciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), el Centro Internacional de la Empresa Privada (CIPE), direccionadas hacia el empoderamiento comunitario y la promoción de académicos para incidir en la proyección de estrategias de desarrollo de gobiernos nacionales y locales, es una muestra de ello. En igual sentido, se destaca la inserción de académicos y tanques de pensamiento que estudian nuestras sociedades y construyen fórmulas de cambio a la medida en cada caso, así como de instituciones financieras regionales o internacionales para financiar y consolidar su orientación técnica, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Las corporaciones transnacionales también han estado presentes en estas redes. Su incidencia se ha revelado en la diversidad de espacios en los que se despliega su acción como parte de la legitimación ideológica y política de los cambios propuestos, desde la construcción de opinión pública por las corporaciones mediáticas, hasta el fortalecimiento de la cultura del emprendimiento, el empoderamiento productivo, con la participación de corporaciones como Walmart1 en «Modelos de desarrollo rural».
Durante el gobierno de Donald Trump y desde los avances que logró la derecha hemisférica en la administración de Barack Obama, se promovió -como parte del esquema de intervención- el despliegue de una red de gobiernos engrosada por aquellos países en los que la derecha fue retomando el poder ejecutivo. Desde esta red se articuló el Grupo de Lima, en función de aislar diplomáticamente a Venezuela, un instrumento también aplicado contra Cuba en la década del 60 del siglo xx y al que se recurre -junto al uso de instrumentos financieros perfeccionados- en las guerras económicas y el bloqueo en el siglo xxi, como método de asfixia ante la resistencia mostrada a la implementación combinada de todos los demás mecanismos de intervención ya mencionados.
Por último, pero no menos importante, está la inserción de las fuerzas militares en este esquema. El Comando Sur, por ejemplo, promueve desde el año 2017 el despliegue de una red de redes y articula las ya existentes, como modo más efectivo para hacer frente a los desafíos de los Estados Unidos en la región, y desde el año 2018 destacan, en tal sentido, los pronunciamientos de sus altos mandos que remarcan los valores, ideas e ideales como importantes objetivos de su acción (Comando Sur de los Estados Unidos. Consorcio para Las Américas, 2017).
Para estos propósitos, ya se han ensayado, al menos, dos importantes líneas de acción con resultados de efectividad probada por esta derecha hemisférica con raíz global, enfocada en cooptar valores, ideas e ideales:
La disputa de sentidos, dirigida hacia las bases racionales y éticas de la orientación de la conducta humana, de la construcción de las apuestas individuales, familiares y sociales en términos de proyectos de vida y sociedad.
El secuestro, la toma de instituciones, leyes, políticas públicas, formas de gobierno para institucionalizar la dominación político-ideológica y la subversión con base cultural. Una línea de acción, a partir de la cual se promueven ajustes en leyes e instituciones a fin de inhabilitar o reprimir por «vías legales» a líderes y movimientos sociales que no resulten convencidos ni cooptados a través de los modos antes esbozados.
Desde ellas, la derecha ha promovido la instalación de un modelo cultural pro-neoliberal como condición necesaria para la reestructuración, el reajuste e integración de los mecanismos de poder (económicos, políticos, ideológicos, culturales, jurídicos), así como su subordinación a las exigencias de los procesos de concentración del capital, la riqueza y el poder político a escala global. En tal sentido, el trabajo con contenidos que orientan importantes procesos de gestión en aras de introducir los cambios o ajustes necesarios en cultura, racionalidad, institucionalidad y legalidad para consolidar el modelo de gestión de mercado inherente al despliegue de las relaciones de producción capitalista a escala global en el contexto imperialista del siglo xxi ha sido funcional para combinar seducción con coacción, según se requiera, en aras de eliminar de forma radical cualquier oposición presente -o en futuro potencial- al sistema capitalista de dominación.
2. LOS MEDIOS DEL CAMBIO: DISPUTA DE SENTIDOS E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DOMINACIÓN Y LA SUBVERSIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA DE BASE CULTURAL
La disputa de sentidos, entendida como el proceso de apropiación y reconstrucción del imaginario social en función de incidir en la orientación de la conducta individual, así como de los proyectos de familia y sociedad a los que apuesten los hombres y mujeres que la conforman, ha sido trabajada en su función de dominación por múltiples autores (Fabelo, 2013; Stolowicz, 2017). La utilización de instrumentos de legitimidad racional y moral en función de este objetivo no es de reciente data; tiene una historia a través de la cual se han diversificado y perfeccionado sus modos de acción.
Como parte de ello, la utilización de los procesos consustanciales a la gestión del desarrollo como espacios de disputa de poder, de sentidos, de colonización y dominio político-cultural -mediante el despliegue de acciones concertadas y articuladas de la derecha hemisférica, el capital transnacional y el gobierno de los Estados Unidos a nivel territorial, nacional y regional- ha mostrado cómo incorporar de forma subordinada y manipulada los espacios de organización, movilización y acción social al esquema de reproducción ampliada del capital y su fundamento ideológico-cultural. Para estos fines se ha trabajado con organizaciones de gestión de desarrollo comunitaria, instituciones de los gobiernos, universidades, entre otras.
La promoción de una base social asociada al interés de la economía y el mercado, la desideologización de los móviles del comportamiento social en función del progreso, así como la promoción del liderazgo de empresarios y religiosos han constituido vías para cooptar la acción de movimientos social-políticos y populares como actores geopolíticos en la disputa, construcción y el ejercicio del poder. Diversos son los ejemplos de cómo esto se ha concretado con formas que varían desde las asociadas a la llamada ideología del emprendimiento consustancial al neoliberalismo, articulando a gremios empresariales, corporaciones, tanques de pensamiento, agencias del gobierno estadounidense; hasta las que han promovido la denominada Teología de la Prosperidad, desde la acción de iglesias y organizaciones no gubernamentales (ONG).
En El Salvador -en el contexto de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)- se destaca la implicación de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS) en el Modelo de integración de esfuerzos para el desarrollo rural. Como parte de este -que opera desde instrumentos como la planificación participativa en aras de «empoderar» a las comunidades en la solución de sus problemas y la gestión de sus desarrollo- la USAID, el BID, la corporación Walmart y Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES)2 (2014) «acompañan y orientan» al pueblo organizado en el cumplimiento de sus objetivos. A través de financiamientos y procesos formativos, asociados a una intensa influencia mediática, se produce un proceso de influencia en los valores, concepciones y actitudes políticas de este sector social que fundamentan sus apuestas por el progreso y que coincide con la disminución de su voto por el FMLN a nivel territorial (alcaldías). Un proceso que culmina en la derrota presidencial de febrero del 2019 (Vázquez, 2018).
Siguiendo esta misma línea, la derecha venezolana, con fines instrumentales, modificó progresivamente sus modalidades de gobierno y actuación política, ajustándose al nuevo sentido común chavista. Por ejemplo, Henrique Capriles, siendo gobernador del Estado Miranda y como parte de su estrategia para penetrar los sectores populares, aplicó políticas comunitarias como banderas de disputa simbólica al chavismo en su propio terreno (Vollenweider, Ester y Fréitez, 2017). Sobre estas bases, promovió la interpelación popular al gobierno, al tiempo que capitalizó políticamente los beneficios y apoyos materiales que él mismo brindaba para el fortalecimiento de un poder alternativo al capital.
En el trasfondo de los procesos ejemplificados, la presencia del gobierno de los Estados Unidos se ha revelado a través de los análisis de su política exterior, especialmente en la acción hacia el «fortalecimiento comunitario», muy a tono con la política estadounidense de comunicación estratégica y su propuesta en América Latina y el Caribe para el cambio social, que estuvo respaldada, desde el gobierno de Obama, por la aprobación en el Congreso de esa nación de nueve iniciativas en torno al impulso a las oportunidades económicas y sociales. Su verdadera intención fue: potenciar la capacidad de injerencia de los Estados Unidos sobre la sociedad latinoamericana y caribeña desde la promoción del «empoderamiento productivo», cooptando la acción social y la articulación de la sociedad civil al reducir su papel al de consumidores o fuerza de trabajo, a través de la redes de la promoción de pequeños negocios y el fomento de emprendimientos económicos dirigidos a mujeres.
En esta misma línea, desde un contenido que relaciona causalmente la prosperidad material con una buena o mala relación con Dios (Piedra, 2005), se ha promovido el Evangelio de la Prosperidad, prédica religiosa que ha aportado en dos sentidos a los objetivos de la derecha. El primero, a la consolidación de la noción del emprendimiento como solución a los problemas económicos del individuo y su familia, ante un Estado que no puede resolverlos por sus carencias morales (corrupción). El segundo, a la demonización de partidos de izquierda y sus líderes, así como de la acción de protesta social cuando es contra los intereses oligárquicos, imperiales y de mercado. El caso de Brasil es sustancial, si se trata de mostrar cómo ha operado esta fórmula, sin embargo, en uno u otro sentido, también ha estado presente en Argentina, Costa Rica, Chile y Ecuador.
La acción de estos segmentos evangélicos tiene sus lazos probados con Estados Unidos a través de lo que se ha denominado, desde la década del 70 del siglo xx, la nueva derecha cristiana. Constituida en actor político nacional desde este tiempo e insertada en las estrategias de dominación política y subversión que se implementan desde la política exterior de los Estados Unidos, su acción ha sido destacada como sustento de planes intervencionistas hacia lugares como Iraq, Argelia, Marruecos, Egipto, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Palestina, entre otros países. Más allá de lo concerniente al mundo árabe, se añade también Japón, África, Europa, India y China. En el caso de Iraq, por ejemplo, el extremismo religioso se convirtió en elemento esencial de la geopolítica del Cercano Oriente, promovida con el apoyo de la Casa Blanca, el Congreso y la CIA (Pérez, 2017).
Aunque su presencia en la región data de los años 60 del siglo xx, ha ido creciendo y perfeccionándose su acción a partir de su propio desarrollo como fuerza política e instrumento de dominación en las condiciones antes descritas. Tampoco debe soslayarse su despliegue como emporio económico que multiplica sus posibilidades de acción, ni la capacidad de vincular los procesos de proselitismo religioso y político. En algunos países -como Guatemala, Puerto Rico y Colombia- la fuerte presencia de megaiglesias y ciertos movimientos denominacionales ha causado que iglesias más pequeñas se conviertan en franquicias (Namnún, 2015).
Durante el gobierno de Donald Trump, la presencia de esta fuerza política religiosa ha sido más visible. Este hecho se reitera desde las administraciones de Ronald Reagan, pasando por George W. Bush hasta hoy, a partir de su alianza con el Partido Republicano que, según David Harvey, formó parte del despliegue social-político para promover el proyecto neoliberal en los Estados Unidos en el contexto de la crisis de acumulación de capital que se registró en la década de 1970. Esta crisis constituyó una clara amenaza política a las élites económicas y las clases dominantes en los países de capitalismo avanzado: Italia, Francia, España, Portugal, y en los que se hallan en vías de desarrollo: Chile, México, Argentina; en tanto extendió el descontento y la unión del movimiento obrero y los movimientos sociales a gran parte del mundo capitalista, y parecía apuntar hacia una alternativa socialista, al compromiso entre el capital y el trabajo que había fundado la acumulación capitalista en el período de la posguerra (Harvey, 2007).
En función de enfrentar una crisis de legitimidad como esa, la construcción de fórmulas a la medida en América Latina, durante lo que ha transcurrido del siglo xxi, se ha realizado con el apoyo de diagnósticos sociales en los que han cooperado múltiples actores, en muchos casos a partir de las funciones técnicas que realizan para cumplir su objeto social o su objetivo político.
En estos procesos cabe destacar el rol de las fuerzas militares estadounidenses, especialmente a través de las Operaciones Militares de Apoyo a la Información (MISO, por sus siglas en inglés) definidas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Como parte de ellas se planifica la transmisión de información y de indicadores seleccionados hacia las audiencias foráneas con el objetivo de influir en sus emociones, motivaciones, razonamiento objetivo y, finalmente, en la conducta de individuos, grupos, organizaciones y gobiernos extranjeros (Operaciones Militares de Apoyo a la Información, 2011).
Las MISO han incidido en los procesos de influencia política cultural para el cambio social-político y han aportado a la profundización del conocimiento de la sociedad latinoamericana, a la determinación de los públicos metas -aquellos favorables para la inserción y propagación de mensajes-, a la conformación de estrategias para ello, así como a la medición de su impacto y ajuste. Su acción se inscribe en el modelo de comunicación política por el cambio cultural. La incidencia de este modelo en los procesos de cambio político regional se ha visto acrecentada por las posibilidades que ofrecen las redes virtuales, como espacios de despliegue de lo que se ha denominado la acción de la territorialidad virtual, sitio donde se insertan on-line medios de comunicación, corporaciones e iglesias que se han levantado como factores de triunfo en las elecciones presidenciales ganadas por Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Bukele en El Salvador.
Las estrategias para incidir en «territorio virtual» con otros canales de penetración y otras formas de «militancia» han sido favorecidas en América Latina por las políticas desplegadas por los Estados Unidos en el período del que se trata, especialmente las enfocadas en los planes de fortalecimiento comunitario a través del desarrollo de infraestructura y la implementación de programas de entrenamiento tecnológico (Portal, 2015).
Desde estos espacios la campaña mediática contra gobiernos y líderes de izquierda se ha sustentado en la construcción de una matriz de opinión pública que, en líneas generales, promueve cuatro líneas de mensajes:
La izquierda, en el gobierno o no, es incapaz de generar el progreso, no está apta para gobernar ni técnica ni moralmente.
El sistema de partidos, como espacios de representación política de la sociedad en función de garantizar los cambios necesarios en el gobierno, es inoperante, especialmente por la corrupción de la clase política.
La autogestión es la opción para el ciudadano, en aras de buscar alternativas de desarrollo individuales y familiares que el gobierno no puede garantizar. El empoderamiento individual, desde el desarrollo de sus capacidades, se presenta como la clave para generar ingresos y bienestar.
Los empresarios, cuyo éxito ha mostrado la capacidad para gestionar economía, progreso y bienestar, deben ser los encargados de dirigir los gobiernos para resolver los problemas de la población. En igual sentido, se promueve a líderes religiosos como patrón de conducta moral y a los militares como garantía de seguridad.
Estas nociones se han integrado a los mecanismos utilizados en función del cambio de concepciones, valores, ideal social e identidad política, trabajados a través de objetivos de corto, mediano y largo alcance desde las redes de intervención, desde las cuales se han realizado llamados a formar movimientos ciudadanos supuestamente desideologizados que vayan «más allá de la política» y se han promovido «líderes» empresarios y religiosos (especialmente neopentecostales), así como tanques de pensamiento, tanto gremiales como empresariales e instituciones internacionales en la base del ejercicio de la política. Como ejemplos de estos casos se pueden mencionar:
El partido de Macri en Argentina, con el emprendedurismo y el voluntariado como valores partidarios dominante, un discurso «postideológico», estética festiva y un liderazgo propio de un team leader empresarial. Con estos elementos, renovaron ese espacio político y accedieron a electores históricamente esquivos a él, lo que incidió en la victoria de las elecciones presidenciales de 2015 (Vommaro, 2014).
La presencia de partidos con representación directa de neopentecostales o aliados a la derecha en Brasil, Chile, Costa Rica, posible desde el incremento de la población latinoamericana identificada con esta religión (Pew Research Center, 2014). Una expansión relacionada con EE.UU, su nueva derecha cristiana vía tele evangelistas desde fines del siglo XX y la participación en la tercerización del trabajo social en América Latina en el siglo XXI.
Los empresarios en funciones políticas de gobierno en Argentina, Chile, Colombia y El Salvador.
Algunas instituciones, que no forman parte de las estructuras desde las que el gobierno cumple su rol, se incorporan al ejercicio de las funciones de este. Por ejemplo, tanques de pensamiento nacionales e internaciones articulados con instituciones internacionales han promovido el cambio de contenidos de proyectos de izquierda en países como Ecuador, donde se destaca la acción articulada de la Heritage Foundation con universidades ecuatorianas, el FMI en pro, primero del cuestionamiento de los logros del gobierno de Correa y luego de la promoción de los «cambios necesarios» para lograr realmente el progreso.
La implementación de las formas y planos de acción antes referidos ha requerido dotar a la derecha de cuadros políticos y técnicos de gestión. En tal sentido, debe destacarse la labor de ONG y tanques de pensamiento en la construcción de liderazgos competitivos electoralmente, así como de fórmulas de organización y construcción de consensos que han demostrado su efectividad para debilitar los gobiernos y esmerilar su base de sustentación (Barriga, 2016).
La configuración de una red transnacional que vincula dichos tanques pensantes también aporta a la articulación de lenguajes y discursos con cierta pretensión de homogeneidad para objetivos políticos y económicos comunes a la derecha a nivel regional, hemisférico e internacional. A través de estos, la derecha latinoamericana obtiene elementos para la configuración de estrategias políticas y comunicacionales, así como una fuente de financiamiento y de recursos humanos (Grassetti y Prego, 2017).
En tal sentido, se destaca su incidencia en el ejercicio analítico para la deconstrucción de las bases teóricas y metodológicas de la ideología de las fuerzas de izquierda, transitando por varias etapas que abarcan desde la corporativización del conocimiento, hasta el denominado capitalismo académico. Con sus antecedentes en el despliegue del proyecto neoliberal en los Estados Unidos desde los años 80 -contexto en que se realizó una importante orientación de la producción de conocimientos en un vínculo cada vez más estrecho con procesos políticos en interés del mercado-, en América Latina este proceso ha resultado en la transformación de matrices de investigación, así como del currículo de las universidades. De esta forma se ha eliminado progresivamente la presencia de contenidos con una visión crítica del capitalismo y sus procesos de desarrollo, en nombre del perfeccionamiento de la ciencia y de su utilidad para atender los modelos concretos de gestión social (Gibert, 2017).
El positivismo ha servido de sólido escalón para el replanteo del rol de académicos y universidades, ha entrado en la corporativización del conocimiento de matriz estadounidense e incrementado los actores de la construcción de fórmulas para el cambio político-cultural, ajustadas a la medida de cada contexto histórico-concreto. Constituyen ejemplos de tal modo de acción la caracterización y clasificación de cada uno de los partidos de izquierda en función de descaracterizarlos; la construcción y promoción de modelos de desarrollo local, rural, utilizando símbolos, elementos discursivos y prácticas propias de la izquierda en pro de la identificación y el compromiso social, pero refuncionalizándolas para beneficio de la derecha y el capital; además de la asesoría a la formulación de políticas públicas, el ajuste de leyes, el «fortalecimiento de instituciones» y el «perfeccionando» de formas de gobiernos.
En esta última línea de trabajo, la institucionalización de la dominación política y la subversión -definida como la incorporación de instituciones, leyes, políticas públicas y formas de gobierno a los instrumentos de trabajo para la cooptación de la sociedad civil o la eliminación de aquellos que como parte de la misma persistan en oponerse al sistema- es una de las formas más peligrosas y sutiles, a través de la cual opera hoy la dominación política y la subversión. Como parte de esta institucionalización, la utilización de actores y espacios de gobierno -mediante el manejo de contenidos que, en nombre de su eficacia técnica y su validez científica, son esgrimidos como idóneos para perfeccionar su gestión-ha sido realizada en América Latina desde redes de intervención que han incorporado y articulado los múltiples actores que, desde los años 80 del siglo xx, operaron como parte del proyecto Democracia en Centroamérica, junto a los insertados de manera creciente durante el siglo xxi en torno a los proyectos de «prosperidad y seguridad».
Las formas a través de las cuales se da este proceso se distinguen a partir de los contextos histórico-concretos y las características de los sistemas de poder económico y político que existen en los países donde actúa, pero su matriz general de despliegue opera en torno a cuatro áreas de acción: ajustes legales, fortalecimiento institucional, modernización de políticas públicas y perfeccionamiento de formas de gobierno.
Los procesos de ajuste legal han sido utilizados para acotar, moldear y reprimir -en caso necesario- la existencia de espacios de organización, movilización, representación política; en suma, del ejercicio de derechos de participación política por la sociedad. La reforma laboral en países como México, Chile y Brasil ha sido utilizada para delimitar la existencia y acción de los sindicatos; así ha logrado debilitar las posibilidades de interpelación de trabajadores y gobiernos frente al capital.
En países como México, Colombia y Ecuador, las leyes electorales han resultado en la fragmentación de la organización política, así como en la delimitación del reconocimiento y financiamiento de los partidos como condición de su existencia y modo de acción (Vázquez, 2019). Las leyes de seguridad pública han sido puestas a la orden para la criminalización de la protesta social, al amparo de las iniciativas de seguridad promovidas por los Estados Unidos en la región, englobando mecanismos y acciones que tienden a imponer un concepto de seguridad regional, en virtud del cual el control militar y policiaco se hace cargo del conflicto social (Salinas, 2017).
En el mismo sentido, los procesos de fortalecimiento institucional que han acompañado a los ajustes legales han cerrado el marco para el despliegue de la judicialización de la política, en aras de boicotear la concreción de proyectos de desarrollo en función del pueblo, así como inhabilitar políticamente a líderes con posibilidad de mantener y consolidar proyectos de país que hagan posible su generalización. Así, al amparo de las iniciativas de seguridad y los Tratados de Libre Comercio se garantiza la eliminación física o la inhabilitación política de aquella parte de la ciudadanía que no fuese posible cooptar.
La Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, por ejemplo, ha incluido, entre sus propuestas de acuerdos:
El combate a la corrupción, insertando la investigación y persecución penal de funcionarios públicos sobre los que pesan acusaciones verificables.
La implementación de reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de las fiscalías y los sistemas judiciales.
Desde estas perspectivas, el «desarrollo institucional» y el fortalecimiento del Estado de Derecho, entre otras iniciativas aparentemente benignas, han sido reveladas en una perspectiva contrapuesta por los cables del Departamento de Estado, filtrados desde Wikileaks en 2010 y 2011, que muestran cómo los diplomáticos estadounidenses implementaron métodos consolidados de intervención interna «suave», a través del potenciamiento de los programas de asistencia de Estados Unidos, los préstamos multilaterales y las subvenciones para la «promoción de la democracia».
La eliminación de fuerzas de izquierda, a través de las modalidades de intervención institucional antes referidas, se complementa con procesos de modernización de políticas públicas mediante los cuales se «domestica» la sociedad latinoamericana. En tal sentido, se destacan las políticas de inclusión ciudadana que suponen la promoción del consumo como base de superación de la pobreza, al promover el acceso a los créditos y la educación financiera correspondiente, diseñada desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) e incluida en el currículo escolar oficial, desde el preescolar hasta el final de la enseñanza secundaria (Stolowicz, 2017).
Por otra parte, en México y Chile se identifican políticas públicas, específicamente las relativas al desarrollo social, con un discurso común que tiende a forjar una cultura con un rol determinado para el ciudadano, acorde al patrón del proyecto neoliberal y como parte del trabajo para forjar un «sentido común» que permita el funcionamiento de la sociedad neoliberal en la práctica (Ortiz, 2014).
Como fundamento conceptual de este proceso, la autogestión del desarrollo al estilo neoliberal se ha definido como la práctica que desarrolla la ciudadanía, ante la inacción del Estado, pero que consiste solamente en la capacidad para resolver problemas, procurarse opciones de desarrollo, pero no en la alteración de las estructuras jerárquicas del poder o en la toma de decisiones políticas que salgan de los márgenes impuestos por los propios gobiernos en función de ello (Ortiz, 2013). La interpelación, como práctica de cuestionamiento, solo se promueve en contextos con proyectos no afines a los intereses de mercado y, en especial, de los Estados Unidos en la región. Es en este punto donde el CIPE articula la capacitación para la sociedad civil con el objetivo de promover su intervención por el cambio social desde la subversión político-ideológica.
En Argentina, la labor del CIPE en la capacitación y difusión alrededor de temas como desarrollo, democratización, formulación de políticas públicas, anticorrupción, reformas jurídicas y regulatorias, asociaciones empresariales, gobernanza corporativa, gobernanza democrática, acceso a la información, sector informal y derechos de propiedad, se realizó con el objetivo de incidir en la formación de opinión pública y la praxis política para movilizar sectores importantes de la sociedad civil, como mujeres y jóvenes, en función del cambio social. Con estos presupuestos, se ha identificado un proceso de construcción de hegemonía de relativo éxito, basado en la creación de consenso alrededor de políticas públicas apalancado por la acción del gobierno y las corporaciones de Estados Unidos (Minella, 2017).
Los resultados electorales de Argentina en el año 2015 constituyen una muestra de la eficacia de la proyección articulada de esta institución hacia la sociedad civil, los partidos y los gremios empresariales por el control político de los gobiernos y la sociedad. En Bolivia, país donde existe hoy la mayor presencia de entidades articuladas al Centro Internacional de la Empresa Privada (2017), coincidentemente, se produjeron en el año 2018 protestas contra los Ministerios de Salud, Seguridad, Educación y luego de la victoria de Evo Morales, en las últimas elecciones presidenciales, se activa una red cívico-militar-imperialista en aras de su destitución.
El debate alrededor de la pertinencia de las políticas y programas que se han intentado aplicar en Venezuela, inherentes al despliegue del poder popular; en Ecuador, con las medidas relativas a los medios de comunicación; en El Salvador, con el tema seguridad; entre otros, forman parte de esta línea de acción. Esta disputa persigue eliminar la posibilidad del real empoderamiento del pueblo organizado en el ejercicio del gobierno, a través de su incidencia en la solución de los macroproblemas que afectan a la nación; mientras, de otra parte, se favorece la inserción directa de los empresarios y sus gremios como actores protagónicos de tales espacios de gestión.
En función de estos objetivos, tres de los cuatro pilares de la política exterior estadounidense se orientaron a incidir sobre la sociedad civil y los gobiernos: el impulso a las oportunidades económicas y sociales, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento efectivo de las instituciones de gobernanza democrática (Castorena, 2017). Y como parte de este último, los programas de gobierno abierto y lucha contra la corrupción han facilitado esta acción, por la forma en que se han aplicado (Vera, Rocha y Martínez, 2015). La manera en que se han trabajado ha resultado, según las investigaciones sobre el tema, en una forma de gobernación a través de la cual ONG, asociaciones de negocios, uniones de comercio, entre otras, han dirigido sus formas de cabildeo hacia instituciones gubernamentales locales, nacionales y transnacionales (Vallejos et al., 2009).
En este marco se ha identificado la acción articulada de instituciones aliadas al CIPE, instituciones internacionales como el FMI, tanques de pensamiento como la Heritage Foundation, medios de comunicación, gremiales empresariales, embajadas, para incidir en el ajuste del ejercicio del gobierno y la institucionalidad, incluyendo contextos de gobiernos de izquierda en los que no se declara como objetivo eliminar el sistema, el socialismo, sino «perfeccionarlo». De esta forma, los procesos de dominación-política y subversión pueden ser promovidos incluso sin cambiar los actores que legitiman la acción desde su condición de izquierda, ajustando y trabajando los contenidos.
La corporativización de la política y del gobierno se ha expresado desde la «colaboración» de las gremiales empresariales con las funciones de gobierno, por ejemplo, a través de la participación del Consejo Superior de la Empresa Privada en la propuesta y aprobación de la reforma de pensiones en Nicaragua; en Colombia, al asumir la presidencia Iván Duque y con vistas a determinar sus futuras líneas de política exterior; pero también ha trascendido a los espacios de supuesta integración para garantizar la seguridad y el progreso en la región. La participación de varios representantes de los sectores privados estadounidense y latinoamericano, socios internacionales (Canadá), agencias de cooperación mexicanas y estadounidenses e instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo en la II Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, celebrada en Washington entre 11 y 12 de octubre de 2018, constituye una señal de ello (Chaves y Lajtman, 2018).
CONSIDERACIONES FINALES
Los alcances que ha tenido la acción de la derecha en América Latina se revelan, por una parte, en la capacidad para apropiarse de imaginarios, reconstruirlos y adecuar a diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil a sus modelos de gestión y procesos de disputa por el poder, especialmente, a través de la acción territorial, real y virtual; y por otra, en la capacidad mostrada para legalizar la cooptación y la coacción, indistintamente, a través del trabajo con leyes, instituciones, políticas públicas y formas de gobierno.
Entre los logros del primer caso se han destacado la existencia de una cultura neoliberal que hasta ahora se ha propagado de manera exitosa (Ortiz, 2014); el despliegue de un sector popular que no pretende cuestionar o destruir al capitalismo, sino más bien es funcional a su reproducción, participa del mercado de manera dinámica aunque no sea parte de los circuitos hegemónicos (Zegada, 2014); así como en la capacidad para incorporarlo, alineado a la derecha en las disputas por el poder político, cuando se trata de gobiernos con intereses y proyectos no afines a los intereses del capital (Argirakis, 2018).
En el segundo, se ha destacado la capacidad para incidir en el ajuste de las formas de gobiernos, leyes, instituciones, todo lo requerido para continuar asentado las bases para la injerencia, para la dominación de la sociedad civil y el Estado. En especial, debe enfatizarse en los medios implementados para dominar al Estado, a través del supuesto perfeccionamiento de las formas de gobierno que, con el objetivo declarado de potenciar redes de colaboración entre gobierno y sociedad civil, privilegian la inserción de gremiales empresariales, así como tanques de pensamiento que responden a los intereses de estas últimas, en la construcción de modelos de gestión de importantes programas sociales. Se potencia así el uso de matrices racionales e instrumentos técnicos, supuestamente efectivos para obtener seguridad, progreso y democracia a nivel social. De esta forma, no importa si la fuerza de izquierda está en el poder ejecutivo, lo conveniente y efectivo desde las matrices teóricas del capitalismo global puede secuestrar el rumbo del proyecto político y económico-social, si no hay un pensamiento crítico articulado a los programas de transformación que contribuya a decantarlas y ajustarlas.
Lo anterior es una muestra de que en el entorno del nuevo modelo de acumulación capitalista y del imperialismo en el siglo xxi, el conocimiento no solo se ha incorporado como elemento esencial de valorización en la reproducción ampliada del capital, también se inserta con igual significación como variable determinante en la disputa por la hegemonía, en el ajuste de las condiciones que necesita el sistema para desplegarse sin obstáculos, expandir y ampliar su poder, ahora en un sistema multidimensional. No en vano F. von Hayek, considerado entre las bases teóricas del neoliberalismo, refirió que el liberalismo siempre dejó a los socialistas la tarea de fabricar utopías y que el socialismo debió a esa actividad utópica gran parte de su vigor y de dinamismo histórico; por lo que el liberalismo también necesitaba construir utopías liberales (Foucault, 2007).
Los avances en tal sentido han estado asentados en los ajustes a los mecanismos de poder que han acompañado al despliegue del capitalismo global. Como parte de estos se ha destacado el anclaje de su ejercicio por los grupos dominantes en procesos ideológicos y culturales, así como su expansión a un número indeterminado de sitios, que lo ha hecho más disperso y multidimensional (Robinson, 2011). A ello se unen los roles que adquieren el Estado y la sociedad civil en el imperialismo del siglo xxi: el Estado Neoliberal, con proyecciones de política exterior y alianzas internacionales al servicio de los intereses del capital, al que se vinculan las instituciones internacionales y la sociedad civil como actor protagónico o subordinado -indistintamente, según la clase social de la que se trate- a las disputas por el poder.
En esta última línea se ha trabajado desde una estrategia fundamentada en el conocimiento de la sociedad y la acción en aras de ganar su compromiso para garantizar el dominio de lo político en la era de la «pospolítica». La inserción gradual de corporaciones transnacionales y sus gremiales como actores directos de la política, los presidentes empresarios, las gremiales en la formulación de políticas públicas, las corporaciones en la gestión de planes de desarrollo local-rural, la vuelta al neoliberalismo, la polarización socioeconómica y el alineamiento político de la sociedad alrededor de las disputas de poder del capital son resultados de procesos en los que aún urge profundizar.
