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Introducción
El contexto de la pandemia provocada por la COVID-19 ha revelado importantes desafíos para sociedades, Estados y gobiernos a los efectos de gestionar la supervivencia humana y solucionar las crisis que se han desatado en su entorno. El artículo presenta resultados de investigación sobre la relación entre la polarización socioeconómica que enmarca la crisis multidimensional que afecta hoy a Estados Unidos y América Latina, la política exterior que desde Estados Unidos ha incidido en la polarización, tanto hacia el interior su sociedad como hacia las de los países latinoamericanos, así como su conexión con la recomposición de la hegemonía estadounidense en la región.
El marco teórico en el que se asientan los análisis parte de la multidimensionalidad de los procesos de polarización socioeconómica, sus condicionantes e impactos, consecuente con los de la desigualdad, puesto de manifiesto, por ejemplo, cuando se define la polarización como la distancia entre las posiciones de individuos y grupos en la jerarquía de acceso a bienes socialmente relevantes (ingreso, riqueza, etcétera) y a recursos de poder (derechos, participación política, cargos políticos, etcétera) (Braig et al., 2015).
A tono con los desafíos epistemológicos para su comprensión, marcados, además, porque atraviesan modelos económicos, sistemas políticos y herencias culturales, se destaca la importancia de desbordar al área de la economía para llevar el análisis y las propuestas para hacerle frente al campo del desarrollo social, y la necesidad, en función de ello, de interconectar una tercera área de análisis: la del funcionamiento y evolución de los sistemas políticos. De otra parte, se ha señalado que los estudios en el entorno del sistema-mundo y del transnacionalismo amplían la posibilidad del examen que convencionalmente se realiza sobre el tema al interior de los espacios del Estado-nación (Braig et al, 2015; Navarrete, 2016).
En tal sentido, cabe destacar la necesidad de retomar los presupuestos teórico-metodológicos desarrollados desde la perspectiva de análisis marxista, o vinculada a ella, que presentan la desigualdad y la polarización socioeconómica como fenómenos inherentes a la lógica de la mundialización capitalista y sus relaciones de dominación. En su base, la enunciación desarrollada por Carlos Marx sobre la producción de plusvalía como la ley absoluta del capitalismo desde el análisis de su modo de producción, reveló la correlación entre la acumulación del capital y la de la miseria en el polo opuesto y marcó los fundamentos para el estudio de la polarización socioeconómica como tendencia de las relaciones sociales que se despliegan en el entorno de la relación capital-trabajo a escala nacional (Marx, 1974).
En el siglo xx, los análisis sobre el despliegue de las relaciones de producción capitalistas a escala internacional realizados por Lenin (1917), Hilferding (1971) y Rosa Luxemburgo (1970), entre otros, mostraron los rasgos que adquirió su dinámica evolutiva con la incorporación de los Estados-nación como soportes funcionales a los procesos de concentración y centralización del capital, en especial a través de la gestión de las crisis desde los procesos inherentes al reparto económico y político del mundo. En este entorno, el despliegue de la superexplotación del trabajo en los países periféricos, como contraparte a la concentración del capital de los países de altos ingresos en el marco de la dialéctica desarrollo-subdesarrollo, fue tratado por autores como Mauro Marino, desde la Teoría de la Dependencia.
Desde la segunda mitad del siglo xx, y en especial en el siglo xxi, la extensión de la superexplotación de las fuerzas de trabajo a escala global, como contrapartida a la concentración de la riqueza y el capital, se ubica en la base de la consolidación de la polarización socioeconómica resultante de la incidencia de la clase capitalista a escala nacional e internacional en sus disputas por la hegemonía. Este fenómeno, como expresión del corrimiento de la concentración de la riqueza a la concentración del poder político, más allá de expresar el cambio en el modelo de acumulación y las estrategias capitalistas que se formulan desde la crisis de los años 70 para mantener la tasa de ganancia, muestra los ajustes en las formas políticas de participación, regulación y control social a escala nacional e internacional en función de sus necesidades de expansión. Entre sus condicionantes destacan la capacidad de la burguesía, en medio del despliegue de su dominio global, para incidir en los Estados y subordinar ideológicamente a otras clases sociales.
El carácter histórico de este fenómeno, que se reproduce especialmente en los contextos de crisis, se aprecia a través de los textos de Vladimir I. Lenin (1917), Rosa Luxemburgo (1970), David Harvey (2005), entre otros. Estos autores explican aquellas tesis que postulan el viraje hacia una forma liberal de imperialismo (asociada a una ideología de progreso y a una misión civilizatoria) como resultante no de imperativos económicos absolutos, sino de la falta de voluntad política de la burguesía para resignar alguno de sus privilegios de clase, bloqueando así la posibilidad de absorber la sobreacumulación mediante la reforma social interna; la formación del movimiento liberal-conservador como fundamento ideológico de su acción en tal sentido; el carácter dual que asume la acumulación del capital que tiene lugar, de una parte, en los sitios de producción de la plusvalía (la fábrica, la mina, el fundo agrícola y el mercado de mercancías); y, de otra, a través de las formas de producción no capitalistas en la escena mundial, con métodos de la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados, la guerra; así como la exportación de capitales, el reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas y el reparto del mundo entre las grandes potencias, como mecanismos para promover su proceso de concentración y centralización.
Los elementos antes referidos se integran en el estudio de las modalidades de acumulación por desposesión que se despliegan en el siglo xxi como parte de lo que se ha definido como nuevo imperialismo y la II y III fase del dominio global burgués (Harvey, 2005). En estos análisis se destacan las implicaciones en términos de hegemonía de la expansión de la burguesía como clase dominante del sistema capitalista, en la medida en que amplía su capacidad de acción a escala global. En la misma línea aportan los estudios realizados sobre el capitalismo global como contexto de los procesos de polarización por Samir Amin, Willian Robinson, Atilio Borón, entre otros, al abordar las particularidades que asume la relación entre la clase capitalista global con la subsecuente sociedad global en este entorno, las expresiones de la dominación inherentes a la misma en la esfera ideológico-cultural y el corrimiento de la concentración de la riqueza a la concentración del poder político que se deriva de ello.
En este marco analítico se argumenta la extensión de la superexplotación de la clase trabajadora de los países identificados como periféricos por los teóricos de la dependencia, a los de altos niveles de ingresos. En tal sentido, Claudio Katz (2018) hace referencia a dos niveles de la polarización en los que existe superexplotación desde las nuevas condicionantes de la distribución de renta, riqueza, salario: como proceso que caracteriza la extracción de la plusvalía en la relación capital trabajo a escala internacional, pero también nacional, considerando las nuevas modalidades de la división global del trabajo, así como la forma en que la plusvalía es transferida a empresas ubicadas en la cúspide de la cadena de valor. En este contexto, Samir Amin (2017) postula que la creciente desigualdad en la distribución de los beneficios y las riquezas es propia de lo que califica como subcontratación en beneficio de la renta monopolista, atendiendo a que la ley del valor, analizada a ese nivel, supone la integración de los mercados a escala mundial solamente en las dos primeras de sus dimensiones: los mercados de productos y de capital, mientras que los mercados de trabajo permanecen segmentados.
En la base de este proceso Martins (2017) ha ubicado los ajustes que realiza la clase capitalista ante los imperativos que supuso la revolución científica técnica al proceso de valorización del capital. Asimismo, señalaba que, al establecer el valor de la fuerza de trabajo, en particular a su calificación, en el elemento central de las fuerzas productivas, la revolución científico-técnica impulsa la reducción de la diferencia entre el valor del trabajo y el valor de la fuerza de trabajo, presionando negativamente la tasa de plusvalía. Para apropiarse de la revolución científico-técnica, el capital necesita establecer políticas de superexplotación del trabajo, reduciendo los precios de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, lo cual lo lleva, en los países centrales, a romper el pacto keynesiano con los trabajadores y a dislocar parte de su circuito de valorización de capital para la acumulación financiera o para otras regiones del mundo, donde la relación entre el valor del trabajo y el valor de la fuerza de trabajo le sea más favorable.
En el análisis de las condiciones desde las que acciona la clase capitalista global se han destacado elementos como: constituyen grandes monopolios, transnacionales por su alcance y la escala de sus operaciones, pero inocultablemente “nacionales” cuando se atiende al origen de su propiedad, el destino de sus ganancias, los marcos jurídicos elegidos para dirimir controversias y la composición de su elenco directivo; sus intereses radican en la economía mundial como un todo y un sistema de propiedad privada internacional que permite el libre movimiento de capital entre los países; sus ganancias se incrementan en ritmos y proporciones desmesuradamente mayores que el crecimiento global de la economía y su despliegue se apuntala desde la labor de Estados-nación.
Estados Unidos: polarización socioeconómica, disputa hegemónica y crisis
La polarización socioeconómica, entendida como la concentración de riquezas, ingresos y poder alrededor de clases y grupos sociales que forman parte o se articulan a los diferentes sectores del capital a la par que se depaupera a la clase trabajadora y crecen de forma sostenida las vulnerabilidades que afectan al resto de la sociedad, se ha constituido en importante objeto de análisis desde la segunda década del siglo xxi. Las investigaciones sobre la distribución de la riqueza y los ingresos revelaron un proceso creciente de concentración de la riqueza junto al aumento exponencial de la desigualdad social, la disminución creciente de la clase media y el incremento de la pobreza a lo largo del tiempo en países de bajos, medios y altos ingresos, atendiendo a la clasificación del Banco Mundial. El alcance global de este fenómeno puede ser analizado, entre otras, desde las siguientes fuentes: Desigualdad Global: La distribución del Ingreso en 141 países de Isabel Ortiz y Matthew Cummins; (2012), El capital en el siglo xxi, de Thomas Piketty (2014); The elephant curve of global inequality and growth, de Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (2017); 2018: World inequality Report, coordinado por Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman; y, más recientemente, World Social Report 2020. Inequality In A Rapidly Changing World, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
Estados Unidos, clasificado como país de altos ingresos y con el american way of life como referente internacional de calidad de vida y movilidad social ascendente, no se sustrae de esta situación. Tal y como señaló Stiglitz (2012), Estados Unidos siempre fue un país capitalista, pero su desigualdad actual «es algo nuevo». En tal sentido Atkinson (2015) postula, además, que el problema no es solo que los ricos se están haciendo más ricos, sino que no se está logrando abordar la pobreza y la economía está cambiando rápidamente para dejar atrás a la mayoría de la gente. Este fenómeno, que se ha reflejado en la tendencia al vaciamiento de la clase media, el aumento de la pobreza y el declive de la sociedad de bienestar, también ha sido reflejado en los análisis realizados por Caputo (2010), Piketty (2014), Caicedo (2015), Krugman (2016), Saez (2017), Gandásegui (2017), Castillo (2007, 2010, 2017, 2018), Canales (2017, 2018), Fernández (2012, 2018), Canales y Castillo (2020), Saez y Zucman (2020 a y b), entre otros. En su base se han destacado su carácter multidimensional y transnacional.
A finales del año 2017, Naciones Unidas concluyó que, en un país rico como Estados Unidos, la persistencia de la pobreza extrema es una elección política hecha por los que están en el poder y con voluntad política se podría eliminar fácilmente (Alston, 2017). La necesidad de que desde el gobierno se actúe en tal sentido también fue sostenida en el año 2018 en el informe Perspectivas de la economía mundial, del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2018).
Como parte de estos análisis se ha identificado la limitación que impone a este necesario proceso la acción de las corporaciones, que se afirma, impiden la toma racional de decisiones y abogan contra reformas con el fin de mantener sus ganancias a costa de los miembros más pobres de la sociedad. En tal sentido, Stiglitz, en El precio de la desigualdad, insiste en la relación que existe entre el aumento de la desigualdad, el mal funcionamiento de los mercados y del sistema político en la promoción de un espiral ascendente de la primera. Stiglitz explica que el sistema económico no funciona para la mayoría de los ciudadanos, sino para los de arriba en el marco de una relación viciada entre economía y política a tenor de que el sistema político ha caído en manos de intereses económicos. Diversos mecanismos se han identificado como muestra de ello: los financiamientos de campaña, la construcción o el despliegue de mecanismos de influencia en estructuras de la rama legislativa de los Estados, así como el acercamiento entre el sector empresarial y grupos de intelectuales organizados en universidades y tanques de pensamiento con funciones de consultoría y asesoría política (Maira b, 1984; Borón, 1984; Harvey, 2007; Foucault, 2007; Stiglitz, 2012; Pazmiño, 2020).
En este entorno, desde perspectivas teóricas y posiciones ideológicas diversas se ubica, de forma coincidente, la forma de gestionar las crisis como una de las determinantes de la polarización socioeconómica y la tendencia decreciente de la clase media que afecta hoy a la sociedad estadounidense. Entre los procesos a través de los cuales se ha concretado esta forma de hacer se destacan la promoción de la aplicación del proyecto neoliberal en Estados Unidos y hacia América Latina en las tres últimas décadas del siglo xx, así como la recomposición del mismo en el siglo xxi a través de variantes diversas ajustadas a las posibilidades y exigencias de los contextos objeto de intervención (Harvey, 2005 y 2007; Caputo, 2010; Stiglitz, 2012; Krugman, 2016; Gandásegui, 2017; Castillo, 2007, 2010, 2017, 2018; Canales, 2017, 2018; Martins, 2017; Fernández, 2012, 2018; Canales y Castillo, 2020; S. Amin, 1994, 2017; Vázquez, 2021; entre otros.
América Latina: polarización socioeconómica, geopolítica imperial y guerra no convencional
En América Latina, el viraje político que se produjo en la región en la primera década del siglo xxi desde victorias electorales de fuerzas progresistas y de izquierda permitió el impulso de políticas económicas y sociales alternativas, cuyos resultados positivos se constataron, tal y como se ha expresado en los informes de la CEPAL de los años 2012 y 2016,1 en la marcada reducción del índice de Gini en más de diez puntos en Argentina y Bolivia y de siete a diez puntos en Brasil, Uruguay y Venezuela; así como en la mitigación de los costos sociales de la crisis mundial del 2008 desde Estados y gobiernos más proclives a invertir en lo social y a utilizar mecanismos redistributivos, con un aumento sistemático del gasto social. Sin embargo, desde la segunda década del siglo, esta situación comenzó a cambiar con el avance de la derecha y porque luego de producirse cambios políticos en algunos de estos países, se han revertido los avances logrados en el enfrentamiento a la polarización socioeconómica y a los efectos de la COVID-19.
La indagación sobre cómo amplios sectores de la sociedad latinoamericana beneficiados por los programas y las políticas de redistribución de la riqueza social han dado su apoyo a la derecha en procesos electorales o de otra índole, ha incorporado hipótesis en un rango que incorpora, por un lado, los errores de la izquierda y, de otro, la reconfiguración del neoliberalismo, la reestructuración del proyecto de dominación de los Estados Unidos y la naturaleza contemporánea de su hegemonía en la geopolítica latinoamericana (Regalado, 2014; Hernández, 2016; Bárzaga, 2017).
En el segundo orden de las hipótesis manejadas, un análisis de la incidencia de la política exterior que desde los Estados Unidos se ha desplegado hacia los países antes referidos y otros no afines a sus intereses en la región, donde luego de producirse los cambios políticos perseguidos se han revertido los avances logrados en el enfrentamiento a la polarización socioeconómica, y la COVID-19 ha afectado severamente, muestra importantes elementos en función de nuestro objeto de análisis.
Así, durante el doble gobierno de Barack Obama, el despliegue de lo que se ha definido como geopolítica imperial del desarrollo, un modelo desde el que se ha producido la dominación de los Estados Unidos en la región articulando sus mecanismos alrededor del tema desarrollo como pretexto para la intervención. Su área de incidencia se identifica en valores, concepciones, ideal social, discursos y prácticas de comunidades, movimientos sociales, populares y políticos, así como de gobiernos y espacios regionales de concertación política e integración económica, con el objetivo de cooptar y ajustar las bases inherentes al funcionamiento de los sistemas políticos y los modelos económicos para hacerlos funcionales a los intereses estadounidenses de expansión y dominio hemisférico y global (Vázquez y González, 2019).
La configuración de los actores e instrumentos a partir de los cuales se concreta esta proyección geopolítica se fundamenta en el eslogan «invertir en el bien común», que se pude identificar durante el gobierno de Barack Obama como el código geopolítico mundial desde el que los Estados Unidos desplegaron su capacidad para intervenir en relación con temas locales, vecinales, regionales o mundiales.2 Se aplicó en América Latina, entonces, un sistema de política exterior para promover el compromiso y la identificación de sociedades y gobiernos a través de programas de cooperación y asistencia técnica con visón sobre cómo lograr el desarrollo afín a los intereses políticos y de clase estadounidenses en la región. Los ajustes de formas de organización y participación política de las sociedades, así como de instituciones, leyes y formas de gobierno asociados a la intervención estadounidense en la gestión del desarrollo en las diferentes escalas espaciales que derivaron en la transformación de relaciones de poder e incidieron en el cambio político regional expresan la magnitud del despliegue del proyecto de dominación de los Estados Unidos, así como los riesgos que implica, en especial, para los proyectos progresistas y de izquierda en América Latina.
Durante la administración de Donald Trump, en un contexto signado en el ámbito geopolítico latinoamericano por la presencia creciente de China y Rusia y la continuidad de la pugna o forcejeo entre las fuerzas políticas definidas como de derecha y de izquierda o progresistas, entre los diversos mecanismos utilizados para promover condiciones favorables a los intereses de los Estados Unidos en la región, sin abandonar los antes referidos, incluso enriqueciendo su arsenal a través de programas como América Crece y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (U.S. International Development Finance Corporation, DFC por sus siglas en inglés), entre otras, se potencian los inherentes a la Guerra No Convencional (en adelante GNC).
La GNC se define en el Diccionario de términos militares y asociados, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, como: «el conjunto de actividades dirigidas a posibilitar el desarrollo de un movimiento de resistencia o la insurgencia, para coaccionar, alterar o derrocar a un gobierno, o tomar el poder mediante el empleo de una fuerza de guerrilla, auxiliar y clandestina, en un área denegada» (Departamento de Defensa de EE. UU., 2018: 239). En función de ello se propone el despliegue de las condiciones para promover actores locales como sujetos del cambio político.
En América Latina la Estrategia del Comando Sur para el periodo 2017-2027 se constituyó en un marco idóneo para insertar sus mecanismos, en especial, el marco operativo que se configuró para desplegar una «Red de Redes» para enfrentar los desafíos de los Estados Unidos en la región. Una Red de Redes que coordinada por las fuerzas militares promoviera la articulación de las redes existentes: de naciones aliadas y copartícipes, redes de la sociedad civil, el sector académico, el sector privado y las poblaciones que extienden la gobernabilidad, junto a agencias y redes del gobierno de Estados Unidos, como clave de éxito para hacer frente a «los desafíos de ese país en la región» (Comando Sur, 2018).
Con ese objetivo, la articulación de los diferentes componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses con los actores locales de la sociedad civil a través de las Fuerzas Armadas latinoamericanas y la promoción directa de la acción de estas últimas en función de los intereses de los Estados Unidos en la región, se garantizó con el apoyo de las diferentes estructuras del gobierno de los Estados Unidos al amparo legal de los esquemas de cooperación en temas como seguridad, democracia, lucha contra la corrupción, entre otros.3
El despliegue de las capacidades de la GNC en función del cambio de régimen y de eliminar las condiciones para el resurgir de las fuerzas políticas que lo sustentan, sus bases ideológicas, sus líderes, su apoyo social, entre otras, en el marco de acción antes referido, se apreció en cuatro esquemas de acción. Los mismos se delinearon a partir de la relación entre lo necesario y posible en cada contexto nacional para la realización de los cambios favorables a los intereses estadounidenses en la región y mostraron capacidad para:
Desplegar escenarios alternativos en países en los que no existen marcos de cooperación que garanticen la presencia física activa y legal de sus estructuras y actores para la intervención, como el caso de Cuba.
Promover e involucrar de forma directa a las fuerzas armadas nacionales en procesos de cambio a través de golpes de Estado, como en Bolivia.
Articular esfuerzos a escala regional y hasta internacional de fuerzas armadas, sociedad civil e instituciones internacionales en un escenario que no haya sido posible cambiar desde la promoción de los grupos internos, locales, como en Venezuela.
Incidir en el ajuste del marco político-militar en contextos posgobiernos progresistas o de izquierda en función de garantizar su no retorno como en los casos de Brasil, El Salvador, Ecuador en el contexto de la deconstrucción del proyecto de la revolución ciudadana, Bolivia pos golpe de Estado, entre otros.
Durante la administración Trump, la aplicación de los instrumentos de la GNC, y de la subversión político ideológica que se inserta en su entorno, dejó clara la capacidad que pueden adquirir las fuerzas militares cuando se enfocan en la construcción de alianzas a través del trabajo con la disputa de sentidos y sus fundamentos ético-racionales. Los procesos que ocurren en la región muestran en este sentido:
la existencia de capacidades para articular actores a escala regional y promover en el mismo sentido las redes de acción a escala nacional y territorial a través de sus aliados y copartícipes;
el alcance de un rango de actividad mayor al definido en el ámbito de operaciones de la GNC desde las estructuras correspondientes en los Estados Unidos, que incorpora, más allá del objetivo de derrocar un gobierno, el de eliminar las condiciones para que resurjan y lleguen al poder ejecutivo fuerzas políticas que no sean afines a sus intereses en la región.
El código geopolítico regional desde el que los actores estadounidenses desplegaron su capacidad para incidir en la diversidad de escalas geográficas mencionadas se relaciona con la imagen sobre la fortaleza que supone la acción integrada de las Fuerzas Armadas latinoamericanas junto a la estadounidense para enfrentar de forma efectiva desafíos transnacionales y amenazas no militares. Los entornos de cooperación y asistencia técnica se constituyeron en el marco idóneo para ello.
La utilización de la cooperación para promover el compromiso entre países para alcanzar y mantener un nivel adecuado de poder relativo, considerado como imperativo geopolítico (Jordán, 2018), se ha inscrito entre las líneas de acción estratégicas de los modelos de análisis geopolítico para entender el tablero de la política internacional, especialmente desde el final de la Guerra Fría, para hacer frente a riesgos y amenazas multifacéticas, que con frecuencia tienen como protagonistas a actores no estatales capaces de desestabilizar las regiones geopolíticas (Ballesteros, 2015). En el caso de los Estados Unidos, ello se inscribe en la perspectiva geopolítica y geoestratégica que lo presenta como único Estado capaz de promover el avance hacia la creación de un núcleo político de responsabilidad compartida encargada de la gestión pacífica del planeta y la creación de un marco de cooperación geopolítica internacional durable en el nuevo reordenamiento mundial (Brzezinski, 1998).
Consideraciones finales
Los elementos antes referidos pueden resultar esenciales en función de identificar y evaluar los riesgos que se plantean para el ejercicio de la soberanía por sociedades y gobiernos en la región. En especial, en un contexto en el que, ante la crisis económica que vive la sociedad estadounidense, el desarrollo de contradicciones sociales y la ruptura del consenso sobre cómo gestionar en este entorno la política exterior, el presidente Joe Biden (2020) ha señalado que existe una gran diferencia entre los despliegues abiertos a gran escala de decenas de miles de tropas de combate estadounidenses, que deben terminar, y el uso de unos pocos cientos de soldados de las Fuerzas Especiales y activos de inteligencia para apoyar a los socios locales contra un enemigo común, enfatizando en que estas misiones de menor escala son sostenibles militar, económica y políticamente, a la vez que promueven el interés nacional.
Joe Biden parece retomar la herencia de instrumentos y mecanismos desplegados por las administraciones de Obama y Trump. Ello se aprecia en su política migratoria, en sus proyecciones de utilización de la diplomacia y el ejército, entre otros elementos. La política exterior de su administración, denominada «una política exterior para la clase media», pudiera constituirse en otro ejemplo de cómo se relaciona la polarización socioeconómica que afecta a buena parte de las sociedades estadounidenses y latinoamericanas con los ajustes de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, para mantener el interés de Estado que se funda en el monroísmo y persigue continuar la recomposición de su hegemonía en la región.
