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[...] la élite [el régimen] puede cambiar bajo la influencia de un ejemplo o una incitación de las élites extranjeras que le brindan sus garantías.
El descontento popular del régimen anterior aquí no aparece como la premisa inicial del golpe, sino como una condición favorable, no más.
Alexánder Panarin
INTRODUCCIÓN
Los escenarios de las movilizaciones políticas en el antiguo espacio soviético, llamadas colectivamente «revoluciones de colores», se probaron por primera vez a finales de los años ochenta del siglo xx en los países de Europa del Este y Central. En Checoslovaquia, Hungría y Polonia, ante el fondo de sentimientos antisoviéticos y, más tarde, del colapso de la URSS, fueron dirigidas con destreza las llamadas «revoluciones de terciopelo», es decir, golpes de Estados no violentos (Novopashin, 2007; Postnikov, 2010; Kulikova, 2013). El proceso de unificación de Alemania en 1990 también puede ser atribuido a estos acontecimientos.
El espacio postsoviético tampoco se apartó de las «revoluciones de colores»: Revolución de las Rosas en Georgia (2003), Revolución Naranja en Ucrania (2004), Revolución de los Tulipanes (2005) y Revolución de los Melones (2010) en Kirguistán, Revolución de los Acianos en Bielorussia (2006), Revolución de las Lilas en Moldavia (2009), Movimientos de Protestas Blancas en Rusia (2011-2013) y Revolución de Terciopelo en Armenia (2018) (Budina, 2014; Kurylev, 2018). A pesar de toda la diversidad del contenido político de estos acontecimientos (de los que, por supuesto, no todos pueden ser caracterizados como revoluciones), seguramente tienen algo en común. En particular, nos referimos a los propósitos y las herramientas para lograrlos. Mostraron eficiencia los instrumentos legales, que pueden considerarse una invención exitosa de los tecnólogos políticos de hoy (Mirzoev, 2006). Tales exigencias, como la limitación del mandato del presidente, la transición a la forma parlamentaria de la república, la determinación del estatus legal de los idiomas estatales, o las normas de a quién llamar Estado socioestratégico, entre otras, fueron clave en los tránsitos políticos de «colores».
En este contexto se puede afirmar que el derecho no solo se ha vuelto un nuevo mecanismo de «cambio de régimen», sino que también ha ampliado significativamente el concepto mismo de «revoluciones de colores». Hoy día, estas son más que una simple manipulación de la conciencia política de las masas con el uso de las nuevas comunicaciones de Internet. El análisis de la experiencia postsoviética destapa las causas más profundas de las tecnologías de «colores», en particular, el hábil manejo de las normas constitucionales de las repúblicas postsoviéticas, lo que se acompaña de un conocimiento brillante de los puntos débiles de la esfera social, cultural e histórica de cada Estado postsocialista.
«REVOLUCIONES DE COLORES»: SUS PECULIARIDADES Y TAREAS
La característica principal de las «revoluciones de colores» es el factor externo, representado por las élites políticas occidentales, cuyo objetivo consiste en convertir el espacio postsoviético en una región controlada y debilitar ahí las posiciones rusas (Savino y Novoderjkin, 2017). Las reservas mundiales de agua dulce (Rusia), los recursos de petróleo y gas (Turkmenistán, Kazajstán, Rusia, Azerbaiyán), las reservas de uranio (Kazajstán), algodón (Uzbekistán), metales raros (Tayikistán), tierras negras muy fértiles (Chernozem, Ucrania), así como la posición geoestratégica ventajosa de varias repúblicas vía a Oriente Medio e Irán, atraen al capital transnacional a este espacio postsoviético.
Las obras de politólogos como el norteamericano Nicholas John Spykman (1938) y el británico Halford John Mackinder (1995) evidencian que los objetivos geoeconómicos desde hace mucho ya se incluyeron en la agenda política del capital transnacional. Ya en el siglo xx, al haber nombrado al centro de Eurasia la «Tierra Media», ellos propusieron crear ahí una unión de Estados que se convertirían en una «zona colchón» entre la URSS y los mares Norte, Negro, Caspio y Mediterráneo, y harían retroceder a la Unión Soviética desde Europa hacia el este.
Por tanto, el objetivo principal del «cambio de régimen» es formar en todo el espacio postsoviético Estados controlados, pero en la realización de estos planes es preciso que, según la opinión de sus «directores», la comunidad mundial perciba este proyecto como expresión de la voluntad del pueblo. Dicho aspecto es fundamental al manejar este proceso político y legal. El propósito de la «revolución de colores» es, como mínimo, cambiar la élite política y, como máximo, desmontar el antiguo régimen político y crear un nuevo sistema de gestión controlado por una fuerza externa. Eso se puede lograr mediante una pseudorevolución controlada y organizada, ya que las revoluciones auténticas siempre son espontáneas y poco controlables. Por lo tanto, era necesario crear un constructo tecnológico especial y colocarlo en el campo conflictivo de uno u otro Estado para poder, después, controlar el proceso que había comenzado.
Cabe subrayar que, para fijar este constructo en el suelo nacional, era necesario contar, en el espacio político postsoviético, con las condiciones políticas, socioeconómicas y geopolíticas internas correspondientes. Es la existencia de estas condiciones previas lo que permite decir que la «revolución de colores» no es pura tecnología, sino que depende de algunos factores del desarrollo político y económico objetivo de cada Estado. Y aquí, por supuesto, los problemas internos de los regímenes postsoviéticos llegaron a ser catalizadores de la «actividad de colores»: la pobreza ‒por ejemplo, en Tayikistán en 2001 el 84 % de la población estaba por debajo del umbral de pobreza y en Armenia en 2016 el nivel de pobreza era del 29,4 % («Cada tercer armenio es pobre…», 2017)‒, la corrupción ‒en 2011 Rusia, según el índice de percepción de corrupción (2,4), estaba en 143o lugar; muy cerca de Rusia se encontraban Azerbaiyán y Bielorús‒,1 el nepotismo de élites políticas, el radicalismo religioso (Egorov, 2014) o la búsqueda de la identidad nacional (Ucrania, Moldova), entre otros.
Al tener problemas pendientes tan serios, las sociedades postsoviéticas rápidamente sucumbieron a la influencia externa. En ellas, en diferentes momentos y mediante distintos mecanismos (militares, religiosos, de conflictos étnicos), se formaba un campo conflictivo, se reclutaban participantes de dichos procesos, sobre todo entre los jóvenes que habían pasado por el desempleo y la falta de perspectivas sociopolíticas. El proceso de preparación del «cambio de régimen» se consolidó en torno a las organizaciones no gubernamentales que se posicionaban como instituciones públicas para estudiar y desarrollar la democracia (Krasheninnikova, 2014).
El ejemplo claro de cómo se realizaba tal escenario fue Georgia, donde dos años antes de la Revolución de las Rosas en 2003 había sido creada la organización juvenil Kmara (Basta), que utilizaba la ideología, métodos e instrumentos de actividad política e, incluso, los símbolos del famoso grupo juvenil Otpor (Resistencia), que era el actor principal de la Revolución de las Excavadoras en el año 2000 en Serbia. En Ucrania, en vísperas de la Revolución Naranja, crecía la popularidad del movimiento juvenil Pora (Tiempo) y en Kirguistán, de Kel-Kel (Renacimiento). Las organizaciones similares de estudiantes y jóvenes siguen operando ahora: el movimiento Defensa, en Rusia, Zubr, en Bielorús, Yok, en Azerbaiyán, Bolga, en Uzbekistán y Gajara, en Kazajstán. Estas organizaciones intercambian constantemente experiencias y tecnologías políticas.
Parece que no por pura casualidad la juventud llegó a ser el actor principal del proceso de «cambio de régimen» en el espacio postsoviético (Nagornyak, 2017). Los jóvenes que habían crecido en la era postsoviética y, muy a menudo, habían estudiado en el extranjero resultaron ser mucho más sensibles que la generación adulta respecto a aspectos legales en las exigencias políticas de la oposición. Al mismo tiempo, los problemas de desempleo y corrupción son los que más preocupan a los jóvenes y, por estos temas, ellos ocupan posiciones maximalistas intransigentes.
ESCENARIOS DE «COLORES» EN EL FORMATO DE PROCESOS CONSTITUCIONALES: LAS EXPERIENCIAS DE KIRGUISTÁN, ARMENIA Y UCRANIA
Vamos a analizar diversas bases legales del mecanismo de destitución del poder aplicado en el espacio postsoviético. Por ejemplo, en Kirguistán, Ucrania y Armenia se pusieron en práctica los escenarios de exigencias de cambiar la república presidencial por la parlamentaria.
La República Kirguisa es uno de los Estados postsoviéticos políticamente más inestables. A lo largo de 25 años de su independencia el gobierno ha cambiado 28 veces, es decir, más de una vez al año. La formación del clan del presidente Askar Akáyev, con el trasfondo de la pobreza creciente de la población, puso al país al borde de la crisis, cuyo primer síntoma fueron los acontecimientos de Aksy en 2002.2 Estos y el descontento con la Constitución de 2003 fueron las causas de las protestas de la oposición que, finalmente, llevaron al derrocamiento del primer presidente del país durante la Revolución de los Tulipanes, el 24 de marzo de 2005, la cual cerró quince años de gobierno de Akáyev (1990-2005) (Merkulov, 2015). En 2006 la Constitución sobrevivió dos redacciones, en noviembre y diciembre. La reforma constitucional iba acompañada por nuevas protestas de la oposición. El 14 de septiembre de 2007 el Tribunal Constitucional canceló estas dos redacciones de la carta magna y, en octubre de 2007, se celebró otro referéndum nacional, en el que se aprobó la nueva redacción de la ley de leyes del país.
Más tarde, Bakíyev fue derrocado durante la Revolución de los Melones el 7 de abril de 2010. El poder pasó al gobierno interino, encabezado por el líder de la última revolución, Roza Otunbáyeva. Los enfrentamientos entre los partidarios de nuevas y viejas autoridades provocaron un conflicto interétnico entre kirguises y uzbekos en el sur del país, durante el cual murieron más de 200 personas y cientos de miles de uzbekos abandonaron el país.
El 27 de junio de 2010 se realizó otro referéndum en el que se aprobó una nueva Constitución, que introducía en el país una forma parlamentaria de gobierno. Más del 90 % de los electores votaron por esta nueva carta política del Estado, y su proyecto pasó el peritaje internacional de la Comisión de Venecia. En 2016 tuvo lugar un nuevo referéndum; treinta artículos de la Constitución fueron enmendados. En particular, se ampliaron las competencias del primer ministro y se reformaron los sistemas de protección de derechos y judicial. En el referéndum fue aprobada otra novedad que cancelaría el lapso para la prescripción de los delitos oficiales que se habían cometido al concluir acuerdos internacionales sobre el desarrollo del mayor yacimiento aurífero de la república: Kumtor ‒las autoridades actuales consideran injustos los acuerdos de su explotación y quieren revisarlos‒.
El presidente de Kirguistán, Almazbek Atambáyev, declaró en aquel entonces que la nueva redacción de la Constitución tenía como objetivo fortalecer el parlamentarismo en el país. Al mismo tiempo, varios partidos políticos que se opusieron al referéndum acusaron al circuito íntimo del presidente de que trataban de seguir en el poder usando ese mecanismo legal. Al mismo tiempo, de la Constitución fue excluida la norma según la cual Kirguistán está obligado a cumplir las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos y compensar el perjuicio causado. Además, en 2016 se introdujo la regla que excluía el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que la familia se define como la unión entre el hombre y la mujer (artículo 36). Los cónyuges ahora tienen los mismos derechos y deberes en el matrimonio y la familia, lo que es muy importante para la mentalidad oriental y es otra novedad constitucional. También ha aparecido un artículo que prevé la posibilidad de privar de la ciudadanía en ciertos casos.
En el referéndum de 2016 se ampliaron también las competencias de los diputados. Ahora el diputado del parlamento kirguiso, Jogorku Kénesh, puede ser nombrado para el cargo del primer ministro o primer viceprimer ministro preservando el mandato del diputado y el derecho de voto en los plenarios. Por otro lado, el primer ministro y los vicepresidentes recibieron el derecho de retener su mandato de diputado, es decir, ahora pueden regresar al escaño parlamentario al dimitir el gabinete. El primer ministro puede nombrar y destituir a los ministros ‒excluidos los ministros de defensa y seguridad nacional‒ incluso si el presidente está en contra. Además, el primer ministro tiene el derecho de bloquear cualquier proyecto de ley que prevea el aumento de los gastos presupuestales. El presidente del gobierno también nombra y destituye a los jefes de las administraciones locales. Por otro lado, se ha hecho más complicado el procedimiento de expresar desconfianza al gobierno, pues ahora el parlamento tiene que recibir al menos dos tercios de los votos, y no la mayoría simple.
La experiencia de Kirguistán evidencia la evolución del régimen (Ashirov, 2017). En los años noventa este era tan inestable que la Revolución de los Tulipanes destituyó rápidamente del poder al primer presidente y la Revolución de los Melones al segundo. Por desgracia, todo esto venía acompañado de víctimas. Para 2016 el régimen se quedó tan fortalecido que el referéndum cambió de manera sustancial la política constitucional del Kirguistán postsoviético, al haber introducido en su sistema y procesos políticos elementos de estabilidad.
El escenario de la Revolución de Terciopelo en Armenia fue otro ejemplo. Ya en 2015 el presidente armenio Serzh Sargsyán presentó enmiendas a la Constitución e inició la transición de una forma de gobierno presidencial a la parlamentaria, lo que, según Sargsyán, debería hacer el país más libre y más democrático. Al mismo tiempo, prometió que él mismo ya no iba a nominarse a la presidencia y tampoco a primer ministro, pero faltó a su promesa y el partido gobernante en 2018 lo nominó como primer ministro. Protestando en la sala de sesiones parlamentarias, los representantes del partido opositor Elk encendieron varias bombas de humo y pidieron a los ciudadanos que salieran a las calles de Ereván en abril de 2018. El líder de los manifestantes fue el diputado Nikol Pashinyán. Antes había participado en las protestas en 2008 y 2010, por lo que fue condenado a penas de siete años por haber organizado disturbios masivos. Sin embargo, un año y medio después de la sentencia fue liberado mediante la amnistía que se produjo en conmemoración al vigésimo aniversario de la independencia del país.
A partir del 31 de marzo de 2018, desde la ciudad armenia de Gyumri hasta Ereván, grupos autorganizados de jóvenes y estudiantes pasaron por las ciudades y pueblos de Armenia vociferando: «Da un paso», citando la protesta de Pashinyan «Mi paso». Las manifestaciones se acompañaban de cantos y bailes. Durante una, Pashinyán dijo: «Este movimiento tiene líder, y este líder es Ud., Ud., Ud.», señalando a cada uno de los presentes. De hecho, todos salieron a la acción de desobediencia nacional con el lema «Ser líder», sin reaccionar a la violencia, con las manos arriba. El 13 de abril los grupos llegaron a Ereván, donde bloquearon una de las calles principales, y los estudiantes de la Universidad Estatal de Ereván se declararon en huelga. Los días siguientes los manifestantes continuaron bloqueando plazas y calles, organizando huelgas sentadas. Liderados por Pashinyán, el 16 de abril intentaron penetrar en el parlamento armenio rompiendo un cordón policial. La policía tendió el alambre de espinos por el perímetro y, después de advertir a la gente, comenzó a dispersarla con gases lacrimógenos y granadas de ruido. Durante los enfrentamientos unas 30 personas fueron detenidas, 33 resultaron heridas, incluidos tres policías y el propio Pashinyán, que cayó sobre un alambre de espinos y sufrió heridas lacerantes (Sociedad Internacional de Derechos Humanos, 2021).
El 17 de abril el parlamento armenio aprobó la candidatura de Serzh Sargsyán para el cargo de primer ministro. La votación tuvo lugar en las condiciones del asedio, ya que los manifestantes continuaron organizando mítines bajo las ventanas del edificio parlamentario. En el momento en que se producía la votación en el parlamento, Nikol Pashinyán anunció el comienzo de la Revolución Pacífica de Terciopelo, cuyo propósito es paralizar el sistema estatal de gobierno. Llamó a los manifestantes a que organizaran huelgas sentadas y bloquearan el trabajo de todas las instituciones públicas: «Bloqueen todas las calles, paren vehículos, eviten la violencia y sean corteses con la policía. Vayan a todos los entes públicos, no les dejen trabajar». La gente respondió a su llamamiento y fue a bloquear las calles, establecer campamentos en los cruces clave, bloquear carreteras con automóviles y camiones, organizar huelgas sentadas, marchas y mítines en las principales plazas de la ciudad. Toda la coordinación de los manifestantes se realizó a través de Facebook. Los activistas intercambiaban mensajes personales, coordinaban sus acciones e inventaban nuevas formas de protestas.
Las negociaciones de Serzh Sargsyán con Nikol Pashinyán terminaron sin resultado, las manifestaciones continuaron. El 23 de abril Sargsyán presentó la dimisión y el 8 de mayo la Asamblea Nacional en el segundo intento eligió a Nikol Pashinyán como primer ministro. En este puesto, Pashinyán comenzó a hacer nuevas combinaciones legales. A finales de julio fue arrestado el expresidente de Armenia Robert Kocharián, acusado de derrocar el orden constitucional; el motivo fueron los acontecimientos que habían pasado hacía diez años. Sin embargo, en noviembre, el Tribunal de Casación reconsideró esta decisión y luego, el 7 de diciembre, al expresidente lo reenviaron al centro de prisión preventiva (Safaryan, 2018).
El siguiente mecanismo legal para asegurar el éxito de la Revolución de Terciopelo en Armenia fue la disolución de la Sexta Asamblea Nacional y la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas. Nikol Pashinyán decidió aprovechar la euforia posrevolucionaria y obtener la mayor cantidad de votos posible en esas elecciones. Mientras tanto, en las filas del Partido Republicano de Armenia (RPA) crecía el descontento por las acciones del primer ministro. Para evitar que el parlamento fuera disuelto, las facciones del RPA, Tsarukyán y Dashnaktsutyún, propusieron enmiendas al reglamento de la Asamblea Nacional, según las cuales sus sesiones suspendidas fueran consideradas fallidas y se pospusieran. Nikol Pashinyán, en respuesta por la radio, se dirigió a sus partidarios llamándolos a reunirse cerca del edificio del parlamento. Al cabo de dos horas llegaron varios miles de personas y Pashinyán entró en el edificio para negociar con dichas facciones. Al salir hacia los manifestantes anunció que las fuerzas parlamentarias no iban a presentar su candidato al puesto de primer ministro ni lo molestarían a él.
Para disolver el parlamento, el 16 de octubre de 2018 Pashinyán anunció su dimisión. Según la Constitución, el parlamento tenía que rechazar la candidatura del nuevo primer ministro dos veces en dos semanas, después, se disolvía por la fuerza de la ley. Y así sucedió. El 1.o de noviembre la Asamblea Nacional fue disuelta. El mismo día, el presidente firmó el Decreto sobre las elecciones parlamentarias extraordinarias del 9 de diciembre de 2018; en ellas el bloque de Pashinyán, Mis Pasos, ganó el 72,4 % de los votos.
Por tanto, el modelo armenio de la revolución de colores se distinguía significativamente de otras prácticas postsoviéticas al usar más métodos y técnicas jurídicas. El tránsito político armenio de 2018 puede ser llamado un precedente constitucional del cambio de poder, ya que había demostrado la posibilidad de cambiar el régimen en el marco del proceso constitucional.
Los mecanismos legales usados para destituir del poder, que tenían una especificidad nacional, se aplicaron en Ucrania, donde la inestabilidad política se debía, en gran medida, al hecho de que no se había resuelto el problema sobre la forma de gobierno: el país se ha estado moviendo de una república presidencial a la parlamentaria y viceversa. La inestabilidad de la institución del presidente ha llegado a ser la base legal de la crisis política en Ucrania.
Se hicieron cambios serios en la Constitución de Ucrania durante la llamada Revolución Naranja, a fines de 2004, cuando fueron limitados los poderes del presidente y se reforzó el elemento parlamentario en la forma mixta de gobierno (Tsvetkova y Yarygin, 2015). Según las enmiendas constitucionales de 2004, la Rada Suprema, a propuesta del presidente, designaba al primer ministro y, a proposición de este, nombraba a otros miembros del gobierno. En la práctica, estas enmiendas introdujeron un desequilibrio aún mayor en el sistema existente de relaciones entre los más altos cuerpos del poder estatal y no resolvieron por completo el problema del fuerte poder presidencial.
Posteriormente, el exorbitante deseo del presidente Víctor Yanukóvich de ampliar sus facultades llevó a nuevos cambios fundamentales en la Constitución de Ucrania. El 30 de septiembre de 2010 el Tribunal Constitucional decidió declarar las enmiendas de 2004 no constitucionales y volver a la redacción anterior. El Tribunal argumentó su decisión por el hecho de que estos cambios se habían aprobado violando el procedimiento, ya que no todas las enmiendas habían sido examinadas en el Tribunal Constitucional. Si dejamos a un lado el componente político del problema, tal paso de este órgano de control constitucional era muy polémico. Primero, según la Constitución de Ucrania, el Tribunal Constitucional no tenía derecho a recuperar la versión anterior de la Constitución. Segundo, resultó que las normas inconstitucionales estuvieron vigentes en el país durante seis años, en cuyo transcurso no se planteó la cuestión de la «inconstitucionalidad».
Otro «cambiazo» en la historia de la Constitución de Ucrania tuvo lugar en febrero de 2014, cuando la Rada Suprema votó a favor de restablecer la Constitución de Ucrania enmendada en 2004, basándose en el hecho de que su abolición en 2010 por decisión del Tribunal Constitucional había sido ilegal, ya que esta decisión no había sido acompañada por la votación en el Parlamento, como lo exigía la Constitución. Por lo tanto, actualmente Ucrania tiene una forma mixta de gobernación, con un presidente fuerte y una mayoría parlamentaria fuerte, lo que, por supuesto, deja sin resolver el problema de la institución presidencial y será la causa de las reformas constitucionales ordinarias y crisis políticas en el futuro cercano.
Desde el punto de vista legal, la destitución del presidente Víctor Yanukovich en 2014 también fue disputada. La Constitución ucraniana prevé solo cuatro razones para la terminación anticipada de las facultades del jefe de Estado: que él haga personalmente su dimisión voluntaria en la sesión de la Rada Suprema, si no es capaz de cumplir sus obligaciones por razones de salud, destitución de su cargo por impeachment (procedimiento bastante complicado y bien regulado) y la muerte (artículos 108-111 de la Constitución). Ninguna de dichas razones existió.
Es interesante el método que se aplicó en esta situación política: el 22 de febrero de 2014 la Rada Suprema aprobó la resolución que decía: «el presidente de Ucrania Víctor Yanukóvich ha desistido voluntariamente y ya no cumple con sus funciones constitucionales, lo que supone una amenaza para la gobernabilidad del Estado, la integridad territorial y soberanía de Ucrania, violación masiva de los derechos y libertades de los ciudadanos» (Rada Suprema de Ucrania, 2014). Este decreto convocó las elecciones anticipadas. Así, los acontecimientos de 2014, desde el punto de vista legal, son un vívido ejemplo de un acto ilícito constitucional.
EL PODER JUDICIAL COMO UN RECURSO DE LAS «REVOLUCIONES DE COLORES»: LA EXPERIENCIA DE LA MOLDOVA POSTSOVIÉTICA
Moldova demuestra otro modelo para usar los métodos legales en la resolución de problemas políticos. La independencia de la República de Moldova se proclamó el 27 de agosto de 1991, cuando fue aprobada la Declaración de Independencia (Nechaeva-Yureychuk, 2010). Este documento reconoce como el idioma oficial del país el rumano; sin embargo, la Constitución de Moldova de 1994 estipula que el idioma oficial es el moldavo, que está basado en la escritura latina. La cuestión del idioma estatal es de particular importancia en la república, ya que es una expresión externa de la disputa civilizacional entre Moldova y Rumania. Algunos lingüistas actuales creen que el rumano y el moldavo son nombres diferentes del mismo idioma, lo que lleva a que se niegue la independencia del grupo étnico moldavo y se hable de su fusión con el rumano.
Mientras tanto, la sociedad moldava está dividida precisamente por la línea de identidad étnica: una parte de los ciudadanos no reconoce su identidad con los rumanos, especialmente debido a las brutales represalias de los fascistas rumanos durante la Segunda Guerra Mundial contra la población moldava en los territorios ocupados (Bulgar, 2016). Tenemos que subrayar que, cuando Moldavia era parte de la URSS, en la Constitución soviética de 1977 no existía el concepto de idioma estatal, ya que se declaraba la igualdad de todos los idiomas de los pueblos de ese Estado multinacional.
El 5 de diciembre de 2013 el Tribunal Constitucional de Moldova dispuso que legalmente la Declaración de Independencia y la Constitución son un todo único y, en caso de conflicto, la Declaración de Independencia predomina sobre la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal tomó la decisión de reconocer el idioma rumano como el idioma oficial de Moldova.3 Pero, según el artículo 7 de la Constitución de la República de Moldova (2013), «la Constitución de la República de Moldova es su ley suprema. Ninguna ley u otro acto legal que contradiga las disposiciones de la Constitución tiene validez legal». Por lo tanto, surgió el conflicto entre la decisión del Tribunal Constitucional y la Constitución misma que, de hecho, hace que la decisión del Tribunal de 2013 sea ilegítima y deje la oportunidad para un cambio tan importante solo a través de un referéndum. Actualmente, en el texto de la Constitución (artículo 13), así como en muchos otros actos jurídicos, se preserva la noción de «idioma moldavo».
La confrontación entre el Tribunal Constitucional y otras instituciones estatales continuó. El 28 de marzo de 2017 el presidente de Moldova, Ígor Dodón, firmó el decreto que convocaba al referéndum el 24 de septiembre del mismo año. En él, entre otras cuestiones, se planteó la de cambiar en los establecimientos educativos del país la disciplina Historia de los Rumanos por el tema Historia de Moldova. Sin embargo, en julio de 2017, el Tribunal Constitucional de Moldova prohibió el referéndum, argumentando que «el jefe de Estado no puede cambiar la Constitución». En diciembre de ese mismo año, los jueces del Tribunal Constitucional aprobaron la inclusión en la Constitución de Moldova de la enmienda sobre la integración europea como el vector principal de desarrollo del país. La introducción de esta idea en la Constitución complica la situación de las fuerzas de izquierda en caso de que lleguen al poder, pues les sería muy difícil cambiar la política exterior de Moldova después de la fijación constitucional de dicha política exterior (Sulyak, 2010).
En diciembre de 2018 el Tribunal Constitucional de Moldova destituyó temporalmente a Dodón del cargo de presidente. Hasta aquel momento, el Tribunal le había destituido ya cuatro veces. Esta decisión fue final e inapelable. Según la Constitución de Moldova, el presidente puede devolver al parlamento una ley con la que no esté de acuerdo solo una vez. Si se negara por segunda vez a firmar una ley aprobada por el parlamento, incluso si los diputados no hicieran ningún cambio en esta, el presidente puede ser destituido temporalmente de su cargo, que es lo que hace regularmente el Tribunal Constitucional.
El presidente del Tribunal, Mihai Poalelúng, dijo que la destitución temporal está justificada por la negativa de Dodón a «cumplir con las obligaciones constitucionales» y aprobar las leyes adoptadas por el parlamento. Basándose en el artículo 91 de la Constitución, el presidente del parlamento, Andrián Candu, como presidente interino, firmó cinco leyes rechazadas por Dodón. Se trataba de la ley que entregó el territorio del antiguo estadio republicano para la construcción del nuevo edificio de la embajada estadounidense, de las leyes sobre la celebración del Día de Europa el 9 de mayo, sobre el nuevo código de televisión y radio, así como sobre dos leyes de carabineros, que van a obedecer no solo al presidente, sino también al gobierno.
El enfrentamiento entre el presidente de Moldova y el parlamento ya tiene varios años. En este conflicto está involucrado el Tribunal Constitucional de esta república postsoviética, lo que demuestra nuevas posibilidades institucionales de la práctica legal del «cambio de régimen». La confrontación se manifiesta tanto en la política interna como externa. El presidente insiste en que el país se acerque a Rusia, mientras que la mayoría parlamentaria y el gobierno formado por este se inclinan por el Occidente. Dodón bloquea las iniciativas de las autoridades proeuropeas y las propuestas del presidente no encuentran apoyo entre los diputados («El presidente de Moldavia…», 2018).
Por lo tanto, el modelo moldavo puede ser llamado único, porque utiliza un recurso político del poder judicial, a saber, del Tribunal Constitucional. Eso evidencia que las posibilidades de las tecnologías legales de «cambio de régimen» se estudian profundamente. No se limitan a sacar a las masas a las calles, sino que utilizan en los Estados postsoviéticos inestables tanto el carácter de poca regulación de la forma de gobierno y de la institución presidencial (Ucrania) como las facultades y funciones del poder judicial (Moldova).
¿AUTORITARISMO VS. DEMOCRACIA? SOBRE LA ESTABILIDAD POLÍTICA
Después de la tragedia de la desintegración de la URSS, para los Estados postsoviéticos se mantienen vigentes no tanto los temas acerca de la transición del autoritarismo a la democracia, como los problemas de institucionalización y consolidación de los regímenes políticos, o dicho en otras palabras, la estabilidad política y la gobernabilidad (Goldstone, 2006). Recordemos, por ejemplo, que entre 1992 y 1999 en Tayikistán hubo una sangrienta guerra civil que dejó 150 000 personas muertas y un daño material cuantificado en más de 10 mil millones de dólares. Dado que ninguno de los regímenes políticos en los Estados postsoviéticos que participan en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) puede caracterizarse como una democracia consolidada, sería más productivo distinguirlos por el principio de «presencia o ausencia de consolidación y estabilidad de los regímenes políticos» que por la simple dicotomía «democracia-dictadura» (Huntington, 2004).
Ya a principios de los noventa del siglo xx, Terry Lynn Karl y Philippe C. Schmitter (1991) se fijaron en el carácter complicado de estos procesos: «Nadie ha dicho que el tránsito del régimen siempre signifique una transición a la democracia. Por el contrario, en la literatura dedicada al estudio de varios tipos de tránsito se afirma que, incluso después del comienzo de los cambios de régimen, las vías del desarrollo pueden ser muy diferentes: algunos países avanzarán hacia la consolidación de la democracia, otros hacia una nueva forma de gobierno autoritario» (p. 271). Así, el análisis de los procesos políticos en el espacio postsoviético nos permite afirmar que en la era posmoderna es imposible limitarse a términos clásicos de «democracia vs. dictadura», ya que la globalización obliga a la sociedad a adaptarse a nuevos desafíos y a buscar sus propios modelos de gobernanza, utilizando las instituciones y prácticas más diversas, incluidas las tradicionales.
En este contexto, es interesante estudiar la experiencia de la construcción del Estado en la República de Belarús, en la cual los problemas político-legales mencionados se resolvieron en la década de 1990, lo que ayudó a este país postsoviético a evitar la inestabilidad y las «revoluciones de colores». A la Constitución de la República de Belarús (2004) que fue adoptada en 1994, sin alto nivel jurídico, se hicieron enmiendas en 1996, después del referéndum, las que ampliaron considerablemente las competencias del jefe de Estado y modelaron un poder presidencial fuerte. Además, fueron consagrados los tipos de actos jurídicos y su subordinación jerárquica: existe una norma sobre la supremacía de la Constitución respecto a todos los demás actos jurídicos. Es una peculiaridad bastante rara para la ley fundamental del país que la jerarquía de los actos normativos del Estado se fije en ella directamente. Por lo tanto, la Constitución de Belarús evita conflictos legales y disputas sobre la supremacía del derecho internacional y nacional; ella establece de manera clara la prioridad de la Constitución nacional. Más tarde esta norma sobre la jerarquía de los actos legales y regulatorios fue concretizada en la Ley de la República de Belarús n.o 130-Z «Sobre los actos jurídicos reglamentarios» (2018). Como resultado, en la doctrina legal de este Estado postsoviético es imposible encontrar ahora discusiones similares a las de Moldova.
Las repúblicas orientales de la antigua URSS dan su propia respuesta a los desafíos (Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán y Azerbaiyán). Con todas las diferencias en su tránsito político en los años noventa (por ejemplo, una sangrienta guerra civil en Tayikistán o la ausencia de conflictos militares abiertos en Turkmenistán), el rasgo principal de estos modelos es el carácter bastante estable del presidencialismo (y con este, la personalización del poder). En la década del 2000 se observaba por doquier su fortalecimiento: se prolongó el mandato ‒de cinco a siete años en Tayikistán (2003), Turkmenistán (2016) y Azerbaiyán (2017)‒ y, en algunas repúblicas, fueron eliminadas de las constituciones las normas que prohibían a una misma persona ocupar el puesto de presidente más de dos veces. En Turkmenistán, en 2016, se quitó el límite de edad («no mayor de setenta años»).4 En Tayikistán, en ese mismo año, se adoptaron las enmiendas que anularon la limitación para el presidente en funciones Emomali Rahmón (como «Fundador de la Paz y la Unidad Nacional y Líder de la Nación») respecto al número de reelecciones para la presidencia, y redujeron el límite de edad para el presidente de 35 a 30 años. Además, en Azerbaiyán se estableció el puesto de vicepresidente, cuyo nombramiento se hizo prerrogativa del presidente.5 A este le dieron también la facultad de disolver el parlamento y delegar el derecho de concluir tratados internacionales al vicepresidente, miembros del gabinete de ministros y otras personas designadas por él mismo.
CONCLUSIONES
Al haber analizado los acontecimientos políticos en Kirguistán, Armenia, Ucrania y Moldova, podemos decir que el intento de crear una «zona colchón» de inestabilidad constante cerca de las fronteras de Rusia se ha realizado completamente. Las «revoluciones de color» aquí estuvieron acompañadas por el uso no solo de tecnologías políticas, sino también de otros mecanismos puramente jurídicos que, en nuestra opinión, en el futuro podrían ser usados aún más como tecnologías independientes o en combinación con disturbios callejeros masivos. El mecanismo funciona, lo que significa que se ha creado un precedente para el desmantelamiento de la soberanía estatal desde el interior (Gapich y Lushnikov, 2010). Para el futuro de las «revoluciones de color», se ven como prácticas más eficaces de usar los métodos legales y modos de «cambio de régimen», porque las tecnologías de Internet para atraer a las masas a las calles se ven cada vez como un resultado de la propaganda directa y, aparentemente, pueden perder su efectividad de forma gradual.
Parece que, en lugar de los mecanismos de propaganda dirigidos a aumentar el descontento público, las fuerzas políticas de oposición van a usar cada vez más demandas llenas de contenido de los movimientos de protesta, en particular, consignas de carácter jurídico. Esto aumenta de manera significativa su peligro social: discernir un cierto «trasfondo» en ellos será cada vez más difícil, ya que, en apariencia, tendrán un aire de exigencia de que se cumplan normas constitucionales, sentencias judiciales, disputas sobre la prioridad de una u otra fuente de derecho y acerca de la supremacía del derecho nacional o internacional.
Particular importancia adquiere la teoría de los derechos humanos, especialmente un cuerpo emergente de los llamados derechos humanos personales (o somáticos). Bajo el pretexto de su defensa (los derechos de las minorías nacionales o sexuales, los derechos de las mujeres o niños), se puede esperar un auge del movimiento de defensa de derechos humanos en nuevo formato. En tales circunstancias, los futuros politólogos no podrán prescindir de un estudio minucioso del derecho.
Como ha demostrado la experiencia de muchas «revoluciones de color», el ciclo tecnológico preparado y planeado contribuye a que se logren los objetivos fijados: conlleva al cambio de élites políticas y a la desestabilización del régimen estatal. Pero ellas se pueden evitar, y esa experiencia la tienen Rusia y Bielarús (Narochnitskaya, 2008). Es necesario en lo adelante crear y fortalecer los mecanismos legales que rompan el esquema tecnológico de las «revoluciones de color».
